JUAN RAMÓN GIL* : Si nos pusiéramos en plan marxista, diríamos que un fantasma recorre (o mejor, estremece) Alicante, desde que el pasado lunes comenzaran a circular los 18.000 folios que faltaban por conocer de la instrucción del llamado caso Brugal. Políticos, empresarios, funcionarios, técnicos y buscavidas aparecen retratados en esas páginas, fruto de una de las secuencias de escuchas telefónicas más amplias de la reciente historia, como habitantes de un renovado patio de Monipodio donde los intereses generales se mezclan sin solución de continuidad con los particulares, hasta hacer que estos últimos primen sobre los primeros. Escribí aquí, en el artículo titulado "El lamentable estado de la Comunidad", que en esta tierra se estaba produciendo no sólo una quiebra económica o política, sino sobre todo social y moral. No ha pasado siquiera un mes desde que hiciera esa afirmación y el sumario ha venido a confirmarla con nombres, apellidos y conversaciones grabadas. Al menos en lo que toca a las relaciones entre políticos y adjudicatarios, Alicante parece Marbella y, la Comunidad, la Italia de Berlusconi. ¿Hay peores ejemplos a los que recurrir?
Digamos antes que nada que, a los ojos de un lego, el sumario del caso Brugal es, o lo parece, un ponzoñoso saco sin fondo, en el que cabe todo. La investigación policial, en muchos de los apartados, deduce más que constata. Y la argumentación fiscal, en más de una ocasión, eleva sin más las deducciones a la categoría de conclusiones. En asunto tan complejo y delicado, donde lo que se persigue es una inmensa maraña de tráfico de influencias y corrupción, no parece justificable, por otra parte, que no se investigue el supuesto error que ha llevado a que el sumario, cuando aún debía ser secreto, se haya repartido a diestro y siniestro, en una acción indiscriminada que sólo puede beneficiar a los presuntos malos, a los que se regala munición para el contraataque y los recursos, mientras se perjudica la reputación de otros aludidos que, con un buen filtrado, habrían quedado exentos de verse en los papeles por no tener nada que ver sus actuaciones con las irregularidades que se indagan. Sin entender de procedimientos, y a riesgo por tanto de sostener algún dislate jurídico, tampoco se acaba de comprender que no haya habido ni más detenciones ni más registros, ni más actuaciones ni más resoluciones, que las que se produjeron a principios de verano, cuando en ese sumario constan acusaciones gravísimas contra muchas más personas de las que entonces fueron arrestadas por la Policía. El juicio ha salido de los juzgados para instalarse en la calle, sin que los fiscales hayan mostrado interés por conocer cómo ha podido ocurrir algo así.
Cabría, por tanto, pedir tanta urgencia en las actuaciones judiciales como un asunto de la trascendencia, la envergadura y la capacidad de generar alarma social como éste tiene, sobre todo coincidiendo como coincide con una larguísima campaña electoral que ya se sabía que iba a ser la más sucia de todas. Pero, entre tanto, toca también exigir explicaciones y transparencia a los representantes de la Administración que se ven comprometidos en esas conversaciones. Porque las explicaciones no tienen que ver con el procedimiento judicial, sino con la esencia de la democracia. Y los poderes públicos están obligados en todo momento a darlas, cosa que no está ocurriendo en absoluto. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hicieron y por qué lo hicieron quienes aparecen en esas cintas traficando con información reservada. Y tienen derecho a saberlo antes de ir, el próximo mes de mayo, a votar. En una de las conversaciones más vergonzosas de las que figuran en el sumario, el entonces alcalde y hoy diputado Luis Díaz Alperi llamaba al constructor Enrique Ortiz y le ordenaba organizar una fiesta en su yate en las mismas fechas en las que el Tribunal Superior de Justicia había archivado, en 24 horas, las denuncias de irregularidades en la concesión de aparcamientos por parte del Ayuntamiento al dueño del Hércules. Y, ante las dudas del propio Ortiz de que aquello fuera conveniente por si alguien se enteraba, Alperi contestaba con un explícito "me la suda". A él, puede. Pero a los ciudadanos, los saqueados si los amaños que se citan en el sumario se demostraran, no.
Entre los cientos de nombres que han aparecido hasta aquí hay hermanos de importantes consellers haciendo gala de su capacidad de conocer al detalle y por adelantado los procesos de contratación de obras de los departamentos que sus familiares dirigían. Incluso un conseller que llama a Ortiz, el omnipresente Ortiz, para adelantarle una adjudicación, en un tono de compadreo ridículo que acaba con un "te quiero" que inevitablemente lleva a recordar el "amiguito del alma" de Camps a El Bigotes del otro gran sumario pendiente en la Comunidad, el de Gürtel. Pero el presidente de la Generalitat no ha abierto investigación alguna, ni ha ofrecido razón a los ciudadanos de lo que hacen los miembros de su gobierno, pese a que ése es su primer deber. El Consell y el PP se han limitado, como siempre, a atacar a la Policía y los fiscales. Y a Rubalcaba.
Lo mismo ocurre con la alcaldesa de Alicante. Ha negado, pero no ha explicado. Ha admitido, con pasmosa tranquilidad, que se fue de vacaciones pagadas con Ortiz en su yate, que más que un barco era un centro de negocios, una agencia de viajes, un restaurante de cinco tenedores, un club social y un hotel de lujo. Algo parecido le costó en Galicia al gobierno del PSG y el Bloc una durísima descalificación del PP y la derrota en las urnas, pero en este caso Sonia Castedo, como tampoco en su día Ripoll, ni siquiera ha sido capaz de reconocer que cometió un error y pedir perdón por ello. Al contrario, Castedo ha afrontado la parte que le toca del caso Brugal como si de una fase más de la campaña electoral se tratara, cuando lo que le corresponde es explicar por qué se reunía, siguiendo las órdenes de Alperi, con un constructor en pleno proceso de elaboración del PGOU, y si es cierto o no, como sostienen la Policía y el fiscal, que le transfería información sobre el planeamiento que debía ser secreta y que le permitía comprar y vender sabiendo qué solares iban a revalorizarse y cuáles perderían precio. O por qué se reunía con él el redactor del Plan y se traficaba con planos. O qué papel ha jugado en todo esto el despacho de Urbanismo que su hermano y el ex concejal Javier Gutiérrez abrieron coincidiendo con su ascenso político, desde un gabinete de Prensa hasta la concejalía de mayor peso en el ayuntamiento, primero, y la alcaldía, después. Decir que nada de lo que Ortiz quería lo obtuvo cuando ya fue alcaldesa no le exime de dar cuentas de lo que hizo siendo concejal. Porque si no lo aclara de forma aceptable ahora debería irse pero, en todo caso, y de no hacerlo, será siempre una política bajo sospecha, como lo fue durante todo su mandato -y el sumario ahora certifica que razones había para ello- su antecesor al frente del ayuntamiento.
Si algo ponen en evidencia los sumarios Brugal y Gürtel es hasta qué punto está ya viciado el sistema político y económico en la Comunidad Valenciana. Qué alto grado de compadreo y qué sensación absoluta de impunidad han presidido las relaciones entre políticos y empresarios. No se trata de éste o de aquel, aunque la responsabilidad individual de cada cual no puede ser exonerada sin más: es el propio sistema el que está corrompido. Y cuando eso ocurre, son los ciudadanos los que sufren la estafa y las sociedades enteras las que se empobrecen. Tenemos todo para ser una de las comunidades más ricas, pero somos la que más debe. Gürtel y Brugal explican la contradicción.
* Levante - Opinión - 31.10.10
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