Ocho imputados por el fraude urbanístico en Pobla de Farnals

ELPAÍS/Valencia* : La investigación también depurará responsabilidades de los alcaldes del PP. La Fiscalía de Valencia imputa a ocho personas por los delitos de fraude a la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos y prevaricación urbanística en La Pobla de Farnals. Son José Vicente Sanchis, ex alcalde socialista; José Vicente Peris Ferrer, ex concejal de Urbanismo; Juan Catalá Peris, director facultativo de Obras; Raúl Ramírez Costa, arquitecto municipal; Eduardo Marín Molino, ingeniero técnico municipal; Alejandro Soler Jiménez, representante de la empresa Estudio Golden; José Luis Boix y Andrés Felma, de PKL Bykes.

El alcalde y el concejal dieron el visto bueno a construcciones con una volumetría superior a la permitida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con informes favorables contrarios a la norma, a empresas que no pagaron al ayuntamiento el exceso de aprovechamiento, ni lo pagaron a Hacienda, al tiempo que el Ayuntamiento tampoco declaró lo que le correspondía en la declaración de IVA. El juzgado de Instrucción número 1 de Massamagrell ha acordado, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la entrada y registro en las dos mercantiles; la designación de un perito de la Agencia Tributaria para analizar la documentación y la declaración como imputados de los ocho implicados.

La investigación también se propone depurar las responsabilidades de los ediles del PP que han sucedido al socialista Sanchis Marqués: los primeros ediles José Manuel Peralta y Natividad García. De momento, para el ministerio público está claro que el Ayuntamiento dejó de ingresar 650.000 euros de exceso de aprovechamiento por favorecer a dos empresas en la construcción de dos edificios con una volumetría superior a la permitida. Además, dejó de liquidar a Hacienda casi 630.000 euros en impuesto de IVA.

Los antecedentes de la querella que ahora investiga un juzgado de Massamagrell se remontan a 2004. Fue entonces cuando se realizó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el área de la playa. Ese cambio fijó un nuevo límite en la edificabilidad. Según lo que hasta ahora ha progresado la investigación, dos parcelas están directamente afectadas: las referenciadas como 19 y 23. La parcela número 19 se dividió en cuatro: tres partes las compró la mercantil Prodaemi y una PKL Bykes, que actuó como agente urbanizador.

El 25 de julio de 2005, el entonces alcalde, José Vicente Sanchis, propuso un acuerdo, que salió adelante, en el que se concedía un aprovechamiento objetivo y subjetivo, así como una superficie edificable fuera del PGOU. Contó con informes de los técnicos municipales que fueron contrarios a la normativa. En la parcela 19.2 se permitió edificar 7.728 metros cuadrados. Eso incluía un exceso de 654 metros cuadrados. Es decir, 593 unidades de aprovechamiento de más. Cada una se valoró en 646 euros. El fraude se cifra en 383.000 euros. Según la querella de Fiscalía, ese dinero "se dejó de ingresar con el consentimiento de los querellados". PKL Bykes pagó por los excesos de aprovechamiento 1.244.000 euros. Pero debió haber abonado 1.689.214 euros. "El municipio enajena patrimonio público", recoge la querella, "y está sujeto por ello al pago tributario". No lo realizó en las cantidades adecuadas.

La parcela 23 se dividió en dos. En julio de 2004, Sanchis suscribió un acuerdo que permitía dar a Estudio Golden licencia por 16.962 metros cuadrados de construcción, 1.330 metros cuadrados más de lo permitido. Es decir, 1.206 unidades de aprovechamiento valoradas en 204 euros la unidad. El fraude es de 246.148 euros. El mecanismo fue idéntico al aplicado en la parcela 19.2. Estudio Golden pagó al Consistorio 489.881 euros. Pero debió haber pagado 692.000 euros. Por el patrimonio público enajenado a la mercantil el Ayuntamiento está obligado a tributar. Lo hizo por debajo de lo que correspondía.

Los datos del fraude

- PGOU: El Plan General de Ordenación Urbana fue modificado en 2004 y redujo la edificabilidad en la zona de la playa.

- Empresas implicadas: Estudio Golden y PKL Bykes.

- Perjuicio por los excesos de aprovechamiento: Las dos mercantiles, que lograron licencias con informes favorables contrarios a la normativa dejaron de pagar al Ayuntamiento por los excesos de aprovechamiento 647.333 euros.

- Fraude a Hacienda del Ayuntamiento: Por las dos operaciones, el Consistorio debió haber tributado a Hacienda por encima de lo que lo hizo. En total, se defraudó una cantidad de 629.148 euros.

- Imputados: De momento, ocho. Entre ellos el ex alcalde socialista José Vicente Sanchis.




* El País - 30.10.10
Foto: Pobla de Farnals (Valencia) - C. FRANCESC (El País)