Viñeta: Forges, Gürtel en lucha - 2.06.10, elpais.com
Gürtel en lucha - Forges
Barberá recalificará el estadio del Levante para que salde sus deudas
ELPAÍS/Valencia* : La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y el presidente del Levante, Francisco Catalán, han firmado hoy un protocolo de intenciones con el propósito de recalificar el estadio, de modo que el club pueda hacer frente a sus deudas con la venta del solar como suelo residencial. El Levante declaró el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) el año pasado y arrastra una deuda de 90 millones de euros, según ha confirmado el presidente del club.
Esta es la segunda ocasión en que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, acuerda una operación urbanística pensada para superar las dificultades financieras de un club de fútbol. Ya lo hizo con el Valencia CF, al reclasificar la parcela del viejo Mestalla para edificar viviendas y otro terreno en la avenida de las Cortes Valencianas para construir el nuevo estadio. La gestión de Juan Soler y la crisis echaron por tierra las expectativas millonarias del doble pelotazo: el suelo de Mestalla está por vender y el nuevo estadio a medias. Ahora es el Levante el que avanza en una solución similar.
La parcela que ocupa el estadio Ciudad de Valencia y su aledaños es de 24.749 metros cuadrados y se recalificará para uso residencial y equipamientos públicos, a través de un convenio urbanístico que "siempre estará dentro de los parámetros urbanísticos de la zona, ya que hay que dar un trato similar al de otros clubes de la ciudad", según ha recalcado la alcaldesa. Este documento permitirá al club presentar un plan de viabilidad y de pagos con garantías ante sus acreedores a finales de julio. "Hay que saldar la deuda y cuando se llegue a ese momento ya se hablará de otros grandes retos, como será recuperar la casa que perderemos. Ese día hay que estar con el contador a cero y con números azules en lugar de rojos", ha apuntado Catalán. El presidente del Levante ha recordado que la deuda de la entidad es de "90 millones de euros y hay cinco años por delante para hacerle frente". "Hay que llegar con una posición de club más estable y fuerte", como primer reto, ha añadido.
Los dirigentes del Levante no descartan jugar en el campo del Valencia mientras construyen su nuevo estadio, según han confirmado durante la firma del protocolo. "Lo que no se puede es empezar construir el estadio sin tener los recursos necesarios para hacerlo", ha advertido Catalán.
La nueva casa granota tendrá un aforo de entre 12.000 y 15.000 espectadores. "No sabemos dónde irá el nuevo estadio, ahora mismo no es una necesidad saberlo, cuando se tengan los recursos se vendrá al Ayuntamiento para decir lo que se quiere hacer. Ahora hay que trabajar para presentar una propuesta interesante", ha explicado. El Levante, al que el Ayuntamiento ha dado largas durante meses para cerrar una operación que se produce cuando el club tiene muchas posibilidades de regresar a Primera, presentará todos los documentos urbanísticos necesarios para su posterior aprobación. El club todavía no ha sondeado el mercado para vender el solar. "Hay que ir paso a paso, la venta del solar será la salvación del Levante y permitirá hacer frente a las obligaciones. Esa etapa se iniciará en octubre y será uno de los grandes retos del consejo de administración", ha subrayado el dirigente granota.
Barberá, por su parte, ha dejado claro que el nuevo estadio "lo financiará el club y lo podrá utilizar el Ayuntamiento de Valencia dentro de sus necesidades generales". "Queremos que siga teniendo una vida fructífera y feliz otros cien años más. Espero que suban a Primera División", ha deseado.
* ELPAIS.com - 31.05.10
Foto: Valencia, estadio del Levante - elmundo.es
Monforte del Cid.- El TSJ anula el polígono de Walaig con más de la mitad del proyecto urbanizado
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INFORMACIÓN/Alicante* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha dado la razón a Sepes -Entidad Estatal de Suelo dependiente del Ministerio de Vivienda- al anular el Programa de Actuación Integrada (PAI) del polígono industrial de Walaig aprobado por el Ayuntamiento de Monforte así como la adjudicación de las obras de urbanización a la firma Intersa Levante por 24,3 millones de euros. La vulneración de los principios de publicidad y concurrencia dispuestos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas es la razón en la que ha fundamentado su decisión el TSJ.
Una medida que afecta al centenar de empresas que ya han reservado suelo en Walaig y especialmente a la firma Azkar, que en febrero anunció su intención de instalar su centro logístico provincial en una manzana de 51.000 metros dentro de esta nueva zona industrial pegada a la autovía de Madrid y de 1,5 millones de metros cuadrados.
Esta sentencia es la tercera decisión judicial sobre este asunto que da la razón a Sepes. Ya en 2007, el Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Alicante declaró nulo el PAI aprobado en 2006 por el pleno del Ayuntamiento, -en el que el PP goza de mayoría absoluta-, condenando al Consistorio por no respetar los acuerdos previos.
El Ayuntamiento recurrió el fallo pero con idéntico resultado. Ahora, por tercera vez y de forma inapelable dado que contra esta sentencia no cabe recurso, la Justicia da la razón a Sepes y declara nulos tanto la aprobación del PAI como la adjudicación de las obras.
El director general de Sepes, Félix Arias, ha subrayado la importancia de este fallo judicial que anula la decisión municipal de desistir unilateralmente de los convenios previos firmados con Sepes.
Stop a la venta de parcelas
Las obras de urbanización comenzaron hace dos años y ahora que están a un 60% de ejecución podrían paralizarse ya que Sepes tiene previsto solicitar la ejecución inmediata de la sentencia. También ha recurrido el Proyecto de Reparcelación del PAI y estudia ahora pedir cautelarmente la anotación preventiva de la sentencia en dicho proceso, lo que supondría de facto la paralización de cualquier proceso de venta de parcelas. A pesar de ello, Arias quiere abrir un proceso negociador con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo que garantice el desarrollo del polígono y no retrase su puesta en funcionamiento en exceso con el objetivo de facilitar la creación de empleo y crecimiento económico en el Vinalopó. En 2001, fue Sepes la que, de acuerdo con el Ayuntamiento, propuso el desarrollo de la actuación (casi en su totalidad, terrenos que eran propiedad del Estado) en un proceso que terminó en 2003 con la aprobación del proyecto por la Comisión Territorial de Urbanismo. Pero en 2004, el Ayuntamiento ignoró los acuerdos existentes y convocó un concurso para la ejecución de la obra, iniciando unilateralmente un proceso urbanístico que, como han venido señalando la Justicia, no se ajustó a derecho.
* Información - 2.06.10
Foto: Las obras en el polígono Walaig de Monforte se encontraban paradas en la tarde de ayer.- diarioinformacion.com
La Fiscalía reclama dos años de cárcel al ex alcalde de Cómpeta
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MÁLAGAHOY* : El ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López Cerezo (PP), se enfrenta a una petición de dos años de prisión y diez de inhabilitación por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio porque en 2007 el Pleno municipal que él presidía aprobó dos proyectos de actuación urbanística que permitieron levantar dos chalés en un suelo que la Fiscalía de Málaga considera que no era urbanizable.
En ambos casos se trataba de parcelas ubicadas en una zona conocida como Las Esparragueras y, según el escrito de acusación emitido por el fiscal, la Junta de Andalucía se había pronunciado en contra de los dos proyectos urbanísticos al entender que no estaban vinculados a explotaciones agrícolas ni ganaderas. Sin embargo, el 27 de abril de aquel año, es decir, sólo un mes antes de que se celebraran las elecciones municipales en las que ya no concurrió López Cerezo, el Pleno de Cómpeta les dio luz verde.
Junto a López Cerezo están acusados Joaquín Carmelo Ruiz, José Arroyo y María Kupers, entonces concejales del Partido Popular que votaron a favor de la edificación en las fincas. La Fiscalía reclama para cada uno dos años de prisión y 10 de inhabilitación para cargos públicos.
Además, han sido encausados la secretaria municipal María Yolanda Navarro y el asesor jurídico Carlos García a los que el Ministerio Público también por un presunto delito de prevaricación urbanística por los que el fiscal solicita un año y tres meses de prisión y una década de inhabilitación. Mientras que al asesor técnico Emilio Álvarez le atribuye este mismo delito pero con carácter continuado y pide una condena de diez años de cárcel, además de 10 años de suspensión para cargos públicos.
El primer proyecto de actuación lo solicitó un particular en mayo de 2004 para edificar una casa en Las Esparragueras. Al tratarse, según el fiscal, de suelo no urbanizable era preciso tramitar un proyecto de actuación que justificara la futura vivienda a fines agrícolas, forestales o ganaderos y acreditara que no induciría a la creación de un nuevo asentamiento residencial. Sin embargo, el técnico Emilio Álvarez emitió en febrero de 2007 un informe en el que afirmaba que desconocía la existencia de un texto legal o norma que especificara los criterios con los que debía acreditarse el fin agrícola, mientras que el asesor jurídico Carlos García aportaba otro informe expresivo de la inexistencia de inconvenientes para que se aprobara el proyecto urbanístico.
Aunque ese mes la Junta informó desfavorablemente, el Pleno aprobó el proyecto el 27 de abril , a un mes de las elecciones, gracias a que los técnicos realizaron "una interpretación torcida y convenida de la normativa urbanística ignorando de manera voluntaria las causas que debían impedir la aprobación del proyecto de Actuación".
En la segunda vivienda la tramitación del proyecto de actuación urbanística fue prácticamente idéntico. La única diferencia estriba en que la licencia de obras de la primera casa fue avalada por el técnico Emilio Álvarez y la de la segunda por este asesor y por la secretaria municipal, María Yolanda Navarro.
En los dos casos, además, se da la circunstancia de que la licencia de obras fue expedida con posterioridad por el actual alcalde de Cómpeta, José Luis Torres, antiguo párroco del pueblo, que no figura entre los imputados en el procedimiento.
* Málaga Hoy - 1.06.10
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com
El Tribunal Superior prohíbe construir en el área urbana de Oia
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LAVOZDEGALICIA* : Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado parcialmente y de manera indirecta las actuales normas subsidiarias vigentes en el Ayuntamiento de Oia. El fallo tumba dos licencias concedidas por el gobierno local en la zona urbana de Oia en el año 2007 al carecer de cobertura legal por no existir en esta localidad un servicio municipal de abastecimiento de agua.
El alcalde, Alejandro Rodríguez, ha dejado de esta manera de conceder licencias en los cascos urbanos de Santa María, Viladesuso-Serrallo y Mougás Porto, según reconoció en el último pleno ante una pregunta del portavoz socialista, José Antonio Olmedo. Cualquier permiso municipal de obras en estas áreas podría ser también anulado por los tribunales ante cualquier denuncia urbanística y los regidores locales podrían incurrir en un posible delito de prevaricación si las concedieran.
Más de la mitad de la población del municipio reside en estas zonas del término municipal, que de esta forma ven que hasta que el Ayuntamiento no pueda prestar este servicio básico no podrán construir en ninguna parcela que sea edificable.
La denuncia partió de Residencial Monasterio de Oia, que acudió a los tribunales cuando el gobierno local autorizó la creación de dos viviendas dentro del ámbito que esta empresa pretendía urbanizar como zona residencial con el futuro Plan Xeral, dentro de su iniciativa para la puesta en valor de la antigua abadía cisterciense.
Los dueños del monasterio objetaron que la ley de bases de régimen local no permite otorgar licencias sin la existencia de un servicio de agua municipal. Las áreas urbanas de Oia disponen de traídas vecinales, puesto que son los propios vecinos los que han acabado organizándose por su cuenta para procurarse un servicio que el Ayuntamiento no presta.
El portavoz socialista Olmedo apremió a las autoridades locales a buscar una solución a esta carencia, que no dudó en calificar como «sangrante», puesto que Oia es el único ayuntamiento de toda la provincia de Pontevedra que no dispone de un servicio municipal de aguas.
El edil de la oposición requirió a las autoridades locales que por lo menos el Concello proceda a municipalizar la traída de Mougás-Porto, concedida en su día a una comunidad de aguas, para desbloquear el planeamiento en este área. También requirió Olmedo al alcalde que demande a las administraciones competentes inversiones para sacar al municipio de su atraso. Por su parte, el regidor de Oia, Alejandro Rodríguez, del PP, afirmó que están realizando gestiones desde el Ayuntamiento. Manifestó en el pleno que la semana pasada se puso en contacto con la presidenta de Augas de Galicia, quien le informó que han desestimado un antiguo proyecto para traer agua potable desde el río Miño por A Guarda.
La Consellería de Medio Ambiente plantea en cambio realizar una inversión de cinco millones de euros para crear una traída municipal independiente en Oia para todas las parroquias que capte el agua de los montes del municipio, según informó el alcalde.
* La Voz de Galicia - 1.06.10
Foto: Oia (Pontevedra), vista - lavozdegalicia.es
Murcia: La protesta vecinal salva un jardín donde se proyecta hacer una rotonda
LAOPINIÓN* : Vecinos de El Palmar se echaron ayer por la mañana a la calle en protesta por la construcción de una rotonda en el cruce de esta pedanía, en la avenida Primero de Mayo, con la carretera de La Alberca, que tiene previsto ejecutar el ayuntamiento de Murcia y que supondrá desmantelar el jardín de la calle Sagrado Corazón, contiguo al colegio público José Antonio y uno de las zonas verdes más antiguas de la localidad.
El Ayuntamiento, que en principio desoyó a los vecinos, se apresuró ayer a responder que el proyecto será modificado para salvar el jardín.
Los vecinos han recogido casi 500 firmas, en menos de 24 horas, contra este proyecto con las que quieren denunciar también la falta de información por parte de los regidores municipales. Los vecinos que se han manifestado tuvieron conocimiento de estas obras, proyectadas por la concejalía de Circulación, el pasado 24 de mayo cuando los residentes del edificio Barbus vieron a unos operarios trabajando en la zona y pensaron que estaban reparando alguna avería. Posteriormente, se dieron cuenta de que su intención era desmantelar el jardín. El encargado de las obras les dijo que iban a hacer una rotonda y que se vería afectado el jardín, las palmeras y los árboles.
Los vecinos contactaron con el alcalde pedáneo, Diego López, que, según afirman, no sabía nada, y requirieron información a la concejalía de Urbanismo. Tras un periplo por distintos departamentos municipales, no lograron que ningún responsable del Ayuntamiento les diera una explicación. Así comenzaron a recoger firmas y a movilizar a los perjudicados que ayer se echaron a la calle para que se paralice esta obra de la que no se puso el preceptivo cartel anunciador porque a la empresa que hace los trabajos se le olvidó encargarlo, según afirman los vecinos en el escrito que acompañan las rúbricas recogidas. La construcción de la rotonda también invade la calle Sagrado Corazón, donde los coches casi rozan los portales de las viviendas.
* La Opinión Murcia - 1.06.10
Foto: Un momento de la concentración vecinal de protesta que tuvo lugar ayer por la mañana - laopiniondemurcia.es
Benidorm aprueba 23 torres de hasta 29 alturas
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ELPAÍS/Alicante* : El pleno de Benidorm aprobó ayer definitivamente el plan parcial Armanello, donde está prevista la construcción de casi 4.000 viviendas en 23 torres de hasta 29 alturas (la máxima permitida en la zona), repartidas en 532.000 metros cuadrados ubicados tras la línea de construcción actual de la playa de Levante, en la que fue la zona de huerta de la ciudad. También se construirá un gran parque urbano público.
El plan fue adjudicado provisionalmente en julio de 2001 a Enrique Ortiz, aunque ha permanecido bloqueado varios años debido a un rosario de pleitos y contenciosos ya solventados que, tras la aprobación de ayer, dejan el camino expedito a la próxima publicación en el DOCV de su ordenación pormenorizada tras haber subsanado el urbanizador todas las deficiencias detectadas por los técnicos municipales.
Por el camino han quedado 12 recursos y una querella contra Ortiz, además de un cambio de agente urbanizador en noviembre de 2004 a favor de Armanello Milenium. La mercantil que urbanizará el sector se creó en 2002, con posterioridad a serle adjudicada la urbanización a Enrique Ortiz, y su accionariado está compartido por Inmovist (también de Ortiz) y Urbanismo Mare Nostrum (participada por Ballester), otra de las mercantiles que compitió para obtener la adjudicación, aunque se allanó tras alcanzar un acuerdo con Ortiz.
El concejal de Urbanismo, Jaime Llinares, confía en comenzar las obras antes de final de año, dado que les consta que el urbanizador "tiene los avales necesarios para acometer la reparcelación".
* ELPAIS.com - 1.06.10
Foto: Benidorm (Alicante) - burbuja.info
La necesidad de una profunda revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía
IGNACIO RODRÍGUEZ, JOSÉ A.GARCÍA Y RAFAEL LEÓN* : Las crisis socioeconómicas actuales, provocadas siempre por la irresponsabilidad y avaricia desmedida de los que manejan los mercados financieros, con la connivencia de un poder político que no tiene la valentía necesaria para enfrentarse al criminal capital especulativo y sus actos, nunca dejan de constituir situaciones indeseables por venir a perjudicar a un amplio espectro de la sociedad, los que menos tienen, en beneficio de los acaparadores y usureros. No obstante, también las crisis, al mermar considerablemente los recursos de los Estados, suponen una excelente oportunidad para optimizar el uso y destino de esos recursos con el objetivo de ir avanzando hacia una mayor sostenibilidad en lo social, lo económico, lo ambiental y lo territorial. Y esto es así de un modo relevante en el ámbito de actuación de las infraestructuras de transporte.
La crisis socioeconómica que atraviesa y condiciona el desarrollo del PISTA, cumplida la mitad de su periodo de vigencia, entendemos debe dar lugar a una revisión en profundidad de sus propuestas, priorizando aquellas actuaciones que desde la sostenibilidad ya eran razonables, pero que con el actual panorama presupuestario y financiero, ya se antojan como inexcusables.
El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía actualmente vigente, pese a su nombre, no contribuye en nada al avance de esa sostenibilidad global mencionada. Un plan que dilapida inversiones para potenciar los modos de transporte más contaminantes, más devoradores de territorio, menos eficientes energéticamente y menos igualitarios y justos en lo social, jamás debería haber contenido en su denominación la palabra sostenibilidad.
Hoy, la crisis, la menor capacidad financiera de lo público, exigen que se proceda, con valentía, responsabilidad y vocación de servicio público, a dar un giro radical a las políticas y actuaciones contempladas en el PISTA para, reduciendo y optimizando el destino de sus inversiones ir configurando ese sistema de transporte sostenible que Andalucía necesita y que los grandes problemas ambientales globales, como el del cambio climático, requieren. Para enfrentar esos problemas y configurar un sistema de transporte sostenible para nuestra Comunidad Autónoma es preciso de una vez por todas dar al ferrocarril el papel que le corresponde, que no es otro que el de columna vertebral del sistema. Es preciso poner en marcha políticas de ordenación del territorio y urbanísticas que, en lugar de favorecer la movilidad, se centren en crear proximidad y accesibilidad para propiciar un incremento notable del número y porcentajes de los desplazamientos a pie y en bicicleta. Y es preciso establecer restricciones que obliguen a reducir ostensiblemente el número de desplazamientos en coche, en beneficio del transporte colectivo.
En relación con lo anterior no deja de ser asunto baladí el hecho de la absoluta dependencia externa de Andalucía con respecto al abastecimiento de combustibles fósiles y, por tanto, las incertidumbres y riesgos que ello supone en cuanto a la fluctuación de los precios del crudo y un posible desabastecimiento en un el futuro que se antoja como no a muy largo plazo. Como tampoco lo es el tema de las emisiones de CO2 y otros gases nocivos a la atmósfera que se maximizan de manera indeseable con el actual modelo de transporte de la Comunidad Autónoma y unas políticas de transporte continuistas en este sentido.
El PISTA, en su diagnóstico, señala con nitidez la ineficiencia de un sistema de transporte, el andaluz, centrado la hipertrofia de carreteras y más carreteras de gran capacidad, de ferrocarriles destinados al tráfico exclusivo de viajeros y con trenes de alta velocidad, de puertos marítimos sobredimensionados y de aeropuertos ineficaces y sin rentabilidad alguna. Y a pesar de ello, posteriormente, abunda en proponer más y más infraestructuras de las anteriormente criticadas, infraestructuras completamente obsoletas y anacrónicas desde el punto de vista de un modelo de transporte sostenible. Un modelo de transporte que ha venido propiciado desde que comenzara a dar sus primeros pasos el Gobierno Autonómico, con la potenciación de políticas de infraestructuras de transporte dirigidas casi exclusivamente a fomentar nodos de relación, abandonando a su suerte al resto del territorio, con lo que podríamos estar dirigiéndonos en Andalucía hacia la consolidación de lo que el profesor Pedro Arrojo denominó hace tiempo como el “modelo argelino”.
Por tanto, para propiciar ese giro radical que la nueva situación requiere, como objetivo general es preciso centrar las inversiones en infraestructuras de transporte en la potenciación del ferrocarril, estableciendo al tiempo una moratoria para las infraestructuras que potencian el uso del coche, así como de otros modos de transporte ineficientes y faltos de rentabilidad, en especial la construcción de nuevos aeropuertos o la ampliación de los existentes.
No obstante, el modelo ferroviario que una Andalucía sostenible necesita, se aleja considerablemente de los postulados que al respecto recoge el PISTA. En este sentido, y en cuanto a la interconexión de los Centros Subregionales andaluces, llama la atención el provincianismo y papanatismo del planteamiento de unirlos todos mediante AVE, algo por otra parte falso, ya que tras “el todo AVE” se oculta un ferrocarril de altas prestaciones y características normales que no es el AVE de los 300-350 km/h. Este ferrocarril normal, en el desarrollo tecnológico actual y por tanto a costes adecuados y asumibles, alcanza velocidades medias de 165 km/h, permite sin dificultad alguna y sin grandes gastos de mantenimiento la explotación de las líneas en tráfico mixto, y logra un mayor beneficio económico, ambiental y social de las inversiones. Construir una línea ferroviaria para tráfico mixto, personas y mercancías, necesita un pequeño incremento de inversión, en torno al 10-15%, respecto a lo que costaría si se diseñara para tráfico exclusivo de personas, pero si una línea construida para tráfico mixto, dada su robustez, permite todo tipo de explotación ferroviaria, una infraestructura construida para tráfico exclusivo de personas, dada su fragilidad, necesitaría una reinversión del 25 al 30%, más el inconveniente que supondría la realización de nuevas obras, si se tuviera que destinar posteriormente al tráfico de mercancías o al tráfico mixto.
Por tanto, la revisión del PISTA en materia ferroviaria, precisa que la interconexión de los Centros Subregionales andaluces se realice mediante un ferrocarril mixto para mercancías y viajeros que alcance velocidades medias de aproximadamente 165 Km/h, extendiendo esta medida a líneas actualmente no contempladas entre las de altas prestaciones como las de Huelva-Zafra-Badajoz, Linares-Baeza-Moreda, Córdoba-Badajoz, Tocina-Badajoz y la conexión con el Levante. Así mismo resulta imprescindible un impulso decidido a las cercanías ferroviarias en las grandes aglomeraciones urbanas. Y, a un más largo plazo, la conexión Bahía de Cádiz-Bahía de Algeciras, y la conexión con el corredor mediterráneo desde Algeciras hasta Almería.
Y es también necesario que todas estas líneas dispongan de una amplia variedad y flexibilidad de servicios de modo que propicien no sólo la conexión de los Centros subregionales, sino también la de cuantas más estaciones intermedias mejor (junto a servicios que sólo conecten a lo largo de todo el trayecto esos centros subregionales, otros que sin tener que cubrir el trayecto al completo, conecten estaciones intermedias entre esos nodos subregionales). Por otra parte, para lograr el objetivo de que todos los habitantes de Andalucía tengan acceso a un buen servicio ferroviario, no basta con que todos ellos se encuentren a menos de una hora de una estación del ferrocarril, tal y como propone el PISTA para Andalucía, sino que es preciso también que éste, vía política tarifaria, sea competitivo en lo relativo a sus costes para el usuario en relación con el uso de coche privado.
En cuanto a la red viaria de carreteras, y dentro de esa moratoria ya mencionada, es preciso abandonar, entre otros, el proyecto de autovía Huelva-Badajoz-Lisboa, así como plantear alternativas diferentes al desdoble de la A-4 entre Jerez y Dos Hermanas, aprovechando el potencial de la actual autopista, rescatando la actual concesión administrativa que merma su utilización por los usuarios. Asimismo resulta imprescindible abandonar el proyecto de la Conexión Sur Metropolitana de Huelva.
* Ignacio Rodríguez García, José Antonio García Cebrián y Rafael León Rodríguez; Portavoz de Obras Públicas, Secretario y Asesor, respectivamente, del Grupo parlamanterio de IU LV-CA en Andalucia.
* Rebelión - 30.05.10
Ley 'a la carta' en Cantabria
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PÚBLICO* : El plan que diseña el Gobierno de Cantabria para sortear las sentencias que ordenan el derribo de más de 500 viviendas es contrario a los criterios que inspiraron la Ley del Suelo, la Ley del Plan de Ordenación del Litoral y la Ley de Costas, así como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque natural de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Las urbanizaciones, pendientes de demolición desde hace más de diez años, se construyeron de forma ilegal en los municipios de Arnuero, Argoños, Piélagos, Miengo y Escalante sobre suelos que, posteriormente, quedaron en su mayor parte bajo la protección de leyes medioambientales menos permisivas con el urbanismo descontrolado.
Ahora, el Ejecutivo cántabro, los cinco ayuntamientos y los propietarios de las casas preparan un plan con el propósito de evitar los derribos. Es el segundo intento después de que la propuesta inicial del Gobierno de Revilla fuera rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Encinar protegido
Entre la veintena de resoluciones que ordenan tirar más de 500 casas [todas están ratificadas por el Tribunal Supremo], sólo se ha cumplido una, parcialmente, en Arnuero. El TSJ cántabro ordenó la demolición de 144 viviendas por su construcción en un terreno que no reunía los requisitos para ser clasificado como urbano. Se trataba de un encinar, en parte ya destruido, que ahora está protegido por la Ley del Plan de Ordenación del Litoral. En otra localidad, Piélagos, su ayuntamiento, el Ejecutivo y los propietarios estudian también cómo sortear cuatro sentencias firmes que afectan a otras tantas urbanizaciones con 65 casas. En todos los casos, el TSJ cántabro determinó que el consistorio calificó el suelo como urbano sin que este cumpliera las condiciones necesarias. Dos de las cuatro urbanizaciones (24 casas) están construidas además dentro de la servidumbre de protección establecida en la Ley de Costas.
El ayuntamiento que más veces ha pasado por los tribunales es Argoños, que suma hasta 12 resoluciones que ordenan el derribo de 240 chalés y tres bloques de pisos. El Ejecutivo de Revilla también pretende su legalización. En siete de las sentencias, que pesan sobre 28 casas, el TSJ cántabro consideró que estas vulneraban la Ley del Suelo sobre la protección del paisaje. Pero hay más. En otra causa, el mismo tribunal determinó que otras dos urbanizaciones, de 22 y 12 casas, invadieron suelo no urbanizable y rústico de protección forestal. Otra, de 78 casas, está pendiente de derribo porque el estudio de detalle del ayuntamiento invadía a otros dos municipios, sobre suelos además protegidos por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural de las marismas de Santoña. El TSJ de Cantabria se amparó en este mismo plan para ordenar el derribo en Argoños de otras dos urbanizaciones, de 91 y 8 casas. El juez reprobó al ayuntamiento que no debió "permitir actuaciones urbanísticas" sobre suelos protegidos.
El Gobierno cántabro también colabora con otro ayuntamiento, Miengo, para evitar el derribo de 20 casas que vulneran la Ley de Costas, según la sentencia. La última causa se sitúa en Escalante. El Tribunal Supremo ratificó la orden de demolición de 32 chalés por exceso de ocupación.
La asociación ecologista Arca, impulsora de casi todos los casos en los tribunales, denuncia que el plan del Gobierno, los ayuntamientos y los afectados es una "aberración". "En lugar de que las irregularidades se ajusten a la ley, pretenden ajustar la ley a las irregularidades", dicen.
El Gobierno cántabro no llevará el plan contra los derribos al Parlamento como proyecto de ley. Serán los grupos PRC, PSOE y PP, que lo avalan, quienes lo presenten como proposición de ley. Esta vía permite su tramitación sin informe jurídico.
* Público - 1.06.10
Foto: Vista de la urbanización Cerrias, en el municipio de Piélagos.- Humberto Bilbao, publico.es
Málaga: La ITE desenmascara la 'ruina' del centro
MÁLAGAHOY* : La Inspección Técnica de Edificios (ITE), ordenanza con la que el Ayuntamiento de Málaga busca examinar el estado de los inmuebles más antiguos y colaborar con ello a su conservación, está causando un efecto colateral que muchos ya atisbaban: sacar a la luz la ruina, especialmente, del centro histórico de la urbe. Sólo en los primeros peldaños de aplicación de la citada normativa, aplicable inicialmente a las construcciones de cien o más años y aquellas protegidas, ha conllevado la apertura de 31 expedientes que podrían culminar con la declaración de ruina de las mismas.
Para dar buena cuenta de lo que supone este dato, hay que tener en cuenta que en los últimos cinco años la cifra total de declaraciones ha sido de 39, según explicaron a este periódico desde el departamento de Conservación de la Gerencia de Urbanismo. "La inspección técnica ha hecho aflorar muchos casos en los que los propietarios de ciertos edificios, que se habían despreocupado de su conservación, se encuentran con la obligación de pasar examen al inmueble y que cuando lo ven se dan cuenta de que no pueden arreglarlo porque está en muy malas condiciones", expusieron desde el organismo municipal.
Si bien la casuística origen de la ruina de un edificio puede ser muy variada, los técnicos apuntan a que la mayoría de los casos se produce porque "son bloques antiguos, que pasan a múltiples herederos, donde los inquilinos se van yendo y cuyos propietarios viven fuera y normalmente cuesta trabajo ponerlos de acuerdo". Conforme a este planteamiento, el número de episodios en el que la propiedad trata de expulsar a los inquilinos, supuestos conocidos como asustaviejas, no es mayoritario.
El balance aportado a este periódico por Urbanismo constata que de las 39 ruinas ya declaradas, 28 han sido solicitadas directamente por la propiedad, mientras que en los 11 casos restantes es la propia Administración local la que, tras denuncias de vecinos o del Cuerpo de Bomberos, ante situaciones de emergencia, opta por esta medida.
¿Pero, cuándo se llega a la ruina? La respuesta es clara: cuando el valor de las obras que hay que hacer en el edificio para devolverlo a sus condiciones supera la mitad del valor que tiene construir de nueva planta. "Cuando se inicia el procedimiento, los propietarios traen la valoración de las reparaciones, la contrastamos y si vemos que supera la cifra, lo declaramos en ruina", explican los técnicos, que apostillan que una vez se llega a esa conclusión la propiedad dispone de un año, bien para demoler la construcción, bien para impulsar las actuaciones necesarias que permitan la recuperación de la misma.
"La ruina es un arma legal para favorecer la recuperación del inmueble", precisan. Sin embargo, si la respuesta de los dueños sobrepasa este plazo temporal, la construcción pasaría a ser subastada en el registro de solares, un proceso "lento" y que, dadas las actuales condiciones económicas, no acaba de dar el resultado deseado. Cabe recordar que una de las últimas enajenaciones forzosas fue la de Mariscal, 3 y 5, inmuebles en un lamentable estado de conservación. La subasta quedó desierta.
Otro efecto que trae la crisis es que el número de expedientes sobre el que trabajan los técnicos municipales ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Sumando los casos de ruina al resto de informes sobre órdenes de actuación en las edificaciones en mal estado y los solares, la cifra alcanza los 1.200, "un 50% más que antes de la crisis". "Antes de declarar la ruina solemos reclamar a los propietarios la realización de una serie de obras de mejora, de medidas cautelares, lo que en este momento representa unos 650 expedientes". Aunque no siempre la orden llega a buen fin. "De todas las que mandamos solemos tener un éxito del 75% porque siempre hay algunos recalcitrantes", señalan.
* Málaga Hoy - 1.06.10
Foto: Trabajos de demolición de un inmueble declarado en ruina, en la calle Calvo.- malagahoy.es
Pontevedra: El cargo de Medio Ambiente se enriqueció especulando con concesiones
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ELPAÍS* : El jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra, Evaristo Juncal Carreira, que vendió tres de sus empresas a colaboradores o socios de narcotraficantes, es conocido en Caldas de Reis, el municipio donde es presidente del PP, por gestionar las bodegas Lagar da Condesa. Este negocio de viñedos de albariño, emplazado a la entrada del ayuntamiento en un pazo de rotundas almenas, a escasa distancia de las gasolineras que Juncal vendió a un presunto testaferro del capo Marcial Dorado, es el elemento más tangible de su actividad empresarial.
Desde los años noventa, este ingeniero técnico, funcionario de la Xunta en el departamento de carreteras y en Augas de Galicia, ha sido propietario de al menos una decena de sociedades que ha ido comprando y vendiendo, a veces con apenas un mes de diferencia. Con dos de estas firmas ha logrado autorizaciones para abrir gasolineras. La primera la obtuvo de la Administración central para una estación de servicio en Caldas, que luego vendió al presunto testaferro de Marcial Dorado, Manuel Cruz López. "Cuando aún no tenía los permisos ya había gente que me quería comprar las opciones de compra [de los terrenos]. Era algo normal", explica.
Gracias al dinero obtenido en esta operación en 1995, y según relata el propio Evaristo Juncal, compró una finca en la parroquia de Lérez, en la ciudad de Pontevedra, y logró una autorización de la Dirección Xeral de Obras Públicas y del Ayuntamiento para levantar otra gasolinera.
Según el ahora jefe territorial de la Xunta en Pontevedra, esta operación no es incompatible con su condición de funcionario de la Administración autonómica. "En estas sociedades siempre he actuado como socio, la administradora es mi mujer", explica Evaristo Juncal. "Patrimonialmente puedo tener lo que quiera. No compro ni vendo gasolina a la Administración".
Juncal Carreira también ha picoteado en el negocio acuícola e hidroeléctrico. En 1995 cuando, según su testimonio, era ingeniero de Augas de Galicia, logró de la Consellería de Pesca una concesión para abrir una depuradora de mariscos y cetárea en Punta Preguntoiro. Lo hizo en una vieja nave que rehabilitó. "Pero ya está vendida", afirma el jefe territorial de la Xunta. Luego intentó abrir una piscifactoría de rodaballo en Punta Cabalo, en A Illa de Arousa, pero el negocio no fructificó.
Además de las bodegas Lagar da Condesa, el presidente local del PP posee actualmente una inmobiliaria Juncal-Froján, SL, a la que él califica como "empresa patrimonial". "Se creó como una inmobiliaria pero vino el mal momento", afirma refiriéndose al pinchazo de la burbuja, "y no llegó a actuar". La sociedad poseía unas parcelas en Sanxenxo para levantar chalés, pero Evaristo Juncal ya se ha deshecho de ellas "perdiendo mucho dinero", puntualiza.
* ELPAIS.com - 31.05.10
Foto: Caldas de Reis (Pontevedra) - denuncia-social.com
Conflicto social por el acceso a la vivienda: «Siento vergüenza»
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Con 436 euros mensuales, Manuel Torres tiene que mantener a su esposa, desempleada como él, y a sus tres hijos. ¿Cómo puede hacerlo? Se ahorra el alquiler porque ha vivido los últimos años en pisos vacíos de Adigsa de El Gornal. No paga electricidad porque el piso tiene cortado el servicio, y el agua la obtiene de la fuente. Y cada noche acude a los contenedores a recoger la comida a punto de caducar que lanzan los supermercados a la basura. Hace algunos meses, lo hacía casi en solitario. Ahora, según cuenta, siempre va acompañado de otros vecinos en su misma situación: parados de larga duración y dependientes de las ayudas del gobierno.
«A veces siento vergüenza por hacer esto, pero algo tengo que hacer para sacar adelante a mi familia. La gente se te queda mirando cuando recoges la comida de la basura, pero no me queda otra opción con los ingresos que tengo», explica Manuel, con cierta impotencia, en el piso que habita desde abril de forma ilegal en El Gornal, en L'Hospitalet.
Manuel ha hecho de «la patada» su forma de vida en los últimos cuatro años. Ha pasado por tres pisos diferentes. Del último que invadió se marchó de forma voluntaria porque los técnicos le explicaron que esa vivienda estaba reservada para una familia muy necesitada. Lo convencieron y decidió marcharse antes del desalojo fijado por los tribunales.
Su mujer va cada mañana a una fuente pública. En su cocina acumula decenas de botellas de agua que necesita para los cuidados de la casa. Para calentar agua para el baño y cocinar, usa un pequeño hornillo de gas propio de los cámpings. «Aunque no sea mi casa, limpio todos los días porque soy maniática de la limpieza», dice. Después de haber trabajado 25 años en la construcción, Manuel lleva 20 meses parado y no tiene demasiadas esperanzas de conseguir trabajo pronto, en vista de la situación económica. Mientras espera un nuevo trabajo, sigue descubriendo pisos oficiales vacíos de El Gornal. «Joncs, 6, 9º 2º: tapiado, Joncs, 21-23 2º 2º: tres años vacío, Aprestadora, 162: seis pisos vacíos desde hace seis años, Juan de Juanes, 33-35: siete vecinos 'de patada'...» La lista parece interminable.
* El Periódico - L'HOSPITALET - 1.06.10
Foto: En casa Manuel Torres y su esposa, en un piso de Adigsa. GUILLERMO MOLINER, elperiodico.es
Dos de los acusados por la trama de Gondomar admiten haber cobrado 540.000 euros por apoyar convenios
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LAVOZ/Pontevedra* : El ex edil de Cultura, José Luis Mosquera, apunta a que el dinero se destinaba a financiar la campaña del PP en Uruguay y actos de Move Gondomar. Dos de los acusados por la trama destapada hace tres años en Gondomar han reconocido haber cobrado más de medio millón de euros por apoyar tres convenios urbanísticos. El arquitecto vigués, que al parecer ejercía como intermediario, y el ex concejal de Cultura, José Luis Mosquera, se han declarado culpables y han mostrado su disposición a colaborar con la justicia para reducir su condena.
El juicio ha arrancado esta mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con sede en Vigo y en el banco de los acusados se han sentado los dos ex concejales del PP de Gondomar -ya sin cargos públicos-, la ex pareja de uno de ellos y un arquitecto, a los que se ha pedido explicaciones por pedir 960.000 euros por apoyar tres proyectos urbanísticos en el municipio pontevedrés, tal y como los acusa el Ministerio Fiscal.
El ex edil de Cultura, José Luis Mosquera, ha reconocido que cobraron dinero a tres promotores urbanísticos para financiar la campaña del PP en Uruguay y el partido independiente Move Gondomar, aunque dijo que las cifras eran menores a las que apuntaba la fiscalía, 540.000 euros. Acusó de ser el cabecilla de la trama al ex concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez, quien no asumió los hechos y su abogado mantuvo su petición de absolución. Del mismo modo, la defensa de la ex pareja de Mosquera pidió su absolución ya que simplemente acompañaba al ex concejal en una de las citas con los promotores.
La vista no finalizará hasta el viernes y en ella se decidirá si los imputados son merecedores de ser multados en total con 4,6 millones de euros, además de diversas penas de suspensión de empleo o cargo público. La cárcel no figura como posibilidad ni en los planes del fiscal.
Pruebas grabadas
El caso de la trama urbanística de Gondomar fue desvelado por un empresario vigués, intermediario de una de las urbanizaciones que se pretendían llevar a cabo en la villa, quien se prestó, tras presentar la denuncia, a grabar en vídeo de forma secreta algunas de las reuniones llevadas a cabo con los ediles y el arquitecto en las que estos le habrían solicitado dinero a cambio de allanar el camino en el Concello a uno de dichos proyectos inmobiliarios.
Una sucesión de llamadas intervenidas judicialmente y la grabación de la petición del cohecho desde una cámara oculta en un botón de una chaqueta desencadenaron las detenciones el 14 de febrero del 2007. Dos de los inculpados fueron cogidos con las manos en la masa. El entonces concejal de Cultura de Gondomar, José Luis Mosquera, y su pareja, Belén Fernández, recibían aquella noche en la cafetería de un céntrico hotel de Vigo un paquete con 60.000 euros en concepto del primer pago por incluir en el nuevo Plan Xeral de la localidad el permiso para construir en una finca de 33.335 metros cuadrados. El segundo pago se libraría con la aprobación por parte de la Xunta del PXOM.
Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil concluyeron que el citado concejal junto con el edil de Urbanismo, Alejandro Gómez, habían pedido con la «intermediación» del arquitecto Borja Ramilo casi un millón de euros a tres empresas por incorporar sus proyectos urbanísticos al Plan Xeral.
Pinchazos recurridos
Gran parte del caso se fundamenta en las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas por los ediles y el arquitecto, así como por las declaraciones prestadas por los promotores a los que les fue reclamado el pago del presunto cohecho. Por eso, la defensa de los imputados ha tratado hasta en seis ocasiones de que se declaren nulas dichas grabaciones, al estimar que no fueron autorizadas correctamente y que además las conversaciones en ellas registradas fueron inducidas por el intermediario que destapó el caso. Los socios del empresario que se prestó a hacer de gancho para detener a los cuatro implicados niegan tal versión, como también la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Las defensas auguran en todo caso nuevos recursos si sus defendidos son condenados.
* La Voz de Galicia - 31.05.10
Foto: Gondomar (Pontevedra), juicio - lavozdegalicia.es
'Pretorianos' de alcantarilla
FRANCESC VALLS* : La proximidad al poder es el nexo entre los pretorianos de la Roma imperial y los de la Cataluña posestatutaria, es decir, la colección de imputados en el caso instruido por el juez Baltasar Garzón por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, defraudación a la hacienda pública, fraude de subvenciones, falsedad en documento y encubrimiento. Las vidas de los viejos y nuevos pretorianos son paralelas. Los integrantes de estas cohortes romanas cobraban el doble que los demás soldados y gozaban de numerosos privilegios. Los modernos pretorianos también. Luis García Sáez, Luigi; Bartomeu Muñoz; Macià Alavedra, y Lluís Prenafeta han percibido buenas comisiones -algunas veces legalmente- y han gozado de privilegios. Y al igual que sus ancestros, viven sometidos a tentaciones.
Al calor del poder, como los guardias imperiales de Heliogábalo, acaban transgrediendo la legalidad que les ha tendido la mano. Más de 32 millones de euros han dejado de recibir en plusvalías los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres gracias a las habilidades de los pretorianos comisionistas. Son prepotentes, tienen un buen círculo de contactos y conocen los resortes del poder, de hecho viven en las "alcantarillas del poder, que es donde se hace la política", recordaba Alavedra en una conversación registrada por la Guardia Civil y que forma parte del sumario del caso Pretoria.
En Cataluña, desde el fin del franquismo, estar cerca del poder pasa por dos grandes familias políticas: CiU y el PSC. Los primeros han administrado la Cataluña ancestral y los segundos la nueva, articulada sobre el área metropolitana de Barcelona. Los pretorianos, que han tratado de extender sus tentáculos corruptos en ejemplar división social del trabajo, son excrecencias del poder sociovergente. Desde CiU, por la familiaridad de algunos dirigentes con los negocios, se ha visto exceso de celo en la fiscalización de actividades. El PSC ha querido ser ejemplarizante. La honestidad, ese valor que la izquierda blande como elemento de superioridad moral frente a la derecha, está maltrecha. El relevo de la interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma y la reubicación de dos imputados en el caso Pretoria por parte del nuevo equipo municipal descontaminado y regenerado no ejemplifican las virtudes de las que la izquierda presume. Se sabía que el ex diputado socialista Luigi era un comisionista que trabajaba con ayuntamientos y que frecuentaba el lado oscuro de los negocios. Pero no pasó nada. Tampoco sonaron las alarmas en el caso del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz. Y había motivos cuando menos estéticos: no es frecuente que el alcalde de izquierdas de una localidad del cinturón golpeada por la crisis viva en el selecto Turó Park de Barcelona. Respecto a Macià Alavedra y a Lluís Prenafeta, era conocida su relación con el llamado "sector negocios" de CiU. Prenafeta se movió entre sombras algo más que de sospecha. Estuvo imputado en algunos casos, aunque todo acabó en agua de borrajas. Alavedra se limitó a pasar la maroma de la legalidad sin caer. Tuvo el papel de testigo cuando se sentó en el banquillo al juez Luis Pascual Estevill, un extorsionador al que CiU, se supone que por razones de sano ostracismo, envió de vocal al Consejo General del Poder Judicial.
Cuando Pujol era presidente de la Generalitat y saltaba algún caso de supuesta corrupción de alto cargo, amonestaba a la prensa: "Ustedes siempre dictan sentencia sin esperar a que se celebre el juicio". Por el lado socialista, el consejero Joaquim Nadal ponía hace unas semanas "la mano en el fuego" por el gerente director del Incasòl, Emili Mas. Luego, fue imputado en el caso Pretoria.
Puede que la prensa se precipite sin que haya sentencia, pero también es uno de los mecanismos críticos y de control, frente al corporativismo que se instala en los partidos y en los poderes. Ni todos los políticos son iguales ni lo son todos los periódicos o medios de comunicación. Hay que congratularse de que la corrupción pretoriana no haya salpicado al emperador ni a sus próximos. El presidente de la Generalitat ha superado con nota la prueba, y también el jefe de la oposición, Artur Mas. Informar no debilita la democracia, sino que sencillamente señala de dónde cojea.
* ELPAIS.com - Opinión - 30.05.10
Lezama impulsa a hurtadillas otro plan urbanístico tras el escándalo
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ELPAÍS/Vizcaya* : El Ayuntamiento de Lezama ha impulsado a hurtadillas un nuevo plan urbanístico para el municipio, tras la polémica suscitada con la recalificación de los terrenos de la familia de la alcaldesa, la peneuvista Alaitz Etxeandia. El consistorio aprobó el inicio del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) el pasado 15 de marzo en un pleno extraordinario que había sido convocado de urgencia tres días antes, justo la jornada (el 12 de marzo) en la que el EL PAÍS desveló un acuerdo de los Etxeandia con dos constructoras que les pagan 5,3 millones por la venta de sus terrenos, ocho meses antes de que se recalificaran.
Aquella sesión fue justificada por la alcaldesa para acceder a las subvenciones que otorga la Diputación al desarrollo de planes urbanísticos. Y el único acuerdo adoptado, sólo con los votos favorables del PNV, que tiene 8 de los 10 corporativos, fue la adaptación del PGOU a la ley del Suelo. Ni la edil del PSE ni la de EB se enteraron que se aprobaba iniciar los trámites para un nuevo plan urbanístico.
Entonces y en los siguientes días, este diario contactó con el Ayuntamiento de Lezama para que explicara el acuerdo adoptado. "Lo que se hizo fue tomar el acuerdo de formulación del Plan General para adaptarlo a la Ley del Suelo de 2006", señaló reiteradamente un portavoz, sin aclarar si era una normativa y si suponía derogar el actual o mantenerlo.
La puesta en marcha de un PGOU, el principal instrumento de gestión de un ayuntamiento junto a los presupuestos ya que marca el desarrollo futuro de la localidad, no se adoptó además previamente en una comisión de Urbanismo, lo habitual en todo tipo de asuntos relacionados con el urbanismo, como se expresa en los reglamentos orgánicos municipales. "La explicación es que busquen dar cobertura a los nuevos aprovechamientos, entre ellos los terrenos de la alcaldesa, en caso de que se anulen definitivamente las normas actuales. Es un mecanismo que se ha utilizado en otros sitios, como en Tarragona, para no cumplir sentencias que anulen planes, aunque han sido luego otra vez anulados por el Tribunal Supremo".
El actual planeamiento urbanístico de Lezama está en vigor desde octubre de 2007, pero fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia el pasado año (ha sido recurrido por el ayuntamiento y la Diputación de Vizcaya ante el Supremo), y debería tener una validez durante cerca de 10 años. "Extraña que al de dos años se saquen otro plan", afirman los expertos consultados.
La confirmación de que se impulsa un nuevo plan vino el pasado 28 de abril, cuando el ayuntamiento convocó a la apertura de las plicas para contratar a los redactores del documento. El pasado viernes, durante el primer debate en las Juntas Generales sobre la polémica recalificación, la diputada vizcaína de Urbanismo, Pilar Ardanza, dijo, textualmente: "Ahora no hay en la Diputación ningún expediente urbanístico pendiente del Ayuntameinto de Lezama".
Ardanza no respondió a la pregunta de la juntera de Ezker Batua, Ana Tellería, sobre si el consistorio ha solicitado subvenciones para la elaboración del PGOU, una petición que siempre es tramitada por los municipios. El asunto fue comentado, en el mismo debate, por la representante del PSE Susana González, quien calificó de "esperpéntico" que la alcaldesa haya dicho en un pleno que no sabía de quiénes eran los terrenos de su familia, que el único proyecto urbanístico desarrollado en Lezama sea éste -el contrato firmado con las constructoras obliga a concluir los trámites urbanísticos en 2011 y, si no, deben reintegrar lo cobrado- y que exista un auto judicial explicando el acuerdo privado anterior a la recalificación. "No es esperpéntico a la vez que se ponga en marcha un nuevo plan general. ¿No es eso un despilfarro?".
El caso de los terrenos de los Etxeandia ha causado una revolución en Lezama, un pequeño municipio de 2.400 habitantes. Aunque el PNV no ha emitido ninguna declaración pública de apoyo e incluso la Diputación de Vizcaya apoyó la apertura de una investigación oficial por parte de la Fiscalía, en marcha desde marzo, los nacionalistas han cerrado filas y han vuelto a presentar como candidata a la alcaldía a Etxeandia, que lleva tres años en el cargo.
* ELPAIS.com - 31.05.10
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com
Madrid: Pelotazo urbanístico para un amigo del número tres de Aguirre
PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Valdemoro, gobernado por el PP, ha puesto en bandeja un pelotazo urbanístico a un promotor inmobiliario cercano al número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre y secretario general del partido en la comunidad, Francisco Granados. El pelotazo, que los socialistas cifran en más de 15 millones de euros, tendrá una consecuencia directa para los habitantes de este municipio de 62.000 habitantes: las 693 viviendas que, en una nueva zona de expansión, habían sido calificadas como de protección pública básica, es decir, las más baratas, han pasado a tener la categoría de viviendas de precio limitado, lo que encarece su precio y dispara el beneficio, dado que los costes, según los socialistas, apenas varían.
La modificación, acusa el PSOE, se hizo vulnerando la legislación urbanística y provocará que cada piso cueste en torno a 40.000 euros más.
El principal beneficiario del cambio introducido por el Gobierno local del PP en esa zona, conocida como Las Zanjas Norte, es el promotor David Marjaliza. El consejero Francisco Granados y alcalde de Valdemoro hasta 2003 le vendió en 2006 un chalet en Marbella y, en 2007, un terreno heredado de su familia. Ese mismo año, una empresa en la que participan socios de Marjaliza entregó al Ayuntamiento de Valdemoro un local de 4.000 metros. A cambio, y en concepto de permuta, el consistorio compensó a la empresa con suelo para construir 129 viviendas de venta libre.
Caso Gürtel
Marjaliza fue presidente local de NNGG y concejal del PP en Valdemoro hasta 1995. Granados, Marjaliza y el actual alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, son amigos de juventud. En una de las conversaciones intervenidas en el caso Gürtel, el ejecutivo de un grupo inmobiliario asegura a un ex concejal del PP que Marjaliza es "el tapado de Granados".
La modificación del plan parcial de Las Zanjas Norte se hizo sin informe previo de la Comisión regional de Urbanismo pese a que la ley así lo exige si la modificación altera la llamada ordenación de usos pormenorizados, por ejemplo, el tipo exacto de vivienda que su puede construir. El PP vetó hace tres semanas en la Asamblea de Madrid una pregunta sobre este asunto formulada por el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.
Si hay denuncia, "se estudiará"
A preguntas de Público, un portavoz de la Consejería de Ordenación del Territorio subrayó que la comunidad no conoce el nuevo plan parcial dado que la ley otorga la potestad para su aprobación a los municipios cuando su población supera los 15.000 habitantes. Y añadió que, si se produce alguna denuncia ante el departamento de disciplina urbanística, la consejería "estudiará" el referido plan parcial para comprobar si se ajusta al plan general de Valdemoro. Si hay alguna irregularidad, "se actuará", dijo el citado portavoz.
La modificación del plan parcial fue aprobada definitivamente por el Gobierno local del PP el pasado 16 de marzo. La iniciativa de cambio partió de la junta de compensación de la zona, que agrupa a los propietarios de suelo y está presidida por Marjaliza como titular mayoritario. Los dueños de los terrenos argumentaron que, si se les obligaba a construir sólo viviendas con protección pública básica, ganarían menos dinero.
Este diario preguntó al Ayuntamiento de Valdemoro por qué, en un momento de crisis lacerante, accedió a encarecer el precio de la vivienda protegida. No hubo respuesta. "Están desvirtuando la defensa del interés general y primando el beneficio de los promotores", acusa el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. La portavoz del PSOE en Valdemoro, la edil Margarita Peña, ya recurrió hace dos meses la nueva redacción del plan parcial de Las Zanjas Norte.
Carlos de Santiago, portavoz de David Marjaliza, precisó que el promotor posee el 60% de los suelos de Las Zanjas Norte. Admitió que las viviendas de precio limitado son más caras pero aseguró que no ha habido ningún cambio sustancial en el plan. Y negó que el beneficio adicional se cuantifique en 15 millones, pero no dio cifras.
Un dictamen obligado por la Ley del Suelo
La Ley del Suelo de Madrid establece que cualquier cambio que altere la llamada ordenación pormenorizada de una zona (el tipo exacto de viviendas, por ejemplo) requiere el dictamen previo de la Comisión de Urbanismo de la comunidad. En este caso, no existió tal dictamen. Esa misma ley establece que, en cada área de suelo urbanizable, el 45% de las viviendas proyectadas deben gozar de algún tipo de protección pública. Y que sólo una de cada cuatro viviendas protegidas puede ser de "precio tasado", figura ahora equivalente a la de precio limitado. Tras el cambio aprobado en Valdemoro, el 100% de las viviendas protegidas de Las Zanjas Norte se venderá en la categoría de precio limitado. Una portavoz del consejero Francisco Granados aseguró que el número tres de Aguirre nada tiene que opinar al respecto.
* Público - 30.05.10
Foto: Esperanza Aguirre junto a su número tres en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. - G. del Río, publico.es
Valencia: Anticorrupción investigará a «más de medio centenar» de altos cargos de Camps
LAVERDAD* : «Ahora comienza la investigación con mayúsculas». La frase es de uno de los máximos responsables de la investigación del 'caso Gürtel' el pasado jueves, horas después de que se conociera que el juez Antonio Pedreira enviaba a Valencia parte del sumario al constatar que hay indicios delictivos que apuntan a varios aforados de esa comunidad. Anticorrupción pidió esa inhibición, a su pesar, porque de no acelerar la instrucción en Valencia el delito electoral -financiación irregular- podría prescribir. La Fiscalía quería esperar hasta recibir de la Generalitat la relación de los responsables de 17 departamentos del Gobierno de Francisco Camps que contrataron con las empresas de Francisco Correa, según constató la Intervención General del Estado.
Esos contratos van a ser el origen de una parte de la investigación que Anticorrupción ultima para Valencia si, como se espera, el nuevo instructor del caso, José Flors, decide unificar el 'caso de los trajes' con la pieza del sumario remitida desde Madrid la pasada semana. A la espera de recibir los nombres de los consejeros, presidentes y directores de los departamentos de la Generalitat, la Fiscalía cifra en «más de medio centenar» los altos cargos que van a ser investigados y, quizás en breve, imputados.
A falta de esa lista, desde enero la Fiscalía Anticorrupción tiene encima de su mesa un listado de 17 nombres, entre ellos Camps y varios de los miembros de su Gobierno, para pedir su imputación por «cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal». Con esa panoplia de acusaciones, avisan los responsables del caso, la investigación se va a prolongar «meses, si no años».
Anticorrupción, siempre que Flors acepte, va a emplear el sistema que ha utilizado en Madrid para expurgar las cuentas, movimientos financieros, patrimonio y declaraciones de Hacienda de los sospechosos, entre los que hay aforados, pues la Fiscalía cree que entre los firmantes de los contratos bajo sospecha van a aparecer consejeros de Camps «sin ningún género de dudas».
Cinco departamentos
Para esta investigación, como se hace en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se repartirá el trabajo entre cinco departamentos: la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera de la Policía, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, el servicio antiblanqueo del Banco de España (Sepblac), la Intervención General del Estado y el Consejo General del Notariado.
Esta investigación de los contratos persigue afianzar dos de los delitos que Pedreira estima que pudieron cometerse: cohecho y prevaricación. Y quizás un tercero: asociación ilícita.
El segundo eje que va a alargar la investigación en Valencia durante meses, aunque es algo más sencillo de que el de las adjudicaciones, según admite la UDEF, es la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana y los ilícitos conexos a ese «delito electoral»: falsedad documental, blanqueo de capitales y delitos contra el fisco. Éste último preocupa a los expertos de Hacienda, ya que en algunos casos estas irregularidades están cerca de prescribir. La Agencia Tributaria y los especialistas de la Policía Judicial, hasta el momento, sólo han estudiado el ejercicio de 2007, en el que ya han detectado un posible allegamiento de fondos 'opacos' al PP de 345.200 euros de empresarios afines al partido.
Quedan por esclarecer otros 2,5 millones de euros que aparecen a nombre de la formación en los libros de Orange Market y cuyo pago no figura en los asientos.
Prescripción
El objetivo de la ONIF, una vez que la Policía remita sus nuevos atestados, es estudiar 2008 y los primeros meses de 2009. El resto de los ejercicios, por ahora, no son prioritarios, ya que cualquier irregularidad anterior estaría prescrita en el plano fiscal, que no en el penal. Aun así, la UDEF cree imprescindible expurgar también los ejercicios de 2004, 2005 y 2006 para comprobar si hubo condonaciones de deuda del PP por parte de la trama y si éstas se tradujeron en favores por parte de la administración, un nexo -financiación irregular-contratos irregulares- que no se ha probado aún.
En el punto de mira de esta parte de la investigación hay una decena de personas -seis empresarios, cuyas cuentas ya han comenzado a estudiarse en Madrid al no ser aforados y cuyos datos serán entregados al tribunal de Valencia una vez acepte la inhibición- y Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV; Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat; David Serra, vicesecretario de Organización de la formación en Valencia; Yolanda García, diputada autonómica y tesorera del PP valenciano, y Cristina Ibáñez, gerente del partido.
Entre las primeras diligencias que Anticorrupción reclamará a Flors estará la de rastrear todos los movimientos económicos de estos aforados. La única sin protección parlamentaria es Ibáñez y sus cuentas ya han comenzado a auditarse.
Así las cosas, los responsables de la investigación y la Fiscalía Anticorrupción creen que Flors podría enfrentarse a una investigación «aún más compleja que la abierta en Madrid», pues la rama de la supuesta financiación irregular nunca ha aparecido en las filas de Esperanza Aguirre. Flors, anticipan las fuentes, como ya hiciera Pedreira, va a necesitar crear «con toda probabilidad» una unidad de auxilio judicial, con la adscripción a su juzgado de inspectores de Hacienda y miembros de la Intervención del Estado para gestionar la avalancha de decenas de miles de folios que se avecina.
NUEVOS DELITOS CON AÑOS DE CÁRCEL
Cohecho agravado
Prisión de dos a seis años. Inhabilitación para empleo o cargo público de siete a doce años. Incurre en este delito del 419 del Código Penal «la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere dádiva o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito».
Delito contra Hacienda
Está castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión. Conlleva además el pago de una multa equivalente a una sexta parte de la cantidad defraudada. Incurre en este ilícito «el que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, exceda de 120.000 euros».
Prevaricación
Esta actitud delictiva está castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público entre siete y diez años, pero no lleva aparejada la pena de privación de libertad. Incurre en este delito, según el artículo 404 del Código Penal, aquella «autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».
Falsedad documental
Esta castigado en la normativa vigente con entre tres y seis años de cárcel, y también acarrea la inhabilitación especial para su autor entre dos y seis años siempre que el que cometa la falsedad sea una autoridad o un funcionario público. Pero si el autor del delito es un ciudadano particular, la pena es, según el artículo 392 del Códio Penal, de de seis meses a tres años de prisión.
Blanqueo de capitales
Pena de prisión de seis meses a seis años e inhabilitación de uno a tres años. Incurre en el delito el que «el que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos».
Asociación ilícita
De uno a cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público entre seis y doce años. Incurren en el ilícito los que pertenezcan a organizaciones que «tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada».
Delito electoral
Está castigado con prisión menor y multa de entre 180 y 18.000 euros. Incurren en este delito aquellos «administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables».
* La Verdad - 31.05.10
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
Las Palmas: Las pistas del 'caso Canódromo'
CANARIAS7* : La investigación judicial del convenio urbanístico del Canódromo dará un giro radical en los próximos meses. El juez que lleva el caso quiere reunir todos los detalles de la operación financiera. Una denuncia vecinal exige que se aclare si hubo malversación de fondos públicos, entre otras cosas. La investigación judicial sobre el Canódromo acaba de empezar. Nueve años después de que se iniciaran los trámites del convenio urbanístico más polémico de los años del PP en el gobierno municipal, y después de anulados todos los procedimientos urbanísticos que se aplicaron en este caso, el juez quiere despejar la incógnita que todavía les queda a los vecinos.
«Queremos saber por qué la ciudad no obtuvo el beneficio que se llevaron los intermediarios», explica Ángeles Sánchez, presidenta de Avecalta y promotora de todas las denuncias que han salpicado el caso.
En términos económicos, lo que el Ayuntamiento no vio fueron los 9 millones de euros que obtuvo de beneficio la empresa Urbacan, que se había hecho con una opción de compra en el año 2000. Un paso decisivo para convertir la parcela de 20.009 metros cuadrados en lo que hoy es el parque más grande de Schamann. Porque todos los planes generales de la ciudad siempre dibujaron un parque en ese solar, pero nunca hubo acuerdo hasta que llegó su último propietario.
El concejal de Urbanismo de entonces, Juan José Cardona, fue el encargado de la negociación y de la firma. El precio quedó fijado en noviembre del mismo año 2000; el convenio final se firmó el 2 de abril de 2002, y en junio se había pagado el primero de los plazos; la parcela registrada con el número 52.103, ubicada en Las Torres (junto al Hospital Doctor Negrín), y hoy urbanizada como Mirador de la Pradera. El Ayuntamiento la tasó en 3 millones de euros, y seis días después de que Urbacan la inscribiese a su nombre, la vendió a Realia por 7,5 millones de euros; obtuvo 4,5 millones de euros de plusvalías.
El segundo pago siguió un proceso simétrico; en diciembre de 2003, cuando ya era alcaldesa Pepa Luzardo, se inscribió a nombre de Urbacan la finca registral número 77.838, la llamada Esquina del Canódromo donde hoy se levantan las torres. Estaba valorada en 2,5 millones, pero apenas un mes más tarde, se vendió, también a Realia, por el triple (7 millones). El beneficio, otros 4,5 millones. Balance provisional, 9 millones de euros.
* Canarias 7 - 31.05.10
Foto: Las Palmas, torres del Canódromo - canarias7.es
El partido de un humorista se hace con la alcaldía de Reikiavik
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PÚBLICO/Islandia* : El Partido Mejor, una formación protesta encabezada por el humorista Jón Gnarr, fue la gran sorpresa de las elecciones municipales islandesas al obtener el triunfo en Reikiavik, según los resultados difundidos hoy por las autoridades electorales. Esta agrupación política, nacida hace 6 meses, logró el 34,7% de los votos y 6 escaños, desbancando al Partido de la Independencia, que ostentaba la alcaldía y se quedó con 5, los socialdemócratas, con 3, y el Movimiento de Izquierda Verde, con 1.
En el resto del país se constató el retroceso del Partido de la Independencia, tradicional dominador de la política islandesa, aunque mantiene la mayoría en cuatro de las diez principales poblaciones del país.
El Partido Mejor, al que hace una semana las encuestas colocaban con mayoría absoluta en la capital, nació como una parodia frente a las formaciones tradicionales, acusándolas de la crisis económica que en octubre de 2008 colocó a Islandia al borde del colapso al desmoronarse su sistema bancario, que tuvo que ser nacionalizado.
De ahí que afirmó desde el principio que no cumpliría ninguna de sus promesas electorales y que a diferencia de los otros partidos, que eran corruptos en secreto, sería abiertamente corrupto, esgrimiendo lemas como "diles a los okupas [por los políticos] que es hora de irse", al ritmo de Simply The Best, de Tina Turner.
Prometieron traer un oso polar al zoo de Reikiavik
Durante la campaña, Gnarr defendió traer un oso polar al zoo de Reikiavik, un Parlamento libre de drogas en 2020 y todo tipo de beneficios para los fracasados. La primera ministra, la socialdemócrata Jóhanna Sigurðardóttir, declaró hoy que el éxito de la agrupación de Gnarr marcaba el fin del sistema tradicional de cuatro partidos en Islandia.
Los socialdemócratas y el Movimiento de Izquierda Verde gobiernan con mayoría absoluta desde abril de 2009, cuando obtuvieron el primer triunfo de la izquierda en unos comicios, adelantados esa vez por la dimisión del gobierno anterior por la protesta popular.
* Público - 30.05.10
Foto: Jón Gnarr, del Partido Mejor, en una imagen que figura en su cuenta de Facebook.- publico.es
Bochorno sociovergente
NEUS TOMÀS/TONI SUST* : El caso Pretoria y sus detalles han deprimido un tanto a la clase política catalana, sobre todo, a la franja sociovergente, a los dos grandes partidos, el PSC y CiU. Entre los socialistas impera la perplejidad por lo abultado de los cifras que manejaban los ya exmiembros del partido. En el caso de los nacionalistas, al margen de que algunos asistan con desagrado a la voracidad económica de dos de sus más relevantes exdirigentes, se impone el sentimiento de que existe una campaña que persigue impedir que Artur Mas se convierta en president tras las autonómicas previstas para otoño. Las cúpulas de ambos partidos coincidían en poner la mano en el fuego por los dirigentes relevantes que recibieron la llamada de los hoy imputados y que aparecen en el sumario de Pretoria. Es decir, subrayaron ayer que no existe dudas sobre la actuación de Antoni Castells, la de Joaquim Nadal y la de Artur Mas.
En el PSC han pasado de la conmoción que provocó la detención del exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y otros cargos muncipales, a la estupefacción por las cifras que los implicados en la trama se embolsaron. «¿Cómo puede ser que estos tíos tuviesen todo esto montado y no fuésemos capaces de detectarlo?», se pregunta uno de los dirigentes más importantes del PSC. Los socialistas saben que su electorado, inmerso en la crisis, no perdona la corrupción, aunque confían en que la contundencia con la que actuó el partido al expulsarlos de manera inmediata sea entendida por sus votantes.
EL PIJO Y EL CHORIZO / Muñoz era el pijo del PSC. Se desplazaba en Mercedes, jugaba a golf, y para hablar de negocios invitaba a cenar en restaurantes caros. ¿Nadie sospechó? Algún dirigente del partido se atreve a confesar que en el PSC había quien especulaba que este tren de vida «tan poco socialista» no podía pagarse con el sueldo de alcalde. Pero la respuesta siempre era la misma: «Su familia tiene dinero y la de su mujer todavía es más rica». Y así pasaron los años. En cambio, uno de sus estrechos colaboradores, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, también implicado, no levantó ninguna sospecha. «Era un hombre de partido», asegura un dirigente. «El sumario confirma que fue el tonto útil», asegura otro.
Si Muñoz era el pijo, Luis García, Luigi, era el «chorizo». «En el PSC lo sabía todo el mundo». La frase es de un dirigente socialista que recuerda que cuando le expulsaron del partido en 1992 ya fue por su vinculación con negocios sucios. De hecho, hay quien asegura que incluso antes de llegar a diputado, tras las autonómicas de 1984, algunos socialistas ya sabían que acababan de fichar a un personaje peligroso. Luigi empezó su carrera en la UGT y en el sindicato todavía hay quien se acuerda de él: «El secretario general de la UGT, Justo Domínguez, envió a Luigi a negociar con el PSC los nombres de la gente del sindicato que irían en la lista al Parlament. Y cuando regresó de la reunión, compungido, aseguró que el partido solo aceptaba a un sindicalista. ‘¿A quién?’ le preguntó Domínguez. ‘A mí’, contestó Luigi»
Ocho años después, como recuerda un antiguo cargo socialista, cuando se descubrió que su constructora AGT-Agrotecsa estaba implicada en un delito de estafa, quien decidió echarlo fue el ahora primer secretario y presidente de la Generalitat, José Montilla. «A Montilla nunca le gustó», asegura uno de sus colaboradores. Una vez expulsado, y aunque sospechaba de sus trapicheos, el PSC miró hacía otro lado. Ya no era uno de los suyos aunque la cúpula del partido sabía que todavía tenía amigos en ayuntamientos controlados por el PSC. Amistades sobre todo entre miembros de la antigua federación del PSOE de la que procedían también otros implicados como el exalcalde de Santa Coloma y su concejal de Urbanismo. Pero, aunque sea un consuelo menor, un destacado dirigente insiste en que el sumario confirma que la dirección del PSC renegaba de García antes de que se supiese que era el cerebro de la trama Pretoria. «Si Luigi no aparece en las conversaciones con consellers es porque era perfectamente consciente de que él no conseguiría nada», afirman fuentes del partido.
DUELO COMPLETADO / Sorprendidos por la magnitud de las operaciones que perseguían y consumaban Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, algunos integrantes de CiU se mostraban en privado sorprendidos por su actuación. Un parlamentario lamentaba el descrédito que se ocasiona a la política. Pero junto con esta actitud, convive la de denunciar que existe una campaña para contrarrestar los buenos pronósticos de las encuestas, que indican que CiU está cerca de gobernar. Una visión que deja en segundo plano la sorpresa por las operaciones de Prenafeta y Alavedra: «El duelo ya estaba hecho», afirma un dirigente aludiendo al momento en el que fueron detenidos el exsecretario y el exconseller, en octubre.
Ahora la prioridad es alcanzar la presidencia, y tanto los nuevos datos del caso Millet como del caso Pretoria son interpretados como palos puestos en la rueda de la federación nacionalista. El propio Mas desarrolló esta idea al comentar las revelaciones sobre Prenafeta y Alavedra. En declaraciones a TV-3, el líder de CiU negó toda relación con las operaciones de los exaltos cargos. «Yo duermo tranquilo. Duermo poco, pero duermo tranquilo», afirmó. El líder nacionalista aseguró que la de Pretoria no era «una red transversal» y subrayó el papel de «socialistas con cargos públicos». Preguntado por una conversación que aparece en el sumario en la que Prenafeta le informa de que un empresario que quiere «facilitar las cosas» desea almorzar con él, y que no quiere decir su nombre por teléfono, el nacionalista no entró en la cuestión.
«¿Dónde están los hechos concretos?», se interrogó en referencia a pruebas que le incriminen. «Yo no mando», dijo dando a entender que desde la oposición tiene escasas opciones de ejercer influencias. Y denunció la presunta campaña: «Determinada gente no quiere el cambio en Catalunya». Mas miminizó el papel de Prenafeta y Alavedra: «No es lo mismo lo que puede hacer un particular que un alcalde en ejercicio». Y consideró lógico que dos expolíticos utilizasen los contactos que habían logrado en su carrera en la vida pública para sus intereses: «Eso lo hace todo el mundo».
«Si Prenafeta y Alavedra han hecho algo malo, que lo paguen. Pero no dejarán de ser de los nuestros», afirmó un dirigente de CDC. Así están las cosas.
* El Periódico - Opinión - 28.05.10
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