La lucha contra la destrucción de un modelo de vida, unas relaciones sociales y humanas, una cultura pegada al mar
La Plataforma Salvem El Cabanyal os convoca a participar en la campaña que iniciaron los 21 grupos de músicos que actuaron en el concierto Rock contra el derribo.
RUIDO CON CULTURA
SOROLL AMB CULTURA
Sabéis que la última sentencia del Tribunal Supremo insta al Ministerio de Cultura que dictamine si en el Cabanyal se produce expolio con la destrucción de 1.651 viviendas
Tenemos una tarea solidaria que hacer y es muy importante para nosotros y para todos los que defendemos el patrimonio histórico y la justicia social
¿Qué hay que hacer?
1º Enviar un correo electrónico al Ministerio de Cultura.
clica en el siguiente enlace y entrarás directamente en la web del Ministerio.
En la página de contacto del ministerio hay un cuestionario y pondremos:
- Asunto: Denunciar expolio en El Cabanyal
- Tipo de mensaje: sugerencia
- Destinatario: Patrimonio Histórico
- Texto: el que se estime oportuno.Si lo deseais podeis copiar y pegar el siguiente:
Sra. Dña Ángeles González-Sinde
Ministra de Cultura
Señora Ministra,
Con esta carta quiero sumarme a todos los ciudadanos que desde hace años exigen que el barrio marinero del Cabanyal sea rehabilitado y no destruido. Se trata de nuestro patrimonio histórico y cultural, lo que lo hace importante. Además se trata de cumplir la Ley , y eso también es importante.
El Tribunal Supremo ha puesto en manos del Ministerio que usted dirige la oportunidad de detener la ejecución de un Plan municipal que salvo el gobierno valenciano, en manos del Partido Popular, nadie defiende.
El Gobierno del que usted forma parte tiene como principios el cumplimiento del Estado de Derecho, la defensa de los derechos de las personas y la protección de los más débiles: los vecinos del Cabanyal padecemos un acoso devastador provocado por los derribos efectuados por orden municipal; y todos los ciudadanos una merma de su patrimonio histórico.
Por ello le pido que desde el Ministerio de Cultura se elabore con urgencia el informe que ha solicitado el Tribunal Supremo y atendiendo a los amplios y exhaustivos informes técnicos aportados en el expediente, declare que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal supone expolio del Patrimonio Histórico Español.
Atentamente
2º Reenviar el mensaje a la vicepresidenta del gobierno español.
clica en el siguiente enlace y entrarás directamente en la web de la vicepresidencia primera
En la pagina de contacto del ministerio hay un cuestionario y pondremos:
- A quién se dirige: Otra unidad - Vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega
- Texto: el mismo que se ha enviado al Ministerio de Cultura)
3º Si has enviado los correos es importante comunicarlo a la Plataforma Salvem El Cabanyal: plataforma@cabanyal.com
Y por último:
4º Ser y estar activos y reenviar este mensaje y animar a todos-as, que nuestros amigos-as también lo reenvien!!
Construir la RED // Ruido con cultura
Construir la xarxa // Soroll amb cultura
Más información: http://www.cabanyal.com/homecastellano.html
* Rebelión - Salvem el Cabanyal - 2.07.09
Valencia: Salvem el Cabanyal
El fiscal sostiene que el ex alcalde de Orihuela cometió cohecho
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ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción de Alicante mantiene su acusación contra el ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, vinculados con la adjudicación de programas urbanísticos a promotores. El titular, Felipe Briones, sitúa el tráfico de influencias en recalificaciones ilegales de suelo no urbanizable para construir viviendas y el cohecho en el uso por parte del ex regidor de bienes de empresarios beneficiados con adjudicaciones municipales.
En este segundo apartado, Briones pone el acento en un Audi A-8 y un Rolls Royce, que Medina uso como propios, sin acreditar su titularidad.
Felipe Briones ha vertebrado en base a estas dos líneas el recurso de apelación que ha presentado ante la Audiencia de Alicante al auto de archivo provisional de la causa decretado por el titular del Juzgado número 4 de Orihuela, el magistrado Fernando Madrid Rodríguez. Al juez le bastó la declaración del ex alcalde para acordar el sobreseimiento provisional del sumario, el principal de los 16 en los que el fiscal desglosó su denuncia al Ayuntamiento por corrupción urbanística y contable.
Fernando Madrid Rodríguez archivó también provisionalmente otro sumario de esas 16 causas, el relacionado con las subvenciones del Ayuntamiento de Orihuela a la entidad Festera de Moros y Cristianos. No obstante, la Audiencia corrigió al juez por considerar "precipitado" el sobreseimiento. El tribunal provincial ha ordenado al instructor que reabra el sumario y practique las pruebas que solicitaba el fiscal.
En cuanto al Audi A-8, el fiscal mantiene que Medina lo pagó después de que se hiciera púbico que lo estaba usando como propio. "¿Qué lógica tiene el disfrute durante varios años de un coche sin abonarlo al concesionario? ¿Dónde está el documento de compraventa del vehículo y la cláusula que ampare el aplazamiento de su pago y hasta cuándo? Nada de ello se ha aportado a la causa", recoge el recurso del fiscal.
Y respecto al Rolls Royce, el fiscal rechaza la tesis de Medina de que se lo pedía ocasionalmente al propietario, un promotor local, para bodas. "Qué derecho ostentaba Medina a prestarlo para las bodas si no era suyo? ¿O más bien, Medina disponía del Rolls Royce como si fuera de su propiedad, mientras su amigo fue quien pagó el precio y pagaba los impuestos", se pregunta el fiscal.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 02/07/2009
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
Andratx: El fiscal acusa a Massot de asesorar a una empresa en un pleito contra el Govern
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DIARIODEMALLORCA* : Jaume Massot, ex director general d´Ordenació del Territori del Govern Matas, se sentó de nuevo ayer en el banquillo de los acusados. Se le acusa de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach y la abogada del Ayuntamiento de Andratx, Isabel Fluxà, solicitaron una condena de inhabilitación y una pena de multa.
El abogado defensor, Fernando Mateas, pide la absolución porque entiende que el delito ha prescrito.
A Massot se le acusa de haber constituido una empresa de asesoramiento urbanístico y de haber desarrollado trabajos técnicos cuando era jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, lo que sería incompatible. Esta empresa, llamada Territorio Asesores, estaba domiciliada en la casa de la madre de Massot. Su mujer figura como administradora de la sociedad.
El ex director general, a diferencia de los otros dos juicios del denominado caso Andratx, por el que ya ha sido condenado a ocho años de prisión, ayer se negó a contestar a las preguntas de la acusación. Sólo quiso responder a su abogado, que no le planteó cuestiones sobre el juicio sino sobre su actual situación económica. El acusado aclaró que está suspendido y cobra unos 500 euros al mes. Con este dinero mantiene a su familia.
Las acusaciones sostienen que Massot firmó a través de esta sociedad un contrato con un empresario catalán, Mariano Vives, dueño de s´Almudaina, una sociedad que era propietaria de un terreno en Andratx que fue protegido por la Ley de Espacios Naturales de Balears, lo que impedía cualquier proyecto de urbanización. Vives planteó una demanda contra el Govern por daños y perjuicios, ya que al aprobarse la ley ya había iniciado la construcción del terreno. El empresario, cuyo abogado era Miquel Coll, ex presidente del Consell Consultiu, reclamó 30 millones de euros al Govern, aunque el pleito fue desestimado. El empresario catalán argumentó con un informe técnico realizado por Territorio Asesores, en que se valoraba el aprovechamiento urbanístico del solar de Andratx y se cuantificaban los daños económicos que le había supuesto su inclusión en la ley de protección medioambiental.
Massot nunca ha reconocido que la empresa Territorio Asesores fuera de su propiedad. Sin embargo, el empresario catalán que declaró ayer como testigo sostuvo que, aunque no conocía inicialmente la relación de Massot con esta empresa asesora, lo descubrió después. Explicó que el acusado se presentó en su oficina de Barcelona para cobrar una factura de dos millones de pesetas por la realización de este estudio que afectaba al solar de Andratx, pese a que en aquel momento era jefe de Urbanismo de este ayuntamiento. Después se abonaron otros cinco millones. Mariano Vives explicó que decidió contratar esta empresa porque Massot le había asegurado que también participaba un arquitecto técnico con el que tenía plena confianza. Este técnico, sin embargo, señaló que nunca intervino en el estudio que se incluyó en el pleito contra el Govern.
Las acusaciones sostienen que la relación entre Vives y la empresa de Massot se prolongó hasta 2006, lo que evitaría la prescripción del delito. Se cuenta con una carta enviada por el empresario dirigida a Massot, en la que le indica que había llegado momento en el que "debe intervenir la empresa que tú creaste".
* Diario de Mallorca - J.F. MESTRE - 2.07.09
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
El delegado de Ourense admitió en un pleno que certificó más obras falsas
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ELPAÍS* : Durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de la agrupación Ceivam que distribuía fondos de la Unión Europea, el actual superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, no sólo subvencionó a sus empresas y certificó como planta de biomasa realizada con ese dinero un galpón abandonado que ya existía, hechos por los que fue condenado por la Audiencia Nacional. Martínez reconoció en un pleno que había certificado las obras de cinco talleres artesanales subvencionados también con ayudas europeas sin que estuvieran realizadas.
Así consta en las actas municipales. En el pleno de enero de 2001 Martínez avala, en nombre del Ayuntamiento, al grupo de artesanos Armiño, una operación de crédito por 91 millones de pesetas para que construyan cinco talleres. Martínez firmó ese mismo año la certificación de los pagos por las obras de los talleres finalizados, según figura en la documentación aportada por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Pese a ello, en el pleno de enero de 2002, reconoció que las obras estaban sin finalizar.
Las diputadas del PSdeG orensano Laura Seara y María Quintas y el senador Miguel Fidalgo denunciaron ayer la "gravísima trama de corrupción" urdida por el actual delegado de la Xunta con fondos comunitarios. Según su documentación, Martínez no sacó a concurso la adjudicación de los cinco talleres, sino que "llamó a un amigo, el ex presidente de los artesanos de Ourense, Ramón Souto" y dejó que éste distribuyera los talleres entre "un hijo, un sobrino, una hija de un amigo y un inmigrante cubano que denuncia que estafa". "Ninguno tenía relación con la artesanía", sostiene el PSdeG.
Según testimonios recabados por los socialistas, e incorporados a la investigación judicial abierta contra el superdelegado, varios adjudicatarios de estos talleres los entregaron a empresarios para "saldar deudas que tenían con ellos". Así, el de panadería que gestionaba Ramón Souto "se entregó en pago a la empresa que hizo la electricidad de los cinco talleres". El de madera, de Adrián Souto, a Luis Veloso Promociones, SL "para pagar deudas pendientes". En los documentos consta una certificación del cambio de titularidad de julio de 2001 y un presupuesto de más de 22 millones de pesetas.
Pese a que el Ayuntamiento avaló a los integrantes de Armiño con 91 millones de pesetas y Martínez certificó y ordenó el pago, las obras de los talleres "nunca se pagaron" a las empresas constructoras, de electricidad, montaje mecánico y fontanería, según la documentación. "Alguien se quedó con el dinero", sostienen los socialistas. Excepto un taller, que funcionó cuatro meses, el resto "nunca tuvo actividad", aún cuando la UE concedía subvenciones con la exigencia de que estuvieran activos al menos cinco años.
Pero en la "trama de los talleres" de Arnoia no sólo está implicado el superdelegado de la Xunta e integrantes de su grupo de gobierno. El técnico Miguel Reza, también miembro de Ceivam, concedía a su empresa Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo los proyectos de obra de los talleres que él mismo certificaba después desde Ceivam. Cobraba por ello, de esta misma compañía, cerca de un millón de pesetas por caso, según el PSdeG.
Mientras las obras públicas realizadas con fondos comunitarios "no llegaron a funcionar", las empresas familiares de Rogelio Martínez, a las que también subvencionó la UE, gestionadas desde Ceivam "van adelante". Los socialistas mostraron ayer fotografías del galpón descrito como planta de biomasa y, frente a ello, las empresas familiares de Martínez en Arnoia integradas en Cultivos Ribeiro, SL, que se benefició de esos fondos.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 02/07/2009
Foto: Arnoia (Ourense) - Luis Miguel Bugallo Sánchez, wikipedia.org
Madrid: Medio millón para la piqueta
ELPAÍS* : El Club de Campo, ese precioso lugar para practicar deporte situado en el mayor pulmón de la ciudad, pagado con dinero público pero de uso exclusivo (tiene unos 30.000 socios y una larga lista de espera de dimensiones similares), recibe anualmente cuantiosas subvenciones del Ayuntamiento de Madrid. En 2007, concretamente, obtuvo medio millón de euros para la construcción de una "sala polivalente" que iba a servir, según el certificado de la subvención, como nuevo gimnasio. Hasta ahí todo normal.
Pero el problema es que la infraestructura se hizo sin los oportunos permisos y ahora el propio Ayuntamiento ha ordenado que se derribe. Medio millón de euros, si la obra no se legaliza con algún tipo de plan especial, como es habitual en el Ayuntamiento, devorados por la piqueta municipal.
Según la orden emitida por la Concejalía de Urbanismo el pasado 19 de mayo, se requiere al Club de Campo que "proceda a la demolición de las obras abusivamente realizadas [...]". Así de tajante y asegurando que no cabe recurso administrativo.
Pero desde Urbanismo, los mismos que han ordenado la demolición del edificio, dicen ahora que puede ser posible "legalizar" la infracción. "Se podría hacer un plan especial para adecuar la situación a la legalidad y que luego pidan la licencia", explica un portavoz de la concejalía. Nadie del Club de Campo, sin embargo, atendió a este periódico para ofrecer su versión sobre por qué se hicieron esas obras sin el permiso correspondiente.
"Hay que ser mucho más cuidadoso con el uso del dinero público. Esto demuestra el descontrol que hay en el Ayuntamiento. Siendo benévolos, es como mínimo surrealista que paguen una cosa que, según sus normas, es ilegal", critica el portavoz de Izquierda Unida (IU), Ángel Pérez. "Además, con una dotación de la periferia, la subvención seguro que no se habría concedido con tanta agilidad", insiste.
El Club de Campo, con una extensión de 250 hectáreas, pistas de tenis, pádel, hípica, golf u hockey, tenía una concesión para la explotación privada de las instalaciones que terminó en 1984. El Ayuntamiento de Madrid hizo valer entonces los derechos que tenía con los terrenos y formó una empresa mixta que perdura hoy en la que posee el 51% de la sociedad y que posee 180 de las hectáreas de suelo sobre el que se erige el recinto deportivo.
La mayoría de sus socios provienen de la etapa privada del club. Son antiguos miembros de la Real Sociedad Española Hípica, a la que en 1941 el Ayuntamiento de Madrid cedió el Club de Campo con la condición de que en 1954 revirtiera al pueblo de Madrid. Llegado ese año, el Ayuntamiento de entonces revisó el acuerdo y se decidió que éste se prolongaría otros 30 años. Durante todo ese tiempo, hasta que el alcalde de Madrid en 1984, Enrique Tierno Galván, rescató la concesión, el acceso al recinto estaba completamente prohibido a las personas que no eran socios.
Hoy, los madrileños que quieren entrar en el recinto y no tienen la suerte de ser miembros de la institución han de hacerlo con un tique individual y que sirve sólo para una sesión del deporte que se elija. Los precios, además, no es que sean precisamente populares. Más bien siguen fomentando el carácter elitista de la institución. Para darse un baño un sábado, por ejemplo, se tiene que comprar primero la entrada al recinto, que cuesta 32,40 euros, y luego la de la piscina, que son otros 28,70. Es decir, el chapuzón sabatino sale por 61,10 euros.
Para ingresar en el club de la Casa de Campo tiene que darse de baja algún socio primero. Algo que no es frecuente si gozan de buena salud. Si un socio se casa, o tiene descendencia, tanto su cónyuge como los hijos (a partir de los 13 años) tienen derecho automático de entrada. Algo que según la institución se hace para que la familia esté unida.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 01/07/2009
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Sevilla: La plataforma contraria a la biblioteca critica los "hechos consumados" y lamenta los recursos
EUROPAPRESS* : La plataforma creada contra la construcción de la biblioteca central de la Universidad de Sevilla en el frente oriental de los jardines del Prado de San Sebastián lamentó hoy que tanto la Hispalense, como el Ayuntamiento, hayan anunciado oficialmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sus recursos de casación contra el fallo que anula el planeamiento urbano correspondiente a este proyecto, dado que tal extremo prueba "la política de hechos consumados" puesta en práctica en el caso de la biblioteca.
El portavoz del Centro de Estudios Históricos de Andalucía y miembro de la plataforma, Rafael Sanmartín, advirtió en declaraciones a Europa Press de que al materializar su intención de elevar el caso al Tribunal Supremo, la Universidad y el Ayuntamiento de Sevilla ponen de relieve que "entienden que las leyes rigen sólo para los demás", recordando que el Alto Tribunal andaluz ha anulado a través de una sentencia los aspectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) correspondientes a la construcción de la nueva biblioteca central en los jardines del Prado de San Sebastián.
"Es una política de hechos consumados", dijo San Martín, quien criticó que las administraciones públicas estén siendo instrumentalizadas "en favor del capricho de los poderosos", sobre todo cuando la prolongación del procedimiento judicial se hace "a costa del dinero público". "Pagan sus recursos con nuestro dinero", dijo este miembro de la plataforma cívica creada para defender los jardines del Prado de San Sebastián de este proyecto.
Así, reclamó nuevamente la "paralización" de las obras, extremo ya descartado por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y la propia Universidad, en función del contenido del fallo judicial, que será recurrido ante el TS.
* Europa Press - 1.07.09
Foto: Sevilla, nueva biblioteca - sevillaactualidad.com
Santa Eulària: Fiscalía insiste en que el ex alcalde prevaricó al dar permisos en ses Torres con un PDSU ilegal
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ÚLTIMAHORA/Ibiza* : La Fiscalía presentó ayer ante la Audiencia Provincial un recurso de apelación en el que solicita que se revoque la sentencia absolutoria del ex alcalde de Santa Eulària Vicent Guasch en el caso ses Torres. Según Fiscalía, todos los acusados «conocían» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en la que se declaraba como nulo el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) en base al cual se aprobó la urbanización de ses Torres en Jesús.
El Ministerio Público recuerda que tanto el ex alcalde como el ex teniente de alcalde Vicent Riera, el ex asesor jurídico José Mª Roig Vich y el aparejador municipal Vicent Marí continuaron aplicando esa normativa urbanística «sobre la base de un informe a la carta» elaborado por Roig Vich, concediendo licencias y aprobando proyectos «sobre la base de una norma nula de pleno derecho». Y todo ello, «a sabiendas» de que esa norma era nula. «Esto es prevaricar», recuerda Fiscalía.
Desde el ministerio público consideran que no hay más vueltas que darle al tema a pesar de que la jueza entienda que haya dudas respecto a la interpretación de la sentencia. «No hay dudas, la propia juzgadora considera probado que la sentencia considera nulo de pleno derecho el PDSU», aseguran.
Otro dato clave, según Fiscalía, es que el Ayuntamiento se vio obligado a aprobar poco después un nuevo planeamiento urbanístico para sustituir el PDSU, lo que indica que era inservible e ilegal. Por ello, concluye que todas las actuaciones realizadas por los acusados son «ilegales».
Para el ministerio público, los actos de los acusados también son «injustos» y «no están fundados jurídicamente». En este punto recuerdan que el Consell instó al Ayuntamiento a que no aplicara el PDSU, además de que la oposición recurrió varias licencias aprobadas según el PDSU y se obtuvieron suspensiones cautelares. También recuerda los numerosos requerimientos que hizo la oposición y el Consell al equipo de gobierno, pero la única respuesta fue el «silencio». «¿Es esto una argumentación jurídicamente razonable tal y como afirma la juzgadora en la sentencia? No, pero un no rotundo, no hay ninguna justificación para actuar como lo hicieron», asegura el fiscal, que cree que no es «lógico» ni admisible que si tantas dudas había sobre el PDSU se siguieran dando licencias. «Se ha tratado de eludir la legalidad vigente».
El fiscal considera que los acusados no pueden alegar desconocimiento, tal y como refleja la jueza en su sentencia, donde dice que Vicent Guasch no sabía de derecho ni de urbanismo. «Todos los acusados conocían la ilegalidad del PDSU y así se desprende de sus declaraciones», dice Fiscalía. Por todo ello, los actos los realizaron «a sabiendas de su injusticia». También recuerda que Roig Vich aconsejó a Guasch no anular las licencias concedidas para evitar indemnizaciones. «¿Dónde está el desconocimiento alegado por la juzgadora?», se pregunta Fiscalía, que cree que el ex asesor jurídico es «sujeto activo del delito», así como el aparejador. Para el Ministerio Público, los únicos que provocaron «confusión y caos» tras la sentencia fueron los acusados, que «trataron de acomodar la normativa urbanística» a lo que «les interesaba». «No se puede pretender, como hace la juzgadora, hacer ver que no entendían de urbanismo».
Esquerra Unida, que actuaba en este caso como acusación popular, presentó ayer un recurso porque la jueza le condenó a pagar las costas por considerar que actuaron de «mala fe» al acusar a la ex arquitecta municipal y al promotor. Desde EU creen que la jueza aplicó «indebidamente» la ley porque el Código Penal no habla de condenar a costas a la acusación popular, sino sólo a los criminalmente responsables de un delito o falta.También indican que la doctrina del Supremo no aconseja este tipo de condenas y creen que la acusación de «temeridad y mala fe» es «radicalmente injusta» y «dolorosa» porque sólo intentaban «defender los intereses colectivos». Además, creen que esta sentencia abre un «precedente muy peligroso» porque «lanza el mensaje» de que «más vale dejar hacer a los gestores públicos o especuladores urbanísticos».
La Fiscalía también cree que es «desmesurado» que la jueza condenara a Esquerra Unida. Desde Fiscalía recuerdan que no acusaron a estas dos personas porque los indicios de criminalidad no eran suficientes, pero recuerdan que no era «temerario» porque el propio juez instructor los consideró como posibles autores del delito.
* Última Hora Digital - Ibiza - 1.07.09
Foto: Santa Eularia (Ibiza) - eivissaweb.com
El ´caso Arona´ se salda de momento con 34 imputados
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LAOPINIÓN/Tenerife* : La instrucción judicial del conocido como Caso Arona se salda de momento con al menos 34 imputados, entre los que figuran responsables políticos, funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Arona, un consejero del Cabildo de Tenerife, técnicos externos al consistorio, miembros de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, empresarios, un cabo de la Guardia Civil, un agente y una sargento de la Policía Local de Arona.
Y todos ellos se reparten imputaciones de más de 70 presuntos delitos que abarcan desde la prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, hasta falsedad documental, omisión del deber de denunciar y cooperación necesaria en delitos como el cohecho.
En el auto firmado por el juez instructor de este caso que arrancó en marzo de 2007 y que ha permanecido el último año y medio bajo secreto de sumario, figuran como imputaciones novedosas que han sido acordadas durante la investigación policial y judicial realizada durante el último año y medio bajo secreto de sumario, las de Carlos Enrique Morales Plasencia, Vicente Dorta Antequera y Pedro González Santiago, todos ellos por presunto tráfico de influencias y prevaricación. Esos mismos delitos se imputan a Kemel Bagdad y María Bettina García Melo (responsables de una inmobiliaria de Los Cristianos), a Nizamara Domínguez Gómez (trabajadora del Patronato de Servicios Sociales) y a Milagros Suárez Martín.
También citados por esos delitos de prevaricación y tráfico de influencias aparecen la sargento de la Policía Local de Arona, Hortensia García, el agente local Sebastián Fuentes, el arquitecto municipal Francisco García Hernández y el encargado del servicio municipal de limpieza Ángel Artillo y Sandra Esther Correa Chinea.
Aurelio Alonso Fumero y Amalia González han sido acusados de tráfico de influencias y falsedad documental y el guardia civil José Manuel Rodríguez de tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos. También figuran como imputados Jorge Menéndez Díaz y Antonio Luis Pablo González Tolosa.
* La Opinión de Tenerife - BLANCA SALAZAR - 1.07.09
Foto: Arona (Tenerife), vista - D.Garuti, laopinion.es
Granada: El fiscal solicita once años de inhabilitación para Del Ojo
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LAOPINIÓN* : La Fiscalía de Granada acusa al ex diputado nacional del PP José Luis del Ojo de un delito continuado de prevaricación cometido durante su etapa como concejal de Urbanismo en los Ogíjares y solicita que sea condenado a 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El fiscal considera que Del Ojo intervino para favorecer a determinadas empresas constructoras adjudicándoles directamente obras durante su etapa como alcalde en funciones del municipio, en julio de 2005. José Luis del Ojo fue edil de Urbanismo desde 2003 hasta 2006.
En el escrito de acusación solicita además que se decrete la apertura de juicio oral, una vez que el juzgado de instrucción pasó el caso a procedimiento abreviado. Los cargos que le imputa el fiscal se centran exclusivamente en los "encargos verbales" a la empresa constructora García Mejías de la ejecución de obras en el Ayuntamiento, una plaza y varias calles del municipio, y a la empresa DH2G Reparación Estructurales S.L.U. los trabajos de reforma de otra vía de la ciudad, actuaciones que se llevaron a cabo entre el 8 de agosto el 19 de septiembre de 2005.
El fiscal detalla que dado que todos estas intervenciones tenían la condición de "contratos menores" ya que su cuantía era inferior a los 30.020,61 euros, tal y como establece ley, su tramitación sólo exigía la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de las facturas y el presupuesto.
En el escrito se afirma que Del ojo conocía perfectamente este procedimiento. Pese a ello adjudicó "directamente" los trabajos sin cumplir con "los trámites necesarios y sin que se emitiera informe alguno por parte de la Secretaría, del Servicio de Contratación y de la Intervención" del Ayuntamiento de los Ogíjares. El fiscal deja claro que el entonces edil de Urbanismo tenía la intención de "favorecer" a estas empresas y que por eso encargó las obras "sin cumplir los requisitos necesarios". El acusado "eludió" los requisitos de publicidad e imparcialidad en la contratación que garantizan la objetividad de la administración en la contratación pública, destaca el fiscal.
En el escrito se recuerda que José Luis del Ojo recurrió a los técnicos municipales para que emitieran "los informes necesarios para avalar el fraccionamiento" de los pagos a estas empresas. De esta forma se garantizaba, según el fiscal, esquivar los trámites de la contratación y pasar los pagos por cuantías inferiores a los 30.020,61 euros. Sobre la adjudicación a UCOP de la construcción de la Casa de la Cultura, el fiscal sostiene que Del Ojo diseñó un procedimiento "para evitar la presencia de cualquier otra empresa en la licitación". UCOP presentó una propuesta de 4,18 millones. El Ayuntamiento adjudicó el contrato a UCOP en 606.000 euros y cuatro meses más tarde aprobó otra adjudicación (nunca se habló de dos fases) por 3,58 millones, justamente la cantidad que restaba para alcanzar los 4,18 millones de la propuesta inicial.
* La Opinión de Granada - P.M. - 1.07.09
Foto: Ogíjares (Granada) - andalucia.org
El juez del 'caso Malaya' destapa un pelotazo en El Puerto del empresario Lores
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LAVOZ/Cádiz* : Los negocios inmobiliarios del empresario portuense Manuel Lores vuelven a estar bajo sospecha. El juez que instruye el caso Malaya por corrupción urbanística en Marbella ha elevado a los juzgados de El Puerto de Santa María la documentación sobre una operación de compraventa de terrenos realizada por Lores a la empresa municipal suelo y vivienda de la localidad, Suvipuerto, y de la que obtuvo un importante beneficio tras venderla de inmediato a otra sociedad inmobiliaria.
El juez del caso Malaya ha separado esta operación del resto de actuaciones que se siguen por los casos de corrupción en Marbella.
Manuel Lores, empresario de la construcción y ex presidente del Rácing Portuense,, se encuentra procesado en la tercera fase del caso Malaya y eludió la prisión tras pagar una fianza de 50.000 euros.
Ahora, serán los tribunales gaditanos los que estudien si hubo o no un delito de prevaricación administrativa en la compra de suelo para la construcción de pisos. Lores compró cinco fincas a la empresa municipal Suvipuerto en la zona conocida como Caja de Aguas, en la avenida de Diputación, por 10.621.654 euros y las vendió el mismo día de su adquisición, 8 de junio de 2007, según el auto del Ministerio Fiscal, a una inmobiliaria por 3,5 millones de euros más.
La construcción de viviendas en el paraje Caja de Aguas, a tiro de piedra del Carrefour de El Puerto, se remonta al 15 de septiembre de 2005 cuando el Ayuntamiento, presidido entronces por el independiente Hernán Díaz, compra a través de Suvipuerto dicho solar a los hermanos Ruiz Herrera por cuatro millones de euros. El Consistorio destinaba esta zona a la promoción de vivienda pública.
Sin embargo, tres meses después, el 19 de diciembre de 2005, el propio Hernán Díaz proponía en un Consejo de Administración de Suvipuerto la venta de esta parcela al empresario Manuel Lores para la promoción tambien viviendas de renta libre. De esta forma, Suvipuerto se encargaría de la urbanización y de la construcción de viviendas protegidas, mientras que Lores haría también VPO y pisos de renta libre. Esta iniciativa quedó sobre la mesa al pedir el resto de grupos políticos un concurso público para su adjudicación.
Dicho y hecho. Hernán Díaz convocó un nuevo Consejo de Administración de Suvipuerto para el 12 de enero de 2006, donde se presentaron cuatro empresas a la oferta. Se trataba de Promociones Lorcrimar, Décima Res SL, Chiclana 2000 y Hogar Sur. El concurso de venta se adjudicó a Promociones Lorcrimar por 8.778.225 euros más IVA, con la abstención de IU. Se trataba de cinco parcelas que suman una superficie de 20.000 m2. Según el Consistorio, Promociones Lorcrimar había persentado «la oferta más solvente» y se vendía a precio de mercado. Lores participaba en este concurso con otras dos empresas: Décima Res y Chiclana 2000.
El contrato establecía la construcción de 275 viviendas, de las que 157 levantaba Lores y el resto Suvipuerto para sortearlas como viviendas protegidas de priomoción pública. Suvipuerto se comprometía ademá a urbanizar la parcela, conocida como el Peri CC-17.
Esta operación creó polémica y fueron los concejales de IU quienes denunciaron el caso por falta de trasparencia. Por su parte, el ex concejal de Urbanismo de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, declaró ayer que la operación se hizo por concurso público y «Suvipuerto puso precio de mercado y se actuó con legalidad».
El juez del juzgado de Instrución Número 5 de Marbella, Óscar Pérez, ha acordado abrir una pieza separada y desglosar de la causa de corrupción en Marbella esta actuación e incide, según el auto, en la venta de estos terrenos. Lores cristalizó la compra de los terrenos adjudicados un año después, justo cuando se aprobó la urbanización de Caja de Aguas, y consta en el auto judicial que el mismo día vendió la parcela a una sociedad inmobiliaria por 14.729.000 euros. La ganancia de Lores en un día fue de 3.533.056 euros, lo que supone, según el juez, una minusvaloración en el precio de venta por parte de Suvipuerto de 38,58%.
El juez decano de El Puerto tiene la documentación enviada desde Málaga para su investigación.
Hoy, en este suelo de Caja de Aguas, la empresa a la que vendió Lores la parcela sigue con la construcción de pisos y Suvipuerto ultima la urbanización del entorno.
* La Voz Digital - JAVIER RODRÍGUEZ / HUGO SIMÓN
| CÁDIZ / MÁLAGA - 30.06.09
Foto: Anuncios de Suvipuerto en el paraje Caja de Aguas en la parcela, objeto de la compraventa. / ANTONIO VÁZQUEZ, lavozdigital.es
Arona: El alcalde, acusado de tráfico de influencias y malversación
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LAOPINIÓN/Tenerife* : Malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación son los tres delitos imputados hasta ahora al alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, en el marco del conocido como Caso Arona, según trascendió ayer al hacerse pública la decisión del juez instructor de ese procedimiento, el aronero y chasnero Nelson Díaz Frías, de levantar el secreto de sumario de esta causa que se empezó a instruir en marzo de 2007...
... a raíz de la documentación que el portavoz del PSC aronero, Francisco García Santamaría, entregó a la Audiencia y que desencadenó que la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo interpusiera la querella que derivó en la imputación de los ocho integrantes de la Junta de Gobierno aronera de la etapa 2003-2007 por delitos de prevaricación simple y continuada contra la ordenación del territorio.
Ese levantamiento de secreto también ha permitido confirmar que el que fuera edil de Urbanismo de Arona entre 1999 y 2003, actual consejero insular y edil de la oposición aronera, Félix Sierra Melo (PP), está imputado por presuntos delitos de cohecho, trafico de influencias y prevaricación.
Entre las novedades figura la imputación de nuevos ediles incorporados al gobierno aronero este mandato, entre ellos el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Sosa Carballo, que acumula sobre sí los mismos cargos que el alcalde (malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación).
En el bloque de nuevos imputados están también la edil de Servicios Sociales, Clara María Pérez Pérez, acusada de presuntos delitos prevaricación y tráfico de influencias, así como el edil de Personal y Policía Local, Manuel Reverón, y la concejal de Hacienda, María Candelaria Padrón González, quienes han sido imputados por prevaricación, tráfico de influencias y omisión del deber de denunciar. Además, ha sido imputada por esos mismos delitos Gladys Tacoronte Sánchez, jefa de Alcaldía, mano derecha y cuñada del alcalde.
Asimismo, están imputados varios trabajadores del Ayuntamiento (incluyendo tanto a técnicos como a encargados de concesionarios), técnicos externos, policías locales (incluso mandos) y empresarios. Se baraja también la imputación de personal de banca.
Este procedimiento arrancó poco antes de las elecciones de 2007 con la imputación de los ocho integrantes de la anterior junta de gobierno (CC, PP y CAN) por presuntos delitos de prevaricación. En diciembre de ese año un testigo relató al juez una supuesta trama de cobro de comisiones vinculada a la concesión de licencias urbanísticas, provocando (además de la declaración del secreto de sumario ahora levantado) el encarcelamiento del entonces arquitecto jefe de Urbanismo, Eliseo de la Rosa, del aparejador municipal, Roberto de Luis, del empresario Arsenio Zamora y del arquitecto Zenón Rodríguez (citados para volver a declarar el próximo 6 de julio).
Habrá que esperar a que trascienda el contenido de ese sumario para saber si permanecen imputados los ediles de la anterior junta de gobierno (Sebastián Martín, Juan José Alayón, Alfonso Barroso, Manuel Barrios, José Luis González, Daniel Martín) y para saber la lista completa de imputados hasta ahora en este proceso que deparará novedades a partir de la semana que viene, ya que arranca una ronda de citaciones judiciales que se prolonga hasta septiembre. El alcalde ha sido citado para el día siete, Sierra para el ocho, y los nuevos políticos imputados para los días sucesivos.
* La Opinión de Tenerife - BLANCA SALAZAR | ARONA - 30.06.09
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
España, a la cola de Europa en la lucha contra la corrupción
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LEVANTE* : España es uno de los peores países industrializados de la OCDE en las categorías de buen gobierno y lucha contra la corrupción, según un informe del Banco Mundial (BM) publicado hoy, que evalúa la situación en más de 200 países. La octava edición de "Los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno" muestra que España no sólo no ha mejorado en la última década en los seis parámetros que evalúa el estudio, sino que ha empeorado en apartados como el de la "Efectividad gubernamental", que mide el funcionamiento de la burocracia estatal.
En general, en todas las dimensiones de gobernabilidad, España está por debajo de la media de la OCDE, aunque figura por encima de países como Italia, Grecia y Chipre.
Para Daniel Kaufmann, ex director anticorrupción del BM y coautor del informe junto con el economista del Banco Mundial Aart Kraay, el que un país haya logrado entrar en el club de los ricos de la OCDE "no garantiza que es un modelo de buen gobierno".
"Países como Italia, Grecia, España y EEUU, por nombrar sólo algunos, afrontan desafíos en varias dimensiones de gobernabilidad y no son siempre modelos a seguir como algunos de los países nórdicos o Nueva Zelanda, por ejemplo", dijo a Efe Kaufmann, en la actualidad analista del centro de estudios Brookings Institution.
Los autores del informe definen gobernabilidad como las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país, lo que incluye la forma en la que se seleccionan, controlan y reemplazan los gobiernos, así como la capacidad de estos para formular e implementar políticas sólidas.
A eso se suma el respeto de los ciudadanos y el estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas sociales y económicas entre ellos.
El estudio, en el que participaron decenas de miles de personas de todo el mundo, desde ciudadanos de a pie, hasta expertos del sector privado, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y representantes del sector público, incluye seis grandes apartados.
El primero es el de "Voz y responsabilidad", que determina hasta qué punto los ciudadanos de un país son capaces de participar en la selección de sus gobiernos, así como de disfrutar de libertad de expresión, asociación y una prensa libre.
España ha tenido estabilidad en esa categoría durante la última década con un rango percentil de casi el 87 en el 2008, lo que implica que hay 25 países mejores, entre ellos Suecia, Noruega, Nueva Zelanda y Luxemburgo.
El segundo capítulo, que analiza la "Estabilidad política y ausencia de violencia-terrorismo", muestra a España con una puntuación baja debido al problema planteado por ETA.
Uno de los puntos más preocupantes para España es el de la "Efectividad gubernamental", en el que ha habido un deterioro significativo desde 1998, cuando el país estaba entre los 20 mejores del mundo y en línea con la media de la OCDE.
En la actualidad, no se encuentra ni siquiera entre los 40 mejores, con un rango percentil de 80 durante el pasado ejercicio, lo que lo coloca por debajo de países en desarrollo como Chile.
En "Calidad regulatoria", que determina la habilidad de los gobiernos para poner en marcha regulaciones que impulsen el sector privado, España se ha mantenido estable y está entre los 25 mejores países del mundo.
Otra categoría estable es la de la "Aplicación del derecho" que refleja la confianza en el sistema legal y el cumplimiento de las normas establecidas. España es el 30 de la clasificación.
La última categoría, el "Control de la corrupción", determina hasta qué punto el poder público actúa en beneficio del conjunto de la ciudadanía, al luchar contra la corrupción a pequeña y gran escala y contra la "captura" del estado por las elites económicas y los grupos de interés.
España mejoró gradualmente entre 1996 y el 2003, desde un rango percentil de 84 en 1996 a 90,3 en el 2003.
La situación se deterioró en el 2006, con un registro de 83,5 y mejoró ligeramente en el 2008, hasta 85, lo que deja a España prácticamente en el mismo lugar que hace 10 o 12 años, es decir en una buena posición pero no estelar, ya que hay 35 países mejores.
* Levante-EMV - EFE - 29.06.09
Viñeta: El Roto - corrupción (El País)
Palma: La alcaldesa deberá pagar 1.000 euros al mes de multa si no derriba unas obras ilegales
DIARIODEMALLORCA* : La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, dispone del plazo de dos meses para que dé las instrucciones oportunas a los servicios jurídicos y técnicos municipales para que éstos establezcan una "hoja de ruta" para la ejecución de una orden de demolición de unas obras ilegales que se realizaron hace más de 20 años.
Así lo establece la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en un auto dictado a principios del presente mes de junio, aunque conocido ayer. La resolución judicial establece que, en caso de incumplimiento, la alcaldesa deberá hacer frente con "su patrimonio personal" a multas pecuniarias coercitivas, previa audiencia de la afectada, a razón de 1.000 euros mensuales durante los tres primeros meses, y de 600 euros semanales hasta el total cumplimiento de lo acordado.
La demolición afecta a unas obras de parcelación ilegal iniciadas en 1987 "en el ángulo obtuso" de la calle Tarragona, situada en la barriada de Son Anglada. Si bien inicialmente las obras consistían en la apertura de dos viales, la ejecución de una zanja y la supresión "de unos 15 almendros", ahora, tras más de 20 años, se levantan un total de 14 viviendas, todas ellas ilegales, y que cuentan también con expedientes de infracción urbanística abiertos.
La sentencia que el auto del TSJB obliga a la alcaldesa a ejecutar incluye expresamente "la demolición de las obras realizadas en dichos terrenos de parcelación ilegal", hecho que, en principio, afectaría también a las 14 viviendas. No obstante, desde el Ayuntamiento han solicitado una aclaración de la resolución en este sentido, por cuanto, si bien todas las casas cuentan con expedientes de infracción, ninguno de ellos ha llegado al punto de ordenar el derribo.
El Alto Tribunal es consciente de la "complejidad" de la ejecución de la demolición, aunque insiste en que "es preciso fijar pautas temporales para la completa ejecución de la sentencia dado que el Ayuntamiento ha mostrado hasta la fecha un absoluto abandono del deber de restitución de la legalidad que, por ley, le viene impuesto".
Por ello, "a efectos de ordenar esa compleja ejecución" se concede al Ayuntamiento el plazo de dos meses para que los servicios técnicos y jurídicos establezcan una "hoja de ruta" con las sucesivas etapas por las que la ejecución deba atravesar.
No obstante, la sala considera que la ejecución de la sentencia debe realizarse en el plazo máximo de 24 meses. En diez días Cort deberá identificar ante la Sala a los actuales propietarios de los terrenos afectados con sus correspondientes parcelas. La Sala establece también que el Ayuntamiento debe notificar a los propietarios afectados.
Las obras ilegales fueron denunciadas por la asociación de vecinos de Ses Cases de Son Anglada en 1987. Un informe del celador municipal que data de septiembre de este mismo año constata la ilegalidad de las obras. Con posterioridad, este mismo mes, la gerencia de Urbanismo ordena la paralización y, en junio de 1988, la demolición de las obras.
El alcalde Ramón Aguiló designó en junio de 1989 a la empresa para ejecutar la demolición. En 2001 se dicta un decreto para disponer la ejecución subsidiaria y, desde esta fecha hasta febrero de 2009, el expediente ha estado paralizado durante ocho años.
* Diario de Mallorca - JOSEP CAPÓ. PALMA - 30.06.09
Foto: Las obras ilegales están situadas en la calle Tarragona de Son Anglada Foto: B. Ramon, diariodemallorca.es
52 Detenidos por ocupar el Casino de Madrid para denunciar especulación
ADN* : La Policía Nacional ha detenido a 52 personas que han participado esta mañana en la ocupación del Casino de Madrid, a las que acusa de coacciones, allanamiento y desórdenes públicos durante una protesta para denunciar que "la crisis no la pagan quienes se benefician de la especulación".
Según ha confirmado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, las detenciones se han practicado durante la citada ocupación, que comenzó a las once de la mañana en el edificio del Casino, ubicado en la céntrica calle de Alcalá, por parte de un centenar de personas que entraron en el mismo y colgaron una pancarta con la leyenda "Por estas puertas no entra la crisis".
Media hora después la Policía Nacional ha intervenido y, aunque no se han registrado incidentes, ha detenido a 52 personas que han sido trasladadas a dependencias de la Brigada Provincial de Información.
El colectivo "Rompamos el Silencio", convocante de la ocupación, ha explicado que se ha tratado de un acto pacífico y que "no ha habido violencia ni sobre las cosas ni sobre las personas", por lo que creen que no hay motivos para las detenciones.
Esta protesta se enmarca en la semana de movilizaciones convocada por el citado colectivo para, entre otros objetivos, reivindicar la creación de espacios autogestionados y denunciar la privatización de servicios públicos como la enseñanza o la sanidad.
El primer acto tuvo lugar el pasado sábado, cuando una treintena de personas ocupó el edificio de los antiguos cines Luna de Madrid, en la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta.
* ADN - EFE - 29.06.09
Foto: Casino Madrid - centrodemedios.org
La Unesco pide parar la Torre Pelli
ELPAÍS/Sevilla* : El Comité Anual del Patrimonio Mundial de la Unesco aprobó ayer en su 33ª reunión una resolución en la que pide a España que "cesen todos los trabajos de construcción [de la Torre Pelli] hasta que el Estado haga una evaluación completa del impacto del proyecto de desarrollo sobre el valor universal de los bienes patrimonio mundial".
Es decir, la Unesco quiere que España detalle el impacto del edificio de 178 metros sobre la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias.
La resolución 33 COM 7B. 123 referente a Sevilla fue aprobada ayer por asentimiento. En cuatro puntos, el Comité de Patrimonio Mundial expresa "su preocupación en cuanto a la ausencia de información remitida por el Estado parte [España] respecto al proyecto de Cajasol". De este modo, el informe que previsiblemente encargue España, lo analizará el comité internacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), que dará su parecer al Comité de Patrimonio Mundial en su próxima edición que se celebrará en Brasilia en 2010.
"El paso dado ayer es como cuando un juez admite a trámite una querella. Tras la oposición de Icomos a la torre Cajasol, ahora se ha admitido a trámite y luego entraría en la lista del patrimonio en peligro, en caso de que ignoraran las resoluciones", subrayó uno de los expertos reunidos esta semana en Sevilla. La capital andaluza atesora esta distinción sobre su conjunto artístico desde 1987. Un ejemplo de que la Unesco cumple sus amenazas se dio el pasado sábado, cuando los 21 países que forman este órgano decidieron expulsar de la lista del Patrimonio Mundial al valle del Elba, en Dresde (Alemania) por la construcción de un puente.
Asimismo, en la resolución aprobada ayer la Unesco pide a España definir un entorno de protección para los bienes de Patrimonio Mundial, y que este informe se envíe antes del próximo 1 de febrero de 2010. También el acuerdo aclara que es el Estado parte "el que tiene que mandar a la Unesco cualquier proyecto que pueda afectar al Patrimonio Mundial". Ahora será, previsiblemente, el Ministerio de Cultura el que encargue "la evaluación completa del proyecto" y reclame la paralización cautelar de las obras.
* ELPAIS.com - J. M.-A. / M. P. - Sevilla - 29/06/2009
Foto: Sevilla, montaje torre Cajasol - diariodesevilla.es
Centenares de vecinos protestan contra las obras de la Brilat en los montes de Salcedo
FARODEVIGO* : “A veces parece que estamos gobernados por extraterrestres”, declaró un portavoz de la Organización Galega de Comunidades de Montes, al observar las obras que el Ministerio de Defensa realiza en los terrenos forestales de Salcedo. Unos setecientos vecinos de Pontevedra, Marín y Vilaboa le acompañaban en la manifestación convocada contra las obras de la Brilat.
El Ejército construye en estos montes comunales la recreación de una aldea afgana y un espacio urbano para el entrenamiento de los soldados. Las obras afectan a un yacimiento prehistórico, por lo que la Xunta de Galicia ha solicitado al ministerio que detenga los trabajos.
La movilización de ayer discurrió por las inmediaciones de la base militar General Morillo, sede de la Brilat, ante la vigilancia de la Policía Nacional y Militar. Los lemas de la protesta eran “Contra a franxa de seguridade”, “Contra as obras ilegais no monte”, “Contra a expansión da base militar”, “Contra o destrozo do medio ambiente e do patrimonio cultural”, “Pola defensa dos nosos montes comunais” y “Pola liberdade de vivir sin dependencia militar”. Acudieron, entre otros representantes públicos, el alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro, el parlamentario del BNG Bieito Lobeira, o los concejales de Pontevedra Demetrio Gómez y Luis Bará. También asistieron portavoces de colectivos como las comunidades de montes de Lourizán, San Xulián de Marín, Vilaboa, Figueirido, la Asociación pola Defensa da Ría, Briga, o el colectivo ecologista “Vaipolorío”, entre otros.
Los convocantes, vecinos y afectados de Salcedo, denuncian que el Ejército está “usurpando” el monte fuera de los límites del acuartelamiento de la Brilat, y que el Ministerio de Defensa está imponiendo una serie de normas preconstitucionales, como la franja de seguridad de 300 metros en torno al cuartel, que afectan a la calidad de vida de los residentes, al valor de sus propiedades y al desarrollo urbanístico en general de la parroquia y del municipio. Instaron por ello al Concello y a la Xunta de Galicia que “se deixen de cortesías entre institucións” y reclamen la devolución del monte comunal a sus “legítimos propietarios”.
La movilización discurrió ante la “aldea afgana” construida por el Ejército en el lugar de Muimenta y evitó adentrarse en el perímetro de seguridad del cuartel, cuyos accesos estaban custodiados por la Policía y los soldados de la base. Concluyó en el campo de fútbol do Casal, donde se había organizado una comida popular.
En la lectura del manifiesto final, los convocantes recordaron que son casi 29.000 hectáreas de terreno las afectadas por esta intervención del ministerio en los montes comunales y otras zonas incluidas en la franja de seguridad.
La “capitalidad”
El hasta ayer portavoz de la comisión de afectados, Fernando Pintos (deja el cargo para dedicarse a la presidencia de la Comunidad de Montes), apuntó que si el gobierno local y miles de pontevedreses se manifestaron el pasado 19 de junio “en defensa de la capital”, los terrenos “usurpados” por la base militar también forman parte de esa “capital”, y la afección que genera la base militar provocará que los jóvenes de la zona tengan que abandonar en el futuro las parroquias afectadas.
Recordaron una vez más que los montes vecinales en mano común son indivisibles, inalienables e inembargables, y que son propiedad de los vecinos y no de los concellos ni de las administraciones. “Son o exemplo máis puro de democracia que queda hoxe”, indicaron los manifestantes en la lectura del manifiesto final.
* Faro de Vigo - F. MARTÍNEZ - PONTEVEDRA
Foto: Una vista de la movilización vecinal que discurrió por los montes de Salcedo. Rafa Vázquez, farodevigo.es
La investigación a Bárcenas revela una red de facturas falsas de una constructora del AVE
ELPAÍS* : La investigación de la trama corrupta vinculada a administraciones gobernadas por el PP ha destapado una red de empresas pantalla que emitían facturas falsas para justificar supuestos pagos de Constructora Hispánica (una de las empresas adjudicatarias del AVE a Barcelona y a Valencia) a proveedores ficticios. Un alto directivo de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, está imputado por el supuesto pago de 1,6 millones de euros a la red que dirigía Francisco Correa.
Parte del dinero, según los documentos de contabilidad interna requisados por la policía en las sedes de las empresas de Correa (reproducidos en el gráfico adjunto), acabó en manos de Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular. La Agencia Tributaria considera que tanto Constructora Hispánica como las empresas pantalla con las que operaba han podido incurrir en un delito contra la Hacienda Pública.
La investigación arrancó de una conversación de Correa grabada sin que él lo supiera por quien entonces era su amigo, José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda (Madrid). "Le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. Se lo he llevado a Génova (sede del PP) y a su casa. Todo de adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Sé dónde los tiene, cómo los saca de España y el paraíso fiscal", se oye decir a Correa en esa grabación.
Tres testimonios
La Fiscalía Anticorrupción interpreta que los 1.000 millones de pesetas a los que se refiere "procederían de la labor de intermediación realizada por Francisco Correa con empresarios en las adjudicaciones de obras".
Otro ex edil de Majadahonda expulsado por el PP, Juan José Moreno Alonso, ratificó la versión: "Oí decir a Correa que había entregado dinero al señor Bárcenas". La Fiscalía suma un tercer testimonio sobre estos pagos al tesorero. Isabel Jordán, ex directiva de una de las empresas de Correa, declaró al juez: "Siempre hablaban mucho, estaban siempre hablando de los cabrones de Génova, y hablaban del señor Bárcenas. En algunas conversaciones sí salía el señor Bárcenas, del dinero que le habían dado, que era un cabrón, que no les estaban dando trabajo, que le cortaron el flujo de trabajo que tenían".
Los amigos del tesorero del PP siempre alegan en su defensa que fue él quien rompió con Francisco Correa en 2004, cuando supo que utilizaba su nombre para hacer negocios inmobiliarios en la sierra de Madrid.
Entre la documentación requisada durante la intervención policial contra la red corrupta hay unos folios, hallados dentro de una carpeta azul localizada en la casa del contable de la trama, José Luis Izquierdo, donde se registraban algunas operaciones de cobro de comisiones a constructores. Entre ellos figuraba García Pozuelo, directivo de Constructora Hispánica, quien entre 2002 y 2003 hizo dos desembolsos de casi 1,6 millones de euros a la trama corrupta, que a su vez lo distribuía entre varias personas. Una de ellas era L. B., al que la investigación identifica como Luis Bárcenas, que habría cobrado un primer pago de 270.000 euros en 2002 y un segundo de 330.000 euros en diciembre de 2003.
Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento. Antes de ese momento y después de que el PP perdiera las elecciones, Constructora Hispánica también logró contratos del AVE. La investigación, que en realidad está en fase incipiente, según se destaca en varios documentos, aún no ha analizado esa vinculación de esta constructora con las obras del AVE.
El informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario señala que Constructora Hispánica justificaba pagos con facturas falsas que emitían empresas que carecían de personal, o de estructura suficiente para prestar servicios o, en algunos casos, resultaron ilocalizables para Hacienda.
Precisamente Álvarez-Cascos es, según diversas fuentes del PP, una de las personas cercanas a Bárcenas que más está empujándole a que resista y no dimita, y el que con más ahínco defiende internamente la inocencia del tesorero, mientras la mayoría de los dirigentes prefiere que dimita cuanto antes para no hacer más daño al partido.
* ELPAIS.com - J. M. ROMERO / C. E. CUÉ - Madrid - 29/06/2009
Foto: Tren AVE - cincodias.com
El Foro de Urbanismo Crítico rechaza el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado sobre la Fábrica de Gas
ELCOMERCIO/Oviedo* : El Foro de Urbanismo Crítico rechazó hoy la resolución de la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Asturias sobre la antigua Fábrica de Gas de Oviedo, así como el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo autonómico por entender que "destruirá un patrimonio industrial de más de 150 años de historia".
Según indicó a Europa Press el concejal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz) en el Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, el Foro denuncia la "conjura" entre ambas administraciones por permitir "hacer viviendas millonarias pegadas a la Catedral cuyo objetivo es beneficiar a la empresa Hidrocantábrico en vez de preservar el terreno como espacio cultural para la ciudad".
El Foro también analizó y criticó la actitud de la empresa eléctrica que entiende que "lejos de favorecer a la ciudad pretende por segunda vez sacar rendimiento especulativo de unos terrenos como hizo hace diez años en Ciudad Naranco".
Por ello, desde el Foro de Urbanismo Crítico proponen al Ayuntamiento de Oviedo, al Gobierno del Principado y a la empresa que lleguen a un acuerdo para "devolver eses espacio como patrimonio cultural a los ciudadanos de Oviedo".
También acordaron hacer una asamblea y continuar con la recogida de firmas sin descartar llevar a cabo movilizaciones, entre otras actuaciones.
* El Comercio Digital - E.P. - 27.06.09
Foto: Oviedo, fábrica de Gas - rtpa.es
Eibar: Un colectivo ciudadano califica Erisono de «atentado al patrimonio natural»
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ELCORREO/Guipúzcoa* : Arrate Balle Bizirik Taldea, un colectivo de ciudadanos «preocupados por el urbanismo» en Eibar, ha expresado su preocupación por las obras de construcción del parque tecnológico que Tekniker proyecta en la zona de Erisono al considerar que constituyen «un atentado al patrimonio natural y una afrenta al sentido común».
En un comunicado que ha hecho público y ha distribuido durante estas fiestas, este colectivo considera que Tekniker «ha tenido y tiene más de una ubicación posible en zonas más adecuadas para ello, sin tener que causar el importante impacto al patrimonio natural que con esta ubicación se materializa».
Arrate Balle Bizirik Taldea denuncia, además, la forma en que se han ido realizando las obras hasta el momento, «saltándose las normas legales de impacto medioambiental». Y en ese sentido, creen que la población eibarresa «no ha sido ni está siendo debidamente informada de esta obra».
Visión a corto plazo
Por otra parte, manifiestan que en el Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento para este ámbito se contemplan en Erisono una serie de edificios «de los cuales algunos alcanzan entre once y treces alturas que supondrán un efecto impactante añadido».
Desde este colectivo se dirigen duras críticas al Ayuntamiento de Eibar por considerar que esas decisiones en torno al proyecto de Erisono «reflejan una visión cortoplacista, que casa muy poco con el concepto de desarrollo sostenible que se dice defender, alejándonos de una ciudad más verde, más saludable y más racional, hipotecando una vez más el futuro de nuestra ciudad». En estos momentos, el proyecto se encuentra en la fase de excavaciones del terreno.
* El Correo Digital - 28.06.09 -
R. Z. - EIBAR
Foto: Fotomontaje de lo que será el polo tecnológico una vez materializado. / EL CORREO
Alquerías históricas de Valencia peligran por falta de rehabilitación
ELPAÍS* : A los aspirantes a ordenanza del Ayuntamiento de Valencia les exigían hace unos años conocer la alquería de Volante por ser un edificio relevante de la ciudad. Hoy está abandonada en medio de las obras del AVE. Sufrió un incendio, al igual que otra alquería en Benicalap, una en Torrefiel y otra en San Isidro. La alquería Dels Moros se mantiene en pie con puertas y ventanas tapiadas, y los muros llenos de graffiti.
A poca distancia, la de La Torre se ha convertido en refugio de familias de gitanos rumanos. La alquería Del Pi en la pedanía de Casas de Bárcena se mantiene en pie porque está apuntalada. Llegó a incluirse en un circuito de puntos de interés turístico de L'Horta, pero hoy cuesta imaginar que fue "una atractiva factoría rural del seiscientos valenciano".
Esta descripción es del Catálogo de Arquitectura Rural de Valencia elaborado en 2003 con el fin de reforzar la protección del patrimonio vinculado a la huerta. La intención no pasó del documento, que incluye fotografías de una parte del más de un centenar de alquerías, casas rurales, molinos y otras edificaciones de valor histórico y artístico. En muchos casos, la comparación con el estado actual de los inmuebles es deprimente. La falta de rehabilitación ha acelerado su deterioro. Por el mismo camino de la ruina transitan otra cincuentena de inmuebles que se incluyeron en el catálogo circunscrito al suelo urbano, que también incluye un grupo de alquerías, además de joyas como la fábrica Ceramo en Benicalap o la Casa del Relojero junto a la catedral.
Ambos catálogos están por aprobar, como denunció recientemente el concejal socialista Juan Soto. Su petición de un plan de rehabilitación específico del patrimonio rural y de ayudas a los propietarios pinchó en hueso. El responsable de Urbanismo, Jorge Bellver, replicó que se han recuperado en los últimos años más de 20 alquerías para servicios públicos, con la fuerte inversión que implican estos proyectos. Será la revisión del plan general urbano (PGOU) la que dé "mayores garantías" para la conservación de alquerías y les conceda una protección mayor que la actual, añade.
Pero la protección legal no es suficiente, como demuestra el caso de la alquería Dels Moros en Benicalap, que fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2004 y está pendiente de restauración. "Se trata de uno de los mejores ejemplos de la arquitectura señorial de los siglos XV y XVI", afirma el catálogo municipal, que destaca también la alquería próxima de La Torre, otra pieza básica de la arquitectura rural pendiente de recuperar. Esta casa, con un antaño fabuloso jardín, está propuesta junto a otras siete como Bien de Relevancia Local (BRL) del nuevo PGOU, lo que subraya su relevancia para el patrimonio.
Una parte de esas alquerías que gozarán de mayor protección está en manos públicas, como la Dels Moros y la Del Pi en Casas de Bárcena, mientras que otras, también necesitadas de rehabilitación, son privadas, como la del Rei (prevista para restaurante en la ampliación del Bioparc), la de Ferrer, la alquería Fonda o la de Rocatí, incendiada en mayo del año pasado. Unas y otras, según insisten los socialistas, necesitan un plan y un sistema de incentivos para no acabar en un montón de ruinas.
El plan territorial de protección de la huerta histórica de Valencia que ultima la Consejería de Medio Ambiente ha devuelto al primer plano la importancia del patrimonio asociado a la cultura agraria de la ciudad y las comarcas de L'Horta, y puede suponer un impulso a su protección, tal vez el último posible. La revisión del PGOU necesariamente deberá coordinarse con el plan territorial, que incluirá las piezas de arquitectura rural más representativas que han configurado el paisaje de la huerta. En ese contexto, el término municipal de Valencia destaca con ejemplos de la "mejor arquitectura rural", entre otros motivos porque las grandes familias del reino vivían en la ciudad y solían construir una alquería a las afueras para las épocas de calor o pestilencias, según explica el arquitecto Miguel del Rey, autor del catálogo de arquitectura rural y autor, junto a otros especialistas de Alqueries. Paisatge i arquitectura en l'horta, editado por el Consell Valencià de Cultura. "La arquitectura rural es el símbolo de la raigambre de cualquier sociedad, es el icono básico al que hace referencia la memoria cuando necesita una imagen que simbolice el vínculo con la naturaleza", destaca la introducción del libro. Para no perder esa memoria es esencial que la huerta preserve ejemplos de los distintos tipos de casas, barracas y alquerías. En esa línea, Del Rey, que también colabora en el plan de la huerta de la consejería, subraya la importancia de que las rehabilitaciones sean cuidadosas y estén en manos de profesionales, que respeten las formas y características de los diferentes tipos de edificación. Son los "eslabones" de una cadena que recorre más de 700 años de historia. Que no se rompa.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 28/06/2009
Foto: La alquería de La Torre (en una imagen de finales de 2007) está abandonada y ha sido ocupada temporalmente en varias ocasiones.- TANIA CASTRO, elpais.com
