El TSJ confirma la anulación urbanística de la pista de esquí de Villavieja

ELMUNDO/Valladolid* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la anulación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tordesillas del 4.10.2006 por el que se otorgó la autorización de uso excepcional en suelo rústico para la construcción de la pista de esquí seco de Villavieja del Cerro (Tordesillas), promovida por la Diputación de Valladolid a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, Sodeva.

La sentencia ratifica que se han vulnerado en la forma y en el fondo la normativa urbanística y la Ley de Montes, y reitera la ausencia de interés público en el proyecto de la Diputación, según informaron Ecologistas en Acción a través de un comunicado.

El TSJ ratifica punto por punto la argumentación de la Sentencia 58/08 de 22 de febrero de 2008, del Juez de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid. Así, se constata que en la tramitación del expediente administrativo no se respetó el trámite de información pública, practicándose la misma faltando "la documentación que permita conocer las características esenciales del emplazamiento y del uso propuestos y de las obras necesarias para su ejecución conservación y servicio, así como sus repercusiones ambientales".

La sentencia "confirma que no se ha acreditado la existencia de un interés público" en la obra, que faculte para su implantación en suelo rústico con protección, careciendo de validez la declaración realizada al respecto por Sodeva "desde su perspectiva obviamente interesada", constituyendo "el efecto dinamizador de la actuación" una explicación insuficiente para justificar su supuesto interés general, tal y como recoge el texto de Ecologistas en Acción.
Suelo rústico con protección natural forestal

Además, señalan que respecto al fondo del asunto, el TSJ deja claro que al estar clasificados los terrenos del emplazamiento elegido para la construcción de la pista de esquí como suelo rústico con protección natural forestal y paisajística por el Plan General de Ordenación Urbana de Tordesillas, "es innegable que el uso pretendido vulnera el planeamiento aplicable". Asimismo, se ratifica que los terrenos objeto de intervención sufrieron un incendio en 1999, y que la disposición de la Ley de Montes que prohíbe el cambio de su uso forestal al menos durante 30 años es plenamente aplicable "de suerte que lo relevante no es cuándo se produjera el incendio sino el momento en que se persigue el cambio de uso".

El TSJ rechaza la personación de Sodeva en el recurso de apelación e impone las costas procesales al Ayuntamiento de Tordesillas, en la que constituye hasta el momento la cuarta sentencia y la octava resolución judicial sobre "la polémica" instalación promovida por la Diputación Provincial de Valladolid. La sentencia no es recurrible.
La sentencia da la razón a Ecologistas en Acción

Se confirman así las críticas realizadas a esta obra por Ecologistas en Acción desde octubre de 2006. A las ilegalidades en la tramitación de los permisos, a los daños ambientales asociados a la conculcación de las normativas urbanística y de montes, se suma el nulo interés público del proyecto, que hay que recordar se financia con el dinero de todos, en especial de los vecinos de Villa del Prado, en Valladolid.

Este colectivo se "felicita una vez más" de que el "ánimo infractor" de la Administración no se beneficie de la lentitud de la Justicia, como ha ocurrido "en el caso de tantas y tantas obras y autorizaciones públicas, declaradas ilegales tras haberse ejecutado". Los ecologistas exigen responsabilidades a las "autoridades protagonistas de la promoción y autorización del fiasco de Meseta Ski, empezando por el presidente de Sodeva y vicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno", y esperan que este precedente sirva de ejemplo para eventuales nuevas "aventuras" de la institución provincial y otras administraciones, "demasiado acostumbradas a la política de hechos consumados".







* El Mundo - Ical - 4.06.09
Foto: Tordesillas (Valladolid), pista de esquí anulada - nortecastilla.es

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Condenado por prevaricación Ignacio Galipienzo, ex alcalde de Eguesibar

GARA/Navarra* : Ignacio Galipienzo, ex alcalde de UPN en Eguesibar, ha sido condenado a un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años por un delito de prevaricación por un caso de corrupción urbanística. Ha sido absuelto del cargo de cohecho.

El titular del Juzgado de lo Penal 4 de Iruñea ha condenado a Ignacio Galipienzo, alcalde de Eguesibar por UPN entre 1999 y 2003, a un año de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho por un delito de prevaricación.

Además, ha sido condenado como autor de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, igual que en delito de prevaricación, a una multa de siete meses con una cuota diaria de 150 euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, así como a la suspensión de empleo o cargo público por un año y tres meses.

En la sentencia, notificada hoy, el juez también condena al socio y amigo de Galipienzo José Luis Ruiz como cooperador necesario de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, con igual concurrencia de atenuante, a una multa de cuatro meses con cuota diaria de 25 euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y a la suspensión de empleo o cargo público por siete meses.

El juez ha absuelto tanto a Galipienzo como a José Luis Ruiz del delito de cohecho del que estaban acusados, e igualmente ha absuelto al resto de imputados en la causa: el asesor municipal, Jesús Marco; la arquitecta municipal, Nuria Alas; el director general de Aricam, Luis Galo, el consejero de este mismo grupo empresarial, Emilio Izquierdo; y Conchita Flores, propietaria de Construcciones Flores.

En el juicio, que comenzó el pasado 6 de mayo, cinco años después del caso de corrupción denunciado, el fiscal pidió para el ex alcalde de UPN 18 meses de prisión y una multa de 15.000 euros por prevaricación urbanística y negociaciones prohibidas.

Los hechos se remontan a 2003, cuando Galipienzo compatibilizaba su cargo de alcalde con su actividad profesional relacionada con proyectos urbanísticos. El entonces primer edil autorizó la venta de una parcela destinada a uso escolar para la construcción de un aparthotel, una operación por la que se embolsó 138.233 euros.





* Gara - 4.08.09
Foto: Eguesibar (Navarra) - flickr.com

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Derribadas 14 casetas ilegales de una playa protegida de Ibiza

ELPAÍS* : La piqueta no descansa en Ibiza contra las obras ilegales sentenciadas. Catorce casetas para guardar barcas, levantadas décadas atrás sin miramientos ni autorizaciones en plena zona de dominio público en la playa de Es Codolà, han sucumbido esta semana. Este área es una zona especialmente protegida del parque natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, que aún permanece a salvo del desarrollismo turístico a pesar de su cercanía al aeropuerto.

Se trata de un enclave casi virgen, abierto al mar del oeste, donde es tradicional ir a ver caer el sol en horizonte.

Las construcciones que interrumpían el paisaje y cegaban la perspectiva tenía 271 metros cuadrados. En su mayoría las casetas fueron alzadas como refugio de pequeñas barcas de recreo o pesca. Desde 1998, la dirección de Costas de Baleares, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, tenía un proyecto de demolición de la mitad de las edificaciones pero que se fue retrasando a causa de los materiales peligrosos con los que fueron construidas y que requerían un tratamiento especial.

Celestí Alomar, jefe de la demarcación de Costas y ex consejero de Turismo de Baleares, observa que en este caso y en otros previstos se actúa "con el objetivo recuperar el uso público de un tramo de costa y de su entorno". Los técnicos de Costas afirman que "se retiran casetas que privatizan el dominio público". "Limpiamos de materiales peligrosos la zona y eliminamos un impacto visual negativo que causan". El líder del PP, Miguel Jérez, intentó mediar a última hora a favor de los propietarios que construyeron las casetas.






* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 03/06/2009
Foto: Una excavadora derriba una de las 14 casetas para barcas construidas en una zona protegida de Ibiza.- EL PAÍS

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Los partidos políticos, la institución más corrupta para los españoles

RTVE* : Los españoles no aprueban a sus partidos políticos en materia de corrupción. Lo pone de manifiesto el Barómetro Global de la Corrupción 2009, presentado este miércoles por la organización Transparency Internacional en Madrid, que indica que son, junto con la administración pública, la institución más corrupta para los encuestados.

Se trata de una de las conclusiones de este informe mundial que evalúa en qué grado se percibe a las instituciones y los servicios públicos como corruptos y las medidas de los gobiernos contra este mal, apartado en el que los españoles también creen, en su mayoría, que a España le queda mucho por hacer.

En su sexta edición, este barómetro, que recoge las opiniones de 73.132 personas en un total de 69 países, revela que a nivel global estas dos instituciones- los partidos y la administración- se perciben como los sectores más corruptos.

Los encuestados españoles puntuan con un 3,6 la corrupción en el seno de los partidos en un baremo de uno (nada corrupto) a cinco (corrupción extrema). Otros sectores no salen mejor parados ya que el poder judicial obtiene un 3; las empresas, un 3,5; los medios de comunicación, un 3,1% y los funcionarios, un 3.

Un 44% consideran inefectivas las medidas del gobierno español para combatir la corrupción, frente a un 29% que cree que son eficaces.

Creciente desconfianza en el sector privado

A pesar de que a nivel mundial los encuestados consideran los partidos políticos como la institución nacional más corrupta, existe una preocupación creciente por la corrupción en el sector privado. Más de la mitad de las 73.132 personas entrevistadas creen que utilizan el soborno para influir en las políticas públicas, las leyes y las reglamentaciones, lo que supone un incremento de 8 puntos porcentuales en comparación a 2004.

Es generalizada la petición de una mayor transparencia al sector privado Desde Transparency Internacional aseguran que es necesario que las compañías se esfuercen por aplicar códigos anticorrupción en sus estatutos y se alejen de las reglamentaciones deficientes y de la falta de responsabilidad corporativa.

Del estudio también se desprende que los ciudadanos están dispuestos a respaldar activamente a empresas más transparentes. En definitiva, este barómetro 2009 deja claro que tanto el sector público como el privado tienen un largo camino por recorrer si desean recuperar la confianza de la sociedad.

El soborno menor, el sufrimiento de los más pobres

Al considerar las experiencias cotidianas de las personas con respecto a la corrupción, el barómetro revela que más de una de cada 10 personas en el mundo confiesan haber pagado un soborno en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta.

Las familias más pobres siguen siendo las principales víctimas de esta corrupción menor. Así, según el informe, Camerún, Liberia, Sierra Leona y Uganda son los países cuyos ciudadanos sufren más sobornos. Más del 50% de los habitantes de estos países reconocer haber pagado de forma irregular por algún servicio.

En Medio Oriente y África del Norte 4 de cada 10 personas han pagado un soborno en el último año, la cifra se rebaja a 3 de cada 10 en el África subsahariana y a 1 de cada 10 en Asia y América Latina.

La cifra se convierten en insignificante en Norteamérica y la Unión Europea. En España, sólo un 2% de la población reconoce haber hecho frente al pago de un soborno en este mismo período de tiempo.






* RTVE.es - MARÍA MENÉNDEZ MADRID 03.06.2009
Viñeta: J.R.Mora

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Alicante: De mal en peor

RAMÓN MARTÍN MATEO* : La aprobación del Plan Rabasa supone la culminación de un periodo negro para Alicante, en el que la especulación urbanística ha primado sobre cualquier otra consideración, en que el valor de lo público ha cedido ante consideraciones fundadas en la codicia privada, poniendo a la ciudad al servicio de unos pocos. Esa dinámica, además, adopta un perfil especialmente perverso ante la crisis económica: la apuesta por la economía inmobiliaria, renunciando a una mayor diversificación en las inversiones, va a hacer que, en Alicante, la salida de esa crisis sea más complicada. Por otra parte, el modelo de crecimiento desordenado y fundado en el interés privado sobre el colectivo, está haciendo que las finanzas municipales se resientan especialmente: se ha alimentado una ciudad insostenible y con una gestión muy cara.

Todo ello se verá reforzado, absurdamente, con la hipotética construcción del Plan Rabasa.
Aún es mayor la burla a los intereses colectivos de la ciudad que se produce al aprobarse el Plan Rabasa antes que el PGOU: después de años de espera, es un trágala innecesario que la aprobación llegue ahora. Este hecho, junto al anuncio de la aprobación de importantes reformas en la legislación urbanística valenciana, nos dice mucho sobre la forma de gestionar el urbanismo, priorizando algunos intereses particulares aun a costa de destruir las ciudades y de generar inseguridad jurídica. De la misma manera, el empecinamiento de la Alcaldesa de Alicante en la aprobación del Plan Rabasa pone en evidencia que, pese a sus continuas campañas cosméticas, en las materias esenciales de la política local, las que afectan a la estructura urbana y a su sostenibilidad medioambiental y económica, sus planteamientos no se apartan en nada de la herencia de Luis Díaz Alperi.
Si el Plan Rabasa ha sido siempre un disparate desde el punto de vista urbanístico –lo que ha sido señalado por gran cantidad de especialistas–, ahora, además, es inviable por las circunstancias del mercado inmobiliario. Desde la aprobación inicial del plan se han ofrecido, por sus responsables políticos y empresariales, fechas para su desarrollo y venta de viviendas que, cada vez, se han revelado falsos e inviables. Se habla ahora de 2014: ésa es la fecha que desde la patronal española de la construcción se apunta como la más probable para que se normalice la edificación a una escala media, ya que, hasta entonces, es difícil que el mercado se equilibre por el «stock» de vivienda vacío, la crisis de las hipotecas, la reducción de la demanda que conllevarán los ajustes en la inmigración, etc. Todo ello nos deja con una situación extremadamente peligrosa: más de 3,5 millones de metros cuadrados a medio urbanizar durante más de un lustro. Ello, a su vez, supondrá costes importantes para las arcas municipales –seguridad, enlaces viarios, etc.– sin una clara perspectiva de ocupación de unas viviendas que, por años, no estarán sino en los planos. Por todo ello es muy dudoso que el Plan Rabasa proporcione en un tiempo prudente vivienda y empleo. Es más: es imposible saber cuáles serán las condiciones de las viviendas protegidas en el momento en el que, se supone, salgan a la venta las que ahora se dice querer construir. Por otra parte, el Plan Rabasa va a ser conocido en toda España como el contramodelo de la nueva política que preconizan los técnicos más solventes. Hay que concluir, pues, que de lo que se trata es de controlar una amplísima pieza urbana para negociar en el futuro diversos usos que no necesariamente serán residenciales.
Seguimos considerando que el Plan Rabasa, a la luz de la legislación vigente y de la jurisprudencia acumulada, puede ser ilegal por varias razones, algunas de las cuales ya fueron señaladas por la resolución del Síndic de Greuges del 9 de enero de 2007 y, entre ellas:
* Ausencia del informe determinante de disponibilidad hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. No basta con que haya un informe de Aguas de Alicante contando con agua procedente de desaladoras: es el organismo de cuenca quien ha de priorizar los usos y el destino de un recurso escaso, tal y como establece, entre otras normas, el art. 15 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008. (Incidentalmente hay que destacar la inmensa hipocresía que supone que el PP atacara las desaladoras pero las use cuando favorecen sus decisiones).
* Quiebra de los principios de la libre competencia establecidos por la UE para la adjudicación de concesiones, incluidas las de la gestión urbanística e incumplimiento de las directivas europeas y legislación básica del Estado sobre contratación administrativa.
* La reciente aceptación por el Ayuntamiento de una alegación al PGOU del ministerio de Fomento que ha segregado del proyecto original del Plan Rabasa de varias decenas de miles de metros cuadrados para usos ferroviarios, supone una alteración fundamental del Plan y de los estándares de zonas verdes, por lo que debería haber vuelto a debate y aprobación municipal y de la Comisión Territorial de Urbanismo. Si no se hace podría incurrirse en nulidad a tenor del artículo 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
Por todo ello, la PIC se reafirma en su decisión de, llegado el momento oportuno, llevar a los tribunales competentes el Plan Rabassa.

STOP AL PLAN RABASA o

(*) Firman, por la PLATAFORMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS, además de Ramón Martín Mateo, José Ramón Navarro Vera, Jorge Olcina, Josep Bevià, Ángeles Cáceres, Carlos Arribas, Fernando Vera, Mar Esquembre, José María Asencio, Emilio La Parra, Ernest Blasco, Ramiro Muñoz, Isidoro Manteca, Juan Ángel Conca, Araceli Consuegra, Miguel Ángel Pérez Oca, Adrián Martínez Ramos, Rosana Arques, Olga Fuentes, Remedios Amat, José Carlos Rovira, Pere Miquel Campos, Rafael Bonet, Concepción Collado, Séfora Bou, Teresa de Nova.






* Información- Alicante - Opinión - 3.06.09

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Los promotores no deben planificar el territorio, según un juez del TSJ

ELPAÍS* : Edilberto Narbón, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ofreció ayer en un curso sobre estrategia territorial -organizado por los arquitectos-urbanistas valencianos- algunas recetas fáciles para que el urbanismo valenciano deje de estrellarse contra la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

"Los problemas [con la LUV] vienen de la simultaneidad de planificación y gestión. Con la separación, y algunos pequeños retoques de la ley, pueden todos los obstáculos". En la práctica, añadió el magistrado, supondrá la desaparición de la "compleja y poco aceptada" figura del empresario constructor. La planificación urbanística y las reclasificaciones de suelo deben ser gestionadas por los Ayuntamientos o entes públicos. Narbón citó como ejemplo a seguir la gestión de la empresa Tragsa, sobre la que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia europeo.

En poco más de una hora, el magistrado -por cuya sala pasan decenas de litigios urbanísticos- repartió las responsabilidades entre todas las administraciones públicas por el galimatías urbanístico valenciano creado en los últimos años. Incluso ejerció la autocrítica, cuando reconoció que el poder judicial también ha complicado la ordenación del territorio con algunas sentencias.

"Existen cerca de 200 legislaciones sectoriales con las que trabajamos habitualmente. Si además están cambiando cada dos o tres años, trabajar se vuelve imposible", se quejó el magistrado, quien reconoció que la sala de lo Contencioso está fallando con un retraso de dos años. Alguna sentencia reciente del Tribunal Supremo ha creado además, según Narbón, "un problema gordísimo" a los tribunales de lo contencioso. "O controlamos la legalidad o se nos va todo al garete", subrayó.

Los Ayuntamientos tampoco salieron muy bien parados. "Estamos anulando muchas ordenanzas municipales porque no pueden fijar criterios técnicos y aún así lo hacen", precisó. Y citó el ejemplo de la ordenanza municipal de placas solares de Valencia, que la sala cuestionó porque estableció "el modelo y tipo de placa" que se podían instalar o no en los edificios. Lo mismo ha sucedido con las ordenanzas sobre telefonía móvil. "Son los Ayuntamientos los que tienen que adaptarse a la ley de telecomunicaciones y no al revés", imprecó.

El magistrado no se paró ahí. Le llegó el turno a la Administración central, cuando entró de lleno en la polémica que enfrenta al Gobierno español con la Generalitat a cuenta de los informes de las confederaciones hidrográficas sobre el abastecimiento de agua a las nuevas urbanizaciones. La sala de lo Contencioso del TSJ tiene en cola en estos momentos 180 recursos resultado del pulso entre las dos administraciones. "Se han picado políticamente y nosotros estamos en medio", subrayó Narbón. Desde el punto de vista legal, el magistrado aclaró que el informe de las confederaciones es preceptivo (obligado), pero no es vinculante porque una competencia transversal del Estado no puede afectar a las competencias autonómicas sobre urbanismo.

Acto seguido, el presidente de la sala del TSJ reconoció que hasta la fecha no ha visto ningún informe ni de uno ni de otro lado justificado como exige la ley. "Les hemos recomendado a ambos que se pongan de acuerdo" sobre los contenidos de estos informes hídricos.

El magistrado abrió por último un debate de mayor calado en torno al coste social de los grandes proyectos urbanísticos conocidos durante el boom. No se puede coger un municipio y dividir la población en ocho o nueve planes parciales. Las nuevas construcciones deben demostrar su viabilidad económica y sobre todo su coste para la población. Los consistorios, razonó Narbón, han financiado durante los años de vacas gordas hasta el 40% de su gasto gracias a los PAI (Programas de Actuación Integrada). "Ahora que no hay PAI, están subiendo los impuestos y ya está", criticó el magistrado. En un futuro, una de las cosas que deberán tener en cuenta las leyes valencianas son los costes de estos desarrollos, "¿cuántos son?, ¿si son asumibles o no? y ¿quién los va a pagar?", concluyó.

Sin Estrategia Territorial hasta 2010

El presidente de los arquitectos-urbanistas, Pasqual Vernich, urgió ayer en la apertura del curso al consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, a cumplir lo antes posible con dos objetivos insoslayables. Por un lado, simplificar la enrevesada legislación urbanística local y por otro aprobar de una vez por todas, y después de años de retraso, la Estrategia Territorial Valenciana.

García Antón, presente en la apertura, recogió el guante lanzado por Vernich y anunció que en julio presentará lo que será el cuerpo de la Estrategia, compuesto por 100 metas. Estas propuestas se someterán a un proceso de participación pública. "De este modo", aseguró, "antes de final de año estaremos ya redactando el documento final", que no estará listo hasta el año 2010.

La Estrategia Territorial, de la que disponen desde hace tiempo otras comunidades españolas, tiene que establecer normas "vinculantes" para todas las administraciones públicas con competencias sobre el territorio. Debe regir los planes de acción territorial (costa, huerta, etcétera) -aunque algunos ya están aprobados- y los planes de ordenación urbana.

Para García Antón, esta especie de Constitución del territorio valenciano "no debe ser un instrumento rígido, que solo imponga normas y límites". Al contrario, "tiene que ser un instrumento dinámico y abierto a la participación y al debate, donde los ciudadanos y los expertos tengan la posibilidad de opinar sobre cómo ven el futuro y cómo quieren que se ordene".

El catedrático de Geografía de la Universitat de València Eugenio Burriel, que intervino por la tarde, calculó que solo en 52 poblaciones valencianas del litoral y el prelitoral valenciano se prevé la construcción de 718.000 nuevas viviendas. Son datos sacados de conciertos previos y de planes generales aprobados con carácter provisional. Solo en La Plana litoral, en Castellón, con un parque de 40.000 viviendas, existen proyectos para construir otras 102.000 y hasta nueve campos de golf.

Para Burriel, estas cifras acreditan que la Generalitat lleva sin política urbanística desde 1995. "Nunca la ha habido y de ahí las consecuencias que ahora vemos", denunció.







* ELPAIS.com - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 03/06/2009
Foto: Cullera (Valencia), terrenos recalificados desembocadura Júcar - J.Císcar (El País)

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El TSJC anula los proyectos de urbanización de un millar de viviendas en Yaiza

LAPROVINCIA/Lanzarote* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulo de pleno derecho los proyectos de urbanización y ejecución de más de 1000 viviendas (de las cuales 450 están ya construidas) en el plan parcial Playa Blanca en el municipio de Yaiza.

El TSJC notificó el pasado lunes al Cabildo de Lanzarote la sentencia que resuelve el recurso que en el año 2004 interpuso la primera corporación insular contra los decretos del entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, de 11 de diciembre de 2003 y 26 de abril de 2004, que autorizaron la urbanización de los terrenos del Plan Parcial Playa Blanca y la publicación de las ordenanzas del citado plan parcial, así como contra el decreto de la alcaldía de 3 de mayo de 2004 que rechazó las advertencias de ilegalidad que el Cabildo de Lanzarote formuló al Ayuntamiento y a los promotores para que no prosiguieran con el desarrollo de dicho plan parcial.

Según el Cabildo de lanzarote el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, "autorizó la urbanización de más de un millón de metros cuadrados de suelo concediendo licencias para la construcción de 1.000 viviendas que ahora han quedado en situación de ilegalidad, haciendo caso omiso de las reiteradas advertencias y requerimientos de la corporación insular".

Para la corporación lanzaroteña la sentencia dictada por el Alto Tribunal "ha estimado íntegramente el recurso formulado por los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote, pero no solo declara nulos de pleno derecho todos los actos municipales recurridos (urbanización y ordenanzas del plan parcial), sino que también ha zanjado la principal cuestión de fondo que subyace en todos los procedimientos judiciales que el Cabildo ha interpuesto contra actos dictados en desarrollo de este plan parcial, como es la situación jurídica en que se encuentra este plan".

Sobre dicha cuestión de fondo, que a lo largo de los 25 folios de que consta la sentencia se analiza de forma pormenorizada, concluye el Tribunal declarando con toda rotundidad que el Plan Parcial Playa Blanca quedó extinguido en el año 2001 con la entrada en vigor de la Ley 6/2001, de Medidas Urgentes (conocida como la Ley de Moratoria Regional) y que, por esa razón, desde entonces ya no era posible su desarrollo porque se trataba de un planeamiento que ya no existía, tal y como ha venido advirtiendo el Cabildo al Ayuntamiento de Yaiza y a los promotores del plan desde el año 2004.

El TSJC advierte que todos los actos dictados en desarrollo o aplicación de este Plan Parcial –que estaba extinguido y por tanto no admitía desarrollo alguno- como la urbanización, publicación de ordenanzas, constitución de junta de compensación y licencias de obras, han quedado "sin cobertura jurídica alguna" y, por tanto, en una situación de manifiesta ilegalidad.

Esta importante sentencia tendrá, además, incidencia directa sobre los 23 recursos que el Cabildo de Lanzarote también tiene interpuestos contra las licencias de obras que el ex-alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió en el citado plan parcial haciendo caso omiso de las reiteradas advertencias de ilegalidad y continuos requerimientos de anulación que el Cabildo le formuló entre los años 2004 y 2007.

El Plan Parcial Playa Blanca ocupa una superficie de suelo de 1.155.280 m2 y tenía prevista la construcción de edificaciones con una capacidad alojativa de 5.570 plazas con un total de 1.850 viviendas. El ex-alcalde de Yaiza otorgó licencias para la construcción de unas 1.000 viviendas, de las cuales han sido terminadas unas 450.

RECURSO. El Cabildo de Lanzarote recuerda que la decisión de recurrir el Plan Parcial Playa Blanca se basa en el criterio de que se estaba ante una pieza de suelo que carecía por completo de planeamiento, es decir que no tenía ningún tipo de ordenación.

Así pues, el Cabildo insiste en que no está recurriendo arbitrariamente obras o licencias de carácter residencial, como han afirmado los promotores de este plan, grupos de la oposición o algunos medios de comunicación, sino que la Corporación insular recurre aquellos casos en los que tiene evidencia de que se comienzan obras de urbanización o de construcción en suelo que no tenía ningún tipo de planeamiento ni ordenación pormenorizada.

Sólo hay dos casos en toda la isla en que esta situación se daba y en ambos casos, al tener las mismas características, el Cabildo decidió recurrir: en el Plan Parcial Playa Blanca, que ahora esta sentencia convierte en suelo no sectorizado, y en el proyecto de las mil viviendas de Costa Roja, paralizado también por los Tribunales a instancias del Cabildo de Lanzarote.






* La Provincia - DOMINGO RIVERO - ARRECIFE - 3.06.09
Foto: Yaiza (Lanzarote), vista Playa Blanca - lavozdelanzarote.com

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Fiscalía denuncia a Territorio por prevaricación por aprobar un PAI

ELPAÍS/Castellón* : La vía penal fue la elegida por la Asociación de Ciudadanos de Benicàssim, integrada en el colectivo Abusos Urbanísticos No, para denunciar la aprobación del Plan de Actuación Integrada (PAI) Sant Jordi Golf sin que se hubiera garantizado la existencia de recursos hídricos. El visto bueno del programa se realizó con el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Ahora, la Fiscalía de Castellón ha remitido la denuncia al juzgado ante un hecho "posiblemente tipificable como un delito de prevaricación". La aprobación de planes de actuación integrada ha sido recurrida, hasta ahora, por la vía contencioso-administrativa. De hecho, este PAI está también recurrido en esta vía por la propia Administración central, tal como ha hecho con decenas de programas urbanísticos que no cuentan con la garantía de la existencia del agua necesaria para su desarrollo. Sin embargo, en esta ocasión ha sido un colectivo el que ha recurrido y se ha llevado por la vía penal.

La propuesta de judicialización refleja cómo la asociación presentó la denuncia poco después de que la comisión territorial de Urbanismo diera el visto bueno al programa. El expediente contaba, como en tantas otras ocasiones, con el informe desfavorable de la CHJ, que señaló que el PAI "no respeta la ordenación propuesta del dominio público hidráulico, no deja expedita la zona de servidumbre y no acredita la disponibilidad de recursos hídricos". Pese a este dictamen, la comisión dio el visto bueno al proyecto ya que, tal como reiteraron ayer fuentes de la Consejería de Territorio, la Generalitat valenciana considera que el informe es preceptivo pero no vinculante.

La denuncia del colectivo Abusos Urbanísticos No se presentó contra los miembros de la comisión territorial de Urbanismo, entre los que se encuentran no solo representantes de la Consejería de Territorio sino también de otros departamentos de la Generalitat, así como algunos colegios profesionales y, en este caso, un representante del Ministerio de Fomento y otro del de Medio Ambiente, que fue el único que presentó un informe negativo.

En su escrito, la Fiscalía señala que, tras la denuncia, solicitó el expediente de aprobación del PAI y los informes de la CHJ. El texto señala que recibió los dictámenes de la confederación pero que "hasta la fecha", Territorio no ha remitido la documentación exigida. Así, propone la judicialización de las actuaciones "por haber transcurrido el plazo máximo de seis meses establecido". "Salvo que se haya justificado suficientemente la aprobación del PAI en virtud de otros criterios razonables y explicitados, lo cierto es que la aprobación del mismo con insuficiencia de recursos hídricos podría dar lugar a un delito de prevaricación", añade. Por su parte, la consejería aseguró que el expediente se remitió, en dos ocasiones, a la Fiscalía. La primera, cuando se les requirió, y la segunda, después de que la propia Fiscalía admitiera que la documentación se había traspapelado.

El PAI Sant Jordi Golf abarca una superficie de más de 2 millones de metros cuadrados y prevé la construcción la construcción de un campo de golf, algo más de 2.200 viviendas de las que 10% son de protección oficial.

La tramitación del plan urbanístico

- La Confederación Hidrográfica del Júcar emite, en mayo de 2008, un informe desfavorable sobre le PAI Sant Jordi Golf.

- El programa va a la comisión territorial de Urbanismo, en julio de 2008, pero queda en suspenso ante la exigencia de la CHJ de corregir el informe de recursos hídricos.

- La insuficiencia de agua para un campo de golf y más de 2.000 viviendas provoca un nuevo informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

- Urbanismo aprueba el PAI sant Jordi Golf en octubre de 2008.






* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 02/06/2009
Foto: Benicasim (Castellón), ayuntamiento - panoramio.com

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Imputados dos alcaldes y dos consejeros del Cabildo

LAOPINIÓN/Lanzarote* : La operación contra la corrupción en Lanzarote sigue ampliando su nómina de acusados; mientras un consejero socialista del Cabildo de Lanzarote anunciaba su dimisión tras ser imputado, la Guardia Civil interrogó como acusados al vicepresidente de la corporación, Fabián Martín (PIL), y a los alcaldes de Yaiza (PIL) y Tinajo (CC).

La trama de corrupción que se investiga en la isla de los volcanes ya se ha cobrado su primera víctima política, el consejero de Educación y Cultura de la corporación insular, Rubén Placeres, quien tras conocer su citación ante la Guardia Civil anunció al PSC-PSOE su dimisión del cargo y, además, su renuncia como militante.
Mientras el juez de instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, pasó la jornada sin tomar ninguna declaración más, tras los maratonianos interrogatorios a los detenidos en la operación, la Guardia Civil tomó el relevo de las pesquisas y interrogó a tres supuestos implicados en la trama.
Previamente, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil había citado por escrito a los cuatro nuevos cargos públicos imputados por corrupción en esta trama que cobraba comisiones ilegales.
Uno de ellos es el consejero socialista de Educación y Cultura del Cabildo, Rubén Placeres, quien ha comunicado al PSC su decisión de dimitir del cargo para no perjudicar al partido.
Además, mandó un carta al partido anunciando también su deseo de causar baja en la formación política, según informaron fuentes de la dirección insular del PSC.
En cuanto a su baja como militante, presentada el lunes, nada más recibir la citación, fuentes socialistas indicaron que el consejero dice que con independencia de que confía en que el caso se resuelva favorablemente para él, no está dispuesto a que "un asunto de carácter personal perjudique al partido".
Pero además de la dimisión del consejero, el Cabildo de la isla, gobernado por un pacto entre PSC-PSOE y PIL, vuelve a estar salpicado por esta operación de corrupción, ya que la Guardia Civil también tomó declaración ayer por la tarde como imputado a su vicepresidente Fabián Martín Martín, del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).
A su llegada al cuartel para declarar, Fabián Martín no quiso hacer declaraciones.
Fabián Martín es hijo del líder del Partido de Independientes de Lanzarote Dimas Martín, presunto cerebro de esta trama, que se encuentra en la cárcel cumpliendo ocho años de prisión por otros delitos y que ha sido imputado en este caso por cohecho y tráfico de influencias.
También su hermana Elena Martín, que es la jefa de contratación del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, fue detenida el pasado lunes día 25 en el consistorio, aunque luego quedó en libertad con cargos.
Antes de esta declaración, la Guardia Civil tomó declaración, en su centro de operaciones instalado en el cuartel de Costa Teguise, a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, también del PIL.
Precisamente el pasado jueves la UCO registró el ayuntamiento de este municipio lanzaroteño y detuvo al secretario del consistorio.
Después de la alcaldesa fue interrogado, también en calidad de imputado, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, que es presidente de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, empresario y propietario de una empresa de instalaciones eléctricas que realiza trabajos para numerosas instituciones públicas de la isla de los volcanes.
Tras declarar, Machín se mostró satisfecho del resultado de su interrogatorio y afirmó su plena disposición para esclarecer los hechos que son investigados. El político pidió confianza en la Justicia y respeto al secreto del sumario.
El juez del juzgado de instrucción número 5 de Arrecife ha decretado ya el ingreso en prisión de siete implicados en esta trama que cobraba comisiones ilegales a empresarios a cambio de la contratación de obras y servicios o la gestión de permisos y licencias, al tiempo que ha dejado en libertad con cargos a otros trece detenidos.

CC insiste en la prudencia
La presidenta de CC y candidata a las Elecciones Europeas, Claudina Morales, insistió ayer en ser prudentes a la hora de valorar las detenciones de Lanzarote por la Operación Unión tras la imputación, por la Guardia Civil, del alcalde de Tinajo y responsable de la formación en la isla, Jesús Machín.
Sobre la presunta relación del alcalde de Tinajo en esta trama de corrupción municipal y urbanística destapada en Lanzarote, Morales declaró ayer en un acto electoral que el partido "tiene conocimiento por lo que ha salido en los medios" de que el presidente de la formación en Lanzarote declaraba ayer como imputado.
"Todavía no tenemos conocimiento directo, hay que ser muy prudentes con todas estas cuestiones y dejar que la Policía y los jueces hagan su trabajo", agregó.
La presidenta de CC dijo que su partido está "muy preocupado por la situación de parálisis de las instituciones de Lanzarote, sobre todo en estos momentos, en los que se requería, más que en ningún, actividad y respuestas a los problemas de los ciudadanos".






* La Opiniñon de Tenerife - EFE - 3.06.09
Foto: Arrecife (Lanzarote) - EDDC.NET

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Una sentencia anula la gestión privada de la Empresa Municipal de la Vivienda de Torrejón

ELPAÍS/Madrid* : Cuando el PP llegó al poder en Torrejón de Ardoz (116.455 habitantes), en 2007, una de las primeras cosas que hizo fue crear la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Redactó los estatutos y sacó a concurso la gestión de la misma. El partido socialista se opuso y denunció el pliego de condiciones de la gestión de la empresa ante los tribunales. Una sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo nº23 de Madrid le da ahora la razón.

La sentencia dice que no está justificada la contratación de una empresa que gestione la EMVS. Y va punto por punto. Primero, dice, "no hay ni un solo documento" que explique debidamente "la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con los que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato". Y hace hincapié en que no existe ese documento, "pese a la importancia del objeto del contrato", que es la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda.

En segundo lugar, critica el sistema de retribución a la gestora. "No existe un precio ni cierto ni referencial", asegura la sentencia. En el pliego de condiciones de la adjudicación, en la cláusula tercera, dice que "el adjudicatario percibirá una cantidad equivalente al 6% del coste total o del precio máximo de venta". Eso, según la sentencia, no vale, primero porque la gestora hace algo más que vender viviendas. Se encarga también de administrar acuerdos, de gestionar el patrimonio del Ayuntamiento y de asesorar a los ciudadanos en materia de vivienda, entre otras. "Nada de esto forma parte del precio o por lo menos no hay forma de determinarlo", dice la sentencia. Y eso es "motivo de nulidad", según la misma.

En tercer lugar, se refiere a la "inexistencia de criterios para la adjudicación" (precio, fórmula de revisión, plazo de ejecución, etcétera). "El pliego no fija tales criterios", dice la sentencia. Y añade: "Esta forma de articular la adjudicación [...] no puede considerarse ni de lejos que cumpla las determinaciones de la Ley de Contratos". Y sigue: "En todo caso, es incompatible con el propio funcionamiento de una Administración objetiva, imparcial y al servicio del interés general". Por todo eso, la sentencia anula el "contrato de asistencia técnica y gestión" de la EMVS.

"Estamos estudiando recurrir la sentencia, pero lo primero que queremos dejar claro es que a los torrejoneros no les afecta nada", aseguró ayer el portavoz municipal y concejal de Urbanismo, José Luis Navarro. "Si hay alguna deficiencia, la estudiaremos e intentaremos subsanarla. Queremos salvar la EMVS por la creación de las miles de viviendas", añadió. Y tildó al PSOE de "irresponsable" por llevar la gestión de la EMVS a los tribunales.






* ELPAIS.com- R. CARRANCO - Madrid - 02/06/2009
Foto: Torrejón de Ardoz (Madrid) - elpais.com


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Imputados en el 'caso de La Muela' un ex senador del PP, dos empresarios y un concejal

ELPAÍS/Zaragoza* : El juez de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha imputado a cuatro personas más por su supuesta implicación en la trama de corrupción urbanística de La Muela, el ex senador del PP Rodolfo Aínsa, otro concejal del municipio, Fernando Barba, y dos hermanos empresarios.

Al ex senador del PP se le imputa un delito de tráfico de influencias; al empresario Emilio París un delito de cohecho y a su hermano Luis Alberto uno de tráfico de influencias, en ambos casos por su supuesta relación con el proyecto de construcción de una pasarela en el municipio de La Muela, han informado fuentes judiciales.

El concejal Fernando Barba testificará ante el juez como imputado de los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con subvenciones concedidas al municipio por el Instituto Aragonés del Agua.

Por otra parte, el juez ha denegado por segunda vez la libertad para la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), porque los delitos que se le imputan son "muy graves" y existe "riesgo de fuga". Pinilla se encuentra en la prisión de Zuera desde el pasado 23 de marzo por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística, y se le imputan nueve delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

El juez de instrucción número uno de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha rechazado la libertad en un auto "contundente", según fuentes judiciales, en el que considera que hay riesgo de fuga porque la alcaldesa "tiene posesiones en el extranjero" además de que "pueda alterar o hacer desaparecer" pruebas.

Nuevo informe policial

Un nuevo informe de la Policía que envió al juzgado el 27 de mayo y que podría "imputar nuevos delitos a la alcaldesa", informe derivado "de la documentación que se intervino en los registros practicados en el momento de las detenciones". A raíz de este informe, la fiscal ha emitido otro informe en el que se indica que Pinilla deberá volver al juzgado a declarar por esos nuevos delitos que al parecer se le imputan.

La trama de corrupción urbanística de esta localidad se destapó el 18 de marzo y por el momento hay imputadas 26 personas, dos de las cuales se encuentran en prisión: la alcaldesa y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, ya que el empresario José Carlos Fernández Delgado ya ha salido de la cárcel de Zuera, después de depositar la fianza de 250.000 euros establecida por el juez.

Otro empresario, Julián de Miguel, está el libertad bajo fianza de 120.000 euros, y los 22 imputados restantes, entre los que están el esposo de la alcaldesa y uno de sus hijos, se encuentran el libertad después de haber declarado ante el juez de La Almunia de Doña Godina, quien comenzó a investigar este caso a raíz de una denuncia particular.







* ELPAIS.com - EFE - Zaragoza - 02/06/2009
Foto: La Muela (Zaragoza) - turismodezaragoza.es

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El TSJ anula un PAI en la Nucia de 2.501 viviendas por la falta de agua

LEVANTE/Alicante* : La sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha declarado nula la última decisión de la comisión territorial de urbanismo de Alicante que daba vía libre a uno de los tres planes urbanísticos que se tramitan en la Nucia (la Marina Baixa). El tribunal anula así el conocido como plan parcial sector Algar de la Nucia que preveía construir 2.501 viviendas porque no tiene el agua garantizada ni para sus actuales habitantes, a la vista de la documentación aportada.

El plan parcial del Algar era uno de los tres planes urbanísticos que impulsaba el Ayuntamiento de la Nucia (16.000 habitantes) y que pretende construir 9.100 viviendas nuevas, actividades terciarias (hoteles, restaurantes...) y campos de golf que, a la vista de la decisión del tribunal y sus argumentos, también quedan en el aire.
Porque en el auto del TSJ, al que ha tenido acceso Levante-EMV, los magistrados advierten al Ayuntamiento de la Nucia, a las empresas concesionarias del agua y a la Generalitat que con los informes y datos que aportan "los recursos actuales son insuficientes para la Nucia". E incluso lanzan una especie de reprimenda al Consorcio que se encarga de abastecer de agua a la Nucia y a otros municipios de la comarca, como Altea, Polop, Benidorm y Finestrat Costa. Porque este consorcio "indica que existe agua suficiente", pero que en caso de "desviaciones se podría recurrir al convenio de adhesión al trasvase Júcar-Vinalopó, que garantiza 11,5 hectómetros cúbicos para la Marina Baixa, aparte del recurso a las desalinizadoras y la viabilidad del uso de aguas residuales depuradas". Sin embargo, los magistrados consideran que este informe es "insuficiente".
Y, por no presentar, no presentan ni un informe detallado de las posibles infraestructuras futuras (depuradoras, desalinizadoras que podrían paliar estas deficiencias) a pesar de que el Ayuntamiento de la Nucia lo pidió a la Conselleria de Infraestructuras (competente entonces en materia de agua). "La sala precisa un informe serio y fundamentado sobre la viabilidad y características de estas infraestructuras y sus efectos sobre la disponibilidad del agua."






* Levante-EMV - L. B. B. - 2.06.09
Foto: Terrenos de la Nucia donde se proyecta el sector del Algar. - v. zaragozá, levante-emv.com

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Gondomar: La Fiscalía pide medio año más de inhabilitación para Silva y sus cinco ediles

FARODEVIGO* : La condena de un año y medio de prisión y ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público que el Juzgado de lo Penal Nº3 de Vigo impuso al ex alcalde Carlos Silva y a los concejales de su junta de gobierno entre los años 2003 y 2007 por delitos de prevaricación urbanística podría incrementarse.

No sólo el anterior regidor y los ediles presentaron un recurso contra la sentencia que los culpa de haber concedido numerosas licencias urbanísticas con un PXOM anulado, en el que exigen la libre absolución, sino que la Fiscalía también lo hizo para solicitar un incremento de las penas, concretamente seis meses más sin poder ejercer un puesto en la Administración.
El Ministerio fiscal encuentra un error en el fallo judicial y alega que las inhabilitaciones por prevaricación, en caso de que se trate de delitos continuados, deben prolongarse un mínimo de ocho años y medio, según lo fija la ley. Así, el recurso solicita este incremento de la pena, pero no recupera la petición inicial de un año y medio de cárcel y diez años de inhabilitación que realizaba la Fiscalía.
Aclaración inicial
Tras conocerse la sentencia, que sólo rebajaba en dos años la inhabilitación solicitada, la fiscal presentó en un principio un recurso de aclaración para que se corrigiese el error, pero el juez contestó que la modificación del fallo excedía el trámite actual. Y es que el asunto ya ha sido trasladado a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que estudia los recursos tanto de la defensa como de la acusación.
De este modo, la Fiscalía recurrió hace un mes la sentencia con la intención de que se corrija el error y se impongan ocho años y medio de inhabilitación a Carlos Silva, José Luis Mosquera, Ángel Gregores, Abelardo Meneses, Jaime Rial, y José Misa. Esta alegación se retrasó cinco meses desde la publicación del fallo judicial debido a la corrección de errores en el texto del mismo, que se llevó a cabo a lo largo de ese tiempo. Al parecer, la sentencia presentaba imprecisiones cuya modificación era necesaria, pese a no afectar al fondo de la cuestión.
La resolución de los recursos se espera en breve, unos meses como máximo, dado que la Sección Quinta de la Audiencia no presenta saturación de procesos y ya han pasado seis meses desde que se hizo pública la sentencia.
En caso de que el tribunal provincial desestime el recurso de la defensa del ex alcalde y su equipo, tanto Carlos Silva como Ángel Gregores tendrían que abandonar la Corporación municipal, ya que ambos ocupan en la actualidad sendos puestos de concejales en la Corporación municipal de Gondomar. Forman parte del grupo mayoritario de la oposición, el del PP, que recientemente negoció sin éxito con PSOE y Move Gondomar una moción de censura contra el gobierno del BNG.






* Faro de Vigo - M.F./N.P. - 2.06.09
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es

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Los promotores construyen 385.000 pisos que agravarán el exceso de oferta

ELPAÍS* : El parque de viviendas sin vender, que en 2008 subió un 50%, llegará al millón - A este ritmo serán necesarios tres años y medio para absorber el 'stock'. La bolsa de viviendas que acumulan los promotores y para la que no encuentran comprador se ha convertido en el problema número uno de los antes llamados señores del ladrillo. A la imposibilidad de colocar estos pisos se une la dificultad añadida que genera la falta de estadísticas fiables que cuantifiquen el fenómeno.

Un informe interno del Ministerio de Vivienda pone por primera vez números no sólo al stock de casas listas para ser vendidas, sino a las que están en proceso de construcción. La cifra es redonda: en total un millón de viviendas están disponibles en el mercado libre o saldrán próximamente; 997.562 es el número exacto.


El informe al que ha tenido acceso este periódico aporta una infinidad de datos sobre el pasado inmediato y el poco esperanzador futuro que aguarda al sector inmobiliario. En un momento en el que la demanda está ahogada por la dificultad de acceso al crédito, el aumento exponencial del paro y la expectativa de que los precios de los pisos sigan bajando, el mercado se ha paralizado. Y la parálisis ha disparado el número de viviendas libres terminadas con el cartel de Se vende. A finales de 2007, el stock superaba por poco las 400.000. Pero a lo largo de 2008, el año en el que la burbuja del ladrillo explotó violentamente, este parque aumentó hasta las 613.512 unidades. Es decir, un incremento de un 51% en tan sólo 12 meses. De toda esta marea de cemento, casi la mitad se concentra en la costa mediterránea.

Los promotores lo tienen muy difícil para deshacerse de las casas que en la época dorada del ladrillo se vendían sobre plano. E iniciativas gubernamentales como las facilidades para que estos pisos pasen a considerarse como protegidos no están funcionando. Pero si ahora tienen problemas, en breve les van a llegar más. Porque la mayor parte de los pisos que estaban en construcción a lo largo de 2008 se encuentran en su fase más avanzada, lo que significa que saldrán pronto al mercado. De las 626.000 casas en obra -de las cuales 243.000 ya están vendidas-, más del 71% están inmersas en el proceso de colocar la fachada o los acabados. Sólo el 6% está en fases iniciales, como la cimentación o la estructura.

Y así se llega a la cifra redonda del millón de viviendas. Sumando las 613.000 ya terminadas a las 385.000 en construcción y que no han sido vendidas. La falta de financiación que sufre el sector y las muy poco optimistas perspectivas hará que muchas de estas promociones en marcha no se terminen; pero es de esperar que las más afectadas por la paralización sean las que están en una fase de construcción menos avanzada, y no las que están a punto de ser terminadas.

El informe de Vivienda es relevante por varios aspectos. Uno de ellos es que permite hacer prospecciones sobre la travesía que tendrá que hacer el sector inmobiliario para salir del atolladero en el que se encuentra. En las conversaciones privadas con los constructores, lo primero que comentan es que el requisito sine qua non para salir de la crisis es la absorción del stock de viviendas sin vender. Pero si el mercado sigue tan parado como lo ha estado el último año, este proceso tardará por lo menos tres años y medio.

El año pasado los promotores vendieron 285.000 pisos. Si esta tendencia se mantuviera, serían necesarios tres años y medio para colocar el millón de casas pendientes de encontrar comprador. Y los expertos del sector señalan que ni siquiera ese plazo servirá para poner el contador a cero. Porque muchas de esas casas no se van a colocar nunca. "Algunas promociones no se venderán ni en 15 ni en 20 años. Habrá que tirarlas porque mantenerlas será demasiado costoso", señala el asesor inmobiliario José Barta. "¿Quién va a comprar una casa a El Pocero en Seseña en los próximos años?", se pregunta un hombre ligado al sector del ladrillo que prefiere no decir su nombre. Y, acto seguido, se responde a sí mismo: "Nadie".

La encuesta del ministerio muestra el aluvión de casas nuevas que va a llegar en los próximos meses al mercado, pero también presagia una paralización a medio plazo. Porque durante el año pasado sólo se iniciaron 210.000, de las que casi 70.000 ya están vendidas.

Castellón, a la cabeza de casas vacías por persona

El monstruo urbanístico de Marina d'Or ha catapultado a Castellón a la cúspide de las zonas con más casas vacías por habitantes. Es la primera vez que una provincia logra el dudoso honor de superar el índice de 30 pisos sin vender por cada 1.000 habitantes. Tan sólo un año atrás, esta proporción se quedaba en 23. La media de toda España escaló a finales del año pasado hasta los 13,3 por cada 1.000 personas. Y es seguro que hoy mismo esta cifra habrá aumentado.

Se sitúan en cabeza las provincias costeras, como Almería, Santa Cruz de Tenerife o Alicante, u otras limítrofes de Madrid, como Ávila, Zamora y Ciudad Real. En todas ellas, la proporción se eleva por encima de 20.

Tras Castellón, Toledo se queda con el segundo puesto. Y aquí es responsable la urbanización que Francisco Hernando, más conocido como Paco El Pocero, levantó en Seseña.

En la cola de la lista se sitúan provincias como Cáceres, Cantabria, Vizcaya y Ceuta y Melilla, donde la proporción queda por debajo de cinco viviendas por 1.000 habitantes. En un sector tan diverso como el inmobiliario, estas zonas son las que lo tienen más fácil para salir cuanto antes de la crisis que explotó el año pasado.







* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 01/06/2009
Foto: elpais.com 15-01

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Galicia: Crece el número de personas sin recursos viviendo de ‘okupas’

ELCORREOGALLEGO* : De una hipoteca a ocupar una vivienda ajena o a vivir en un piso patera sólo media el paro de larga duración. Todavía no existen estadísticas oficiales, pero los expertos en integración social ya han detectado que en ciudades como Vigo o A Coruña crece el número de personas y de familias que se ven abocadas a abandonar su residencia habitual por ser incapaces de hacer frente a las deudas, aunque vivan en un piso de promoción pública, y acaban residiendo en infraviviendas o compartiendo espacio doméstico.

Con la crisis en plena ebullición, lo peor esta por venir, asegura el experto Santiago González Avión, al indicar que será en 2010 ó 2011 el momento en que se registrará el estallido social de la pérdida de residencia por parte de las personas que hayan agotado todos los subsidios y se vean obligadas a abandonar sus propiedades y buscar alternativas. Señala que en la actualidad se observan los problemas de la primera ola del paro de 2007 y 2008 por lo que en un futuro próximo se registrarán numerosos casos.

La cadena ha empezado a romperse por los más débiles, por quienes ahora ya no acceden a la vivienda de propiedad al tiempo que observan como en dos años el precio de los alquileres está por las nubes. A partir de ahí sólo hay dos caminos: o reunirse con más personas para compartir piso por las carísimas exigencias de los propietarios u ocupar inmuebles, sea cual sea el estado en que se encuentren, porque lo importante es encontrar un techo. Así lo constata Santiago Gómez Avión, responsable de la Fundación del Secretariado Gitano en Vigo. Explica que se constata una cascada de ocupaciones por los precaristas porque "el sistema va empujando a los más débiles".

Desde el observatorio social que significa el secretariado gitano aseguran haber detectado el incremento de los problemas de familias que hasta ahora contaban con medios suficientes para hacer frente a sus compromisos hipotecarios y que han empezado a no poder afrontar los pagos con la amenaza que significa carecer de perspectiva para encontrar un trabajo y ver como su situación económica se deteriora.

Resulta llamativo que al tiempo en que en Galicia se reduce el chabolismo gitano en un 5%, con 700 familias en 39 núcleos, se observa como crece la residencia en infraviviendas.







* El Correo Gallego - M. GIMENO/P. HERMIDA/ M. GIL • VIGO/FERROL/NOIA - 31.05.09
Foto: Antiguas caravanas de campin que han sido reconvertidas como “residencia” de jóvenes y de parejas sin posibilidad de vivienda - elcorreogallego.es

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Un ‘pelotazo’ urbanístico en L'Hospitalet salpica a Joan Laporta, presidente del Barça

ELCONFIDENCIAL* : La recalificación de una de las últimas zonas verdes en la localidad de L'Hospitalet de Llobregat, lindante con Barcelona, se ha convertido en un culebrón que día a día adquiere tintes más espectaculares y que amenaza con convertirse en un escándalo donde se combinan aspectos empresariales, deportivos y políticos. Y ello porque una empresa vinculada al presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, se encuentra en el ojo del huracán.

En 2004, Laporta compró 20 hectáreas de terreno en la zona a través de la compañía Hakerson International. En esta empresa figuran también su socio de despacho Xavier Arbós; su hermano, Xavier Laporta; el actual vicepresidente institucional y de patrimonio del F.C. Barcelona y ex concejal de Urbanisno de Sant Cugat, Joan Franquesa; la Inmobiliaria Godall, propiedad de Alfons Godall, vicepresidente primero del Barça; y Anna Maria Lloveras, esposa del actual alcalde convergente de Sant Cugat, Lluís Recoder.

Precisamente, Laporta fue el pregonero en la fiesta mayor de Sant Cugat el pasado verano. El presidente del Barça también compartió responsabilidades como administrador en Hakerson con Pedro Luis Mellado, abogado del FC Barcelona, que fue quien llevó el pleito contra Baena, jugador no profesional que el pasado otoño rescindió el contrato que tenía con el Barça pagando la penalización de 30.000 euros prevista en el mismo y fichó por el R.C.D. Espanyol. Aunque el Barça le pedía más de 3 millones de euros como indemnización, Baena fue condenado el pasado mes de enero a pagar 500.000 euros al club azulgrana como compensación por su formación durante cinco años.

El terreno comprado tiene una masía del siglo XVIII llamada Can Masover Nou, en estado ruinoso a pesar de estar catalogada en el inventario del Patrimonio Arquitectónico de la Generalitat. La zona total a recalificar dispone de tres de estas construcciones -Cal Masover Nou, Cal Trabal y Ca l’Esquerrer-, todas centenarias, de las que sólo la segunda se encuentra bien conservada y rodeada de campos de cultivo.

La intención del Ayuntamiento de L'Hospitalet es recalificar los terrenos, lo que supondría la urbanización de la zona, preservando las masías. "Lo que hemos hecho es un pre-proyecto para la reordenación de la zona y construir un área de servicios con oficinas y un gran parque ciudadano", señalaron a El Confidencial fuentes del Ayuntamiento de la ciudad. Según los detractores de la recalificación, lo que se pretende hacer es construir siete edificios de oficinas, un concesionario de coches de alta gama, un supermercado e incluso se habla de un hotel de lujo. En otras palabras: un pelotazo urbanístico.

300 millones de inversión

El proyecto redactado por el Ayuntamiento, al que ha tenido acceso este diario, detalla que la zona que se pretende urbanizar está divivida entre los ayuntamientos de L'Hospitalet y El Prat de Llobregat. Al primero pertenecen casi 403.000 metros cuadrados, mientras que del segundo quedarían afectados casi 136.000 metros cuadrados. En ellos, se ha establecido un techo edificable de 51.865 metros cuadrados para industrias y 217.000 metros cuadrados para el sector terciario, es decir, para servicios.

El parque ciudadano que se pretende habilitar tendría 21,6 hectáreas. Este parque "recreará el uso agrícola actual y añadirá nuevos elementos, como itinerarios verdes que aseguren el acceso y el uso ciudadano". El informe municipal es detallado en las cifras: "La parte de suelo actual que se podría ejecutar como zona verde es realmente de 201.495,9 metros cuadrados", de los que 186.000 son de L'Hospitalet y el resto, de El Prat.

Según el consistorio, la zona "es compatible con las propuestas de la Agenda 21" y no se encuentra incluida en la Red Natura 2000 ni en ningún plan similar. La inversión prevista es de 58,5 millones de euros, aunque esta cifra corresponde sólo a la "urbanización", que engloba la viabilidad, el parque, los soterramientos eléctricos y algunos ajustes. Fuentes de la oposición cifran la inversión total -sumando la compra de terrenos, la construcción y la comercialización de los edificios- en un volumen muy superior: 300 millones de euros.

El asunto ya ha sido enviado a la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat para que emita un informe medioambiental, paso previo a plantear la recalificación en el pleno municipal. Si el informe de la Generalitat es positivo, los terrenos se recalificarán sin problema, puesto que el consistorio tiene 17 concejales del PSC frente a cinco del PP, tres de CiU y 12 de ICV.

Los socialistas también dejaron en manos del concejal de ICV Francisco Salmerón las responsabilidades medioambientales del consistorio, lo que no deja de ser paradójico, porque ICV, como partido, se opone a la recalificación. ERC también se ha posicionado en contra del pelotazo, lo mismo que CiU, cuya cabeza visible en L'Hospitalet es Meritxell Borràs, hija de Jacint Borràs, directivo culé y presidente del Barça Atlétic.

También la Federación de Asociaciones de Vecinos de L'Hospitalet está en contra del proyecto de urbanización de lo que consideran "la última zona agrícola del municipio". "Es cierto que es de los últimos reductos agrícolas, aparte de algunos huertos diseminados, pero también es verdad que tras la reordenación tendremos el mayor parque de la ciudad para disfrute de sus ciudadanos", afirman desde el Ayuntamiento.

La irrupción de Laporta

De diferente opinión es Antoni Garcia, portavoz de Els Verds Esquerra Ecologista, la organización que se opone con más fuerza a la recalificación. "Hace 10 años, el Ayuntamiento se comprometió a que esta zona sería el oasis agrícola de la ciudad", señaló Garcia a El Confidencial. "Luego, después de que Laporta comprase 20 hectáreas, cambió de opinión”.

Los ecologistas sospechan que la operación de compraventa se llevó a cabo con la intención de sacar provecho económico, ya que desde la compra no se restauró la masía que tiene en su interior, a pesar de estar catalogada, ni se realizó ninguna mejora, presumiblemente a la espera de poder venderlos ante una recalificación de los terrenos. Esta recalificación se intentó realizar ya en septiembre del año pasado, pero se paralizó ante la movilización ciudadana.

Els Verds Esquerra Ecologista también acaba de denunciar a los propietarios de Cal Masover Nou ante la Consejería de Cultura de la Generalitat por incumplir la Ley de Patrimonio Cultural Catalán, que manifesta que "los propietarios han de preservar y mantener la integridad de su valor cultural y arquitectónico". Según la denuncia, la masía, de estilo barroco, está incluida en el Plan de Protección Arquitectónica (PEPPA) de L'Hospitalet de Llobregat "con nivel C de protección, que significa que el propietario ha de proteger la fachada y la volumetría del edificio". Las asociaciones de vecinos, diversas entidades y sindicatos y organizaciones ecologistas han constituido también la Plataforma Salvem la Zona Agrícola de L’Hospitalet, que el 25 de mayo realizó su primera manifestación contra el proyecto, con la asistencia de 600 personas.

Ajeno a estas reivindicaciones, un informe encargado por el Ayuntamiento señala en sus conclusiones que "el ámbito complementario de La Marina [una de las zonas afectadas], situado en el término municipal de El Prat, queda incluido dentro del régimen inicial de suelo no urbanizable y se transforma, a efectos de la gestión de los correspondientes polígonos de actuación, el sector de suelo urbanizable de Cal Masover Nou". Y añade más adelante que la ordenación del área de esta masía, con casi 363.000 metros cuadrados de suelo urbanizable "se desarrollará mediante un plan parcial urbanístico". Es decir, justamente los terrenos propiedad de Hakerson International, que además de sus 20 hectáreas tiene derecho preferencial de compra sobre parte de los terrenos colindantes, propiedad de agricultores de la zona. El tercer sector, perteneciente a la masía Can Trabal, tiene sólo 175.902 metros cuadrados de suelo urbano.

5.400 puestos de trabajo

La zona, cercana al aeropuerto, al río Llobregat y a la residencia de Bellvitge es, urbanísticamente hablando, un caramelo, aunque para los Verdes "no beneficiará a la ciudad, sino todo lo contrario. Quieren hacer varios edificios de oficinas cuando en otras zonas los edificios que se han construido están vacíos, como en la plaza Europa, cerca de la Feria de Barcelona".

En el Ayuntamiento difieren de esta tesis y afirman que con la urbanización del terreno se dará impulso a la economía de la ciudad y que en sus equipamientos se pueden generar 5.400 puestos de trabajo.

Para las asociaciones de vecinos, la zona tiene un valor histórico, patrimonial, ecológico y natural. Y lo mismo asegura el sindicato agrario Unió de Pagesos. Especialmente combativa con el proyecto es la Asociación de Vecinos de Bellvitge, que no quiere más edificios y sí preservar el espacio natural. Desde el Ayuntamiento se justifica el proyecto diciendo que su recalificación "se discute en el Consejo de Medio Ambiente", del cual forman parte plataformas ciudadanas y el propio consistorio. Pero desde la oposición se temen que, "conforme van los plazos, y a punto de concluir el informe de la Generalitat, se aproveche el mes de agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones, para proceder a la recalificación".







* El Confidencial - Antonio Fernández.- 01/06/2009
Foto: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) -Pz. Ajuntament. - wikipedia.org

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Cómo denunciar en Europa problemas de medio ambiente

CONSUMER* : La conservación del medio ambiente depende en gran medida de la Unión Europea, ya que sus responsables crean las leyes que afectarán al resto de las legislaciones medioambientales de los Estados miembros. Además de votar, los europeos tienen otra forma activa de participar en esta institución: denunciar problemas que afectan a su entorno natural. La Comisión de Peticiones es uno de los instrumentos de denuncia que se encuentran al alcance de todos los consumidores, y los españoles destacan entre los ciudadanos más activos de la UE en cuanto a su utilización.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) es una de las vías de denuncia más directas para los consumidores. En concreto, puede hacer uso de este procedimiento cualquier ciudadano de la UE o residente en la misma, y ya sea de manera individual o en asociación con otros, así como cualquier empresa, organización o asociación con sede social en la UE.

Esta comisión estudia las peticiones de los ciudadanos sobre cualquier asunto de interés público o privado, siempre que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la UE. Las denuncias relacionadas con el medio ambiente son cada vez más numerosas: durante 2008 se recibieron desde todos los países miembros un total de 309 peticiones relacionadas con el medio ambiente, de un total de 1.886. España es uno de los países más activos en este ámbito, ya que según datos de la propia comisión, origina un 20% de las denuncias medioambientales que llegan a la comisión de peticiones.

En cuanto a las características de las peticiones más comunes relacionadas con el medio ambiente, destacan las que afectan a la normativa europea, como la directiva de las aves (BIRDS), el tratamiento de aguas, la red Natura 2000 o normas sobre contratación pública.

La petición puede ser una solicitud particular, una queja u observación relativa a la aplicación del derecho comunitario, o un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo para que se posicione ante un asunto concreto. La petición se puede presentar por correo postal o mediante formulario vía Internet. Los miembros de la comisión recomiendan detallar toda la información de forma clara, evitando los detalles superfluos, si bien se puede añadir un resumen.

Una vez recibida, la Comisión de Peticiones, que generalmente se reúne cada mes, salvo en agosto, informará de la decisión adoptada al responsable de la petición. Los interesados pueden seguir los debates de la Comisión de Peticiones a través de la web del PE. Además, los peticionarios están informados en todo momento por carta o correo electrónico de las decisiones que toma dicha comisión parlamentaria, así como de los resultados de las investigaciones de la Comisión Europea (CE).

Si la Comisión de Peticiones considera que se produce una infracción de la legislación comunitaria, admite a trámite la petición. Posteriormente, la CE investiga a fondo el asunto y los diputados de peticiones debaten la cuestión. Si se decide que en efecto se infringen las normas, se puede llevar al país al Tribunal de Justicia de la UE, o los propios países pueden tomar las acciones que consideren oportunas contra las entidades infractoras.

El PE agradece estas peticiones, ya que suponen una buena oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro o cualquier otra autoridad.
Críticas al sistema

Una de las críticas más comunes hacia la UE suele ser su presunta incapacidad a la hora de tomar medidas concretas. En el caso concreto de la Comisión de Peticiones, sus detractores aseguran que se trata de un proceso lento que puede durar meses y hasta años hasta que se consigue, en su caso, algún resultado positivo. Asimismo, si bien cualquier persona puede escribir una petición, es recomendable conocer a fondo la legislación europea para redactar la petición conforme a las leyes comunitarias y tener así más oportunidades de que sea aceptada a trámite.

En este sentido, conviene tener muy claro que la petición pertenece al ámbito de actividades de la UE. Por ejemplo, si un asunto es competencia y responsabilidad del Estado miembro, la petición será declarada improcedente. En tal caso, la comisión puede sugerir al responsable de la petición que se dirija a una autoridad nacional o a otro organismo no perteneciente a la UE.

Los miembros de la comisión recuerdan también que el PE no es una autoridad judicial, por lo que no puede dictar sentencias, ni revocar decisiones de los tribunales de justicia de los Estados miembros, ni sustituir a los procedimientos judiciales incoados en los países miembros. Asimismo, los asuntos relacionados con la mala administración en las instituciones u órganos de la UE no son competencia de la Comisión de Peticiones, sino del Defensor del Pueblo Europeo.

Desde el Parlamento Europeo defienden las instituciones europeas al recordar que la UE puede actuar y sancionar a los países que no respetan la legislación comunitaria sobre medio ambiente o que no garantizan su cumplimiento. Estas medidas se realizan por medio del Tribunal de Justicia de la Unión y gracias, en muchas ocasiones, a la participación activa de los ciudadanos europeos en el procedimiento de control democrático.


Otras fórmulas de denuncia e información

La Comisión de Peticiones es el sistema creado para enviar una denuncia al PE más común, pero no es el único. El Correo del Ciudadano es un buzón electrónico para formular al Parlamento Europeo preguntas, pedir información o presentar propuestas referidas a asuntos pertenecientes a los ámbitos de actividad de la UE. Una vez recibido el mensaje, los responsables del Correo del Ciudadano transmitirán en un plazo razonable las respuestas que reciban de los otros servicios del PE.

Asimismo, la CE también tiene mecanismos de protección de los derechos de los consumidores. Por ejemplo, en la web "Consumidores" se ofrece información y asesoramiento sobre diversos aspectos que afectan en general a los derechos de los consumidores, y en particular a su relación con el medio ambiente y la salud, como los juguetes infantiles, los productos peligrosos y las sustancias químicas, la energía, las compras o las vacaciones.







* Consumer.es - ALEX FERNÁNDEZ MUERZA - 27.05.09

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Rebelión contra el "desastre ambiental" en Castilla y León

PÚBLICO* : Nunca había ocurrido en la España de las autonomías. Un total de once ONG han pedido al Gobierno que retire las competencias en materia ambiental a la Junta de Castilla y León, del PP, porque creen que ha sobrepasado el límite de lo permisible: envenenamiento masivo de fauna, explotación urbanística de ecosistemas protegidos, reiterados incumplimientos judiciales...

La lista de agravios a la naturaleza es larga y muy grave. Y ante ella y la consiguiente denuncia de las organizaciones, la Junta no quiere hacer comentarios a este periódico.

La Constitución prevé garantías excepcionales para el caso de que una comunidad autónoma no cumpliera sus obligaciones de protección de medio ambiente. Se requiere, en todo caso, la aprobación por mayoría absoluta del Senado para poder retirar las competencias. Pero para los denunciantes, la última demostración de los desmanes de la Junta ha sido la aparición, en abril, de un nuevo cadáver de un oso en el Parque Natural de Fuentes Carrionas, en Palencia. "Es el decimotercero en diez años", explica Roberto Hartasánchez, presidente del FAPAS (Fondo para la protección de animales salvajes), quien califica a Castilla y León de "sumidero para los osos". A pesar de que es Asturias la comunidad con mayor presencia de este plantígrado, Castilla y León se anota diez de las trece muertes ocurridas desde 2000.

La última prueba de la polémica gestión de la Junta es el documento interno que acaba de salir a la luz, firmado por el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, en el que se autoriza el uso de lazos en plena zona osera durante todo 2008. Es un sistema prohibido tanto por la legislación europea como por la española y que "puede resultar mortal para el oso", puntualiza Hartasánchez, quien sospecha "que ese permiso se haya dado para otras zonas oseras. Todos tenemos presente la búsqueda del oso que arrastró un lazo durante el verano pasado en Páramo del Sil. Siempre pensamos que era un lazo furtivo, pero ahora tenemos dudas", sentencia.

Más trampas

No es la primera vez que Castilla León autoriza lazos para cazar. Ya existe una sentencia condenatoria de los tribunales europeos por la utilización de trampas en zona de nutria en 2006, en Ávila y Salamanca.

Un portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica considera "escandaloso" que parte de la cúpula de la Dirección General de Medio Natural esté imputada por delitos contra el medio ambiente. El actual director, José Ángel Arranz, lo está por la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués. Pero las imputaciones por el mismo caso alcanzan también a su predecesor en el cargo, Mariano Torre, quien a pesar de ello ha sido promovido ahora a máximo responsable de medio ambiente en León. La cadena no termina aquí, pues Torre sustituye en León a otro imputado más, José Luis Blanco, acusado de prevaricación por el incumplimiento del cierre de la mina Feixolín. "¿Es que es indispensable estar imputado para ejercer un cargo de medio natural en Castilla León?", se pregunta el portavoz.

Recientemente, el ex consejero de Medio Ambiente (1991-1999) Francisco Jambrina, ha sido denunciado por el Seprona tras ser sorprendido con una rapaz protegida que había caído en un cepo ilegal en su coto de caza.

Para todas las asociaciones, sin embargo, la principal responsable es la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, la única que, no obstante, ha salido indemne de las imputaciones judiciales. "Tiene una política basada en la explotación de los recursos naturales para favorecer a los grandes intereses y no a los ciudadanos" afirma Javier Escudero, de Ecologistas en Acción. Escudero recuerda la Ciudad del Medioambiente de Soria, aprobada por ley, y lo describe como "un proyecto especulativo de nombre engañoso para urbanizar un soto protegido por la Unión Europea". A su juicio, este precedente está dando alas a la Junta para repetir un esquema similar en San Glorio y construir una macroestación de esquí en una zona también protegida por sus valores naturales.

Un portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica considera "escandaloso" que parte de la cúpula de la Dirección General de Medio Natural esté imputada por delitos contra el medio ambiente. El actual director, José Ángel Arranz, lo está por la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués. Pero las imputaciones por el mismo caso alcanzan también a su predecesor en el cargo, Mariano Torre, quien a pesar de ello ha sido promovido ahora a máximo responsable de medio ambiente en León. La cadena no termina aquí, pues Torre sustituye en León a otro imputado más, José Luis Blanco, acusado de prevaricación por el incumplimiento del cierre de la mina Feixolín. "¿Es que es indispensable estar imputado para ejercer un cargo de medio natural en Castilla León?", se pregunta el portavoz.

Recientemente, el ex consejero de Medio Ambiente (1991-1999) Francisco Jambrina, ha sido denunciado por el Seprona tras ser sorprendido con una rapaz protegida que había caído en un cepo ilegal en su coto de caza.

Para todas las asociaciones, sin embargo, la principal responsable es la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, la única que, no obstante, ha salido indemne de las imputaciones judiciales. "Tiene una política basada en la explotación de los recursos naturales para favorecer a los grandes intereses y no a los ciudadanos" afirma Javier Escudero, de Ecologistas en Acción. Escudero recuerda la Ciudad del Medioambiente de Soria, aprobada por ley, y lo describe como "un proyecto especulativo de nombre engañoso para urbanizar un soto protegido por la Unión Europea". A su juicio, este precedente está dando alas a la Junta para repetir un esquema similar en San Glorio y construir una macroestación de esquí en una zona también protegida por sus valores naturales.

Cinco agresiones contra el medio ambiente

Los topillos
La Junta llevó a cabo tres campañas de envenenamiento entre 2006 y 2007 para atajar la plaga de topillos. Un estudio del CSIC revela que, además de los topillos, se vieron afectadas numerosas especies. Los autores encontraron clorofacinona en el 98% de las palomas analizadas. El veneno se usó en cinco zonas de especial protección para las aves.

Los parques eólicos
La Junta ha reducido los filtros ambientales para permitir la instalación de más de 300 aerogeneradores en Omaña (León), uno de los últimos reductos del urogallo. Un juez paralizó hace un año la construcción del primero de los 17 parques previstos advirtiendo de que no se pueden fragmentar los proyectos para enmascarar su impacto.

La mina Feixolín
Más de 10 años de sentencias firmes de cierre de la explotación de Villablino (León) se han estrellado contra los oídos sordos de la administración autonómica, que sigue permitiendo la actividad ilegal de la mina. El ex jefe del servicio territorial de Medio Ambiente en León, José Luis Blanco, está imputado por un presunto delito de prevaricación.

La Ciudad del Golf
Una sociedad creada en 2000 por la Junta compró en Las Navas del Marqués un pinar protegido. El objeto declarado de esa sociedad era la conservación de los montes. Sin embargo el pinar fue recalificado y vendido para la construcción de 1.600 chalets y un campo de golf. Por estos hechos está imputado el director de Medio Natural, José Ángel Arranz.

Esquí en San Glorio
A pesar del empeño de la Junta, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dejado claro, por tres veces, que no puede construirse una estación de esquí en el puerto de San Glorio, entre León y Cantabria. Las leyes europeas, nacionales e incluso autonómicas protegen el enclave por sus valores naturales y la presencia de oso.

«El Gobierno no puede seguir inhibiéndose»

WWF se ha sumado a las críticas del resto de ONG. “La actuación de la Junta denota falta de interés por la conservación”, señala un portavoz. “El Gobierno no puede seguir inhibiéndose. La función de la Administración central es garantizar el cumplimiento de la leyes básicas”, añade.
Las ONG firmantes son Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, FAPAS, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, Asociación de Naturalistas Palentinos, Federación de Ecologistas en Acción-Castilla y León, Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, Plataforma Filón Verde, Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza (URZ), Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y Asociación Ecologista La Braña.






* Público - M. FERNÁNDEZ / B. MARÍN - MADRID - 31/05/2009
Foto: público.es

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El urbanismo salvaje se estrelló en el Parlamento Europeo

ELPAÍS/Valencia* : Ha sido la legislatura en que Europa ha condenado la legislación y las prácticas urbanísticas en el territorio valenciano. Hasta tres informes ha debatido y aprobado -por abrumadora mayoría- el Parlamento Europeo (PE) tras recibir miles de quejas sobre abusos urbanísticos cometidos al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y, después, de la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Otras poblaciones de Andalucía, Madrid o Murcia se han visto sometidas al mismo escrutinio, pero el número de denuncias llegadas desde otros lugares de España ha sido mucho menor que las de residentes en la Comunidad Valenciana.

Aunque estos informes no son vinculantes, la Eurocámara pidió a la Generalitat -si bien el interlocutor oficial es el Gobierno español- que eliminase de sus leyes los artículos que provocan indefensión entre los afectados por un plan urbanístico e incluso que se paralizasen los que no se han tramitado con todas las garantías. La presión ha sido grande y la polémica en torno al urbanismo valenciano se ha saldado, además de con los informes, con una denuncia contra España por la falta de transparencia en los procesos de contratación pública. El asunto está pendiente en el tribunal europeo.

De todo esto, o no aparece nada o muy poco en los programas de los grandes partidos que se presentan a las elecciones europeas del 7 de junio. "El urbanismo es una competencia de cada Estado miembro, por tanto, es difícil que aparezca delimitado en los programas. Pero sí se habla de una economía verde, de que Europa debe avanzar en todos los órdenes, también en el urbanístico, hacia la sostenibilidad", apunta el candidato valenciano del PP, José Manuel García Margallo.

Los socialistas hablan de "dar un giro hacia el color verde de nuestro sistema productivo y nuestra forma de vida". Añaden, para evitar equívocos, que en su manifiesto-programa no se alude expresamente al modelo de urbanismo porque es un programa consensuado entre todos los socialistas europeos y no baja hasta el detalle. "Pero está en el espíritu del texto que defendemos la sostenibilidad", precisan. En las candidaturas a las que pertenecen Esquerra Unida, el Bloc Nacionalista Valencià-Coalició per Europa, por citar otros ejemplos, se apela al ecologismo y a la preservación del territorio frente a la especulación. Nadie se sale del guión verde.

Los enfrentamientos a cara de perro entre los eurodiputados españoles del PP y los del resto de fuerzas políticas que se han visto en el pleno del PE o en su Comisión de Peticiones -órgano anejo a la Eurocámara- quedan en tiempo de campaña para el cuerpo a cuerpo en los debates electorales y para los mítines.

El PP acusa al PSOE de "ensuciar" la imagen de la Comunidad Valenciana por apoyar con sus votos los dos primeros informes, ambos críticos con el modelo urbanístico valenciano. El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, lo hizo en el mitin que ofreció el pasado 24 de mayo en Alicante. Pero, de puertas adentro, la desesperación de los eurodiputados españoles del PP ha sido tal, que han exigido a la Generalitat que solucione el problema porque su posición dentro de la Eurocámara era insostenible. Incluso los populares de otros países votaron a favor de estos informes.

Los socialistas se defienden. "Queremos un urbanismo que se rija por el criterio de la demanda, no de la oferta", subraya el número 10 de la lista del PSOE a las elecciones del 7-J, el valenciano Andrés Perelló, en alusión a la política de manga ancha que el Consell de Francisco Camps ha dado a los promotores inmobiliarios.

Sólo formaciones como Esquerra Unida o el Bloc-Coalició per Europa arrojan a la cara de los dos grandes partidos, PP y PSOE, que se opusieran al informe Auken, el último y más crítico votado en el PE. "Estamos hablando de políticas económicas basadas en el ladrillo, en las que han estado en connivencia política, tanto las administraciones gobernadas por el PP como por el PSOE", criticó la candidata de Izquierda Unida, Esther López, en un debate televisado.

Enric Nomdedéu, candidato del Bloc, remata esta idea. "Hemos visto cómo el modelo económico potenciado desde el sector público ha girado en torno a un urbanismo durísimo y depredador, que ha recibido un informe muy severo del PE. Un documento que PP y PSOE han criticado y que el Bloc aplaude".

Los socialistas, que apoyaron los dos primeros informes y rechazaron el tercero, niegan que exista un cambio de posición. "No ha habido tal giro. Lo que no podíamos permitir es que se ponga en duda a las altas instituciones del Estado o se castigue a España con la congelación de fondos europeos, cuando el problema tiene responsables y nombre y apellidos", remacha Perelló.

Desde el PP se aboga por un pacto entre partidos para no utilizar el PE como tercera cámara -tras las Cortes Valencianas y las Cortes Generales- y, sobre todo, para no erosionar la imagen de la comunidad autónoma. Los socialistas están abiertos a un acuerdo urbanístico con el Consell, pero no a la trágala.

La polémica urbanística en Europa

- Tres informes y una denuncia. El Parlamento Europeo ha aprobado tres informes críticos con las leyes urbanísticas valencianas. La Comisión Europea llevó además a España al Tribunal de Justicia europeo a cuenta de las leyes urbanísticas valencianas. Los informes no son vinculantes y la denuncia está pendiente de fallo.

- Miles de supuestos abusos. Hasta la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han llegado miles de denuncias de residentes en la Comunidad Valenciana -muchos de ellos extranjeros- por supuestos abusos urbanísticos cometidos al amparo de la legislación valenciana.

- Informe Auken. Es el tercero y el más duro. Lo elaboró la diputada verde danesa Margrete Auken y fue aprobado el pasado mes de marzo por 349 votos a favor, 110 votos en contra y 114 abstenciones. Eurodiputados socialistas y populares españoles intentaron sin éxito suavizarlo.

- Algunas de las frases más severas. Auken propone que se congelen los fondos europeos a España por no atender las recomendaciones del Parlamento Europeo. Hace

responsable, por acción u omisión, a las tres administraciones -estatal, autonómica y local- del desbarajuste y alude al conchabeo entre concejales, agentes urbanizadores, promotores inmobiliarios e instituciones financieras, que estarían al tanto de las irregularidades. Cuestiona la justicia española como medio para obtener reparación y justicia.






* ELPAIS.com - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 31/05/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org

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