ECODIARIO* : Cinco personas próximas al Partido Popular fueron detenidas este viernes en una operación anticorrupción, por presuntos delitos de "cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita", indicó la fiscalía anticorrupción en un comunicado.La operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ha dado lugar a varios registros en Madrid, en las localidades de Boadilla del Monte y Majadahonda, así como en Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz).
Según los medios de comunicación, algunos de los cuales hablan de seis detenidos, uno de los arrestados es Francis Correa, jefe de una empresa que en el pasado organizó mítines del Partido Popular. Otro podría ser Antonio Rubio, un ex responsable del PP en Galicia, en donde las elecciones autonómicas están previstas para el 1 de marzo. La investigación podría apuntar a otras empresas.
El yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar (1996-2004), Alejandro Agag, negó en la edición en línea del diario El Mundo toda "vinculación empresarial o comercial" con Francis Correa, que fue testigo de su boda. "Es cierto que fue testigo de mi boda, hace 7 años, a propuesta mía y que he tenido una relación larga de amistad con él, pero hace ya mucho tiempo que no hemos tenido contacto", asegura.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP, dijo que entre los detenidos no había ningún miembro del consistorio ni ningún militante del partido. "El Ayuntamiento sólo ha recibido un requerimiento por parte del Juzgado de Instrucción 5 de Madrid solicitando una información de procedimento que el Consistorio ya ha entregado", afirmó en un comunicado.
Estas detenciones se producen mientras el PP, presa de vivas rivalidades internas, está inmerso desde hace dos semanas en un sonado escándalo de espionaje en el que podrían estar implicados algunos altos cargos de la Comunidad de Madrid.
* El Economista - Ecodiario - 6.02.09
Foto: Boadilla del Monte - aytoboadilla.com
Varios detenidos por presunta corrupción urbanística en Madrid
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6.2.09
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El fiscal pide cárcel para el ex alcalde de Armilla por prevaricación urbanística
ELCORREO/Granada* : El fiscal solicita la demolición “total” del centro comercial Nevada en Armilla (Granada) por su supuesta tramitación irregular, y pide dos años de cárcel y 20 de inhabilitación para el ex alcalde, José Antonio Morales (PSOE) y el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate, por prevaricación en la ordenación del territorio.
En su escrito de acusación provisional, el fiscal también reclama a ambos una multa de 10.800 euros y les imputa otro delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos. Para el promotor del centro, el empresario Tomás Olivo –imputado en el caso Malaya–, pide dos años y dos meses de cárcel, otros dos de inhabilitación y la misma multa. A los ocho acusados restantes –cuatro concejales, dos arquitectos, un abogado y una letrada de la Diputación– les reclama ocho años de inhabilitación.
Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento de Armilla aprobó el plan parcial en el que se ubicaría el Nevada, que contó con un informe negativo de la Consejería de Obras Públicas, pese a lo cual, el edil de Urbanismo propuso llevarlo a pleno, que lo aprobó definitivamente.
En la tramitación municipal sólo constaban un informe favorable de un arquitecto externo al Ayuntamiento y dos informes jurídicos de un abogado externo y de una funcionaria de la Diputación, todos ellos acusados. No se incluían –como requirió la Junta– informes del arquitecto ni del letrado municipales, documento este último que, según el fiscal, fue “deliberadamente sustituido” por el alcalde, conocedor de que era desfavorable.
Durante todo el proceso, el Ayuntamiento “desoyó íntegramente” los requerimientos de Obras Públicas, que apreció “graves irregularidades” en la ubicación de espacios libres y contradicciones entre el plan parcial y las normas subsidiarias. La Junta de Gobierno Local aprobó la concesión de la licencia de obras.
La Fiscalía se personó en el caso a raíz de una denuncia del PP y en su escrito señala que pese a la paralización de las obras, cuando el promotor recibió autorización para realizar sólo las relativas a asegurar la estructura, éste “impartió instrucciones para proseguir normal pero ocultamente la ejecución del proyecto”. Por ello, reclama la paralización efectiva hasta el juicio y en su acusación pide la demolición total de lo construido y que se prohíba disponer de las fincas que componen el perímetro del proyecto del centro.
* El Correo De Andalucía - 6.02.09
Foto: La Fiscalía es partidaria de que la paralización se mantenga salvo obras de emergencia - Miguel Ángel Molina, laopiniondegranada.es
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6.2.09
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El Colegio de Abogados pide una revisión del proyecto de Ley de Urbanismo
ARAGÓNDIGITAL* : El Colegio de Abogados de Zaragoza se ha quejado este jueves de la excesiva complicación del texto del proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón. Además, ha señalado que esta norma, tal y como está planteada en la actualidad, nacería desfasada al no tener en cuenta ni las nuevas directivas de la Unión Europea en esta materia ni el cambio en la situación del mercado inmobiliario. Por eso, han pedido una "reflexión integral" del mismo.
Esta institución ha realizado, a petición de algunos grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que no han desvelado, un estudio sobre los proyectos de Ley de Urbanismo de Aragón y de Ordenación del Territorio de Aragón. Sobre esta última, no han presentado quejas ya que, según ha indicado el coordinador del grupo que ha elaborado el informe, Ignacio Pemán, “está técnicamente bien, es clara y sustituye a una norma, la de 1992, que no era adecuada”. Además, ha añadido que “la LOTA se ajusta a las nuevas directrices de la Unión Europea”.
Errores en la Ley de Urbanismo
En cambio, el Colegio de Abogados ha reclamado una reflexión integral del proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón. Ignacio Pemán ha detallado que, en primer lugar, esta norma es una adaptación de la ley estatal que “nace como una restricción de la liberalización del suelo plasmada en la norma anterior y que busca dotar al urbanismo de sostenibilidad en un momento de burbuja inmobiliaria”. En ese sentido, el coordinador del estudio ha matizada que en el momento en que se aprobó esta norma era correcto tomar estas medidas pero ha agregado que el sector inmobiliario está en crisis y “es un factor que se debe tener en cuenta”. “Ahora hay que pensar más en cómo actuar en la ciudad consolidada”, ha explicado.
Por otro lado, Pemán ha apuntado que el texto de este proyecto de ley no contempla las directivas de la Unión Europea en esta materia. “Si en la UE va a haber un cambio hay que hacer mención a él en la Ley Autonómica porque si no nace desfasada”, ha puntualizado. Por último, se ha quejado de la redacción del texto “muy enmarañado, con párrafos largos y muchos gerundios”. Para Pemán, esta característica va en contra de la claridad que exigen las Comunidades Autónomas para su normativa y, en especial, “cuando se va a producir un cambio en la tradición urbanística”. “Urge claridad en la redacción y en el contenido”, ha concluido.
Por su lado, el diputado tercero de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, Fernando Sáinz de Varanda, ha explicado que es necesario corregir estos errores para dotar de mayor seguridad jurídica al texto y para ampliar la vida de la Ley y que no haya que modificarla en un breve espacio de tiempo.
Proyectos supramunicipales
Por último, los representantes del Colegio de Abogados han tenido una mención especial para la figura de los proyectos supramunicipales, aquellos que por ser de interés general para la Comunidad Autónoma pasa a gestionarlos ésta en lugar de la institución municipal correspondiente. Esta figura se fragmenta entre los dos proyectos de ley y Pemán y Sániz de Varanda han coincidido en destacar la importancia de que se restrinja a uno de los dos textos, precisamente para ganar en seguridad.
* Aragón Digital - 5.02.09
Foto: Zaragoza, Cortes Aragón - expozaragoza2008.es
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La justicia declara ilegal el crecimiento urbanístico de Tres Cantos
MADRIDDIGITAL* : El juzgado de lo contencioso - administrativo nº15 de Madrid ha anulado, por ser contrario a derecho, el convenio urbanístico con la constructora FCC aprobado por el ayuntamiento de Tres Cantos, con los votos de PP y TCU en el pleno celebrado el 15 de abril de 2005.
El convenio urbanístico firmado por el ayuntamiento de Tres Cantos y la constructora FCC para el desarrollo urbanístico de la ciudad es nulo, según sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 15 de Madrid que acaba de hacerse pública.
El texto del fallo judicial da así la razón a las reservas expresadas por el PSOE de Tres Cantos desde hace tiempo respecto de la legitimidad del proceso de adjudicación a FCC, estima el recurso interpuesto en su momento por los socialistas tricantinos y afirma textualmente: “Debo anular y anulo, por contrario a derecho, el convenio urbanístico aprobado por el pleno del ayuntamiento de Tres Cantos en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 15 de abril de 2005”.
El PSOE tricantino viene temiendo desde hace años que la gestión urbanística de la ciudad no se ha realizado con la transparencia debida y conforme a la legalidad, y ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que el interés de los ciudadanos haya quedado supeditado a otros intereses particulares. A falta de reacción por parte del alcalde y su equipo, el PSOE puso su inquietud y su información en manos de la justicia, y el tiempo parece estar dándole la razón.
“Desde el principio hemos hecho saber al alcalde, a los vecinos y a la justicia nuestras dudas sobre la legalidad y la integridad del desarrollo urbanístico que ha seguido Tres Cantos en los últimos años”, afirma Miguel Aguado, portavoz del PSOE de Tres Cantos. “Siempre hemos denunciado que el PP, en coalición con De la Poza primero y luego en solitario, pero siempre recayendo la responsabilidad del urbanismo en concejales del PP, ha hecho prevalecer los intereses de los que especularon con el suelo, los que aspiran a construir y sobre todo los intereses de FCC, por encima de los intereses de los ciudadanos. La muestra es que los adjudicatarios de las 1.000 viviendas se quejan de engaño y que no hay ni un metro cuadrado para cooperativas de viviendas, como siempre hemos dicho”, concluye Aguado.
* Madrid Digital - santiQ - 6.02.09
Foto: Tres Cantos - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Madrid
Guerra al fraude en la VPO
ELPAÍS* : La vivienda protegida siempre ha sido un caldo de cultivo para el fraude. La creencia de que es una lotería con la que se puede especular es una realidad. No hay más que bucear en Internet para encontrar mensajes como el de Manuela. "Me han ofrecido un piso de protección oficial, tiene 14 años. Quisiera saber las ventajas e inconvenientes que puede tener en el momento de comprarlo y en su posterior venta".
Los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Boadilla del Monte o Rivas-Vaciamadrid, y las comunidades de Madrid, Aragón o País Vasco, entre otras, tratan de garantizar que ninguna de las viviendas protegidas que construyen sea ocupada por personas distintas de las adjudicatarias, que se venda o alquile de manera irregular, o que permanezca vacía.
El Ayuntamiento de Madrid creó en 2005 un servicio de inspección de su parque de viviendas en venta y alquiler. Ha detectado fraude en el 2% de las casas. "Creemos que el grueso del fraude ya ha salido", dice Pablo Olangua, el responsable del Sivim. El servicio ha realizado 353.984 inspecciones a los 22.600 pisos promovidos por el Ayuntamiento o de propiedad municipal. Se han detectado 2.675 incidencias, de las que se han archivado 2.121 y se han abierto 484 expedientes para estudiar la interposición de la demanda judicial y volver a adjudicarlas.
Hasta la fecha se han recuperado 51 viviendas. Una de ellas es la que se adjudicó en 1993 al padre de María, que fallece en 2002. En 2004 María (la heredera) y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid elevaron a público el contrato privado de compraventa. Tras repetidas inspecciones se comprueba que la vivienda permanece desocupada. Y así lo manifiestan los vecinos. Se envían dos requerimientos a María, en los que se solicita que aporte facturas de los consumos de suministros. No hace caso y se presenta una demanda. La sentencia concluye que alquiló la vivienda a una tercera persona.
La irregularidad que más se repite, en el 63% de los casos, es que la vivienda se encuentra vacía. O que reside en ella una persona distinta del adjudicatario (25%). En un 5% de los casos el propietario ha fallecido y en otro 5% la persona que abre la puerta no facilita datos.
Dos decenas de inspectores realizan visitas aleatorias en viviendas seleccionadas al azar. Dice Olangua que todas las viviendas son inspeccionadas un mínimo de dos veces al año. Sin embargo, en la práctica no es así. De hecho, hay una promoción en Las Tablas que no ha recibido la visita de los inspectores. Hay vecinos que se acaban de trasladar. Sus casas han estado vacías un año.
También se realizan visitas motivadas por las quejas o reclamaciones de vecinos -ha crecido el número de denuncias por correo electrónico-. Los inspectores van uniformados y en pareja. "La gente se ha ido concienciando, ya conoce a los inspectores. Al principio había quejas de los vecinos porque las visitas les incomodaban", dice Olangua. El servicio es gestionado por Conurna Consultores, que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros anuales.
Persianas, buzones...
Si se observa un indicio de irregularidad en la primera visita o si nadie abre la puerta se realiza alguna más. Si no se contacta con el adjudicatario se manda un requerimiento para que acredite consumos de luz, agua y gas. También se comprueba que esté empadronado -tiene un mes-. Otras evidencias: persianas siempre bajadas, el buzón lleno de correspondencia. Los conserjes son una pieza clave. Si se detecta una irregularidad se inicia un trámite contencioso de reclamación y se interpone la demanda en el juzgado.
Es muy común que los titulares de una vivienda protegida la cedan a familiares o amigos de manera gratuita o que la alquilen o subarrienden fuera del marco legal. El negocio es redondo. Por un piso de cuatro dormitorios, la EMVS pide un alquiler de entre 300 y 500 euros. El propietario puede llegar a pedir más de 900 euros y por una habitación se solicitan 400 euros. Otro fraude es vender la vivienda sin estar autorizado y pedir importe que el comprador paga en negro.
En Boadilla del Monte funciona el mismo modelo de inspección desde hace dos años. De las 500 viviendas municipales que han sido revisadas, se ha abierto expediente a cinco, que están pendientes de fallo judicial, explica Alfonso Bosch, gerente de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de esta localidad. Se han recuperado dos viviendas, que ni siquiera tenían dada de alta la luz. En esta localidad, los dos inspectores acuden a los sorteos de viviendas para que los próximos adjudicatarios los identifiquen.
La Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid lanzó hace siete meses un servicio de inspección para evitar el fraude en las viviendas de protección pública en alquiler construidas por esta entidad, cerca de 400. Hasta la fecha, ha abierto siete expedientes de resolución de contrato por vivienda desocupada. Y uno se ha trasladado al juzgado para iniciar el proceso de desahucio. Con otro inquilino se han iniciado también los trámites de desahucio por realquiler de vivienda. En este caso, se ha remitido a la Comunidad de Madrid, organismo competente en materia sancionadora.
170 desahucios
El parque municipal de vivienda en alquiler de Bilbao se inspecciona desde 2004. Durante 2008 se han resuelto judicialmente 44 contratos por subarriendo, cesión, etcétera. El Ayuntamiento de Barcelona realizó el año pasado 948 inspecciones sobre un parque de 5.500 viviendas. El resultado son 79 expedientes contenciosos.
Respecto a la Comunidad de Madrid, el Instituto de la Vivienda de Madrid gestiona un patrimonio de más de 23.000 pisos públicos en régimen de arrendamiento, así como plazas de garaje (22.000) y locales comerciales (2.000). También tiene un servicio de inspectores para luchar contra las ventas y los subarriendos ilegales, las ocupaciones irregulares o los impagos. Realizó en 2007 más de 15.000 visitas a sus inmuebles y en 2008 se han llevado a cabo casi 16.000 inspecciones. Como resultado, se han abierto 467 expedientes y se han ejecutado más de 170 desahucios de ocupantes de viviendas de las que no eran ocupantes legítimos. El Ivima ultima la creación de un protocolo de actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para agilizar la lucha contra las ocupaciones ilegales en su patrimonio.
En 2003 el Gobierno vasco creó el servicio de inspección para el buen uso de la vivienda protegida. Desde entonces, ha inspeccionado 35.509 viviendas de un parque de unas 55.000, ha puesto sanciones por valor de 1.023.338 euros, y recuperado 55 casas.
El Gobierno de Navarra remitirá en 2009 y 2010 más de 2.000 requerimientos a propietarios para comprobar que las casas están ocupadas, además de las inspecciones que se realizarán a infractores de años anteriores y a otras 200 viviendas seleccionadas cada año de forma aleatoria. El fraude en Navarra no supera el 2,4%.
* ELPAIS.com - SANDRA LÓPEZ LETÓN 06/02/2009
Foto: Solicitantes de viviendas protegidas en la oficina de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid.- BERNARDO PÉREZ, elpais.com
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Urbanizar o des-urbanizar
DIEGO FULLAONDO/Madrid* : La Operación Chamartín me resulta antipática. Para los no capitalinos diré que consiste en una gigantesca operación urbanística que reconfigurará la totalidad del extremo norte de Madrid, aprovechando básicamente el espacio resultante del soterramiento de una gran parte de las infraestructuras ferroviarias de la Estación de Chamartín. Prolongación de varios kilómetros de Castellana, nuevos nudos de comunicación de todo tipo, millones de metros cuadrados de urbanización, miles de viviendas, de oficinas, de equipamientos de toda índole…
Y miles de millones de euros de inversión, por supuesto. Cifras descomunales que es muy difícil incluso imaginar. Después de 15 años de disputas y trifulcas de todo tipo, parece que el plan por fin se pondrá en marcha durante el año 2010.
La verdad es que no conozco los entresijos ni del proyecto ni de los durísimos conflictos que ha ido generando a lo largo de todos estos años. Supongo que un movimiento de intereses y dinero de estas dimensiones estará lleno de porquería hasta las orejas. Pero no es este el motivo ni del artículo, ni de mi extraña y ligeramente infundada sensación de rechazo hacia este macroproyecto.
Encuentro tres explicaciones a mi negativa predisposición a aplaudir la aprobación del monstruo:
1.- La primera es el hartazgo de 15 años de peleas diversas, en absoluto motivadas por generar el mejor proyecto posible para la ciudad, sino simplemente por ver quién se llevaba los duros. Como técnico me sigue pareciendo totalmente irracional que el valor del suelo dependa de un acto administrativo. Si además la financiación de la propia Administración depende de ese acto, el problema, además de absurdo, se convierte en circular. A esto hay que añadir a los llamados reversionistas: gente que entiende que, como las antiguas huertas de sus padres o abuelos fueron expropiadas para hacer vías de tren, y ahora se va a construir sobre ellas otra cosa mucho más lucrativa, ellos también tienen derecho a una parte de la tarta. No sé quién tiene razón. Ni me importa lo más mínimo. Pero como me dijo un amigo hace unos días: ¿hasta cuándo se mantienen estos nuevos derechos inalienables del individuo y herederos? ¿eternamente?
2.- La segunda explicación tiene que ver con el proyecto en sí mismo (con lo poquito que se conoce en realidad). Me parece recordar que Ricardo Bofill (padre, claro) tuvo bastante que ver con las líneas generales del mismo. Al menos en sus fases iniciales. El rotundo y barroco (me refiero en este caso al histórico, siglos XVII y XVIII más o menos) trazado de la elipse principal responde a la perfección a los planeamientos versallescos tan del gusto de la capital de Francia. Parece ser que la operación de la Defense de París y su prolongación posterior han servido de modelo a seguir. En ese caso, objetivo conseguido. Flirteos aquí y allá para darle un toque de contemporaneidad a la marcial ordenación, y listo: ya tenemos Madrid para los próximos 30 años. Estaba mal ya hace 15 años, con lo que imagínese ahora.
3.- Y hablando de ahora… ¿tiene algún sentido planear un crecimiento de la ciudad de esta magnitud? El ritmo de crecimiento de población de las grandes ciudades occidentales hace muchos años que no aumenta con la intensidad de antes. Muchas urbes están incluso perdiendo población. Creo que es muy posible que la crisis actual acentúe este proceso. Es muy posible que se produzca un fuerte movimiento migratorio de salida de las ciudades durante las próximas décadas. La tecnología, las nuevas estructuras del trabajo, los inconvenientes evidentes de las enormes aglomeraciones urbanas y un sinfín de factores más, hacen que la gran ciudad ya no sea tan atractiva como lo era en la mitad del siglo XX. Ni tan necesaria. Ni tan segura. Más bien todo lo contrario. Es sólo una idea, pero es posible que en lo que convenga empezar a cavilar es en des-urbanizar, en lugar de urbanizar.
La población total del planeta seguirá creciendo. La medicina se encargará de eso (a no ser que se produzca algún cataclismo o algún giro drástico de nuestros principios morales más profundos, en lo que es preferible no pensar). Lo que se va a modificar significativamente es su forma de implantarse en el territorio para garantizar su supervivencia y su máximo bienestar. No creo que la rígida dicotomía entre población urbana y población rural sea la respuesta. La tecnología digital posibilita la aparición de situaciones híbridas que a un tiempo mantienen los beneficios fundamentales de la vida en la ciudad a la vez que recupera muchos de los valores precipitadamente abandonados de la vida en el campo (se produzca esto por razones de ocio y divertimento o, quién sabe, puede que muchos, por pura necesidad tengamos que volver a cultivar la tierra).
Desde mi punto de vista más que insistir en voluntariosos crecimientos megalómanos de nuestras ciudades, podríamos empezar a planificar dos cosas:
a) Nuevas formas de asentamiento, más ligeras y rápidas de ejecución; de escala moderada; más parecidas a campamentos nómadas o temporales que a auténticas ciudades; dotadas de todos servicios básicos y, sobre todo, de la máxima tecnología digital; y en contacto directo de nuevo con las actividades denominadas primarias.
b) Des-urbanizar progresivamente nuestras ciudades para adaptarlas a sus nuevas densidades de población, a las nuevas necesidades y a las nuevas formas de vida. Quién sabe si convendría simplemente empezar a demoler aquello que manifiestamente esté infrautilizado para generar urbes con más vacíos y agujeros que pudieran ser aprovechados para otras actividades. Es posible que la salvación del cadáver en que se están convirtiendo nuestras ciudades sea hacerlas permeables para que el campo, la naturaleza, se cuele por todos sus poros hasta que alcance una nueva situación de equilibrio (también temporal, por supuesto).
* Diego Fullaondo es arquitecto y uno de los directores del estudio IN-fact arquitectura
* SOITU.es - Opinión - 4.02.09
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6.2.09
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Las irregularidades urbanísticas salpican a media provincia
IDEAL/Granada* : El mapa de los puntos negros del ladrillo tuvo el año pasado 75 lunares repartidos por toda la provincia. La Delegación de Vivienda y Urbanismo de la Junta abrió a lo largo de 2008 un total de 162 expedientes por supuestas irregularidades urbanísticas en 75 municipios, prácticamente media provincia.
Las denuncias parten de los agentes del Seprona, de particulares, de los propios ayuntamientos o del equipo de inspectores que tiene la Junta en Urbanismo y Medio Ambiente. Muchas de ellas terminarán en los juzgados, en pleitos que durarán años.
Aunque hay casos de envergadura -promociones con decenas de viviendas-, la mayoría de los expedientes se originan por aparentes menudencias: la recurrente casa de aperos que se convierte en chalé de lujo.
Todas estas agresiones van esquilmando el territorio con desmontes ilegales y ocupación de zonas verdes y terrenos protegidos. Entre los 162 expedientes hay edificaciones ilegales en polígonos industriales, supuestas naves agrícolas que superan en metros construidos el 50% de la licencia, obras que han ocupado ramblas o espacios protegidos, otras que invaden el dominio público y movimientos de tierra sin autorizar.
Pero también hay una gran cantidad viviendas con licencia o ya construidas sobre las que ahora planea un futuro incierto. En total, 698. Un número que en realidad es muy superior, ya que muchas de las actuaciones recurridas lo que pretenden es urbanizar terrenos para edificar encima.
A efectos numéricos, los municipios que acumulan más expedientes son Benalúa (9), Almuñécar (8), Órgiva (7), Atarfe (6) y Loja (7). Aunque estas estadísticas no se corresponden necesariamente con la magnitud.
Salobreña tuvo el año pasado 5 denuncias, pero con relevancia. Uno de los proyectos afecta a la construcción de 40 viviendas residenciales en el Monte de los Almendros y otro a una promoción de 192 pisos y garajes.
En la Costa
La operación más ambiciosa de las que figuran en las estadísticas de Urbanismo se localiza en Gualchos. Uno de los expedientes abiertos por la Delegación de Vivienda -todavía en tramitación en Sevilla- afecta a la concesión de licencia para 72 viviendas repartidas en tres bloques, 30 adosadas y 67 plurifamiliares en Castell con aparcamientos.
En Almuñécar hay una denuncia del Seprona por la edificación de 15 unifamiliares en Cotobro, un expediente por la construcción de un residencial en el camino de Río Seco sin ajustarse supuestamente al planeamiento y un convenio urbanístico afectado por posibles irregularidades.
La práctica totalidad de los expedientes están aún a expensas de lo que decida la Dirección General de Ordenación del Territorio. 28 denuncias se encuentran en tramitación y hay un caso con diligencias abiertas en el juzgado número 6 de Granada, que investiga las supuestas irregularidades en un residencial de Atarfe donde presuntamente no se ha respetado su uso original, destinado a mayores de sesenta años y minusválidos.
* Ideal - QUICO CHIRINO - 5.02.09
Foto: Los inspectores intentan frenar los desmanes urbanísticos. /IDEAL
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5.2.09
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Detenidos el alcalde de Castro y el concejal de Obras por supuestos delitos urbanísticos
ELCORREO/Cantabria* : Castro Urdiales se despertó ayer con la enésima vuelta de tuerca en la investigación judicial abierta sobre supuestas irregularidades en la gestión urbanística que sacude al municipio. El alcalde, Fernando Muguruza, y su antecesor y actual edil de Obras y Servicios, Rufino Díaz Helguera, fueron arrestados por la Guardia Civil por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos.
El regidor -antiguo militante del Partido Regionalista de Cantabria y tránsfuga desde 2007-, está imputado en otras ocho causas, pero nunca hasta ayer había sido detenido. En esta ocasión, los cargos que pesan sobre el primer edil y su socio de gobierno -expulsado del PSOE y que formó el partido Acuerdo por Castro- están relacionados con su decisión de permitir la construcción de varias urbanizaciones sobre un arroyo, según informaron fuentes de la investigación.
Ambos políticos fueron puestos en libertad con cargos tras declarar durante dos horas. No obstante, se prevé que, tras revisar el atestado policial, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 les haga comparecer en las próximas horas.
Tanto Muguruza como Díaz Helguera tuvieron que aclarar diversos aspectos técnicos sobre la gestión de la zona de Santa Catalina, donde al menos tres urbanizaciones han quedado en entredicho. Y eso que todas contaron con las preceptivas licencias municipales. En este sentido, el magistrado entiende que fueron levantadas sobre terrenos considerados de dominio público hidráulico sin advertir de ello a los compradores.
Ante la situación que le tocó vivir ayer, el alcalde aclaró que tiene «la conciencia tranquila» al haber actuado «siempre conforme a lo que se me ha indicado desde los servicios técnicos y jurídicos». «Y siempre con la intención de hacer las cosas bien por mi pueblo». Además, Muguruza se declaró «inocente».
El regidor también adelantó que no dimitirá «bajo ningún concepto». «No he hecho absolutamente nada digno de vergüenza. El dar un paso atrás sería añadir un daño nuevo a todas las injusticias que ya estoy sufriendo», apuntó. Ahora bien, «si mis compañeros de equipo -Acuerdo por Castro y PP- deciden que es conveniente dar paso a una nueva situación política, con que ellos me lo pidan, lo haría. Pero no deberíamos hacer cambios», añadió.
«Vergüenza» vecinal
Casi acostumbrados a la espiral de detenciones e imputaciones a los políticos locales desde el pasado mes de marzo, los vecinos de la localidad se movían ayer entre la «vergüenza» y la «decepción». Y es que la investigación ha condicionado la vida municipal en muchos aspectos y ha empañado la imagen de Castro. Muchos se preguntan si, con tantos asuntos judiciales pendientes, los ediles tienen tiempo de preocuparse de los auténticos problemas locales.
La detención de dos promotores a principios de diciembre destapó la investigación judicial que se desarrollaba por el proyecto urbanístico en Santa Catalina. Los arrestados eran responsables de la construcción de una promoción de 53 viviendas, llamada 'Boulevard' y levantada por la empresa Urdicam. En esa operación también fueron detenidos los dos arquitectos de la firma, aunque luego quedaron en libertad. A los cuatro se les acusaba de haber construido el inmueble sobre un arroyo. Una treintena de familias, que ya habían firmado las escrituras, resultaron afectadas.
Apenas unos días después, la Guardia Civil arrestaba al ingeniero de caminos de Dirsur, F.J.L., empresa contratada por el Ayuntamiento en la pasada legislatura para elaborar el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana. También apresó al ex arquitecto municipal Pedro Restegui, a éste por segunda vez. Al parecer, ambos técnicos realizaron una modificación en el plan parcial que afectaba a la zona de Santa Catalina, donde se levantó el edificio 'Boulevard'.
Pronto la Policía Judicial amplió sus pesquisas a otras dos promociones próximas al inmueble, 'Paraíso XIX' y 'Santa Catalina', que estarían asentadas sobre el mismo arroyo. Los dos responsables de la empresa Viviendas y Promociones Cotolino declararon la semana pasada por un supuesto delito de estafa y otro contra la ordenación del territorio.
Hubo una tercera persona citada que desempeña el cargo de gerente de Inmobiliaria Izarra-Promociones Paraíso. Y, por idéntico motivo, es objeto de la investigación abierta en relación a la promoción 'Paraíso XIX', aún en construcción, aunque no vendió ninguno de los 21 pisos previstos.
* EL Correo Digital - SONSOLES ZUBELDIA - 5.02.2009
Foto: Castro Urdiales - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Cantabria
El Tribunal Superior ordena demoler una casa de la asesora de Urbanismo de Nigrán
LAVOZDEGALICIA/Vigo* : La funcionaria que se encarga en Nigrán de velar por la legalidad de los asuntos de materia urbanística posee una vivienda construida de manera irregular sobre la que pesa una sentencia firme de derribo desde el pasado mes de octubre.
La asesora jurídica del departamento de Urbanismo, María del Carmen Iglesias Rial, y miembros de su familia construyeron un bloque de tres viviendas adosadas cerca de los arenales de Praia América, en San Pedro de A Ramallosa, conforme a una licencia que fue mal concedida por el Ayuntamiento porque no respetó el requisito de parcela mínima estipulado en las normas subsidiarias de planeamiento.
Las viviendas fueron levantadas sobre un solar de 603 metros cuadrados cuando hubieran sido necesarios al menos 1.200 metros (400 por vivienda) para ajustarse a la legalidad, según corrobora otro informe de disciplina urbanística de la Xunta de Galicia.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado un recurso de apelación que fue interpuesto por el Concello de Nigrán y los interesados -María del Carmen Iglesias Rial y dos cuñados de esta funcionaria- contra la primera sentencia dictada el 30 de diciembre del 2004 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo.
Dicho fallo judicial anuló la licencia por ser contraria a la normativa urbanística vigente y condenó al Ayuntamiento a demoler la edificación por incumplir la parcela mínima prevista en la ordenanza 6 del planeamiento de Nigrán.
Propuesta
Los familiares de la asesora urbanística de Nigrán han presentado una propuesta para intentar no destruir la edificación, consistente en convertir las tres viviendas adosadas en una sola. Su abogado manifestó ayer que lo ilegal son las tres viviendas, pero que se podría mantener la edificación porque consideran que no es contraria al planeamiento.
Se amparan en un apartado del último fallo judicial en el que se expresa que, anulada la licencia, se impone la orden de demolición, «sin perjuicio de que el promotor pueda promover la obtención de una nueva licencia para una única vivienda, acreditando el cumplimiento de los parámetros urbanísticos, lo que tal vez permita el aprovechamiento de lo edificado».
Para la funcionaria María del Carmen Iglesias Rial, el origen del problema es un error en la redacción de las normas de planeamiento, puesto que en la unidad de actuación donde está su vivienda se omitió la excepcionalidad del requisito de parcela mínima presente en el resto de los ámbitos.
Los propietarios de la vivienda podrían pedir una indemnización al Concello si finalmente tuvieran que llevar a cabo las obras de demolición para ajustarse a la legalidad.
Sin embargo, existe otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, a raíz de la denuncia de otra vecina, que señala que las obras que se realizaron tampoco se ajustaron a la licencia que fue concedida, cuestión en la que podría ampararse el Ayuntamiento para evitar el desembolso.
El lugar donde se construyeron estas viviendas era un antiguo parque público, una superficie arbolada con mesas y bancos muy utilizado por los vecinos, que el Ayuntamiento decidió sacar a subasta pública para generar ingresos.
Los vecinos del barrio de Area perdieron así un espacio verde y todavía hoy continúan lamentándolo. «Había unos olmos que daba gusto verlos», recordaba ayer Ángel Díaz Rial, vecino del barrio.
* La Voz de Galicia - Alejandro Martínez - 5.02.2009
Foto: Un vecino muestra el parque público que existía antes de que se construyera la edificación a sus espaldas - lavozdegalicia.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Jerez: Anticorrupción requiere todo tipo de documentación en Urbanismo
DIARIODECÁDIZ* : Fiscalía y Udyco prosiguen con el desarrollo de un amplio operativo 'anticorrupción' en la ciudad y ayer mismo, según ha podido contrastar este periódico a través de diversas fuentes, irrumpieron funcionarios públicos en la Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, antigua Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), para solicitar a los técnicos de la concejalía que dirige actualmente Juan Pedro Crisol todo tipo de documentación seleccionada y relacionada con el grueso de convenios urbanísticos rubricados en los últimos años.
Probablemente, han señalado, esta petición de documentos también se esté llevando a cabo en empresas que han venido trabajando con el Consistorio jerezano. La investigación, según han venido manteniendo en días atrás fuentes del gobierno local, arrancó con el cese de Pacheco a manos de la alcaldesa, Pilar Sánchez, en marzo de 2007. La regidora denunció a la Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión del ex alcalde y la investigación sigue su curso.
No obstante, se ha sabido que el rastreo "a conciencia" de la gestión urbanística seguida en el Consistorio durante los últimos tiempos es el principal leit motiv que impulsa el "singularísimo" expediente abierto por la Fiscalía, que además incluye otras causas -se habla de un total de cinco- como el 'caso Jerecom' y la trama de empresas satélites que, entre otras cosas, presuntamente facturaban a la GMU por duplicado y cobraban por obras no ejecutadas; y la denuncia que ya ha cursado el Juzgado de Instrucción nº3 por supuestas contrataciones irregulares de dos colaboradores de Pedro Pacheco que cobraron unos 200.000 euros sin justificar contrapartida o trabajo alguno.
Mientras los grupos políticos han declinado en todo momento pronunciarse de forma abierta hasta tanto en cuanto no avance o culmine la investigación, lo cierto es que el operativo ha solicitado en Urbanismo "todos los convenios urbanísticos y numerosa documentación sobre obras y promociones concretas". En este sentido, ha podido saber este medio, los funcionarios han requerido en los convenios la fecha de solicitud de licencias; la fecha de concesión de dichas licencias; el registro de petición de primera utilización y la fecha en la que se concedía. Igualmente, se ha solicitado información sobre "el objeto concreto de lo que se convenía". Este periódico ya adelantó que Fiscalía y Udyco habían solicitado a altas instancias municipales todo tipo de documentación relacionada con algunos de los convenios más importantes rubricados en los últimos años, como puedan ser las modificaciones puntuales de Croft, Carrascal, Ikea o acuerdos firmados sobre los suelos de La Norieta (sector 34).
En este punto, diversas fuentes insisten en el entronque que toda esta investigación pueda tener con la 'Operación Karlos', que destapó una presunta trama fraudulenta a Hacienda y Seguridad Social. De hecho, cuando van a cumplirse tres años de aquella operación, no está de más recordar que ya en aquel momento IU solicitó una investigación por las posibles extensiones urbanísticas del caso 'Karlos' y señaló directamente a la figura de José Luis López, empresario ubriqueño detenido en esta operación y puesto en libertad con cargos aunque sin fianza, y su vínculo con el polémico desarrollo de La Norieta, la segunda fase de un parque empresarial gestionado precisamente por la empresa Jerez Ciudad de Negocios, de la que López es consejero. Dicho grupo político puso de manifiesto el bajo precio de venta mediante el cual el empresario adquirió la parcela -72 euros el metro- en relación con el que llegaron a alcanzar otras zonas con menor proyección que La Norieta, con precios que rondaron los 160 euros por metro. Lo es evidente es que Fiscalía y Udyco están profundizando en las posibles causas abiertas y trabajando a destajo en una investigación que se prevé larga.
* Diario de Cádiz - Francisco Sánchez Múgica / Jerez / A. V. / F. S. M. - 5.02.2009
Foto: Funcionarios municipales sacan documentación de la GMU, el día de la ruptura del pacto PSOE-PSA en marzo de 2007. - diariodecadiz.es
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5.2.09
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Fracasa la conversión de viviendas libres en protegidas
PÚBLICO* : Un año después de que el Ministerio de Vivienda aprobara la primera medida para animar a que los promotores convirtieran pisos de hasta un año que no venden en viviendas de precio protegido, las inmobiliarias han presentado menos de 5.685 solicitudes. A éstas se añaden las peticiones correspondientes a medidas aprobadas por las comunidades autónomas, añadidas a la estatal, como las 1.300 viviendas que se transformarán en pisos de precio concertado catalán o los 120 en Cantabria al precio concertado autonómico, ambos a medio camino entre el libre y el protegido.
En total, son 7.105 pisos que se convertirán en viviendas de protección oficial (VPO), según los datos recabados por Público en todas las comunidades, que son las que tienen las competencias en vivienda. El ministerio asegura que no tiene datos y tampoco los dan Galicia, Murcia, Canarias y Castilla y León. En Aragón, Asturias, Madrid, Extremadura, Navarra, La Rioja y País Vasco, no se ha registrado ninguna conversión a VPO.
Esta cifra equivale a sólo el 1% de las 651.427 viviendas iniciadas en 2007, con lo que a lo largo de 2008 iban a tener un año y, por tanto, cumplían la condición para poder transformarse en VPO. Además, esos 7.105 pisos contrastan con el stock de los que están sin vender, que supera el millón: por un lado, hay 783.061 pisos que esperan comprador, al cierre de septiembre, más los 247.446 inmuebles que ya lograron visado entre enero y noviembre de 2008 para empezar a construirse. El balance no deja de ser llamativo ya que el parón de ventas que sufren las inmobiliarias desde septiembre de 2007, se ha agravado con la crisis financiera y económica y muchas de ellas están al borde de la agonía.
Algunas comunidades apuntan como culpable al escaso interés de los promotores en las zonas caras, donde aún pueden afinar precios. Fuentes del sector admiten ese desinterés porque, en muchos casos, "las inmobiliarias optan por bajar directamente los precios y se ahorran el trámite de pasar las viviendas a VPO; además libran al comprador de la obligación de vender luego su piso a precio protegido".
No obstante, las estadísticas no reflejan aún esas rebajas significativas del 30% que han empezado a hacer algunas cajas con su cartera de inmuebles.
La mitad, en Andalucía
La comunidad donde más éxito ha tenido la medida para absorber stock es Andalucía, con 3.663 pisos solicitados para convertir en VPO, de los que 1.403 ya tienen calificación. Almería está en cabeza (1.484 inmuebles), en cambio, en Sevilla sólo hay 149 solicitudes y en Málaga, 138.
Le sigue Castilla-La Mancha, que ya ha calificado 800 viviendas libres como pisos protegidos desde que en enero de 2008 se aprobó el decreto del ministerio. Además, el Ejecutivo regional lanzó las viviendas de iniciativa público-privada para alentar a los promotores a convertir en VPO parte del stock.
En Cantabria, los promotores han pedido que 494 pisos nuevos de precio libre pasen a VPO, a los que se unen otros 120 a precio concertado autonómico, y en Baleares, de los 570 pisos calificados como VPO, 373 proceden del mercado libre. Les sigue el País Valenciano, que fue unas de las primeras autonomías que adoptó la medida estatal y en 2008 ha concedido la calificación de VPO a 355 viviendas. Además, en el nuevo plan de vivienda permitirá calificar como VPO de precio concertado pisos de hasta 150 metros cuadrados, frente al tope estatal para recibir ayudas de 90 metros.
* Público - SUSANA R. ARENES - Madrid - 02/02/2009
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4.2.09
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Baena: Citan a cuatro imputados por presuntos delitos urbanísticos
DIARIODECÓRDOBA* : El juez titular del juzgado de primera instancia e instrucción de Baena llamó ayer a declarar a los cuatro imputados en un caso de supuestas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de la localidad. Los cuatro imputados (dos ex concejales y un actual concejal del PSOE y un funcionaria municipal) deberán explicar al juez el próximo día 18 si dieron el visto bueno a la ejecución de reformas sin licencia de obra en al menos una docena de parcelas e inmuebles del pueblo.
El juez debe determinar en última instancia si desde el Consistorio se ha dado el visto bueno a prácticas que no se adecuan al planeamiento legal urbanístico del municipio.
Fuentes de la defensa insisten en la legalidad de todos los casos denunciados, en los que se procedió a la paralización de las obras y su posterior sanción urbanística, si bien es cierto que no se ha ejecutado ningún derribo en esta localidad. Las presuntas irregularidades urbanísticas sucedieron entre los años 2002 y 2004 en el término municipal de Baena y fueron denunciados el 28 de junio del 2007.
Esta causa se juzga separada del conocido caso de las facturas falsas , que también salpica al Ayuntamiento baenense, pero la investigación policial y la instrucción judicial han sido tangenciales en ocasiones. También comparten sendas instrucciones el escenario (el Ayuntamiento) y varios de sus actores, que han protagonizado ya varios cruces de denuncias. María Jesús Muñoz, concejal de IU, ejerce la acción popular en la causa de las facturas; mientras que ella y su esposo, Carlos Arenas, ex edil de Baena, son los denunciantes en la causa urbanística.
FACTURAS La anterior jueza de Baena ordenó escuchas telefónicas e investigaciones del patrimonio de varias empleados municipales. De forma paralela, el Ayuntamiento, gobernado por Luis Moreno (PSOE), encargó una auditoría para confirmar que las facturas cumplían los requisitos establecidos por las Bases de Ejecución Presupuestaria. El juez actual ha llamado a declarar ya a varios imputados por las facturas falsas . La defensa va a solicitar el sobreseimiento y archivo de la causa. El día 18 será el turno de la causa urbanística.
* Diario de Córdoba - 04/02/2009 IRINA MARZO
Foto: Fachada del Ayuntamiento de Baena, en una foto de archivo -SANCHEZ MORENO, diariocordoba.com
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4.2.09
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Participación, tomar el nombre en vano
JORDI BORJA* : No sé si como dice el tango 20 años no es nada, o es mucho. O quizá se cambia para que nada cambie como diría el príncipe de Lampedusa. El Ayuntamiento de Barcelona propone un referéndum sobre la conversión de la Diagonal en paseo con tranvía incluido, lo cual, evidentemente, supondrá una limitación considerable a la circulación de los automóviles. Vaya por delante que la propuesta me parece interesante y más ambiciosa de lo que parece y la idea de promover un referéndum también. Pero no es oro todo lo que reluce, una flor no hace verano y un referéndum aislado no es participación ciudadana efectiva.
Recuerdo que hace algo más de 20 años cuando se habían aprobado los reglamentos de descentralización y participación que entreincluían el derecho de los ciudadanos a promover una consulta popular, hubo algunos colectivos de barrio que se plantearon esta posibilidad respecto a proyectos concretos que les afectaban. La reacción de los concejales responsables de la cosa fue siempre la misma: ¿cómo podemos impedirlo? Como por aquel entonces yo era teniente de alcalde del tema era el que recibía esta curiosa demanda; se trataba de un derecho que habíamos aprobado por unanimidad y, además, la consulta no era vinculante. La participación de los ciudadanos en la gestión urbana ha sido algo que se ha querido y se ha temido, se ha proclamado más que practicado. En fin, es el pasado, ahora el gobierno de la ciudad ha hecho de la "proximidad" con los ciudadanos su lema preferido.
Sin embargo, practicar una gestión participativa supone a la vez integrar esta dimensión en el conjunto de la actividad pública y un estilo de gobierno que podríamos resumir en tres principios. Primero: tener una propuesta clara sobre la cual debatir. Segundo: escuchar a los ciudadanos y, especialmente, a los que han agregado sus opiniones e intereses por medio de asociaciones o entes formales o no colectivos. Tercero: asumir la decisión final debidamente motivada, dando respuesta a aquellas demandas o propuestas ciudadanas que no se hayan incorporado. Nos tememos que en este caso el gobierno de la ciudad no está muy convencido de su propuesta y busca la complicidad de la ciudadanía o la excusa para no llevarla a cabo. Excepto en situaciones excepcionales, no creo que las consultas deban ser vinculantes, deben contribuir a la deliberación e influir en la decisión definitiva, pero el gobierno no debe dimitir de sus competencias ni renunciar a su obligación de innovar.
En cambio, sí que se deben crear las condiciones para una participación continuada que permita hacer consultas populares con mayor conocimiento de causa. Los distritos debieran ser ámbitos de discusión de las políticas públicas y no sólo correas de transmisión del gobierno de la ciudad. El potencial participativo que ofrecía la descentralización aprobada entre 1983 y 1986 no se ha realizado. Los consejos de distrito debían ser elegidos (se aprobó por unanimidad) pero ni los gobiernos sucesivos, teóricamente de izquierdas y participativos, nunca las han promovido, ni la oposición las ha reclamado. Durante años se dijo que se debería esperar a que se aprobara la Carta Municipal, lo cual no era imprescindible; luego se aprobó la Carta y no pasó nada.
En la década de 1980 se propuso que en las elecciones de distrito se pudieran presentar agrupaciones de electores y candidatos individuales con el fin de favorecer la participación y la renovación de los representantes ciudadanos, lo cual la mayoría socialista de entonces no aceptó. Sin embargo, había un factor favorable a la participación: los presidentes eran propuestos por el partido más votado en el distrito y eran cargos ejecutivos. Ahora el poder ejecutivo del distrito reside en un concejal designado por el alcalde.
Un miembro del gobierno socialista de Madrid de los ochenta argumentaba que ellos lo habían hecho mejor, se habían reservado todos los distritos; le contesté que cuando perdieran las elecciones, como ocurrió poco después, se arrepentirían. Otro tema, el "presupuesto participativo": sin pretender mitificarlo sí que es una oportunidad de informarse y debatir la política municipal, pero se ha hecho de forma tan burocrática que cada año pasa sin pena ni gloria.
En resumen, hay que saludar la iniciativa de convocar un referéndum sobre la Diagonal, pero no nos hagamos ilusiones sobre que esto vaya a suponer un cambio de tendencia del gobierno municipal. Es curioso por otra parte que esta ocurrencia haya sido presentada por el alcalde socialista junto con el falso opositor de ERC, dejando de lado a IC-EUiA, los herederos del PSUC; es decir, las fuerzas políticas que desde el gobierno de la ciudad han promovido, siempre pero no siempre con éxito, las propuestas participativas como las citadas anteriormente.
En la última década el gobierno municipal más bien se ha caracterizado por dar pasos atrás en lo referente a la participación, como pasó con las lamentables normas de civismo, más propias de la extrema derecha que de un gobierno democrático. Incluso cuando propuso hace un par de años un "plan de barrios" en aras de la proximidad era evidente la voluntad de desplazar como interlocutores a plataformas ciudadanas y asociaciones vecinales, mediante figuras burocráticas (consejero de barrio y técnico en participación) que harían de pantalla entre el gobierno y la población y reducirían las problemáticas a las cuestiones de pequeña escala.
Sugerencias al margen. La revista El Carrer de la Federació Associacions de Veïns de Barcelona, informe sobre el referéndum de la Diagonal. Dos exposiciones de gran interés. Sobre el Barraquismo en Barcelona a lo largo del siglo XX, en el Museo de Historia de la Ciudad. Y en el Colegio de Arquitectos las actuaciones en 92 barrios problemáticos de Catalunya en aplicación de la Ley de Barrios.
* ELPAIS.com - Opinión - 2.02.09
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4.2.09
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Cataluña
La fiscalía pide datos de la permuta del nuevo estadio del Valencia
ELPAÍS* : ¿Cuál es el precio de las parcelas en las que se está construyendo el nuevo estadio del Valencia? ¿Qué valoración se hizo de ellas? ¿Quién y base a qué? Esas son algunas de las preguntas a las que tendrá que responder el Ayuntamiento de Valencia a requerimiento de la fiscalía. Ésta tramita la denuncia de vecinos afectados por la permuta que realizó el consistorio de la superficie en la que se está levantando el nuevo estadio de fútbol a cambio de otros terrenos en distintas ubicaciones de la ciudad.
La fiscalía ha girado al Ayuntamiento de Valencia y al servicio oficial de arquitectos de la consejería un requerimiento por el que debe detallar cuál es el precio de mercado de los terrenos afectados por la construcción del nuevo estadio de fútbol. Y además, pide esa misma valoración respecto de los terrenos adquiridos por el Valenciana CF que se van a destinar a servicio público, deportivo, educativo, cultural y jardín. Solicita expresamente la sección de medio ambiente de la Fiscalía Provincial de Valencia que esa información sea remitida por la jefa de sección de la propiedad inmobiliaria y por el jefe de servicio de patrimonio, así como por el técnico de la administración general.
La denuncia que dio origen a las diligencias penales abiertas por la fiscalía pone en duda la idoneidad de la permuta. No solo respecto del transcurso del procedimiento, sino esencialmente por considerar que no se ajusta a la realidad la permuta de terrenos realizada y que en esa transacción el único beneficiado ha sido el club deportivo y se perjudican los intereses generales en favor de los privados.
La fiscalía se propone no sólo depurar el procedimiento sino comprobar las acreditaciones de las que se dispuso para admitir que las parcelas enajenadas tras la modificación de uso de la superficie sobre la que se está construyendo el nuevo campo de fútbol valían lo mismo que las parcelas que a cambio ha dado en Valencia en ejecución de la permuta.
Los vecinos afectados por la construcción del nuevo estadio han plantado cara en los tribunales por una sucesión de decisiones tomadas por el consistorio que, aseguran, sólo han respondido a los intereses del club . Los vecinos defienden que no es aceptable la primera recalificación de la superficie afectada y que el acuerdo no se hizo pensando en el interés general.
* ELPAIS.com - L. GARRIDO - Valencia - 03/02/2009
Foto: Obras_nuevo_estadio_Valencia_CF - elpais.com
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3.2.09
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La reforma de la Ley de Costas garantiza su destrucción
Ecologistas en Acción* considera que la reforma de la Ley de Costas que mitiga su aplicación respecto a la compra venta de las construcciones costeras que ocupan el dominio marítimo terrestre, favorece la especulación urbanística y la destrucción del litoral. Ecologistas en Acción considera que utilizar una enmienda a la Ley de Navegación para evitar la ejecución de la Ley de Costas, es una muestra de la cobardía del Gobierno de Zapatero ante la presión de los propietarios de viviendas situadas en el dominio público marítimo terrestre.
El mecanismo por el que se ha modificado la efectividad de la ley de Costas (modificación de la Ley de Navegación sin pasar por el Consejo de Estado ni Pleno de Congreso) es un claro indicio de la falta de transparencia en la actual gestión medioambiental.
La anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona, se propuso reducir la artificialización de las costas españolas y limitar el espacio de dominio público marítimo terrestre ocupado por construcciones. La ley de Costas tiene más de dos décadas de vigencia pero ha sido durante el periodo de gestión de Narbona cuando ha comenzado a aplicarse con todas sus consecuencias, iniciando los deslindes del dominio público marítimo terrestre.
Y es que, a pesar de las limitaciones de la Ley de Costas, el grado de artificialización de la costa española sigue aumentando. El primer kilómetro de costa está artificializado en más de un 34%. El segundo kilómetro de la costa mediterránea alcanza un 26,47%. Los 100 primeros metros de la costa mediterránea alcanzaban en el año 2000 el 36,52% de superficie artificial. Los 200 primeros metros alcanzaban el 41,00%. Con estos datos, toda medida para evitar que se construyan más viviendas en el litoral y eliminar aquellas que ocupan el dominio público es poca.
Además, en un contexto de cambio climático e incremento de nivel del mar, hay que empezar a retranquear las construcciones costeras, eliminando aquellas más cercanas al nivel del mar, para adaptarse a un nuevo escenario que en unas décadas será bastante patente.
Por lo tanto, desde Ecologistas en Acción, se exige que se aplique la Ley de Costas, eliminando las construcciones costeras y se evite la ocupación del litoral. El oscurantismo mostrado por la actual Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, llevando la reforma de manera hermética y apresurada, es buena muestra de su intencionalidad política y de sus perniciosas consecuencias sobre las costas españolas y un auténtico desplante a las políticas implementadas por la anterior Ministra de Medio Ambiente.
* Área Marina de Ecologistas en Acción - 2.02.09
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
Jerez: La Fiscalía investiga si Pacheco dio 61 obras a dedo desde Urbanismo
ELCORREODEANDALUCÍA* : Al ex alcalde de Jerez y ex líder del PSA, Pedro Pacheco, se le acumulan las denuncias. Mientras que los juzgados investigan la contratación irregular de dos compañeros de partido, la Fiscalía Anticorrupción trata de esclarecer si adjudicó a dedo más de medio centenar de obras a una promotora.
Este otro caso se abre a raíz de la nueva documentación que ha remitido el Ayuntamiento, gobernado por la socialista Pilar Sánchez, al Ministerio Público. Según informó ayer la Cadena Ser, la Fiscalía está estudiando este informe para comprobar, a partir de su contenido, si se concedieron 61 contratos a la empresa constructora Jerecom sin someterse a concurso público. Fuentes de la investigación aseguran que una segunda denuncia procedente de Anticorrupción podrá presentarse la próxima semana.
La fiscal, Virginia Alonso, está analizando estos días las adjudicaciones presuntamente irregulares que se realizaron entre los años 2004 y 2007, un periodo en el que Pacheco estaba el frente de la delegación de Urbanismo del consistorio jerezano. El asunto contiene otros hechos presuntamente delictivos, también estudiados por la Fiscalía, que está tratando de verificar si se elaboraron facturas por duplicado y si se pagó a esta compañía por proyectos que no llegaron a ejecutarse.
Contra las regidoras. Jerecom presentó en septiembre de 2007 suspensión de pagos y dejó sin cobrar a 450 proveedores, quienes han anunciado que presentarán esta semana otra denuncia en los juzgados por estas adjudicaciones que no sólo irá contra Pacheco, sino que incluye a la ex alcaldesa del PP, María José García Pelayo, y a la actual regidora, la socialista Pilar Sánchez.
Si esta querella prospera este asunto podría salpicar también al gobierno del PSOE, que es precisamente el mismo que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estos presuntos hechos delictivos durante la etapa de Pacheco como edil de Urbanismo, quien gobernó primero con populares y después con socialistas. Se entiende por parte de estos posibles denunciantes que García Pelayo y Sánchez consintieron que estas irregularidades se produjeron como presidentas de la Gerencia de Urbanismo y máximas representantes del Ayuntamiento.
Otras denuncias. Esas nuevas acusaciones contra Pacheco se suman a los cargos de malversación de caudales públicos y falsificación de documento oficial que por el momento le imputa el Ministerio Público. Esta denuncia presentada en el juzgado de instrucción número 3 de Jerez se basa en la contratación de dos compañeros de partido, del PSA, a cargo de las arcas del Ayuntamiento entre los años 2005 y 2007. Supuestamente estas dos personas recibieron dinero público, 200.0000 euros en total, por unas tareas que nunca llegaron a realizar. No consta que desarrollarán la labor de asesoramiento de las sociedades para las que fueron contratados, la Empresa Municipal de Suelo de Jerez y Xerez 21 Speed festival, participada en un 51% por el Consistorio.
El ex andalucista Pedro Pacheco se apartó de la primera línea política y renunció a su acta como concejal después del fracaso electoral en 2007. Hasta entonces estaba a cargo de la delegación de Urbanismo y de la primera tenencia de Alcaldía del gobierno, que dirigía con la actual alcaldesa, Pilar Sánchez, tras un pacto de PSA y PSOE. Los hechos por los que ha sido acusado se remontan a dos años atrás de su renuncia cuando, según la denuncia, pagó por supuestas labores de asesoramiento al que era su delegado de Urbanismo hasta 2003, José López, y a Manuel Cobacho, dirigente del PSA. Pacheco dejó de dirigir este partido de forma sorpresiva a final del pasado año.
* El Correo de Andalucía - Natalia Perales - 3.02.09
Foto: Jerez - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
ARCA acusa al Gobierno de "hacer trampas" con la Ley del Suelo
ELDIARIOMONTAÑÉS* : La asociación ecologista ARCA ha acusado al Gobierno de Cantabria de "hacer trampas" con la modificación de la Ley del Suelo y denuncia, además, que la "intención" del Ejecutivo de autorizar el cambio de uso de cabañas e invernales para usos residenciales "viola" el contenido de la resolución parlamentaria que instó a la aprobación de los instrumentos urbanísticos necesarios tendentes a desbloquear y regular la construcción y rehabilitación de viviendas unifamiliares e instalaciones vinculadas a ocio y turismo rural en suelo rústico o no urbanizable.
"La trampa utilizada por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo para violentar la resolución aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cantabria ha sido sustituir el término 'vivienda' por el de 'edificación preexistente', introduciendo así la posibilidad de transformar en viviendas las cabañas y los invernales que los Ayuntamientos incluyan en un catálogo redactado al efecto", explicó ARCA en un comunicado.
Asimismo, la asociación ecologista criticó que Obras Públicas, "con el único objetivo de apuntalar su decisión unilateral frente a los grupos parlamentarios", ha dado traslado de su iniciativa a la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) que, "por supuesto va a celebrar la recepción de este nuevo paquete de competencias urbanísticas".
Por todo ello, ARCA considera "lamentable" que el Gobierno actúe de modo "tan irresponsable" y que legisle "en dirección contraria al clamor general de los cántabros para que se limiten las competencias urbanísticas de los Ayuntamientos".
Por último, la asociación ecologista ha mostrado su apoyo a que se permita la construcción de viviendas unifamiliares en los suelos rústicos próximos a los pequeños núcleos de población, pero considera que antes es necesario aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).
De esta manera, continúa, se daría cumplimiento al texto vigente de la Ley del Suelo de Cantabria cuando dice que "excepcionalmente se podrán autorizar viviendas aisladas, pero esa posibilidad solo es factible de acuerdo con las previsiones que al respecto contemplen los distintos instrumentos de planeamiento territorial".
* El Diario Montañés - Europa Press - 2.02.09
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Tema: NOTICIAS Cantabria
El Gobierno atenúa la Ley de Costas y deja vender las casas sobre la playa
ELPAÍS* : El Gobierno ha emprendido de tapadillo una reforma de la Ley de Costas que suaviza su aplicación. Para ello, Medio Ambiente ha introducido una enmienda a la Ley de Navegación Marítima -de otro ministerio y sin relación con el litoral- para permitir vender y comprar las casas construidas en dominio público, sobre la misma playa, y que hasta ahora no podían cambiar de dueño.
El Ejecutivo comienza así, por la puerta trasera, a rebajar una de las políticas de Cristina Narbona que más problemas acarrearon al Gobierno: la recuperación del dominio público en el litoral.
El cambio no pasó por el Consejo de Estado, ya que se introdujo a última hora en la Ley de Navegación Marítima, elaborada por el Ministerio de Justicia y el de Fomento. Al tramitarse en comisión (la de Justicia, no la de Medio Ambiente) con competencia legislativa plena, el texto tampoco pasará por el Pleno de Congreso. Sin una línea en la exposición de motivos que justifique el cambio -al aprobarla el ministerio sí dio una críptica nota sobre la reforma-, Medio Ambiente abre una reforma de la Ley de Costas, norma clave de medio ambiente, vigente desde 1988.
La disposición final cuarta de la Ley de Navegación Marítima, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre, añade dos apartados a la Ley de Costas: "Las concesiones [a las viviendas construidas legalmente sobre la playa antes de 1988] serán transmisibles, previa autorización de Costas, por actos inter vivos, subrogándose el nuevo titular los derechos y obligaciones de la concesión". Es decir, que las concesiones no sólo se pueden heredar, sino que con esa reforma se podrán vender y comprar. Medio Ambiente tendrá tres meses para ejercer el derecho de tanteo.
Hasta ahora, el Estado otorgaba una concesión de 30 años (ampliables a 60) a los dueños de las casas construidas en dominio público antes de la ley, pero no podían venderlas (salvo excepciones con trámites complejísimos). La reforma, que aún deben aprobar las Cortes, afecta a las cosas construidas legalmente antes de 1988. El Constitucional aceptó en 1991 la fórmula de expropiación contemplada en la ley: que los dueños podrían disfrutar de las propiedades 30 años y que después pasarían a ser demolidas.
Aunque la ley tiene 20 años, fue la ministra Narbona la que comenzó a aplicarla realmente en 2004, ya que los ocho años anteriores apenas se avanzó en el deslinde de la costa -el trámite que delimita la zona pública y la privada de playa-.
Esto provocó miles de protestas, la creación de una Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (que calcula que hay 45.000 viviendas en esa situación) y quejas de las embajadas del Reino Unido y Alemania, ya que muchos de los compradores en primera línea eran extranjeros que, al adquirir su chalé, no fueron informados de que su casa podía pasar a manos del Estado.
La directora general de Costas, Alicia Paz, afirmó a este diario el pasado octubre que no había iniciado "ningún proceso de modificación legal" y que no sabía si se plantearía "algo puntual". Un mes y medio después, el Consejo de Ministros reformaba la ley. Medio Ambiente argumenta que el cambio legal es "una modificación puntual y no de fondo de la citada ley, ya que no altera en absoluto el espíritu de la misma" y que la reforma no contradice lo que declaró Paz.
Sin embargo, Javier Sanz, profesor de Derecho Administrativo en La Coruña y experto en el litoral, afirma: "No es que privatice la costa, pero es un cambio radical de entender las concesiones". En sentido parecido se pronuncia el abogado de la Plataforma de Afectados, José Ortega, quien lo califica como un cambio importante que afecta a mucha gente y va en la dirección correcta. Ortega fue muy crítico con Narbona y apoya el cambio de Elena Espinosa. Los dueños de casas en dominio público, muchos jubilados que se veían sin posibilidad de vender su casa, aplauden la medida.
La medida ha generado malestar entre técnicos de Costas, por la forma en que se ha hecho y por el fondo. Argumentan que dificultará la recuperación del dominio público. Hasta ahora, si Costas quería rescatar una concesión de una vivienda sobre la arena podía alegar ante el dueño que lo mejor era llegar a un acuerdo ya que no podría vender esa casa. Ahora, al poder venderlas, las viviendas se revalorizan y se dificulta la adquisición por parte de Costas.
Marcha atrás en el camino anterior
La ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona pisó muchos charcos. Y en dos de ellos -la costa y el agua- se terminó por ahogar. El retraso en las desaladoras que debían sustituir el trasvase del Ebro y las protestas de alcaldes y comunidades con costas (del PSOE y del PP) y de las embajadas de países de la UE por la aplicación de la Ley de Costas colmaron la paciencia de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Ésta, diputada por Valencia, llegó a supervisar deslindes de costas de Valencia para minimizar los daños.
El deslinde es un trámite muy complejo y aparentemente técnico, pero con gran relevancia ya que, basándose en criterios geográficos, se decide qué casas quedan en dominio público y cuáles pueden seguir en manos privadas. Hay mucho dinero en juego. Si en 2003, Medio Ambiente deslindó 332 kilómetros de costa, en 2007 superó los 1.500 kilómetros. Y las protestas se multiplicaron con la superficie deslindada. Más del 83% del litoral ya lo está.
Así que al otorgar la gestión del medio ambiente al equipo de Agricultura, uno de los objetivos de José Luis Rodríguez Zapatero era rectificar estas dos políticas. Y la ministra Elena Espinosa se ha puesto a ello a su manera, callada pero inexorable, sin los sobresaltos de Corbacho en la rectificación de la política de inmigración de la etapa de Caldera.
En materia de agua no queda ninguno de los responsables del anterior equipo, Medio Ambiente admite públicamente que "las desaladoras no son la panacea" y planea un nuevo trasvase desde el Tajo en Extremadura al Segura, algo impensable con el equipo antitrasvasista de Narbona. Con el cambio de la Ley de Costas comienza el cambio de rumbo para evitar problemas en el litoral.
Una norma clave
- La Ley de Costas, de 1988, declaró público todo el terreno de playa y hasta donde llegaban los mayores temporales conocidos.
- Las casas construidas antes de 1988 en dominio público pasaban a ser del Estado, que daba hasta 60 años de concesión a los dueños. Éstos no podían vender sus casas ni reformarlas sin permiso.
- La norma daba cinco años para completar el deslinde, trámite que delimita las que están en dominio público.
- La realización de deslindes fue a cámara lenta hasta 2004, cuando Narbona comenzó a aplicar la ley y originó una oleada de protestas que ahora el Gobierno quiere aplacar.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 02/02/2009
Foto: Viviendas en el dominio público sobre la playa de Nules en Castellón- ÁNGEL SÁNCHEZ, elpais.com
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2.2.09
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Tema: NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
Crisis en la Marbella de la Mariña lucense
ELPAÍS* : Política Territorial entró a saco en 2006 en el municipio lucense de Barreiros para poner coto a un urbanismo "desornado, insostenible e incontrolado", donde la presión urbanística era tan elevada que las nuevas construcciones no tenían garantizados los servicios básicos. Casi tres años después, la eclosión constructiva de este ayuntamiento costero, que discurre paralelo a la nacional 634, cayó en picado y hoy hay más estructuras paralizadas que obras en marcha.
El alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente Parga, lamenta que con la intervención de la Xunta la crisis de la construcción llegó a su municipio "un año antes". Y también aprovecha la existencia de obras en estructura y paralizadas para acusar al ejecutivo autonómico de impulsar el "feísmo".
La bajamar deja al descubierto kilómetros de arenales a lo largo de diez playas que hasta hace una década estaban casi vírgenes. Todo este atractivo de costa, que va desde Ribadeo hasta la ría de Foz, hizo que fueran proliferando las edificaciones unifamiliares. Lo que en un principio fue una lenta ocupación urbanística se convirtió, muy pronto, en voracidad edificatoria, cuando llegaron promotores de mayor envergadura que sembraron la costa de apartamentos.
"Desde San Cosme bajabas a la playa en medio de maizales y luego podías continuar hacia la zona del camping con el mismo paisaje. Hoy, todo eso se acabó", se lamenta Manolo, propietario de una de las primeras viviendas unifamiliares de la zona. Las fincas se sustituyeron por adosados, que en su mayor parte tienen el cartel de "se vende". En la misma zona estaba proyectaba una ambiciosa urbanización de viviendas unifamiliares, pero se quedó en eso: en proyecto. La crisis y la incertidumbre de Barreiros dejaron a mitad de camino lo que se presagiaba como la Marbella de la Mariña lucense.
El municipio contaba en 2001 con 2.797 viviendas, de las que 1.327 tenían consideración de segunda residencia. Pero en los últimos diez años se concedieron licencias para unas 6.000 casas, aunque en ese tiempo Barreiros perdió 283 habitantes. Todo cambió. Las resoluciones de la Xunta dejaron atrás los tiempos donde todo tipo de construcción se vendía a pie de obra, y la crisis hizo el resto.
Un ejemplo de la pérdida de atractivo inmobiliario lo encontramos en Manuel, que trabaja y reside en Lugo. Decidió invertir "más de lo que tenía" en un apartamento en San Cosme con la intención de revenderlo. Lleva así dos años, pero al número de teléfono que figura en la fachada "no llamó ni el primero". "¡Ni el primero!", enfatiza.
* ELPAIS.com - ARCADIO SILVOSA - Lugo - 02/02/2009
Foto: Barreiros (Lugo) - todopueblos.com
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2.2.09
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Tema: NOTICIAS Galicia
El Puerto: Legalizaciones hasta el último día
DIARIODECÁDIZ* : El anterior Gobierno municipal realizó regularizaciones de viviendas ilegales hasta el final de su mandato. Incluso las hizo estando en funciones, el periodo comprendido entre la celebración de las elecciones y la toma de posesión de la Corporación surgida de esa votación.
Y como muestra de ello, es un decreto de legalización al que ha tenido acceso este periódico firmado por el ex edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez el 7 de junio de 2007, siete días antes de que cesara de su cargo (las elecciones se celebraron el 27 de mayo y el Gobierno actual tomó posesión el 15 de junio).
Éste es uno más, el enésimo (porque no hay una cifra oficial), de los distintos decretos que firmó Rodríguez en beneficio de viviendas al margen del planeamiento cuya legalidad es discutible.
Y el procedimiento seguido es, precisamente, el mismo que ya este periódico ha venido denunciando desde hace meses y en él vuelven a aparecer nombres de arquitectos ya relacionados con procedimientos similares.
Este caso concreto es el de una vivienda en el diseminado ilegal de Los Perales, concretamente en la calle Peral Ercolini. El proyecto fue elaborado por el grupo Tec, perteneciente a las arquitectas Milagros Trigo Pacheco e Isabel Ruiz Vázquez, con el que el jefe de Licencias y Disciplina Urbanística, Fernando Jiménez Fornell, mantiene vinculaciones personales (es el compañero sentimental de una de las profesionales).
El propietario de la vivienda solicitó la apertura del expediente de legalización el 25 de septiembre de 2005. Pero le fue resuelto, de manera positiva, casi dos años después. Para justificarlo, el ex edil de Urbanismo recurrió a un artículo de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) que obliga a las administraciones públicas a pronunciarse sobre la concesión de una licencia o no en el plazo de tres meses.
Transcurrido este periodo, si el organismo competente no ha resuelto la autorización se considera concedida por silencio administrativo.
En este caso concreto, y al igual que otros similares, se otorgó legalizaciones de viviendas en suelo no urbanizable mediante este procedimiento. Para ello, el edil de Urbanismo le remitió al propietario un escrito donde le daba confirmación de ello.
Este nuevo decreto de legalización ha sido incorporado a las diligencias abiertas en el Juzgado número 5 de El Puerto contra el jefe de Licencias y Disciplina Urbanística y contra las dos responsables del grupo Tec tras una denuncia por el propietario de una vivienda del diseminado de Arenas Cárdenas, quien acusa a los tres de un presunto delito de estafa.
Según la versión del denunciante, el estudio Tec le aseguró que podría obtener la legalización de su vivienda mediante silencio administrativo. No obstante, estas diligencias han sido archivadas provisionalmente por la jueza aunque el auto ha sido recurrido por el denunciante.
Ya este periódico ha publicado durante el último año varios casos de legalización de viviendas en suelo no urbanizable. A esto se suma los decretos de autorización del enganche de luz y agua concedidos por "causas humanitarias" y en base a una futura legalización con el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento que aún no ha se ha aprobado de manera definitiva.
Ya hay algunas diligencias abiertas en los juzgados portuenses contra los anteriores responsables municipales por este motivo (no sólo contra Rodríguez sino también contra Hernán Díaz y Fernando Gago).
* Diario de Cádiz - E. M. Cañas - 1.02.09
Foto: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - wikipedia.org
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2.2.09
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Andalucía