IDEAL/Granada* : El mapa de los puntos negros del ladrillo tuvo el año pasado 75 lunares repartidos por toda la provincia. La Delegación de Vivienda y Urbanismo de la Junta abrió a lo largo de 2008 un total de 162 expedientes por supuestas irregularidades urbanísticas en 75 municipios, prácticamente media provincia.
Las denuncias parten de los agentes del Seprona, de particulares, de los propios ayuntamientos o del equipo de inspectores que tiene la Junta en Urbanismo y Medio Ambiente. Muchas de ellas terminarán en los juzgados, en pleitos que durarán años.
Aunque hay casos de envergadura -promociones con decenas de viviendas-, la mayoría de los expedientes se originan por aparentes menudencias: la recurrente casa de aperos que se convierte en chalé de lujo.
Todas estas agresiones van esquilmando el territorio con desmontes ilegales y ocupación de zonas verdes y terrenos protegidos. Entre los 162 expedientes hay edificaciones ilegales en polígonos industriales, supuestas naves agrícolas que superan en metros construidos el 50% de la licencia, obras que han ocupado ramblas o espacios protegidos, otras que invaden el dominio público y movimientos de tierra sin autorizar.
Pero también hay una gran cantidad viviendas con licencia o ya construidas sobre las que ahora planea un futuro incierto. En total, 698. Un número que en realidad es muy superior, ya que muchas de las actuaciones recurridas lo que pretenden es urbanizar terrenos para edificar encima.
A efectos numéricos, los municipios que acumulan más expedientes son Benalúa (9), Almuñécar (8), Órgiva (7), Atarfe (6) y Loja (7). Aunque estas estadísticas no se corresponden necesariamente con la magnitud.
Salobreña tuvo el año pasado 5 denuncias, pero con relevancia. Uno de los proyectos afecta a la construcción de 40 viviendas residenciales en el Monte de los Almendros y otro a una promoción de 192 pisos y garajes.
En la Costa
La operación más ambiciosa de las que figuran en las estadísticas de Urbanismo se localiza en Gualchos. Uno de los expedientes abiertos por la Delegación de Vivienda -todavía en tramitación en Sevilla- afecta a la concesión de licencia para 72 viviendas repartidas en tres bloques, 30 adosadas y 67 plurifamiliares en Castell con aparcamientos.
En Almuñécar hay una denuncia del Seprona por la edificación de 15 unifamiliares en Cotobro, un expediente por la construcción de un residencial en el camino de Río Seco sin ajustarse supuestamente al planeamiento y un convenio urbanístico afectado por posibles irregularidades.
La práctica totalidad de los expedientes están aún a expensas de lo que decida la Dirección General de Ordenación del Territorio. 28 denuncias se encuentran en tramitación y hay un caso con diligencias abiertas en el juzgado número 6 de Granada, que investiga las supuestas irregularidades en un residencial de Atarfe donde presuntamente no se ha respetado su uso original, destinado a mayores de sesenta años y minusválidos.
* Ideal - QUICO CHIRINO - 5.02.09
Foto: Los inspectores intentan frenar los desmanes urbanísticos. /IDEAL
Las irregularidades urbanísticas salpican a media provincia
Detenidos el alcalde de Castro y el concejal de Obras por supuestos delitos urbanísticos
ELCORREO/Cantabria* : Castro Urdiales se despertó ayer con la enésima vuelta de tuerca en la investigación judicial abierta sobre supuestas irregularidades en la gestión urbanística que sacude al municipio. El alcalde, Fernando Muguruza, y su antecesor y actual edil de Obras y Servicios, Rufino Díaz Helguera, fueron arrestados por la Guardia Civil por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos.
El regidor -antiguo militante del Partido Regionalista de Cantabria y tránsfuga desde 2007-, está imputado en otras ocho causas, pero nunca hasta ayer había sido detenido. En esta ocasión, los cargos que pesan sobre el primer edil y su socio de gobierno -expulsado del PSOE y que formó el partido Acuerdo por Castro- están relacionados con su decisión de permitir la construcción de varias urbanizaciones sobre un arroyo, según informaron fuentes de la investigación.
Ambos políticos fueron puestos en libertad con cargos tras declarar durante dos horas. No obstante, se prevé que, tras revisar el atestado policial, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 les haga comparecer en las próximas horas.
Tanto Muguruza como Díaz Helguera tuvieron que aclarar diversos aspectos técnicos sobre la gestión de la zona de Santa Catalina, donde al menos tres urbanizaciones han quedado en entredicho. Y eso que todas contaron con las preceptivas licencias municipales. En este sentido, el magistrado entiende que fueron levantadas sobre terrenos considerados de dominio público hidráulico sin advertir de ello a los compradores.
Ante la situación que le tocó vivir ayer, el alcalde aclaró que tiene «la conciencia tranquila» al haber actuado «siempre conforme a lo que se me ha indicado desde los servicios técnicos y jurídicos». «Y siempre con la intención de hacer las cosas bien por mi pueblo». Además, Muguruza se declaró «inocente».
El regidor también adelantó que no dimitirá «bajo ningún concepto». «No he hecho absolutamente nada digno de vergüenza. El dar un paso atrás sería añadir un daño nuevo a todas las injusticias que ya estoy sufriendo», apuntó. Ahora bien, «si mis compañeros de equipo -Acuerdo por Castro y PP- deciden que es conveniente dar paso a una nueva situación política, con que ellos me lo pidan, lo haría. Pero no deberíamos hacer cambios», añadió.
«Vergüenza» vecinal
Casi acostumbrados a la espiral de detenciones e imputaciones a los políticos locales desde el pasado mes de marzo, los vecinos de la localidad se movían ayer entre la «vergüenza» y la «decepción». Y es que la investigación ha condicionado la vida municipal en muchos aspectos y ha empañado la imagen de Castro. Muchos se preguntan si, con tantos asuntos judiciales pendientes, los ediles tienen tiempo de preocuparse de los auténticos problemas locales.
La detención de dos promotores a principios de diciembre destapó la investigación judicial que se desarrollaba por el proyecto urbanístico en Santa Catalina. Los arrestados eran responsables de la construcción de una promoción de 53 viviendas, llamada 'Boulevard' y levantada por la empresa Urdicam. En esa operación también fueron detenidos los dos arquitectos de la firma, aunque luego quedaron en libertad. A los cuatro se les acusaba de haber construido el inmueble sobre un arroyo. Una treintena de familias, que ya habían firmado las escrituras, resultaron afectadas.
Apenas unos días después, la Guardia Civil arrestaba al ingeniero de caminos de Dirsur, F.J.L., empresa contratada por el Ayuntamiento en la pasada legislatura para elaborar el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana. También apresó al ex arquitecto municipal Pedro Restegui, a éste por segunda vez. Al parecer, ambos técnicos realizaron una modificación en el plan parcial que afectaba a la zona de Santa Catalina, donde se levantó el edificio 'Boulevard'.
Pronto la Policía Judicial amplió sus pesquisas a otras dos promociones próximas al inmueble, 'Paraíso XIX' y 'Santa Catalina', que estarían asentadas sobre el mismo arroyo. Los dos responsables de la empresa Viviendas y Promociones Cotolino declararon la semana pasada por un supuesto delito de estafa y otro contra la ordenación del territorio.
Hubo una tercera persona citada que desempeña el cargo de gerente de Inmobiliaria Izarra-Promociones Paraíso. Y, por idéntico motivo, es objeto de la investigación abierta en relación a la promoción 'Paraíso XIX', aún en construcción, aunque no vendió ninguno de los 21 pisos previstos.
* EL Correo Digital - SONSOLES ZUBELDIA - 5.02.2009
Foto: Castro Urdiales - wikipedia.org
El Tribunal Superior ordena demoler una casa de la asesora de Urbanismo de Nigrán
LAVOZDEGALICIA/Vigo* : La funcionaria que se encarga en Nigrán de velar por la legalidad de los asuntos de materia urbanística posee una vivienda construida de manera irregular sobre la que pesa una sentencia firme de derribo desde el pasado mes de octubre.
La asesora jurídica del departamento de Urbanismo, María del Carmen Iglesias Rial, y miembros de su familia construyeron un bloque de tres viviendas adosadas cerca de los arenales de Praia América, en San Pedro de A Ramallosa, conforme a una licencia que fue mal concedida por el Ayuntamiento porque no respetó el requisito de parcela mínima estipulado en las normas subsidiarias de planeamiento.
Las viviendas fueron levantadas sobre un solar de 603 metros cuadrados cuando hubieran sido necesarios al menos 1.200 metros (400 por vivienda) para ajustarse a la legalidad, según corrobora otro informe de disciplina urbanística de la Xunta de Galicia.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado un recurso de apelación que fue interpuesto por el Concello de Nigrán y los interesados -María del Carmen Iglesias Rial y dos cuñados de esta funcionaria- contra la primera sentencia dictada el 30 de diciembre del 2004 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo.
Dicho fallo judicial anuló la licencia por ser contraria a la normativa urbanística vigente y condenó al Ayuntamiento a demoler la edificación por incumplir la parcela mínima prevista en la ordenanza 6 del planeamiento de Nigrán.
Propuesta
Los familiares de la asesora urbanística de Nigrán han presentado una propuesta para intentar no destruir la edificación, consistente en convertir las tres viviendas adosadas en una sola. Su abogado manifestó ayer que lo ilegal son las tres viviendas, pero que se podría mantener la edificación porque consideran que no es contraria al planeamiento.
Se amparan en un apartado del último fallo judicial en el que se expresa que, anulada la licencia, se impone la orden de demolición, «sin perjuicio de que el promotor pueda promover la obtención de una nueva licencia para una única vivienda, acreditando el cumplimiento de los parámetros urbanísticos, lo que tal vez permita el aprovechamiento de lo edificado».
Para la funcionaria María del Carmen Iglesias Rial, el origen del problema es un error en la redacción de las normas de planeamiento, puesto que en la unidad de actuación donde está su vivienda se omitió la excepcionalidad del requisito de parcela mínima presente en el resto de los ámbitos.
Los propietarios de la vivienda podrían pedir una indemnización al Concello si finalmente tuvieran que llevar a cabo las obras de demolición para ajustarse a la legalidad.
Sin embargo, existe otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, a raíz de la denuncia de otra vecina, que señala que las obras que se realizaron tampoco se ajustaron a la licencia que fue concedida, cuestión en la que podría ampararse el Ayuntamiento para evitar el desembolso.
El lugar donde se construyeron estas viviendas era un antiguo parque público, una superficie arbolada con mesas y bancos muy utilizado por los vecinos, que el Ayuntamiento decidió sacar a subasta pública para generar ingresos.
Los vecinos del barrio de Area perdieron así un espacio verde y todavía hoy continúan lamentándolo. «Había unos olmos que daba gusto verlos», recordaba ayer Ángel Díaz Rial, vecino del barrio.
* La Voz de Galicia - Alejandro Martínez - 5.02.2009
Foto: Un vecino muestra el parque público que existía antes de que se construyera la edificación a sus espaldas - lavozdegalicia.es
Jerez: Anticorrupción requiere todo tipo de documentación en Urbanismo
DIARIODECÁDIZ* : Fiscalía y Udyco prosiguen con el desarrollo de un amplio operativo 'anticorrupción' en la ciudad y ayer mismo, según ha podido contrastar este periódico a través de diversas fuentes, irrumpieron funcionarios públicos en la Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, antigua Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), para solicitar a los técnicos de la concejalía que dirige actualmente Juan Pedro Crisol todo tipo de documentación seleccionada y relacionada con el grueso de convenios urbanísticos rubricados en los últimos años.
Probablemente, han señalado, esta petición de documentos también se esté llevando a cabo en empresas que han venido trabajando con el Consistorio jerezano. La investigación, según han venido manteniendo en días atrás fuentes del gobierno local, arrancó con el cese de Pacheco a manos de la alcaldesa, Pilar Sánchez, en marzo de 2007. La regidora denunció a la Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión del ex alcalde y la investigación sigue su curso.
No obstante, se ha sabido que el rastreo "a conciencia" de la gestión urbanística seguida en el Consistorio durante los últimos tiempos es el principal leit motiv que impulsa el "singularísimo" expediente abierto por la Fiscalía, que además incluye otras causas -se habla de un total de cinco- como el 'caso Jerecom' y la trama de empresas satélites que, entre otras cosas, presuntamente facturaban a la GMU por duplicado y cobraban por obras no ejecutadas; y la denuncia que ya ha cursado el Juzgado de Instrucción nº3 por supuestas contrataciones irregulares de dos colaboradores de Pedro Pacheco que cobraron unos 200.000 euros sin justificar contrapartida o trabajo alguno.
Mientras los grupos políticos han declinado en todo momento pronunciarse de forma abierta hasta tanto en cuanto no avance o culmine la investigación, lo cierto es que el operativo ha solicitado en Urbanismo "todos los convenios urbanísticos y numerosa documentación sobre obras y promociones concretas". En este sentido, ha podido saber este medio, los funcionarios han requerido en los convenios la fecha de solicitud de licencias; la fecha de concesión de dichas licencias; el registro de petición de primera utilización y la fecha en la que se concedía. Igualmente, se ha solicitado información sobre "el objeto concreto de lo que se convenía". Este periódico ya adelantó que Fiscalía y Udyco habían solicitado a altas instancias municipales todo tipo de documentación relacionada con algunos de los convenios más importantes rubricados en los últimos años, como puedan ser las modificaciones puntuales de Croft, Carrascal, Ikea o acuerdos firmados sobre los suelos de La Norieta (sector 34).
En este punto, diversas fuentes insisten en el entronque que toda esta investigación pueda tener con la 'Operación Karlos', que destapó una presunta trama fraudulenta a Hacienda y Seguridad Social. De hecho, cuando van a cumplirse tres años de aquella operación, no está de más recordar que ya en aquel momento IU solicitó una investigación por las posibles extensiones urbanísticas del caso 'Karlos' y señaló directamente a la figura de José Luis López, empresario ubriqueño detenido en esta operación y puesto en libertad con cargos aunque sin fianza, y su vínculo con el polémico desarrollo de La Norieta, la segunda fase de un parque empresarial gestionado precisamente por la empresa Jerez Ciudad de Negocios, de la que López es consejero. Dicho grupo político puso de manifiesto el bajo precio de venta mediante el cual el empresario adquirió la parcela -72 euros el metro- en relación con el que llegaron a alcanzar otras zonas con menor proyección que La Norieta, con precios que rondaron los 160 euros por metro. Lo es evidente es que Fiscalía y Udyco están profundizando en las posibles causas abiertas y trabajando a destajo en una investigación que se prevé larga.
* Diario de Cádiz - Francisco Sánchez Múgica / Jerez / A. V. / F. S. M. - 5.02.2009
Foto: Funcionarios municipales sacan documentación de la GMU, el día de la ruptura del pacto PSOE-PSA en marzo de 2007. - diariodecadiz.es
Fracasa la conversión de viviendas libres en protegidas
PÚBLICO* : Un año después de que el Ministerio de Vivienda aprobara la primera medida para animar a que los promotores convirtieran pisos de hasta un año que no venden en viviendas de precio protegido, las inmobiliarias han presentado menos de 5.685 solicitudes. A éstas se añaden las peticiones correspondientes a medidas aprobadas por las comunidades autónomas, añadidas a la estatal, como las 1.300 viviendas que se transformarán en pisos de precio concertado catalán o los 120 en Cantabria al precio concertado autonómico, ambos a medio camino entre el libre y el protegido.
En total, son 7.105 pisos que se convertirán en viviendas de protección oficial (VPO), según los datos recabados por Público en todas las comunidades, que son las que tienen las competencias en vivienda. El ministerio asegura que no tiene datos y tampoco los dan Galicia, Murcia, Canarias y Castilla y León. En Aragón, Asturias, Madrid, Extremadura, Navarra, La Rioja y País Vasco, no se ha registrado ninguna conversión a VPO.
Esta cifra equivale a sólo el 1% de las 651.427 viviendas iniciadas en 2007, con lo que a lo largo de 2008 iban a tener un año y, por tanto, cumplían la condición para poder transformarse en VPO. Además, esos 7.105 pisos contrastan con el stock de los que están sin vender, que supera el millón: por un lado, hay 783.061 pisos que esperan comprador, al cierre de septiembre, más los 247.446 inmuebles que ya lograron visado entre enero y noviembre de 2008 para empezar a construirse. El balance no deja de ser llamativo ya que el parón de ventas que sufren las inmobiliarias desde septiembre de 2007, se ha agravado con la crisis financiera y económica y muchas de ellas están al borde de la agonía.
Algunas comunidades apuntan como culpable al escaso interés de los promotores en las zonas caras, donde aún pueden afinar precios. Fuentes del sector admiten ese desinterés porque, en muchos casos, "las inmobiliarias optan por bajar directamente los precios y se ahorran el trámite de pasar las viviendas a VPO; además libran al comprador de la obligación de vender luego su piso a precio protegido".
No obstante, las estadísticas no reflejan aún esas rebajas significativas del 30% que han empezado a hacer algunas cajas con su cartera de inmuebles.
La mitad, en Andalucía
La comunidad donde más éxito ha tenido la medida para absorber stock es Andalucía, con 3.663 pisos solicitados para convertir en VPO, de los que 1.403 ya tienen calificación. Almería está en cabeza (1.484 inmuebles), en cambio, en Sevilla sólo hay 149 solicitudes y en Málaga, 138.
Le sigue Castilla-La Mancha, que ya ha calificado 800 viviendas libres como pisos protegidos desde que en enero de 2008 se aprobó el decreto del ministerio. Además, el Ejecutivo regional lanzó las viviendas de iniciativa público-privada para alentar a los promotores a convertir en VPO parte del stock.
En Cantabria, los promotores han pedido que 494 pisos nuevos de precio libre pasen a VPO, a los que se unen otros 120 a precio concertado autonómico, y en Baleares, de los 570 pisos calificados como VPO, 373 proceden del mercado libre. Les sigue el País Valenciano, que fue unas de las primeras autonomías que adoptó la medida estatal y en 2008 ha concedido la calificación de VPO a 355 viviendas. Además, en el nuevo plan de vivienda permitirá calificar como VPO de precio concertado pisos de hasta 150 metros cuadrados, frente al tope estatal para recibir ayudas de 90 metros.
* Público - SUSANA R. ARENES - Madrid - 02/02/2009
Baena: Citan a cuatro imputados por presuntos delitos urbanísticos
DIARIODECÓRDOBA* : El juez titular del juzgado de primera instancia e instrucción de Baena llamó ayer a declarar a los cuatro imputados en un caso de supuestas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de la localidad. Los cuatro imputados (dos ex concejales y un actual concejal del PSOE y un funcionaria municipal) deberán explicar al juez el próximo día 18 si dieron el visto bueno a la ejecución de reformas sin licencia de obra en al menos una docena de parcelas e inmuebles del pueblo.
El juez debe determinar en última instancia si desde el Consistorio se ha dado el visto bueno a prácticas que no se adecuan al planeamiento legal urbanístico del municipio.
Fuentes de la defensa insisten en la legalidad de todos los casos denunciados, en los que se procedió a la paralización de las obras y su posterior sanción urbanística, si bien es cierto que no se ha ejecutado ningún derribo en esta localidad. Las presuntas irregularidades urbanísticas sucedieron entre los años 2002 y 2004 en el término municipal de Baena y fueron denunciados el 28 de junio del 2007.
Esta causa se juzga separada del conocido caso de las facturas falsas , que también salpica al Ayuntamiento baenense, pero la investigación policial y la instrucción judicial han sido tangenciales en ocasiones. También comparten sendas instrucciones el escenario (el Ayuntamiento) y varios de sus actores, que han protagonizado ya varios cruces de denuncias. María Jesús Muñoz, concejal de IU, ejerce la acción popular en la causa de las facturas; mientras que ella y su esposo, Carlos Arenas, ex edil de Baena, son los denunciantes en la causa urbanística.
FACTURAS La anterior jueza de Baena ordenó escuchas telefónicas e investigaciones del patrimonio de varias empleados municipales. De forma paralela, el Ayuntamiento, gobernado por Luis Moreno (PSOE), encargó una auditoría para confirmar que las facturas cumplían los requisitos establecidos por las Bases de Ejecución Presupuestaria. El juez actual ha llamado a declarar ya a varios imputados por las facturas falsas . La defensa va a solicitar el sobreseimiento y archivo de la causa. El día 18 será el turno de la causa urbanística.
* Diario de Córdoba - 04/02/2009 IRINA MARZO
Foto: Fachada del Ayuntamiento de Baena, en una foto de archivo -SANCHEZ MORENO, diariocordoba.com
Participación, tomar el nombre en vano
JORDI BORJA* : No sé si como dice el tango 20 años no es nada, o es mucho. O quizá se cambia para que nada cambie como diría el príncipe de Lampedusa. El Ayuntamiento de Barcelona propone un referéndum sobre la conversión de la Diagonal en paseo con tranvía incluido, lo cual, evidentemente, supondrá una limitación considerable a la circulación de los automóviles. Vaya por delante que la propuesta me parece interesante y más ambiciosa de lo que parece y la idea de promover un referéndum también. Pero no es oro todo lo que reluce, una flor no hace verano y un referéndum aislado no es participación ciudadana efectiva.
Recuerdo que hace algo más de 20 años cuando se habían aprobado los reglamentos de descentralización y participación que entreincluían el derecho de los ciudadanos a promover una consulta popular, hubo algunos colectivos de barrio que se plantearon esta posibilidad respecto a proyectos concretos que les afectaban. La reacción de los concejales responsables de la cosa fue siempre la misma: ¿cómo podemos impedirlo? Como por aquel entonces yo era teniente de alcalde del tema era el que recibía esta curiosa demanda; se trataba de un derecho que habíamos aprobado por unanimidad y, además, la consulta no era vinculante. La participación de los ciudadanos en la gestión urbana ha sido algo que se ha querido y se ha temido, se ha proclamado más que practicado. En fin, es el pasado, ahora el gobierno de la ciudad ha hecho de la "proximidad" con los ciudadanos su lema preferido.
Sin embargo, practicar una gestión participativa supone a la vez integrar esta dimensión en el conjunto de la actividad pública y un estilo de gobierno que podríamos resumir en tres principios. Primero: tener una propuesta clara sobre la cual debatir. Segundo: escuchar a los ciudadanos y, especialmente, a los que han agregado sus opiniones e intereses por medio de asociaciones o entes formales o no colectivos. Tercero: asumir la decisión final debidamente motivada, dando respuesta a aquellas demandas o propuestas ciudadanas que no se hayan incorporado. Nos tememos que en este caso el gobierno de la ciudad no está muy convencido de su propuesta y busca la complicidad de la ciudadanía o la excusa para no llevarla a cabo. Excepto en situaciones excepcionales, no creo que las consultas deban ser vinculantes, deben contribuir a la deliberación e influir en la decisión definitiva, pero el gobierno no debe dimitir de sus competencias ni renunciar a su obligación de innovar.
En cambio, sí que se deben crear las condiciones para una participación continuada que permita hacer consultas populares con mayor conocimiento de causa. Los distritos debieran ser ámbitos de discusión de las políticas públicas y no sólo correas de transmisión del gobierno de la ciudad. El potencial participativo que ofrecía la descentralización aprobada entre 1983 y 1986 no se ha realizado. Los consejos de distrito debían ser elegidos (se aprobó por unanimidad) pero ni los gobiernos sucesivos, teóricamente de izquierdas y participativos, nunca las han promovido, ni la oposición las ha reclamado. Durante años se dijo que se debería esperar a que se aprobara la Carta Municipal, lo cual no era imprescindible; luego se aprobó la Carta y no pasó nada.
En la década de 1980 se propuso que en las elecciones de distrito se pudieran presentar agrupaciones de electores y candidatos individuales con el fin de favorecer la participación y la renovación de los representantes ciudadanos, lo cual la mayoría socialista de entonces no aceptó. Sin embargo, había un factor favorable a la participación: los presidentes eran propuestos por el partido más votado en el distrito y eran cargos ejecutivos. Ahora el poder ejecutivo del distrito reside en un concejal designado por el alcalde.
Un miembro del gobierno socialista de Madrid de los ochenta argumentaba que ellos lo habían hecho mejor, se habían reservado todos los distritos; le contesté que cuando perdieran las elecciones, como ocurrió poco después, se arrepentirían. Otro tema, el "presupuesto participativo": sin pretender mitificarlo sí que es una oportunidad de informarse y debatir la política municipal, pero se ha hecho de forma tan burocrática que cada año pasa sin pena ni gloria.
En resumen, hay que saludar la iniciativa de convocar un referéndum sobre la Diagonal, pero no nos hagamos ilusiones sobre que esto vaya a suponer un cambio de tendencia del gobierno municipal. Es curioso por otra parte que esta ocurrencia haya sido presentada por el alcalde socialista junto con el falso opositor de ERC, dejando de lado a IC-EUiA, los herederos del PSUC; es decir, las fuerzas políticas que desde el gobierno de la ciudad han promovido, siempre pero no siempre con éxito, las propuestas participativas como las citadas anteriormente.
En la última década el gobierno municipal más bien se ha caracterizado por dar pasos atrás en lo referente a la participación, como pasó con las lamentables normas de civismo, más propias de la extrema derecha que de un gobierno democrático. Incluso cuando propuso hace un par de años un "plan de barrios" en aras de la proximidad era evidente la voluntad de desplazar como interlocutores a plataformas ciudadanas y asociaciones vecinales, mediante figuras burocráticas (consejero de barrio y técnico en participación) que harían de pantalla entre el gobierno y la población y reducirían las problemáticas a las cuestiones de pequeña escala.
Sugerencias al margen. La revista El Carrer de la Federació Associacions de Veïns de Barcelona, informe sobre el referéndum de la Diagonal. Dos exposiciones de gran interés. Sobre el Barraquismo en Barcelona a lo largo del siglo XX, en el Museo de Historia de la Ciudad. Y en el Colegio de Arquitectos las actuaciones en 92 barrios problemáticos de Catalunya en aplicación de la Ley de Barrios.
* ELPAIS.com - Opinión - 2.02.09
La fiscalía pide datos de la permuta del nuevo estadio del Valencia
ELPAÍS* : ¿Cuál es el precio de las parcelas en las que se está construyendo el nuevo estadio del Valencia? ¿Qué valoración se hizo de ellas? ¿Quién y base a qué? Esas son algunas de las preguntas a las que tendrá que responder el Ayuntamiento de Valencia a requerimiento de la fiscalía. Ésta tramita la denuncia de vecinos afectados por la permuta que realizó el consistorio de la superficie en la que se está levantando el nuevo estadio de fútbol a cambio de otros terrenos en distintas ubicaciones de la ciudad.
La fiscalía ha girado al Ayuntamiento de Valencia y al servicio oficial de arquitectos de la consejería un requerimiento por el que debe detallar cuál es el precio de mercado de los terrenos afectados por la construcción del nuevo estadio de fútbol. Y además, pide esa misma valoración respecto de los terrenos adquiridos por el Valenciana CF que se van a destinar a servicio público, deportivo, educativo, cultural y jardín. Solicita expresamente la sección de medio ambiente de la Fiscalía Provincial de Valencia que esa información sea remitida por la jefa de sección de la propiedad inmobiliaria y por el jefe de servicio de patrimonio, así como por el técnico de la administración general.
La denuncia que dio origen a las diligencias penales abiertas por la fiscalía pone en duda la idoneidad de la permuta. No solo respecto del transcurso del procedimiento, sino esencialmente por considerar que no se ajusta a la realidad la permuta de terrenos realizada y que en esa transacción el único beneficiado ha sido el club deportivo y se perjudican los intereses generales en favor de los privados.
La fiscalía se propone no sólo depurar el procedimiento sino comprobar las acreditaciones de las que se dispuso para admitir que las parcelas enajenadas tras la modificación de uso de la superficie sobre la que se está construyendo el nuevo campo de fútbol valían lo mismo que las parcelas que a cambio ha dado en Valencia en ejecución de la permuta.
Los vecinos afectados por la construcción del nuevo estadio han plantado cara en los tribunales por una sucesión de decisiones tomadas por el consistorio que, aseguran, sólo han respondido a los intereses del club . Los vecinos defienden que no es aceptable la primera recalificación de la superficie afectada y que el acuerdo no se hizo pensando en el interés general.
* ELPAIS.com - L. GARRIDO - Valencia - 03/02/2009
Foto: Obras_nuevo_estadio_Valencia_CF - elpais.com
La reforma de la Ley de Costas garantiza su destrucción
Ecologistas en Acción* considera que la reforma de la Ley de Costas que mitiga su aplicación respecto a la compra venta de las construcciones costeras que ocupan el dominio marítimo terrestre, favorece la especulación urbanística y la destrucción del litoral. Ecologistas en Acción considera que utilizar una enmienda a la Ley de Navegación para evitar la ejecución de la Ley de Costas, es una muestra de la cobardía del Gobierno de Zapatero ante la presión de los propietarios de viviendas situadas en el dominio público marítimo terrestre.
El mecanismo por el que se ha modificado la efectividad de la ley de Costas (modificación de la Ley de Navegación sin pasar por el Consejo de Estado ni Pleno de Congreso) es un claro indicio de la falta de transparencia en la actual gestión medioambiental.
La anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona, se propuso reducir la artificialización de las costas españolas y limitar el espacio de dominio público marítimo terrestre ocupado por construcciones. La ley de Costas tiene más de dos décadas de vigencia pero ha sido durante el periodo de gestión de Narbona cuando ha comenzado a aplicarse con todas sus consecuencias, iniciando los deslindes del dominio público marítimo terrestre.
Y es que, a pesar de las limitaciones de la Ley de Costas, el grado de artificialización de la costa española sigue aumentando. El primer kilómetro de costa está artificializado en más de un 34%. El segundo kilómetro de la costa mediterránea alcanza un 26,47%. Los 100 primeros metros de la costa mediterránea alcanzaban en el año 2000 el 36,52% de superficie artificial. Los 200 primeros metros alcanzaban el 41,00%. Con estos datos, toda medida para evitar que se construyan más viviendas en el litoral y eliminar aquellas que ocupan el dominio público es poca.
Además, en un contexto de cambio climático e incremento de nivel del mar, hay que empezar a retranquear las construcciones costeras, eliminando aquellas más cercanas al nivel del mar, para adaptarse a un nuevo escenario que en unas décadas será bastante patente.
Por lo tanto, desde Ecologistas en Acción, se exige que se aplique la Ley de Costas, eliminando las construcciones costeras y se evite la ocupación del litoral. El oscurantismo mostrado por la actual Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, llevando la reforma de manera hermética y apresurada, es buena muestra de su intencionalidad política y de sus perniciosas consecuencias sobre las costas españolas y un auténtico desplante a las políticas implementadas por la anterior Ministra de Medio Ambiente.
* Área Marina de Ecologistas en Acción - 2.02.09
Jerez: La Fiscalía investiga si Pacheco dio 61 obras a dedo desde Urbanismo
ELCORREODEANDALUCÍA* : Al ex alcalde de Jerez y ex líder del PSA, Pedro Pacheco, se le acumulan las denuncias. Mientras que los juzgados investigan la contratación irregular de dos compañeros de partido, la Fiscalía Anticorrupción trata de esclarecer si adjudicó a dedo más de medio centenar de obras a una promotora.
Este otro caso se abre a raíz de la nueva documentación que ha remitido el Ayuntamiento, gobernado por la socialista Pilar Sánchez, al Ministerio Público. Según informó ayer la Cadena Ser, la Fiscalía está estudiando este informe para comprobar, a partir de su contenido, si se concedieron 61 contratos a la empresa constructora Jerecom sin someterse a concurso público. Fuentes de la investigación aseguran que una segunda denuncia procedente de Anticorrupción podrá presentarse la próxima semana.
La fiscal, Virginia Alonso, está analizando estos días las adjudicaciones presuntamente irregulares que se realizaron entre los años 2004 y 2007, un periodo en el que Pacheco estaba el frente de la delegación de Urbanismo del consistorio jerezano. El asunto contiene otros hechos presuntamente delictivos, también estudiados por la Fiscalía, que está tratando de verificar si se elaboraron facturas por duplicado y si se pagó a esta compañía por proyectos que no llegaron a ejecutarse.
Contra las regidoras. Jerecom presentó en septiembre de 2007 suspensión de pagos y dejó sin cobrar a 450 proveedores, quienes han anunciado que presentarán esta semana otra denuncia en los juzgados por estas adjudicaciones que no sólo irá contra Pacheco, sino que incluye a la ex alcaldesa del PP, María José García Pelayo, y a la actual regidora, la socialista Pilar Sánchez.
Si esta querella prospera este asunto podría salpicar también al gobierno del PSOE, que es precisamente el mismo que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estos presuntos hechos delictivos durante la etapa de Pacheco como edil de Urbanismo, quien gobernó primero con populares y después con socialistas. Se entiende por parte de estos posibles denunciantes que García Pelayo y Sánchez consintieron que estas irregularidades se produjeron como presidentas de la Gerencia de Urbanismo y máximas representantes del Ayuntamiento.
Otras denuncias. Esas nuevas acusaciones contra Pacheco se suman a los cargos de malversación de caudales públicos y falsificación de documento oficial que por el momento le imputa el Ministerio Público. Esta denuncia presentada en el juzgado de instrucción número 3 de Jerez se basa en la contratación de dos compañeros de partido, del PSA, a cargo de las arcas del Ayuntamiento entre los años 2005 y 2007. Supuestamente estas dos personas recibieron dinero público, 200.0000 euros en total, por unas tareas que nunca llegaron a realizar. No consta que desarrollarán la labor de asesoramiento de las sociedades para las que fueron contratados, la Empresa Municipal de Suelo de Jerez y Xerez 21 Speed festival, participada en un 51% por el Consistorio.
El ex andalucista Pedro Pacheco se apartó de la primera línea política y renunció a su acta como concejal después del fracaso electoral en 2007. Hasta entonces estaba a cargo de la delegación de Urbanismo y de la primera tenencia de Alcaldía del gobierno, que dirigía con la actual alcaldesa, Pilar Sánchez, tras un pacto de PSA y PSOE. Los hechos por los que ha sido acusado se remontan a dos años atrás de su renuncia cuando, según la denuncia, pagó por supuestas labores de asesoramiento al que era su delegado de Urbanismo hasta 2003, José López, y a Manuel Cobacho, dirigente del PSA. Pacheco dejó de dirigir este partido de forma sorpresiva a final del pasado año.
* El Correo de Andalucía - Natalia Perales - 3.02.09
Foto: Jerez - wikipedia.org
ARCA acusa al Gobierno de "hacer trampas" con la Ley del Suelo
ELDIARIOMONTAÑÉS* : La asociación ecologista ARCA ha acusado al Gobierno de Cantabria de "hacer trampas" con la modificación de la Ley del Suelo y denuncia, además, que la "intención" del Ejecutivo de autorizar el cambio de uso de cabañas e invernales para usos residenciales "viola" el contenido de la resolución parlamentaria que instó a la aprobación de los instrumentos urbanísticos necesarios tendentes a desbloquear y regular la construcción y rehabilitación de viviendas unifamiliares e instalaciones vinculadas a ocio y turismo rural en suelo rústico o no urbanizable.
"La trampa utilizada por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo para violentar la resolución aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cantabria ha sido sustituir el término 'vivienda' por el de 'edificación preexistente', introduciendo así la posibilidad de transformar en viviendas las cabañas y los invernales que los Ayuntamientos incluyan en un catálogo redactado al efecto", explicó ARCA en un comunicado.
Asimismo, la asociación ecologista criticó que Obras Públicas, "con el único objetivo de apuntalar su decisión unilateral frente a los grupos parlamentarios", ha dado traslado de su iniciativa a la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) que, "por supuesto va a celebrar la recepción de este nuevo paquete de competencias urbanísticas".
Por todo ello, ARCA considera "lamentable" que el Gobierno actúe de modo "tan irresponsable" y que legisle "en dirección contraria al clamor general de los cántabros para que se limiten las competencias urbanísticas de los Ayuntamientos".
Por último, la asociación ecologista ha mostrado su apoyo a que se permita la construcción de viviendas unifamiliares en los suelos rústicos próximos a los pequeños núcleos de población, pero considera que antes es necesario aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).
De esta manera, continúa, se daría cumplimiento al texto vigente de la Ley del Suelo de Cantabria cuando dice que "excepcionalmente se podrán autorizar viviendas aisladas, pero esa posibilidad solo es factible de acuerdo con las previsiones que al respecto contemplen los distintos instrumentos de planeamiento territorial".
* El Diario Montañés - Europa Press - 2.02.09
El Gobierno atenúa la Ley de Costas y deja vender las casas sobre la playa
ELPAÍS* : El Gobierno ha emprendido de tapadillo una reforma de la Ley de Costas que suaviza su aplicación. Para ello, Medio Ambiente ha introducido una enmienda a la Ley de Navegación Marítima -de otro ministerio y sin relación con el litoral- para permitir vender y comprar las casas construidas en dominio público, sobre la misma playa, y que hasta ahora no podían cambiar de dueño.
El Ejecutivo comienza así, por la puerta trasera, a rebajar una de las políticas de Cristina Narbona que más problemas acarrearon al Gobierno: la recuperación del dominio público en el litoral.
El cambio no pasó por el Consejo de Estado, ya que se introdujo a última hora en la Ley de Navegación Marítima, elaborada por el Ministerio de Justicia y el de Fomento. Al tramitarse en comisión (la de Justicia, no la de Medio Ambiente) con competencia legislativa plena, el texto tampoco pasará por el Pleno de Congreso. Sin una línea en la exposición de motivos que justifique el cambio -al aprobarla el ministerio sí dio una críptica nota sobre la reforma-, Medio Ambiente abre una reforma de la Ley de Costas, norma clave de medio ambiente, vigente desde 1988.
La disposición final cuarta de la Ley de Navegación Marítima, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre, añade dos apartados a la Ley de Costas: "Las concesiones [a las viviendas construidas legalmente sobre la playa antes de 1988] serán transmisibles, previa autorización de Costas, por actos inter vivos, subrogándose el nuevo titular los derechos y obligaciones de la concesión". Es decir, que las concesiones no sólo se pueden heredar, sino que con esa reforma se podrán vender y comprar. Medio Ambiente tendrá tres meses para ejercer el derecho de tanteo.
Hasta ahora, el Estado otorgaba una concesión de 30 años (ampliables a 60) a los dueños de las casas construidas en dominio público antes de la ley, pero no podían venderlas (salvo excepciones con trámites complejísimos). La reforma, que aún deben aprobar las Cortes, afecta a las cosas construidas legalmente antes de 1988. El Constitucional aceptó en 1991 la fórmula de expropiación contemplada en la ley: que los dueños podrían disfrutar de las propiedades 30 años y que después pasarían a ser demolidas.
Aunque la ley tiene 20 años, fue la ministra Narbona la que comenzó a aplicarla realmente en 2004, ya que los ocho años anteriores apenas se avanzó en el deslinde de la costa -el trámite que delimita la zona pública y la privada de playa-.
Esto provocó miles de protestas, la creación de una Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (que calcula que hay 45.000 viviendas en esa situación) y quejas de las embajadas del Reino Unido y Alemania, ya que muchos de los compradores en primera línea eran extranjeros que, al adquirir su chalé, no fueron informados de que su casa podía pasar a manos del Estado.
La directora general de Costas, Alicia Paz, afirmó a este diario el pasado octubre que no había iniciado "ningún proceso de modificación legal" y que no sabía si se plantearía "algo puntual". Un mes y medio después, el Consejo de Ministros reformaba la ley. Medio Ambiente argumenta que el cambio legal es "una modificación puntual y no de fondo de la citada ley, ya que no altera en absoluto el espíritu de la misma" y que la reforma no contradice lo que declaró Paz.
Sin embargo, Javier Sanz, profesor de Derecho Administrativo en La Coruña y experto en el litoral, afirma: "No es que privatice la costa, pero es un cambio radical de entender las concesiones". En sentido parecido se pronuncia el abogado de la Plataforma de Afectados, José Ortega, quien lo califica como un cambio importante que afecta a mucha gente y va en la dirección correcta. Ortega fue muy crítico con Narbona y apoya el cambio de Elena Espinosa. Los dueños de casas en dominio público, muchos jubilados que se veían sin posibilidad de vender su casa, aplauden la medida.
La medida ha generado malestar entre técnicos de Costas, por la forma en que se ha hecho y por el fondo. Argumentan que dificultará la recuperación del dominio público. Hasta ahora, si Costas quería rescatar una concesión de una vivienda sobre la arena podía alegar ante el dueño que lo mejor era llegar a un acuerdo ya que no podría vender esa casa. Ahora, al poder venderlas, las viviendas se revalorizan y se dificulta la adquisición por parte de Costas.
Marcha atrás en el camino anterior
La ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona pisó muchos charcos. Y en dos de ellos -la costa y el agua- se terminó por ahogar. El retraso en las desaladoras que debían sustituir el trasvase del Ebro y las protestas de alcaldes y comunidades con costas (del PSOE y del PP) y de las embajadas de países de la UE por la aplicación de la Ley de Costas colmaron la paciencia de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Ésta, diputada por Valencia, llegó a supervisar deslindes de costas de Valencia para minimizar los daños.
El deslinde es un trámite muy complejo y aparentemente técnico, pero con gran relevancia ya que, basándose en criterios geográficos, se decide qué casas quedan en dominio público y cuáles pueden seguir en manos privadas. Hay mucho dinero en juego. Si en 2003, Medio Ambiente deslindó 332 kilómetros de costa, en 2007 superó los 1.500 kilómetros. Y las protestas se multiplicaron con la superficie deslindada. Más del 83% del litoral ya lo está.
Así que al otorgar la gestión del medio ambiente al equipo de Agricultura, uno de los objetivos de José Luis Rodríguez Zapatero era rectificar estas dos políticas. Y la ministra Elena Espinosa se ha puesto a ello a su manera, callada pero inexorable, sin los sobresaltos de Corbacho en la rectificación de la política de inmigración de la etapa de Caldera.
En materia de agua no queda ninguno de los responsables del anterior equipo, Medio Ambiente admite públicamente que "las desaladoras no son la panacea" y planea un nuevo trasvase desde el Tajo en Extremadura al Segura, algo impensable con el equipo antitrasvasista de Narbona. Con el cambio de la Ley de Costas comienza el cambio de rumbo para evitar problemas en el litoral.
Una norma clave
- La Ley de Costas, de 1988, declaró público todo el terreno de playa y hasta donde llegaban los mayores temporales conocidos.
- Las casas construidas antes de 1988 en dominio público pasaban a ser del Estado, que daba hasta 60 años de concesión a los dueños. Éstos no podían vender sus casas ni reformarlas sin permiso.
- La norma daba cinco años para completar el deslinde, trámite que delimita las que están en dominio público.
- La realización de deslindes fue a cámara lenta hasta 2004, cuando Narbona comenzó a aplicar la ley y originó una oleada de protestas que ahora el Gobierno quiere aplacar.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 02/02/2009
Foto: Viviendas en el dominio público sobre la playa de Nules en Castellón- ÁNGEL SÁNCHEZ, elpais.com
Crisis en la Marbella de la Mariña lucense
ELPAÍS* : Política Territorial entró a saco en 2006 en el municipio lucense de Barreiros para poner coto a un urbanismo "desornado, insostenible e incontrolado", donde la presión urbanística era tan elevada que las nuevas construcciones no tenían garantizados los servicios básicos. Casi tres años después, la eclosión constructiva de este ayuntamiento costero, que discurre paralelo a la nacional 634, cayó en picado y hoy hay más estructuras paralizadas que obras en marcha.
El alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente Parga, lamenta que con la intervención de la Xunta la crisis de la construcción llegó a su municipio "un año antes". Y también aprovecha la existencia de obras en estructura y paralizadas para acusar al ejecutivo autonómico de impulsar el "feísmo".
La bajamar deja al descubierto kilómetros de arenales a lo largo de diez playas que hasta hace una década estaban casi vírgenes. Todo este atractivo de costa, que va desde Ribadeo hasta la ría de Foz, hizo que fueran proliferando las edificaciones unifamiliares. Lo que en un principio fue una lenta ocupación urbanística se convirtió, muy pronto, en voracidad edificatoria, cuando llegaron promotores de mayor envergadura que sembraron la costa de apartamentos.
"Desde San Cosme bajabas a la playa en medio de maizales y luego podías continuar hacia la zona del camping con el mismo paisaje. Hoy, todo eso se acabó", se lamenta Manolo, propietario de una de las primeras viviendas unifamiliares de la zona. Las fincas se sustituyeron por adosados, que en su mayor parte tienen el cartel de "se vende". En la misma zona estaba proyectaba una ambiciosa urbanización de viviendas unifamiliares, pero se quedó en eso: en proyecto. La crisis y la incertidumbre de Barreiros dejaron a mitad de camino lo que se presagiaba como la Marbella de la Mariña lucense.
El municipio contaba en 2001 con 2.797 viviendas, de las que 1.327 tenían consideración de segunda residencia. Pero en los últimos diez años se concedieron licencias para unas 6.000 casas, aunque en ese tiempo Barreiros perdió 283 habitantes. Todo cambió. Las resoluciones de la Xunta dejaron atrás los tiempos donde todo tipo de construcción se vendía a pie de obra, y la crisis hizo el resto.
Un ejemplo de la pérdida de atractivo inmobiliario lo encontramos en Manuel, que trabaja y reside en Lugo. Decidió invertir "más de lo que tenía" en un apartamento en San Cosme con la intención de revenderlo. Lleva así dos años, pero al número de teléfono que figura en la fachada "no llamó ni el primero". "¡Ni el primero!", enfatiza.
* ELPAIS.com - ARCADIO SILVOSA - Lugo - 02/02/2009
Foto: Barreiros (Lugo) - todopueblos.com
El Puerto: Legalizaciones hasta el último día
DIARIODECÁDIZ* : El anterior Gobierno municipal realizó regularizaciones de viviendas ilegales hasta el final de su mandato. Incluso las hizo estando en funciones, el periodo comprendido entre la celebración de las elecciones y la toma de posesión de la Corporación surgida de esa votación.
Y como muestra de ello, es un decreto de legalización al que ha tenido acceso este periódico firmado por el ex edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez el 7 de junio de 2007, siete días antes de que cesara de su cargo (las elecciones se celebraron el 27 de mayo y el Gobierno actual tomó posesión el 15 de junio).
Éste es uno más, el enésimo (porque no hay una cifra oficial), de los distintos decretos que firmó Rodríguez en beneficio de viviendas al margen del planeamiento cuya legalidad es discutible.
Y el procedimiento seguido es, precisamente, el mismo que ya este periódico ha venido denunciando desde hace meses y en él vuelven a aparecer nombres de arquitectos ya relacionados con procedimientos similares.
Este caso concreto es el de una vivienda en el diseminado ilegal de Los Perales, concretamente en la calle Peral Ercolini. El proyecto fue elaborado por el grupo Tec, perteneciente a las arquitectas Milagros Trigo Pacheco e Isabel Ruiz Vázquez, con el que el jefe de Licencias y Disciplina Urbanística, Fernando Jiménez Fornell, mantiene vinculaciones personales (es el compañero sentimental de una de las profesionales).
El propietario de la vivienda solicitó la apertura del expediente de legalización el 25 de septiembre de 2005. Pero le fue resuelto, de manera positiva, casi dos años después. Para justificarlo, el ex edil de Urbanismo recurrió a un artículo de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) que obliga a las administraciones públicas a pronunciarse sobre la concesión de una licencia o no en el plazo de tres meses.
Transcurrido este periodo, si el organismo competente no ha resuelto la autorización se considera concedida por silencio administrativo.
En este caso concreto, y al igual que otros similares, se otorgó legalizaciones de viviendas en suelo no urbanizable mediante este procedimiento. Para ello, el edil de Urbanismo le remitió al propietario un escrito donde le daba confirmación de ello.
Este nuevo decreto de legalización ha sido incorporado a las diligencias abiertas en el Juzgado número 5 de El Puerto contra el jefe de Licencias y Disciplina Urbanística y contra las dos responsables del grupo Tec tras una denuncia por el propietario de una vivienda del diseminado de Arenas Cárdenas, quien acusa a los tres de un presunto delito de estafa.
Según la versión del denunciante, el estudio Tec le aseguró que podría obtener la legalización de su vivienda mediante silencio administrativo. No obstante, estas diligencias han sido archivadas provisionalmente por la jueza aunque el auto ha sido recurrido por el denunciante.
Ya este periódico ha publicado durante el último año varios casos de legalización de viviendas en suelo no urbanizable. A esto se suma los decretos de autorización del enganche de luz y agua concedidos por "causas humanitarias" y en base a una futura legalización con el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento que aún no ha se ha aprobado de manera definitiva.
Ya hay algunas diligencias abiertas en los juzgados portuenses contra los anteriores responsables municipales por este motivo (no sólo contra Rodríguez sino también contra Hernán Díaz y Fernando Gago).
* Diario de Cádiz - E. M. Cañas - 1.02.09
Foto: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - wikipedia.org
España acumula más de un millón de pisos sin vender
ELPAÍS* : España lleva el camino de convertirse en un enorme cementerio de pisos. Las inmobiliarias cerraron 2008 con un inventario de 1,05 millones de viviendas de obra nueva sin vender. De seguir el ritmo medio de ventas del año pasado, en constante decrecimiento, las empresas tardarán tres años y un mes en deshacerse de todo este volumen de pisos.
Así lo manifiesta el avance de un informe de José García-Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, presentado ayer en la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
De acuerdo con este estudio, unas comunidades se están adecuando mejor que otras al parón del sector. Las obras en Madrid han ido descendiendo y, según García-Montalvo, la región tardará 2,2 años en deshacerse de todo el stock. En cambio, en Cataluña sigue aumentando el volumen de viviendas acabadas y, a su vez, las ventas siguen desplomándose de forma más acusada. Las inmobiliarias catalanas, que venden la mitad que hace un año, tardarán más de cinco años en desprenderse de todo lo construido en los últimos años.
Este cálculo se realizó cruzando datos de las viviendas terminadas y las vendidas. Sin embargo, no incluye las que compraron inversores que pretendían revenderlas al cabo de poco tiempo y que todavía están en sus manos. Concentran entre el 30% y el 40% de todo lo que salió al mercado en época de bonanza, y ahora rivalizan con los promotores para sacarse de encima los pisos.
García-Montalvo, además, advirtió de que los precios deben caer "entre el 40% y el 50%" de su máximo histórico, que se registró en el primer semestre de 2008. Es decir, que todavía deben bajar más de un 30%. Ello se debe a que las familias dedican ahora los ingresos de siete años enteros a pagar la hipoteca. "Este indicador debe retroceder a cuatro años, como está sucediendo en EE UU. Y para eso o bien aumenta rápidamente la renta familiar, lo cual no parece razonable, o debe bajar el precio de la vivienda", explicó.
El mercado inmobiliario emite más signos de deterioro. El volumen de viviendas hipotecadas cayó en noviembre el 45,8% respecto al mismo mes de 2007, hasta las 50.914. El capital prestado para estas operaciones disminuyó un 51,3%.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Madrid - 29/01/2009
Foto: grúas - elpais 15-01
La defensa de un lugar mágico
ELPAÍS/Sevilla* : Los Jardines de Forestier son un enclave de belleza y sosiego situado en Castilleja de Guzmán, a pocos kilómetros de Sevilla. Los jardines fueron diseñados y construidos bajo la dirección del arquitecto francés J. C. N. Forestier (1861-1930) a finales de los años veinte. Están declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y tienen una superficie de 26.000 metros cuadrados.
Desde la balaustrada que culmina los jardines hay una vista de Sevilla que justifica el paseo. La Giralda e Isla Mágica trascienden las leyes del tiempo como dos hitos que dominan la trama del casco urbano. Lomas y olivos bajan hacia la ciudad en un descenso suave, lleno de colores. La joya construida por Forestier luce caprichos arquitectónicos y arbóreos que abren puertas a los placeres de la mente y los sentidos. Jacarandas, cipreses, parterres, fuentes y bancos de azulejos sirven de preámbulo a la explosión de belleza de una pérgola que convoca a festejos y confidencias.
Cuatro grupos han lanzado una llamada en defensa de los jardines. La Plataforma Ciudadana Forestier de Castilleja de Guzmán, Valencina Habitable, la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe y Aljarafe Habitable denuncian que los Jardines de Forestier "quedan fuera del Parque Cultural del Aljarafe Norte". "Así lo recoge el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) tras ser aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) el pasado diciembre", señalan en un comunicado. El Potaus es diseñado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. El Parque Cultural del Aljarafe Norte estará, en principio, integrado por la ciudad romana de Itálica, el Monasterio de San Isidoro del Campo, el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán y el yacimiento arqueológico de El Carambolo.
"La inclusión de un BIC en un parque cultural desde el Potaus supone que va a ser objeto de una serie de actuaciones para contribuir al fomento de su uso público. Estas actuaciones deben ser definidas por la Consejería de Cultura, que es la administración sectorial competente. (...) Cabe recordar que, cuando la Consejería de Cultura culmine el expediente del Parque Cultural del Aljarafe Norte, puede incluir los Jardines de Forestier en el mismo", sostiene la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Y recalca que el recinto "no forma parte del Parque Cultural del Aljarafe Norte porque la Consejería de Cultura es la administración sectorial y no lo ha solicitado". "La Consejería de Cultura todavía tiene margen para hacer esta solicitud si lo considera pertinente, ya que al Potaus le queda el trámite de la aprobación definitiva en el Consejo de Gobierno. Si la Consejería de Cultura lo solicita, se incluirá en el Parque Cultural del Aljarafe Norte", agrega una fuente de Vivienda y Ordenación del Territorio.
Isabel Medrano, presidenta de la Plataforma Ciudadana Forestier de Castilleja de Guzmán, recuerda que "los jardines son un BIC, al igual que lo son Itálica, el Monasterio de San Isidoro o los dólmenes". "Y, sin embargo, estos tres últimos ejemplos están dentro del Parque Cultural del Aljarafe Norte. En el entorno protegido de los Jardines de Forestier quieren construir un área de oportunidad hotelera. No es lógico que los Jardines de Forestier queden fuera del Parque Cultural del Aljarafe Norte. Creemos que hay intereses que no se desvelan", comenta Medrano.
El delegado provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla, Bernardo Bueno, señala que esta institución es la que "tiene la responsabilidad de llevar adelante la figura de parque cultural". "Todo el patrimonio que existe en la zona estará dentro del parque cultural. Los Jardines de Forestier estarán protegidos, como ya lo están por su declaración de BIC", concluye Bueno.
La Junta asegura, así, que no hay peligro para los Jardines de Forestier. Con todo, insistir en la defensa de este oasis es una misión que agradecerán las generaciones del futuro.
* ELPAIS.com - SANTIAGO BELAUSTEGUIGOITIA - Sevilla - 01/02/20
Foto: Jardines de Forestier, en Castilleja de Guzmán- CRISTINA QUICLER, elpais.com
Las Teresitas: La investigación halla grandes patrimonios sin justificar
LAOPINIÓN/Tenerife* : Grandes patrimonios sin justificar, personas con un inigualable olfato para acertar con el número de la lotería que saldrá premiado, importantes cantidades de dinero fruto de "mis ahorros" e inversiones en el extranjero cuyo origen se desconoce. La investigación por el ´caso Las Teresitas´ se encamina hacia su recta final después de más de dos años de instrucción con jugosas novedades en el interior de los cien mil folios de los que consta el sumario.
Grandes patrimonios sin justificar, personas con un inigualable olfato para acertar con el número de la lotería que saldrá premiado, importantes cantidades de dinero fruto de "mis ahorros" e inversiones en el extranjero cuyo origen se desconoce. La investigación por el ´caso Las Teresitas´ se encamina hacia su recta final después de más de dos años de instrucción con jugosas novedades en el interior de los cien mil folios de los que consta el sumario.
* La Opinión de Tenerife - PEDRO GUERRA - 1.02.09
Foto: Manifestación contra el pelotazo de Las Teresitas celebrada a la entrada de la playa santacrucera en febrero del año pasado. efe
La Audiencia reabre el caso de las torres de Oropesa
ELPAÍS* : La Audiencia provincial de Castellón ha anulado el auto de archivo de un caso de corrupción urbanística en Oropesa. Y también ha anulado otro auto sobre el mismo caso que decía que había indicios de delito. Así, la decisión de la Audiencia ha sido anular los dos autos, contradictorios, que la propia Audiencia había dictado sobre el caso de la construcción de más de 600 apartamentos sobre un suelo calificado de uso terciario y destinado a cámping en Oropesa.
Con esto, la causa se reabre y un tribunal deberá determinar si avala la decisión del juzgado, que entendió que había suficientes indicios para decretar la apertura de juicio oral, o lo archiva. En el asunto están imputados tanto el ex alcalde de Oropesa, el independiente Francisco Garrido, como tres concejales y el arquitecto municipal.
Después de que dos tribunales de la Audiencia dictaran los autos contradictorios, la Fiscalía solicitó la recusación de los magistrados que habían participado en su redacción, incluido el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez. La Fiscalía alegaba que los magistrados estaban "contaminados" para decidir sobre la nulidad de los autos y solicitó, además, que fuera otro tribunal adoptara una nueva resolución. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó la solicitud y devolvió el caso a la Audiencia de Castellón, permitiendo que los magistrados que participaron resolvieran sobre la nulidad de los dos autos. La nulidad de ambos ya ha sido aceptada y ahora queda pendiente saber qué tribunal decidirá sobre los recursos a los que respondieron con autos contradictorios.
El caso se refiere a las licencias concedidas, en 2002 y 2003, para la construcción de dos bloques de apartamentos, conocidos como Edificio Mar, en un suelo cuyo único uso permitido era el de cámping. Posteriormente, tras acceder al Gobierno local el PP en 2005, trató de legalizar la obra. Un vecino presentó la denuncia acusando a los miembros del equipo de Gobierno de "prevaricación urbanística", por conceder las licencias con los informes negativos, a excepción del redactado por el arquitecto, también imputado.
Después de que la juez considerara que había suficientes indicios para decretar la apertura de juicio oral, el arquitecto, por una parte, y los políticos, por otra, recurrieron sus imputaciones. Un tribunal de la Audiencia contestó al arquitecto confirmando la postura del juzgado sobre indicios de un presunto delito de prevaricación, y otro contestó a los políticos decretando el archivo del caso.
La acusación se unió a la Fiscalía alegando que "no caben dos varas de medir, de suerte que unos mismos hechos reciban distintas calificaciones jurídicas". Ahora, se ha admitido la nulidad de ambos autos, pero los magistrados que participaron en ellos podrán hacerlo en la resolución definitiva de la causa.
* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 01/02/2009
Foto: Oropesa - wikipedia.org
Destruyen y desvirtúan el patrimonio histórico madrileño
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Proyecto Madrid Río del Ayuntamiento de Madrid ataca, nunca mejor dicho, la parte más significada de la Casa de Campo (entorno del Palacete de Los Vargas), con el beneplácito de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. En medio quedan obras y actuaciones históricas que van desde Felipe II a José Bonaparte que son dañadas de forma irreversible. Lo peor está aún por llegar.
Ecologistas en Acción quiere destacar que la continuada y reiterada denuncia de entidades sociales y partidos de la oposición ante este destrozo no inmuta a ambas administraciones madrileñas. Estas administraciones llevan años saltándose la normativa legal existente, tanto en materia de medio ambiente como en la protección del patrimonio en la Casa de Campo.
Resulta vergonzoso el desconocimiento que se tiene del alcance de las obras que se realizan en el entorno histórico del Palacete de los Vargas, núcleo primitivo de la Casa de Campo. Aquí Felipe II dejó la impronta de jardines renacentistas en el S. XVI, dañados de forma negligente por la corporación madrileña antes y después de la obra de la M-30.
La Dirección General de Patrimonio ha permitido al Ayuntamiento actuaciones aberrantes con motivo de la ampliación y soterramiento de la citada autovía, como el derribo de la tapia perimetral del Jardín de Plantas Medicinales y luego el tránsito de vehículos durante meses por este Jardín, una vez arrasado materialmente.
Pero la cosa no termina aquí. En estos días se procede al traslado de la histórica puerta de la Casa de Campo, todo debido al desastroso proyecto de la M-30 que situó un enorme bunker de cemento justo a escasos metros de la citada entrada. Nadie vio el impacto visual de aquella chapuza, no se cumplió la realización de una evaluación de impacto ambiental previa, lo que obliga ahora a este traslado ilegal. Junto a la Puerta del Rey –en honor del rey impuesto, José Bonaparte– se levantan enormes ejemplares bicentenarios de plátanos de sombra, Platanus hispanica, ya dañados por podas incorrectas en la época de Álvarez del Manzano, y luego por las obras de la famosa autovía, y que ahora van a sufrir nuevos daños.
Para Ecologistas en Acción, el oscurantismo de las actuaciones del Ayuntamiento en estas obras es indignante y crea una gran indefensión. Si los componentes de la oposición municipal no conocen el proyecto, mucho menos las entidades sociales y ciudadanos de a pie.
Ante la situación actual, es deseable que la Dirección General de Patrimonio paralice esas obras y atienda a lo expuesto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que se supone, existe para proteger el legado histórico de la región.
* Ecologistas en Acción de Madrid - 28.01.2009
Foto: ecologistasenaccion.org
El ex cargo del PP obtuvo la recalificación en Collado Villalba
ELPAÍS/Madrid* : Pedro Antonio Martín Marín, uno de los hombres del vicepresidente Ignacio González y ex alto cargo del PP -secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar-, consiguió la recalificación de 11,9 hectáreas de suelo protegido en Collado Villalba, de las que él poseía una parte. Incluso con la prohibición de la fiscalía, que dijo en 1997 que no se podía construir en esos terrenos porque tenían una "especial protección ecológica".
Martín recurrió supuestamente al arquitecto Pedro Ortiz, entonces director general de Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón. "Me pidió que recalificara sus terrenos", denunció el jueves Ortiz en la cadena SER. Él se negó porque "era ilegal". Fue entre 1995 y 1996. Finalmente, logró la recalificación en 2001, con Ortiz ya fuera de Urbanismo. Martín es amigo de González y le acompañaba en el viaje a Johanesburgo, donde fue espiado. Es presidente de Madrid Deportes y Espectáculos, que gestiona el Palacio de Deportes.
González se desvinculó ayer de la petición ilegal de recalificación de Martín a Ortiz. "Es evidente que yo conozco a Pedro Antonio Martín Marín pero en 1995 y 1996 yo no conocía a este señor. Le conocí cuando llegamos al gobierno en el 96", subrayó. "Si alguien quiere insinuar que aquí hay algún tipo de connivencia para una recalificación de hace 14 años es claramente una tergiversación", añadió ayer, en la firma de un convenio entre el Canal de Isabel II y Collado-Villalba.
Martín inició la gestión de recalificación de las 11,9 hectáreas en 1995. Junto a los otros cuatro propietarios de la zona Arroyo Arriba -entre ellos, una concejal del PP del municipio, Esperanza Seoane- pidió al Ayuntamiento que cambiara el uso de la finca. Los terrenos, pegados al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, estaban protegidos, igual que la cuenca del río, puesto que la norma subsidiaria de 1986 que ordenaba el territorio (a falta de un plan general) sólo distinguía entre suelo protegido y urbanizable.
El Gobierno municipal del PP consideró que como el terreno linda por el sur con una urbanización, podía recalificarse, y que además eso convenía a las necesidades de crecimiento del municipio. En consecuencia, el PP, con el apoyo del PSOE, aprobó en octubre de 1995 un proyecto que permitía la construcción de 613 viviendas de tipo multifamiliar (pisos de hasta tres plantas) en la zona.
En esa primera gestión, y en todas las posteriores el PP y el PSOE se aliaron para aprobar la recalificación y se encontraron de frente tanto a IU como a Ecologistas en Acción. El proyecto se discutió en cuatro ocasiones en pleno entre 1995 y 1997, y acabó en 144 viviendas, en lugar de las 613 previstas inicialmente.
En ese intervalo, Martín acudió supuestamente a Ortiz y le pidió que autorizara la recalificación, que necesitaba la aprobación de la Comisión de Urbanismo regional. Ortiz, según lo declarado a la cadena SER, se negó. En 1997 se discutió por última vez en pleno el cambio de uso del suelo. La recalificación estaba casi acabada. Pero entró en juego la fiscalía. Tras examinar las denuncias de IU y de Ecologistas en Acción, dijo que el Ayuntamiento había ocultado a la Comunidad que la finca que pretendía hacer urbanizable tenía una catalogación de "especial protección ecológica". El alcalde de entonces, José Luis Peñalvo (PP) lo negó. Y replicó que un informe de Medioambiente aseguraba que "los valores ecológicos de Arroyo Arriba" estaban "notablemente deteriorados". El que era consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró que después de la revelación de la fiscalía, la recalificación estaba denegada.
Pero no fue así porque esos terrenos son hoy de uso residencial urbanizable. Tienen varias casas construidas y otras muchas en construcción. El alcalde socialista, José Pablo González, aprobó en 2001 el Plan General de Ordenación Urbana que recogió el cambio de uso. La Comunidad no se pronunció sobre la recalificación, y dio luz verde al Plan General. Hoy las viviendas de Arroyo Arriba tienen una vista privilegiada de la cuenca del Manzanares, con la que linda.
El actual alcalde de Collado-Villalba insinuó ayer que quizá Ortiz se confundió en sus declaraciones y se refería a un solar de Galapagar, también propiedad de Martín (con el que este periódico trató de contactar, sin éxito). Ortiz lo negó: el suelo que Martín quería recalificar y al final se recalificó es el de Collado-Villalba.
* ELPAIS.com - REBECA CARRANCO - Madrid - 31/01/2009
Foto: Collado Villalba (Madrid) - guiavillalba.net
