ELOBSERVADOR* : El nuevo PGOU que tramita la administración local del Partido Popular en Marbella supone una amnistía generalizada a las construcciones ilegales que se han desparramado por todo el municipio al son de la chequera de Juan Antonio Roca y Jesús Gil. Constructores y promotores se benefician de este ‘todo vale’ con el que el actual Ayuntamiento quiere revitalizar los males que ha provocado la investigación judicial.
Todo se legaliza, incluida la piedra angular de la operación Malaya, el Hotel Guadalpín Marbella de Aifos, al que sólo se piden 635 metros para regularizar su situación. Frente a las intenciones de la alcaldesa del PP, Ángeles Muñoz, la abogada Inmaculada Gálvez insiste en declaraciones a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com en solicitar “la demolición del hotel, emblema de la corrupción urbanística en la Costa del Sol” para restaurar la legalidad alterada. No es la única, mañana viernes la Plataforma de vecinos 29-M enviará al eurodiputado David Hammerstein un amplio dossier documental del PGOU de Marbella para que el Europarlamento de Bruselas conozca y tome cartas en este asunto.
LA denominada 'operación Malaya’ sobre la corrupción en Marbella empieza en 2005 tras la declaración de un testigo que fue citado en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella para declarar sobre irregularidades urbanísticas relacionadas con el hotel Guadalpín Marbella de Aifos. Es la conversación entre este funcionario y el juez Miguel Ángel Torres lo que destapa el mayor caso de corrupción de España. La abogada Inmaculada Gálvez, estrechamente ligada a estos hechos y conocedora de los pormenores del Guadalpín, como defensora de clientes afectados por el inmueble, lo califica sin tapujos como “el emblema de la corrupción urbanística de la Costa del Sol”.
ABIERTO sin las preceptivas licencias, acumulando tantas irregularidades durante su construcción que la arquitecta inicial del proyecto se largó a mitad de construcción porque no quería hacerse responsable de lo que se venía encima (ver noticias relacionadas); objeto de dudosas compraventas por empresas de Isabel Pantoja cuando era pareja del entonces alcalde, Julián Muñoz, que concedió a renglón seguido los consiguientes permisos; refugio y cortesía para una legión de políticos, jueces y funcionarios agraciados por la generosidad empresarial de Aifos, el hotel Guadalpín Marbella ha sido objeto de polémica y de constante atención mediática.
AHORA el establecimiento se ve beneficiado por la amnistía generalizada que concede el nuevo PGOU de Marbella a las numerosísimas construcciones ilegales que salpican la ciudad. “El famoso Hotel Guadalpín, construido por Aifos, deja de aportar casi 3.000 metros cuadrados. La construcción, estudiada al detalle en el caso Malaya, tenía que entregar 3.590 metros cuadrados para regularizarse, que pasan a 635 metros”, informó el martes el diario El País.
PARA evitarlo están la cascada de alegaciones que han presentado tanto Gálvez como multitud de abogados como representantes vecinales, entre ellos los de la Plataforma 29-M, que se distingue por pedir mano dura y que se cumpla lo que dicta la ley que es la restauración de la legalidad alterada por las construcciones ilegales, lo cual, en cristiano, significa demolición. “Para el Guadalpín pido demolición. Allí hay un Plan parcial, una urbanización consolidada. Es que si se legaliza, se está legalizando el emblema de la corrupción urbanística en la Costa del Sol”, subraya Gálvez.
UNA de las acciones paralelas de la Plataforma vecinal 29-M es solicitar la intervención de la Unión Europea en este asunto, para lo cual cuentan con el compromiso de colaboración del eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, a quien enviarán mañana viernes un amplio dossier con documentación detallada de las ilegalidades cometidas.
* El Observador - 8.01.2009
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
El PP de Marbella legaliza al “emblema de la corrupción urbanística en la Costa del Sol”
El PGOU de Antella prevé 6.000 nuevas casas sin conocer si dispone de agua
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LEVANTE/Valencia* : Ni estudio de disponibilidad de recursos hídricos, ni previsión de necesidad de VPO, ni reserva de suelo para el ecoparque, ni siquiera, un estudio de impacto ambiental "completo".
Las carencias del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) presentado por el Ayuntamiento de Antella, que preside la popular Mª Isabel Giménez, son tantas que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha decidido exigirle al consistorio que remita casi una decena de informes que debían acompañar el PGOU aprobado provisionalmente en julio de 2007 y que subsane algunas deficiencias del plan urbanístico.
Entre los informes reclamados destaca el estudio sobre previsión de necesidades de VPO en el municipio, especialmente importante en el caso del PGOU de Antella dado el volumen de nueva vivienda que proyecta (unas 6.000 casas y un campo de golf fruto de la reclasificación de 2.600.000 m2).
* Levante-EMV - Teresa Juan-Mompó - 8.01.2008
Foto: Antella (Valencia) - lasprovincias.es
La Fiscalía lleva el ´caso Caballistas´ al Supremo y recurre la sentencia absolutoria
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ÚLTIMAHORA/Mallorca* : El 'caso Caballistas' llegará al Tribunal Supremo. La Fiscalía de Balears ha presentado el escrito por el que recurre la sentencia que absolvía a los catorce acusados, la mayor parte de ellos alcaldes y altos cargos municipales del Partido Popular.
El Ministerio Público se queda solo a la hora de elevar el caso al máximo tribunal, ya que ninguna de las dos acusaciones particulares ha presentado recurso en el plazo previsto, que terminó a las doce de la noche de ayer.
La acusación de Jaume Melis, al que representaba el abogado Josep de Luis, ya anunció hace días que no plantearía un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears. En la misma línea, el PSIB confirmó ayer que tampoco llevaría el caso más allá. Desde el partido consideran que la sentencia absolutoria pone de manifiesto de forma suficiente que los cargos del PP cometieron una actuación reprobable políticamente. Pese a que no formalicen el recurso, ambas acusaciones particulares permanecen personadas en la causa y podrían adherirse al recurso de la Fiscalía, aunque esta posibilidad parece lejana.
El fallo de la sala de lo Civil y Penal es especialmente claro al afirmar que no hubo delito. El texto zanja que los caballistas de ses Salines habían actuado en los lugares que habían certificado los alcaldes y que, por lo tanto, no hubo «mentira objetiva» cuando los cargos municipales emitieron los certificados que más tarde se usaron para respaldar la declaración de interés general de una finca del ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal. Además, la sentencia quitaba importancia a la posible falsedad que se hubiera cometido que sería «inocua», ya que se trababa de documentos sin sellos oficiales ni registros de salida, por lo que no tenían validez legal efectiva. En el mismo articulado, también se dejaba claro que en ningún caso era objeto del juicio la situación urbanística de la finca y que lo único que se juzgaba era si había habido o no un delito de falsedad. Así, tras el juicio celebrado a principios de diciembre, fueron absueltos Sebastià Vidal, ex alcalde de ses Salines; Sebastià Escalas Vidal, celador del Ajuntament de ses Salines; Sebastià Portel y Andreu Prohens, secretario y ex alcalde de Campos; Miquel Vidal, alcalde de Santanyí; Joan Jaume Mulet, alcalde de Llucmajor; Joan Jaume Ramis, ex alcalde de Lloret; Catalina Soler, ex alcaldesa de Felanitx; Gabriel Matas, alcalde Montuïri; Antoni Serra, ex alcalde de sa Pobla; Joan Llabrés, ex concejal de sa Pobla; Joan Rubert, teniente de alcalde de Inca; Joan Rotger, alcalde de Selva y Antoni del Olmo, ex alcalde de santa Margalida. Todos ellos se enfrentaban a penas de suspensión de cargo público y el caso de los primeros de cárcel por delitos de falsedad documental.
* Última Hora Digital - V. MALAGÓN - 8.01.2009
Foto: Ses_Salines (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaquality.com
Gran Scala, un año jugando a la ruleta en Aragón
DIAGONAL* : Al final de 2007 se anunciaba un proyecto de juego, al estilo Las Vegas y denominado Gran Scala, que supondría una nueva ciudad del juego. ¿Qué ha sido de él? Un año después del anuncio de esta ciudad del juego prevista para 100.000 habitantes (la segunda más poblada en Aragón) en el desierto de Monegros, repasamos con uno de los portavoces de la plataforma Stop Gran Scala, J.L. Martínez, el estado del proyecto y la evolución de las resistencias articuladas.
Durante este año de Gran Scala, algunas cosas, como el contenido del proyecto o el apoyo del Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), han permanecido intactas. Otras, como la percepción social del negocio o la composición de las resistencias, se han ido modificando. Al inicio, Martínez reconoce que fue fundamental la oposición rápida y tajante de los sectores antagonistas de los movimientos sociales y de IU en Aragón. “Esto compuso el primer núcleo de la campaña, que partía de una razón política esencial: si la patronal del juego de Las Vegas desembarca aquí, con el apoyo de la clase política, esta tierra está acabada”.
A partir de ahí, fueron sumándose enfoques de los distintos impactos del proyecto: sobre el medio ambiente, el modelo de empleo o la vida local. Esto impulsó la plataforma Stop Gran Scala, que ha liderado la oposición al evento y que, junto a las informaciones aportadas por algunos medios sobre los promotores (ILD), ha incidido decisivamente en el cambio de la opinión pública. Sobre esta base, la oposición ha ido incorporando otros sectores sociales, como la gran mayoría de organizaciones cristianas de base y la Chunta Aragonesista, partido que definió esta postura tras un intenso debate interno. Para Martínez, esto muestra cómo el movimiento ha sido capaz de acumular apoyos en torno a su oposición originaria. En la actualidad, el objetivo de la plataforma es “formar un grupo de presión fuerte, cuyas aspiraciones van más allá de la viabilidad del proyecto”.
Operación desgastada
A la oposición exterior se suma el propio desgaste interno de la operación Gran Scala. “El negocio para los promotores era comprar unos terrenos muy baratos y venderlos mucho más caros a unos inversores exteriores, atraídos por la confianza que otorgaba el apoyo institucional a la operación. Como el proyecto tuvo que hacerse público prematuramente, la compra de terrenos se complicó”, declara Martínez.
A su vez, el crecimiento de la oposición ha bloqueado la vía de las expropiaciones. Para el portavoz, el estancamiento del proyecto prueba su falta de solidez: “Con todo un Gobierno a favor y en un año, los promotores no han desembolsado ni un duro para la ejecución”. En este contexto, la Plataforma insistirá con sus movilizaciones hasta que el Gobierno de Aragón rompa sus acuerdos con los promotores: “En definitiva, la operación Gran Scala es una opción política y un debate que no puede aparcarse, sobre todo ahora”.
Oposición a pie de obra
Durante 2008, las movilizaciones multitudinarias en Zaragoza se han combinado con una pluralidad de resistencias en el territorio donde se proyectaba “la ciudad del juego”. A la ubicación inicial en Los Monegros le siguió la formación, en su capital Sariñena, de la plataforma Monegros No Se Vende. A su vez, siempre han aparecido minorías de propietarios que, pese a no poder hacer público su desacuerdo con el proyecto, han disentido, al considerar la incompatibilidad de Gran Scala con su modo de vida actual. A esto se añaden sectores juveniles y las organizaciones del Baix Cinca, como Docentes Contra Gran Scala, que han organizado la oposición en núcleos más poblados, como la capital, Fraga, de 15.000 habitantes, conforme el proyecto se desplazaba al este.
* Rebelión - Diagonal - 8.01.2009
Ordenan el ingreso en prisión de un condenado por delito urbanístico
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ELCORREODEANDALUCÍA* : Un juzgado sevillano ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre condenado por un delito contra la ordenación del territorio, después de que éste no haya cumplido la orden judicial de demolición de la vivienda ilegal que construyó en una finca de Gerena (Sevilla).
Fuentes judiciales informaron a Europa Press que el juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla ha dictado un auto acordando la prisión de M.C.B. al incumplir la orden de demolición, impuesta en sentencia firme por la Audiencia Provincial en noviembre del año 2007.
La finca sobre la que edificó el ahora condenado, sita en el lugar conocido como 'Mesa Carrasco y Las Perreras', era de 2500 metros cuadros de superficie. En este sentido, el Ayuntamiento había iniciado expediente sancionador por la parcelación ilegal en suelo rústico que afectaba a esa parcela.
Así las cosas, el acusado levantó en 2003 en dicho terreno sin licencia una nave de 80 metros cuadrados y una piscina de 60 metros cuadrados. A pesar de que el Ayuntamiento inició en abril de 2005 un procedimiento para regularizar o legalizar el suelo, el juez entiende que lo que se haga en el futuro por el Consistorio regulando de otra forma ese suelo "no afecta al delito ya cometido por el acusado", por lo que "es necesario demoler lo construido".
De esta manera, el juzgado, que es el encargado de ejecutar la sentencia firme y la consiguiente orden de demolición, ha denegado al acusado, y a petición del fiscal de Medio Ambiente, la suspensión de la ejecución de la pena de prisión porque considera que el incumplimiento de la orden de demolición supone que el condenado "no ha cumplido la responsabilidad civil derivada del delito", que es "un presupuesto necesario para conceder dicha suspensión", motivo por el cual se ha ordenado el ingreso en prisión, especificaron a Europa Press las mismas fuentes.
* El Correo de Andalucía - 7.01.2009
Foto: Gerena (Sevilla) - andaluciarustica.com
La SPA sólo ha alquilado el 18,1% de las viviendas recibidas desde el año 2006
ELMUNDO* : La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) ha registrado la entrada de 49.816 viviendas entre enero de 2006 y diciembre de 2008, pero sólo ha entregado las llaves de 9.055 inmuebles, un 18,1% del total, según cifras del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda.
De las viviendas presentadas, unas 15.500 fueron rechazadas antes incluso de su evaluación por no reunir las condiciones necesarias, al exceder, por ejemplo, las superficies mímimas o máximas requeridas o ser viviendas vacacionales, ajenas a la finalidad de la SPA.
Tras este 'filtro', 34.307 viviendas recibieron la visita de un agente de la propiedad inmobiliaria y fueron evaluadas. De acuerdo con el proceso habitual, en este punto, unos inmuebles pasan a la reserva de viviendas disponibles para alquiler, mientras que el resto se acaban desechando por cuestiones como el desacuerdo económico entre los propietarios y la SPA o por impedimentos legales relacionados con la situación patrimonial de la vivienda (herencias, copropiedad, etc.).
Como resultado de este proceso, de las 49.816 viviendas iniciales, sólo 18.296 arrendatarios se mostraron interesados en alquilar finalmente su vivienda, mientras que 13.298 aceptaron la renta propuesta. Finalmente, las viviendas entregadas hasta el cierre de 2008 ascendieron a 9.055 inmuebles. Pese a estas cifras, el número de arrendamientos registrados a diciembre de 2008 fue un 68% superior al de contratos de alquiler firmados durante los años 2006 y 2007, cuando se suscribieron un total de 5.390 contratos.
Si bien, el número de entradas durante el pasado año casi ha duplicado las registradas en los dos años anteriores, en sintonía con la caída de las ventas de inmuebles, pasando de las 28.010 viviendas entregadas hasta enero a los 49.816 inmuebles al cierre del año.
El organismo estatal hará balance en 2010
Respecto al futuro de la SPA, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) hará balance de sus resultados en 2010 y definirá sus prioridades a partir de esa fecha, con lo que la entidad seguirá abierta pese a las duras críticas que viene cosechando hasta la fecha.
El plazo de duración inicialmente previsto para la SPA es de diez años, a partir de su creación en 2005, con lo que en 2010 se llegará al ecuador de la vida del órgano adscrito al Ministerio de Vivienda. Hasta entonces, parece que el Gabinete dirigido por Corredor sigue contando con la SPA. Así, su presidenta, Nieves Huertas, avanzó recientemente en la Comisión de Vivienda del Congreso que se prevé dotar de un perfil más mercantil a la Sociedad con la introducción de nuevos servicios, como la intermediación de alquileres con opción a compra, figura incluida en el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
* El Mundo - Europa Press - 7.01.2009
Foto: Se alquila - elmundo.es
Marbella pierde 46 hectáreas de equipamiento con las compensaciones
ELPAÍS/Málaga* : Las modificaciones hechas por el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PP, al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) harán que las construcciones ilegales del centro de la ciudad tengan que aportar hasta 46 hectáreas menos de suelo de equipamiento para legalizarse.
El centro urbano es la zona que más ha sufrido el urbanismo desaforado de los años del Grupo Independiente Liberal (GIL) y el que más carencias de servicios, como colegios, polideportivos o centros de salud, tiene. De las 130.000 personas que viven en Marbella, unas 80.000 se concentran en él. "Es la zona donde hay más conflicto porque tiene un mayor déficit", explica el edil socialista Javier de Luis, que colaboró con el equipo redactor del PGOU y fue asesor de urbanismo durante el tiempo que Marbella fue gobernada por una Comisión Gestora.
La reducción de las compensaciones afecta a al menos 60 construcciones irregulares del centro. Entre ellas hay casos simbólicos porque fueron las primeras obras denunciadas ante los tribunales. Ocurre con el antiguo edificio de Correos, paralizado por haber modificado su uso original y que recibió una sanción de cuatro millones de euros de la Comisión Gestora. La construcción pasa de aportar 4.654 metros cuadrados para regularizarse, a 2.735.
Hay ocho construcciones irregulares en las que las compensaciones se reducen a cero. Entre ellas están los edificios La Concha o Parque Miraflores, que quedarán regularizadas sin aportar los 6.645 y 9.046 metros cuadrados estipulados en la versión del PGOU de 2007.
Las promociones con las aportaciones más elevadas, como Elviria (84.916) o Dama de Noche (52.527), reducen prácticamente a la mitad las compensaciones, con 44.198 y 24.827 metros cuadrados respectivamente.
El famoso Hotel Guadalpín, construido por Aifos, deja de aportar casi 3.000 metros cuadrados. La construcción, estudiada al detalle en el caso Malaya, tenía que entregar 3.590 metros cuadrados para regularizarse, que pasan a 635 metros. El edificio de apartamentos Lorcrimar, que también aparecía en el caso de corrupción urbanística y para el que los redactores del PGOU establecieron una compensación de 10.518 metros cuadrados, no tendrá que entregar ni un metro cuadrado. En el Centro Comercial La Cañada, las compensaciones pasan de 92.285 metros cuadrados a 71.346. El hotel Senator debe ceder 1.797 metros cuadrados, en lugar de 2.123.
En muy pocos casos las compensaciones han crecido. Ocurre con el edificio Parquesol, que en la versión del PGOU de 2007 tenía una carga de 3.200 metros cuadrados y que ahora tiene que aportar 28.543 metros cuadrados (25.000 más) para regularizarse. Lo mismo ocurre con el edificio Jardines del Mediterráneo, anexo al hotel Don Pepe, que ha multiplicado por tres su compensación. Ha pasado de 7.291 metros cuadrados a 21.873.
Los suelos que se aporten para regularizar las viviendas deben estar en la misma área de gestión, por lo que los edificios del centro de Marbella siempre deben entregar suelo en su área. El PGOU divide en unas seis áreas el término de Marbella. Las cifras totales de equipamientos que al final recibirá la ciudad se asemejan a la primera versión del PGOU. "Incluso se obtiene un poco más", aseguran técnicos consultados. Esto se debe a que las compensaciones que exige el Ayuntamiento han crecido en otras zonas de Marbella no tan pobladas y en las que los terrenos no son tan caros.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 07/01/2009
Foto: Marbella, aérea puerto - J.Rojas, elpais.com
Haciendo unas risas
JAVIER LLOPIS* : El Ayuntamiento de Alcoy empezó riéndose de los ciudadanos. Corría el año 2000 y el flamante gobierno del PP anunció que el parque de la Rosaleda se iba a convertir en un aparcamiento privado. Las advertencias de los vecinos de la zona y de los ecologistas, denunciando que esta obra incumplía claramente el PGOU, fueron desoidas sistemáticamente. El polémico proyecto iba avanzando inexorablemente, a pesar de que desde diferentes ámbitos se avisaba de que la supresión de esta zona verde podía traer graves consecuencias judiciales.
Ni las 10.000 firmas, ni las manifestaciones cívicas impidieron que el parking se inaugurara en 2003, en una ceremonia, que supuso un claro desafío a los principios más básicos de la legalidad urbanística.
En 2005 pasó lo que tenía que pasar: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana calificaba de ilegal la obra y exigía que la plaza se repusiera a su estado original de zona verde. A partir de ahí, se iniciaba un nuevo proceso y el Ayuntamiento de Alcoy empezaba a reirse de la justicia. Ni el rotundo fallo del Tribunal Supremo, ni los sucesivos autos judiciales, amenazando con acusar de desobediencia a la corporación, han impedido que el PP siga eludiendo sus obligaciones y mareando la perdiz con una maraña de recursos y contrarecursos.
Analizando esta triste historia, uno llega a una conclusión terrible: nuestros munícipes son unos seres casi divinos, que se mueven por encima de la ley. El día que les entregaron el acta de concejal, también les dieron un una patente de corso, que les autorizaba a actuar con absoluta barra libre y sin tener que afrontar ninguna consecuencia. Contenciosos como el de la Rosaleda dejan bien claro, por si alguien tenía alguna duda, que los ciudadanos estamos totalmente desprotegidos ante unas administraciones, que disponen de innumerables resortes para retorcer la legalidad.
No sé cómo acabará esta polémico. Lo único que tengo claro es que nadie, absolutamente nadie, asumirá la responsabilidad del desastre.
* Información - Opinión - 7.01.2009
San Miguel: Los vecinos califican el PGOU de «disparate» y critican el volumen de suelo urbanizable
LAVERDAD/Alicante* : La asociación de vecinos San Miguel Árcángel considera que el nuevo plan general de ordenación urbanística aprobado en San Miguel de Salinas es un «disparate», ya que declara como suelo urbanizable en diferentes modalidades 4,3 millones de metros cuadrados de suelo. Una superficie que duplicaría el suelo existente en la actualidad.
Además, indican los vecinos, se reservan otros siete millones de metros cuadrados de suelo preurbanizable, es decir, suelo rústico que se incorporará a la dinámica urbanizadora una vez que se haya programado el 70% del suelo urbanizable.
En opinión de la asociación vecinal, el plan propone un modelo de crecimiento económico que se cimienta exclusivamente en el desarrollo turístico y residencial, «en base a la construcción de urbanizaciones dispersas a lo largo y ancho del término municipal».
Considera que este nuevo modelo «ahonda en los vicios del que sustituye» y que es un modelo de desarrollo «insostenible, gran consumidor de territorio, de energía y de difícil mantenimiento de los servicios municipales básicos».
La asociación califica de «bárbaro, caduco y desfasado» el PGOU aprobado y entiende que supone un tremendo «disparate» que un municipio de escasos 7.000 habitantes se plantee un crecimiento que triplica el suelo de un plan como del de Rabasa de Alicante.
Por último, denuncian que el plan se ha realizado al margen de la información y participación ciudadana, a pesar de su extenso período de gestación de 15 años, de que la Constitución recoge esta colaboración y de la importancia del mismo para el futuro de la población.
* La Verdad - 06.01.09 - L. V.| 06.01.09 - L. V.| SAN MIGUEL DE SALINAS
Foto: SAN MIGUEL DE SALINAS - inem.es
Castelló: Un plan con 7.500 alegaciones
LEVANTE* : Las actas municipales de 1999 desvelan que el PP impuso el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castelló del año 2000 -anulado ahora por el Tribunal Supremo- con la oposición de más de 7.500 alegaciones vecinales y con al menos dos informes técnicos que ponían en duda las garantías legales del mismo.
El controvertido documento, conocido como la revisión del PGOU del año 2000, fue realmente aprobado provisionalmente en el año 1999 en una sesión plenaria que ha pasado a la historia como una de las más controvertidas y anómalas de la actual era democrática de la capital de la Plana.
Era una tarde del 27 de mayo de 1999 y todos los grupos municipales de la oposición (entonces PSPV, Unitat del Poble Valencià -actual Bloc- y Esquerra Unida) rechazaron el PGOU auspiciado por el concejal de Urbanismo Víctor Falomir, plan que posteriormente sería ratificado y ejecutado por su sucesor y actual alcalde, Alberto Fabra.
PSPV, UPV y EU denunciaron que la documentación definitiva les había sido entregada sólo tres días antes del pleno y que existían informes desfavorables de los propios técnicos del ayuntamiento castellonense.
Además, expusieron que las modificaciones incorporadas por la Generalitat Valenciana al documento expuesto al público eran demasiado sustanciales y no se había dado la posibilidad de que los partidos políticos y los ciudadanos presentaran las pertinentes alegaciones. Ocho años después, el Tribunal Supremo ha anulado el plan precisamente por menoscabar el derecho de alegar de los ciudadanos.
El enrarecido contexto se agravaba al tratarse del último pleno de la corporación. El PP había decidido convocarlo el último día antes de la campaña electoral y, a juicio de la oposición, se trataba de una estrategia para diluir el debate público sobre un plan cuestionado tanto en el ámbito social como en el político.
Los distintos portavoces -Juan Callao (PSPV), Amelia Ferreres (EU) y Antoni Porcar (UPV)- reiteraron al PP una petición para que eliminara el punto del orden del día y aplazara la aprobación del PGOU hasta que se dispusiera de suficientes informes y plenas garantías jurídicas.
El desencuentro fue tal que los concejales liderados por Callao y Ferreres abandonaron el pleno antes de la votación al tiempo que Porcar se mantenía en la sala para emitir su voto en contra.
Minutos antes, Callao había recordado que el informe del secretario municipal ponía objeciones al plan y al "escaso" plazo de estudio concedido por el PP. En el plano legal, el secretario alegaba que había detectado "alteraciones de competencias resolutorias, modificaciones de procedimiento y determinaciones cuya redacción convendría mejorar".
Víctor Falomir respondió que era consciente del citado informe y que había preferido anteponer el criterio de un estudio privado encargado al coordinador de la elaboración de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), Francisco Blanch. "Naturalmente, entre dos informes contradictorios, la obligación del político es decidir y en este caso el ayuntamiento decide por el informe del señor Blanch, porque si tuviéramos que hacer siempre lo que dicen los técnicos o juristas de la casa, al final sobrarían los políticos, gobernaría el señor secretario o el señor interventor y los políticos sobrarían. Entonces, ante dos informes, uno de ellos hecho precisamente por el señor que coordinó la ley a la que se tiene que someter este plan, el Ayuntamiento opta por este informe".
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 6.01.2009
Foto: rEcalificación. Carteles contra la recalificación de parte del Pinar en 2000.
carlos pascual, levante-emv.com
Sólo el 15% de las ciudades adapta su urbanismo a la ley del Suelo
ELPAÍS/Andalucía* : A punto de cumplirse seis años de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), también llamada ley del suelo, sólo 116 municipios (el 15% del total) han logrado dotarse de unas nuevas normas de planeamiento adaptadas a ella, y entre los que sí lo han hecho apenas hay cuatro de las 28 ciudades de más de 50.000 habitantes (Sevilla, Dos Hermanas, El Ejido y Motril) donde las tensiones territoriales son mayores.
Pese a todo, los resultados han mejorado en el último año, desde que se promulgó el decreto que permite la adaptación parcial de los planes generales con el objetivo último de agilizar la obtención de suelo para vivienda protegida. En 11 meses de vigencia del decreto, 33 municipios han adaptado ya su planeamiento por esta vía y otros 28 lo tienen en tramitación. La directora general de Urbanismo, María Felicidad Montero, anuncia que en 2009 se producirá un "boom" en la revisión del planeamiento urbanístico y confía en que a mediados de 2010 los números se hayan invertido y la inmensa mayoría de los ayuntamientos tengan su ordenamiento adaptado a la ley.
Montero reconoce la dificultad del proceso, sobre todo porque inicialmente la mayoría de los ayuntamientos optaron por la revisión completa de sus planes generales de ordenación urbana (PGOU), lo que supone un procedimiento complejo y lento. Además, lo hicieron en plena expansión inmobiliaria, por lo que había planteamientos "muy exagerados y fuera de toda lógica" que suponían añadir tensión a la relación entre los municipios, que elaboran y formulan los planes, y la Junta, a la que compete aprobarlos definitivamente.
Además, la LOUA obliga a todos los municipios a dotarse de un PGOU, y hasta ahora una gran mayoría, especialmente los menores de 10.000 habitantes, sólo tenían unas normas subsidiarias cuando no carecían de reglas. "Íbamos por un camino equivocado", admite Montero, quien dice estar muy satisfecha con la vía abierta por el decreto aprobado en enero de 2007 para la adaptación parcial, una posibilidad que ya contempla la ley pero que apenas se había usado.
Lo que el decreto hizo fue agilizar los trámites y desarrollar el procedimiento. La adaptación parcial es un atajo, pero como explica Montero, "lo importante es tener un planeamiento adecuado a la ley, pero sobre todo reservas de suelo para vivienda protegida, se están dando respuesta a necesidades reales de los municipios".
La adaptación parcial debe recoger la clasificación de la totalidad del suelo del municipio delimitando las superficies adscritas a cada clase, disposiciones que garanticen suelo suficiente para satisfacer las necesidades de VPO y los sistemas generales. No pueden en ningún caso clasificar nuevos suelos urbanos y urbanizables, alterar la normativa sobre el no urbanizable, modificar los parámetros de densidades de edificabilidad o diseñar nuevas infraestructuras, aspectos todos estos que requieren la revisión del PGOU.
El decreto de adaptación parcial ofreció además una vía de salvar dificultades a los municipios que desde enero de 2007 están impedidos a hacer modificaciones a sus planes urbanísticos si no están adaptados a la ley, lo que añadidamente comprometía además poder cumplir las previsiones del Pacto por la Vivienda firmado en diciembre de 2007 que contempla la construcción de 300.000 casas protegidas en los próximos 10 años.
El procedimiento establecido en el decreto sobre adaptación parcial hace posible aprobar ésta entre tres y cinco meses. El ayuntamiento elabora su plan, lo somete a un periodo de información pública de al menos un mes, recibe los informes sectoriales precisos y finalmente lo aprueba la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. La revisión de un PGOU normalmente lleva varios años. El Ayuntamiento de Málaga por ejemplo ha tardado 25 meses entre la aprobación inicial y la provisional.
En su última sesión, celebrada el pasado 22 de diciembre, la Comisión Interdepartamental informó favorablemente 13 adaptaciones parciales, con lo que ya son 33 municipios los que han logrado por esta vía adaptar su planeamiento a la ley en apenas 11 meses. Más de la mitad, 17 de ellos, corresponden a la provincia de Sevilla, cuyos ayuntamientos se muestran tradicionalmente más decididos en la promoción de VPO. Por el contrario, en Málaga sólo un municipio ha impulsado la adaptación parcial, Rincón de la Victoria. Esta provincia es con mucho la más atrasada en la adaptación de los planes municipales a la LOUA pues sólo un municipio, Cortes de la Frontera, ha revisado su PGOU. También uno solo corresponden a las provincias de Córdoba y Granada, y la lista la completan dos municipios onubenses, otros dos jiennenses, tres gaditanos y seis de Almería.
Las 33 adaptaciones parciales aprobadas contemplan reservas de suelo para 33.141 VPO, y la gama de municipios oscila desde menores como Carrión de los Céspedes, Montellano o Los Molares, a una ciudad de más de 100.000 habitantes, Dos Hermanas, pasando por municipios costeros que han tenido una intensa expansión urbanística como Barbate, Rota, Níjar, Vera o la citada Rincón de la Victoria.
Además, otros 28 municipios han sacado ya a información pública sus documentos de adaptación parcial del planeamiento, entre los que también son mayoría los sevillanos (11), por lo que previsiblemente estarán aprobados en el primer trimestre del año. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tiene constancia de que otros 112 municipios tienen en redacción un documento de adaptación parcial a la LOUA, 45 de ellos de Sevilla, 21 de Almería, 12 de Cádiz y 12 de Málaga. El dato ilustra la afirmación de Montero sobre el cambio de rumbo que ha supuesto el decreto, ya que las provincias costeras son hasta ahora las más atrasadas en la revisión de sus planeamientos.
Las cifras de la ley del suelo
- Sólo 116 de los 770 municipios andaluces (el 15%) han adaptado sus planes urbanísticos a la ley del suelo.
- Para agilizar la obtención de suelo para VPO, 33 ayuntamientos se han acogido al decreto de adaptación aprobado en 2007 para la reserva de 33.141 viviendas protegidas. Otros 140 han iniciado los trámites: 28 en información pública y 112 en redacción.
- Los ayuntamientos del interior son los más decididos a la revisión completa del PGOU. Granada, Córdoba y Sevilla representan el 62% de las 83 aprobaciones definitivas.
- 35 municipios han aprobado provisionalmente sus planes. Entre ellos, figura una solo capital, Málaga y grandes ciudades, como Jerez, El Puerto de Santa María, San Fernando, Marbella, Fuengirola, Conil, La Línea de la Concepción o Roquetas de Mar.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 06/01/2009
Foto: Sevilla, ayuntamiento - flickr.com
Alcoy: El TSJ urge al Ayuntamiento a cumplir la sentencia de la Rosaleda
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana exige al Ayuntamiento de Alcoy un inmediato cumplimiento de la sentencia de la Rosaleda. Asimismo advierte de que si no lo hace podrá acusar de desobediencia al concejal de Urbanismo. Además este tribunal rechaza los dos proyectos que presentó el gobierno municipal para adaptarse a la sentencia.
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Alcoy promovió la construcción de un parking en la plaza de la Rosaleda. Esta decisión fue recurrida por vecinos y ecologistas que vieron apoyadas sus denuncias por sendas sentencias del Tribunal Supremo y del TSJ, en las que insta al Consistorio de reponer la plaza en su estado de zona verde.
El pasado mes de diciembre el Tribunal Superior de Justicia, a través de la sala de lo contencioso administrativo de la sección tercera exigió al consistorio alcoyano que cumpliera el fallo que dictó el 1 de septiembre de 2005. En el auto este tribunal declaraba ilegal el proceso del parking de la Rosaleda y revocaba los acuerdos del Ayuntamiento relativos al diseño funcional, el proyecto de ejecución y la adjudicación de las obras y pedía más zona verde. A este respecto, el gobierno de Sedano presentó una remodelación para la plaza. Pero el Tribunal Superior ha fallado un auto que "constatamos que lo único hecho por el Ayuntamiento de Alcoy, en orden a cumplir nuestro fallo, es proponer un proyecto de reforma de la plaza de la Constitución. Lo hecho es insuficiente, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde la firmeza de nuestra sentencia del 1-9-2005, y en especial lo proyectado por dicho Ayuntamiento en ejecución de nuestro fallo". El escrito sigue manifestando que "hay que decir que el proyecto presentado no se ajusta a las previsiones de nuestro fallo; no en lo relativo al arbolado mínimo (los setos, las jardineras y los maceteros no son árboles); ni tampoco en cuanto a la capa de tierra para ajardinamiento; sin que sea necesaria mayor consideración para concluir que el referido proyecto contradice nuestra sentencia y que, de ejecutarse, sería contrario a Derecho".
Por lo tanto el Ayuntamiento tendrá que remodelar la plaza y lo tendrá que hacer de manera que cumpla alguno de los requisitos como que al menos un 50% de la superficie de la Rosaleda tiene que tener una capa de tierra con una profundidad mínima de 80 centímetros -en la actualidad sólo se cumple en el 0,74% de la superficie- además de un mínimo del 20% de la tierra tiene que tener árboles -según la sentencia, en la superficie que hay ahora sólo ocupan el 4,17%.
Por todo ello el TSJ dice que "procede requerir al Ayuntamiento de Alcoy para que dé cabal cumplimiento a nuestra sentencia del septiembre de 2005, en el menor tiempo posible". A lo que añade que "de no hacerse el concejal de Urbanismo podrá incurrir en un delito de desobediencia".
La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció emitió un comunicado en el que consideró "muy positivo" el auto del TSJ "que rechaza totalmente las propuestas de remodelación del Ayuntamiento de Alcoy, tanto la elaborada inicialmente por el arquitecto municipal Daniel Mullor, como también una segunda, elaborada por Miguel Blanes, arquitecto autor del proyecto del parking", afirman desde este colectivo.
También recuerdan desde la Carrasca que "por lo que hace a los elementos arquitectónicos, el TSJ indica que la ejecución de la sentencia no exige "una demolición total de todos los elementos arquitectónicos actualmente existentes en la plaza". Esto es muy diferente a afirmar, como lo hace el Partido Popular, que no será necesario demoler nada".
Los ecologistas consideran que el recurso de súplica anunciado por el gobierno municipal contra el auto del TSJ "no tiene ningún fundamento ni ninguna posibilidad de prosperar". Por eso piden al consistorio alcoyano que "deje de perder el tiempo y de engañar a la gente, y que redacte de manera inmediata un proyecto que cumpla la legalidad y que devuelva a la Rosaleda la calidad de zona verde que perdió como consecuencia de unas obras ilegales".
* INFORMACIÓN - MARIBEL VICEDO - 5.01.2009
Foto: Imagen de una de las salidas del parking de la Rosaleda, que fue declarado ilegal por el TSJ - JUANI RUZ, diarioinformacion.com
El TS declara ilegalizable un hotel de Zahara abierto hace más de diez años
DIARIODECÁDIZ* : El Tribunal Supremo considera que la ampliación del hotel Antonio, ubicado en el municipio de Tarifa pero asociado popularmente a la pedanía barbateña de Zahara de los Atunes, es ilegalizable porque se encuentra en una zona de servidumbre de protección de un tramo de costa que constituye playa.
El hotel permanece abierto desde hace más de diez años. La sentencia del Supremo es el penúltimo capítulo de un largo procedimiento judicial que se remonta al menos a 1993, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consideró que las obras de ampliación del hotel se realizaban en suelo no urbanizable.
La resolución de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo rechaza un recurso presentado por los propietarios del hotel contra una sentencia anterior de la Audiencia Nacional (de abril de 2004) que desestimó otro recurso suyo: el que presentaron cuando el Ministerio de Medio Ambiente, en diciembre de 2000, rechazó llevar al Consejo de Ministros el expediente de solicitud de legalización de las obras de ampliación del hotel Antonio: el ministerio argumentó que las instalaciones se hallaban en zona de servidumbre de protección correspondiente a un tramo de costa.
Ocho años después, el Supremo avala esa decisión del Gobierno y además condena a los recurrentes a abonar las costas de casación, a las que pone un límite máximo de 4.000 euros.
En principio, salvo que surjan circunstancias o decisiones políticas o jurídicas posteriores a esta sentencia, la resolución del Tribunal Supremo sitúa al hotel a las puertas de la demolición.
El Supremo explica en su sentencia que toda la argumentación de los propietarios del hotel se centra en invocar, y tratar de acreditar, que el establecimiento dispone de todos los permisos y licencias pertinentes, que incluso fue declarado de interés público y que las obras de ampliación fueron calificadas en el correspondiente plan urbanístico como suelo urbanizable programado.
El Tribunal Supremo responde a eso que la documentación aportada se refiere al hotel Antonio pero no a las obras de ampliación del establecimiento y que ya el TSJA declaró en 1993 que esas obras se estaban realizando en suelo no urbanizable. La resolución agrega que lo esencial en este caso, además, no es si las obras se adecuan o no al planeamiento o si el complejo hotelero cumple o no la declaración de interés publico. "El núcleo desestimatorio, por el contrario, lo constituye el hecho incontrovertido, expresado en la resolución impugnada, de que las obras de ampliación del hotel que se pretenden se encuentran ubicadas en una zona de servidumbre de protección de un tramo de costa que constituye playa", explica el Supremo. Y añade: "La alegación de que entre la zona arenosa y el establecimiento existe una distancia considerable con cañaverales y diversa vegetación de otro tipo no puede ser tomada en consideración a efectos de contradecir dicha realidad fáctica, pues se opone a la definición legal que de playa se contiene en el apartado 3.1.b) de la Ley de Costas".
La sentencia estima inaplicable la Disposición Transitoria Tercera, punto 3, de la Ley de Costas , que se refiere a terrenos que, "a la entrada en vigor de esta Ley, estuvieran clasificados como suelo urbano". No ocurre aquí, sostiene el Supremo, ya que el suelo era entonces no urbanizable, según el TSJA, o urbanizable, según el proyecto de las obras, pero en ningún caso era suelo urbano.
* Diario de Cádiz - T. Ramos - 5.01.2009
Foto: El hotel Antonio, ubicado en una zona denominada Quebrantanichos, junto a Zahara de los Atunes pero en el término municipal de Tarifa - diariodecadiz.es
Un juzgado investiga a Construcuatro por usurpar terrenos en Pontevedra
ELPAÍS* : La promotora Construcuatro, de la que es accionista el presidente del PP en Pontevedra y ex alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, sigue acumulando demandas en los tribunales. Esta vez por una presunta ocupación ilegal de suelo que la constructora habría realizado a una familia en una zona que ha experimentado una fuerte explosión urbanística en los últimos años.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra acaba de admitir a trámite una demanda de la familia Vázquez Rebollar, que reclama que se reconozca la usurpación por parte de Construcuatro de dos parcelas (registradas con los números 38.933 y 57.139) y que la constructora abone una indemnización de 2,8 millones de euros. Ni Martín ni ningún otro representante de la empresa han querido pronunciarse sobre este nuevo conflicto judicial.
El solar objeto de litigio (371,3 metros de superficie y 1.807 de aprovechamiento urbanístico) forma parte de un terreno sobre el que ya se ha levantado un edificio que ocupa la manzana 235 del Plan Xeral de Ordenación Urbana, en la Avenida de Vigo. El inmueble linda ahora con las calles Herminia Fariña y Pintor Colmeiro. El grueso de la unidad (que mide 13.538 metros cuadrados) fue adquirido por Construcuatro a los hermanos Osorio.
El resto de la finca, una esquina de terreno, correspondía desde 1931 a la familia Vázquez Rebollar y sorprendentemente desapareció como parcela lindante en la escritura de "segregación, cesión y permuta" que suscribieron Construcuatro y Pilumer Pontevedra, SL (la firma que administra José Luis Osorio). La finca por la que pugnan los demandantes no figuró en ese convenio, pese a que estaba inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de los Rebollar. Así lo corroboró el propio Ayuntamiento de Pontevedra que denegó en un primer momento la licencia para edificar a Construcuatro tras comprobar en un plano visado por el Colegio de Arquitectos que se pretendía ocupar parcelas de terceros.
En aquel momento, la oficina de Disciplina Urbanística de Pontevedra desestimó la licencia valiéndose de un informe de la arquitecta jefa, Rosa Magdalena Fernández, que constataba la "existencia de otros titulares". El proyecto quedó varado hasta que un mes más tarde, y sin que mediase ningún acuerdo entre Construcuatro y los dueños de la finca, se aportó nueva documentación al Ayuntamiento que otorgó a la promotora de Telmo Martín la titularidad de todos los terrenos, una anotación que además fue trasladada al Registro de la Propiedad. Y todo, según denuncian los Vázquez Rebollar, "sin que hubiese ninguna escritura de compra o permuta". "No sabemos en base a qué documentos se hizo ni cómo Construcuatro pudo justificar la propiedad de nuestra finca", se pregunta la familia, que basa en esas dudas su demanda.
Para que el Ayuntamiento de Pontevedra concediese finalmente la licencia a Construcuatro resultó decisivo el dictamen favorable emitido por la arquitecta adscrita en aquel momento a la Oficina de Disciplina Urbanística, Encarnación Rivas. El informe llevó a la comisión de gobierno a dar luz verde en 2001 a la operación. Tres años más tarde, Encarnación Rivas entró en nómina del Ayuntamiento de Sanxenxo de la mano del entonces alcalde, Telmo Martín, como responsable de la gerencia de urbanismo. En la actualidad, Rivas figura como asesora urbanística de la Diputación de Pontevedra, a las órdenes de Rafael Louzán. Antes incluso de su nombramiento, el grupo socialista en la institución provincial acusó al PP de "estar pagando, con la contratación, sus favores políticos".
La pugna de la familia Vázquez Rebollar por el terreno acumula ocho años de litigio en los juzgados. Ya en 2001 presentó una querella penal contra Construcuatro, desestimada por falta de documentación. A partir de ahí, los demandantes denuncian por escrito en el Ayuntamiento de Pontevedra, que presidía ya el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, "la anómala concesión de la licencia y la ocupación del suelo" por parte de la promotora. "Jamás recibimos respuesta". Quien sí contestó a la familia fue la propia promotora, que ante un requerimiento notarial de los Rebollar alega que a través de uno de sus socios, José Manuel Torres, se remite al Registro de la Propiedad con el argumento de que "no haya puesto en duda la titularidad de la propiedad".
* ELPAIS.com - LARA VARELA - Pontevedra - 05/01/2009
Foto: Vista de un edificio construido por Construcuatro en Navia (Vigo) - farodevigo.es
El TSJ vuelve a anular la adjudicación de otro sector urbanístico en La Vila
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha vuelto a dar un varapalo a la política urbanística del gobierno popular de La Vila Joiosa, en la etapa del ex alcalde José Miguel Llorca, con una nueva sentencia que anula un acuerdo plenario adoptado en diciembre de 2002.
Aquel acuerdo aprobó la programación y adjudicación del sector PP-13 Almadraba a la Agrupación de Interés Urbanístico PP-13 Almadraba. El alto tribunal ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por un particular y ha resuelto revocar el mencionado acuerdo plenario. En esta ocasión, el recurrente no ha sido el edil de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, aunque el procurador y el abogado sí son los mismos que en otras ocasiones similares.
El TSJ no aceptó la petición del Ayuntamiento vilero que argumentaba la falta de legitimidad del recurrente porque "no es propietario de inmueble alguno afectado por la actuación" y, por lo tanto, sus alegaciones "no se encaminan a conseguir la observancia de la legislación urbanística sino que responden a un interés no legítimo dirigido a perturbar el normal funcionamiento de la Administración demandada". Sin embargo, el tribunal aplicó la jurisprudencia anterior y resolvió que el recurrente sí poseía dicho interés "legítimo y directo", por lo que "decae la petición de inadmisibilidad por falta de legitimación", según recoge la sentencia del tribunal.
El recurrente aludía a que la Agrupación de Interés Urbanístico no reunía los requisitos legales para ser agente urbanizador del citado sector urbanístico y, por lo tanto, no podía contratar con la Administración. También se refería al hecho de que la adjudicación del programa "ha sido realizada obviando de forma absoluta las reglas de procedimiento y publicidad" establecidas en la legislación. El TSJ se remite a una sentencia anterior, de igual contenido, y emplea los mismos argumentos jurídicos. Así, el tribunal deja claro que la "ejecución urbanística concedida por el Ayuntamiento al agente urbanizador reúne las características de obra pública y tiene la naturaleza propia de un contrato de obras" y también afirma que la adjudicación del programa en cuestión "no ha respetado los principios de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" al contrario de lo que sostenía el Ayuntamiento de La Vila Joiosa. Finalmente, el TSJ falla anular y dejar sin efecto el acuerdo plenario del Consistorio "por ser contrario a Derecho".
* Información - JULIO MARÍN - 5.01.2009
Foto: Una imagen del PP-13 Almadraba, cuya adjudicación ha echado abajo el Tribunal Superior de Justicia ROSARIO FRAILE, diarioinformacion.com
La revalorización de los cascos viejos reaviva el acoso inmobiliario
LAVOZDEGALICIA* : La recuperación de zonas degradadas en las ciudades gallegas y la revalorización social y económica de estos barrios ha reavivado el acoso inmobiliario. Este fenómeno, que hace poco ha dado lugar a las primeras condenas de prisión en Bilbao y Barcelona, suele darse en edificios viejos pero céntricos y, por ello, con un gran atractivo inmobiliario.
La presión al inquilino puede durar años y, habitualmente, el propietario se niega a realizar reparaciones y deja que el piso se vaya deteriorando con la única intención de conseguir la ruina del inmueble y el desahucio del inquilino. «Sabemos de casos polos concellos e tamén a través de particulares. A maioría destas situacións danse en cascos históricos e zonas vellas, en casas con renda antiga», señalan desde la Consellería de Vivenda.
No hay estadísticas oficiales para cuantificar el mobbing inmobiliario. «No tenemos datos, pero con eso no digo que no existan estos casos», señala Martín Bermúdez de la Puente, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Otras fuentes conocedoras del sector inmobiliario gallego, sin embargo, aseguran que sí hay acoso, que se da en todas las ciudades y que son los inquilinos de más edad que pagan alquileres muy pequeños (anteriores al conocido como decreto Boyer, que data de 1985) quienes se han convertido en blanco de algunos propietarios que ven cómo sus casas les rentan cantidades simbólicas frente a las que se cobran en inmuebles justo al lado de los suyos.
Por miedo a represalias, añaden las mismas fuentes, muchos casos nunca llegan a ver la luz. «Si hay empresas especializadas en la compra de casas de renta antigua, es que hay mercado», razonan. «Porque esto no ocurre en pisos que están bien alquilados, sino donde pagan 10, 20 o 50 euros de renta en vez de 600», añaden.
Plan piloto
A falta de estadísticas, un buen termómetro del mobbing inmobiliario es el plan piloto que el Ministerio de Vivienda puso en marcha en febrero del 2007 en diez ayuntamientos de toda España para combatir este tipo de acoso. Uno de ellos es A Coruña. A través de un teléfono gratuito (900 900 707), el ministerio ha recibido ya 546 denuncias de afectados de toda España. De ellas, 69 corresponden a la decena de municipios con los que Vivienda desarrolla el programa. De A Coruña llamaron 13 inquilinos a los que sus caseros hostigaban para que hiciesen las maletas y abandonasen el piso. Estas 13 quejas suponen poco más del 2% del total a nivel nacional, pero son casi el 20% de las que llegaron desde los diez ayuntamientos con el plan piloto. Según los datos de Vivienda, también se recibieron llamadas de afectados de otros municipios gallegos como Vigo, Santiago, Pontevedra, Vilagarcía o Lugo.
* La Voz de Galicia - S. Basterrechea - 4.01.2009
Foto: Imagen del casco antiguo de Santiago, donde se ha denunciado algún caso de acoso inmobiliario - lavozdegalicia.es
El Supremo anula el PGOU de Castelló de 2000 porque no se expuso al público
LEVANTE* : El fallo invalida cambios de calificación de suelos y el Plan Especial del Puerto. La sala quinta de lo contencioso del Tribunal Supremo ha invalidado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del año 2000 por aprobarse sin previamente salir a exposición pública.
El fallo, al que ha tenido acceso Levante de Castelló y que fue emitido el 9 de diciembre, revoca la resolución del 1 de marzo de 2000 de la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo por la que se daba luz verde a la revisión de dicho PGOU por no haber sido expuestas a información pública las modificaciones introducidas entonces, y ordena «la retroacción del procedimiento administrativo al momento anterior al acuerdo del Consell»y sacarlo a exposición pública . En aquel momento el alcalde de la ciudad era el popular José Luis Gimeno y el concejal de Urbanismo, el actual alcalde, Alberto Fabra. El Supremo también censura la antigua Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana (LRAU), de la que señala que no «garantiza la participación pública» tal como exigen, afirma, normas superiores como la Ley Estatal de Suelo o la misma Constitución Española.
Esta decisión paraliza los planes parciales en fase de ejecución y deja en el aire el desarrollo futuro de la ciudad. Castelló depende ahora del Plan General anterior a la revisión de 2000, es decir, del planeamiento de 1984. Fuentes jurídicas consultadas por este diario explicaron que en base a esta sentencia el PGOU de 2000 queda automáticamente suspendido. Se anulan por ejemplo los cambios de suelo de no urbano a urbanizable contemplados hace ocho años, la previsión de zonas verdes e infraestructuras, o el Plan Especial del Puerto. La sentencia no tiene ya efecto sobre las dotaciones o zonas residenciales ya levantadas pero sí sobre los proyectos en trámite. Las mismas fuentes señalaron que al equipo de gobierno local sólo le queda la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y éste no llevaría consigo la suspensión cautelar de la sentencia.
El fallo de la sala quinta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo da la razón a unos vecinos de Castelló que apelaron contra la revisión del PGOU de 2000 al considerarse perjudicados, estima su recurso de casación y corrige una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de mayo de 2003, que se pronunciaba a favor del proceso seguido para modificar el Plan de Urbanismo en 2000.
Los magistrados argumentan que el Consell y el Ayuntamiento incurrieron en una irregularidad al no sacar a información pública las modificaciones incluidas en el PGOU de 2000. Las dos administraciones se escudaron en la LRAU, que en su artículo 38 indica que no «es preceptivo reiterar este trámite en un mismo procedimiento, ni aún cuando se introduzcan modificaciones sustanciales». El letrado de la Generalitat adujo además que los cambios planteados no eran importantes.
Carga contra la LRAU
La sala quinta del Supremo rebate que en la tramitación se dejó «sin posibilidad de participar en la elaboración del planeamiento a la generalidad de los ciudadanos», infringiéndose, señala, el artículo 105 de la Constitución Española relativo «a la audiencia de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones administrativas», y la Ley Estatal de Suelo de 1998 que dispone «que el documento aprobado inicialmente debe ser sometido a información pública, y que ese trámite de información pública debe reiterarse después de la aprobación provisional cuando en ésta se introduzcan modificaciones sustanciales». El fallo carga a este respecto contra la antigua LRAU valenciana, derogada en 2006. Destaca que no «garantiza la participación pública en el planeamiento, que es lo exigido de manera inequívoca en la Ley Estatal de 1998». Además, apunta que esta última, la Ley del Suelo estatal, ha de prevalecer sobre las normas autonómicas.
Asimismo, el Supremo responde al Consell que en la revisión del PGOU sí se incluyeron modificaciones significativas, según el informe del perito municipal, ya que éste concluía que las revisiones introducidas sí que «eran sustanciales dado que se han modificado tantos parámetros estructurales, nos encontramos en la aprobación ante un PGOU distinto al de la aprobación inicial».
* Levante-EMV - Joan Mestre - 4.01.2009
Foto: Castelló - wikipedia
La Fiscalía insta a investigar por separado la corrupción en Alhendín
LAOPINIÓN/Granada* : La Fiscalía ha considerado oportuno activar el ´caso Marchelo´ cuando se cumplen casi dos años de la detención del ex concejal de Urbanismo de Alhendín, Manuel Fernández (PP), que permitió destapar una supuesta trama urdida por políticos locales y relevantes empresarios sobre operaciones de dudosa legalidad con dinero negro de por medio.
La fiscal Marta Martín trasladó el pasado 22 de diciembre un escrito al juez de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Gómez Torres, donde se muestra partidaria, dada la ingente cantidad de supuestas irregularidades cometidas durante el anterior gobierno municipal de Alhendín, de que el Juzgado opte por abrir piezas separadas ya que entiende que, cada una de las operaciones tiene, por sí solas, suficiente entidad como para investigarlas de forma independiente. El objetivo no es otro que desatascar una investigación que tiene varios frentes delictivos y que en la actualidad parece encontrarse en punto muerto.
Lo último que trascendió de cierta entidad sobre la ´Operación Marchelo´ tuvo que ver con los informes recabados por la Policía Nacional y Hacienda, a petición del juez, que revelaban un frenético cruce de operaciones económicas realizadas por los imputados. Dicha investigación desvelaba numerosos pagos de promotoras, cancelaciones de préstamos y participaciones en sociedades de los principales imputados -el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, y el ex alcalde José Guerrero-, que se vieron obligados a dimitir y que, según dicho informe, disponían de 20 y 30 cuentas bancarias respectivamente aunque no se precisaba las cantidades que allí se guardaban ni los bienes patrimoniales que poseían.
El Ayuntamiento de Alhendín, gobernado hoy por el PSOE y personado como acusación popular, solicitó precisamente que se ampliara la investigación sobre los bienes patrimoniales de los imputados y sus familiares, titulares algunos de ellos de numerosos negocios, algunos ya sin actividad.
Junto a dicha petición, el Ayuntamiento presentaba un recurso de reforma contra la decisión del juez de denegar la entrega de las cintas donde se recogen las escuchas intervenidas por la Policía que permitieron destapar una de las tramas de corrupción urbanística más importantes de la provincia.
El magistrado entendió meses antes que dicha solicitud no era procedente en aras a proteger la intimidad de los imputados y de aquellas personas que resultan aludidas en las conversaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento argumentaba su petición en el hecho de que las transcripciones por escrito de las conversaciones están incompletas, y entendía que el acceso al contenido íntegro de las cintas ayudaría a avanzar en la investigación para conocer con exactitud los detalles de los diálogos que mantiene el principal imputado, el ex edil de Urbanismo, con los distintos empresarios, también bajo sospecha.
El municipio, a su vez, pidió al juez instructor que librara un oficio para que reclamara al Ministerio de Defensa todos los requerimientos que en su día hizo el anterior equipo de gobierno del PP sobre las infracciones urbanísticas que se estaban produciendo en la construcción de las viviendas que promovió la empresa FRAi y que precisamente ahora el Ayuntamiento se ha visto obligado a corregir porque violaban la servidumbre de paso de la base aérea de Armilla.
Sobre todas estas cuestiones y algunas más, como fraccionamientos de obras menores para eludir el proceso de contratación y adjudicarlas a dedo, el Ayuntamiento solicitaba ampliar las pesquisas, a lo que la Fiscalía no pone objeción alguna salvo que se haga por separado.
En su escrito, la fiscal Marta Martín muestra su conformidad "a extender mediante la práctica de nuevas diligencias de investigación el objeto del proceso debiendo deducirse testimonio de si existen indicios de comisión de otros delitos que deben tramitarse en causa separada".
En definitiva, la representante del ministerio público considera que, al margen de las investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación administrativa del polígono industrial Marchalhendín, el plan parcial donde se han edificado más de mil viviendas o la venta presuntamente fraudulenta de una finca del alcalde y su familia para hacer una gasolinera, sería conveniente trocear el ´caso Marchelo´ para aclarar la trama de corrupción.
* La Opinión de Granada - ÁLVARO CALLEJA - 4.01.2009
Foto: Alhendín - andaluciarustica.com
La Fiscalía imputa al ex alcalde de Fene por malversar fondos al ejecutar una obra
LAVOZ/A Coruña* : La Fiscalía Provincial de A Coruña ha imputado al ex alcalde de Fene, el nacionalista José María Rivera Arnoso; al representante de Construcciones Camilo Ares, Camilo Ares Ares, y al arquitecto Julio Barallobre Sanmartín por un delito de malversación de fondos y otro de falsedad documental.
Los imputados, según consta en las diligencias abiertas por el ministerio público, urdieron supuestamente «una trama» para disponer de dinero de forma ilícita al certificar que los trabajos de la primera fase de una obra de dotación de acabados e instalaciones en un edificio municipal destinado a juzgado de paz y otros servicios, ubicado en el parque Castelao de la citada localidad coruñesa, estaban terminados, cuando únicamente estaban realizados poco más de la tercera parte.
El objetivo era, según la Fiscalía, que la empresa adjudicataria, Construcciones Camilo Ares, cobrara el importe total de la obra, que ascendía a 79.000,2 euros, con el IVA incluido, aunque solo había ejecutado trabajos por importe de 28.237,43 euros. El fiscal ya ha pedido al Concello documentación sobre el asunto.
Para ello, los imputados confeccionaron presuntamente, según el escrito del Ministerio Fiscal, documentos totalmente carentes de sustrato real, a pesar de ser conscientes de que la obra no se había ejecutado en su totalidad y de que los fondos utilizados para pagarla eran dinero público. Supuestamente, la empresa recibió 48.884,75 euros por obras que no llegaron a ejecutarse. Estas habían sido adjudicadas el 22 de septiembre del 2005 por Rivera Arnoso a Construcciones Camilo Ares, firmándose el contrato con Camilo Ares menos de un mes después. En aquella resolución también se nombró director de la obra al arquitecto autor del proyecto, Julio Barallobre Sanmartín, según consta en el escrito de la Fiscalía.
Primer pago
El 14 de octubre de ese mismo año, el ex alcalde certificó la obra expedida por Barallobre, por importe de 30.115,45 euros, cantidad que fue pagada a la constructora el 9 de noviembre. Aquel día de octubre también fue justificada parcialmente la subvención concedida por la Consellería de Xustiza para el trabajo por un importe de 22.000 euros, una cifra que fue ingresada en la cuenta que el Concello tenía en Caixa Galicia.
El 29 de diciembre del 2006, el ex alcalde hizo otra certificación de la obra expedida por el arquitecto el 1 de junio, por valor de 48.884,75 euros, en la que constata su remate. Esa resolución se remitió a Presidencia e Administracións Públicas y la obra fue pagada el 5 de febrero del 2007 a la constructora, justo antes de la precampaña.
* La Voz de Galicia - María Cedrón - 3/1/2009
Foto: La constructora debía levantar en el parque un edificio de servicios - lavozdegalicia.es
Anticorrupción seguirá investigando el PAI Sant Jordi Golf
LEVANTE/Castelló* : Dos meses después de que la Generalitat haya aprobado el Programa de Actuación Integrada (PAI) Sant Jordi Golf, la Fiscalía de Castelló ha remitido a la sección de Delincuencia Económica y Anticorrupción la denuncia de la Asociación de Ciudadanos de Benicàssim en la que se alerta de que el PAI se ha aprobado con un informe en contra de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Según el presidente de la asociación, José Vicente Ahicart, este informe es que el que debe garantizar la suficiencia hídrica.
De esta manera, la Fiscalía de Castelló da por concluidas las investigaciones y, tras detectar que se pude haber cometido un delito, turna el caso a Anticorrupción, según ha explicado Ahicart.
La asociación argumenta en su denuncia que la Comisión Territorial de Castelló "dio conformidad" a la aprobación del PAI con el voto en contra de la CHJ "por lo que entendemos que ha sido violada la Ley de Aguas". Además, añaden que el acto administrativo se ha hecho "con pleno conocimiento" de que es "irregular e ilegal". Ahicart señaló ayer a Levante de Castelló que este mismo mes viajará a Bruselas para asistir a una comisión del Parlamento Europeo en la que aportará toda la documentación del caso "y si lo creen conveniente informar al Tribunal de Luxemburgo".
Por su parte, el alcalde de Sant Jordi, el popular Luis Tena, afirmó ayer a este periódico que no era conocedor de la decisión del fiscal y que "la reponsabilidad sería, en todo caso, de la comisión territorial de Urbanismo y no del ayuntamiento".
El PAI Sant Jordi abarcará una superficie de 1,9 millones de metros cuadrados en los que se prevé construir un campo de golf de 18 hoyos y 2.200 viviendas, de las que el 10% (220) serán de protección oficial. El campo de golf, el quinto aprobado este año por el Consell, abarcará una superficie de 792.579 metros cuadrados. El sector está diseñado a sólo 20 minutos del futuro aeropuerto por la CV-10.
* Levante-EMV - Nerea Soriano, Castelló - 3.01.2009
Foto: panorámica. Entrada del pueblo de Sant Jordi, de la comarca del Baix Maestrat.
rosa mengual, levante-emv.com
