CANARIAS7/Santa Cruz de Tenerife* : «Nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro, y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable», informaba en 2006 el Ministerio de Economía y Hacienda a la fiscal encargada del caso Las Teresitas.
La fiscal María Farnés Martínez elaboró la querella con la que se inició la investigación penal del caso Las Teresitas tomando como referencia un informe del jefe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda, Manuel Souto Alonso, que el 22 de noviembre de 2006, un mes antes de que se presentara la querella, advertía «Nos encontramos, a juicio del que suscribe, ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro, y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable».
En un informe de 52 páginas en el que se esboza el relato de hechos que luego plasmaría la fiscal en su querella, Souto Alonso expone que la singularidad de los plazos respecto a la concesión del préstamos a la entonces inexistente Inversiones Las Teresitas S.L. para adquirir 101 parcelas dentro del polígono, amén de las singularidades administrativas –en contra de todas las leyes que podamos aducir– en la tramitación del expediente por parte del excelentísimo Ayuntamiento, llevan a la consideración, por parte de quien suscribe, de que no cabe la menor duda de que ha habido una concertación de intereses para llevar a cabo el proyecto urbanístico al que nos estamos refiriendo».
Cajacanarias
El jefe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía subraya en sus conclusiones que «son llamativas las actuaciones de CajaCanarias «Y mucho más llamativas las actuaciones municipales tendentes, en los fundamental, a hurtar la competencia a aquellos funcionarios técnicos cualificados que, en el seno de la Corporación, podían hacer valer su voz a lo largo del procedimiento [alude a la arquitecto municipal Pía Oramas, que elaboró una tasación de los terrenos 30 millones por debajo de la que había hecho Tinsa y no fue escuchada].
Souto Alonso se pregunta qué beneficio obtenía el Ayuntamiento al suscribir el convenio [que le llevó a comprar las Teresitas por 52 millones de euros], y, a capitulo seguido, reflexiona: « si se trataba de adquirir los terrenos del frente de la playa, podía haberse ejecutado un simple expediente patrimonial de adquisición».
Apunta que la forma realizada, la adquisición por convenio, «disfraza los enormes beneficios que se otorgan, por medio de recalificaciones, a los particulares interesados. Además», subraya, «si todas las fincas eran de la titularidad de Inversiones Las Teresitas, ningún sentido tiene la comparecencia de los representantes de la Junta de Compensación sino para la obtención de los enormes beneficios resultantes de la recalificación».
Souto sugiere a la fiscal que siga las diligencias «en la forma que estime conveniente» y «sugiere» que cite a declarar a 20 personas. Entre estas se encuentran, además de los a la sazón querelladas, el presidente de CajaCanarias Rodolfo Núñez y el secretario de la Junta de Compensación de Las Teresitas Mauricio Hayek.
Rechazaron cuatro ofertas a buen precio
Según detalla el informe del Ministerio de Hacienda, en noviembre de 2000 el representante legal de la Junta de Compensación del Polígono Playa de Las Teresitas, Jerónimo Delgado, ofreció al menos en cuatro ocasiones a Miguel Zerolo las parcelas del frente de playa para que fueran adquiridas «por medio de compra o permuta en las condiciones más favorables para las partes», pero el alcalde rechazó todas las ofertas.
* Canarias 7 - Antonio F. de la Gándara - Las Palmas de Gran Canaria - 26 enero 2008
Foto: Tenerife, playa Las Teresitas - diariodeavisos.com
«Un pelotazo de los de libro»
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Cómo afrontar un PAI y no morir en el intento
LEVANTE/Valencia* : La Asociación 'Abusos Urbanísticos No' recordó ayer al conseller de Urbanismo, José Ramón García Antón, su compromiso de "contar con los colectivos ciudadanos" para reformar las leyes urbanísticas ya que "hasta ahora, sólo se ha reunido con ayuntamientos o promotores e insiste en acelerar la aprobación de PAI pendientes". Los problemas continúan así que ahora preparan un decálogo para afrontar un PAI.
La Asociación ¡Abusos Urbanísticos No! (AUN) elaborará un decálogo, en colaboración con juristas y expertos urbanistas, para informar a los propietarios afectados por un programa de actuación integrada (PAI) de cómo actuar para evitar que se atropellen sus derechos, según informó ayer su presidente, Enrique Climent. Será una actuación más de esta entidad que insiste en denunciar la "indefensión en que se encuentran los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en lo que a urbanismo y medio ambiente se refiere, a pesar de las desorbitadas declaraciones, claramente oportunistas y manipuladoras de la realidad, de los políticos valencianos en esta campaña electoralista".
Al colectivo que lucha contra los abusos urbanísticos le parecen especialmente preocupantes las declaraciones del actual conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, que ha anunciado la aprobación de 70 PAI antes de que se acabe 2008 para fomentar la construcción de VPO y reactivar la economía.
"La razón de construir VPO es estrictamente social porque persigue facilitar viviendas a economías modestas pero ahora hemos descubierto que la motivación es económica y que la intención del conseller es conseguir que los industriales del ramo no sufran demasiado. Pero nosotros creemos que la VPO tiene una función social y no debe ser una justificación", señalan Enrique Climent y Charles Sbovoda.
Ambos fueron recibidos por García Antón cuando el conseller tomó las riendas del urbanismo, en septiembre de 2007. "Nos manifestó que las circunstancias en el urbanismo valenciano no eran las mismas que en su anterior etapa al frente del urbanismo, que estaba claro que debían hacerse cambios y que para realizarlos contaba con todos los estamentos económicos, sociales y ciudadanos".
Sin embargo, en estos cinco meses las "consultas" y reuniones se han producido con "los ayuntamientos y las asociaciones de promotores, sin que los colectivos sociales y ciudadanos hayan sido incluidos en las consultas" lo que demuestra, según AUN, que se sigue con similares tics de épocas anteriores.
"Por eso, en medio de esta política de grandes fastos y endeudamiento, se debe reaccionar -reivindican-. Si USA no ha podido soportar económicamente un fenómeno idéntico al valenciano, de desarrollo urbanístico insostenible, como consecuencia de la aplicación de la ley eminent domain, que disparó la especulación inmobiliaria e hinchó el globo que les ha llevado por la vía más rápida a la recesión en que se revuelcan, ¿qué hace pensar a nuestros políticos que aquí somos más listos y estamos mejor preparados?", se preguntan los representantes de AUN.
"Nos encontramos con un un patrimonio público valenciano más comprometido por las deudas. Una ciudadanía con su patrimonio privado disminuido en su valor, y con la gravitación que supone una deuda autonómica ruinosa. Unos sectores industriales y agrícolas debilitados por falta de inversiones para su mantenimiento. Un desempleo en cifras que ya teníamos casi olvidadas. Una elite empresarial, la de la urbanización/promoción enriquecida hasta la obscenidad". Por ello, exigen una modificación racional de las leyes urbanísticos y una menor dependencia del ladrillo.
* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 26 de enero de 2008
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
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El Gobierno reclama las competencias de urbanismo
ELPAÍS* : "Si el Estado tiene competencias sobre el agua no veo por qué no debe tener competencias en materia de urbanismo", reflexionó ayer en Valencia Marcos Vaquer, director general de Urbanismo y Política de Suelo del Ministerio de Vivienda, "después de todo, el suelo es un recurso limitado, es el bien mueble por excelencia y ni siquiera es reciclable, como el agua".
Vaquer participó en las jornadas sobre Nueva Cultura Urbana organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, las universidades literaria y politécnica de Valencia, y varios colegios profesionales como un foro de reflexión sobre modelos sostenibles de crecimiento urbano.
Vaquer, de formación jurídica, ofreció muy interesantes reflexiones sobre la legislación en materia de urbanismo. "La propia Constitución vincula el urbanismo con el medio ambiente, pero todas las leyes de suelo españolas han puesto el foco sobre aspectos económicos y, por lo tanto, la sombra sobre el medio ambiente", comentó, "la ley de suelo impulsada por el Gobierno socialista es la única elaborada desde un paradigma medioambiental".
También destacó la notable extensión de los instrumentos de planeamiento urbanístico en toda España desde los años de la Transición hasta la actualidad, pero admitió que "no está claro si el planeamiento ha liderado la expansión urbanística o se ha limitado a levantar acta" de hechos irremediables.
Richard Florida, economista y catedrático de Política Pública de la George Mason University, aseguró a media tarde que el futuro de la Comunidad Valenciana dependerá de su capacidad para implantar una "economía creativa, basada en el talento y la innovación", una economía que tiene su primer estímulo en las ciudades.
En su primera conferencia en España, Richard Florida instó a las autoridades municipales a "fomentar la creatividad y promover y el desarrollo del talento" a través de las urbes como "ejes del desarrollo".
"El lugar donde vivimos condiciona nuestra vida", remachó. En un repaso histórico, el experto aludió a la ciudad de Pittsburg (Kansas), que tras el declive de su industria del aluminio acogió el nacimiento de firmas empresas tecnológicas como Lycos. Sin embargo, la incapacidad de las autoridades para retener el talento de los nuevos vecinos provocó la transferencia de sus trabajadores más cualificados a Boston (Massachusetts).
* ELPAIS.com - M. O. - Valencia - 26/01/2008
Foto: Urbanismo nos invade, manifestación 5M Huelva - Ecologistas en Acción
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Las promotoras inmobiliarias quieren que el Estado les ayude a alquilar los pisos sin vender
SER* : En poco más de dos meses la Sociedad Pública del Alquiler, la SPA, creada por el ministerio de vivienda, ha recibido de los promotores 6.000 viviendas recientemente construidas para que las ponga en arrendamiento, porque no encuentran comprador. De hecho, la mitad de la viviendas que llegan ahora a la Sociedad del Alquiler son casas de inmobiliarias. Son en general promotores medianos y pequeños.
Las grandes inmobiliarias, agrupadas en el llamado G-14, van más allá: quieren conseguir con el alquiler una salida para volver a recibir créditos de los bancos. Las grandes inmobiliarias de España, negocian un acuerdo con la Sociedad Pública del Alquiler. Esta les alquilaría las casas que no venden y les garantizaría así una renta con la que devolver los créditos que tienen con los bancos y cajas. Su propósito es que las instituciones financieras se sumen a este acuerdo para que vuelvan a prestar dinero a la promotoras.
* Cadena Ser - EMILIO DE LA PEÑA 24-01-2008
Foto: especulación viñeta
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Carballo: La Justicia frena los intentos de legalizar la urbanización de Peados
LAVOZ/A Coruña* : Como ocurrió con la reciente sentencia que ratifica el decreto de derribo de dos viviendas en A Pedra do Sal, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de desestimar el recurso interpuesto por Isidro Rodríguez Ponte y Rosa María Rama Novo contra las resoluciones de la Consellería de Política Territorial que ordenaban la demolición de una construcción en el monte Peados (Razo).
Las obras consistían en «muros perimetrales de una edificación de unos cien metros cuadrados adosada a muro existente» y en la «cimentación de una edificación y construcción de pista pavimentada», para las cuales, según la sentencia, no es suficiente la licencia municipal para un cierre que, al parecer, tenían los promotores.
En ambos casos, los expedientes urbanísticos se abrieron hace casi cinco años. En solo tres meses, el Concello de Carballo realizó los trámites correspondientes a cuarenta infracciones urbanísticas. Buena parte de las irregularidades se concentraban en la zona costera, y, fundamentalmente, en dos enclaves: A Pedra do Sal y el monte Peados. Pero en este caso, debido a la calificación del suelo como rústico -y además de especial protección-, las competencias en materia sancionadora recaen directamente en la Consellería de Política Territorial.
Precisamente, desde la Xunta se ordenó también en aquellas fechas la reposición de la legalidad en seis obras, cuatro de ellas en Peados y dos en A Pedra do Sal, en una de las cuales incluso se ordenó a Unión Fenosa la interrupción del suministro eléctrico dado el incumplimiento reiterado, por parte del promotor, de las órdenes de paralización dictadas por el Concello de Carballo. Algunos de aquellos expedientes llegan ahora, casi cinco años después, a su conclusión.
El recurso de casación ante el Supremo es la única salida que les queda tanto a Isidro Rodríguez y Rosa María Rama como a Manuel Facal Lorenzo, promotor de las dos viviendas de A Pedra do Sal que también tienen orden de derribo. Otros propietarios optan por ejecutar la demolición por su cuenta, ya que los decretos suelen llegar acompañados de cuantiosas multas, que se incrementan a medida que pasa el tiempo. El pasado mes de octubre, de hecho, se materializó el derribo de otra vivienda en Peados, por parte de su dueño, que también había sido denunciada a principios del 2003.
* La Voz de Galicia - 25/1/2008
Foto: Urbanización - lavozdegalicia.es
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Marbella: Todos los ediles que dieron licencias ilegales se beneficiarán del pacto con la Fiscalía
SUR* : Los ex concejales del GIL que firmaron licencias de obras ilegales comienzan a respirar tranquilos. El pacto que los letrados de los ex ediles negocian actualmente con la Fiscalía de Málaga beneficiará a todos los ex miembros de la corporación que firmaron licencias ilegales durante prácticamente todo el periodo del gilismo, en el que se produjo el saqueo de la ciudad: desde 1995, cuando se comenzaron a dar licencias al margen del planeamiento, hasta 2006, cuando se disolvió la corporación presidida por Marisol Yagüe.
El acuerdo permitirá la acumulación de las causas, de modo que en caso de que haya más de una no se sumarán las penas, al considerarse la existencia de un delito continuado. De ese modo, en ningún caso las penas serán superiores a los seis años de cárcel. El periodo que abarca el pacto incluye prácticamente toda la era GIL, ya que sólo se excluye la primera legislatura, en la que casi no hubo denuncias por delitos urbanísticos.
Un miembro de la Fiscalía y abogados de los ex ediles, entre los que se encuentra el ex alcalde Julián Muñoz, se reunieron ayer para estudiar este «acuerdo marco de conformidad», con el que se pretende, según aseguran, agilizar los casos en los que se encuentran encausados los ex concejales por conceder licencias urbanísticas en Marbella.
Excepción
Durante la mañana de ayer, un representante de la fiscalía se reunió con los abogados de todos los ex ediles del GIL imputados en algún procedimiento urbanístico por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero en la negociación quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades.
El abogado Pablo Luna se mostró satisfecho con las negociaciones y destacó la actitud de la Fiscalía por su «lealtad, profesionalidad y claridad».
El letrado destacó que la negociación se basa «en un criterio de la conformidad» que puede haber siempre entre acusación pública y defensa pero «nada fuera de la legalidad».
Luna resaltó que aunque hay un principio de acuerdo marco de conformidad, «cada caso se tendrá que personalizar», porque cada ex edil tiene una situación concreta y pidió prudencia ya que todavía sólo es «un principio de acuerdo global para todas las corporaciones desde 1995 hasta la disolución del Ayuntamiento en 2006».
Conexos
En las próximas semanas se celebrarán más reuniones para concretar la condena que tendrán que cumplir los ex concejales, aunque esa pena no será en ningún caso superior a los seis años de cárcel. Tanto la fiscalía como los abogados defensores parten de que se trata de delitos conexos que tienen por Ley un límite de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena máxima impuesta.
El delito contra la ordenación del territorio del artículo 320 que se les imputa a los ex concejales de GIL por conceder presuntamente licencias urbanísticas ilegalmente fijan un máximo de dos años de cárcel por lo que el máximo sería seis años de prisión.
Fuentes de la fiscalía aseguraron que las negociaciones están abiertas y que sólo se pretende agilizar los procedimientos judiciales por delitos urbanísticos en relación con la concesión de licencias por economía procesal y en ningún caso habrá acumulación de procedimientos.
* SUR - 25.01.08 - H. B.
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Tenerife: 37 millones de sobreprecio en 'Las Teresitas'
CANARIAS7/Santa Cruz* : El valor de los terrenos en primera línea de la playa de Las Teresitas en caso de expropiación no superaba los 15 millones de euros el día en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife los compró por 52 millones, según un informe pericial encargado por la fiscal Anticorrupción de Tenerife, María Farnés Martínez. Según este peritaje, la Corporación santacrucera habría pagado un sobreprecio de 37 millones de euros, 6.200 millones de pesetas.
Según los arquitectos grancanarios Vicente Fernando Hernández Santana y Alberto Núñez Arias, designados como peritos imparciales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en marzo de 2007 para determinar el valor de las 11 parcelas en primera línea de playa en Las Teresitas, «el valor de los terrenos en el supuesto de expropiación forzosa [en esta tesis se lo pidió la fiscal] con arreglo a su concreta situación urbanística y a la legislación aplicable en el momento de la compraventa entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la entidad mercantil Inversiones Las Teresitas, es de 15.245.922,83 euros para la línea de dominio público marítimo terrestre aprobada el 13 de mayo de 2001 y de 11.213.170,83 euros para el caso que se confirme y se apruebe definitivamente la delimitación provisional de la línea probable de deslinde conforme a la ley de costas de 1988».
A tenor del peritaje, aún poniéndose en la opción menos gravosa para las arcas públicas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife habría pagado por las parcelas 37 millones de euros más de lo que realmente valdrían. Si se cumplen las previsiones de deslinde conforme a la Ley de Costas de 1988, el Ayuntamiento habría abonado un sobreprecio de 41 millones de euros por Las Teresitas.
Elaborada.
La pericial fue encargada por la magistrada instructora del caso, a instancias de la fiscal, en marzo de 2007. Sus autores tardaron nueve meses en elaborar la tasación, que entregaron el pasado 31 de diciembre. El informe y la pericial, que consta de 58 folios y varios anexos, figura entre los documentos a los que tienen acceso las partes tras el levantamiento parcial del secreto de sumario, el miércoles. Los peritos cobraron 105.000 euros.
De la pericial encargada por el Tribunal Superior se desprende que la valoración en la que se apoyó el Ayuntamiento para adquirir los terrenos (elaborada por Tasaciones Inmobiliarias S.A. por encargo de Cajacanarias en 1998) no tuvo en cuenta ni las limitaciones del deslinde ni la legislación sobre Turismo vigente en la fecha en la que se llevó cabo la operación, factores ambos que disminuyen sensiblemente el valor de los terrenos.
La pericia del millón.
La valoración de los terrenos de Las Teresitas elaborada por los peritos designados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias puede ser una referencia de primer orden para la resolución del caso en sus múltiples vertientes judiciales: El Supremo declaró nula la compra venta de los terrenos, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior canario ha determinado que, para ejecutar esta decisión del Alto Tribunal, hay que llevar a cabo un nuevo procedimiento de fijación de precio de las parcelas, que es lo que ahora han hecho los peritos de Bellini. El Ayuntamiento sostiene que no podía expropiar, pero otras fuentes aseguran que esta vía era lícita.
* Canarias 7 - Santa Cruz de Tenerife - A.F.G. / M.M. - 25 enero 2008
Foto: Tenerife, Las Teresitas - canarias7.es
NOTICIA RELACIONADA: «Nada tan urgente en 8 años» - Canarias 7 - Francisco Suárez Álamo - 25 enero 2008
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'Guateque': El dueño de un teatro confiesa al juez que le pidieron 12.000 euros
ELPAÍS/Madrid* : Con una bolsa de plástico en la cabeza y ayudado por sus familiares. De esta guisa salió ayer de la cárcel de Alcalá Meco el supuesto cabecilla del caso Guateque, Victoriano Ceballos, un funcionario del Ayuntamiento de Madrid acusado de pedir dinero a cambio de agilizar licencias. Eran las siete de la tarde. Seis de los 10 encarcelados en el caso de corrupción municipal salieron ayer de prisión tras pagar la fianza impuesta por el juez.
Con una bolsa de plástico en la cabeza y ayudado por sus familiares. De esta guisa salió ayer de la cárcel de Alcalá Meco el supuesto cabecilla del caso Guateque, Victoriano Ceballos, un funcionario del Ayuntamiento de Madrid acusado de pedir dinero a cambio de agilizar licencias. Eran las siete de la tarde. Seis de los 10 encarcelados en el caso de corrupción municipal salieron ayer de prisión tras pagar la fianza impuesta por el juez.
Santiago Torres había levantado el martes el secreto de todo el sumario del caso. En la parte que todavía no había visto la luz (y a la que ha tenido acceso EL PAÍS) figura la declaración del dueño del teatro Martín, Vicente Gregorio. El empresario confiesa que el arquitecto Antonio Sanz, uno de los supuestos conseguidores de la trama, le pidió 12.000 euros para agilizar su licencia y convertir el teatro en un restaurante espectáculo.
Gregorio contó al juez que no llegó a pagar ese dinero porque finalmente Sanz no se lo pidió, aunque él estaba dispuesto a abonarlo con tal de conseguir la licencia. De hecho, ya había pagado 16.000 euros a Sanz por el proyecto técnico para la conversión del inmueble en un restaurante. "Sanz Escribano me llamó por teléfono y me dijo que el expediente estaba en Medio Ambiente [del Ayuntamiento de Madrid] y que en ese departamento había un retraso importante que se podía evitar pagando una cantidad aproximada de 12.000 euros. Sanz Escribano no me dijo el nombre del funcionario municipal que iba a agilizar la tramitación". Lo cierto es que, en junio, su petición de licencia le fue denegada por el Ayuntamiento. "No pedí explicaciones porque no llegué a pagar".
En el sumario hay una grabación telefónica entre Sanz y Victoriano Ceballos, ex jefe de la división de impacto y análisis ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y supuesto cabecilla, en la que se alude a las gestiones sobre el teatro Martín, situado en la calle de Santa Brígida. Otro de los supuestos intermediarios, Benjamín Valledor, reconoce que pagó a Ceballos a cambio de que le agilizara licencias y señaló que le entregó en una ocasión 3.000 euros para solucionar una licencia de un local en la calle Hiruela, y otros 2.000 por uno en la calle del Mar de Oman.
Junto con Ceballos también abandonaron Alcalá Meco ayer por la tarde otros dos imputados: Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de evaluación ambiental, y el intermediario Santiago Castillo, directivo del estudio de arquitectos AC 93. Desde la garita de entrada a la cárcel se empezó a ver la silueta de tres personas, los imputados. Poco a poco recorrieron la larga recta, mal iluminada, hasta poder tocar a sus familias. A partir de ahí todo fue muy rápido.
La mujer y el hijo de Ceballos llevaban seis horas esperando en un todoterreno de gran cilindrada. El hermano no había parado de caminar durante horas, fuera del coche y nervioso, con las bolsas de plástico preparadas. La familia de Fernández de Castro y la de Castillo habían llegado cuatro horas antes. En cuanto vieron que salían por la puerta les gritaron: "¡Por aquí, por aquí!". El hermano de Ceballos le ordenó: "¡De espaldas, de espaldas!" En cuanto pudo alcanzarle, le colocó la bolsa de plástico en la cabeza y él mismo se puso otra. La bolsa tenía unos agujeros a la altura de los ojos, pero Ceballos se desorientó y caminó hacia un descampado. Fernández de Castro no se tapó. "Estoy bien. Ya hablaremos", dijo educado. Castillo se cubrió con una capucha y una bufanda. La escena estaba rodeada de flashes. Con cada fotografía, Castillo lanzaba un insulto. "Hijo puta, hijo puta", repetía. Al mismo tiempo, Ceballos no decía ni media palabra. Sólo su hermano insistía en inglés: "No comment, no comment". El hijo de Ceballos se acercó con su todoterreno, salió, apartó a un cámara, abrió el maletero y guardó una bolsa de viaje de su padre. "Vamos, papá", le dijo. Dentro esperaba su mujer, que antes se quejó del tratamiento de la prensa con su marido desde que fue detenido, a finales de noviembre. "¡Tranquilo, tranquilo... venga, vámonos!". El último en marcharse fue Castillo. Desde las ventanillas de su coche, tapadas en parte por una manta, se dedicaron continuos cortes de manga a los periodistas.
A 75 kilómetros de allí, en Soto del Real, Manuel Sánchez Romanillos, de la Junta de Salamanca; Domingo Sánchez Bote, de la de Chamartín; y el empresario Julián Rubén López, eran liberados a las nueve de la noche. Dos de ellos se taparon la cara. "Buitres, ¿para qué hacéis fotos?", dijo. Dentro de la cárcel quedaron otros cuatro encarcelados, que no pudieron reunir la fianza fijada por el juez ayer. Estos son Carmelo García Sánchez, funcionario jubilado de la Gerencia de Urbanismo; Miguel Ángel García Jodar, técnico del Área de Medio Ambiente; Fernando Ruiz Torrejón, de la de Urbanismo; y el empresario Eduardo Agustinos.
Por la mañana, el hermano de Ceballos llegó a los juzgados de Plaza de Castilla. En una bolsa de deportes llevaba, presumiblemente, la fianza de 60.000 euros fijada por el juez Torres. Tras depositar la cantidad, Prada explicó que la familia de su cliente había necesitado tiempo para reunir el dinero. "Llevan días recaudándolo. Es una cantidad muy importante para una familia sencilla", dijo Prada, aunque luego el hijo de Ceballos acudiera a recoger a su padre en un todoterreno de entre 60.000 y 90.000 euros. El resto de acusados también tuvieron que depositar las fianzas, de hasta 100.000 euros, en el juzgado de la Plaza de Castilla. A partir de ahora deberán presentarse ante el juez dos veces al mes.
* ELPAIS.com - J. A. HERNÁNDEZ / Á. CORCUERA - Madrid - 25/01/2008
Foto: Victoriano Ceballos oculta su rostro con una bolsa al salir de la cárcel de Alcalá Meco/ ÁLVARO GARCÍA - 25/01/2008 - elpais.com
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De alcalde imputado por corrupción a senador del PP
ELPAÍS/Castellón* : Alfonso Ferrada pasará de ser un ex alcalde imputado por presuntos delitos de corrupción urbanística a convertirse en un senador aforado, pero sin pasar por las urnas. La carambola que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la dirección del Partido Popular han permitido ejecutar al presidente provincial de Castellón, Carlos Fabra, ha supuesto no sólo la designación de su hija, Andrea, como número dos al Congreso sino que, en el puesto que ésta deja libre como senadora territorial pueda sentarse directamente el ex alcalde de Burriana.
Considerado uno de los socios políticos de Fabra, Alfonso Ferrada fue alcalde de ese municipio valenciano, de 35.000 habitantes, desde 1995 hasta el pasado mes de mayo, cuando el PP decidió no volver a presentarlo tras múltiples escándalos urbanísticos.
Miembro también de la ejecutiva regional del PP, Ferrada sorprendió, hace ahora un año, con una comparecencia, junto a Carlos Fabra, en la que se anunció que no repetía como candidato a la alcaldía de Burriana. Entonces, mantuvo que sus resoluciones urbanísticas no habían influido en esta decisión, pero admitió que los escándalos relacionados con la aprobación de determinados proyectos habían creado una tensión insostenible dentro del PP local.
Aquellas polémicas se han saldado, de momento, con una imputación, tras una querella presentada por los socialistas locales y secundada por varios afectados por las decisiones urbanísticas. Según el texto de la querella, el PP mantuvo sin tramitar, durante un año, un programa presentado por una constructora local. Al mismo tiempo, tres empresas comenzaron a adquirir terrenos en la misma zona que, posteriormente, fue recalificada. Esas empresas, en opinión de los querellantes, dispusieron, "sin lugar a dudas, de información privilegiada". Finalmente, el PP adjudicó el programa urbanístico a uno de los empresarios que había adquirido terrenos y descartó a la constructora local que había impulsado la iniciativa. Pese a que los técnicos municipales expresaron reservas, Ferrada optó por contratar un informe jurídico externo que avalara su decisión de adjudicar el programa. Una decisión que le valió ser imputado por presunta prevaricación, malversación, cohecho y delitos contra los recursos naturales y la ordenación del territorio.
En su declaración ante el juez, el ex alcalde admitió que tanto su esposa como su suegro poseen cuentas bancarias en Andorra, tal como indicaba la querella, y justificó esa actividad bancaria alegando que tiene propiedades en aquel paraíso fiscal.
La decisión de Fabra ha contado con el aval del presidente regional, Francisco Camps. El presidente valenciano se vio obligado a contar con el apoyo de Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública, en su pugna con Eduardo Zaplana por el control del PP regional. La impunidad otorgada por Camps a Fabra se ha hecho extensible al resto de cargos imputados.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 25/01/2008
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es
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TSJA ratifica el derribo de parte de la casa de Antonio Banderas en Marbella
EUROPAPRESS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia por la que se anuló la licencia concedida en marzo de 1995 por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) para la construcción de una vivienda actualmente propiedad del actor Antonio Banderas. La abogada de la comunidad de propietarios 'Los Monteros', que inició el procedimiento, Inmaculada Gálvez, indicó que ya han comenzado los trámites de ejecución de dicha sentencia, cuya consecuencia jurídica es "la demolición" de parte del inmueble.
Gálvez explicó que "el juez de oficio ya ha requerido al Ayuntamiento marbellí para que en el plazo de 10 días manifieste el procedimiento y el órgano competente para ejecutar esta sentencia" y apuntó en declaraciones a Europa Press que "si en el plazo de dos meses que marca la ley no se ha ejecutado, pediré a la Sala la ejecución forzosa".
Apuntó que en este caso "no se puede alegar que se espere a ejecutarla a que esté terminada la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", porque, según explicó, "las cuatro parcelas están consideradas como equipamiento". La sentencia ratificada ahora, de abril de 2003, se basó en que la parcela donde está ubicada la vivienda está calificada como zona de equipamiento sanitario según el Plan del 1986, e invade la zona de dominio público terrestre.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de Málaga ha dictado un auto en el que se rechaza el recurso presentado por los abogados del actor, que pedían la nulidad de la sentencia de 2003 por indefensión, al no haber participado en el proceso. En este sentido, el Tribunal contesta que "no resultan fácil de admitir" que esta parte haya permanecido más de 10 años al margen teniendo en cuenta la "repercusión mediática de máximo nivel" del procedimiento.
"Es inimaginable que en circunstancias tales ninguna de las entidades hubiera tomado conocimiento de la existencia de un recurso contencioso-administrativo contra la concesión de la licencia y si realmente no lo hubiera llegado a adquirir habría sido por propio y personal negligencia al no haberse informado de las actividades de la comunidad", apunta la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.
Además, la Sala añade en el auto que la representación del acto "no ha concretado tampoco ni esgrimido" argumentos nuevos o diferentes a los ya estudiados en contra de lo afirmado en la sentencia, por lo que "de poco habría servido la retroacción solicitada y sólo se habría conseguido alargar aún más un proceso ya de por sí prolongado".
* Europa Press - MÁLAGA, 24 Ene. 2008
Foto: Marbella, casa A.Banderas - ELPAIS.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La casita de papel de Antonio Banderas
ROSA VILLACASTÍN* : Es indudable que el "gilismo" murió el día que lo hizo Jesús Gil, y que la puntilla definitiva se la asestó el juez Miguel Angel Torres, cuando metió en la trena a Julián Muñoz, a Maria Angeles Yagüe, a Isabel García Marcos y a Juan Antonio Roca, entre otros muchos funcionarios y empresarios. Todos ellos ligados al consistorio marbellí por lazos que parecían indestructibles, pero bastó que un juez y un fiscal tuvieran ganas de actuar, e hicieran oídos sordos a las amenazas que les llegaban por parte de quienes les auguraban un futuro en los infiernos, para que el castillo de la corrupción marbellí se derrumbara en un abrir y cerrar de ojos.
No sin dejar heridos de consideración en algunos casos, leves en otros, y arruinados de por vida, la mayoría de ellos.
Queda ahí, para vergüenza de todos los que colaboraron y votaron al "gilismo", su política urbanística. Cimentada en la extorsión, en el abuso, en la prepotencia, en el "todo vale", con tal de sacar tajada de allí dónde hubiera un metro de terreno que se pudiera urbanizar, con o sin licencia, y cuyas consecuencias están pagando ahora las gentes de buena fe, que compraron con toda la ilusión del mundo un apartamentito donde pasar sus últimos años de vida, o la casa de sus sueños, que muchos tendrán que demoler porque así lo han decidido los tribunales de justicia.
Es el caso del actor Antonio Banderas, quién tendrá que derribar una parte importante de su vivienda -situada en una de las zonas más lujosas de Marbella-, después de años de litigio, por considerar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que las obras de ampliación que se hicieron en la misma, se construyeron en un suelo destinado a equipamientos e infraestructuras de saneamiento, que invade una zona considerada de dominio público Marítimo Terrestre.
No creo que la medida le sorprenda mucho al actor malagueño, aunque le dolerá, como les duele a todos los que se encuentran en su misma situación. Hay que decir en descarga de los damnificados, también Antonio lo es, que la mayoría compró de buena fe. No sabían que asentaban sus reales sobre un estercolero de irregularidades y corrupción. En el caso del actor malagueño, además de ingenuo, se creyó todas las mentiras de Gil y de Roca, cuando le ofrecieron la antigua casa de Encarna Sánchez, para que se instalase allí durante sus vacaciones en la Costa del Sol. Nadie le dijo entonces que sobre la casa pesaba una demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios, por irregularidades en la construcción. Cuando se enteró, ya era tarde, poco o nada podía hacer para solucionar el problema, sólo le quedaba esperar. Esperar a que se pronunciaran los jueces, quiénes le han dado dos meses para ejecutar la sentencia.
Encarna, al igual que Gil y Roca, Roca y Gil, se pasaban la legalidad por el Arco de Marbella. Prepotentes como eran, creían que su poder era infinito. El tiempo ha demostrado que no, que ante la Ley somos todos iguales, a Dios gracias, porque de lo contrario, el mundo estaría sólo en manos de los indeseables y corruptos.
* Diario Crítico - Opinión - 24-01-2008
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25.1.08
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Tenerife: El testaferro de 'Las Teresitas' cantó
CANARIAS7/Santa Cruz* : «D. Ignacio le dijo que iba a hacer una operación en la que él no podía aparecer». Así lo declaró Felipe Manuel Armas Jerónimo, empleado de Promotora Victoria, una empresa de Ignacio González, a la magistrada Carla Bellini, encargada de la instrucción del llamado caso Las Teresitas.
Armas Jerónimo es uno de los imputados en la causa abierta a raíz de la querella interpuesta por la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, por la supuesta comisión de los delitos de malversación y de cohecho, en relación con su participación en la compra por parte de la entidad Inversiones Las Teresitas S.L. a la Junta de compensación de los terrenos ubicados en esta playa tinerfeña. Con posterioridad, el Ayuntamiento compró a Inversiones Las Teresitas los terrenos. También está implicado por su relación directa con otro de los imputados, Ignacio González Martín.
En su declaración ante la magistrada y según figura en el sumario, -cuyo secreto fue levantado en parte este martes-, Armas Medina explica que es cierto que abrió una cuenta en Cajacanarias en junio de 1998 e ingresó un cheque por valor de 15 millones de pesetas.
Agrega que este dinero era de González Martín y que lo ingresó para constituir la sociedad porque «D. Ignacio le dijo que iba a hacer una operación en la que él no podía aparecer».
Armas Jerónimo aclara que esta fue la primera y única vez que su jefe le había pedido este tipo de favor. Según dijo, vendió sus participaciones de Inversiones Las Teresitas a Promotora Victoria por el mismo precio. Nunca recibió el dinero, ya que esos quince millones ya eran «de ellos», declaró.
A preguntas del ministerio fiscal y durante la misma declaración, Armas Jerónimo se declara hombre de confianza de González Santiago y dice que no recuerda si fue él el que hizo la reserva de denominación del nombre Inversiones Las Teresitas. Y reitera que la explicación que le había dado Ignacio González de por qué él no podía figurar en Inversiones Las Teresitas es que «iba a hacer una operación en la que no podía estar».
A lo largo de la declaración, efectuada el 14 de enero de 2008, este imputado explica cuáles son sus cometidos como empleado de González Martín. Relata que su función es mecanizar apuntes de contabilidad y que ocasionalmente realiza algunos recados en la calle.También explica a preguntas de la instructora que siempre había trabajado en un piso situado en la calle La Rosa, de Santa Cruz de Tenerife, pero que, por problemas de espacio, Ignacio González había decidido que parte de la documentación se trasladara a otro piso en la calle Villalba Hervás.
Éste último inmueble tiene cocina y dormitorios, pero él sólo usaba la parte acondicionada como despacho.
Asegura que es normal guardar la contabilidad en archivos; y en cajas, la correspondiente a años anteriores. Sobre este particular aclara, a preguntas del abogado de la defensa, Pablo Molins Amat, que la documentación relativa a Las Teresitas estaba en el piso de la calle de La Rosa y no en el de Villalba Hervás, el que, según había ya explicado, se habilita porque la documentación ya no cabía en el primero.
También le preguntan por una caja fuerte que tiene alquilada. Él explica que lo había hecho con la intención de guardar unas joyas que había heredado de su madre, pero que nunca había llegado a hacerlo, y que en la actualidad las tiene su hermano. También a preguntas de su abogado , contesta que él costea el alquiler de la caja fuerte y que su jefe desconoce que la tiene.
Interrogado por su abogado, relata que no intervino en la venta de los terrenos de Las Teresitas y que no fue a ninguna reunión, ya que «de eso se ocupaba D. Ignacio y D. Antonio». Y a instancias de la fiscal, explica que en su cuenta no pueden haber ingresos que no sepa de dónde vienen, y que sólo cobra 2.000 euros de sueldo.
* Canarias 7 - A.A. / F.S.A. - Las Palmas de Gran Canaria - 24 enero 2008
Foto: Conflicto. La playa santacrucera sigue inmersa en un contencioso judicial que deja en entredicho los planes inversores que ahora tiene el grupo Mapfre tras comprar terrenos en la zona/ canarias7.es
NOTICIA RELACIONADA: De cómo se cocinó la querella - CANARIAS 7 - Antonio F. de la Gándara - 24 enero 2008
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24.1.08
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Tema: NOTICIAS Canarias
Alcoy: Los vecinos llevarán a la Fiscalía el plan urbanístico de El Estepar
INFORMACIÓN/Alicante* : La asociación vecinal "Per l'Estepar" ha decidido llevar el PAI previsto para esta urbanización de Alcoy ante el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente Urbanismo de la Fiscalía General del Estado. Esta organización, que agrupa a los residentes de esta zona, ha tomado esta decisión al detectar numerosas irregularidades en la tramitación de este plan urbanístico, que será aprobado por el Partido Popular en el pleno de mañana.
En un comunicado, difundido en el día de ayer, los vecinos denuncian una batería de anomalías. En primer lugar, señalan que el principal beneficiario del PAI es la empresa promotora que ha presentado la oferta, señalando que el 50% de los terrenos vacantes que se van a urbanizar "pertenecen a la misma familia que es propietaria de la empresa promotora". Asimismo, señalan que el Ayuntamiento de Alcoy no recibe ningún beneficio, ya que la empresa no cede ningún aprovechamiento urbanístico. Por contra, la corporación tendrá que hacerse cargo de los gastos de mantenimiento de la futura urbanización.
Según señalan los vecinos, el proyecto urbanístico tendrá además un fuerte impacto ambiental, ya que supondrá la tala de miles de pinos y carrascas y la consiguiente desaparición de muchas hectáreas de suelo forestal, situadas a muy pocos metros del parque natural de la Font Roja. Asimismo, indican que el proyecto facilita la construcción de centenares de viviendas en la zona, que no tienen garantizada agua suficiente y que pueden afectar de forma negativa al acuífero del Molinar. La asociación vecinal insiste en denunciar que el plan uranístico en ningún momento limita al número de viviendas a construir.
En otro orden de cosas, el colectivo "Per l'Estepar" también denuncia una batería de incumplimientos de la ley. En primer lugar, señala que el Ayuntamiento ni siquiera ha elaborado el preceptivo estudio de sostenibilidad. También se indica que se incumple el vigente PGOU al cambiar la tipología de vivienda que se puede construir en la zona. Finalmente señalan irregularidades respecto a la Ley Urbanística Valenciana y critican que no se hayan solicitado los preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Consejo de Territorio y Paisaje.
Consenso roto
Los vecinos de esta urbanización expresan su malestar por el hecho de que el gobierno municipal haya incumplido sus compromiso de consensuar este plan urbanístico con todas las partes implicadas. Según señalan, el Ayuntamiento no los ha tenido en cuenta a la hora de elaborar las bases y les negó el pasado lunes la documentación sobre el PAI. En el comunicado, difundido en el día de ayer, la asociación vecinal se hace, entre otras, las siguientes preguntas: "¿por qué el Ayuntamiento quiere beneficiar específicamentye a los propietarios del 50% suelo vacante que se han constituido en empresa promotora, en contra de la mayoría de la propiedad representadas por los propietarios del otro 50% del suelo vacante y por la comunidad de vecinos?, ¿qué tipo de relación existe entre los propietarios de la empresa promotora y algunos miembros del Ayuntamiento?".
Hay que recordar que, en la última comisión informativa de Urbanismo, el Partido Popular aprobó en solitario el inicio de la tramitación de este PAI. Los partidos de la oposición denunciaron graves errores en la documentación que afectaban a aspectos centrales del plan.
* Información - J.LL.A. - 24 de enero de 2008
Foto: La zona de El Estepar se convierte en el escenario de una fuerte polémica sobre urbanismo en Alcoy/ JUANI RUZ, diarioinformacion.com
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Fiscalía lleva al juzgado el convenio urbanístico de Aramón y Montanuy
ELPERIÓDICO/Aragón* : La Fiscalía de Huesca remitió ayer a los juzgados de Barbastro, con valor de denuncia, las diligencias de investigación que ha desarrollado en torno al convenio establecido entre el Ayuntamiento de Montanuy y el hólding semipúblico aragonés del esquí, Aramón, para crear una estación de esquí en el valle de Castanesa.
El fiscal ha concluido que de las diligencias, abiertas tras remitirle la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una denuncia de la asociación Naturaleza Rural --acompañada de documentación--, se desprende la existencia de indicios de delito en estas actividades. Las diligencias remitidas al juez ratifican el contenido de la denuncia, que cuestiona el convenio. Este recoge que la financiación de un nuevo plan de ordenación urbana para el municipio correría a cargo de una empresa del hólding. El nuevo instrumento de planeamiento recalificaba como urbanizables o de equipamientos parcelas rústicas que sumaban 2.000 viviendas y 1.500 plazas hoteleras en los 17 núcleos del término. Aramón firmó opciones de compra sobre buena parte de ellas, algunas de ellas de familias de miembros del consistorio.
El pasado verano, el ayuntamiento aprobó la reforma con el único voto a favor de los cuatro concejales del equipo de gobierno.
Naturaleza Rural incluyó en la denuncia referencias a las supuestas presiones de las que fueron objeto algunos propietarios del suelo, por personal vinculado a Aramón, para firmar las opciones de compra de sus parcelas al precio marcado por Aramón.
El alcalde, José María Agullana, dijo ayer que "tengo la conciencia muy tranquila. Es mejor que el caso llegue al juez y lo resuelva. Hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer para desarrollar un territorio que se muere".
Un portavoz del hólding pidió celeridad en la instrucción judicial "para restablecer cuanto antes el buen nombre de Aramón".
* El Periódico de Aragón - 24/01/2008
Foto: Montanuy (Huesca) - Servicio Especial
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Piden 9 años para un ex técnico de Cártama que pedía dinero por favorecer casas ilegales
LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga ha pedido nueve años de prisión y 12 de inhabilitación para un antiguo técnico del Ayuntamiento de Cártama que presuntamente ideó una trama de sobornos para autorizar viviendas ilegales. El procesado, que trabajaba como encargado del servicio de control y vigilancia de las zonas rurales del municipio, está acusado de un delito continuado de cohecho y otro de coacciones.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, desde diciembre de 2004 a enero del siguiente año exigió más de 123.000 euros a propietarios de viviendas presuntamente ilegales, a cambio de evitar el inicio de expedientes sancionadores por viviendas ilegales o la ejecución de órdenes de demolición de construcciones, ubicadas en zonas rurales.
El acusado contó con la ayuda en una ocasión de un ciudadano extranjero, que actuó como supuesto intérprete en una operación, en la que pidió 18.000 euros para eliminar un expediente de paralización de obras en un paraje del municipio.
Según se recoge en la calificación fiscal, sólo se hizo efectivo el pago de uno de los sobornos, de 15.000 euros. Así, en enero de 2005, el procesado contactó con el dueño de una vivienda al que le prometió evitar una sanción, si le entregaba 9.000 euros. El particular accedió y le pagó en efectivo dicho importe. Días después el ciudadano recibió una carta certificada del Ayuntamiento de Cártama en la que se hacía constar una orden de precinto de obras, por lo que se puso en contacto de nuevo con el acusado, que le exigió otros 6.000 euros para resolver el problema.
El encargado municipal reclamaba presuntamente a los dueños de las casas entre 6.000 y 18.000 euros para llevar a cabo acciones que favorecieran las edificaciones que no cumplían con la legalidad. En una ocasión, pidió a un extranjero 18.000 euros para tramitar y obtener la legalización de una vivienda, y como complemento, le pidió otros 3.000 euros para permitir un camino y una piscina en el terreno.
Denuncia. Este presunto caso de cohecho se destapó a raíz de la denuncia de un particular al que el acusado presuntamente había tratado de sobornar. Según la Fiscalía, pagó 7.000 euros al procesado para poder construir en su parcela, pero días después, se personó en las dependencias municipales de Urbanismo porque había recibido una resolución de precinto de obras y comunicó estos hechos.
El procesado, convocado por los responsables municipales para dar explicaciones por la denuncia, optó por presentar la renuncia irrevocable a su empleo municipal.
En este caso también están acusados el intérprete, como cómplice de cohecho, y un particular, por aceptar un soborno. Se enfrenta cada uno a la pena de un año de prisión.
Acusan a un arquitecto de falsear un certificado de vivienda ilegal
Un arquitecto ha sido acusado por la Fiscalía como presunto autor de un delito de falsedad de certificados, ya que supuestamente emitió un documento falso para dar vía libre a la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela calificada como suelo rústico, en el municipio axárquico de Iznate.
El acusado expidió un certificado técnico en el que se hacía constar que la construcción tenía una antigüedad superior a seis años, cuando la vivienda se había edificado recientemente.
Con esta falsedad se trata presuntamente de evitar una sanción o hecho delictivo, por el hecho de que prescriba una infracción urbanística cuando transcurren varios años desde la construcción de un inmueble.
Según la calificación del Ministerio Público, la vivienda se construyó en una parcela rústica sin licencia, ni autorización municipal. El terreno donde se ubica está clasificado como suelo no urbanizable de especial protección, por estar en los montes de la comarca de la Axarquía.
La Fiscalía pide para el acusado una multa de 5.400 euros por el delito de falsedad de certificado, según consta en el escrito de la acusación.
Los dos promotores de la obra están acusados, a su vez, de un delito contra la ordenación del territorio y se enfrentan a un año de prisión cada uno. También se les imputa un delito de falsedad de uso de certificados, por el que el Ministerio Público reclama el pago de 1.800 euros.
En cuanto a la responsabilidad de tipo civil, la Fiscalía de Medio Ambiente solicita la demolición de la vivienda, de unos 125 metros cuadrados de superficie. El juicio por este caso se celebrará en un juzgado penal de la capital.
* La Opinión de Málaga - R. Rivera. Málaga - 24 de enero de 2008
Foto: En Cártama se practicó la demolición de viviendas declaradas ilegales/ laopiniondemalaga.es
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Salamanca, revuelo en el vecindario
PÚBLICO* : Lo dice Chema: “Yo creo que esto está siendo mucho más que las tasas municipales, esto ha sido el hartazgo de la gente, porque es que si a ti te dicen que hay 20 millones de euros que les perdonaron a los constructores, que está el Ayuntamiento endeudado, que están recibiendo sentencias condenatorias de manera constante y, de repente, tú ves que te llegan y te quiere subir los impuestos, tú llegas y dices, ¿tú de que vas? Y además insulta a los vecinos y ahí ya dices, ¿tú quién te crees que eres?”.
Respuesta rápida para Chema: es el alcalde de Salamanca y su nombre es Julián Lanzarote. Y Chema, el que habla, se llama Chema Collados, es arqueólogo, tiene 27 años, vive con sus padres en su casa de toda la vida, hace años fue militante de Juventudes Socialistas y hoy, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa), ha conseguido poner la ciudad patas arriba. Por tres veces tomaron la Plaza Mayor. Ni caso les hicieron. “Y por eso nos vamos a Madrid este sábado, a manifestarnos en la calle Génova”.
Lo sucedido en Salamanca demuestra el poder del movimiento vecinal, tan olvidado por casi todos –los vecinos–, y supone al fin una manera de entender la democracia. Palabra de Chema: “Hemos delegado de tal manera en las administraciones, que al final no nos creemos que son nuestras y, por ejemplo, el ayuntamiento está despilfarrando y da igual, pero no, mire, es que se está despilfarrando su dinero”. Palabra del alcalde Lanzarote a Fevesa, según Chema. “Manifiéstense, me da lo mismo que sean 25.000 o que sean cinco veces 25.000”. Palabra de Chema: “Un alcalde que se precie, durante los cuatro años debe de escuchar a los vecinos”.
La historia
Así que todo comenzó en el Barrio Blanco, donde Chema Collados y unos amigos crearon la Asociación de Jóvenes Vecinos. Nadie podría sospechar entonces lo que se iba a venir encima. La tranquila y hermosa ciudad de Salamanca seguía viviendo con ese ritmo tan suyo, tan placentero, tan como si sus vecinos conociesen el secreto de la buena vida. Pero el movimiento vecinal comenzaba a moverse. “El mérito es todo de las asociaciones –explica Chema Collados–. Hay algunas –asociaciones– que han ido puerta por puerta, por las casas, diciendo, oiga mire, ¿sabe que van a subir esto?, ¿sabe que tal cosa? Y la gente se ha movido”. Y al final, quizás lo que suceda es que Chema se dio cuenta de que todo comienza en la casa de uno, en su barrio. “El Barrio Blanco es un barrio muy barrio. Por ejemplo, la tienda de Chelo. Llevaba 42 años abierta, y antes era la tienda de Tensi, su madre, y ahora la tienda de Chelo, y la cerraron en diciembre y la verdad es que ha sido un chasco para todos, aunque la Regina, otra vecina, ya ha abierto otra tienda”.
Y sigue hablando, porque Chema Collados es lo que menos se parece a un tipo que habla poco: “La gente está cansada de que no se le tome en cuenta. Hoy los vecinos quieren que se les escuche. La democracia, además de representativa, tiene que serparticipativa”.
Salamanca. 190.000 habitantes. Una economía basada en la universidad y en el turismo. El periodista Nacho Francia, ya jubilado, toda una vida haciendo información en la ciudad, cree que es una ciudad conservadora. Chema Collados no lo cree, y asegura que la prueba fueron las tres manifestaciones contra la subida de tasas. En Salamanca quizás comienza la España de los vecinos. Quizás lo deba saber quien vaya a gobernar después de marzo. Dice Chema: “Murcia, Cádiz, Badajoz, Zaragoza, Madrid, Valladolid, Burgos, Palencia, Zamora, Segovia... nos están llamando de todas partes para la manifestación del sábado. ¿Puedes poner que es a las 12?”.
* Público - PANCHO TRISTÁN - 24/01/2008
Foto: Salamanca, protesta en la Plaza Mayor - G.Lejarcegi (El País)
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
"Los desmanes urbanísticos no entienden de colores políticos"
LEVANTE/Valencia/Entrevista* : Delegado de Medio Ambiente, Patrimonio y Ordenación del Territorio en la Fiscalía de Valencia, se diría que Joaquín Baños se atreve con todo. No en balde, también es el portavoz para los medios de comunicación, puesto al que se ha prestado de forma voluntaria. Por ahora...
Comienza dando datos estadísticos sobre su trabajo en 2007, mientras Javier Carceller, quien ostentaba el cargo antes de marchar a la jefatura de la Fiscalía de Castelló, se ocupaba del caso Maeso. Joaquín Baños se conoce la materia y está en su ambiente, en medio ambiente. Pero es cauto al hablar, o por eso... Porque ordenación del territorio, medio ambiente y patrimonio abarcan más de una conselleria, y estamos en plena crisis del ladrillo y de los PAI.
-Vertidos, construcciones ilegales... ¿Hay que ser activista-ecologista para defender el medio ambiente?
-El ecologismo es viejo. En los años 70, el Icona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza) anunciaba y denunciaba en televisión: "Cuando un monte se quema algo suyo se quema". Y la sabiduría popular, añadía: "...Señor Conde". En 2006 se localizaron por el Seprona de la Guardia Civil muchos vertederos, pero de poca entidad. No se presentó ninguna denuncia, pero sí se detectó que los Ayuntamientos se pusieron manos a la obra en cuanto recibieron la notificación de la Fiscalía.
-¿La Administración no quiere, no puede o es que no tiene medios?
-No podemos decir que sea falta de concienciación de los ayuntamientos, que son los que tienen la autoridad en estas materias, en cuanto a planeamiento y potestad sancionadora. Pero te encuentras con ayuntamientos pequeños que tienen la potestad para dar permisos de edificación, paralizar obras o derribar y se ven con que carecen de medios porque no tienen alguacil ni policías para investigarlo.
-¿Se puede decir que los ayuntamientos sí son sensibles?
-Los ayuntamientos son sensibles a algo más que al medio ambiente, porque llegan las elecciones y quieren volver a ser elegidos, pero si se dedican a derribar los chalets de sus vecinos... De ahí que sean muy laxos a la hora de sancionar, especialmente cuando han permitido las edificaciones durante años y cobrando la contribución urbana. Pero ni siquiera teniendo licencia, significa que esa edificación sea legal. Es igual que cuando llegas al aeropuerto de Barajas con droga: primero te hacen pagar las tasas de aduana y luego te espera la Guardia Civil para detenerte.
-¿Y en los casos de PAI's? ¿Ha sido demasiado laxa la Administración Local? ¿Tienen demasiado poder los ayuntamientos?
-El PAI es el instrumento urbanizador y puede dar lugar a una prevaricación por parte del ayuntamiento. Hay una bendición legal, pero lo que se denuncia son irregularidades en la planificación. Todo son granos que van formando la montaña: tanto si se consiente una indiscriminada construcción de chalets, que van surgiendo como setas, como si se da permiso a la construcción masiva... Pero, no nos movemos por esos parámetros, sino por lo individualizado.
-¿Hay confrontación o colaboración entre la Administración y la Fiscalía?
-No puedo decir que haya ninguna confrontación. Y los ayuntamientos no entienden de color político en el tema urbanístico. Los mismos desmanes los hacen unos que otros.
-¿Sería delito contra el patrimonio la reversión del Teatro Romano de Sagunt?
-Pudo ser delito la rehabilitación que se realizó entonces, cuando se decidió la contrucción. Porque los daños al patrimonio existían pero no como delito. Ahora, la reversión no es un delito porque es una resolución judicial.
-¿Y el derribo de Tabacalera?
-Sobre el derribo de Tabacalera no puedo dar datos, porque está siendo investigado por la Fiscalía en estos momentos.
-¿Y sería un delito contra el medio ambiente construcciones masivas de apartamentos en primera línea de playa como el Manhattan de Cullera?
-Técnicamente, no. El artículo 325 del Código Penal habla de emisiones peligrosas, vertidos... Estamos encontrando delitos en transformaciones agrarias, cuando se trata de eliminar la capa vegetal de la corteza terrestre o cuando existen especies protegidas... Y, cuando la extensión no es excesiva, se debe probar un perjuicio grave para el ecosistema, porque si no, no es suficiente. Ahora, cuando lo que se está cambiando es el ecosistema y hay un impacto visual importante, es cuando la Administración tiene que actuar. El Derecho penal es de reacción, no de prevención. Lamentablemente, actuamos sólo cuando hay un resultado, cuando se ha realizado el delito y ya no hay más solución que el castigo del culpable.
-Marbella, Murcia, Alicante... La corrupción urbanística sigue subiendo por el mapa geográfico. ¿Y en Valencia? ¿Cómo se comporta la Administración? ¿Hay colaboración?
-No tengo conciencia de obstaculización por parte de la Administración en los asuntos que investiga la Fiscalía sobre corrupción urbanística, al menos en Valencia. Aquí, casos de corrupción urbanística hay pocos. Incluso algunos son tan insignificantes como el de los vecinos del primero que denuncian a la comunidad porque han puesto un ascensor en la finca. Y esto es un delito contra la ordenación del territorio...
-¿Qué va a pasar con las edificaciones construidas en primera línea de la playa que conculcan la Ley de Costas? Es decir, ¿qué va a pasar con el hotel del Saler y las construcciones adyacentes?
-Si están dentro de la línea de dominio público marítimo-terrestres, con las indemnizaciones correspondientes, podrían derribarse. Pero hay mucha normativa sectorial y es muy complicada.
-¿Se ha notado la crisis inmobiliaria en el monte?
-¿Pero hay crisis inmobiliaria? Por el piso enfrente de mi casa siguen pidiendo casi medio millón de euros. Ahora, si ello implica la paralización de los 400.000 PAI's pendientes...
-¿Tienen razón los propietarios residentes extranjeros al reclamar ante Europa contra la política urbanística del Consell?
-No es oro todo lo que reluce, sino que la mayoría de propietarios lo son de chalets ilegales. Se maravillaron al venir a España por lo fácil y barato que era construirse un chalet en un paisaje idílico sin ningún permiso, cuando lo único que podían construir era una casa de aperos de menos de 60 metros. El problema es que se han aplicado instrumentos jurídicos privados a materias de Derecho Público y se ha pretendido privatizar esa materia. Por eso ha habido un choque en Europa.
* Levante-EMV - Regina Laguna, Valencia - 23 de enero de 2008
Foto: Valencia, derribo Tabacalera - J.Císcar (El País)
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Regasificadora, negocio y ruina
MIGUEL ÁNGEL LLANA* : Se dijo desde el principio que el interés de la ampliación del puerto de El Musel de Gijón estaba en construirlo, ese era el negocio cuando ni se veía posible el incremento de tráficos como así está sucediendo. En todo caso para más carbón y mineral de hierro no hacía falta tanto puerto, ni 140 ha (hectáreas) más de dársena estando el actual puerto medio vacío. La falta de seriedad y de coherencia política en la apuesta por el transporte marítimo queda de manifiesto cuando enfrente de la ampliación del puerto se están cerrando los astilleros -en pleno auge de la construcción naval- cuya tradición e importancia está más que acreditada y cuando el fin primordial de cualquier puerto, que es el movimiento de mercancías, no tiene accesos adecuados para el hipotético trasiego de millones de toneladas.
En la bahía de Gijón todavía hay más negocio, el futuro económico -el especulativo- se inicia con la recalificación de los 200.000 m2 que ocupan los astilleros cuando, para su desgracia, se interponen entre la bahía y el gran espacio ferroviario de la "Playa de Vías" que ocupan FEVE y ADIF (antigua RENFE) en donde está prevista la otra gran burbuja inmobiliaria con otros 200.000 m2 cuya adecuación ni siquiera está en el plan de ordenación urbana por lo que su legalidad tendrá que ser a calzador, a posteriori, que también les vale.
A falta de tráfico portuario, que sólo era un burdo señuelo, las autoridades políticas y económicas desvelaron las verdaderas intenciones de la ampliación y de paso justificaban los 795 millones de euros (con una revisión al alza de 216 millones de €, más lo que venga) y descubrieron los motivos de la ampliación: la regasificadora, centrales de Ciclo Combinado, planta de Biodiésel -de momento en el aire- estaciones eólicas y lo que se les vaya ocurriendo sobre la marcha para justificar el negocio de la faraónica inversión o hacer más negocio.
Por otra parte y de modo contradictorio porque choca con la ampliación del puerto, el proyecto actual y a largo plazo es crear toda una zona urbana en este lado de la bahía; urbanizaciones y edificios construidos en las gradas y dársenas de los astilleros y en los solares de la industria que aún queda, con vistas al mar y playas a modo de gran área residencial y turística pero que ya nace muerta pues ni siquiera están dejando espacio para nada entre tanto ladrillo y la mar.
Mientras, además, para completar los rellenos de la la ampliación del puerto prevén arrebatar dentro de la bahía, enfrente de las playas, 13,6 millones de m3 de arena en una extensión de 333 hectáreas con un espesor de 3,8 a 4,6 metros que aportará el 55% del material de relleno necesario. El 45% restante hasta los 24 millones de m3 también "dentro también del dominio público portuario" como así dispone el BOE nº 287, Resolución del 02-11-2006, que aprueba la valoración de impacto ambiental de semejante estropicio. Paradójicamente prevén que una pequeña parte de esta arena se utilice para la alimentación de la playa de San Lorenzo. Pero, cuando ni se sabía, ni aún se sabe, el impacto que los espigones del puerto podrían tener sobre las corrientes marianas que originan el flujo de arena hacia la playa, resulta que ahora hemos de añadir que el relleno necesario para la ampliación del puerto van a sacarlo a dos millas de la propia playa para después volver a alimentar, con la misma arena, a la misma playa. En ninguna parte se menciona en impacto sobre la docena de playas restantes afectadas tanto de Gijón como de Carreño, ni el daño al ecosistema y al fondo marino por la extracción de la arena.
Pero, si a todo lo anterior se unen las tres actividades básicas de lo que pretenden sea el puerto: importación de mineral de hierro, carbón y la regasificadora con su comprobado peligro y la evidente contaminación del polvo del carbón y del mineral y los malos olores del aditivo que se añade al gas natural, el futuro medioambiental, paisajístico y turístico del perímetro de la bahía es realmente ruinoso y constituye un verdadero disparate que ha de sumarse a lo peligroso e insalubre. Todo lo dicho es también muy grave para Albandi, el Tranqueru, Perlora, Candás y todo el concejo de Carreño y sus playas.
En el programa de esta política, nada de empleo, ni de actividades, ni industrias auxiliares que a nadie parecen importar, sino más negocio salvaje -y efímero- con cuantiosas inversiones que por especulativas destruyen cualquier posibilidad de desarrollo razonable y equilibrado.
De las 145 ha de superficie de tierra obtenidas en la ampliación del puerto, sólo pueden ser útiles hacia el 90%, es decir, 130 ha, el 10% restante son necesarias para viales, grúas y otros servicios. Cada metro cuadrado costará 611 €, nada menos, más las revisiones al alza que se produzcan. Las empresas privadas adjudicatarias (Enagás, EDP, etc.) dispondrá generosamente de 18 hectáreas de un suelo que costará a las arcas públicas 110 millones de € a los que aún hay que añadir el coste del equipamiento y urbanización de la zona firme portuaria.
Pero, el aspecto más grave, tanto como el despilfarro económico y logístico, el todo patas arriba urbanístico de la Bahía y el cierre de los astilleros, lo es la peligrosa bomba de la regasificadora que prevén situarla precisamente en medio de una zona tan densamente poblada, justo enfrente y rodeada de una población de 300.000 habitantes que quedarán dentro del radio de acción de cualquier eventualidad y de cualquier accidente que, en ningún caso se puede descartar, cuando además a menos de 1.000, están los depósitos esféricos de Butano y los tanques de productos petrolíferos que ya suponen un riesgo en sí mismo, pero además multiplican el peligro de la regasificadora más aún.
En estas 18 ha de superficie portuaria las empresas concesionarias, prevén colocar cuatro tanques de 150.000 m3 de GNL (Gas Natural Licuado), 600.000 m3 en total, y unas instalaciones con una capacidad de regasificación de 1,2 millones de m3(n)/hora. Cada tanque tendrá un diámetro de 75 metros y una altura de 53 metros (como un edificio de 18 pisos). Pero, si su tamaño impresiona, su contenido junto con los necesarios trasvases de GNL asustan, es más, debieran constituir alarma social por el peligro y la incertidumbre que entrañan.
A la contaminación que genera la descarga del mineral de hierro y carbón por las nubes de polvo que levanta, más lo dicho sobre el GNL, hemos de añadir el peligro que supone que cada semana de uno a dos buques metaneros de GNL entren, y permanezcan, en una bahía del mar Cantábrico donde los temporales son más que frecuentes y, por otro lado, hay que añadir la carga de cientos de camiones cisterna necesarios para el transporte del GNL sin que se sepa qué cantidad se va a distribuir por gaseoductos o en camiones cisterna y aún hemos de sumar la construcción de no se sabe exactamente cuantas centrales de Ciclo Combinado ni tampoco su ubicación.
Asturias, tradicionalmente, ha sido suministradora de energía obtenida de las minas carbón directamente pero, sobre todo, por la energía consumida en productos con muy poco valor añadido pero con una aportación cuantiosa de energía, circunstancia que ha generado un modelo de industria básica intensiva en capital, contaminación, uso y abuso de recursos naturales que han acarreado una gran degradación del medio ambiente y un sesgo en el modelo económico que relegó a la pequeña y mediana empresa generadora de empleo, lo mismo que a empresas con tecnología de vanguardia.
Actualmente, Asturias exporta la mitad de la energía que produce y de la otra mitad sólo cinco actividades demandan el 95% de las necesidades energéticas de la industria regional acaparada por la siderurgia y fundición, metalurgia no férrea, cemento, química y papel que, además, pagan con la tarifa G4 de 2,6 a 3 cent. euro/kwh (regalada) frente a los 11 cént. euro/kwh -cuatro veces más- que han de pagar las empresas de servicios, pequeñas industrias, oficinas y las familias para los usos domésticos pero, esto sólo en teoría, porque los impuestos, alquileres, etc elevan el precio 5 o 6 veces más. Las cinco actividades citadas no aportan valor añadido, son altamente contaminantes, de poco empleo y no generan industria transformadora ni auxiliar que son las que sí pueden crear empleo. Es la típica economía de inversiones faraónicas de negocio seguro -y efímero- pero para empobrecimiento cierto de la población tal como está sucediendo. Esta es la especialidad, junto con el urbanismo, de los dirigentes políticos de Asturias y les va bien, pero sólo a ellos. La emigración -huida- de la juventud, el envejecimiento de la población junto con la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea hace años que lo confirma.
Cuando ya estamos sobrados de energía, proyectan la ampliación del puerto de El Musel para que unas empresas privadas instalen una planta regasificadora sobre los costosos terrenos del puerto construidos con dinero público. Así se invierten y despilfarran los escasos recursos disponibles. Se trata de un plan estratégico de gran alcance donde el papel y protagonismo de las autoridades políticas del Ayuntamiento de Gijón, PSOE e IU, siempre al servicio de este proyecto, ha sido decisivo en su desarrollo comenzando por la alcaldesa Felgueroso y el teniente de alcalde Montes Estrada, del gobierno de Asturias y de su Presidente Areces quienes protagonizaron desde el principio la ampliación del puerto, todo ello con el apoyo financiero de Cajastur y de su presidente Menéndez que lo es también de Hidrocantábrico propiedad de EDP y que esta utiliza de pantalla. En resumen, negocio para las multinacionales y ruina para Asturias porque todo gira entorno a inversiones millonarias destinadas a su exclusivo beneficio pero que acarrea la destrucción de la bahía de Gijón, de lo que la rodea e hipoteca cualquier otra inversión coherente durante décadas a cambio de una regasificadora extraordinariamente peligrosa que amenaza -agrede- a la población con una ubicación que vulnera las normas más elementales de seguridad.
* Rebelión - 22-01-2008
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24.1.08
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Asturias
Cartagena: Tres funcionarios declaran en la investigación del fiscal sobre Novo Carthago
LAVERDAD/Murcia* : La presunta corrupción urbanística sigue abriendo nuevos frentes en los juzgados, y ahora le ha llegado el turno al proyecto de Novo Carthago, que prevé la construcción de 7.000 viviendas junto al Mar Menor, en el municipio de Cartagena. La Fiscalía del TSJ, que investiga posibles delitos en la tramitación urbanística y en el proceso de recalificación de los terrenos, ha empezado a tomar declaraciones a varios funcionarios de la Comunidad Autónoma en calidad de testigos, confirmaron ayer fuentes del Gobierno regional y de la propia Fiscalía.
Según ha podido saber este diario, han prestado declaración dos jefes de servicio y un técnico de la Dirección General de Medio Natural. Se trata de Miguel Ángel Martínez-Aedo, encargado hasta hace dos semanas del Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, y tenía a su cargo los planes de la Red Natura 2000. Éste fue apartado del cargo junto a otros dos jefes de servicio, según publicó La Verdad el pasado día 11. Asimismo fue citada a declarar Inmaculada Ramírez, jefa de servicio de Información e Integración Ambiental. El tercero es Ramón Ballester, biólogo de Medio Natural. Este departamento se opuso a la recalificación de La Zerrichera.
Según denunció el PSOE, varios técnicos del Gobierno regional pudieron recibir presiones para no poner reparos ambientales a este proyecto, en una reunión a la que fueron convocados al parecer en el palacio de San Esteban.
Al lado de Lo Poyo
El proyecto de Lo Poyo puede poner en dificultades al Gobierno regional, puesto que circula el secreto a voces de que «algo se hizo mal» dentro de la Consejería de Medio Ambiente, después llamada de Desarrollo Sortenible, cuando se efectuó la tramitación urbanística. La Fiscalía requirió a la Consejería en dos ocasiones para que aportara toda la documentación sobre este caso. Una fue el 10 de julio del año pasado, y la otra en septiembre, cuando reclamó información adicional. A juicio del PSOE, se efectuó «una recalificación a la carta» en beneficio de la promotora Hansa Urbana.
El proyecto se presentó en público en junio del año 2002. Dos años después, el 2 de agosto del 2004, el Pleno Municipal de Cartagena aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que afectaba a 5,5 millones de metros cuadrados y que hacían posible esta gran urbanización de 7.000 viviendas y dos campos de golf. El PSOE se abstuvo, según se publicó en su día. Siete meses antes, el PSOE votó a favor en una Comisión de Urbanismo que abordó el mismo proyecto. Los promotores se comprometían a rehabilitar el Monasterio de San Ginés de la Jara, que queda dentro del futuro enclave turístico.
Novo Carthago linda con la finca de Lo Poyo, donde se proyectó otra urbanización que fue paralizada por el Gobierno regional. La diputada socialista Teresa Rosique declaró que en la tramitación de Novo Carthago «se obviaron dos informes de las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura, que ponían reparos al proyecto. Se modificó el Plan de Recursos Naturales del Mar Menor que no permitía urbanizar en suelos de interés agrícola existente en la zona». La diputada denunció asimismo la existencia, al parecer, de presiones desde el Gobierno regional hacia los técnicos que debían evaluar ambientalmente el proyecto, en una reunión que tuvo lugar en el palacio de San Esteban.
* La Verdad - M. BUITRAGO - 23 enero 2008
Foto: La urbanización de Novo Carthago tuvo su puesta de largo en junio del año 2002. / J. M. RODRIGUEZ - laverdad.es
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23.1.08
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Murcia
El crac de una constructora deja a 300 gallegos con pisos embargados
ELCORREOGALLEGO* : Las comarcas pontevedresas de O Baixo Miño y de A Cañiza viven desde el lunes bajo la conmoción de la quiebra del grupo constructor Marbar. Las consecuencias del cierre patronal van más allá del despido de sus 56 empleados porque la empresa acumula deudas millonarias tanto con sus proveedores y subcontratistas como con 300 compradores de sus promociones que han descubierto que las viviendas, para cuya compra anticiparon dinero, están embargadas por distintos bancos debido a las deudas del empresario.
Atrincherados en la sede principal de la empresa para impedir la salida tanto de maquinaria, como de valioso material de construcción y de toda una flota de vehículos de empresa. Así se defienden los empleados de Marbar, con sede en la localidad pontevedresa de Tomiño, ante la descapitalización de la empresa y tras ser informados de que el propietario, Manuel Martínez Barros, ha "desaparecido" sin dar explicaciones.
Los trabajadores pasaron ayer del desconcierto de primera hora provocado tras ser informados del cierre de la empresa "porque no hay ni dinero ni trabajo", al malestar del mediodía tras recibir la carta de despido donde se les notifica la decisión justificada en los problemas económicos de la empresa. Explican que ante esta situación han decidido poner a salvo los bienes que quedan para que en el proceso de embargo judicial quede patrimonio con que responder a la deuda contraída con los trabajadores.
Las primeras reclamaciones presentadas ayer por las empresas subcontratadas por la constructora apuntan a deudas millonarias que pueden provocar un efecto dominó de cierre en los talleres y empresas no sólo por los impagados de trabajo y de material, sino porque Marbar era su principal cliente al ser la constructora conocida en todo O Baixo Miño y A Cañiza por el volumen tan numeroso de pisos y de promociones inmobiliarias.
LOS DATOS
Acreedores Las deudas del grupo Marbar con sus proveedores oscilan entre los 20.00 euros, las de menor importe, a los 360.000 a una empresa de encofrados o los 300.000 a otra dedicada a la construcción e instalación de estructuras.
Pagarés Desde principios del enero, Manuel Martínez Barros entregó pagarés, presuntamente sin fondos, a las empresas que contrataba con vencimientos a 90 días, que ahora no pueden ser cobrados por falta de solvencia.
Préstamos Distintas fuentes han confirmado que apenas 24 horas antes de desaparecer el empresario pidió dinero a distintas entidades financieras, por valor de hasta 70.000 euros. Si ayer por la mañana su hijo, Marcos Martínez, fue visto por la empresa aduciendo que el cierre es provocado por la falta de trabajo y de dinero, por la tarde también se encontraba en paradero desconocido.
Inspección La delegación de la Consellería de Traballo de Pontevedra investiga desde ayer la situación de los trabajadores de Marbar, aunque el inspector José María Casas de Ron explica la complejidad del caso por la falta de interlocución patronal al estar el empresario en paradero desconocido.
Materia lAnte la certeza de que no van a cobrar las deudas pendientes, algunas de las empresas acreedoras optaron por sacar de los pisos construidos los materiales instalados, aumentando así la alarma entre los compradores de viviendas que desconocían la ejecución de embargos bancarios sobre ellas.
MEDIDAS URGENTES
Reunión urgente de compradores
A Cañiza fue anoche el punto de encuentro de los compradores que han descubierto que las viviendas para las que se han hipotecado, cuya documentación de compra definitiva está todavía sin tramitar, son propiedad de entidades financieras por haber sido hipotecadas por el constructor y después embargadas.
Turnos de guardia de seis horas
José Pereira, trabajador de la empresa, asegura que han decidido mantener las guardias con turnos de seis horas en la sede para que no se repita la situación de las canteras de las que ha desaparecido toda la maquinaria pesada, que es la de más valor, con el argumento de que iba a ser trasladada a una cantera de Portugal.
* El Correo Gallego - M.G. • VIGO - 23.01.2008
Foto: Tomiño (Pontevedra), concello - riasbaixas.org
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23.1.08
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Galicia