"Los desmanes urbanísticos no entienden de colores políticos"

LEVANTE/Valencia/Entrevista* : Delegado de Medio Ambiente, Patrimonio y Ordenación del Territorio en la Fiscalía de Valencia, se diría que Joaquín Baños se atreve con todo. No en balde, también es el portavoz para los medios de comunicación, puesto al que se ha prestado de forma voluntaria. Por ahora...

Comienza dando datos estadísticos sobre su trabajo en 2007, mientras Javier Carceller, quien ostentaba el cargo antes de marchar a la jefatura de la Fiscalía de Castelló, se ocupaba del caso Maeso. Joaquín Baños se conoce la materia y está en su ambiente, en medio ambiente. Pero es cauto al hablar, o por eso... Porque ordenación del territorio, medio ambiente y patrimonio abarcan más de una conselleria, y estamos en plena crisis del ladrillo y de los PAI.

-Vertidos, construcciones ilegales... ¿Hay que ser activista-ecologista para defender el medio ambiente?
-El ecologismo es viejo. En los años 70, el Icona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza) anunciaba y denunciaba en televisión: "Cuando un monte se quema algo suyo se quema". Y la sabiduría popular, añadía: "...Señor Conde". En 2006 se localizaron por el Seprona de la Guardia Civil muchos vertederos, pero de poca entidad. No se presentó ninguna denuncia, pero sí se detectó que los Ayuntamientos se pusieron manos a la obra en cuanto recibieron la notificación de la Fiscalía.

-¿La Administración no quiere, no puede o es que no tiene medios?
-No podemos decir que sea falta de concienciación de los ayuntamientos, que son los que tienen la autoridad en estas materias, en cuanto a planeamiento y potestad sancionadora. Pero te encuentras con ayuntamientos pequeños que tienen la potestad para dar permisos de edificación, paralizar obras o derribar y se ven con que carecen de medios porque no tienen alguacil ni policías para investigarlo.

-¿Se puede decir que los ayuntamientos sí son sensibles?
-Los ayuntamientos son sensibles a algo más que al medio ambiente, porque llegan las elecciones y quieren volver a ser elegidos, pero si se dedican a derribar los chalets de sus vecinos... De ahí que sean muy laxos a la hora de sancionar, especialmente cuando han permitido las edificaciones durante años y cobrando la contribución urbana. Pero ni siquiera teniendo licencia, significa que esa edificación sea legal. Es igual que cuando llegas al aeropuerto de Barajas con droga: primero te hacen pagar las tasas de aduana y luego te espera la Guardia Civil para detenerte.

-¿Y en los casos de PAI's? ¿Ha sido demasiado laxa la Administración Local? ¿Tienen demasiado poder los ayuntamientos?
-El PAI es el instrumento urbanizador y puede dar lugar a una prevaricación por parte del ayuntamiento. Hay una bendición legal, pero lo que se denuncia son irregularidades en la planificación. Todo son granos que van formando la montaña: tanto si se consiente una indiscriminada construcción de chalets, que van surgiendo como setas, como si se da permiso a la construcción masiva... Pero, no nos movemos por esos parámetros, sino por lo individualizado.

-¿Hay confrontación o colaboración entre la Administración y la Fiscalía?
-No puedo decir que haya ninguna confrontación. Y los ayuntamientos no entienden de color político en el tema urbanístico. Los mismos desmanes los hacen unos que otros.

-¿Sería delito contra el patrimonio la reversión del Teatro Romano de Sagunt?
-Pudo ser delito la rehabilitación que se realizó entonces, cuando se decidió la contrucción. Porque los daños al patrimonio existían pero no como delito. Ahora, la reversión no es un delito porque es una resolución judicial.

-¿Y el derribo de Tabacalera?
-Sobre el derribo de Tabacalera no puedo dar datos, porque está siendo investigado por la Fiscalía en estos momentos.

-¿Y sería un delito contra el medio ambiente construcciones masivas de apartamentos en primera línea de playa como el Manhattan de Cullera?
-Técnicamente, no. El artículo 325 del Código Penal habla de emisiones peligrosas, vertidos... Estamos encontrando delitos en transformaciones agrarias, cuando se trata de eliminar la capa vegetal de la corteza terrestre o cuando existen especies protegidas... Y, cuando la extensión no es excesiva, se debe probar un perjuicio grave para el ecosistema, porque si no, no es suficiente. Ahora, cuando lo que se está cambiando es el ecosistema y hay un impacto visual importante, es cuando la Administración tiene que actuar. El Derecho penal es de reacción, no de prevención. Lamentablemente, actuamos sólo cuando hay un resultado, cuando se ha realizado el delito y ya no hay más solución que el castigo del culpable.

-Marbella, Murcia, Alicante... La corrupción urbanística sigue subiendo por el mapa geográfico. ¿Y en Valencia? ¿Cómo se comporta la Administración? ¿Hay colaboración?
-No tengo conciencia de obstaculización por parte de la Administración en los asuntos que investiga la Fiscalía sobre corrupción urbanística, al menos en Valencia. Aquí, casos de corrupción urbanística hay pocos. Incluso algunos son tan insignificantes como el de los vecinos del primero que denuncian a la comunidad porque han puesto un ascensor en la finca. Y esto es un delito contra la ordenación del territorio...

-¿Qué va a pasar con las edificaciones construidas en primera línea de la playa que conculcan la Ley de Costas? Es decir, ¿qué va a pasar con el hotel del Saler y las construcciones adyacentes?
-Si están dentro de la línea de dominio público marítimo-terrestres, con las indemnizaciones correspondientes, podrían derribarse. Pero hay mucha normativa sectorial y es muy complicada.

-¿Se ha notado la crisis inmobiliaria en el monte?
-¿Pero hay crisis inmobiliaria? Por el piso enfrente de mi casa siguen pidiendo casi medio millón de euros. Ahora, si ello implica la paralización de los 400.000 PAI's pendientes...

-¿Tienen razón los propietarios residentes extranjeros al reclamar ante Europa contra la política urbanística del Consell?
-No es oro todo lo que reluce, sino que la mayoría de propietarios lo son de chalets ilegales. Se maravillaron al venir a España por lo fácil y barato que era construirse un chalet en un paisaje idílico sin ningún permiso, cuando lo único que podían construir era una casa de aperos de menos de 60 metros. El problema es que se han aplicado instrumentos jurídicos privados a materias de Derecho Público y se ha pretendido privatizar esa materia. Por eso ha habido un choque en Europa.







* Levante-EMV - Regina Laguna, Valencia - 23 de enero de 2008
Foto: Valencia, derribo Tabacalera - J.Císcar (El País)