LAVOZDEGALICIA/A Coruña* : La operación Virgin, contra una supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio de Mugardos, dio ayer un nuevo giro. La jueza instructora ha citado en calidad de imputado al alcalde Xosé Fernández Barcia (BNG). Entre otras personas también convocadas a declarar se encuentran una arquitecta privada, además de la arrestada, y otros dos ediles de la corporación que fueron llamados o lo serán. Se considera que por acción u omisión los cargos públicos tendrían que haber conocido las supuestas actuaciones irregulares de los funcionarios a su cargo.
Al menos en comisiones municipales y en otros órganos de la corporación fueron aireados los problemas de posible incompatibilidad de la arquitecta Julia Cortizas Díaz, por simultanear su trabajo de asesora municipal con el estudio privado Xcale, situado en Fene, y registrado durante la operación.
Filtraciones
Además, la jornada de ayer aportó otra importante novedad. La Fiscalía ha formulado denuncia contra un funcionario judicial ante la sospecha de que se pudieron producir filtraciones en las horas anteriores a los registros y entradas. Este aviso previo a los afectados habría facilitado la desaparición de documentación. En todo caso, los agentes de la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil de A Coruña tuvieron la impresión, a primeras horas de la mañana del pasado lunes, cuando procedían a entrar en el estudio de arquitectura de Fene o en un domicilio particular, de que alguno de los arrestados sabían lo que se les venía encima. Si tal filtración no se produjo en el seno de los guardias, cosa que parece probada, tuvo que ser en el ámbito judicial.
La acción de la Fiscalía, al registrar la denuncia formal contra el funcionario sospechoso, se produjo poco después de que el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Ferrol, que se ocupa del asunto, dictara el auto de levantamiento del secreto de sumario.
No han trascendido las pruebas con que cuenta el instituto armado contra el empleado, si bien parecen fundadas. El funcionario podría ser imputado de un delito de revelación de secretos.
La causa judicial de la operación Virgin pesa ya más de dos kilos. Decenas y decenas de folios recogen el resultado de la investigación, cuyas conclusiones, que aparecen en el atestado de la Guardia Civil, ocupan no menos de 70 folios.
Los letrados de la aparejadora municipal Mari Carmen Piñeiro Lemos, del policía local Ovidio Torrente López, de la señalada arquitecta y de su hermano Pedro, comenzaron inmediatamente a desentrañar y revisar la causa para ver las pruebas que existen en su contra y preparar el contraataque. Parte del papel recoge el contenido de las escuchas telefónicas, autorizadas por el juzgado instructor. Todo apunta a que registran parte de los supuestos tráficos de influencias entre los funcionarios públicos y promotoras o constructores y las contraprestaciones.
En una primera valoración, los letrados que se ocupan de la defensa de la arquitecta Julia Cortizas Díaz, y de Pedro, hermano de la técnica, dicen que pudo ser excesiva una detención de 48 horas por delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.
El regidor desea declarar
Por su parte, el alcalde, Xosé Fernández Barcia, declaró ayer que está deseando ir a declarar «as veces que faga falta para que se esclarezca todo». Asegura que está «tranquilo» porque no tiene «nada que ocultar». También afirmó que «no Concello se deron sempre as licencias urbanísticas cos informes favorables dos técnicos». El regidor añadió que desconocía que estuviera imputado.
* La Voz de Galicia - Francisco Varela - 8/12/2007
Foto: Mugardos (A Coruña), puerto - Padin (wikipedia.org)
El alcalde de Mugardos tendrá que declarar como imputado por la trama urbanística
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Un millar de personas se concentra en Candeleda contra la especulación urbanística
ÁVILADIGITAL* : Cerca de un millar de personas se concentraron este sábado en Candeleda en señal de protesta por una urbanización que pretende construirse de más de 400 viviendas y un hotel de 200 plazas. Convocados por la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, así como por numerosas asociaciones vecinales y ecologistas más, los asistentes se manifestaron con el lema ‘Contra la especulación urbanística y ambiental en Candeleda. ¡Todos contra la destrucción de Navalpilón!’, en un acto que también sirvió para entregar más de 5.000 firmas recogidas en el Ayuntamiento.
En total, se han entregado unas 8.500 firmas contra esta urbanización, según indicó Fernando Martín, uno de los portavoces de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, ya que a las entregadas en esta jornada, que fueron recogidas por un técnico del Consistorio, al anunciar la alcaldesa de la localidad que no iba a estar presente en ese momento, se suman otras 3.000 recogidas y entregadas en el mes de agosto.
Competencias
La manifestación fue convocada en señal de protesta por el proyecto que la empresa Dávila Monteblanco quiere llevar a cabo con el nombre de ‘Urbanización Candelas de Gredos’, en la zona de Navalpilón, lo que supondría construir 431 chalés y 200 plazas hoteleras, y que “obligará al Ayuntamiento a suministrar todos los servicios municipales”.
Según se explica desde la plataforma convocante, la captación de agua para esta urbanización se realizará por encima de la toma de agua del municipio, ya que la cantidad de agua concedida por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) es de 12,07 litros por segundo, mientras que el agua concedida a toda la población de este municipio de más de 5.000 habitantes es de 8 litros por segundo.
La Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental asegura, en este sentido, que “no existe caudal en la garganta”, además de que el paraje La Raya-Navalpilón, donde se pretende levantar el complejo urbanístico, se sitúa en los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Por este mismo proyecto, la Junta de Castilla y León aprobó el Plan Parcial correspondiente en el año 2006 y retiró las competencias en materia de Urbanismo al Ayuntamiento, “a pesar de las irregularidades no subsanadas que contiene el proyecto y la oposición del pueblo”.
* Ávila Digital - C.T.I. - 8 DE Diciembre 2007
Foto: Candeleda (Ávila) - wikipedia.org
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Un juez abre la vía para que los chalés de Medina Azahara sigan en pie
ELPAÍS/Córdoba* : El Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba ha absuelto al propietario de una casa ilegal del entorno protegido de Medina Azahara del delito contra la ordenación del territorio que le imputaba la Fiscalía. El acusado reconoció en la vista oral celebrada hace tres semanas que amplió su casa 25 metros cuadrados más y construyó una piscina entre febrero y agosto de 2006, cuando el área en el que se encuentra su chalé ilegal ya se estaba protegida por una declaración de zona Bien de Interés Cultural (BIC).
El fiscal había solicitado dos años de prisión, la demolición de lo construido y una sanción de 3.240 euros. Pero el juez ha rechazado imponer pena alguna al propietario. Este mismo juzgado ya absolvió a otro propietario de otra urbanización ilegal y está previsto que se encargue de cinco casos más de construcciones ilegales denunciados por la Policía Autonómica.
En esta última sentencia, recogida ayer por Europa Press, el magistrado José Antonio Carnerero reconoce que la conducta del inculpado es ilícita. Pero decide absolverlo porque "no se puede afirmar que esta pequeña obra ejecutada por el acusado (...) haya modificado a alterado sustantivamente la configuración de la zona y haya afectado a aquellos valores" paisajísticos que se pretendían defender con la declaración de la zona BIC aprobada en 2003.
Según el juez, la casa "se encuentra encuadrada en una parcelación, ilegal pero totalmente consentida por las autoridades administrativas, rodeada por todos los lados por numerosas edificaciones".
En concreto, la vivienda está ubicada en la urbanización ilegal de Las Pitas, donde existen unos 155 chalés, todos construidos sin permisos ni licencias y sin que las administraciones lo impidieran. En todo el entorno protegido de Medina Azahara hay 240 chalés clandestinos.
En la sentencia se afirma que cuando esas urbanizaciones se levantaron, la mayoría a partir de los años noventa, sí se produjo "un impacto visual y la afección del valor paisajístico que ahora se pretende corregir". Sin embargo, sostiene que las obras realizadas recientemente por el acusado no alteran "la configuración de la zona".
El magistrado indica que detrás del fenómeno de las parcelaciones ilegales esta "la tardía reacción normativa y el consentimiento durante tanto tiempo de una situación de hecho" por parte de las administraciones competentes. "La indisciplina urbanística generalizada y la falta de efectividad de la actuación administrativa no debe llevar a una criminalización de todas las infracciones administrativas, debiendo limitarse el papel del derecho penal a aquellas que si reúnen un contenido de gravedad suficiente".
La delegada de de Cultura, Mercedes Mudarra, manifestó ayer su "respeto" a la sentencia, aunque lamentó que ya haya habido pronunciamientos judiciales similares anteriormente. "Sólo nos queda actuar por la vía administrativa para proteger la legalidad vigente", añadió. Por su parte, el magistrado interpreta en la sentencia que la infracción descrita sí puede ser de "naturaleza administrativa" y que incluso puede llegarse a la "demolición de la obra".
Desde hace años, los fiscales andaluces de Medio Ambiente y Urbanismo reclaman a los jueces más contundencia con respecto a las construcciones ilegales. Ya en la memoria de 2004 de esta Fiscalía especializada se alertaba de que las absoluciones podían conducir a un "vacío de la norma penal".
El artículo 319 del Código Penal establece penas de entre dos seis meses y tres años de cárcel para quien construya ilegalmente en zonas con especial protección y de entre seis meses y dos años para quien lo haga en terreno no urbanizable.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 08/12/2007
Foto: Cordoba, área viviendas ilegales - abc.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Los ciudadanos creen que los partidos son la institución más cercana a la corrupción
20MINUTOS/EFE* : Los partidos políticos, el sector privado y los medios de comunicación son considerados por los ciudadanos españoles las instituciones más corruptas, en oposición al Ejército y los sistemas educativo y sanitario, según el Barómetro Global de la Corrupción 2007 elaborado por Transparencia Internacional. Los partidos siguen siendo la institución más cercana a la corrupción, con una valoración de 3,9 de un máximo de 5, lo que supone un 62% de los encuestados.
Por su parte, la visión del Parlamento se encuentra en una situación neutra, con "una cierta mejora" del 3,3 al 3,1, un 34% del total. El sector privado y el mundo de los negocios ha recibido un 3,6 de valoración, -un 54% de los españoles-, seguido del 3,4 (un 45%) de los medios de comunicación.
En contraste con otros países recogidos en el informe global, presentado el miércoles en Berlín, en España sólo uno de cada cuatro entrevistados considera a la policía como corrupta, frente a "algunos países de Latinoamérica, donde la situación es la inversa".
Crecen los sobornos
Asimismo, ningún español reconoce que le hayan solicitado sobornos en el sistema educativo ni sanitario, en los servicios de gas o de agua ni en la policía, con porcentajes del 0 por ciento y, en consecuencia, tampoco se reconoce haber pagado sobornos en esos ámbitos.
El 2% "sí reconoce haber solicitado y pagado sobornos en el sector judicial" y en el de permisos y licencias y, sin embargo, otro 2% admite la oferta, aunque el porcentaje de haberla pagado asciende a un 3%. Otro dato curioso revelado por el informe es que el 5% reconoce haber recibido sobornos en el ámbito de la telefonía.
En general, los españoles mantienen una "visión muy pesimista" en el terreno de la corrupción, ya que el 51% considera que la situación va a empeorar en los próximos tres años.
El informe es fruto de una encuesta elaborada por Gallup a más de 60.000 personas de 60 países.
* 20 Minutos - 07.12.2007
Viñeta de Nerja - Especula en Acción
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
El Manhattan de Cullera computa hasta el agua del puerto para edificar 111 pisos por hectárea
LEVANTE-EMV/Valencia* : El Manhattan de Cullera que promueve el ayuntamiento de esta localidad junto a la desembocadura del Xúquer podría alcanzar densidades de hasta 111 viviendas por hectárea. Traducido a una medida más conocida se trata de una densidad media para pisos de 90 metros cuadrados. Según la documentación técnica del plan parcial del sector SUNP-NPR5 Vega Puerto (el nombre técnico del Manhattan también conocido por Bega Port) el objetivo era construir 80 viviendas por hectárea.
Esta densidad ya superaba el límite de 75 viviendas por hectárea establecido en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que ya está derogada pero sigue aplicándose con respiración asistida a los proyectos iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, como el Manhattan de Cullera.
Sin embargo, como adelantó este periódico al iniciarse la tramitación del plan parcial, el dato de las 80 viviendas por hectárea no concuerda ni con las 4.883 viviendas proyectadas ni con la superficie computable del sector (441.015,19 m2 o 44,1 hectáreas).
Según urbanistas consultados por este periódico, la normativa establece que las viviendas proyectadas (4.883) se dividan entre la superficie computable (44,1 hectáreas, el área que realmente se va a construir), lo que en el caso del Manhattan arroja una cifra de 111 viviendas por hectárea (Ha).
La cifra de 80 pisos por hectárea sólo cuadra si se dividen las 4.883 viviendas por el total de la superficie del sector (61 hectáreas) que incluye hasta la lámina de agua del puerto deportivo que no ejecutarán los promotores del plan sino que correrá a cargo de la Generalitat. No obstante, el límite de 75 viviendas por hectárea desapareció con la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Cabe recordar que el diseño urbanístico del Manhattan del Xúquer aprobado ahora, con las 35 torres de entre 25 y 40 plantas, corrió a cargo del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa). El Ayuntamiento de Cullera y el Ivvsa firmaron un acuerdo en diciembre de 2003 por el que el instituto aceptaba encargarse de la redacción, seguimiento y control de los instrumentos
* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 07 de diciembre de 2007
Foto: Cullera (Valencia), maqueta del Manhattan del Xúquer - Vicent Pastor (levante-emv.com)
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Loeches: Casas con vistas a la alta tensión
ELPAÍS/Madrid* : La legislación española prohíbe colocar instalaciones eléctricas en zonas de viviendas. Sin embargo, no dice nada si el caso es el contrario, como sucede aquí. La subestación se construyó en 1988. No había nada alrededor. Después, al otro lado de la carretera se levantó el colegio Mont-fort, una mala decisión, según los expertos.
Las constructoras Almenara y Larvin, que tienen previsto entregar los pisos en 2010, no mencionan la peculiar ubicación de las viviendas en sus folletos publicitarios ni en su página web. De hecho, en la página de Almenara se incluye un mapa de situación en el que se ha borrado de un plumazo la subestación. Una infraestructura que no es cualquier cosa. Se trata de una de las seis subestaciones de transporte de energía eléctrica que conforman el anillo principal de alimentación a Madrid. Los más de un millón de personas que viven en el este de Madrid, incluyendo los distritos de Vallecas y Vicálvaro, dependen de ella.
Además, está unida a la red mallada peninsular (tiene ocho circuitos de 200 kilovatios y cuatro de 400 kilovatios, la máxima tensión). Es considerada "esencial" para el suministro de la Península. Pero en la promotora lo minimizan. La instalación "queda lejos de los pisos", dicen, y agregan: "A unos 400 metros". Aunque reconocen que se ve desde las viviendas. Pero porque "los edificios son altos".
"Luego crearán asociaciones y dirán que da cáncer", dicen fuentes cercanas a Red Eléctrica Española.
Desde la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente se recuerda que es un plan parcial, aprobado en 2005, que "cuenta con todos los informes positivos de los departamentos, que se elaboran con criterios objetivos, como por ejemplo los metros que debe haber en el pasillo eléctrico, que es la distancia con las torretas". También debe contar con un visto bueno del Ministerio de Industria. La Comunidad no descarta investigar a la promotora.
Unos criterios que no causan problemas a Almenara porque, ya se sabe: "Están soterrando las torretas".A la izquierda de donde se ubicarán las viviendas, las bobinas se enroscan mientras las enormes torres con cables de acero chispeante vigilan la carretera que une Loeches con Velilla de San Antonio. Ochenta pisos con vistas, a algo más de 30 kilómetros de Madrid y desde 252.000 euros. La subestación de red eléctrica más importante para el suministro de la capital, el cruce de cables de alta tensión más denso de la región, es el paisaje contiguo a las obras de construcción de una urbanización, Valdepozuelo, en el pequeño pueblo de Loeches (5.000 habitantes). Eso sí, con jacuzzi y piscina.
¿Y las torretas que jalonan la urbanización? "De eso no se preocupe, porque las están soterrando", dice la operadora que da información de Almenara desde una caseta pegada a la instalación. Mentira. En España, recuerdan los expertos, casi no hay alta tensión soterrada, excepto algún caso como en la T-4 de Barajas, que costó más de un millón de euros. Es una obra colosal que incluye hacer una zanja del tamaño de una autopista de cuatro carriles.
Una situación "absurda", según los expertos, que se debe a una recalificación del Ayuntamiento de este pequeño pueblo del sureste de la región con la aquiescencia del Gobierno regional. Los terrenos que rodeaban a la subestación eran propiedad de Red Eléctrica Española, que los compró en previsión "del urbanismo acechante". Pero el Consistorio de Loeches, en aras del "urbanismo acechante", le ha arrebatado esos 50.000 metros cuadrados mediante la fórmula de compensación. Una decisión recurrida por la compañía, que está a la espera de fallo. Las entidades demandadas por la empresa son la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Loeches y Valdemera Agropecuaria, adjudicatarias de las obras. El plan parcial se llama SAU4, y la urbanización será bautizada como Valdepozuelo.
* ELPAIS.com - DANIEL BORASTEROS - Madrid - 07/12/2007
Foto: Loeches (Madrid), ayuntamiento - pueblos-espana.org
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Tema: NOTICIAS Madrid
El Puerto: Nuevas construcciones ilegales en terrenos forestales protegidos
ECOLOGISTASENACCIÓN/ElPuerto de Sta.María* : Parece que hay personas que no quieren entender las graves consecuencias de promover constructores ilegales; quizás porque esas graves consecuencias, que no se ven por ningún lado. Según la normativa urbanística la administraciones públicas, en este caso los Ayuntamientos, tienen la obligación de paralizar cualquier construcción ilegal y ordenar su demolición, imponiendo mensualmente multas coercitivas del 10% del valor de lo ilegalmente construido hasta que se proceda a su demolición.
Pues bien, a pesar de las manifestaciones de los máximos responsables municipales de que no se tolerarán más construcciones ilegales, éstas siguen proliferando por todo el término municipal. La última es un chalet en el Pinar del Obispo, suelo declarado en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo no urbanizable de especial protección por su interés forestal. El PGMO prescribe (art. 12.4.49) que al estar esta parcelación poco consolidada “en un zona de elevado valor natural, se considera conveniente plantear una recuperación del medio natural original”.
El Plan determina que “Se procederá a la demolición del total de las edificaciones, cercas y vallados, y a la destrucción de viarios internos de la parcelación con el fin de regenerar el medio original”. Para ello era preceptivo la redacción y aprobación de un “Plan Especial de Regeneración del Medio Físico”.
Pues bien, el Ayuntamiento no ha redactado, ni tramitado ni aprobado dicho Plan Especial, ni ha iniciado expediente alguno de demolición de edificaciones, ni de destrucción de vallado y viarios. Muy al contrario, en las últimos años se han seguido construyendo chalets de lujo en este bosque protegido sin que la anterior corporación ni paralizara las obras, no las sancionara ni demoliera absolutamente nada.
En abril de 2005 Ecologistas en Acción denunció estos hechos al entonces alcalde Hernán Díaz, interponiendo “ACCION PUBLICA URBANISTICA para la protección de la legalidad urbanística por la ejecución de obras consistente en PARCELACIONES Y CONSTRUCCIONES que se han realizado en el paraje denominado PINAR DEL OBISPO”. Hasta le fecha, ni se nos contestó. Por ello, en octubre del año pasado incluimos estas parcelaciones y construcciones ilegales en la macrodenuncia que presentamos en la Fiscalía, que posteriormente la Fiscalía apoyó y la remitió al Juzgado nº 3 de El Puerto, que actualmente instruye diligencias por estos hechos, que están tipificados en el Código Penal como delito contra la ordenación del territorio.
Ecologistas en Acción exige la inmediata paralización de estas obras, la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores y de protección de la legalidad que conlleve a la demolición de todos los chalets construidos en este bosque protegido. Así mismo, pondremos en conocimiento del Juzgado estos hechos para ampliar la denuncia contra los constructores ilegales y contra los responsables municipales que han amparado esta urbanización ilegal.
* Ecologistas en Acción - El Puerto de Santa María 6 de diciembre
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), construcción ilegal Pinar Obispo - ecologistasenaccion.org
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Andalucía
Los expertos certifican que el modelo de desarrollo español es inviable
NORTECASTILLA* : Crecer de forma sostenible es, por ahora, una utopía para los españoles. El tercer informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), a partir de 155 indicadores económicos, ambientales, sociales y culturales, indica que España tiene mucho camino que recorrer hasta alcanzar modelos de desarrollo razonables, como así exige la Unión Europea. Los principales desafíos siguen siendo la excesiva presencia de la construcción y el consumo interno en el crecimiento económico, dos de los sectores de mayor intensidad energética y uso de los recursos; la contaminación de las zonas urbanas -afecta a tres de cada cuatro personas- y la desigualdad social: con un 20% de la población en el umbral de la pobreza a pesar de ser el octavo país más rico.
El Informe 2007 del OSE, elaborado por más de un centenar de científicos y técnicos, redunda en la tendencia del desarrollo español desde el 2005, año del primer estudio publicado, que desde entonces ha sido avalado por el Ministerio de Medio Ambiente. Un corto periodo de tiempo en el que «España ha avanzado moderadamente hacia pautas más sostenibles» en aspectos económicos (crecimiento del PIB, mayor aportación del sector industrial), pero en el que los cambios han sido «más tímidos» en otros apartados significativos.
Consumo y vivienda
En primer lugar están los capítulos socioeconómico y territorial. El modelo de crecimiento ha favorecido la expansión urbana incontrolado gracias al tirón de la construcción, sobre todo en el Mediterráneo y Madrid; el consumo familiar destinado a la vivienda es el mayor de Europa, al suponer el 120% de la renta; el esfuerzo de acceso a vivienda para los jóvenes supera ampliamente el 33% de su sueldo; las buenas tasas de empleo siguen reflejando precariedad y desigualdades de género y, por último, el abandono escolar continúa siendo de los más altos de Europa (29,5%) por detrás de Portugal y Malta.
Con respecto a la cohesión social, los indicadores se resisten a mejorar a pesar del crecimiento económico y de las prioridades concedidas a las políticas sociales. La tasa de riesgo de la pobreza se mantiene a niveles de 1995 (18-20%), lo que demuestra la «desigual» distribución de la riqueza. Asimismo, en un capítulo novedoso, el informe menciona que el sector de la cultura es un activo importante para la economía pero que requiere mayor protección y regulación.
Energía y consumo
Los fenómenos con mayor riesgo para la sostenibilidad son aquellos relacionados con el consumo energético. Aunque los datos oficiales muestran signos de esperanza, «todavía queda mucho camino por recorrer» en cuanto a la dependencia energética de la economía y las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, en el 2006 se redujo por vez primera esta cifra un 4,1% con respecto al 2005. También decreció alrededor del 1% el consumo de energía gracias a las reformas para cumplir el Protocolo de Kioto. El gasto energético del sector del trasporte se controló.
La calidad del aire sigue provocando quebraderos a los responsables de Medio Ambiente, especialmente en las medianas y grandes ciudades. La desertificación afecta a más de un tercio del territorio y la riqueza biológica sigue en riesgo creciente a pesar de los esfuerzos políticos (entre 1990 y el 2006 la fauna amenazada ha aumentado un 34,6%). Entre las soluciones, el informe destaca una mejora de la gobernanza y ratifica la importancia de la Fiscalía contra los delitos ambientales. Además, se cree necesario intensificar el esfuerzo mundial en cooperación al desarrollo.
* El Norte de Castilla - 04.12.07 - M. BALÍN
Foto: La Manga del Mar Menor (Murcia) bajo el mar, montaje fotográfico cambio climático - P. Armestre y M. Gómez (Greenpeace)
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7.12.07
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
El acceso a la vivienda en el Estado español
LUIS ZARAPUZ* : El sector inmobiliario y constructor ha puesto fin claramente en 2007 al largo ciclo expansivo que durante más de una década había multiplicado los precios inmobiliarios, la cifra de viviendas construidas, las plusvalías de los beneficiarios del tinglado urbanístico y agudizado la precariedad y el endeudamiento familiar de millones de personas para acceder a la vivienda. El ajuste del sector inmobiliario y constructor es ya una realidad. Lo que resta por conocer es la cuantía de este ajuste y la velocidad y duración del mismo. Es decir, confirmar si estamos ante un aterrizaje suave y controlado o ante un parón que ha pillado de sorpresa a los agentes implicados y que supondrá el estallido de la burbuja inmobiliaria y una importante corrección con repercusiones en el conjunto de la economía.
La construcción de viviendas en España
Para analizar la evolución de las viviendas construidas en España recurrimos a dos fuentes: el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) que facilita los proyectos de ejecución de viviendas visados por los colegios de arquitectos y el Ministerio de Vivienda que aporta los datos de viviendas iniciadas y terminadas. Las cifras de cada una de estas estadísticas varían, por la diferente etapa del proceso de la edificación que analizan y por el desfase temporal entre dichas etapas (un proyecto visado será iniciado meses ó años después –si se inicia- y finalizado –si se termina- de media 18 meses más tarde).
Los datos disponibles de proyectos de ejecución de viviendas visados anuncian una fuerte caída de los mismos en 2007, muy lejos del récord de 920.000 visados en 2006. Ya en el primer semestre de 2007 han caído un 20% hasta las 362.000 -a pesar del elevado número de viviendas visadas en marzo de 2007 anticipándose a las elecciones municipales y autonómicas- y entre abril y junio la caída es aun mayor (un 40% respecto al mismo trimestre del año anterior). De cara a la evolución en el segundo semestre de 2007, este año no se producirá el anormalmente alto dato de septiembre de 2006 (avalancha de proyectos para eludir la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación). Si además sumamos las declaraciones de los promotores a cerca del actual parón de la demanda (y la oferta) de vivienda, puede aventurarse una caída del 30-35% en los proyectos visados en el conjunto del año, hasta situarse en torno a los 600.000/650.000 visados en 2007.
La reducción de nuevos proyectos visados se está produciendo tanto entre las viviendas de precio libre (más del 90% del total) como entre las viviendas protegidas, donde la caída ha sido especialmente elevada en el segundo trimestre de 2007, coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas.
Los datos de viviendas iniciadas en 2007 muestran ya un descenso respecto al año anterior, con 329.000 viviendas iniciadas en el primer semestre y una caída del 10% respecto al primer semestre de 2006. La caída se intensifica según avanza el año y en el segundo trimestre de 2007 las viviendas iniciadas han caído un 16% respecto al mismo trimestre del año anterior, tanto las libres como las protegidas. Las viviendas iniciadas para el conjunto del año podrían registrar una caída del 10-15% y alcanzar una cifra de 550.000/600.000 viviendas. En 2006 (y en el primer semestre de 2007) las viviendas de precio libre supusieron el 87% de todas las iniciadas. Entre las minoritarias viviendas protegidas iniciadas, la mayor parte1 iban destinadas a la propiedad, con un peso reducido del alquiler protegido.
La cifra de viviendas terminadas alcanzó las 658.000 unidades en 2006 (el 91% de precio libre) la cifra más alta de la serie histórica. En el primer semestre de 2007 se han terminado 329.000 viviendas, lo que supone un ligero aumento respecto al año anterior. En el primer semestre han aumentado las viviendas terminadas, tanto las de precio libre (la gran mayoría) como las protegidas.
Tradicionalmente la cifra de viviendas visadas supera con creces la de viviendas iniciadas y terminadas, ya que no todos los proyectos llegan finalmente a ejecutarse. Por otro lado, las viviendas iniciadas suelen superar a las terminadas en épocas de ciclos inmobiliarios alcistas, mientras que en ciclos descendentes, se frena la iniciación de nuevas viviendas que se ve superada por la finalización de las ya iniciadas. Pues bien, entre enero y junio de 2007 la caída de las viviendas proyectadas ha hecho que su cifra se aproxime a la de viviendas iniciadas y terminadas. Además, en el segundo trimestre de 2007 las viviendas de precio libre terminadas superan ya a las iniciadas.
Parece aproximarse un importante parón en la construcción residencial (que ya se está produciendo) y que tendrá mayor repercusión a lo largo de 2008, cuando vayan finalizando las promociones en curso y la disminución de nuevos proyectos se refleje más agudamente en las viviendas iniciadas y en construcción. Entonces es cuando el parón que ahora se inicia tendrá mayores repercusiones en la actividad y empleo del sector de la construcción (en el inmobiliario ya lo está teniendo).
El precio de la vivienda en España
El coste del acceso a la vivienda en España durante 2007 se ha frenado, especialmente en la opción de compra, cuyo encarecimiento se ha asemejado al del alquiler y se sitúan ambos ligeramente por encima del IPC. El espectacular y abusivo incremento de los precios inmobiliarios durante más de una década se ha frenado durante este año, propiciado por el proceso de subida de tipos de interés y de las hipotecas y por la imposibilidad de las unidades familiares de asumir esfuerzos adicionales en el pago de una vivienda, cuyo precio ha roto cualquier proporción con los salarios que deben pagarlo. Se ha producido un reajuste entre el coste de la vivienda y el coste para financiar su compra: dado que las familias no pueden pagar más, el aumento de los intereses ha provocado una disminución de la cuantía máxima por la que se pueden endeudar y por tanto pagar por una vivienda. Pero este ajuste no disminuye la cuantía máxima que deben hacer frente las familias que deseen adquirir una vivienda, simplemente modifica los conceptos que deben ser pagados. Son necesarias medidas estructurales que impliquen mejoras reales y permanentes en la accesibilidad y coste de una vivienda: medidas de política de vivienda (impositivas, legislativas y de gasto) que deben ser desarrolladas, aplicadas y dotadas del suficiente compromiso presupuestario.
El precio medio de la vivienda libre en España (nueva y usada) se situó en el segundo trimestre de 2007 en 2.054,50 euros/m2 construido (+5,8% nominal respecto al 2º trimestre de 2006) y que apenas ha variado en el tercer trimestre de 2007. El aumento de los precios ha continuado frenándose según avanzaba el año y no es descartable una caída del precio medio en el cuarto trimestre respecto al tercero, descensos que ya se están produciendo en algunas provincias. El precio medio de la vivienda protegida en el conjunto de España ha alcanzado 1.035,8 euros/m2 construido.
En 2007 el precio medio de la vivienda ha aumentado más que el salario medio, por lo que se ha incrementado el esfuerzo que supondría adquirir una vivienda. Si a esto añadimos las sucesivas subidas de los tipos de interés (el Euribor ha repuntado hasta el 4,7% en septiembre de 2007) se ha producido un fuerte empeoramiento del las condiciones de acceso a la vivienda en propiedad, que explica en gran medida las dificultades para asumir precios inmobiliarios superiores y su previsible descenso en los próximos meses.
Desde 1995 el precio medio de la vivienda libre se ha triplicado (+200%) en términos nominales, mientras que el salario medio ha aumentado un 47% acumulado. Si descontamos la inflación y realizamos el análisis en términos reales, la brecha que separa la evolución del precio de la vivienda y del salario medio, se dispara, ya que el salario medio ha permanecido constante en términos reales, frente al fuerte encarecimiento real de la vivienda.
La carestía del acceso a la vivienda en propiedad varía sustancialmente de unas comunidades a otras. El precio de la vivienda es especialmente elevado en la Comunidad de Madrid y el País Vasco, con valores que rondan los tres mil euros/m2, el triple de lo que cuesta en Extremadura y el doble de su coste en Castilla-La Mancha, Castilla y León o Galicia. Cuando el precio de la vivienda lo ponemos en relación con el salario medio, para cada una de las comunidades autónomas, se estrechan las diferencias entre territorios respecto a la carestía del acceso a la vivienda. Los ciudadanos del País Vasco, de la Comunidad de Madrid y de las Islas Baleares son los que deben soportar un mayor esfuerzo económico para acceder a la vivienda. Pero este esfuerzo “sólo” es el doble del que deben realizar en Extremadura y un desfase aun menor respecto a otras comunidades (Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja). La brecha entre territorios en el precio de la vivienda es superior a la que existe en el salario medio. Es decir, los mayores salarios en algunas comunidades mitigan en parte el mayor coste de la vivienda.
LA POLÍTICA ESTATAL DE VIVIENDA
La política del partido en el gobierno en materia de vivienda se ha movido entre los deseos de realizar una política en parte diferente a la de sus antecesores, la apuesta mediática –que no real- por la vivienda y la imposibilidad de romper con el lobby inmobiliario y constructor, a cuyos intereses ha respondido tradicionalmente la política de vivienda de este país. Un “quiero y no puedo” salpicado de espectaculares anuncios mediáticos que de momento no han dado generado resultados positivos. Ha sido la propia evolución del mercado inmobiliario (la carestía desbordada de la vivienda) y la subida de los tipos de interés las que han terminado por poner freno a la especulación inmobiliaria. El problema es que el parón es coyuntural (la subida de tipos ha frenado el precio) y hasta cierto punto no es tal (seguimos pagando lo mismo, es decir lo máximo que nos permiten nuestros ingresos, lo que ocurre es que se está reajustando la distribución entre principal e intereses).
La política estatal en materia de vivienda se articula mediante dos ejes de actuación: la política directa de vivienda y el gasto (beneficio) fiscal en vivienda. Ésta última es la que concentra el grueso del gasto público en vivienda. Esta apuesta por el gasto fiscal vacía de contenido la política de vivienda: Los resultados reales obtenidos son contrarios al objetivo que dice defender.
Este año resulta especialmente difícil concretar/estimar el gasto público en vivienda ya que una parte relevante del mismo se ha presentado con posterioridad al proyecto de Presupuestos y no aparecen reflejados en él. Además, algunas de las medidas no han sido incorporadas porque el Gobierno no ha sabido estimar el gasto que supondrán.
Política de acceso a la vivienda y fomento de la edificación
La política estatal de acceso a la vivienda y fomento de la edificación dispondrá de una previsión total de fondos de 1.369,0 millones (+10% nominal) lo que supone el 0,122% del PIB previsto para 20082. El crecimiento del gasto de esta política es inferior al de años anteriores, pero en esta cifra no están incluidas todas las partidas atribuibles a la política de vivienda.
El Plan de vivienda estatal (2005-2008) articula la política de gasto directo en vivienda del Gobierno Central y se dota a través del programa presupuestario 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda. El año 2008 es el último de aplicación del Plan actual, que preveía un objetivo anual de 180.000 actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda (720.000 en los cuatro años) con una previsión de gasto acumulado de 6.822 millones (el doble que el Plan 2002-2005).
Según el proyecto de Presupuestos, la mayor parte de los recursos del Plan de Vivienda van destinados masivamente a favorecer el acceso a la vivienda en propiedad, con una apuesta mínima por el alquiler, como la propia Ministra de Vivienda ha reconocido3. Para 2008 el Plan de vivienda destina sus fondos principalmente a:
* 487 millones de euros en transferencias de capital a las Comunidades Autónomas para compra y rehabilitación de viviendas.
* 417 millones de euros para sufragar la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (compra de vivienda).
* 323 millones de euros en subsidiación de intereses de préstamos hipotecarios (compra de vivienda).
A partir de los datos del Ministerio de Vivienda acerca del Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler, se aporta una estimación del coste de estas medidas ya que en el proyecto de Presupuestos no figura previsión alguna. La estimación para el primer año de la renta para la emancipación (210 euros por contrato de alquiler suscrito por jóvenes de 22 a 30 años) es de 436,5 millones de euros (411 millones de renta derivada de 180.500 contratos de alquiler más 25,5 millones del aval y el préstamo para la fianza). La estimación para el primer año de la deducción fiscal para inquilinos es de 348 millones y se prevé que afecte a cera de 700.000 familias.
Además el Gobierno ha fijado una ayuda de 350 euros al año a los ciudadanos que perciban una pensión no contributiva y que residan en una vivienda en alquiler. La cuantía de la ayuda y el reducido número de pensionistas que cumplen los requisitos fijados provocan que esta medida no tenga un impacto real y presupuestario relevante.
Gasto fiscal en vivienda
El grueso del gasto público en materia de vivienda se articula mediante beneficios fiscales: la previsión oficial para 2008 es de 4.464,5 millones (sin incluir los supuestos beneficios fiscales asociados al menor IVA por compra de vivienda). Si añadimos una estimación de las deducciones fiscales en el IRPF no reflejadas correctamente en los Presupuestos (ayudas al alquiler a inquilinos y propietarios, desgravación compra vivienda habitual4) el importe real de los beneficios fiscales destinados a vivienda en 2008 alcanza un mínimo de 6.680,00 millones de euros (un 50% más que el dato recogido en los Presupuestos).
De este gasto fiscal en vivienda la gran mayoría –más del noventa por ciento- va destinado a subsidiar la compra. No obstante, es cierto que el gasto fiscal destinado al alquiler ha aumentado sensiblemente en el último año, merced a la introducción de desgravaciones adicionales a los propietarios que alquilen a menores de 35 años y a la nueva deducción fiscal a los inquilinos.
Los beneficios fiscales en el IRPF destinados a la vivienda en propiedad o alquiler son un mecanismo injusto e ineficiente de contribuir a la política pública de vivienda. Son injustos porque benefician en mayor medida a las personas con mayor capacidad de gasto en vivienda (es decir con más renta) y con mayores tipos impositivos y cuotas íntegras, mientras que las personas con menores ingresos y por tanto menor gasto absoluto en vivienda y menores retenciones y tipos impositivos se benefician en mucha menor medida real de estas deducciones. Y son ineficientes porque este tipo de deducciones, tal y como están planteadas, encarecen el coste de la vivienda (compra, alquiler) y suponen una transferencia de rentas desde el Presupuesto del Estado, pagado por todos, a los propietarios que venden/alquilan las viviendas y que previsiblemente se apropian de dichas ayudas vía incremento de precio, en un marco de oferta de viviendas constante o con aumentos inferiores a los de la demanda.
Un ejemplo claro de esta situación lo constituye la nueva deducción fiscal en el IRPF al pago del alquiler. Va dirigida a los inquilinos con bases imponibles inferiores a 24.020 euros anuales, con diferente máximo según los ingresos del contribuyente (el 10,05% sobre un máximo de 9.015 euros de alquiler para las personas cuya base imponible no supere 12.000 euros (ingresos de 16.000 euros en declaración individual y de 20.000 euros en declaración conjunta) y para las bases imponibles comprendidas entre 12.000 y 24.020 euros (ingresos de 29.000 euros en declaración individual y 33.000 euros en conjunta) la base máxima sobre la que se aplica el porcentaje de deducción será el resultado de restar a 9.015 euros el resultado de multiplicar por 0,75 la diferencia entre la base imponible del contribuyente y 12.000 euros).
Para poder beneficiarse de la cuantía máxima de deducción (10,05% de 9.015 euros = 906 euros/año o 75,5 euros/mes) hay que ganar menos de mil euros al mes y pagar al menos 750 euros al mes de alquiler, algo poco probable por inviable. Es prácticamente imposible que las unidades familiares de menores ingresos y con bajas cuotas integras (lo que correspondería pagar en concepto de IRPF, antes de compensar con las retenciones) se beneficien realmente con una medida, que de todas maneras supone una ayuda mensual muy moderada. Las unidades familiares con mayores bases imponibles (entre 12.000 y 24.020 euros) aunque se beneficien de una ayuda de cuantía inferior serán previsiblemente las que concentren gran parte del gasto de esta deducción fiscal.
El gasto en vivienda en la legislatura 2004-2008
El gasto en materia de vivienda ha aumentado sensiblemente a lo largo de la legislatura y se ha duplicado en términos nominales respecto al último presupuesto del anterior gobierno. El aumento ha sido más elevado en el gasto directo de la política de vivienda y algo menor entre el gasto en beneficios fiscales que no obstante sigue representando la mayor parte y demás está infraestimado. No obstante el esquema de actuación en materia de vivienda por parte del Gobierno Central apenas ha variado en estos años: el gasto en vivienda se articula mediante gastos/beneficios fiscales. El gasto directo en política de vivienda ha aumentado en mayor medida, pero no lo suficiente para modificar la situación. Por el destino de los fondos, la promoción de la construcción de viviendas en propiedad y la adquisición de las mismas eran y son el principal destino. El alquiler, tímidamente, se va abriendo paso en las políticas de vivienda, pero sigue siendo minoritario.
La política de vivienda en la actual legislatura
El Gobierno del PSOE planteó el problema del acceso a la vivienda en España como una de sus teóricas prioridades políticas. A lo largo de la actual legislatura (2004-2008) el Gobierno ha ido jalonando su quehacer en política de vivienda de gestos mediáticos, con poca repercusión real sobre las consecuencias del problema de la vivienda y ninguna sobre sus causas. Desde la propia creación del Ministerio de la Vivienda -con un presupuesto insuficiente y sin la capacidad ni autonomía necesarias para legislar decididamente en las pocas materias sobre las que mantiene las competencias- siguiendo por el inmediato y virtual Plan de choque (verano de 2004) -del que nunca más se supo-, la fallida y no dotada Sociedad Pública de Alquiler, el Plan de vivienda (2005-2008) -continuista con los planes de anteriores gobiernos, aunque con más dotación presupuestaria-, la nueva Ley del suelo (2007) -que retoma postulados de leyes del suelo anteriores a la del PP que en el pasado tampoco evitaron la especulación-, y el último Plan de medidas de fomento de la emancipación y del alquiler (2008) -un conjunto de incentivos económicos al alquiler que es muy posible que terminen perjudicando (o tengan un efecto neutro) a los inquilinos y favoreciendo, una vez más, a los propietarios-.
Esta actividad frenética se ha visto más caracterizada por publicitados anuncios, que en el mejor de los casos, anticipaban con mucha antelación las hipotéticas actuaciones a realizar. Es decir, se ha vendido hoy como solución y éxito inmediato medidas y propuestas que se desarrollarán y aplicarán en el futuro, y cuyo resultado final es todavía una incógnita. El Gobierno ha abordado aspectos claves (plan de vivienda, ley del suelo, apuesta por el alquiler) muy condicionado, sin una libertad y capacidad plena de actuación, con una cicatería presupuestaria que ha impedido impulsar algunas medidas importantes ante la resistencia inicial de comunidades autónomas y otros agentes; y adoptando medidas continuistas (fallidas en el pasado) e introduciendo otras que pueden agravar aun más el problema.
* Luis Zarapuz es economista del Gabinete Técnico de CC.OO.
* Rebelión - 06-12-2007
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7.12.07
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
Una red ciudadana ocupa pisos y reivindica el derecho a la vivienda
ELPAÍS/Barcelona* : "Estamos hartos de que las administraciones no hagan absolutamente nada para garantizar el acceso a la vivienda. Por eso hemos decidido practicar la desobediencia civil". Habla Lucas, integrante de una red ciudadana que se agrupa bajo las siglas PHRP (Promoció per l'Habitatge Realment Públic) y que cuenta con unas 50 personas. Desde mayo de 2006 han ocupado cuatro edificios de Ciutat Vella para hacer valer su derecho a la vivienda. El último, ubicado en el número 33 de la calle de Avinyó, lo habitaron hace dos semanas.
"No nos consideramos okupas. Al menos en el sentido peyorativo que le han dado a esa palabra los medios de comunicación", dice Lucas. Se declaran "simples ciudadanos cabreados" por el problema de la vivienda. En su mayoría son jóvenes, y, como la mayoría de los integrantes de su generación, acumulan un largo peregrinar por pisos de alquiler sometidos a precios desorbitados y a los excesos de propietarios que no respetaban ni la duración de los contratos. Lo que les diferencia del resto de los jóvenes de su misma edad es que ellos han decidido dar un paso más.
Niegan que estén cometiendo una ilegalidad, o al menos no son conscientes de ello. "No es un problema de legalidad, sino de legitimidad. Lo ilegal es dejar que las fincas se degraden y permanezcan vacías o semivacías durante años", afirma Víctor, otro de los integrantes de esta red ciudadana. "El propietario del primer edificio en el que entramos, en la calle de Magdalenes, quería hacer un hotel. Pero desde que lo habitamos nosotros ha tenido que dar marcha atrás", añade Víctor.
PHRP quiere crecer con más gente y nuevos edificios ocupados en Ciutat Vella, un distrito que consideran paradigmático de los "abusos urbanísticos" y de la "especulación" en Barcelona. Lucas dice que han decidido salir del anonimato aprovechando el aniversario de la Constitución: "Veintinueve años después, empezamos a hacer efectivo el derecho fundamental a la vivienda", dice.
* ELPAIS.com - JAUME BAUZÀ - Barcelona - 06/12/2007
Foto: VdeVivienda, manifestación Barcelona - cartel 2006
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7.12.07
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Tema: NOTICIAS Cataluña , NOTICIAS VIVIENDA
Golf, ladrillos y corrupción en La Rioja Alavesa
ARKIMIA* : Dos noticias de la prensa de hoy nos obligan a reconsiderar aquello de que "Euskadi is different" en materia de urbanismo, corrupción y especulación, y las dos tienen por escenario pueblos de La Rioja Alavesa: Laguardia y Labastida. En ambos lugares existen proyectos urbanísticos impulsados por el Partido Popular relacionados con campos de golf y ladrillismo, condimentados con indicios de actividades especulativas, cuando no directamente delictivas...
En el primero, Laguardia, un edil de EA, Gregorio López, ha denunciado un intento de soborno: un particular le ofreció 90.000€, para que cambiara su voto en el último momento (decisivo, porque deshacía un empate entre PP y PNV) y apoyase el proyecto de campo de golf y urbanización ladrillísco-especulativa que quiere imponer la derechona más rancia del PP en Laguardia. Es el modo de actuar habitual de la extrema derecha económica, esa que dice querer "generar riqueza" (para sus bolsillos, los bolsillos de sus amigos, sus parientes y sus empresas amigas) a base de dilapidar el territorio, sin fijarse demasiado en el interés general o si existe una demanda social. Pero en este caso, en Laguardia, gracias a la honestidad de un concejal, se ha desvelado la trama mafiosa. Aclaración: este edil no es del grupo político al que pertenezco, Ezker Batua-Berdeak, sino de Eusko Alkartasuna; no hago más que reconocer y aplaudir, desinteresada e imparcialmente, una actitud que, a pesar de ser lógica, se ha convertido en ejemplar, por inhabitual en nuestros dias de choriceo generalizado.
labastida1.jpgLa segunda noticia también trata sobre campos de golf, maniobras políticas rastreras y especulación urbanística. El PP, apoyado en este caso por el PNV local, intentan apartar de la operación urbanística al alcalde de EB-B, y han designado en el pleno de ayer al ex-alcalde del PP, Ignacio Gil Orive, como representante de su pueblo para defender ante las instituciones que han de fiscalizar su proyecto (el del PP) de golf y mega-urbanización (750 viviendas en un pueblo de 2.000 habitantes) en un espacio protegido de Labastida. Para eso se salta leyes y sentido común, intentando desesperadamente, que su castillo de naipes no se venga abajo por la acción del actual alcalde, Higinio Arinas, de Ezker Batua-Berdeak, y su grupo municipal. Higinio Arinas y Javier Medel, alcalde y concejal de EB-B en Labastida, fueron elegidos por su pueblo para parar este proyecto que atenta contra el medio ambiente y el interés social. Que el representante de un pueblo, democráticamente elegido, sea su alcalde, no parece importarles demasiado cuando se trata de ganar pasta. Si estorba el alcalde, se le aparta. Que el mismo PNV que apoyó su investidura como alcalde ahora elija al ex-alcalde del PP como interlocutor para defender ante la Comisión de Ordenación del Territorio y la Diputación Foral de Álava el proyecto de nueva urbanización y golf sobre los terrenos protegidos del monte Toloño y su entorno, no hace más que desvelar que los intereses económicos que tiene el PNV local (interesada posición no compartida por la ejecutiva jeltzale alavesa, me consta) son coincidentes con los del PP, cuyo alcalde fue expulsado de la alcaldía precisamente por la disconformidad popular con este proyecto hace sólo unos meses.
Creo que no es casualidad que detrás de estos dos proyectos (golf, ladrillo y especulación) estén, en ambos casos, involucrados como sus mayores adalides los pocos cargos públicos del PP de Euskadi que todavía conservan algo de poder en las instituciones o ven la posibilidad de recuperar el que tuvieron en el pasado gracias a indispensables aliados, sea por la vía del soborno, como parece que han intentado en Laguardia, o por la vía de la conveniencia para sus intereses particulares, como parece que ocurre con los dirigentes locales del PNV de Labastida.
"Euskadi is different", sí, pero menos "different" que lo que nos gustaría. Una cura de humildad para vasquitos y vasquitas: aquí, como en Totana, Marbella o Madrid, la ultraderecha económica se busca sus aliados para conseguir "crear riqueza" (para ellos), y nadie está a salvo de granujadas, delincuencia y mafia relacionadas con el urbanismo, la vivienda, el suelo y la especulación. Conviene estar vigilantes, y denunciar a las primeras sospechas los trapicheos, las maniobras de mangantes y aliados políticos corruptos. El urbanismo es una función social. Todo proyecto que no cumpla ese objetivo principal (el interés común) ha de ser puesto en cuestión, y más cuando es evidente que enriquece ilícitamente a unos pocos privilegiados o cuando, como en estos dos casos, hay indicios de que los proyectos sólo benefician a unos pocos, perjudican a la mayoría y nada aportan al interés común.
Afortunadamente, existen políticos cabales, honestos, leales a su programa, a su compromiso con la ciudadanía, como Gregorio López, de Laguardia, o Javier Medel e Higinio Arinas de Labastida. Como decíamos en otro sitio, todos los políticos no son iguales. Mi reconocimiento sincero y gratitud hacia ellos, porque permiten que siga creyendo que otro urbanismo es posible.
* ARKIMIA - 06/12/2007
Foto: Labastida - arkimia.nireblog.com
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7.12.07
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS País Vasco
El TSJC ordena tramitar el plan de la Torre Negra de Sant Cugat
ELPERIÓDICO/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenado al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès la inmediata tramitación del programa de actuación urbanística (PAU) de la zona de Torre Negra, un espacio de 150 hectáreas en la falda de Collserola que la constructora Núñez y Navarro pretende urbanizar desde hace años.
La empresa informó ayer que el fallo judicial obliga al ayuntamiento a tramitar el plan en un plazo máximo de cinco días, mientras que el alcalde de la ciudad, Lluís Recoder (CiU), aseguró que "ningún tribunal ha revocado la recalificación como suelo no urbanizable de la Torre Negra".
El varapalo judicial de la sección tercera de la sala contencioso administrativa del TSJC no evitará que el ayuntamiento pueda desestimar la propuesta de la constructora, ya que en el 2003 la zona fue recalificada como no urbanizable en una decisión aprobada por el pleno municipal y, posteriormente, por la Generalitat. El PAU de Núñez y Navarro para la Torre Negra había sido presentado con anterioridad a esa fecha, cuando los terrenos eran urbanizables no programados, por lo que fue admitido a trámite por el ayuntamiento.
RECURSO DE LA CONSTRUCTORA
La resolución judicial hace referencia al "pronunciado desacierto" del Ayuntamiento de Sant Cugat, que ha intentado "relegar el caso a disposiciones transitorias posteriores", algo que "se halla condenado al más radical fracaso". El pasado 29 de octubre la Conselleria de Política Territorial resolvió estimar un recurso de alzada de la constructora contra un informe desfavorable al PAU emitido por la Comissió Territorial de Urbanisme de Barcelona. El informe fue solicitado por el ayuntamiento después de una sentencia firme con orden de ejecución favorable a la tramitación del plan, dictada en el año 2006.
POSICIONES
El alcalde Recoder dijo ayer que el consistorio ha presentado ante el TSJC un escrito en demanda de aclaración de la resolución judicial, "ya que se presta a diferentes interpretaciones". "Queremos asegurarnos exactamente de cuáles son los pasos a seguir", añadió el alcalde. Y precisó: "En el proceso de preservación del espacio natural de Torre Negra hay dos posiciones enfrentadas, la del ayuntamiento, que defiende el interés general y la política de protección de la sierra de Collserola con el consenso ciudadano y de todos los grupos municipales, y la posición legítima de un propietario que defiende el derecho a urbanizar".
* El Periódico - ALBERT SEGURA - 6/12/2007
Foto: Sant_Cugat (Barcelona), Torre Negra - Till F. Teenck (wikipedia.org)
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6.12.07
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Marbella cambiará su PGOU a favor de los dueños de casas ilegales
MÁLAGAHOY* : La primera teniente de alcalde de Marbella, María Francisca Caracuel (Partido Popular), anunció ayer que el Ayuntamiento de la localidad modificará el PGOU, que actualmente está en trámite, para evitar las compensaciones necesarias para la normalización de las viviendas levantadas con licencias contrarias al planeamiento vigente.
El plan de ahora propone la normalización de 18.000 casas ilegales mediante un sistema de compensaciones por parte de las promotoras que permitirá recuperar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos y zonas verdes. Si dichas empresas no asumieran las cargas urbanísticas negociadas con el equipo redactor del PGOU, serían los propietarios quienes deberían hacer frente a los gastos de compensación. Caracuel recordó ayer que los propietarios "son también víctimas de lo que ha ocurrido en Marbella".
El anuncio del cambio del Plan General marbellí vino precedido de una votación en la Cámara andaluza en la que se rechazó, con los votos de PSOE e IU y la abstención del PA, la propuesta que instaba a la Junta a articular mecanismos para que los adquirientes de "buena fe" de casas de Marbella no tengan que asumir las citadas compensaciones con su patrimonio.
Durante el debate, Esperanza Oña, portavoz del PP, dijo que el Ayuntamiento de Marbella ha sido víctima de una corrupción con "el silencio" de la Junta, además de defender a los vecinos que ignoraban que las construcciones se habían realizado gracias a licencias ilegales.
* Málaga Hoy - R. A. / SEVILLA · MARBELLA - 6 de Diciembre de 2007
Foto: Marbella, obra precintada contraria a PGOU - EFE
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6.12.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Vía libre al 'Manhattan' de Cullera con la oposición del Gobierno
ELPAÍS/Valencia* : Cullera tendrá su Manhattan al borde del mar. La comisión territorial de Urbanismo de la Generalitat dio ayer el visto bueno definitivo al polémico plan de la Vega, que levantará en el litoral 33 torres de viviendas de hasta 25 alturas y otros dos rascacielos de 40 para hoteles. El proyecto contempla un máximo de 4.883 viviendas, lo que implicará duplicar la población de la localidad, de 23.200 habitantes. La macrourbanización de Cullera ocupará 610.340 metros cuadrados junto a la desembocadura del río Júcar, donde el gobierno local, del PP, prevé reclasificar otros 10 millones de metros para 15.000 pisos.
Una brutal presión urbanística sobre el litoral que sale adelante con el apoyo de la Generalitat y los votos en contra en la comisión de los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, que mantienen las objeciones planteadas en la tramitación. La principal, la falta de garantías de que los futuros residentes tendrán agua suficiente. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) insiste en que los recursos no están asegurados, y critica que al agua le falta calidad por el exceso de nitratos. Fomento ratifica su oposición a que se urbanice sin estar acabadas las nuevas conexiones viarias.
La Generalitat rechaza los informes negativos del Gobierno, y esgrime otros. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente explicaron que los informes municipales avalan que hay agua, y el plan ha superado las deficiencias que obligaron a aplazar la aprobación en 2005. Así, la comisión territorial dio ayer su bendición sin apenas retoques. Sólo subrayó que no concederá licencias de ocupación de los pisos antes de que estén en servicio las variantes de Sueca y Cullera-Favara de la N-332, y los viales de conexión desde el Manhattan.La consejería aprobó el plan de forma provisional en 2005 y ya advirtió a Cullera de que los accesos viarios debían terminarse antes de que se trasladaran los residentes. En aquel momento, exigió también que se subsanaran otras deficiencias que considera solucionadas.
La variante de Sueca está en obras y la de Cullera-Favara en licitación, con lo que la consejería ve suficiente tiempo por delante para que comience a desarrollarse el plan y sólo impone que no se ocupe del Manhattan sin acabar los viales.
Para el Gobierno, que construye estas carreteras, el plan no reúne garantías con las obras por terminar. Cullera soporta un tráfico de 18.000 vehículos diarios, y con el Manhattan serán 35.000. Además, tampoco están hechos los enlaces que unirán la urbanización con las variantes estatales de la N-332. La subdelegación del Gobierno en Valencia recurrió la aprobación provisional del plan hace dos años por los informes negativos de Fomento y Medio Ambiente. También exigió correcciones Costas. Éstas se han cumplido, pero no ha sido el caso con las conexiones viarias y la garantía de agua -las concesiones de nuevos pozos están por decidir y faltan actuaciones hidráulicas complementarias-, por lo que el Ejecutivo mantendrá su recurso judicial o presentará uno nuevo si es necesario. Así lo confirmó el subdelegado, Luis Felipe Martínez, quien destacó que "las circunstancias no han cambiado" en esta fase final del proyecto. "No intervenimos por capricho, lo hacemos para procurar que se cumplan las competencias estatales y se defiendan los derechos de los futuros residentes", aseveró Martínez.
La subdelegación también recurrió la participación en el plan del Instituto Valenciano de Vivienda, que firmó un acuerdo con Cullera para redactar el proyecto. La Generalitat, que ha impulsado el Manhattan a través de esta empresa pública, resalta que el sector tendrá 1.171 viviendas sociales y amplias zonas verdes. Además, la parcela reservada para el nuevo puerto deportivo y pesquero se adjudicará a la Generalitat.
La comisión aprobó asimismo un plan de 2.023 viviendas en Moncada y de otras 3.100 (la mitad de VPO) en Sagunto.
Las cifras del macroproyecto
- Superficie ocupada: 610.340 metros cuadrados en la desembocadura del Júcar.
- Viviendas: Un máximo de 4.883 pisos, y de ellos 1.171 protegidos. Se repartirán en 33 torres de hasta 25 alturas.
- Plazas hoteleras: Unas 2.200 nuevas que se distribuirán en otros dos rascacielos de 40 alturas.
- Zonas verdes: Dos áreas de 67.370 y de 30.921 metros cuadrados.
- Equipamientos y viales: Las dotaciones y la red secundaria de viales ocuparán 84.665 metros cuadrados. El proyecto prevé un palacio de congresos, entre otros equipamientos.
- Nuevo puerto: El plan incluye un puerto deportivo fluvial con 800 amarres.
- Tramitación del plan: El 'Manhattan' se incluyó en el plan general de Cullera de 1995. Recibió un impulso claro en 2003, cuando el Instituto Valenciano de Vivienda acordó su desarrollo con el Ayuntamiento, del PP. En noviembre de 2005 logró la aprobación provisional sujeta a que subsanara deficiencias. En noviembre de 2006, el Ayuntamiento dio por corregidos los fallos y lo aprobó de nuevo, con oposición del PSPV-PSOE y de Alternativa Progresista de Cullera. Ayer, la Generalitat dio el visto bueno definitivo.
- Recursos del Gobierno: El Ejecutivo no ve garantizada el agua y los accesos a la urbanización, por lo que ha presentado recursos en los tribunales, contra el proyecto y el acuerdo con el Ivssa porque no salió a concurso público.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 06/12/2007
Foto: Cullera (Valencia), representacion_Manhattan - elpais.com
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6.12.07
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Totana: Periodistas españoles amenazados de muerte
DIEGO JIMÉNEZ* : Algo más que nerviosismo cunde entre un sector del vecindario de Totana, pueblo murciano que se ha visto salpicado en los últimos días por los escándalos urbanísticos que afectan al alcalde, a varios cargos públicos, empresarios de la localidad y otras personas, entre ellas, el jefe de la policía local. El pasado día 2 de diciembre la tensión llevó a sectores de gente ligadas al PP de la localidad, partido que gobierna el municipio, a arropar incondicionalmente a su alcalde, pese a las más que evidentes sospechas de estar inmerso en una red de corrupción, hasta el extremo de que, en estos momentos, se encuentra ingresado, en prisión provisional sin fianza, en la prisión de Sangonera. Los medios de comunicación que cubrían las declaraciones en el Juzgado de Instrucción de Totana fueron increpados y acosados por los seguidores del primer edil.
De los insultos iniciales se pasó al escalón de las amenazas, como las que sufrieron en sus propias carnes Vicente Cervantes, veterano militante de la izquierda alternativa, destacado sindicalista y pertinaz defensor de las causas solidarias con los pueblos oprimidos de Latinoamérica, y Marcela Crespo, su compañera, portavoz de la Plataforma ‘No a este plan urbanístico’ de Totana.
En el día de ayer, cuando tanto él como su compañera se encontraban cubriendo los hechos para dar cuenta de ellos en la página alternativa www.azogue.net, fueron amenazados físicamente por algunos miembros señalados de extrema derecha, hasta el punto que tuvieron que ser escoltados por la Guardia Civil, tal como nos relata el propio Vicente en el mensaje de abajo, que ha empezado a ser difundido por algunas listas de correo de movimientos sociales alternativos.
Desde esta página, hacemos una denuncia expresa del aumento de la significativa presencia de la extrema derecha en las calles del Estado Español, por lo que hacemos un llamamiento a la Fiscalía, a los Gobiernos central y autonómicos y a las Delegaciones del Gobierno para la adopción y refuerzo de cuantas medidas legislativas y penales sean precisas para conseguir que la libertad de expresión y comunicación queden salvaguardadas, adoptándose la máxima firmeza contra estos individuos intolerantes que nos quieren retrotraer, con sus amenazas y matonismo, a tiempos que creíamos superados.
Reproducimos, a continuación, el testimonio de Vicente Cervantes.
Estoy amenazado de muerte
“Así como suena. Si entras en www.azogue.net verás el escándalo que hay montado sobre la corrupción urbanística en Totana. Ayer pasaron al actual alcalde a prisión provisional hasta el día del juicio. La extrema derecha y la derecha extrema estaban rabiando en el pueblo. Desde bien temprano hubo agresiones a compañeros y compañeras de diversos medios de comunicación. Las declaraciones ante la jueza empezaron a las 7,30 de la mañana. Mi compañera Marcela y yo llegamos a los soportales de los Juzgados de Totana sobre las 18,30 horas, después de resolver varios encuentros familiares. Al llegar, el director de Línea Local (Línea era el nombre del Diario del extinto Movimiento, recuerdo), periódico de extrema derecha nacional-católica, se sitúa tras mi compañera y se deja caer suavemente encima de ella, para provocar que ella, ante la agresión sexual, se fuera. Pero además, la señala con el dedo, ante varia personas nucleadas en torno a un concejal del equipo de Gobierno del PP. Automáticamente, el director fascista se retira y aparecen dos gorilas, que se sitúan junto a ella y la desplazan fuera de la barandilla-apoya brazos, con cierta firmeza. Entonces entro yo en escena, porque le estaba guardando las espaldas pidiéndoles explicaciones y provocando que se fueran. Entonces, una señora que estaba en el grupo junto al concejal de Deportes, Valverde Reina (de estética engominada y bigotillo tardofranquista), comienza a echarnos fotos con su móvil-celular.
Entonces me desplazo hacia el grupo y les invito a que me saquen un primer plano. Estoy allí para facilitarles la labor. Esto supone unas palabras con el concejal del PP, que con chasquidos de esos que se usan para echar a los animales, me invita a irme. Entonces, más bien retiran al concejal dos colegas suyos. A partir de ahí se monta un incidente, en la que todos los medios de comunicación me enfocan y hago público lo que ha pasado. Comienzan los insultos: "Argentino, vete a tu país" (ignorancia, pues yo no soy argentino, aunque sí mi compañera). "Comunista, tienes rabo" (esto da el tono por donde van las cosas), ¡Fuera, fuera, ¡hijoputa! Horas más tarde, después de un hostigamiento permanente de la turba fascista y ladrillera hacia todos los medios de comunicación sin excepción (por la mañana golpearon a un periodista de la 7, televisión del PP en Murcia), se conoce públicamente que el Alcalde José Martínez Andreo va a ingresar en prisión.
Entonces se desata el odio contra todo lo que huela a libertad, desde la óptica totalitaria de la extrema derecha: periodistas, izquierdistas… El grupo de periodistas se concentra junto a un coche de la Guardia Civil, y comienzan los insultos y las amenazas de muerte hacia mi persona. Cuarenta y cinco minutos más tarde, ante el cariz que tomaban los acontecimientos y la evidencia que la jueza iba a utilizar la táctica del desgaste (se esperó a la madrugada para trasladar al alcalde, con la idea que se fuera yendo la gente y no hubiera altercados más graves), la Guardia Civil nos escoltó hacia nuestro vehiculo y nos retiramos.
Cuando llegamos al Cuartel de la Guardia Civil, todas las fuerzas estaban disponibles por si tenían que intervenir en la puerta de los Juzgados y otros estaban con las diligencias de un detenido por malos tratos, que se llevan, según nos informaron unas cuatro horas. Más bien nos aconsejaron que fuéramos esta mañana o al mediodía, con más tranquilidad. Les informamos de la delicada situación y de que si no podían garantizar nuestra seguridad nos buscaríamos la vida.
Bueno, así están las cosas. Un abrazo, desde el Sureste Español. Pásalo.”
* Tercera Información
* Rebelión - 06-12-2007
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6.12.07
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Murcia
"El fraude no sería posible sin la tolerancia de notarios y registradores"
ELPAÍS* : El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología, José Luis Díez Ripollés, forma parte de una comisión del Grupo de Estudios de Política Criminal que, en los próximos meses, elaborará propuestas concretas de reformas legales para prevenir la corrupción urbanística. Este experto considera que el urbanismo ha generado enormes beneficios "que han logrado condicionar decisiones de las Administraciones o motivarlas a participar en las ganancias" sin considerar el interés general en términos "de calidad de vida o defensa del medio ambiente".
El catedrático propone que el Estado o las autonomías ejerzan las competencias de disciplina urbanística cuando los ayuntamientos se nieguen a hacerlo, conducta muy extendida que considera "un gran fraude político".
Además de su lentitud, Díez Ripollés se queja de la resistencia de los jueces a acordar medidas cautelares que prevengan daños irreparables, como por ejemplo el tener que demoler una urbanización ilegal ya ocupada por personas que desconocían esas circunstancias cuando compraron sus viviendas. A la pregunta de si el actual Código Penal es suficiente, responde: "Hacen falta penas de prisión más elevadas para los delitos urbanísticos, contra la Administración y de blanqueo de capitales porque en estos momentos muestran defectos técnicos sorprendentes que los desactivan".
"Sin contar con un control negligente, cuando no tolerante, de los notarios y registradores, que, si no actúan legalmente deben dejar ser funcionarios de arancel", este grado de corrupción no sería posible, afirma. A los bancos les demanda mayor colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales.
* ELPAIS.com - M. A. - Madrid - 05/12/2007
Foto: archivo
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6.12.07
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Baena: El juzgado reclama facturas urbanísticas al Ayuntamiento
DIARIOCÓRDOBA* : Un juzgado de Baena ha reclamado al Ayuntamiento de la localidad que le remita una copia de todas las facturas pagadas a diversas empresas constructoras del municipio. El auto del juzgado, al que ha tenido el acceso Efe , procede del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena, el mismo que investiga las presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento que denunció el ex alcalde y constructor Carlos Arenas.
En concreto, la titular del juzgado ha exigido al Consistorio que le remita en el plazo máximo de diez días las facturas emitidas al Ayuntamiento por cuatro firmas constructoras del municipio desde comienzos del 2005 y hasta el mes de octubre pasado. Según ha podido saber este periódico, el pasado día 30 de noviembre finalizó el plazo dado por la jueza y el Ayuntamiento ha entregado ya la documentación requerida. Además, según aseguran fuentes cercanas al caso, desde que se inició la investigación a raíz de la denuncia interpuesta por presuntas irregularidades urbanísticas, el Ayuntamiento ha entregado diversa documentación al juzgado.
Esta reclamación judicial se produce después de la denuncia que el ex alcalde ha presentado ante el citado juzgado y en la que asegura haber recibido por parte del Ayuntamiento un trato distinto al de otros constructores en la aplicación de la disciplina urbanística.
Este mismo juzgado instruye unas diligencias abiertas a raíz de la denuncia que el actual alcalde, Luis Moreno, ha presentado por unas supuestas amenazas contra Carlos Arenas, que ya fue condenado por un juzgado penal de la capital cordobesa por un delito de desobediencia, mientras que su mujer, que es concejal de IU, fue condenada por una falta por los mismos motivos. La denuncia de Luis Moreno se produjo el mismo día que Arenas y su mujer ratificaban su acusación.
De hecho, el juzgado ha citado al constructor y al alcalde para la vista oral que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre, día también en el que están citados a declarar los testigos de las distintas partes. El alcalde, Luis Moreno, citó en su denuncia a tres testigos que le hicieron llegar distintos escritos en los que relatan los hechos de las presuntas amenazas.
El equipo de gobierno municipal ha hecho llegar en estos días una nota de prensa a diversos medios de comunicación en los que aseguraba que no ha habido "trato discriminatorio hacia Carlos Arenas".
* Diario de Córdoba - 05/12/2007. EFE
Foto: Baena (Córdoba) - baena.es
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6.12.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Un grupo de 21 chalés en una zona rural destapó la trama de Mugardos
LAVOZDEGALICIA/A Coruña* : Dos denuncias sobre edificios en la zona urbana de Mugardos y una urbanización de chalés en la parroquia rural de Franza fueron el arranque de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción urbanística de Mugardos. El fiscal especializado en delitos urbanísticos Antonio Roma tuvo sobre su mesa el pasado mayo el caso del edificio de la calle María que ocupaba tres solares cuando para el casco histórico se permite solo la unión de dos. También el proyecto de la calle Peteiro, que invadía suelo público, y que requirió para su regularización una reforma del Plan Xeral.
Según los ediles Pilar Díaz Otero (EU) y Juan Fernández (PSOE), la arquitecta Julia Cortizas, entonces asesora municipal, habría informado favorablemente el primer caso y fue también la técnica privada del segundo. Después, tendría participación en el proceso para su legalización cuando estuvo contratada por el Ayuntamiento.
El caso del proyecto para levantar 21 chalés en Franza llegó al Concello de Mugardos cuando la arquitecta realizaba funciones de asesoramiento. Según estos ediles, no se podía aprobar porque se trata de suelo de núcleo rural. Pues bien, a finales de julio del 2006, ella dejó su puesto en la Administración municipal y fue entonces cuando la alcaldía encargó a Xcale, la oficina de arquitectura privada creada por la técnica y su hermano, el estudio de reforma del planeamiento para que pudiesen segregarse parcelas y autorizar así la urbanización. La Xunta anularía entonces este dictamen, que serviría para dar cobertura a la posterior licencia municipal, que también quedó en cuestión. El fiscal Roma presentó una querella criminal en los juzgados de Ferrol.
Escuchas
La investigación del fiscal y la unidad especializada de la Guardia Civil no escatimó medios como escuchas y otros procedimientos supervisados por la autoridad judicial.
La pesquisa indagó también sobre las actuaciones de la entidad Cortizas Inversiones, cuyo administrador es Pedro Cortizas, el hermano de la arquitecta imputada.
En la sociedad tienen participación la esposa del policía local Ovidio Torrente, tercer detenido junto a los dos hermanos. La aparejadora Carmen Piñeiro habría actuado desde su puesto de técnica municipal en apoyo de la trama que conseguía así derivar proyectos al estudio Xcale o participar en el negocio urbanístico local, bien con iniciativas propias o de terceros.
Ya declararon
La Guardia Civil imputa de delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, además de a los cuatro arrestados, a tres personas más. Estas son otra arquitecta y dos promotores inmobiliarios. «Y no se descartan nuevas imputaciones o detenciones», indicaron ayer fuentes de la investigación. Los detenidos pasan esta mañana a disposición judicial.
* La Voz de Galicia - F. Varela / L. A. Núñez - 5/12/2007
Foto: El caso de la urbanización de chalés en San Vitorio, en Franza, fue uno de los denunciados - lavozdegalicia.es
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5.12.07
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Tema: NOTICIAS Galicia
El Ayuntamiento de Marbella acumula 1.400 causas judiciales
ELPAÍS* : Es raro el día en que los funcionarios del Ayuntamiento de Marbella no acuden a un juzgado para prestar testimonio en alguna causa judicial encaminada a reclamar dinero o bienes municipales escamoteados por el descontrol de la época del Grupo Independiente Liberal (GIL). El consistorio marbellí está inmerso en cerca de 1.400 procedimientos judiciales entre contenciosos civiles (300), administrativos (800) y penales (300).
Esta cifra, calculada a la baja por el equipo de gobierno local, está condenada a incrementarse, principalmente por dos factores. El primero son las llamadas piezas separadas, es decir los procedimientos nuevos que se derivan de testimonios prestados en causas anteriores. La segunda fuente de litigios será, previsiblemente, el Plan General de Ordenación Urbana, que en su fase previa ha acumulado más de 9.000 alegaciones de orden administrativo.
A comienzos de año, el Consistorio sacará a concurso sus servicios jurídicos con un presupuesto que rondará los 400.000 euros. "Marbella no tiene un Consistorio al uso, con una litigiosidad baja, estamos garantizando un volumen de trabajo muy importante", explica el portavoz del equipo de gobierno Félix Romero (PP). En otros ayuntamientos de la Costa del Sol en los que se registra una actividad judicial media alta, como el caso de Estepona, se acumulan alrededor de 700 procedimientos. Otros, más tranquilos, como Benalmádena, suman un centenar de causas.
Ayer por la mañana varios funcionarios de Marbella prestaron testimonio en los juzgados de Marbella por dos procedimientos derivados de los alcances contables del Tribunal de Cuentas. En el juzgado de instrucción número 4 se dirimía la aceptación por parte del Consistorio de 3,6 millones en facturas de la empresa Fergocom, propiedad de la familia del abogado José María del Nido, ex asesor jurídico del Consistorio marbellí. En el juzgado número 1, se investigaba la enajenación de tres parcelas municipales en favor de la empresa Benamaina, cuyo administrador, Javier Arteche, se considera socio de Juan Antonio Roca, principal imputado en el caso Malaya. Tanto Roca como Julián Muñoz, alcalde accidental de Marbella cuando se produjo la adjudicación, están imputados en el procedimiento.
"El Ayuntamiento lo que quiere es recuperar su dinero", mantiene Romero. "En el caso de Fergocom se aceptaron facturas sobre las que no ha sido posible obtener ninguna información y con las parcelas de Benamaina el perjuicio del Ayuntamiento es de casi un millón de euros", añade.
La constante atención a estas causas, en las que se trata de enmendar los descuidos de anteriores corporaciones y recuperar fondos, mantiene ocupados a los nueve integrantes de su gabinete jurídico. Ellos siguen cada uno de los casos, vigilan que no se pasen los plazos y tratan de forma diaria con los dos despachos de abogados que trabajan de forma externa para el Consistorio.
La magnitud de las causas es casi inabarcable. Entre las más recientes está la apertura de 200 expedientes de recuperación de oficio de propiedades municipales no registradas o en manos de particulares sin contrato de cesión alguno. La mayoría son naves industriales, aunque también hay parcelas, viviendas o edificios no registrados. El usuario de una de ellas ha reaccionado interponiendo una querella contra la alcaldesa Ángeles Muñoz y Romero por tratar de desalojarle de una finca que le adjudicó Jesús Gil de forma irregular en 1994.
"El devenir de los procedimientos genera otros nuevos. Conforme se vaya sabiendo la verdad, tendremos más procedimientos por delante", vaticina Romero. "Todos los municipios tienen un aumento de litigiosidad porque siempre hay personas insatisfechas, pero en Marbella posiblemente esa dificultad sea un poco más elevada".
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 05/12/2007
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
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5.12.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El concejal de Urbanismo de Lugo da un «pelotazo» con el Plan General
ABC* : «Un buen político debe tener capacidad de hacer, en algunos casos tener paciencia para no hacer y en otros la habilidad de deshacer». Así hablaba en la última campaña electoral de las municipales el actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lugo y número 3 del PSOE en la ciudad. Francisco Fernández Liñares ha tenido la capacidad de esperar cuatro años para que una finca que compró por 30.000 euros y otra adyacente fueran recalificadas por el Plan General de Ordenación -actualmente en tramitación- hasta catalogarlas como urbanas consolidadas, permitiendo un incremento en su valor cercano al millón de euros.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento lucense -gobernado por el barón socialista José López Orozco- adquirió a los herederos de José López López en septiembre de 2003 una finca rústica de 749 metros cuadrados por 30.000 euros junto a la carretera antigua de Santiago, en la zona conocida como Agro do Ponte. Junto a ésta, Fernández Liñares poseía previamente otra, de dimensiones similares.
Por aquel entonces, Fernández Liñares ya formaba parte de la Corporación municipal como concejal de Economía, y el Plan General de Ordenación se encontraba en plena redacción, de la que fue parte activa. Su aprobación inicial se realizaba en diciembre de 2005 por el Ayuntamiento, y un mes más tarde por la Xunta -ambas gobernadas por el PSOE-, y ya entonces las dos fincas de Liñares pasaban de suelo rústico no urbanizable a urbano consolidado.
Recalificación criticada
Dicha aprobación se hizo, no obstante, contrariamente al informe elaborado por la propia Xunta con fecha de 16 de abril de ese mismo año, donde se indica que los terrenos «situados al sur y suroeste del colegio de A Ponte» -los de las fincas de Liñares- «no se encuentra suficientemente justificada su clasificación como suelo urbano».
Este cambio en la catalogación del suelo de las fincas -en un barrio que se revalorizará en el futuro con la construcción de un nuevo puente sobre el río Miño ya proyectado por el Ministerio de Fomento- permitía al entonces responsable de Economía la construcción de viviendas unifamiliares pareadas.
Además, el Plan General contemplaba la ampliación de la calle en la que se ubican las fincas de Liñares, pero no en el conjunto del vial, sino apenas los metros que afectan a los terrenos del concejal.
Tras las pasadas elecciones municipales, Fernández Liñares pasó a ser concejal de Urbanismo, y ha propuesto una nueva modificación que afecta a sus parcelas para que se permita la construcción de edificación cerrada y no sólo casas unifamiliares como se preveía inicialmente, de modo que podrían construirse bloques de pisos de hasta tres plantas, alcanzando las 40 viviendas, según estimaciones realizadas para ABC por expertos en urbanismo. El precio del terreno podría superar en la actualidad el millón de euros.
Ocultación
Según los representantes de la oposición municipal -PP y BNG- participantes en la comisión de seguimiento del Plan General, Francisco Fernández Liñares no les comunicó en ningún momento la existencia de intereses personales en la recalificación urbanística de esta zona. El propio Fernández Liñares ha reconocido la propiedad de las fincas y se ha limitado a asegurar que no busca lucrarse. «No tengo nada que ocultar», propugna.
* ABC - JOSE LUIS JIMÉNEZ - 3 de diciembre de 2007
Foto: Lugo, plan general - abc.es
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5.12.07
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