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EUROPAPRESS/Madrid* : El Gobierno agota la legislatura sin haber podido desarrollar el reglamento necesario para poder aplicar un recargo del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas vacías, como prevé la Ley Reguladora de Haciendas Locales, al no haber podido concretar hasta la fecha una definición de vivienda desocupada permanentemente.
Según lo establecido en la Ley, promulgada por el PP en 2002, "tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto".
Ante este problema técnico, no ha sido posible aprobar desde entonces norma alguna, ni de rango reglamentario ni, como se planteó en segunda instancia, de modificación del precepto legal para incorporar los requisitos necesarios para la aplicación del recargo.
El Ejecutivo asegura que la Dirección General del Catastro ha trabajado en el estudio de fórmulas basadas en consumos medios de agua y, especialmente de electricidad, que permitiesen, sin acudir a la inspección directa, establecer unas "presunciones" a partir de las cuales pudiera determinarse la desocupación del inmueble.
Sin embargo, estas modalidades no han acabado de ofrecer las "garantías necesarias". En primer lugar, porque las estadísticas de consumos energéticos se llevan a cabo a partir de cuestionarios rellenados por las empresas suministradoras y que, por ello, no suponen estadísticas con un nivel de desagregación suficiente.
En segundo lugar, y a efectos de establecimiento de un umbral mínimo de consumos, el Gobierno se encontró con que éstos no son homogéneos en todo el territorio nacional, debido a variables como el número de habitantes por abonado, la climatología, etc.
Por todo ello, el Ejecutivo considera que la traslación de estos datos a una presunción de desocupación de la vivienda "no es clara", por lo que habría que acudir a otras fuentes de información, o limitarse a un censo construido a partir de las declaraciones de los propietarios, que, por un lado contaría con escasa posibilidad de comprobación posterior, y tendría, además, un rigor técnico, al menos, "cuestionable".
Otros intentos
Con todo, hasta llegar a considerar los consumos medios de agua o electricidad, el Gobierno ha barajado otras alternativas para definir el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente.
Así, se tanteó el criterio utilizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la elaboración del padrón de viviendas, cuya última actualización, correspondiente a 2001, estimó que este parque de viviendas rondaba los tres millones de inmuebles.
Según el glosario de esta encuesta, el concepto de vivienda vacía se refería al inmueble familiar que no es residencia habitual de ninguna persona ni es utilizado de forma estacional, periódica o esporádica por nadie.
Sin embargo, el Gobierno considera que esta definición no puede ser utilizada con fines tributarios, puesto que no fija un plazo temporal ni otras condiciones específicas para la desocupación.
Por otro lado, la mera oferta en alquiler o venta de vivienda tampoco sería técnicamente un buen criterio delimitativo a efectos tributarios, ya que esta oferta, "para ser efectiva, y por lo tanto entrar en el supuesto de desocupación que se pretende gravar con el recargo, debería serlo a precios y condiciones habituales de mercado que habría que delimitar previamente", matiza el Gobierno.
Por último, el Ejecutivo señala que habría que 'sacar del saco' a los apartamentos turísticos vacacionales, a las viviendas arrendadas por empresas en virtud de relación laboral, las dedicadas a multipropiedad o los inmuebles militares desocupados.
Las Comunidades Autónomas van por delante
Sin embargo, ante los problemas observados por el Gobierno, algunas comunidades autónomas han mostrado menos escrúpulos a la hora de descongestionar sus respectivos parques de viviendas vacías.
Es el caso del País Vasco, cuyo proyecto de Ley de Vivienda, aún en tramitación, incluye un gravamen de 9 euros diarios, durante el primer año de desocupación, y de 12 en el segundo, en el caso de las viviendas declaradas desocupadas por procedimiento administrativo, entendiendo por ello aquellas a las que no se ha dado uso a lo largo de un año, al margen de los supuestos de segunda vivienda u otras causas justificadas como enfermedad o motivos de trabajo.
Por su parte, el proyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, actualmente en trámite en el Parlament, prevé la expropiación temporal de pisos cuando sus propietarios lo mantengan desocupado de forma permanente y hayan rechazado todas las posibilidades para ayudarles a sacarlo al mercado de alquiler. En este caso, se entiende por vivienda vacía aquella que ha estado desocupada de forma permanente, sin causa justificada, por un periodo de dos años.
Ayuntamientos a la espera
Por otro lado, hasta 189 municipios han acordado en sus respectivos plenos aplicar el recargo en el IBI a la espera del desarrollo reglamentario preceptivo, según datos del Catastro correspondientes al año 2007. De ellos, un total de 70 (el 37% del total) se encuentran en Islas Baleares.
Además, otros 29 municipios pertenecen a Castilla-La Mancha, comunidad autónoma a la que sigue Castilla y León, con 22 municipios. Completan la lista Extremadura (16), Galicia (12), Andalucía (9), Cataluña (9), Aragón (8), Valencia (8), Canarias (4), y Cantabria y Melilla, ambas con un municipio cada una.
* El Mundo - Su Vivienda - 26/11/2007
Foto: El Gobierno no ha encontrado un criterio tributario de lo que se entenderá como vivienda vacía /Jaime Villanueva (El Mundo)
El Gobierno no regulará el recargo sobre el IBI en las viviendas vacías al no poder tipificarlas
Se llevan seis cajas de documentos de la asesoría de la ex mujer del ex alcalde de Totana
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LAVERDAD/Murcia* : El capítulo urbanístico en la localidad de Totana no ha terminado. El asunto de la presunta implicación del entorno del ex-alcalde Juan Morales en la operación de corrupción urbanística llevada también a cabo en Pontevedra y Madrid tendrá su continuidad en las próximas horas. Los dos detenidos en la localidad pontevedresa de Nigrán esperaban ayer en dependencias policiales a la espera de ser trasladados a Murcia, para lo que existe un plazo de 72 horas. La trama urbanística supuestamente, tiene su origen en el proyecto de construcción de miles de viviendas de estos dos empresarios en la localidad Murciana de Totana.
La juez María Asunción Navarro investiga si ambos pagaron comisiones ilegales durante la pasada legislatura para favorecer la recalificación de unos terrenos de 2,2 millones de metros cuadrados en los que había parcelas destinadas a plantaciones de legumbres y explotaciones ganaderas, y en las que el grupo empresarial planificaba construir 5.040 viviendas. Un proyecto que supondría el mayor residencial de la localidad totanera.
En esta trama, el papel de intermediario lo habría jugado, supuestamente, el gerente de la empresa de huevos Maryper al que, según fuentes próximas al entorno del ex-alcalde Juan Morales, «les une una gran amistad».
La juez encargada del caso se sumó ayer al registro en la asesoría de la ex mujer del diputado regional Juan Morales. Navarro, titular del juzgado de Primera Instancia de Totana se personó en el local que desde primera hora de la mañana estuvo custodiado por agentes de la Guardia Civil. Según fuentes de la investigación, la propia Mari Carmen Jordán, estuvo presente durante el registro, que se saldó con seis cajas de documentos, un ordenador y una mochila incautadas.
La juez ha declarado el secreto de sumario respecto a las investigaciones que se han realizado ya y que continuarán en las próximas horas. Los vecinos de los alrededores de la asesoría recordaban ayer a los medios de comunicación que el gabinete de asistencia jurídica permaneció cerrado durante el período en el que Juan Morales fue alcalde de la localidad.
* La Verdad - 27.11.07 - G. H./T. M.
Foto: Totana (Murcia), registro asesoría - S.M.Lario (laverdad.es)
Valencia: Tabacalera, un 'pelotazo' con prisas
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ELPAÍS* : Ya no hay marcha atrás. Las máquinas tiraron ayer dos laterales del conjunto arquitectónico que fue la sede de Tabacalera en Valencia, una manzana con un edificio nuclear levantado en 1909. Las protestas de la plataforma Salvem Tabacalera, que llegó incluso a presentar una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el pasado mes de marzo; las críticas de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia, y el informe de la Real Academia de San Carlos de Valencia rechazando la embestida al conjunto arquitectónico no han servido para hacer que el equipo consistorial que encabeza Rita Barberá, del PP, se plantee siquiera posponer la intervención hasta obtener más información sobre la conveniencia de la misma e incluso sobre su legalidad.
El Ayuntamiento de Valencia ha tenido mucha prisa en materializar una operación que podría proporcionarle unas plusvalías superiores a los 170 millones a la empresa Guadalmedina del promotor Enrique Ballester. Un pelotazo que empezó a fraguarse en junio de 2002 cuando el empresario adquirió el 49% de la Tabacalera a Altadis por 8 millones. Cuatro años más tarde, tras la previsible recalificación urbanística que permitía el derribo de las naves laterales del conjunto arquitectónico y la edificabilidad de los solares que se generaban, el empresario compró el 51% restante por 52 millones. A los 60 que le costó la compra del conjunto arquitectónico, Guadalmedina tuvo que añadir otros 13. Total 73.
¿Cómo se consigue una plusvalía de 170 millones?
Con las prevenciones del caso y teniendo en cuenta la situación del mercado inmobiliario, las referencias para hacer los cálculos hay que tomarlas del sitio más próximo. Ballester dispone en la calle de Micer Mascó de 32.000 metros cuadrados de techo. Justo en la misma zona, en el actual estadio de Mestalla, Juan Bautista Soler ha pagado el metro cuadrado a 4.500 euros. Basta una sencilla multiplicación para concluir que el precio de mercado de los solares que ayer empezaron a derribarse asciende a 144 millones.
Eso por un lado. De otro, Ballester recibió del Ayuntamiento de Valencia un edificio municipal en la plaza de América a cambio del conjunto de Tabacalera que no se derriba. La superficie edificable de dicho inmueble es de 11.500 metros cuadrados. Justo en la misma zona el antiguo edificio de los juzgados de instrucción se subastó por 7.200 euros el metro cuadrado. El resultado: 82.800.000. Van 226.8 millones. En los solares de Tabacalera se construirán un mínimo de 300 plazas de garaje, cuyo precio de mercado en esas zonas no baja de los 42.000 euros. Multiplicados: 12.600.000 euros. Y en Plaza de América, 110 plazas a 48.000. El resultado 5.200.000 euros.
La suma de todas estas cantidades es de 244.600.000 euros, que la empresa inmobiliaria Guadalmedina podría ingresar al precio de mercado reciente sin poner un ladrillo. Restados los 73 que desembolsó, la plusvalía supera los 170 millones de euros.
Ayer, Carmen Alborch, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, lamentó la especulación auspiciada por el Consistorio de Barberá y señaló que ninguna otra ciudad de España con un conjunto arquitectónico similar ha actuado como lo ha hecho el PP en Valencia. Según Alborch, "es un expolio del patrimonio de todos".
La plataforma Salvem Tabacalera criticó que el Ayuntamiento haya tomado la decisión de consentir el derribo cuando aún faltan informes técnicos sobre la idoneidad del proyecto y valor del conjunto, y cuando los que existen lo desautorizan.
Victoria Marín, de la plataforma Salvem Tabacalera, afirmó ayer que "las plusvalías privadas se abren paso gracias al Ayuntamiento entre las ruinas".
CRONOLOGÍA DE UN 'PELOTAZO'
- 1989. El conjunto industrial de Tabacalera está protegido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y es de uso industrial.
- Febrero de 2001. El pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad continuar intentando comprar el edificio, entonces propiedad de Altadis, y ofrecerle a la compañía una permuta. El objetivo pareció ser darle un uso administrativo, institucional. Nunca se contempló el uso residencial.
- Junio de 2002. Ballester compra a Altadis el 49% del edificio de Tabacalera por ocho millones de euros y cinco meses después pide al Ayuntamiento una permuta para poder edificar.
- 2005. Mientras las conversaciones entre promotor y Ayuntamiento siguen, y se suceden informes sobre la protección del conjunto y la conveniencia de mantenerla, el Ayuntamiento de San Sebastián y el Gobierno Vasco compran por ocho millones de euros las instalaciones de Altadis en la capital donostiarra. Sus dimensiones y características se asemejan a las del complejo de Valencia, edificado en 1909. En San Sebastián, el conjunto se convierte en museo.
- Abril de 2005. La alcaldesa y Ballester firman un convenio para recalificar Tabacalera: se derribarán las dos naves laterales y traseras; el promotor podrá edificar en parte de ese espacio 300 viviendas de renta libre y otras 110 en el edificio de la permuta situado en la Plaza de América. A cambio, el Ayuntamiento se queda con el edificio central de Tabacalera, que no se derriba.
- Junio de 2006. Ballester compra a Altadis por 52 millones de euros el 51% restante del conjunto. La Generalitat aprueba la recalificación. Ballester paga al Ayuntamiento 13 millones por convertir la parcela en residencial y consigue por 73 millones de euros más de 43.000 metros cuadrados repartidos en dos de las mejores zonas de la ciudad. Solo los solares, valen un mínimo de 244 millones de euros.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 27/11/2007
Foto: Derribo de las naves laterales de Tabacalera en Valencia- JESÚS CÍSCAR (El País)
NOTICIA RELACIONADA: Tabacalera, un 'pelotazo' con prisas - El País 27/11/2007
Huelva: Un juzgado investiga un supuesto caso de prevaricación urbanística
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HUELVAINFORMACIÓN* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte investiga un supuesto caso de prevaricación urbanística en Sanlúcar del Guadiana por la construcción de tres edificaciones a los pies del río, que podría ir en contra de la normativa urbanística. En el auto de apertura de diligencias, al que ha tenido acceso este periódico, se señala que, según el contenido de la denuncia que una familia del municipio puso en manos de la Fiscalía, hace presumir la existencia de una infracción penal, por lo que ya ha comenzado a recabar informes para confirmar si existe delito y determinar, con nombres y apellidos, las personas que han podido intervenir en el mismo.
La representación legal de los propietarios considera que se ha producido una infracción de las normas urbanísticas y del procedimiento de protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico pertubado, hechos que "pudieran ser constitutivos de una infracción penal". Concretamente, la denuncia apunta a un delito consumado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística y señala como presuntos responsables al actual alcalde, José Manuel Ponce, al teniente de alcalde de Urbanismo y ex regidor, Cándido Saldaña, que fue el que en su día otorgó la licencia, así como a un funcionario.
Los propietarios de la vivienda han recurrido a los tribunales después de varios intentos fallidos de que el Ayuntamiento de Sanlúcar revisara el expediente de las nuevas construcciones y tomara medidas ya que -consideraba- afectaban a su casa, con más de un siglo de antigüedad.
El primero de estos intentos fue hace meses, cuando mantuvieron una conversación con el ex alcalde y el arquitecto municipal, en la que el responsable municipal le garantizó que las edificaciones que se estaban levantando no afectarían en nada a su casa ya que en modo alguno rebasarían las dos plantas de altura.
Sin embargo, las obras continuaron y ya el pasado agosto la familia regresó de nuevo al Consistorio, obteniendo únicamente (según consta en la denuncia) "evasivas y explicaciones poco técnicas". Y hubo un tercer intento, que ya se hizo por escrito para que quedara constancia.
La familia propietaria de la casa presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando la paralización de las obras y, poco después, el actual alcalde, José Manuel Ponce, volvía a darle evasivas, emplazando a la familia y a su representación legal a una reunión "para llegar a un acuerdo".
El encuentro entre las partes llegó a producirse. Sin embargo, en la denuncia se subraya que cuando la familia afectada llegó a la reunión, los responsables municipales se encontraban ya reunidos con los representantes de la promotora que estaba construyendo las nuevas edificaciones y que tanto el Ayuntamiento como la promotora esgrimieron los mismos argumentos para avalar la legalidad de la construcción.
Ponce y Saldaña volvieron a poner sobre la mesa, indica el texto, que lo mejor era llegar a un acuerdo con la empresa ya que, en caso contrario, la construcción seguirá y será cuando tenga que dar el final de obras cuando se decida si la edificación tiene irregularidades o no", propuesta a la que la familia se negó.
Los propietarios consideran que se infringe la normativa vigentes en materia urbanística y la Fiscalía remitió el caso al juzgado, que ya está investigando.
* Huelva Información - M. Rosa Font - 26/11/2007
Foto: Sanlucar de Guadiana (Huelva) - sanlucardeguadiana.es
«Cuidar el entorno no significa no tocar, sino aplicar los instrumentos adecuados»
ABC/Galicia/Entrevista* : Es una de las voces gallegas más reputadas en cuestiones medioambientales. El profesor Francisco Peña (Ponteareas, 1955) se ha consagrado, con una ingente labor desarrollada tanto en la vertiente investigadora, docente como divulgativa, con 48 publicaciones en su vitrina particular, como la «avanzadilla» de los ambientalistas de esta Comunidad que luchan cada día por ver a su tierra más sana, más cuidada. Con la mirada puesta en el presente, y la reflexión posada en el futuro, el hoy profesor de Medio Ambiente y Salud de Cepade-Universidad Politécnica de Madrid, ha pilotado durante ocho años una iniciativa de carácter itinerante pionera en España, el llamado Programa Gallego Municipios Saludables y Sostenibles.
Con él, no sólo ha arribado a 32 capitales de comarca en Galicia, con la colaboración de 186 concellos, sino que ha obtenido un bagaje inefable de conocimiento «sobre el terreno» de los lastres ambientales que algunos arrastran, y los beneficios de una lenta, pero incesante sensibilización ciudadana.
«Porque nos jugamos mucho, el futuro del Planeta y el legado a las generaciones venideras», gusta decir a Peña, y porque nuestra salud está directamente vinculada con la salud de los pulmones del mundo. Esa iniciativa atraca esta semana, por fin, en la capital compostelana y lo hace con una cita, con rango de Congreso Gallego de Medio Ambiente, en la que bajo el mando de experiencia dilatada de Peña, participarán 33 expertos de las universidades gallegas, unos 120 congresistas y el patrocinio y colaboración de la Obra Social Caixa Galicia, las Consellerías de Medio Ambiente y Sanidad, entre otras muchas entidades.
-Después del periplo que se inició en Padrón en 2000 hasta hoy, ¿qué conclusiones ha podido extraer?
-La primera es que los concellos en general en Galicia tienen cada vez más competencias en materia ambiental, pero en cambio los recursos que tienen son muy limitados para enfrentar ese cúmulo de competencias. Te encuentras con que hay unas concellerías figurativas de Medio Ambiente, mientras que la mayoría de los concellos no tienen, por ejemplo, técnicos de medio ambiente, ni medios, así que difícilmente pueden llevar a cabo una gestión eficaz. Existe una descompensación. Por otro lado, creo que falta mucho terreno por recorrer en materia de prevención: yo abogo más por políticas preventivas que por actuar de «bomberos», solucionando los problemas después de tenerlos. Creo en una planificación, en una adecuada política de prevención, a través de programas de actuación y de formación, de la que aún no se dispone.
-¿Cuál es la mayor problemática ambiental que padece esta tierra?
-Es difícil hablar de un aislado enemigo ambiental. En lo urbanístico, hay que pasar del feísmo al urbanismo sostenible. En estos últimos años, se han generado construcciones en zonas del panorama gallego, en particular en la costa y en cascos monumentales, que no guardan armonía con el entorno, con el patrimonio, y menos con el litoral. Parece razonable poner freno a este tema, y en eso se está en estos momentos a través de la nueva normativa gallega. También es urgente tomar más conciencia de que en parajes y lugares de importancia comunitaria no podemos realizar determinadas actividades, no se pueden instalar parques eólicos y otras construcciones beneficiosas en el aspecto energético, en este caso, a cualquier precio. Sobre la calidad de las aguas, se han hecho importantes esfuerzos en el abastecimiento y saneamiento. El organismo «Aguas de Galicia» ha puesto un poco de sentido común en este aspecto, aunque vamos con retraso respecto a la normativa comunitaria, pues hay muchos municipios que no disponen todavía de una depuradora, y esto no ayuda: los medios son escasos y no da para todo, pero hay que impulsar la mejora en el abastecimiento y el saneamiento. En el primero, hay un Real Decreto reciente que exige que la gestión de los concellos en el abastecimiento sea más estricta, que mejoremos las propias estaciones de tratamiento de aguas potables, que mejoremos y ampliemos las depuradoras, con lo que medrará todo el proceso de depuración; pero también es verdad que ayudamos a esta situación si logramos disminuir el nivel de contaminación que llega a los ríos. En este plano de la potabilización, está en juego la salud de los ciudadanos, así que tendremos que hilar fino. De mada vale que nos pongamos con temas faraónicos, como la Ciudad de la Cultura u otros, si en las pequeñas cosas no generamos lo necesario que ayude a la salud y bienestar de la población, y a buscar la solidaridad -como recoge la Constitución- de que todos tenemos derecho a un ambiente sano.
-¿Suscribe la idea de que la costa gallega se está marbellizando, a tenor de la densidad de construcciones o es exagerada?
-Creo que no se llega a ese límite, aunque en algunas zonas emblemáticas de Galicia, como el Salnés en Sanxenxo, se hace evidente cómo hay urbanizaciones poco sostenibles.
-¿No opina que el mayor lastre medioambiental es la falta de concienciación ciudadana?
-Cuando comencé a dar clases haci casi 30 años en la Universidad de Santiago, parecía un bicho raro. Se han dado pasos adelante, hoy es una realidad que la asociación entre unos estilos de vida inadecuados y los factores de riesgo ambiental son concausa de enfermedades. Las causas de las enfermedades de la civilización actual se deben a una multicasualidad de factores, donde están los ambientales, pero también estilos de vida inadecuados que está en nuestra capacidad reorientar (como el alcohol, el sedentarismo...). Nuestra salud se va a ver a fectada en función de la calidad ambiental que tenga el nicho ecológico en el que vivimos. ¿Qué podemos hacer? Está en nuestras manos, porque la Administración tiene una responsabilidad para ayudar al bienestar y calidad de vida, pero los ciudadanos somos corresponsables.
-También las empresas...
-Se habla mucho de que las empresas han incorporado el medio ambiente como un elemento más en su política global. De hecho, España es uno de los primeros países, con China y Japón, cuyas empresas tienen implantados mayor número de sistemas de gestión ambiental. Se van dando cuenta de que el medio ambiente no es una rémora, sino un valor añadido a sus productos. Avanzamos, pero aún queda. La educación ambiental sigue siendo una asignatura pendiente.
-¿Usted sustituiría la Educación para la Ciudadanía por la Educación Ambiental?
-Son complementarias, todo lo que sea ética y comportamiento ciudadano debe integrar comportamientos hacia la salud y el medio ambiente. Hay que comenzarla desde la cuna, porque sobre las personas mayores es más difícil. Son tres eslabones en la misma cadena: información, conciencia y compromiso, y acción.
-De 1 a 10, ¿qué puntuación pondría a la salud ambiental de los municipios gallegos?
-Gracias al poderío que tiene la naturaleza viva de nuestra tierra, aceptable. Yo digo siempre que carga con más de lo que puede. Todo tiene una capacidad límite, es cierto, no podemos cargar con demasiados residuos o contaminación a la atmósfera, porque al final, creamos un gran desajuste ambiental enorme, que afectaría a la salud. En una sociedad de progreso hay que buscar el equilibrio y la sostenibilidad entre la posibilidad de que se produzca ese progreso y la protección del entorno. Y cuidar no significa «no tocar», el medio ambiente hay que moverlo, pero tenemos instrumentos para que los problemas de contaminación que nunca van a ser 0, sean mínimos. Además, Galicia cuenta con una capacidad asombrosa de regeneración, como ha probado el «Prestige».
-¿Qué confía en sacar del Congreso?
-Va a ser un foro plural, un Congreso de los Diputados muy heterogéneo de lo que hoy es Galicia, útil para que se aborden todos los problemas ambientales que presenta. Es un foro de encuentro e interacción importante para que de alguna manera contribuya a asentar las bases sostenibles del futuro de Galicia.
* ABC - Santiago - ÉRIKA MONTAÑÉS - 26 de noviembre de 2007
El ladrillo anega las acequias
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ELPAÍS/Valencia* : "La acequia no se limpia como corresponde, y siempre que llueve mi campo se inunda", dice Miguel Martí, agricultor en la huerta de Alboraia. "Mira lo que ha sucedido en Valencia, algo así debería hacer reflexionar", indica su hermano, Vicent Martí, quien recibió en 2006 de la ministra Cristina Narbona el premio al mejor agricultor ecológico de España. Con lo dicho refiere el gran socavón producido en el paseo de la Petxina -la grieta tragó a dos vehículos- relacionado con la acequia Rovella que atraviesa el subsuelo.
En 2004, un desbordamiento de la misma Rovella ya produjo el anegamiento de la calle de Quart. Entonces, un responsable de su comunidad de regantes dijo: "La ciudad había crecido sobre ella", que la canalización se usaba "desde tiempo inmemorial" y que igual se había producido en la acequia una obstrucción, ya que eventualmente se había encontrado en ella muebles y hasta un colchón.
No parece pues que una limpieza sistemática se utilice como antídoto a los excesos del urbanismo. Miguel Martí se queja de eso. "Al final de Saplaya, una urbanización costera de esta zona", explica, "se están haciendo obras de urbanización de carretera que cubren un tramo final de la acequia Morra", ramal de la acequia Rascanya. Para explicar mejor el problema, muestra un escrito del ingeniero de Caminos José Luis Miralles que el propio Miguel ha hecho llegar sin gran éxito a diferentes instituciones. El texto apunta que, en ausencia de una limpieza real de fango y de sedimentos, ese tramo de acequia "pierde su capacidad de desagüe". Y que, en caso de temporal, la fuerza del mar actúa aún más en contra de ello, sobre todo si una obstrucción de la acequia -como la de residuos acumulados- frena la velocidad de salida del agua.
Cuando las obras urbanizadoras cubran la acequia, continúa el texto, "no será posible proceder a las acciones de limpieza". Ello podrá desembocar "en inundación de las tierras aguas arriba", algo que se agravaría "si la obstrucción se produce en el momento de las lluvias torrenciales". José Moratal, concejal del PSOE en Alboraia afirma que "el ingeniero de turno ha dicho que todo se solucionará con un colmatador", una hondonada para contener la sedimentación del agua. "Pero los labradores ya han indicado que eso será insuficiente según lo que ellos conocen de la acequia".
"La tradición indica que la limpieza de la acequia la hagan los propietarios de campos que linden con ella", indica José Casares, electo de la comunidad de regantes de Rascanya, la institución que debe supervisar la acequia. Sin embargo, cuando, desde esas comunidades de regantes se produce la venta de tramos de acequia para construcción, todo cambia. "Ahora mismo, estamos a la búsqueda de un acuerdo con el Ayuntamiento para ver quien limpia". "Hasta ahora lo he hecho yo, en representación de los regantes", asegura.
Muchas son las acequias que han sido paulatinamente urbanizadas. El dinero ganado con la venta de tramos no se reparte entre propietarios de campos, se supone que la comunidad de regantes lo reinvierte. "La transacción la gestiona y la cobra la comunidad de regantes por derecho consuetudinario", indica Vicent Sales, agricultor, geógrafo, ingeniero técnico agrícola, y reconocido especialista en acequias valencianas. "Se considera que la organización representa a los campos regados, no a los dueños de esos campos". "Hay un limbo en el tema de regulación de limpieza de acequias cuando se venden, y ha habido además un descomunal crecimiento urbanístico", añade. "Los que compran desvían un nuevo paso de agua que no tiene en cuenta los intereses agrícolas, sino los de la construcción, y se suelen generar muchas situaciones de riesgo de inundación, que aumentan con la tendencia a tapar acequias y sus cajeros". "Si se generan conflictos", explica Sales, "el Tribunal de las Aguas sólo interviene en litigios menores entre usuarios, los grandes problemas se llevan a los juzgados".
Precisamente, apunta Carmina del Río, edil socialista del Ayuntamiento de Valencia, "ha sido la voluntad de evitar conflictos judiciales con las comunidades de regantes de las acequias de la ciudad lo que ha hecho que el consistorio establezca un acuerdo muy caro". "Implica un pago de más 600.000 euros anuales durante 25 años por la utilización de la red de acequias como corredero de aguas pluviales". "El Ayuntamiento asume conservación, reparaciones y limpieza, y ni siquiera conocemos el estado de esas instalaciones". "Tampoco hay seguridad de a quién pertenecen en su totalidad", finaliza, "ya que hay tramos vendidos a perpetuidad".
* ELPAIS.com - JOAN M. OLEAQUE - Valencia - 26/11/2007
Foto: Alboraia (Valencia), huerta - flickr.com
Ocho detenidos en Murcia, Galicia y Madrid por presunta corrupción urbanística
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20MINUTOS* : Entre ellos, la ex mujer y la compañera del ex alcalde de Totana (Murcia). Agentes de la Guardia Civil han detenido hoy a al menos ocho personas por su presunta relación con un delito urbanístico cometido en la localidad murciana de Totana. La operación está relacionada con la recalificación de más de dos millones de hectáreas de suelo rústico en urbanizable para que una empresa gallega construyese miles de viviendas.
Entre los detenidos se encuentran el director de la empresa gallega y uno de sus ayudantes, habiéndose producido ambos arrestos en Nigrán (Pontevedra). Asimismo, ha sido detenido en Totana el dueño de una empresa de productos agrícolas con sede en esa localidad, acusado de actuar de intermediador entre la empresa y las personas que podrían haber recibido sobornos para recalificar el terreno.
Además, según informa la Cadena Ser entre los detenidos se encuentran la ex mujer y la actual compañera sentimental del hasta hace unos meses alcalde de Totana, Juan Morales, del Partido Popular. Morales es actualmente diputado regional.
La nómina de detenidos se completa con otros dos arrestos en Murcia capital y otro en Madrid. Las investigaciones corren a cargo del Grupo de Delitos Urbanísticos creado este mismo año en el seno de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Ya lo denunció IU
El grupo de IU en Totana dio la voz de alarma en septiembre calificando de "disparate la macrourbanización anunciada por el grupo gallego Nuaria con la que pretendían construir 5.000 viviendas".
"Los propietarios de terrenos en la zona están siendo presionados y amenazados para que vendan unas propiedades que les pertenecen desde hace generaciones", explicó el concejal de IU en Totana, Juan José Cánovas.
"Este proyecto duplicaría la población de Totana, con la urbanización de más de 2 millones de m2 y la construcción de un campo de golf".
"Son varios los vecinos propietarios de la zona que se han dirigido a IU para manifestar las presiones que vienen sufriendo para que vendan sus propiedades, bajo amenazas de expropiación".
El Ayuntamiento pide que se aclaren los hechos
El Ayuntamiento de Totana, gobernado por el Partido Popular, asegura que está prestando toda su colaboración a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para facilitar el esclarecimiento de los hechos.
"El Ayuntamiento de Totana desea apelar a la responsabilidad de todos los agentes sociales y políticos en sus declaraciones y actuaciones públicas para no manchar el nombre de Totana y evitar entorpecer la investigación en curso. Por otra parte, los hechos no han modificado la agenda de los miembros del equipo de Gobierno y ninguno va a realizar valoraciones públicas para no interferir en la investigación".
Además, solicita que se agilicen al máximo las investigaciones para evitar cualquier sospecha infundada.
* 20 Minutos - AGENCIAS. 26.11.2007
Foto: Paraje donde se pensaba construir, según IU./ 20minutos.es
La Fiscalía investiga la construcción de viviendas y los aterramientos en la Marjal de Nules-Burriana
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EUROPAPRESS/Castellón* : Estas investigaciones llegan después de que Gecen presentase una denuncia ante la Fiscalía en enero de 2007 por la comisión de un delito sobre la ordenación del territorio, un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y un delito de prevaricación especial por la construcción "no autorizada" de 62 viviendas en el espacio natural protegido de la Marjal de Nules-Burriana, por aterramientos en un espacio natural protegido que destruyen "gravemente" el equilibrio del ecosistema de la zona húmeda protegida y por permitir "deliberadamente" la construcción en un espacio protegido sin ejercer conscientemente las potestades administrativas de control, vigilancia y restablecimiento de la legalidad infringida.
Fruto de la primera fase de la investigación, la Fiscalía ha elevado el número de edificaciones ilegales de 62 a 93 e iniciado las diligencias de investigación penal sobre quienes son responsables de las mismas y de los aterramientos en el humedal. Así pues, los propietarios y los posibles promotores constructores o técnicos directores "deben responder ante la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos tipificados en el los artículos 319 y 325 del Código Penal".
Según el grupo ecologista Gecen, la Fiscalía descarta, de momento, la comisión de delito de prevaricación especial por parte del alcalde anterior de Nules, Salvador Górriz, quien, a juicio de la asociación, "permitió deliberadamente la construcción en un espacio protegido sin ejercer conscientemente las potestades administrativas de control, vigilancia y restablecimiento de la legalidad infringida".
La Conselleria de Medio Ambiente, según el grupo ecologista, "también es responsable de los hechos sucedidos. 93 viviendas, aterramientos, degradación hidroecológica, del humedal no pueden pasar desapercibidos para un Ayuntamiento con Policía Local o una Conselleria con agentes medioambientales y, sin embargo, los expedientes y denuncias por parte del Ayuntamiento y de la Conselleria al respecto son mínimas".
La asociación ecologista lamentó la "nula" gestión en el humedal por parte de la Conselleria y el "abandono" municipal, salvo el pequeño fragmento que ocupa el Paraje Natural Municipal del "Estany de Nules". La zona húmeda, de reconocido valor a nivel europeo, ha sido clasificada como Lugar de Interés Comunitario (LIC ES5222005) por Acuerdo del Gobierno Valenciano de 10.07.2001, "lo cual, al igual que su pertenencia al catálogo de zonas húmedas, no ha impedido su continua degradación", indicó.
"Toda la publicidad de la Conselleria cada vez que se protege administrativamente el humedal sólo son una cortina de humo verde tras la cual se esconde la triste realidad: la degradación del humedal", apuntó Gecen, quien exigió "algo más que la gestión de la publicidad para el marjal de Nules-Borriana".
* Levante-EMV - E.P. - 26 de noviembre de 2007
Foto: Nules-Burriana (Castellón), obras marjal - accioecologista-agro.org
Juzgan a Julián Muñoz, Roca y Román por una licencia ilegal para la construcción de 66 viviendas en Marbella
ESTRELLADIGITAL/EP* : El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar desde hoy lunes y hasta el miércoles al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, al que fuera asesor de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, y al ex primer teniente de alcalde Pedro Román --todos procesados en el 'caso Malaya'--, además de a seis ex ediles por la concesión a la empresa Incopromar de una licencia para un edificio de 66 viviendas en la avenida del Mar marbellí.
La Fiscalía de Málaga acusó en sus conclusiones iniciales a Muñoz y a los ex ediles Rafael González, también procesado en el caso contra la corrupción municipal; Mario Jiménez, José Pomares, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe --está en paradero desconocido-- y Marisa Alcalá, de un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación.
En ese escrito, el fiscal no acusa a Roca ni a Román, para los que pedía el sobreseimiento provisional, pero sí lo hizo la acusación popular en nombre de la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, que acusó al primero de un delito contra la ordenación del territorio y de otro de prevaricación y al segundo, sólo por éste último. Los Verdes e IU también ampliaron su acusación en este sentido. El abogado José Luis Sierra también está acusado.
Para el fiscal, la comisión de gobierno de 4 de julio de 1997, con Muñoz como presidente accidental, concedió una licencia de obras a la entidad Incopromar para un edificio de 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida del Mar, "pese a que" se trataba de un suelo considerado como viario y destinado a uso público, según las normas aplicables del plan urbanístico de 1968.
Como en otros casos, la acusación pública especifica que el permiso se dio "sobre la base de su adecuación a las determinaciones del documento de revisión del planeamiento municipal", que, sin embargo, "no había sido objeto de aprobación definitiva por la entidad supramunicipal competente", es decir, la Comisión Provincial de Urbanismo, que, de hecho, posteriormente denegó su aprobación.
Por contra, el escrito de acusación de García Marcos, al que tuvo acceso Europa Press, incluye el convenio de permuta con la empresa, participada por el periodista Antonio Herrero, que, según precisa, había sido negociado, "siguiendo instrucciones y con el visto bueno de Jesús Gil", por el entonces gerente de Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca.
Esta parte entiende que se vulneraron los principios elementales del ordenamiento jurídico con esta operación, que se aprobó "a sabiendas de su ilegalidad", en una comisión de gobierno donde estuvo Román. Posteriormente, el escrito precisa que se otorgó la licencia de obra, pese a haber en el expediente "informes de los servicios técnicos contrarios a tal resolución".
Por tanto, esta acusación pidió para Román, Muñoz, González Carrasco, Jiménez Notario, Calle, Alcalá y Roca la pena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y solicitó, además, para éstos --excepto Román-- y para Pomares, Yagüe y el abogado José Luis Sierra otros 10 años de inhabilitación para cargo público y seis meses de prisión.
Este juicio fue suspendido en mayo de este año, después de que Roca acudiera a la vista oral sin abogado, ya que el escrito de nombramiento de letrado por parte de éste, remitido desde la cárcel, no constaba en la causa. Desde el despacho del abogado nombrado por Roca precisaron que "no se ha recibido notificación por parte del juzgado haciéndole saber que ha sido designado como letrado ni preguntándole si acepta esa personación, como marca la ley", y, por tanto, no se le ha dado traslado de las actuaciones.
* Estrella Digital - 26/11/2007
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Arganda: Cinco imputados por cobrar dinero negro en la venta de pisos protegidos
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Los imputados, que también están siendo investigados por el Ministerio de Hacienda por presuntas irregularidades fiscales, exigían a los compradores una cantidad de entre 40.000 y 69.000 euros en dinero B o negro. El caso se refiere a dos promociones con un total de 136 viviendas situadas en la confluencia de la avenida de la Tolerancia y la calle de la Comprensión, en las zonas de nuevo desarrollo del municipio. Las casas fueron vendidas a lo largo de 2005 y hasta el momento se desconoce cuántas habrían sido vendidas con el sobreprecio ilegal.
Hasta el momento, una veintena de compradores, algunos denunciantes y otros como testigos, han acudido a declarar ante la juez que instruye el caso. Todos ellos han confirmado el pago del dinero negro, que les era exigido con el argumento de que "era para otras personas que habían comprado antes el piso sobre plano y que se habían arrepentido", según la declaración de uno de los testigos llevada a cabo el pasado 22 de octubre.
Un informe de la Guardia Civil, incluido en las diligencias y fechado el pasado 13 de junio, corrobora los pagos irregulares. Tras investigar decenas de contratos de compraventa y la documentación aportada por los compradores denunciantes, la Guarda Civil concluyó que "la promotora a algunos de los compradores, sobre todo de las últimas fases, les exigía el pago de cierta cantidad de dinero en B".
La Guardia Civil también concluye que la promotora de Sánchez Primo "ha cobrado de más a los propietarios que lo que la Comunidad de Madrid estipuló" en la Calificación Definitiva de Viviendas con Protección Pública. Una tercera irregularidad sería la venta de trasteros, que en la Calificación constan como "vinculados a los pisos" y que fueron cobrados por separado.
Una última irregularidad comprobada por la Guardia Civil raya la usura. Se trata del caso de una compradora a la que la hipoteca obtenida en el banco se le quedaba 9.000 euros corta para llegar al precio de venta del piso. "La promotora prestó a la manifestante 9.000 euros que le faltaban mediante la firma de 60 letras de cambio de 210 euros". Es decir, le cobró un total de 12.600 euros a cinco años.
Este caso, además, pone de manifiesto cierta connivencia entre la promotora y la entidad financiera, que no es citada por su nombre en el informe: "La cantidad de 9.000 euros pedida a Sánchez Primo la solicitó a éste por recomendación del banco donde había pedido el préstamo hipotecario", concluye el informe de la Guardia Civil.
La juez instructora investiga si es cierto, como intentan demostrar los abogados de los afectados, que la trama exigía y cobraba el dinero en las oficinas de Vilsa y éste era posteriormente entregado a Sánchez Primo. En todas las ocasiones, según los denunciantes y testigos, las empleadas de Vilsa cogían el dinero, lo contaban y lo introducían en una bolsa. Poco después, les acompañaban a las oficinas de Sánchez Primo a firmar el contrato de compraventa.
Hasta el momento, sólo han declarado ante el juez Villapalos y Trillo. Sánchez Primo y las dos empleadas de Vilsa lo harán en las próximas semanas. El promotor ya ha avanzado a varias personas relacionadas con el caso que él no se ha llevado "ni un euro en dinero negro" y que no se hace responsable de lo que haya podido hacer Vilsa.
Villapalos, dueño de la inmobiliaria, compareció ante el juez el pasado 23 de octubre. Allí fue interrogado sobre varios casos y negó que, en uno de ellos, exigiera 56.750 euros a unos clientes "si querían firmar escrituras". En su declaración también eludió cualquier responsabilidad, aunque en este caso no salió en defensa de sus empleadas al afirmar desconocer si "éstas han acompañado a clientes de Vilsa a las oficinas de Sánchez Primo", supuestamente para entregar al promotor el dinero que los clientes pagaban en negro.
Trillo Ramírez, por su parte, también negó ante el juez haber exigido a una cliente 40.200 euros ni haberla amenazado para que retirara la denuncia presentada contra la trama.
¿Dónde están los billetes?
La trama organizada en Arganda para el cobro de cantidades millonarias en dinero negro en la venta de viviendas protegidas esconde un gran interrogante que será clave en el proceso judicial en marcha. La pregunta a responder es adónde ha ido a parar el dinero negro, casi todo en billetes de 100, 200 y 500 euros, pagado por los compradores.
Las declaraciones de la veintena de compradores que han comparecido delante del juez se parecen como gotas de agua al describir el proceso de compra de la vivienda protegida y el pago de dinero negro. Los clientes acudían a Vilsa para informarse de la posibilidad de comprar un piso protegido. Allí se les decía que un requisito imprescindible era no tener ninguna vivienda en propiedad, por lo que Vilsa se ofrecía para vender primero la que tuvieran.
Tras la venta, Vilsa informaba de la necesidad de pagar entre 40.000 y 69.000 euros a una supuesta familia que había renunciado a quedársela. La ruptura de un matrimonio era la razón utilizada para justificar que alguien renunciara a comprar un piso protegido cuyo precio era más de un 30% inferior al de mercado.
Varios compradores han afirmado ante el juez la sorpresa que se llevaron en la firma del contrato de compraventa al ver que el vendedor era el propio Sánchez Primo y no la supuesta familia.
Para proceder a la compra de la vivienda protegida, Vilsa se reunía con los compradores en sus oficinas. Allí, una empleada les hacía subir al primer piso, donde contaba el dinero con una máquina antes de introducirlo en una bolsa. Posteriormente, la misma empleada acompañaba a los compradores a las oficinas de Sánchez Primo para firmar el contrato de compraventa.
La clave, que hasta el momento no ha podido ser desvelada, es si el dinero se quedaba en Vilsa o era llevado hasta las oficinas de Sánchez Primo por la misma empleada cuando acompañaba al cliente.
* ELPAIS.com - ORIOL GÜELL - Arganda del Rey - 26/11/2007
Foto: El edificio de viviendas protegidas- CRISTÓBAL MANUEL (El País)
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Los grandes casos de corrupción en Alicante pasan al Tribunal Superior
ELPAÍS* : Cuatro de los sumarios más destacados por supuestos casos de corrupción política abiertos por los juzgados de Alicante siguen su desfile hacia el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana debido al aforamiento de imputados. En total, en estos casos están imputados tres alcaldes, un ex regidor y 12 ediles del PP. En las cuatro causas la acusación pública la ejerce el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que ya ha iniciado los trámites para continuar la instrucción en el alto tribunal.
La última y cuarta investigación afectada por este imperativo legal ha sido la del sobrecoste de las obras de la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela. En este sumario está imputado el ex concejal del PP y actual diputado autonómico Andrés Ballester. Al caso de la Glorieta se suman el del supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al contratista Enrique Ortiz, el desfalco de seis millones de euros descubierto en la firma pública Mercalicante, y la millonaria plusvalía que obtuvo el alcalde de Torrevieja en la compraventa de una finca. En los primeros está imputado el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y en el tercero su homólogo de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, de la misma formación política.Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, del PP, está imputado en dos de los cuatro sumarios por supuesta corrupción que debido al aforamiento de imputados sustanciará el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Por orden cronológico, la primera causa en la que Alperi está incluido en la lista de imputados es el supuesto desfalco de seis millones de euros en Mercalicante. La magistrada Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, dirige una cansina instrucción desde el verano de 2002. La juez no ha resuelto aún el expediente para el obligatorio traslado de la causa al TSJ.
Esta parsimonia de la magistrada ha sido aprovechada por la defensa de Alperi y otros dos cargos del PP imputados [el concejal Juan Zaragoza y el ex edil José María Rodríguez Galant] para presentar un nuevo recurso que solicita el archivo de las diligencias para los tres. La juez ha admitido el recurso, pero fuentes judiciales aseguran que "técnicamente" no podrá resolverlo porque se produce después de que Alperi haya alcanzado la condición de aforado. "La juez está obligada a incluir el recurso en su escrito de traslado de la causa al TSJ", explican esas fuentes.
El curso de la investigación del segundo caso en el que está implicado Alperi ha sido un ejemplo de rapidez si se compara con el primero. El titular del Juzgado número 8 de Alicante en un año concluyó la instrucción y ha resuelto ya el traslado de la causa al TSJ. En el sumario, además de Alperi y el promotor Enrique Ortiz, están imputados los concejales del PP Sonia Castedo y Luis Concepción.
La investigación al alcalde Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por la compraventa de la finca con la que ganó 5,3 millones de euros, sufre el mismo proceso de parálisis que el caso Mercalicante. El titular del juzgado numero 4 de Torrevieja no ha practicado ni una sola diligencia desde el 28 de octubre de 2005 cuando Hernández Mateo declaró como imputado. El juez tampoco ha remitido el escrito de traslado del sumario al TSJ.
El sobrecoste de 2,5 millones de la Glorieta de Gabriel Miró en Orihuela es la última causa que ha de enfilar el camino del TSJ. La juez, a raíz de la declaración de los primeros imputados [entre ellos el ex alcalde, José Manuel Medina y el promotor de la obra Domingo Alcocer], amplió la acusación a los nueve concejales de la comisión de gobierno que validaron las obras. La lista incluye a la actual alcaldesa, Mónica Lorente, y al ex edil y diputado autonómico Andrés Ballester.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 26/11/2007
Foto: Alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
«Mobbing» a trece ancianas en su corrala
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ABC/Madrid* : Luisa, Adelaida, Ernestina, Juanita, Ángela, María... Son algunas de las «abuelas coraje» que resisten, contra viento y marea, a que las echen de su casa sin más ni más. Eso es lo que les ronda por la cabeza. Todas tienen ya sus años encima. Algunas son octogenarias. Viven en una corrala antigua, preciosa, en el número 7 de la calle de Ventorrillo, en el corazón de Lavapiés. Sus contratos son de alquiler, irrisorios, pero legales. La actual propiedad del edificio, la empresa Sistemas 23 S.L., está reformando el inmueble -con las ancianas dentro- para albergar mini-pisos de lujo que, después, se alquilarán a precios de mercado. «Nosotras les sobramos, claro. Y nos están haciendo la vida imposible. Nos acosan», dicen las abuelas.
La finca se encuentra en obras. Salta a la vista. La fachada está cubierta con una red. Nada más entrar vemos un dibujito donde se avisa de la necesidad de usar casco. Los obreros van de un lado a otro. Nos miran con recelo, en especial, cuando escuchan el sonido de la cámara fotográfica. Todo está apuntalado y las vigas se amontonan en el patio.
Cerradas o en obras
De las 43 viviendas que hay en Ventorrillo número 7, sólo doce o trece siguen habitadas. Son las de nuestras «abuelas coraje». Las demás están cerradas a cal y canto, pendientes de que entren los obreros, en unos casos, o ya están sin tabiques interiores porque se está produciendo la reforma, en otros.
A través de las ventanas de los pisos a medio remodelar, se observan, todavía, las bombillas colgando de la pared, los azulejos que tenía la diminuta cocina o el papel de colorines que decoraba el reducido salón-comedor de esa vivienda cuyos inquilinos ya no están porque o les finalizó el contrato de alquiler o han llegado a un acuerdo con la empresa propietaria del edificio.
Hay grietas por todo el edificio; a cada milímetro. Da miedo. «Esto nunca ha estado en ruina. No lo está. Nos lo dicen para meternos miedo», asegura Ángela Guallart, a punto de cumplir 74 años. A su lado, Adelaida Salas, de 82, la apunta: «Lo que sí es cierto es que estamos como en el aire. Como están quitando todos los tabiques, los de todas las casas desocupadas de las tres plantas, estamos como en volandas. Los golpes que dan los obreros son horribles. Retumba todo. Creo que hay peligro. Vivimos en ascuas, en un temor constante».
«Como si estuviera hueco»
«Es verdad -interviene, de nuevo, Ángela-. Mi nieta da saltos en la casa y todo retumba como si estuviera hueco». Hay una palabra que está en boca de todas: intimidación.
-«Nos están haciendo «mobbing»», dice Juanita Fernández, 62 años y vecina de Ventorrillo 7 desde el año 1969.
-«¿Qué dices que nos hacen?», pregunta Luisa Martín, 82 años, vecina de la corrala desde que tenía siete años.
-«Pues que nos asustan, acosan, nos hacen la vida imposible a base de golpes, ruidos, grietas, polvo y suciedad. Que están reformando esto con nosotras dentro y sin que nos den una solución», replica Juanita.
La solución, para todas ellas, es que les trasladen temporalmente a otro piso y, cuando acaben las obras en la corrala y quede tan bonita como pretenden, a ellas que las devuelvan a sus casas, también reformadas. Tendrán que abonar más alquiler. Lo saben y no les importa siempre que no sea excesivo porque sus pensiones, en el mejor de los casos, no superan los 600 euros al mes. Eso nos dicen. Ahora pagan una renta de entre de entre 40 y 75 euros al mes. Sus contratos son indefinidos. De ahí, que todas defiendan su derecho a permanecer en estas viviendas después de los arreglos.
Desde marzo
El calvario para estas mujeres empezó en marzo. La mayoría de las 43 viviendas de esta corrala estaban entonces habitadas y todos se llevaban muy bien. No había problemas. Todo era régimen de alquiler. De muchos tipos y duraciones. Lo sigue siendo. Hoy, sólo quedan las «abuelas de Ventorrillo», como las conocen en Lavapiés.
Adelaida Salas nos cuenta el proceso. «No teníamos problemas. Es cierto que el edificio tenía que arreglarse porque había humedades. El Ayuntamiento lo sabía y no hacía nada por forzar al antiguo casero a que lo adecentara. El antiguo casero murió y en marzo, después de pasar por varias manos, la corrala la compra la empresa que está ahora. Ahí empezó nuestro padecimiento. Van a construir pisos de lujo. La mayoría de nosotras tiene un contrato de alquiler de antes de la guerra, con unos derechos, y no nos pueden echar. Como no tenemos seguro que si nos vamos para que hagan las obras de reforma vayamos a volver, pues aquí estamos hasta que nos lo aseguren, por escrito, si es necesario».
Adelaida no se rinde. Está operada de cadera y lo que más teme es tener que ir, por la noche, al WC comunitario que hay en el pasillo de su planta. Un horror porque está sucio y abandonado. Ella, en su casa, no dispone de servicio. Alguna de sus vecinas sí ha podido hacerlo -con permiso del antiguo casero- en unos poquitos metros cuadrados que robaron al resto de la vivienda. Con un lavabo y un retrete se apañan y eso que, en algunos casos, casi hay que entrar de lado por lo estrecho que es el baño.
«Lo que menos quiero es dar pena», dice Juanita, con lágrimas en los ojos. «Lo que nos está pasando es una pesadilla. Ya hemos recurrido a todos los sitios y nadie nos da una solución. ¿Salir de aquí? Lo que nos tienen que asegurar es que vayamos a volver», añade. Estas palabras Juanita nos las cuenta mientras visitamos a su vecino Ramón Tebar, un anciano postrado en cama, enfermo de los bronquios, del corazón y con una sordera severa. La mujer de Ramón, María, no está en casa. Ha ido a su sesión de rehabilitación porque acaba de operarse de una rodilla. La casa de este matrimonio es lo más parecido a un dedal. Chiquitita, pero les ha dado para poner un retrete pequeño, con lavabo y todo. De cualquier forma, las paredes muestran, con toda su crudeza, las grietas y las humedades que se han adueñado de todo el edificio.
La polémica, no hay duda, está servida entre las «abuelas coraje» y la empresa propietaria del edificio. Son las dos caras de una misma moneda. Pasan los días y, mientras tanto, un puñado de ancianas, con edad suficiente para que las dejen en paz, están en jaque porque no saben muy bien dónde ni cómo acabarán viviendo el día menos pensado.
* ABC - Madrid - MARÍA ISABEL SERRANO - 25 de noviembre de 2007
Foto: Ramón, uno de los vecinos, está enfermo y no sale de la cama /Ignacio Gil (ABC)
Guateque en Madrid
ELPAÍS/Editorial* : El juez Santiago Torres ratificó el viernes la orden de prisión dictada contra cinco implicados en la Operación Guateque, la trama de corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP desde hace años. Con esta decisión judicial queda patente la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por una red de funcionarios y empresarios que convirtió la concesión de licencias municipales para locales comerciales y de ocio en un lucrativo negocio privado. La intervención judicial llega después de largos años de indicios desatendidos acerca de la arbitrariedad con la que actuaba el Ayuntamiento. Según han descubierto ahora las investigaciones de la policía, el inextricable laberinto de la burocracia municipal era, en realidad, la pantalla detrás de la que se escondía la extorsión a quienes deseasen habilitar locales para determinado tipo de negocios.
Sorprende la ineficacia de los controles legales y administrativos existentes en un Ayuntamiento como el de Madrid, cuya gestión afecta a una de las economías más importantes del país y a un volumen de ciudadanos mayor que el de algunas comunidades autónomas. La inercia suele ser el peor enemigo de los organismos encargados de velar por la legalidad y la transparencia de las actuaciones públicas, puesto que convierte en rutina burocrática lo que debería ser un mecanismo para verificar de forma permanente la estricta correspondencia entre la realidad y su reflejo administrativo. En el fraude desmontado por la Operación Guateque resultaría difícil hablar de inercia, puesto que, además de no existir o no funcionar los controles, tampoco se tramitaron las denuncias de los pocos ciudadanos que se atrevieron a plantar cara al chantaje. Funcionarios sobre los que había recaído algún género de sospechas fueron mantenidos en sus puestos, e incluso promocionados.
El Ayuntamiento de Madrid ha reaccionado personándose en la causa judicial abierta por este caso de corrupción en la concesión de licencias municipales. Es una respuesta efectista, que intenta dejar patente la diferencia entre la forma de actuar de la institución y la de algunos de sus funcionarios. Pero es, en cualquier caso, una respuesta que no puede excusar la determinación de responsabilidades más allá de las que fijen los tribunales de justicia. Este entramado de turbios intereses y manejos, prolongado durante años, ha colocado a muchos pequeños empresarios ante la disyuntiva de aceptar el chantaje o contemplar la ruina de su negocio. Por otra parte, el descubrimiento de las componendas de los funcionarios implicados también acaba colocando bajo sospecha las licencias en vigor, multiplicando los efectos perversos de su comportamiento.
Es una trama compuesta por un elevado número de implicados y que ha gozado de una llamativa impunidad. El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado, como si este escándalo le fuese ajeno.
* ELPAIS.com - Editorial - 25/11/2007
León: Más de 10.000 personas rechazan la línea de alta tensión Sama-Velilla
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NORTECASTILLA* : Con lazos verdes y decenas de pancartas, más de 10.000 personas de León y Asturias, según las plataformas convocantes y 3.500, según la Policía Nacional, recorrieron durante más de dos horas las calles del centro de León para mostrar su oposición al trazado de alta tensión que propone la compañía Red Eléctrica de España (REE) entre Sama (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia). Un proyecto que afecta a un total de 19 municipios, 13 de León, dos de Palencia y cuatro en Asturias, y que tiene un recorrido total de 123 kilómetros.
El portavoz de la plataforma leonesa Alto Bernesga, Félix Ordás, aseguró que «la línea supone la muerte del corredor por donde pasa» por lo que, expuso, se trata de una «lucha por la supervivencia de la montaña que ha sufrido múltiples agresiones» aunque, matizó, ésta es la «agresión con mayúsculas». Según Ordás, «si la montaña se muere, León se muere».
La manifestación salió a las 12.00 de la Plaza de Guzmán el Bueno de León y transcurrió por las principales calles haciendo una parada frente a la Subdelegación del Gobierno en la capital, donde los manifestantes protagonizaron una sentada. Además, varios responsables de las plataformas accedieron al interior del edificio para entregar un manifiesto que recogía las razones por las que reclamaban la paralización del proyecto.
La movilización concluyó en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León donde los responsables de las tres plataformas que convocaron la protesta reiteraron los perjuicios para el medio ambiente y la salud de las personas que tendría el tendido eléctrico. Como clausura al multitudinario acto, dos niñas de las localidades leonesas de Ciñera de Gordón y Cistierna hicieron un alegato en favor de la protección ambiental de la zona y en contra de la amenaza que supone, a su juicio, la línea eléctrica para el futuro económico y social del norte de la provincia. Leyeron también un poema escrito por el leonés Eliseo Fernández. Finalmente, el poeta, Jesús Díaz, fue quién leyó el manifiesto al que le siguió el canto de la tradicional canción 'Viva la montaña, viva'.
Hasta León se desplazaron varias decenas de autobuses desde la montaña leonesa y desde Asturias.
* El Norte de Castilla - 25.11.07 - ELENA RODRÍGUEZ
Foto: Los manifestantes manifiestan su rechazo a la línea. / C. HERNÁNDEZ (NorteCastilla)
Las Vegas, Macao, ¿Los Monegros?
ELPAÍS/Zaragoza* : El altisonante anuncio de un gigantesco proyecto de casinos y ocio sacude la sufrida comarca aragonesa. Javier se acerca al televisor y pone el volumen a todo trapo. Acaba de terminar su jornada en la cooperativa y se ha reunido con los colegas en el bar La Chipranera. Todos los jóvenes del pueblo esperan el gran momento, ¡Castejón en la tele! Castejón de Monegros es un pueblo de menos de 600 habitantes en el corazón de esta fascinante, pobre y desértica comarca aragonesa, a tres cuartos de hora de Zaragoza. Uno a uno, van saliendo en pantalla los personajes del pueblo, entrevistados en Aragón Televisión.
Las risas se desatan, unos gritan y otros piden silencio, no se oye nada, "¡mira, ahí está Miguel!". Euforia, carcajadas y un gigantesco "buuh" cuando el reportaje se traslada al pueblo vecino, La Almolda, otro de los supuestos candidatos a albergar Las Vegas II. Castejón no tiene agua para regar, es un pueblo olvidado, quedan pocos jóvenes, la mayoría se fue a trabajar a la ciudad.
"¡Que no me toque la lotería de Navidad este año para que salga esto. Esto se hará realidad, esto va p'alante!", proclama eufórico y a voz en grito Javier, copa en mano, dando grandes zancadas por la Chipranera, electrizada ante la aparición de Castejón en los medios de comunicación. Por fin se habla de ellos, después de años a la deriva, y aún recuerdan los ochenta, cuando venían a tocar "los números uno, Romina y Albano, el Dúo Dinámico".
Javier tiene 27 años y trabaja en la cooperativa Monegros de Sariñena. Empaca paja y alfalfa para las ovejas. Muchos de sus amigos se fueron a Zaragoza. "¡Ya me estoy viendo de gerente de uno de los casinos!", grita eufórico, con su mono de trabajo de campo, y se ajusta entre risas un nudo ficticio de corbata.El bar La Chipranera es pura fiesta.
"Todo esto me recuerda a Bienvenido Mr Marshall", dice desde la barra Maria Dolores, maestra de escuela, de 54 años. "¿Y eso qué es?", le pregunta Jessica, la novia de su hijo. "Una película antigua, que vienen unos americanos a un pueblo..."
Cuatro parques temáticos, cada uno tan grande como Port Aventura. Más casinos que en Las Vegas o en Macao, podría haber 32 hoteles-casino. Una inversión de 15.000 millones de euros, multiplicando por 10 la presupuestada para la Expo 2008. La colección de cifras de vértigo que ha acompañado al anuncio de este proyecto despierta tanto entusiasmo como incredulidad. "Están jugando con las ilusiones de la gente, en el medio rural la vida es dura y hay quien sueña con dar el pelotazo vendiendo unas tierras", asegura Adolfo Barrena, diputado y portavoz de Izquierda Unida en Aragón.
La especulación es lo que manda estos días. La especulación en torno a cuál será el emplazamiento de este megaproyecto, del que se sabe poco y en el que hay todavía muchas cosas en el aire. Jaume Riera, de la empresa de servicios Riera y Carrera Asociados, que es, dice, el único socio español en este conglomerado de 12 empresas mayoritariamente europeas, da algunas claves: están buscando clientes que se sumen al carro, hoteles y parques que quieran formar parte de Gran Scala, que así es como lo han bautizado; han decidido apostar a lo grande, "estos proyectos o son grandes, o no son"; y el 12 de diciembre se presentan en sociedad. Al frente del conglomerado está Aristocrat Technologies, una firma australiana que, según fuentes del gobierno aragonés, es la número uno en equipamientos de juego del mundo y, según Riera, es la número 2. "Aún queda mucha tela por cortar", reconoce Riera. ¿Será que el anuncio del proyecto es una manera de tantear el terreno?
El Gobierno de Aragón presenta la cuestión como una gran oportunidad que no se puede dejar pasar. Internacional Leisure Development (ILD), la empresa que aglutina a los socios, ha sido creada ex profeso para este proyecto. El único cliente que se ha apuntado a la aventura es Spyland, parque temático sobre espías (que también desarrollará Acquántica, sobre agua). Su coordinador general, Didier Rancher, confirma que es la primera vez que montan un parque de estas características, que llevan 2.700.000 euros gastados y dice que esto tiene que salir. Spyland estuvo a punto de ir a Dubai y a Valence, en Francia. La posición estratégica de Monegros, equidistante de Valencia, Madrid y Barcelona, es un plus.
"Es un proyecto grandilocuente y despilfarrador que además va contra los esfuerzos por detener el cambio climático, contra el desarrollo sostenible", manifiesta Adolfo Barrena, de IU. "Menos sostenible sería que dentro de diez años quedaran tres abuelos en el pueblo", contesta Gerardo, acodado en la barra de La Chipranera. Maria Dolores, la maestra, sueña con una estación de AVE en la zona. "La única incógnita", reconoce Riera, "es si el proyecto será tan grande como se ha planteado o si será un poco más pequeño".
Fuentes del Gobierno de Aragón hablan de 20 millones de visitantes al año. De cerca de 30.000 empleos. Las cifras bailan y los sueños se disparan en Monegros.
"A buen comprador... la capa"
Villafranca de Ebro también está agitada. Situada a las puertas de Monegros y mucho más cercana a Zaragoza, a apenas 30 kilómetros, vive días revueltos por las especulaciones de los medios locales, que apuntan a que hay movimientos de empresas que tienen opciones de compra en terrenos de su término municipal.
Suena una jota distorsionada por los altavoces de este pueblo, de menos de 800 habitantes, y por megafonía se anuncia que hoy toca comprar los bonos que financiarán las próximas fiestas de la patrona, Santa Bárbara, el próximo 4 de diciembre. Los vecinos señalan que si queremos ver las tierras donde podría estar ubicado el megaproyecto, que subamos en dirección a Monegrillo, cerca de por donde pasa la autopista a Barcelona. Allí hay un coto de caza silencioso donde sopla el viento del desierto y donde las perdices caminan erguidas y a sus anchas por una vieja carretera secundaria. La tierra es dura y agrietada en esta zona. Blanquecina, rocosa.
Un agricultor cierra la bomba de agua con esfuerzo, aquí sí que hay regadío y él posee tierras por esta zona. Prefiere no identificarse, no sea que los del pueblo piensen que quiere promocionarse, pero deja claro qué haría si le hicieran una oferta: "A buen comprador, la capa". El alcalde de Villafranca de Ebro, José Antonio Moreno, dice que "ojalá" cayera la breva, pero que no hay nada oficial, él no sabe nada de opciones de compra ni nada.
* ELPAIS.com - JOSEBA ELOLA - Zaragoza - 25/11/2007
Foto: Maqueta del proyecto empresarial de Gran Scala - El País
Territorio: el estado de la cuestión
LUÍS ANTONIO CORRAL JUAN* : Una comunidad turística como la nuestra en la que el paisaje es uno de sus más importantes activos, así como la propia calidad de vida de sus ciudadanos, debe obligarnos a salvaguardar nuestros patrimonios culturales, tanto naturales, rurales o litorales, como transformados, sean arquitectónicos o conjuntos urbanos. La necesaria ley de paisaje, debe acometer un estudio previo de las características que definan los distintos territorios, naturales o transformados, sobre los que basar las normativas que en ese aspecto contenga. Territorios, como los costeros de fortísima implicación turística, donde la administración estatal, casi veinte años después, analiza el grado de incumplimiento de la ley de costas. Tiempo excesivo para cumplir con la obligación de velar por unos espacios emblemáticos de tanta repercusión medioambiental y paisajística.
La acción combinada entre todas las administraciones resulta obligada dadas las competencias que en las áreas litorales se juntan. No es factible hablar de nuestro territorio sin tener presente su contorno en el que se acumulan un sinnúmero de anomalías. No olvidemos que la trascendencia penal en la ordenación territorial reside en las actuaciones sobre espacios protegidos y sobre ámbitos de dominio público y la costa contiene ambos aspectos.
La primacía del interés social y mediático en toda España durante este último año se ha centrado en la corrupción urbanística. La necesidad de reclamar la ética como herramienta imprescindible en el ejercicio profesional en todos los campos de actuación, y ahora de manera especial en el del urbanismo y el territorio, no nos ha dejado indiferentes a los arquitectos, reforzando nuestras estructuras deontológicas. La especulación urbanística, que prohíbe la Constitución y contra la que han pretendido actuar todas las leyes del suelo estatales, se centra, en la actual, en la separación entre los derechos a la propiedad y a la edificación, aspecto que debiera haber profundizado más, en la línea de otros países más avanzados donde, reconocida la función social de lo urbano, limita su creación a la potestad de la administración pública. Con esa exclusividad de transformación del suelo en urbano desaparecerían las expectativas y las plusvalías revertirían a la sociedad que las genera. En cualquier caso, la obtención de la materia prima, el suelo rústico, debe asegurar (lo que no hace la ley actual cuando plantea la expropiación) la reparación del bien perdido, la posibilidad real de compra de otro terreno con similares características.
La asunción de tales aspectos desde una ley autonómica es aún más compleja. La ley de suelo balear, que inicia su cuarto intento para acabar con el triste privilegio de ser la única autonomía que aún no dispone de ella, parece que seguirá el mismo punto de partida de los anteriores, respecto a recoger en ella la ingente legislación urbanística y territorial existente en nuestra comunidad, pero ello no puede dejar de lado uno de sus cometidos como es la revisión, actualización y localización de los contenidos de la ley estatal del 76 que debe reemplazar, aunque su pormenoración sea objeto de un posterior reglamento. Legislación que no debe importar la figura del agente urbanizador, que tantos problemas de usurpación de suelo está generando en otras comunidades españolas. Aspecto éste al que la nueva ley estatal intenta hacer frente exigiendo transparencia en el proceso.
Una consecuencia concreta de la falta de protagonismo directo de las administraciones en la generación de los suelos urbanos es la carencia de patrimonio público, de la que luego derivan otros problemas. Las demandas sociales relativas a la posibilidad de acceso a la vivienda, dramatizadas por la escalada alcista de los precios en los últimos años han tenido y tienen variadas respuestas en las distintas administraciones. La clave del fomento del alquiler, que es la realidad en el resto de Europa, sigue sin potenciarse. La educación sobre su bondad, debe luchar contra el arraigo social heredado de una época afortunadamente lejana, en la que se vinculaba la propiedad con la dignidad.
El anuncio de un plan de choque por parte del Govern ante la escasez de suelo, fundamentalmente de las administraciones, para actuar en una comunidad donde el parque de viviendas con soporte público es mínimo, debe ser observado minuciosamente, por las trascendencias territoriales que puede tener. La correcta estrategia por la compacidad ante la realidad del carácter extensivo (tan poco sostenible) de nuestra comunidad debe estar enmarcada por el lugar. La importancia del paisaje y la persistencia de la singularidad de aquellos conjuntos urbanos definitorios de nuestro asentamiento sobre el territorio tienen que ser irrenunciables.
La obtención de suelo necesario para alcanzar el objetivo de 5000 viviendas protegidas, fundamentadas en la cohesión social y la calidad de la arquitectura, no puede hacer valida la frase de que "el fin justifica los medios" y mucho menos prolongar "el urbanismo a la carta", porque volvemos a jugarnos ese bien tan escaso e irreversible como es el territorio. La duplicación de ese número de viviendas en virtud de las contraprestaciones ofrecidas a la promoción privada encuentra un balón de oxígeno, si se diversifica, para la actividad del sector de la edificación que, tras unos años de continua expansión, está entrando de lleno, en una situación recesiva.
Dada la extrema dificultad de optar a suelo urbano si no es patrimonio público, la determinación de esas áreas estratégicas debe limitarse a aquellos espacios que los planeamientos hayan determinado para el desarrollo, los suelos urbanizables. La posibilidad de utilizar suelos rústicos debe descartarse.
Escasez de suelo público a pesar de la obligación de las administraciones de dotarse y de ampliar su patrimonio. Enajenación constante, consecuencia directa de la nefasta financiación local, que supone en bastantes casos una malventa de los terrenos a precios irrisorios en comparación con los que obtendrán los adjudicatarios.
La modificación del estatuto de autonomía mejoró la financiación de nuestra comunidad, aunque todavía requiere de nuevos esfuerzos. Entre otros, que el estado haga suyos los criterios de población y carencias como parámetros para acercarse a lo deseable. Pero la situación de desamparo que padece la administración local es aún mayor. Lo que la convierte habitualmente en impulsora del desarrollismo urbanístico y edificatorio, al ser ese su principal medio de financiación.
El necesario estímulo y apoyo que el Consell de Mallorca quiere dar a los Ayuntamientos para que adapten sus planeamientos al Plan Territorial posiblemente va a tener que requerir previamente su reforma. Desde la legislación de vivienda, que con su plan de choque modificará delimitaciones y parámetros, a la imprescindible revisión de las Áreas Directas de Reconversión Territorial, para que cumplan los objetivos que les marcaban las Directrices de Ordenación y no sean lo que hoy, en su inmensa mayoría, son: meras excusas para urbanizar nuevos territorios. Incluso la asunción de la necesaria herramienta con la que hacer frente a la indisciplina urbanística que dificilmente pueden asumir directamente la mayoría de las corporaciones municipales, dada la excesiva cercanía entre munícipes y vecinos. El consorcio creado para ello por el Consell de Menorca es un ejemplo de como hacerlo.
Los dos sectores del Área de Reconversión Territorial ubicado en la Playa de Palma deben plantearse, en esa revisión, al servicio de la tan necesaria revitalización de esa importante zona turística, algo que, afortunadamente, recoge el decreto de moratoria urbanística que prepara el Govern. Si la Playa de Palma fue pionera en la concepción del turismo masivo, debe serlo también a la hora de la recuperación de las áreas maduras. Es mucho lo que se espera de ella. El fallo del concurso internacional de ideas que se llevará a cabo proximamente debe ser el punto de arranque para la resolución de un sector tan amplio y complejo, contemplado prioritariamente desde lo turístico y no unicamente desde la perspectiva de ordenación de la ciudad.
El anteproyecto de ley de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible, además de contener un capítulo que debe ser objeto de la ley de suelo que igualmente elabora esa consellería, también incide en el sector turístico. La oferta complementaria y necesaria para un turismo de mayor calidad y de efecto desestacionalizador, como es el golf, debe desembarazarse de una vez por todas, tal como ahí se propugna, de los aditamentos de una actividad edificatoria. Al igual que los puertos deportivos, su rentabilidad debe radicar en su propia esencia. Dicha ley plantea, además de la revisión al alza de la ley de espacios naturales, la protección del entorno del hospital de Son Espases. Un ejemplo más, en este caso por la elección de una ubicación, de la actual primacía, en el panorama español, de la gestión en la práctica urbanística, frente a una necesaria concepción global y ordenada de la ciudad, donde todos los elementos se sitúen en el lugar idóneo, estructurado con el conjunto del entramado urbano. La recuperación del planeamiento, como medio de expresión del espacio de la ciudad al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos, debe relegar la gestión al lugar que le corresponde, como medio para lograrlo y no como planificador de un urbanismo interesado y fraccionado.
Urbanismo y ordenación territorial, sostenibilidad y medioambiente, turismo y paisaje, patrimonio y cultura, campo y ciudad, vivienda y suelo, litoral y espacios protegidos, golf y puertos deportivos, corrupción y especulación, ética y justicia, disciplina y planeamiento, construcción y recesión, reconversión y revitalización, financiación y desarrollo, legislación y normativa. Y todo sobre un territorio tan escaso y finito como el nuestro. Las resoluciones de los problemas son potestad de los políticos, teniendo a los profesionales como agentes capaces de elaborar los medios para lograrlas. Nosotros debemos preocuparnos de la calidad, la solidez y la ética de nuestras propuestas a esas soluciones.
* Luís Antonio Corral Juan es Decano del Col·legi Oficial d´Arquitectes de les Illes Balears.
* Diario de Mallorca - Opinión - 24 de noviembre de 2007
Tenerife: 'Unas 20.000 personas se manifestaron en defensa del territorio'
CANARIAS24H/SantaCruz* : Finalmente las predicciones de mal tiempo no oscureció la manifestación convocada para este sábado en defensa del suelo rústico y del medio ambiente. Uno de los organizadores, Cándido Quintana, señaló que la protesta fue secundada por cerca de 20.000 personas que recorrieron las calles céntricas de la capital tinerfeña hasta llegar a la plaza de La Candelaria. Sin embargo, fuentes policiales aseguran que la misma fue seguida apenas por 2.000 personas.
La manifestación convocada por Asamblea de Tenerife comenzó a las 12.30 horas partiendo desde la Plaza Weyler y recorrió las calles Méndez Núñez, Pilar, Cruz Verde hasta llegar a la plaza Candelaria donde se leyó un manifiesto reivindicando el rechazo ciudadano al Puerto de Granadilla y al desarrollismo, que está destruyendo el suelo agrícola de Tenerife, e impulsando infraestructuras insostenibles como la Vía Exterior, la autopista que se pretende construir para unir Guamasa y Radazul, así como la ampliación del aeropuerto de Los Rodeos.
Quintana se sintió satisfecho por la participación ciudadana secundada por unos 60 colectivos, señalando que hubo mayor presencia que la manifestación realizada el pasado mes de abril y aprovechó para agradecer el trabajo de las fuerzas de seguridad que dieron un servicio ejemplar durante la protesta.
A la protesta acudieron personas de todas las edades y clases sociales, pero sobre todo, los que se han visto afectados por las expropiaciones de Los Rodeos, de Las Huertas en Santa Cruz, de la Vía Exterior o aquellos contrarios a obras como el puerto industrial de Granadilla, el de Tacoronte, etc.
En medio de la maraña de asistentes se podían leer pancartas como ‘No a la destrucción de nuestra tierra’, que encabezaba la protesta, ‘No al puerto de Granadilla’, ‘Sí al puerto de Santa Cruz’, ‘No a la ampliación de Los Rodeos’, ‘No a los derribos de las costas’. ‘En defensa del suelo agrícola y de barrancos de Güímar’, ‘Salvemos Las Teresitas, Anaga y su litoral’, y algunas en clara alusión al Ejecutivo canario, ‘¿Dónde está el Gobierno que dice defender a los canarios?’
SIN INCIDENTES
Durante la manifestación, que transcurrió sin ningún tipo de incidentes, se jaleaba ‘Ahí está la cueva de Alí Babá’, al paso de ésta por el Ayuntamiento de Santa Cruz, ‘Político aprende, Las Huertas no se vende’, ‘Este puerto lo vamos a parar’, o ‘Menos puertos industriales, más escuelas y hospitales’, gritaban también los profesores y médicos que están en conflicto con el Gobierno canario en estas últimas fechas y que se sumaron.
Entre los asistentes se pudo ver al presidente de la Agrupación Socialista de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Anatael Meneses, a Cándido Quintana de la plataforma de sí al puerto de Santa Cruz, al ex alcalde de Vilaflor, José Luis Fumero, entre otros. Preguntado este último por la asistencia de gente a la manifestación, declaró que lo que ha ocurrido con esta movilización es que “se ha convocado con poco tiempo de antelación y una protesta de esta magnitud se ha de convocar meses antes”.
Otra de las cosas que apuntó Fumero –que lideró hace cinco años una movilización a la que asistieron más de 100.000 personas para rechazar las torres de alta tensión en Vilaflor- fue la necesidad de que la manifestación “tenga un claro objetivo y un mensaje nítido y claro”, porque en esta protesta se hace referencia a muchos temas, refiriéndose a la diversidad de pancartas.
Respecto a la escasa presencia de representantes políticos, afirmó que éstos “no pueden venir, porque sería una vergüenza, empezando por el PSOE que es el que ha apoyado el puerto de Granadilla”.
FIESTA DE LA DIGNIDAD
La manifestación llegó a la Plaza de La Candelaria pasadas las dos de la tarde. Allí tres mujeres fueron las encargadas de leer el manifiesto en el que se destacaba que este sábado “se celebraba la fiesta de la dignidad de un pueblo en la que demuestra que no se le engaña” y se exigía responsabilidad pública a los problemas medioambientales y sociales de la Isla.
Asimismo se solicitaba que no se ampliara el Aeropuerto de Los Rodeos, ante la pérdida de suelo agrícola y calidad de vida de sus vecinos; que no se hiciera la Vía exterior, que “no engañaran más las autoridades hablando del beneficio del anillo insular y en su lugar mejoraran las carreteras de la Isla y fomentaran el suelo rústico”.
También en el manifiesto se exigía a las administraciones que no “siguieran destruyendo la costa con puertos indecentes para ricos” y se expresaba el “hartazgo de la sociedad ante la corrupción urbanística y los pelotazos. Queremos que se descubra toda la verdad de Las Teresitas y que vayan a la cárcel los que tengan que ir”, gritaba una de las manifestantes.
En cuanto al puerto de Granadilla, se recordó que esta infraestructura portuaria “ha logrado paralizarse siete años el puerto devastador y lo seguiremos retrasando otros siete años más porque no se hará nunca”.
* Canarias 24horas - Redacción C24H / ACN Press - 24 de noviembre de 2007
Foto: Tenerife, manifa24N - C.García. EFE
Caso Guateque: 'Un policía municipal amenazó con pegarme un tiro si no le daba el dinero'
ELMUNDO/Madrid* : "A mí un policía municipal me ha llegado a amenazar con pegarme un tiro si no le pagaba el dinero". El "dinero" al que se refiere Pedro Provencio Martín, un empresario que lleva trabajando 30 años en la hostelería de la capital, son las 'mordidas' que le pedían intermediarios de funcionarios y policías municipales. Los primeros, por agilizar la licencia de apertura de unos de sus locales de copas, 'Chaplin', en Carabanchel; los segundos, para que sus otros establecimientos "estuvieran vigilados", para "que no les pasase nada".
"Un policía me dijo una vez que era por vigilancia y seguridad, que cualquier día podía aparecer una bolsa de droga en el local y que me lo tendrían que cerrar", explica Provencio, un empresario más víctima de la trama del 'caso Guateque’. Pero a él no sólo le extorsionaban los funcionarios, 'sino también los policías, "los que en teoría deberían velar por la legalidad".
Durante la década de los 90 Pedro regentaba dos locales, la discoteca Zaas y la Terraza Moscardó, ambos en el distrito de Carabanchel. En 1994 trató de conseguir la licencia de actividad para otro establecimiento, un bar de copas, 'El Chaplin'.
"Me pidieron de un día para otro medio millón de pesetas, en billetes de 5.000. Era un intermediario de la Junta municipal de Carabanchel, que conocía a un funcionario. Le tuve que pedir el dinero a mi padre para pagarle", explica.
Esa misma noche, relata, dos policías llegaron a otro de los locales que tenía. Eran las dos o las tres de la madrugada. "Hemos oído que has pagado medio millón. Nosotros queremos 100.000 pesetas cada uno". Se negó a pagarles. Ahí comenzaron sus problemas. Fueron pasando los días y la licencia no llegaba, hasta que decidió, según asegura, interponer una querella criminal contra el entonces concejal del distrito de Carabanchel.
"Yo denuncié al concejal porque no me llegaba la licencia por la que había pagado. A los pocos días me llamó y me pidió que le quitara la querella. Yo se la quite porque tenía miedo a las represalias", recuerda Pedro, apoyado en la barra de su cafetería-marisquería cerca de Méndez Álvaro, que lleva su nombre. A los pocos días llegó la licencia, pero sus problemas eran otros.
Durante los meses siguientes siguió sufriendo extorsiones. "Me hincharon a multas en todos los negocios. Llegaban siempre varios agentes, algunas veces hasta 14 policías, y me amenazaban con meterme un tiro. Querían que les pagara medio millón de pesetas al mes. Allí empezó una guerra brutal. Alguno me llegó a decir que podía aparecer entre dos coches", relata Pedro, mientras ojea un dossier donde guarda las querellas interpuestas, los recursos a las multas.
Siempre se negó a pagar. Por aquel entonces el empresario tenía 50 empleados fijos. Trató de solucionar el conflicto con la policía. Acudió a Asuntos Internos. "Fui hasta la Casa de Campo. Allí les conté lo que me pasaba. Me dijeron que iban a abrir una investigación, pero todo fue a peor", explica.
"Me estropearon la vida. Era un acoso diario. Yo me he dejado hasta 20 millones de pesetas en multas y abogados", indica Pedro, que ante la poca respuesta a sus denuncias, llegó incluso a plantearse llevar una grabadora escondida. A muchos agentes los denunció, pero el juez no le dio la razón. "Por presiones", afirma, con cara de estar ya de vuelta.
El 23 de diciembre de 1997 varios funcionarios de Carabanchel y agentes municipales le precintaron la discoteca 'Zaas' tras numerosas multas acumuladas.
"Fue idea del concejal del distrito, Alberto López Viejo. Fue porque no había pagado. Yo le pregunté a la policía el motivo y me dijeron: 'Es orden de López Viejo'. Lo hizo adrede en esas fechas para hacer daño", afirma el empresario, que se querelló contra el concejal del distrito por prevaricación y allanamiento y el juez acabó archivando la causa. "El juez admitió a trámite la querella y todos declararon, menos López Viejo. Recurrimos, pero el juez lo desestimó. Pensamos en denunciar al juez".
"Ahora la gente se asusta de todo esto que está saliendo, pero la corrupción es algo que lleva existiendo en Madrid muchos años. En un bar en la calle Paraguay, frente a Urbanismo, yo he visto como le daban dinero al jefe de Urbanismo", dice Pedro mientras enseña los recortes de prensa que guarda desde los 90 sobre casos de corrupción. "¡Puff! ¿Y todo esto de denunciar de qué sirve, si al final no se hace nada?".
* El Mundo - ROBERTO BÉCARES - 24/11/2007
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - abc.es
