Territorio: el estado de la cuestión

LUÍS ANTONIO CORRAL JUAN* : Una comunidad turística como la nuestra en la que el paisaje es uno de sus más importantes activos, así como la propia calidad de vida de sus ciudadanos, debe obligarnos a salvaguardar nuestros patrimonios culturales, tanto naturales, rurales o litorales, como transformados, sean arquitectónicos o conjuntos urbanos. La necesaria ley de paisaje, debe acometer un estudio previo de las características que definan los distintos territorios, naturales o transformados, sobre los que basar las normativas que en ese aspecto contenga. Territorios, como los costeros de fortísima implicación turística, donde la administración estatal, casi veinte años después, analiza el grado de incumplimiento de la ley de costas. Tiempo excesivo para cumplir con la obligación de velar por unos espacios emblemáticos de tanta repercusión medioambiental y paisajística.

La acción combinada entre todas las administraciones resulta obligada dadas las competencias que en las áreas litorales se juntan. No es factible hablar de nuestro territorio sin tener presente su contorno en el que se acumulan un sinnúmero de anomalías. No olvidemos que la trascendencia penal en la ordenación territorial reside en las actuaciones sobre espacios protegidos y sobre ámbitos de dominio público y la costa contiene ambos aspectos.

La primacía del interés social y mediático en toda España durante este último año se ha centrado en la corrupción urbanística. La necesidad de reclamar la ética como herramienta imprescindible en el ejercicio profesional en todos los campos de actuación, y ahora de manera especial en el del urbanismo y el territorio, no nos ha dejado indiferentes a los arquitectos, reforzando nuestras estructuras deontológicas. La especulación urbanística, que prohíbe la Constitución y contra la que han pretendido actuar todas las leyes del suelo estatales, se centra, en la actual, en la separación entre los derechos a la propiedad y a la edificación, aspecto que debiera haber profundizado más, en la línea de otros países más avanzados donde, reconocida la función social de lo urbano, limita su creación a la potestad de la administración pública. Con esa exclusividad de transformación del suelo en urbano desaparecerían las expectativas y las plusvalías revertirían a la sociedad que las genera. En cualquier caso, la obtención de la materia prima, el suelo rústico, debe asegurar (lo que no hace la ley actual cuando plantea la expropiación) la reparación del bien perdido, la posibilidad real de compra de otro terreno con similares características.
La asunción de tales aspectos desde una ley autonómica es aún más compleja. La ley de suelo balear, que inicia su cuarto intento para acabar con el triste privilegio de ser la única autonomía que aún no dispone de ella, parece que seguirá el mismo punto de partida de los anteriores, respecto a recoger en ella la ingente legislación urbanística y territorial existente en nuestra comunidad, pero ello no puede dejar de lado uno de sus cometidos como es la revisión, actualización y localización de los contenidos de la ley estatal del 76 que debe reemplazar, aunque su pormenoración sea objeto de un posterior reglamento. Legislación que no debe importar la figura del agente urbanizador, que tantos problemas de usurpación de suelo está generando en otras comunidades españolas. Aspecto éste al que la nueva ley estatal intenta hacer frente exigiendo transparencia en el proceso.

Una consecuencia concreta de la falta de protagonismo directo de las administraciones en la generación de los suelos urbanos es la carencia de patrimonio público, de la que luego derivan otros problemas. Las demandas sociales relativas a la posibilidad de acceso a la vivienda, dramatizadas por la escalada alcista de los precios en los últimos años han tenido y tienen variadas respuestas en las distintas administraciones. La clave del fomento del alquiler, que es la realidad en el resto de Europa, sigue sin potenciarse. La educación sobre su bondad, debe luchar contra el arraigo social heredado de una época afortunadamente lejana, en la que se vinculaba la propiedad con la dignidad.

El anuncio de un plan de choque por parte del Govern ante la escasez de suelo, fundamentalmente de las administraciones, para actuar en una comunidad donde el parque de viviendas con soporte público es mínimo, debe ser observado minuciosamente, por las trascendencias territoriales que puede tener. La correcta estrategia por la compacidad ante la realidad del carácter extensivo (tan poco sostenible) de nuestra comunidad debe estar enmarcada por el lugar. La importancia del paisaje y la persistencia de la singularidad de aquellos conjuntos urbanos definitorios de nuestro asentamiento sobre el territorio tienen que ser irrenunciables.
La obtención de suelo necesario para alcanzar el objetivo de 5000 viviendas protegidas, fundamentadas en la cohesión social y la calidad de la arquitectura, no puede hacer valida la frase de que "el fin justifica los medios" y mucho menos prolongar "el urbanismo a la carta", porque volvemos a jugarnos ese bien tan escaso e irreversible como es el territorio. La duplicación de ese número de viviendas en virtud de las contraprestaciones ofrecidas a la promoción privada encuentra un balón de oxígeno, si se diversifica, para la actividad del sector de la edificación que, tras unos años de continua expansión, está entrando de lleno, en una situación recesiva.

Dada la extrema dificultad de optar a suelo urbano si no es patrimonio público, la determinación de esas áreas estratégicas debe limitarse a aquellos espacios que los planeamientos hayan determinado para el desarrollo, los suelos urbanizables. La posibilidad de utilizar suelos rústicos debe descartarse.
Escasez de suelo público a pesar de la obligación de las administraciones de dotarse y de ampliar su patrimonio. Enajenación constante, consecuencia directa de la nefasta financiación local, que supone en bastantes casos una malventa de los terrenos a precios irrisorios en comparación con los que obtendrán los adjudicatarios.
La modificación del estatuto de autonomía mejoró la financiación de nuestra comunidad, aunque todavía requiere de nuevos esfuerzos. Entre otros, que el estado haga suyos los criterios de población y carencias como parámetros para acercarse a lo deseable. Pero la situación de desamparo que padece la administración local es aún mayor. Lo que la convierte habitualmente en impulsora del desarrollismo urbanístico y edificatorio, al ser ese su principal medio de financiación.

El necesario estímulo y apoyo que el Consell de Mallorca quiere dar a los Ayuntamientos para que adapten sus planeamientos al Plan Territorial posiblemente va a tener que requerir previamente su reforma. Desde la legislación de vivienda, que con su plan de choque modificará delimitaciones y parámetros, a la imprescindible revisión de las Áreas Directas de Reconversión Territorial, para que cumplan los objetivos que les marcaban las Directrices de Ordenación y no sean lo que hoy, en su inmensa mayoría, son: meras excusas para urbanizar nuevos territorios. Incluso la asunción de la necesaria herramienta con la que hacer frente a la indisciplina urbanística que dificilmente pueden asumir directamente la mayoría de las corporaciones municipales, dada la excesiva cercanía entre munícipes y vecinos. El consorcio creado para ello por el Consell de Menorca es un ejemplo de como hacerlo.
Los dos sectores del Área de Reconversión Territorial ubicado en la Playa de Palma deben plantearse, en esa revisión, al servicio de la tan necesaria revitalización de esa importante zona turística, algo que, afortunadamente, recoge el decreto de moratoria urbanística que prepara el Govern. Si la Playa de Palma fue pionera en la concepción del turismo masivo, debe serlo también a la hora de la recuperación de las áreas maduras. Es mucho lo que se espera de ella. El fallo del concurso internacional de ideas que se llevará a cabo proximamente debe ser el punto de arranque para la resolución de un sector tan amplio y complejo, contemplado prioritariamente desde lo turístico y no unicamente desde la perspectiva de ordenación de la ciudad.

El anteproyecto de ley de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible, además de contener un capítulo que debe ser objeto de la ley de suelo que igualmente elabora esa consellería, también incide en el sector turístico. La oferta complementaria y necesaria para un turismo de mayor calidad y de efecto desestacionalizador, como es el golf, debe desembarazarse de una vez por todas, tal como ahí se propugna, de los aditamentos de una actividad edificatoria. Al igual que los puertos deportivos, su rentabilidad debe radicar en su propia esencia. Dicha ley plantea, además de la revisión al alza de la ley de espacios naturales, la protección del entorno del hospital de Son Espases. Un ejemplo más, en este caso por la elección de una ubicación, de la actual primacía, en el panorama español, de la gestión en la práctica urbanística, frente a una necesaria concepción global y ordenada de la ciudad, donde todos los elementos se sitúen en el lugar idóneo, estructurado con el conjunto del entramado urbano. La recuperación del planeamiento, como medio de expresión del espacio de la ciudad al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos, debe relegar la gestión al lugar que le corresponde, como medio para lograrlo y no como planificador de un urbanismo interesado y fraccionado.

Urbanismo y ordenación territorial, sostenibilidad y medioambiente, turismo y paisaje, patrimonio y cultura, campo y ciudad, vivienda y suelo, litoral y espacios protegidos, golf y puertos deportivos, corrupción y especulación, ética y justicia, disciplina y planeamiento, construcción y recesión, reconversión y revitalización, financiación y desarrollo, legislación y normativa. Y todo sobre un territorio tan escaso y finito como el nuestro. Las resoluciones de los problemas son potestad de los políticos, teniendo a los profesionales como agentes capaces de elaborar los medios para lograrlas. Nosotros debemos preocuparnos de la calidad, la solidez y la ética de nuestras propuestas a esas soluciones.




* Luís Antonio Corral Juan es Decano del Col·legi Oficial d´Arquitectes de les Illes Balears.





* Diario de Mallorca - Opinión - 24 de noviembre de 2007