La Audiencia de Valladolid reabre el 'caso Arroyo' para investigar el entramado urbanístico

ELNORTEDECASTILLA* : La Audiencia de Valladolid ha revocado el auto del juez de Instrucción número 1 de Valladolid mediante el cual se archivaba el 'caso Arroyo' y ordena al magistrado investigar el presunto entramado económico de personas y cargos públicos relacionados con el desarrollo urbanístico de este municipio, que hasta el pasado mes de junio estuvo gobernado por el Partido Popular. La Sala pide que se tome declaración al alcalde, a Dionisio Miguel Recio, al arquitecto municipal, a su esposa, al presidente de la constructora Mahía y a un vocal de Emuva.

El sobreseimiento provisional decretado el pasado 22 de junio por el instructor se llevó a cabo con la oposición de la Fiscalía de Valladolid y de la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI, que ejerce la acusación popular, y después de que el propio juez que abrió las diligencias de oficio optase por el archivo tras trece meses de investigación.

La decisión de Sección Cuarta de la Audiencia, que preside el magistrado José Luis Ruiz, supone la vuelta al instructor de la mayor parte del procedimiento penal incoado, que se inició en mayo del 2006 tras varias informaciones publicadas por este diario relacionadas con la recalificación del SAU 9. Este sector, propiedad de la constructora Mahía, obtuvo la autorización del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para edificar 2.984 viviendas en dicho terreno, catalogado inicialmente como industrial.

Sin embargo, la reapertura de las diligencias penales ordenadas por la Audiencia provincial, a las que se había opuesto Javier Gómez de Liaño, abogado del alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, y del ex concejal de Obras, Javier Cruz, limitan al juez cualquier investigación relacionada con esta área urbanística.

Los tres jueces de la Sección Cuarta entienden que, aunque la causa tuvo su origen en dicha recalificación, la múltiple documentación aportada por la Consejería de Fomento de la Junta demuestra que tal cambio de uso de los 335.000 metros cuadros «no se consumó» por cuanto los correspondientes controles «llevaron a que la Administración autonómica informase desfavorablemente la modificación del PGOU». «En consecuencia, en principio, no se considera que haya datos para que la investigación siga adelante en relación con esta materia», dice la Sala.

Las indigaciones comenzaron después de que se conociese que el alcalde de Arroyo, ahora en las filas del grupo Independientes por Arroyo (IA), hubiera pactado mediante un convenio urbanístico la recalificación con María Iluminada Miguel Fernández, una ex empleada suya e hija del responsable de Política Municipal del PP en Valladolid y presidente del Balonmano Valladolid, Dionisio Miguel Recio.

En el nuevo auto del pasado 30 de octubre, la Audiencia sostiene que el juez de Instrucción número 1 deberá centrar su investigación en aquellos aspectos que se recogen en los más de 40 tomos de documentación que constan en las diligencias relacionados con un «círculo de influencias» que pudiera haber utilizado sus relaciones para beneficiarse.

Entre las circunstancias que se deberán de esclarecer están las relaciones laborales y comerciales entre el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, y su antigua empleada en Recreativos Dema, María Iluminada Miguel Fernández, que ha actuado como apoderada de la promotora Mahía y con la que suscribió en junio del 2005 el convenio para recalificar el sector SAU 9 de Mahía.

Por ello, la Audiencia indica al magistrado que deberá tomar declaración a María Iluminada Miguel, que también ejerció como apoderada de Maexpa, una sociedad del Grupo Mahía. Tal y como informó este diario, en mayo del 2006, Iluminada Miguel firmó una escritura de venta de un piso en Villagarcía de Arosa, en el verano del 2004, para el regidor José Manuel Méndez. El inmueble a pie de playa se escrituró en 79.000 euros.

El juez deberá además tomar declaración al presidente de Mahía, Ramón López, que a su vez es administrador de la constructora Binurba, que ha edificado un complejo de 108 apartamentos en la avenida de Salamanca.

Precisamente en el escrito remitido por la Audiencia se ordena además tomar testimonio al arquitecto de esta obra y vocal de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (Emuva), Francisco Javier González Barriuso. Este facultativo fue en 1998 el director de obra del chalé particular del alcalde José Manuel Méndez, y figura citado en un informe policial elaborado por la Jefatura Superior de Castilla y León sobre una «Presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda», que no consta en las diligencias abiertas.

Deberán declarar también el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde, y su esposa Nerea Santiago, que pese a no tener relación profesional con el sector de la construcción fue socia en la empresa Arquiduero al 50% con el vocal de Emuva, González Barriuso.

Los tres magistrados de la Audiencia de Valladolid ordenan por último al juez que reciba el testimonio tanto de Dionisio Miguel Recio, que fue vocal de Emuva a propuesta del alcalde José Manuel Méndez, como de su hijo, Julio César Miguel, que aparece entre la documentación como socio accionista de Construcciones y Reformas Dafranma.

Esta constructora creada en Pedrajas de San Esteban en junio del 2003, pasó de tener en algo más de un año 18 empleados a 93, y a facturar importantes cantidades por obras a Mahía y Maexpa.

Fuentes de la investigación indicaron que las declaraciones comenzarán en los próximos días y recordaron que existen otras empresas constructoras, con facturaciones que se investigarán, cuyos directivos serán llamados también a declarar.






* El Norte de Castilla - J. MORENO - 7 noviembre 2007
Foto: Sede en Pedrajas de la constructora Dafranma, cuya actividad se investigará / EL NORTE




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Valencia: Un juzgado investiga si el Consell prevaricó con el Plan Forestal

LEVANTE-EMV* : La sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha requerido al letrado mayor de las Corts para que acredite la condición de aforado del ex conseller Esteban González Pons, tras las diligencias previas de investigación abiertas en un juzgado de Castelló. El TSJV ha abierto el rollo penal 28/2007 tras la denuncia presentada por un particular contra el ex conseller González Pons, actual portavoz parlamentario del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, por un presunto delito de prevaricación.

Tras la apertura del rollo penal la Sala del TSJ que dirige el propio presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa, se ha dirigido al Secreatario Primero de Les Corts Valencianes «a fin de que certifique si la persona denunciada, D. Esteban González Pons, es Diputado a les Corts en la actualidad». El objetivo de esta diligencia es determinar si la Sala es competente para la investigación de los hechos denunciados -lo es cuando se acredita la condición de aforado de la persona implicada- o, en caso contrario, está obligada a devolver la investigación al lugar de dónde partió: el Juzgado de Instrucción número 2 de Castelló (Diligencias Previas 3367/2007).

La investigación trae causa de la denuncia presentada por un miembro Asociación Ciudadanos de Benicàssim, que preside Juan José Salvador Tena por un presunto delito de prevaricación que atribuye al entonces conseller por continuar aplicando el Plan General de Ordenación Forestal de la Comunitat Valenciana (PGORF) «a pesar de que esta norma ha sido derogada por sentencia dfirme del TSJCV a principios de año». Juan José Salvador Tena preside una asociación cívica opuesta al desarrollo de la actuación integrada Benicàssim Golf en la localidad castellonense y forma parte como vocal de medio Ambiente de Abusos Urbanísticos No.

Levante-EMV informó en exclusiva de la anulación del Plan General Forestal en el que se apoyan decenas de planes urbanísticos en localidades que poseen, aunque sea en pequeña proporción, terrenos de naturaleza forestal. Según desveló este diario, la conselleria de Territorio y Vivienda, bajo el mandato de Esteban González Pons, siguió aplicando el contenido del PGORF al menos hasta el mes de junio de 2007, cuando se publicó la noticia, pese a que el auto del TSJ anulando la norma databa de enero de 2007.





* Levante-EMV - 07 de noviembre de 2007
Foto: Valencia, protesta Abusos Urbanísticos No - abusos-no.org



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Tenerife: Los tribunales dan la razón al movimiento ciudadano en La Orotava

E.A.ELRINCÓN* : En una sentencia muy contundente y crítica con el Cabildo tinerfeño, el ayuntamiento orotavense y hasta con el juez que respaldó las tesis de esas instituciones, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estima el recurso vecinal e impide la creación de los 51 pisos, locales y garajes por los que se derribó el teatro y casas con valor patrimonial. La satisfacción vecinal no puede ser mayor "porque la lucha no ha sido en vano y teníamos razón".

Tras los tensos días 10 y 11 de marzo de 2005, aquellas 19 noches de acampada al frío villero, aunque con el calor humano de los sentimientos compartidos, de la valentía frente a los poderes de distinto signo, el amor al patrimonio arquitectónico, cultural y sentimental de un pueblo y, por qué no, la defensa de sus propios intereses y criterios, no fueron sólo la reacción romántica y contestataria de "los cuatro de siempre", como se les ha censurado desde entonces.

No se puede negar la voluntad y convicción del Movimiento Vecinal Atlante y de la Coord. El Rincón-Ecologistas en Acción, sus argumentos y lucha merecían elogio más allá de si finalmente le daban la razón los juzgados. El pasado viernes, el respaldo que le ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) es tan contundente que, en las primeras horas, hasta le costaba creérselo a sus miembros más activos.

En una sentencia que no tiene desperdicio y que deja en muy mal lugar al gobierno orotavense (CC), al Cabildo tinerfeño y hasta al juez que previamente había rechazado los argumentos de los vecinos, el TJSC da la razón al Movimiento Atlante y anula el decreto local por el que se le concedió a la empresa Pejomar el 30 de agosto de 2004 licencia para construir 51 viviendas, locales y garajes en el solar donde previamente había derruido el histórico teatro Atlante y hasta cinco casas, dos con valor patrimonial reconocido por el propio Cabildo con posterioridad, inmuebles ubicados entre la calle Juan Padrón y Nicandro González, en pleno casco histórico de la Villa.

Además, anula el decreto del Cabildo de 7 de marzo de 2005 por el que se autoriza la edificación, "dictada justo un día antes del decreto de 8 de marzo por el que el ayuntamiento ratifica la licencia". También deja sin valor el decreto de 8 de marzo de 2005 por el que, "una vez concluida la delimitación del Entorno de Protección del Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico Villa de La Orotava (22 de febrero de 2005), inmediatamente informada en sentido favorable (7 de marzo de 2005) por la Comisión Insular de Patrimonio, se ratificó la aprobación de la licencia, que ya había sido concedida bajo el número 155/2004".

Tras este contundente fallo, que consta de nueve folios y que, aunque sin mencionarlo, deja abierta muchas opciones para que se renegocie con la constructora, se recupere el espacio para uso público y se reconstruya el teatro o, por lo menos, su fachada, el portavoz del gobierno local, Francisco Linares, y el abogado de Pejomar, Manuel Estévez, prefirieron ayer no hacer declaraciones, si bien CC estudiará la sentencia y seguramente se pronunciará después.

La satisfacción vecinal no puede ser mayor "porque la lucha no ha sido en vano y teníamos razón".

Argumentos "insólitos"

La sentencia que firma Pedro Hernández Cordobés como presidente y que tiene de magistrados a Adriana Fabiola Martín y Juan Ignacio Moreno (ponente) recalca que la parcela se hallaba en el casco histórico declarado como Conjunto Histórico Artístico y subraya que así se recogía en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de La Orotava de 1996, aludiendo a algunos inmuebles como "muy interesantes". Por eso, tilda de "verdaderamente insólito" que en un informe del Cabildo se afirme que antes de la suspensión cautelar de las obras acordada por el consejero el 17 de julio de 2003 "ya se habían demolido los inmuebles parcialmente, no siendo justificable su preservación". Para el TSJC, esta afirmación resulta "insólita" si se atiende a que "los decretos de demolición del consistorio son de 2004, es decir, posteriores". También recalca que el Cabildo falsea la situación al afirmar que las demoliciones no requerían autorización por estar fuera del conjunto histórico, cuando, en realidad, "no existía delimitación y, sin embargo, se encontraban catalogados como patrimonio". El fallo critica otras razones locales e insulares por insostenibles, cree que algunas licencias contienen "vicios de nulidad" y "legitiman lo imposible en un espacio que la administración estaba obligada a proteger". Censura que se hayan incumplido "todos" los plazos para aprobar el Plan del Casco y que, en vez de proteger, se permitieran edificios con "parámetros obsoletos y anteriores al espíritu de la ley". A su juicio, la "vulneración" de la ley de Conjuntos Históricos de Canarias resulta "flagrante".







* Ecologistas en Acción de El Rincón - 5 de noviembre
Foto: La Orotava (Tenerife) - Wesisnay (wikipedia.org)




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Santiago: La Fiscalía sospecha que hubo una estafa en la Cidade da Cultura

PÚBLICO* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia considera que "resulta sospechosa" la desviación presupuestaria que acumula el complejo arquitectónico de la Cidade da Cultura. El proyecto ideado por el Ejecutivo autonómico del ex presidente Manuel Fraga iba a costar 108 millones de euros en 2001. Hoy se habla de un presupuesto superior a los 400 millones. "La Fiscalía no puede dar por buenas según qué cosas", dice José Ramón Piñol, portavoz de este organismo. Han decidido recurrir el archivo de la denuncia interpuesta por el sindicato nacionalista Converxencia Intersindical Galega (CIG) para que se investigasen las obras.

La CIG solicitó en agosto una investigación judicial sobre las desviaciones y los manejos presupuestarios de la Cidade da Cultura. Aportó como material para la investigación un informe hecho por el organismo que fiscaliza las cuentas públicas en Galicia, el Consello de Contas.

La denuncia fue archivada el pasado viernes. El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago consideró que la vía penal no es la adecuada para llevar adelante el proceso. "Hay que desarrollar una investigación profunda, seria y pormenorizada de los aspectos relativos a la obra, su adjudicación y el gasto", estima José Ramón Piñol. En su opinión, sería "dejación de funciones" que la Fiscalía no actuase ante un caso como éste. Han presentado un recurso de reforma a la decisión de la juez.

La historia es sabida. En febrero del año 2001 comenzaron las obras de un proyecto que buscaba un "efecto Guggenheim" para Galicia. Se trataba de hacer un megacomplejo arquitectónico denominado Cidade da Cultura. Los antiguos responsables del proyecto dicen que la desviación es normal y la atribuyen, en todo caso, al arquitecto, el estadounidense Peter Eisenman.

Irregularidades

El PP insiste en que hasta ahora nadie ha detectado ninguna "irregularidad". Políticamente, el debate camina por otros fueros. La Fundación que gestionaba las obras tenía tres personas contratadas como personal de "alta dirección", dos de ellas familiares de destacados miembros del PP gallego. La tercera, el responsable financiero de la entidad, es el cuñado de Mariano Rajoy, Manuel Fernández Balboa.

"Si se trató de una estafa, sería la estafa más grande de la que tengamos noticia en la historia de la autonomía de Galicia", explica el fiscal y portavoz Piñol. En su opinión, "no resulta muy creíble" que se puedan cometer "errores", al elaborar un presupuesto, que impliquen desviaciones de la magnitud de las acumuladas en la Cidade da Cultura. "Podría haber situaciones que justifiquen una desviación del 10, del 20 o del 30%, o más si pasa algo importante, si se hunde algo, por ejemplo", explica, "pero resulta sospechosa una desviación" del 300%.

José Ramón Piñol llamaba ayer a la prudencia. Quizás consciente de que sus palabras podrían ser utilizadas para avivar el debate político en Galicia, insiste en que sólo se trata de saber por qué "no se acomoda la divergencia entre lo previsto y lo que se va a gastar al final". Y deja claro que, "si las actuaciones fueron de buena fe, no serían punibles".

Recuerda, eso sí, que "cualquier familia hace su presupuesto y puede haber un margen de error", pero el 300% le parece exagerado. El ex presidente Manuel Fraga y el actual líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijoo, comparecerán hoy ante la comisión del Parlamento de Galicia que investiga lo sucedido. Quizás sus palabras aporten más luz sobre el caso.






* Público - PANCHO TRISTÁN - Santiago de Compostela - 06/11/2007
Foto: Santiago, Cidade da Cultura - cidadedacultura.es




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Castellón: La amenaza del urbanismo más duro

ELPAÍS* : El ladrillo ha sustituido a la agricultura en la provincia de Castellón. El más claro ejemplo es Marina d'Or, la macrourbanización que el plan de choque contra el urbanismo salvaje del Ministerio de Medio Ambiente quiere limitar. Para ello propondrá que no se permitan más recalificaciones. Castellón es ejemplo de lo que no se debe hacer, si la intención es apostar por el desarrollo sostenible. Y el futuro pinta aún más negro en un litoral donde el cemento ha ganado la batalla a la agricultura, hasta hace poco dueña de los terrenos más preciados. El peligro es que invada también los espacios protegidos, que aún "sostienen" amplios márgenes junto a las playas.


El desarrollismo eclosionó en Castellón en los 90. Los remedios para paliar la barrera urbanística ya existente son muy escasos. Las vacunas, muy caras. Y el diagnóstico, muy grave. La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa -el amplio diagnóstico sobre el estado del litoral que Medio Ambiente ha elaborado en dos años de trabajo y al que ha tenido acceso EL PAÍS- lo especifica en la radiografía sobre el litoral de Castellón.

"Presión urbanística muy fuerte", "playas encajadas", "riesgo de saturación", "incremento de demandas de playas" son algunos de los conceptos que utiliza el plan de choque de Medio Ambiente contra el urbanismo salvaje al analizar Castellón.

Las estrategias para salvaguardar este litoral, tal como señala el documento, pasan por la adquisición de terrenos en una franja de 500 metros, la protección de los parques naturales costeros amenazados y por dejar "fuera de ordenación" los puntos en los que existe una edificación masiva en el límite de la línea de costa como al norte de Peñíscola, Marina d'Or y su área de expansión, y la zona comprendida entre el puerto de Castellón y Burriana.

Esto significa que en decenas de miles de viviendas sólo se permitirían obras de conservación y mantenimiento de los edificios pero no grandes modificaciones ni cambios de uso.

Sobre Marina d'Or afirma que "las intervenciones urbanísticas de gran impacto que se están llevando a cabo al norte de Oropesa suponen un modelo urbano duro, que entra en fuerte contradicción con las condiciones ambientales de la zona. Generan una barrera en el frente litoral y provocarán una presión humana sobre el mismo, insostenible en términos de futuro". El ministerio de Medio Ambiente no sólo se ha fijado en el espacio ya construido, para el que propone una "mejora de la calidad paisajística" y su declaración como "fuera de ordenación", sino que hace referencia a las previsiones de desarrollo urbanístico que quiere "vigilar".

El hecho es que la expansión de la macrourbanización Marina d'Or se sitúa junto a un parque natural, el Prat de Cabanes-Torreblanca, que no cuenta con ningún "colchón" que imposibilite que a dos metros del límite del parque se estén construyendo edificios.

Además, en el mismo término de Oropesa, pero más al interior, está pendiente de aprobación una macrourbanización de más de 18 millones de metros cuadrados, proyectada bajo "el amparo" de la construcción de un parque temático. La urbanización, que promueve también Marina d'Or, prevé un aumento de población de hasta 200.000 habitantes, cuando la actual es de 10.000, e incluye 40.000 viviendas, tres campos de golf, seis hoteles con 7.500 plazas, una pista de esquí artificial, un casino, 12.000 plazas de aparcamiento privadas, además de otros aparcamientos públicos y residenciales, una zona nocturna de ocio con 34 locales y sus propios parques de atracciones, uno de civilizaciones y otro acuático.

Las previsiones apuntan a que la macrourbanización precisará de 20 millones de metros cúbicos de agua al año, poco más de lo que consume la ciudad de Albacete.

"La invasión" del litoral no afecta sólo a este tramo, ya que la delegación de Costas ha realizado un inventario en el que especifica la existencia de unas 600 edificaciones que invaden el dominio público marítimo terrestre a lo largo del litoral castellonense. La estrategia se basa también en recuperar este terreno, actuar contra los infractores y en retirar concesiones.

Al norte de la provincia, el estudio de Medio Ambiente describe un tramo en el que la edificación "coloniza de manera casi continua" el litoral, mientras que la demanda de playas es superior a las posibilidades que ofrece la costa, por lo que propone "no realizar más construcciones cercanas" a la línea marítima. Entre Vinaròs y Benicarló, se apuesta por contener la urbanización en primera línea, ya que aún existe una franja de suelo no urbanizable que "constituye una banda de permeabilidad medioambiental muy positiva".

Entre Peñíscola y Alcossebre se encuentran más de 10 kilómetros de frente litoral protegido en la Serra de Irta, declarado parque natural y Lugar de Interés Comunitario. Allí "debe evitarse el proceso urbanizador, a toda costa". Sin embargo, existe un riesgo de saturación urbanística en sus límites, por lo que Medio Ambiente plantea endurecer los criterios de protección frente a la presión urbanística.

El norte de Oropesa está marcado por Marina d'Or, con "peligro de colmatación humana" y sin posibilidad de realizar espigones de estabilización de la playa para controlar la regresión de la costa. Mientras, el sur del término municipal se plantea como una zona muy vulnerable, en la que todavía existe la posibilidad de contener la urbanización. Para ello, el proyecto propone la compra de los terrenos de la línea de costa para ejecutar un recorrido turístico cultural y natural para peatones y bicicletas.

Entre Benicàssim y Castellón se perfila una "costa caótica", con edificaciones prácticamente en la línea del mar y una playa en constante regresión. Sin embargo, poco se puede hacer ya en una zona tan consolidada y, al margen de medidas para liberar las franjas de servidumbre, las propuestas de actuación apuntan a la realización de un estudio global de estabilización de la costa.

Al norte de Castellón aún existe alguna posibilidad, con lo que Medio Ambiente propone ampliar el parque del Pinar hasta la desembocadura del Riu Sec, en una zona que actualmente se usa como aeródromo. "Deberá conseguirse especialmente la no consolidación urbana", dice como propuesta. Sin embargo, ya existe un proyecto para este tramo, la Ciudad de las Lenguas que aún está por definir.

Al sur del puerto de Castellón, la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa apunta otra gran propuesta: declarar fuera de ordenación los terrenos situados desde el extremo sur portuario hasta la desembocadura del río Mijares, que está protegido, lo que abarca el frente litoral de Almassora. Más al sur, apuesta por recuperar los antiguos terrenos de dominio público de la playa del Arenal, en Burriana, y demoler un espigón del puerto de este municipio.







* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 06/11/2007
Foto: La gran urbanización Marina d'Or, en Oropesa del Mar - carles francesc (El País)




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Cerca de 300 km de la primera línea de playa de Andalucía ya están construidos

20MINUTOS* : Carreteras, paseos, chalés y urbanizaciones de lujo... En Andalucía, cerca de 300 kilómetros de primera línea de playa (los primeros 500 metros de costa) están ya construidos, según datos de la Consejería de Medio Ambiente. Lo peor es que la situación no es reversible. No se puede derruir nada, aunque las administraciones se lo propongan. Se entiende que los suelos están sellados. Esta cifra supone el 29% de los 500 primeros de costa (desde el mar al interior) de los 918 kilómetros del litoral andaluz. Los ladrillos no se han detenido ante nada.

De los 334 kilómetros protegidos, hay construcciones en seis (el 1,7% del total).

Málaga y Cádiz son las que ostentan las peores notas: el cemento acapara el 50% y el 30% del primer kilómetro de sus costas y playas.
más datos

Insalvables. Los Barrios (Cádiz), junto a poblaciones como Torremolinos, Fuengirola, Marbella y la propia capital en Málaga tienen más de un 70% de primera línea de costa edificado. Los Barrios es el peor. Su polígono químico ocupa casi el 80% de esta franja.

Costas. De los 62 municipios con costa en la comunidad autónoma, 11 tienen sellado más de un 50% del primer kilómetro desde la costa al interior; 23 más del 30%; y 44 más de un 10%. En esta lista se encuentran pueblos como Rincón de la Victoria (Málaga), El Puerto de Santa María (Cádiz) o Mojácar y Carboneras (Almería).

Más respeto. Huelva es la que menos espacio sellado tiene:13%. Sin embargo, superan la media Lucena del Puerto (casi un 60%) e Isla Cristina y Punta Umbría (más de un 20%).

Riqueza natural. El litoral andaluz tiene 82 puntos reconocidos por la Unión Europea como de interés comunitario (albergan 371 especies de flora y fauna). Y 40 espacios protegidos entre parques nacionales y naturales, parques periurbanos, reservas naturales...

40% de las poblaciones. Tres millones de personas viven en la costa andaluza, lo que supone el 40% de la población de la comunidad. A ellos, hay que sumar los seis millones de personas que visitan año tras año esta parte de la región.

Gasto de agua alto. Andalucía ostenta el segundo puesto del país en lo que a consumo de agua se refiere, según Greenpeace. La media es de 180 litros por persona y día, cantidad que sube hasta 400 litros por vecino y jornada en zonas como la Costa del Sol de Málaga y localidades de Almería.

8.000 km de litoral español

España cuenta con más de 8.000 kilómetros de litoral, de los cuales más de 4.000 son acantilados y otros 2.000 son de playas.

La mano del hombre ya ha conseguido transformar artificialmente unos 600, según los datos que maneja el Ministerio de Medio Ambiente.

No será la única transformación que sufra el litoral. El cambio climático reducirá el ancho de la mayoría de las playas, lo que significa que comunidades como Andalucía, las islas y las que dan al Mediterráneo estarán expuestas a sufrir daños «significativos» por la acción del mar.







* 20minutos - JAVIER LUQUE. 02.11.2007
Foto: Benalmádena (Málaga), Torrequebrada - UrbPatasArriba




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Vivienda y medio ambiente

ÁNGEL B. GÓMEZ PUERTO* : El debate político y social sobre el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda vuelve a estar de actualidad. Recordemos que el artículo 47 de nuestra actual Constitución de 1978, declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

El pasado 1 de julio entró en vigor una importante norma, la nueva ley reguladora del suelo (Ley 8/2007), que tiene como fundamento constitucional el precepto antes señalado. Es la respuesta contundente del legislador, y de la sociedad en su conjunto, a tanto desorden urbanístico sufrido en los últimos años en demasiadas zonas del territorio nacional, siendo el caso de Marbella el más señalado.

El objetivo que las Cortes Generales pretenden con la nueva ley es regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal, así como establecer las nuevas bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, de su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en materia de suelo.

Entre los principios generales que informan el contenido global de la ley del suelo se encuentra el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, en base al cual, las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo, tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible.

Además, y en virtud del objetivo de desarrollo sostenible, todas esas políticas públicas han de propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres, la salud y seguridad de las personas, y la protección del medio ambiente.

Sistemáticamente, el nuevo texto legal se estructura en cinto títulos, a cual más importante. En los 36 artículos de la norma, se abordan elementos tan esenciales como los derechos y deberes de los ciudadanos en esta materia, su contenido y su modo de ejercicio, los criterios básicos de utilización del suelo, el régimen jurídico de las valoraciones del suelo, o la expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial.

Es muy importante destacar un derecho que se consagra al ciudadano: el de acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como a obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados. Por otra parte, se establece la obligación ciudadana de respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y paisaje natural y urbano, absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos en la materia.

El último título de la ley se dedica a la cuestión más importante, al menos desde mi punto vista: la función social de la propiedad y la gestión del suelo. En este apartado, se dedica un capítulo propio a los patrimonios públicos de suelo, como instrumento jurídico de regulación de los mercados de terrenos, de obtención de reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y como medio para facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística. Es este un instrumento jurídico esencial para el desarrollo de políticas públicas de viviendas.

Esperemos que con la entrada en vigor de la nueva regulación se sienten las bases de un nuevo modo de entender el respeto a los bienes comunes, de una ordenación justa y racional del territorio, y del fin de la especulación urbanística. Y que se posibilite en cualquier territorio de España el ejercicio eficaz de derechos constitucionales tan transcendentales como el “derecho a la vivienda digna y adecuada” (artículo 47 de la Constitución), o el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” (artículo 45 de la Constitución). Al respecto, el pasado 24 de octubre se publicó en el BOE una nueva e importante norma en la materia, la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental.




(*) Abogado y Doctorado en Derecho Público por la Universidad de Córdoba





* La República - 3 de noviembre





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Denuncian el beneplácito de las administraciones con una urbanización en Candeleda (Ávila)

ÁVILADIGITAL* : La Plataforma Ciudadana contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda ha denunciado el apoyo de las administraciones a una urbanización de 400 viviendas a la que se ha concedido más agua de la que dispone en la actualidad toda la población del municipio. Según denuncian, el proyecto contempla la construcción de más de 400 viviendas y 200 plazas hoteleras que “albergarán a más de 2.000 personas”.

La urbanización, según la plataforma, se levantará en el paraje de Navalpilón, cuyos terrenos se compraron a 0,50 euros el metro cuadrado, según explican, y “se recalificaron nada más concluirse la compra”.

En este sentido, acusan a la Junta de Castilla y León de “privar al Ayuntamiento de Candeleda de sus competencias de forma excepcional, concediendo a su vez la licencia para iniciar las obras, no contestando a ninguno de los recursos presentados por el Consistorio, asociaciones y particulares frente a la aprobación del plan parcial”.

Con estos argumentos, más de un centenar de personas realizaron este domingo una marcha a pie hasta el paraje en el que se pretende construir la urbanización, con el fin de facilitar información sobre los inconvenientes ambientales de la misma, y ya anuncian una concentración para el 8 de diciembre.

Aseguran que los procedimientos administrativos “adolecen de grandes defectos” y que no se han tenido en cuenta normativas comunitarias como la Directiva del Agua.

Además, critican que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha asignado un caudal de doce litros por segundo, cuando “toda la población actual del municipio dispone de ocho”.

Y en cuanto a los perjuicios ambientales, advierten que también se verán dañados los restos arqueológicos de la zona.








* Ávila Digital - María Cuenca - 05/11/2007
Foto: Protesta contra la urbanización, en Candeleda - aviladigital.com




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Casi 100.000 casas permanecen vacías durante todo el año en Baleares

20MINUTOS* : Pese a que ambas instituciones tienen el mismo objetivo, facilitar el acceso a la vivienda, las fórmulas defendidas por unos y por otros son bien distintas. Si hace unos días el Govern lanzó la propuesta de calificar terreno rústico para construir VPOs, ayer el GOB (Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza) ha reclamado que se utilice para este fin el suelo que ya es urbanizable y las cerca de 100.000 viviendas desocupadas que hay en las Islas.

La asociación ecologista defiende que Baleares cuenta actualmente con unas 3.600 hectáreas de terreno urbanizable, por lo que no hay necesidad de utilizar otras clasificadas hoy en día como rústicas.

Aprovechar lo que ya existe

Por otro lado, y dentro de su filosofía de aprovechar lo que ya hay construido, los ecologistas quieren promover medidas para que las miles de viviendas que actualmente están desocupadas durante todo el año pasen a ser utilizadas.

Según sus datos, en el Archipiélago hay actualmente 537.911 viviendas, de las que 107.059 son segundas residencias y 94.261 están vacías de forma permanente.

Estas casas podrían pasar a ser usadas si se aplicaran medidas similares a las propuestas en otras comunidades como Cataluña o el País Vasco, en las que se estudia aplicar penalizaciones a los propietarios que tengan sus viviendas desocupadas.






* 20minutos - JORDI MARTÍ. 06.11.2007
Foto: Casa vacía - 20minutos.es




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Murcia: Los imputados de Torre Pacheco y Fuente Álamo comparecen hoy

LAOPINIÓNDEMURCIA* : A partir de las diez de esta mañana, la magistrada titular del juzgado de instrucción número 4 de San Javier tomará declaración a la alcaldesa de Fuente Álamo (PP), María Antonia Conesa; a la concejala de Obras y Servicios del mismo ayuntamiento, Inés Mendoza; a la que fue edil de Urbanismo en el anterior mandato, María del Mar Pedreño; al controvertido arquitecto municipal de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez Martini, y a un ingeniero municipal, cuyo nombre no ha trascendido.

Todos ellos acuden en calidad de imputados por un presunto caso de corrupción urbanística que habría salpicado a los ayuntamientos de Fuente Álamo y Torre Pacheco. En las mismas condiciones, la juez también ha citado a declarar, aunque para mañana, al arquitecto municipal de esta última localidad así como al empresario de la construcción Facundo Armero.
En total, once es el número de personas imputadas por la magistrada y, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la cifra podría verse ampliada a medida que se vayan sucediendo las declaraciones. Las mismas fuentes argumentan que el propio alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), podría ser llamado a declarar en los próximos días como imputado.
La juez que instruye el caso ordenó el registro de los departamentos de Urbanismo de los ayuntamientos de Torre Pachecho, primero, y el de Fuente Álamo después, tal y como informó LA OPINIÓN.

Trato de favor a empresarios

La investigación iniciada por la magistrada trata de descubrir si en los dos ayuntamientos murcianos pudo haber un trato de favor a varios empresarios del municipio, entre los que ha trascendido el nombre de Facundo Armero Madrid, para quien trabajó como abogado, antes de ser alcalde de Torre Pacheco, el propio regidor Daniel García Madrid.

Para tratar de descubrir y probar el presunto trato de favor hacia estos empresarios, la juez acordó el pinchazo de los teléfonos de varios de los investigados por el presunto cobro de comisiones. Entre los números controlados por los agentes del equipo de Delincuencia Urbanística y de Patrimonio de la Guardia Civil, que es la unidad de la Benemérita que ha venido realizando todas las actuaciones determinadas por la juez, se encuentra el del propio alcalde de Torre Pacheco. Fuentes de la investigación aseguran que la declaración de los imputados, especialmente de los ediles y de la alcaldesa, será determinante.






* La Opinión de Murcia - 06 de noviembre de 2007
Foto: Torrepacheco_ayuntamiento - lomejordemurcia.com




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Abren diligencias por prevaricación contra el alcalde de Huércal Overa (Almería)

EFE* : El Juzgado de Instrucción 2 de Huércal Overa (Almería) ha abierto diligencias previas contra el alcalde, Luis García Collado (PSOE), y contra los ediles Dolores Martínez y Tomás Benítez por presuntos delitos de prevaricación en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El proceso se inició a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería, que denunció presuntas anomalías en la elaboración del plan de ordenación del municipio y las remitió durante el pasado mes de junio al Juzgado de Huércal Overa, han informado fuentes del Ministerio Público.

Las fuentes han señalado que, en estos momentos, el proceso iniciado para tratar de acreditar la existencia de elementos suficientes como para formular una escrito de acusación se encuentran en su fase inicial.

Durante la misma, está previsto que el próximo 16 de noviembre declaren ante la autoridad judicial los tres políticos presuntamente implicados en las irregularidades urbanísticas, sobre las que no han sido desvelados más detalles.

Por su parte, y en declaraciones a los periodistas en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, el alcalde Huércal Overa, una localidad de unos 15.000 habitantes, ha achacado la apertura de diligencias contra él a 'toda una trama de manipulación' ideada por el PP ante las próximas elecciones autonómicas.

Ha detallado que el PP, antes de acudir a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, interpuso una denuncia por los mismos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, que declinó abrir una investigación al respecto.

Tras defender que en la elaboración del PGOU de esta localidad 'no hay ninguna actuación punible', el alcalde ha trasladado su 'plena confianza' en la Justicia y ha dicho que la presunción de inocencia 'debe estar por encima de cualquier cosa'.







* Terra - 05-11-2007
Foto: Huercal-Overa (Almería), Plaza_Mayor - JJ.Rodríguez (wikipedia.org)




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Paraíso y caos en la costa balear

ELPAÍS* : Tiene un millón de habitantes y 11 millones de visitantes anuales. La mayor parte de la costa balear, paraíso del turismo, está protegida desde hace décadas contra el urbanismo salvaje. Pero muchas zonas han sucumbido ya a los hoteles, piscinas y urbanizaciones levantadas en primera línea de playa. "Liberar" el litoral de Baleares y evitar su "privatización de hecho". Es la pretensión que la Estrategia para la sostenibilidad de la costa -informe encargado por el Ministerio de Medio Ambiente- expresa en su capítulo dedicado al litoral insular, donde están los yacimientos del enorme negocio turístico de sol y playa y residencial.

Medio siglo de éxito del turismo de masas y de élite, más el urbanismo salvaje reciente, han dejado su huella de hormigón sobre buena parte del paisaje costero. Pero la mayor parte del perfil insular, de 1.428 kilómetros, no ha sido explotada: está casi intacta, a salvo del desarrollismo que dejó inaccesible, sin uso público, muchas decenas de kilómetros.

La naturaleza en su esplendor mediterráneo queda a tramos interrumpida por barreras de construcciones: casas y hoteles con piscinas sobre el mar, instalaciones cimentadas en las playas y puertos deportivos que reducen los arenales, un repetido catálogo de destrozos. Esta frágil dualidad paraíso-caos está retratada en el análisis de Medio Ambiente, que incluye propuestas de actuación para resolver el desaguisado urbanístico.

Los expertos y el Gobierno plantean un ambicioso programa de máximos a largo plazo: reubicar la central eléctrica de Endesa de Mallorca, privatizar el puerto de una base militar de Hidros de Pollença, derribar media docena de hoteles en tres islas o reubicar dos puertos deportivos y varias urbanizaciones ahora en zonas naturales.

La cirugía reparadora para lograr que se aplique la Ley de Costas -que prohíbe construir en primera línea de playa- está zurcida en cientos de medidas que podrían tener un alto coste económico y político. En los puntos negros, saturados, se proponen derribos para poner fin a los tramos ciegos de costa privatizada, las agresiones de chiringuitos playeros, chalés irregulares, piletas y terrazas que besan el mar y hoteles que obstruyen cauces agravando la situación de zonas inundables.

El riesgo de inundación por lluvias intensas es una problemática "de carácter severo" en calas ocupadas por edificios turísticos en Es Corso, cala Marsal, Portopetro, cala Llombards, cala Murada, calas de Mallorca, Portocristo, Caló de Es Torrent de Ibiza, y en diferentes puntos de la bahía de Palma. Las marinas artificiales y los puertos deportivos han dejado el litoral "completamente hormigonado", según el informe.

La piqueta podría actuar en el hotel Cala en Fonoll de Puerto Andratx; en Menorca se estudiará la "reubicación" del agresivo hotel Cala Galdana, que durante el franquismo fue calificado de "barbaridad" por el entonces ministro Manuel Fraga. Otros dos hoteles de Son Bou de Menorca pueden ser escombros "por su gran impacto". En Ibiza se ha puesto la cruz en el hotel de Cala Molí y se rescatará la concesión del hotel Es Torrent en Cala Es Torrent y del Alocs de Es Figueral.

En Cala Tirant, en Menorca, se plantea el derribo a largo plazo de un complejo ilegal en franja costera. En Soller y en Pollença hay dos hoteles que el plan de Mallorca fija para demoler. Uno de ellos, el don Pedro de Cala Sant Vicenç, fue valorado por el dueño en 24 millones.

Las islas generan mucha renta privada y pública. Tienen más de 360 playas, un millón de habitantes y once millones de turistas al año. En el corazón turístico de Baleares, la bahía palmesana, hay tramos que suman 17 de los 62 kilómetros de litoral en los que no es posible acceder a la costa. Existen 14 kilómetros con vallas y piscinas que impiden el paso. Cuatro de las 28 playas de la bahía no tienen acceso debido a la ocupación por hoteles, en s'Hostalet, Costa d'en Blanes, Cala Viñas y Bendinat. El plan propone derribos.

Una acción a largo plazo plantea también cambiar de lugar o modificar puertos deportivos (en Palmanova y S'Arenal) para regenerar las playas.

La compra de una franja costera de 500 metros de terreno se indica para redundar en la protección de áreas rústicas y naturales; y, en las zonas urbanizadas, se deben recuperar servidumbres, recurriendo a expropiaciones si es preciso y liberalizando los viales en muchas urbanizaciones. El hotel club Pollentia se sacaría de la Albufereta.

La medida común en todos los tramos costeros del archipiélago es la apertura de senderos para darles un uso público. Facilitar los accesos al mar, ahora oculto por los muros de la obsesión constructora, es un reiterado objetivo estratégico. Las urbanizaciones residenciales de lujo de Formentor, Costa de los Pinos, Mahón o Formentera no quedan exentos de ese proyecto de apertura al tránsito.

En el caso de la exclusiva Costa de los Pinos, un enclave donde disfrutan de mansión las familias de Pedro J. Ramírez, Ana García Obregón o Carlos Sáinz, el documento de Medio Ambiente proclama la exigencia de restaurar los "usos comunes" y evitar "la privatización de hecho" de la costa. Para ello se "liberará la servidumbre de tránsito eliminando los obstáculos existentes y garantizando la accesibilidad a cualquier tramo del litoral".

Delante de las casas se hará un sendero y "se expropiará la banda de seis metros de ancho, generalmente ocupada por piscinas y excepcionalmente por alguna edificación". Se revisarán las concesiones que impiden el acceso y se eliminarán las piscinas y solarium en dominio público. "Se han de recuperar para uso público las terrazas y jardines de uso privado", dice el informe.

Salvar lo que queda del paraíso es el reto que plantea Medio Ambiente. El plan de actuaciones busca "abortar que se repitan los errores del pasado" y dar valor a las zonas vírgenes para que "sean ejemplo para la atracción del turismo de calidad".

El posible impacto "de forma crítica" del cambio climático en las playas es otra variante contemplada detalladamente. En las islas, el retroceso del límite de la orilla, en 50 años, podría ser de entre siete y 13 metros. La subida del mar de hasta 15 centímetros en medio siglo afectaría a grandes playas de Mallorca, como la emblemática playa virgen de Es Trenc o las de Palma, Alcúdia-Muro, Talamanca, d'en Bossa en Ibiza y los largos arenales protegidos de Formentera.

Los bañistas también impactan. En decenas de playas se dan ocupaciones de la arena de menos de cinco metros cuadrados por persona, cuando la recomendación está entre siete y 12 metros por usuario. Se ve necesario revisar la capacidad de acogida: ya se detectan "colapsos" por la presión "humana alarmante".

El lado intacto de las islas Baleares quedó sin explotación urbanística porque en democracia las instituciones impulsadas por los ecologistas dictaron leyes de preservación en los escenarios más interesantes y vírgenes. Sa Dragonera y Cabrera, Es Grau, Ses Salines de Ibiza y Formentera son parques naturales, y más de un tercio de Baleares está blindado: no es edificable.

Además, las baterías costeras del Ejército, y los terratenientes con su renuncia a fragmentar y capitalizar su patrimonio, dejaron decenas de kilómetros vírgenes: es el caso de las extraordinarias playas naturales y latifundios sin urbanizar -protegidos por ley- de los nobles Squella, Olivar, Torresaura y otros, en Menorca, y de la familia March en Mallorca. Eso sí, la necesidad de hacer accesible por caminos públicos la costa y las calas también les afecta a ellos.







* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 05/11/2007
Foto: Hoteles en calas de Mallorca - TOLO RAMÓN (El País)





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Lorca: Vecinos denuncian construcciones ilegales en el Rincón de Aguaderas

LAVERDAD/Murcia* : Dicen los vecinos de Aguaderas que en los últimos meses las casas han proliferado como setas y en parcelas que no cumplen los requisitos establecidos por el Plan General, por ejemplo, la exigencia de los 20.000 metros por parcela para poder levantar una construcción. Un grupo de residentes próximos al Rincón de Aguaderas han dado la voz de alarma para que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto.

«Tenemos una casa próxima a este lugar que cumple todos los requisitos establecidos por la ley porque además es una construcción antigua. Nos extrañó mucho que se empezaran a construir casas sin parar y en parcelas que no tenían los 20.000 metros cuadrados que suele exigir la normativa. Es una casa con otra. En los últimos meses se han levantado incluso más, imagino que aprovechando los cambios en el Ayuntamiento después de las elecciones y hasta que el nuevo equipo se asentara. Nosotros lo denunciamos en Urbanismo hace ya tiempo y estuvimos hablando con el gerente. Vinieron los técnicos a ver qué estaba ocurriendo», explica uno de los vecinos.

Inspecciones técnicas

El concejal de Urbanismo, Francisco García, confirma que «efectivamente existen varios expedientes sancionadores abiertos por la presunta ilegalidad de esas viviendas. Los técnicos se desplazaron hasta la zona y comprobaron que las denuncias de los vecinos estaban argumentadas. El proceso ya está abierto y estamos trabajando en determinar las supuestas infracciones».

Los vecinos se quejan además de «que se han cargado hasta la falda de una de las laderas. No entendemos cómo se permiten estas actuaciones. Ellos tienen agua y luz, imagino que con licencia de almacén agrícola. No es justo que unos cumplamos la ley, y otros no la respetente», añade este vecino que prefiere permanecer en el anonimato por miedo a represalias.

Otro de los afectados insiste en que «hace un tiempo mi tío fue a Urbanismo para construirse una casa en una parcela que tenía y le denegaron la licencia porque no reunía los requisitos que establece la ordenanza urbanística para esta zona rural. Por eso nos llamaba la atención que de la noche a la mañana salieran tantas casas y tan próximas unas a otras. Era muy sospechoso, no era normal». La Gerencia de Urbanismo tiene ahora en su tejado el establecer qué ocurre con estas construcciones y en qué términos se encuentran y determinar el futuro de las mismas.







* La Verdad - T. M. M. - 6 noviembre 2007
Foto: Paraje donde se encuentran las supuestas viviendas ilegales. /PACO ALONSO / AGM - laverdad.es




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La quiebra del modelo urbanístico del Partido Popular en Madrid

Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS)* : Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo ha declarado nulos 22 desarrollos urbanísticos de la capital, lo cual supone la desautorización de la política urbanística salvaje, depredadora y especuladora del Partido Popular en la Comunidad de Madrid de las últimas décadas, y que afecta a la construcción de cerca de 150.000 viviendas que ahora quedan fuera de la legalidad. Al modelo urbanístico especulador del PP en Madrid le ha llegado su fin.

El pasado 3 de julio una Sentencia del Tribunal Supremo, máximo órgano judicial del estado español, anulaba 22 desarrollos urbanísticos de la ciudad, entre los que se encuentran la Operación Campamento, Valdebebas, Los Ahijones, Los Cerros, Los Berrocales, Valdecarros, Arroyo del Fresno, y La Atalayuela, entre otros, por entender que la desclasificación del suelo protegido operada por la revisión del Plan General aprobada por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en 1997 no cumplía con la justificación exigida por la Ley del Suelo.

Esta Sentencia ratifica una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra la aprobación definitiva, por parte de la Comunidad de Madrid, de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Dicha sentencia, ratificada prácticamente en su totalidad por el Tribunal Supremo, considera que existía una “insuficiente motivación de la clasificación como suelos urbanizables y urbanos por el PGOUM de terrenos que tenían la clasificación de suelos no urbanizables de especial protección en el anterior Plan de 1985” así como que no se acreditaba debidamente que hubieran desaparecido las circunstancias determinantes de su protección”. La Sentencia, que como se ha dicho anteriormente, anula el planeamiento de los ámbitos afectados, es firme, no cabiendo recurso alguno contra ella, quedando de esta forma invalidadas todas las actuaciones de desarrollo del Plan General (aprobación de planes parciales, proyectos de urbanización, etc.) llevadas a cabo sobre dichos ámbitos con posterioridad a la aprobación del Plan General de 1997.

Con la llegada al poder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y, especialmente, al Ayuntamiento de la capital, se produjo un giro radical en la política urbanística en la región, modificando la filosofía basada en el desarrollo urbano sostenible, respetuoso con el medio ambiente como generador de vida, que hasta esa fecha ocupaba un lugar importante en la planificación del territorio, para pasar a un concepto de la acción pública urbanística en el que prima la actividad económica del mercado inmobiliario y el beneficio de las empresas promotoras privadas, relegando a un lugar secundario la calidad medioambiental de los entornos urbanos.

Durante las últimas décadas, las leyes del suelo y los planes urbanísticos aprobados por el PP han dejado patente que, en su criterio de política urbanística, el suelo es un producto más para hacer negocio y no el medio físico dónde los ciudadanos tienen la oportunidad de desarrollar en plenitud su vida de una forma sana y agradable. Para ello no han dudado durante este tiempo en invertir un proceso en el cual el medioambiente era un valor a preservar en beneficio de los habitantes de los municipios, para transformarlo en toda una maquinaría de generación de plusvalías y beneficios económicos, convirtiendo todo el suelo en urbanizable independientemente de su valor ecológico, ambiental, paisajístico o histórico, en beneficio de los intereses económicos de las grandes constructoras y promotores inmobiliarios.

El urbanismo depredador que esta sentencia desenmascara, ha generado un problema de una envergadura social incalculable y de consecuencias impredecibles, ya que ha permitido y fomentado la comercialización de cientos de miles de viviendas que se encuentran fuera de la legalidad, y por tanto amenazadas de posible demolición futura, lo que puede dejar a miles de jóvenes y familias en la calle y sin ahorros.

A la Administración Regional y Municipal madrileña sólo le queda un camino: Cumplir con la sentencia judicial e iniciar la elaboración de un nuevo Plan General de Urbanismo para los ámbitos que ahora se encuentran fuera de legalidad, que respete todo el suelo que estaba calificado como de especial protección en 1985. La Administración tiene un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia. El retraso e incumplimiento de sus obligaciones por parte de los responsables podría ser constitutiva de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Y lo más grave es que aumentarán los retrasos que ya se vienen acumulando, hasta la fecha, en la ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos, por las políticas de especulación del suelo de las dos últimas décadas. Dado que más tarde o más temprano la Sentencia deberá ser cumplida, podemos estar asistiendo a la mayor estafa de la reciente historia del Estado español, al permitirse el comercio de viviendas ilegales.

La Sentencia del Tribunal Supremo ha puesto freno a la barbarie del ladrillazo madrileño, repartiendo responsabilidades entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y concentrándolas en la persona de Alberto Ruiz-Gallardón que era Presidente autonómico cuando se aprueba el Plan y es ahora Alcalde de la ciudad durante su ejecución. Y sin olvidar al anterior edil municipal, Álvarez del Manzano, bajo cuyo mandato se elaboró la revisión del Plan General, y a la actual Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que está dando cobertura a la trama inmobiliaria madrileña con una nueva ley que favorece aún más la especulación.






* Rebelión - 05-11-2007




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Sant Joan recalifica todo el término para hacer 32.000 nuevas viviendas

ELPAÍS/Alicante* : Sant Joan d'Alacant agotará prácticamente de una tacada el suelo no urbanizable del término (unos 2,5 millones de metros cuadrados) y contará en el horizonte de 2043 con un parque de viviendas potencial de 31.894 unidades que triplicarán su censo (ahora de 20.500 habitantes). Este desarrollo supondrá un consumo de agua de 23.231 metros cúbicos al día. De ellos, 18.458 serán para el abastecimiento y procederán de la proyectada desaladora de Mutxamel (2.265 metros cúbicos) y el resto de los acuíferos del Vinalopó.

El riego de las zonas verdes (4.773 metros cúbicos) se cubrirá con agua depurada.

Estos son los trazos más gruesos del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado por el equipo de gobierno local, en manos del PSPV. El edil de urbanismo, Pablo Celdrán, defiende la "sostenibilidad" de esta propuesta de planeamiento. "Cerramos las puertas a los agentes urbanizadores y nos aseguramos la preceptiva reserva de zona verde con más de un millón de metros cuadrados", razona el edil.

El gobierno local, en palabras del edil de Urbanismo, ha apostado por este nuevo documento en sustitución del actual PGOU, vigente desde 1987, con el objetivo de impulsar la localidad como centro administrativo y comercial del área metropolitana de Alicante y para cumplir la exigencia de cinco metros cuadrados de zona verde por habitante recogida en la Ley Urbanística Valenciana (LUV). "El término de Sant Joan es exiguo, no más de 10 kilómetros cuadrados. Con el vigente PGOU estábamos limitados. Ahora, apostamos por nuevo modelo sostenible, asegurándonos las zonas verdes, el crecimiento del sector terciario y de la industria ligera, y un desarrollo residencial intensivo en altura, más próximo al de Benidorm, en oposición al urbanismo extensivo de la vivienda unifamiliar y chalés", argumenta el edil.

El sector de Fabraquer sur (una franja de dos millones de metros cuadrados de suelo rústico, en el prelitoral entre El Campello y Alicante, a unos 600 metros de la línea del mar) es la piedra angular del modelo urbano que propone el Consistorio. Sobre este sector se presentaron hace un año nueve propuestas de urbanización. El equipo de gobierno las rechazó y ahora recalifica el terreno, incluyendo una reserva de medio millón para zona verde y otro tanto para viales y dotaciones. El resto será suelo residencial. En total, aquí se levantarán 5.748 viviendas, en bloques de nueve alturas. "Será nuestra ventana al mar con la renovación de la obsoleta red de comunicaciones", dice Celdrán.

El segundo punto en el que incide la propuesta de plan es el sector de Fabraquer norte, que ocupa 800.000 metros cuadrados. El equipo de gobierno pretende convertirlo en la punta de lanza de la actividad industrial y comercialo. Se recalifican unos 600.000 metros como suelo industrial, que se sumarán a los 200.00 existentes, para industria ligera. En la zona también se ubicarán tres centros comerciales.

En el apartado de recursos hídricos, el equipo redactor del PGOU de Sant Joan d'Alacant, sobre la base de un informe de la empresa Aguas de Alicante, asegura que el suministro se garantizará con las aportaciones de la proyectada desaladora de Mutxamel y el trasvase Júcar- Vinalopó. El consumo que estiman los técnicos con el PGOU plenamente ejecutado sería de 23.231 metros cúbicos diarios.

En una proyección hasta 2020, el consumo de agua (humano, dotacional y terciario) previsto será de 12.392 metros cúbicos diarios. De ellos, 2.265 metros procederán de la desaladora. "Únicamente sería necesario abastecer 10.127 metros cúbicos al día desde las actuales fuentes de abastecimiento

[los acuíferos del Vinalopó]", señala el estudio. El informe alude sorprendentemente a la aportación del trasvase Júcar-Vinalopó, cuando esta transferencia no está prevista para consumo humano, sino agrícola y de recarga de los acuíferos. El riego de zonas verdes (4.773 metros cúbicos al día) se cubrirá con el agua reciclada de la nueva depuradora el Cantalar (al norte del término).

Ecologistas en Acción del País Valenciano rechaza las líneas generales de esta propuesta de PGOU y en particular el aspecto de los recursos hídricos. "El planeamiento, por mucho que se revista con zonas verdes, es mastodóntico e insostenible. Agota prácticamente todo el suelo no urbanizable, un caso insólito en la Comunidad Valenciana", explica Carlos Arribas, portavoz de la organización en Alicante. "Y en cuanto a los recursos hídricos, la propuesta viene a incrementar la presión sobre los ya sobreexplotados acuíferos de Vinalopó. El agua del trasvase es sólo para regar", asevera Arribas.

El edil de Urbanismo defiende la sostenibilidad del plan también en este punto: "Sant Joan será el único municipio del área metropolitana de Alicante que no tendrá campo de golf".


Dos 'Rabassa' y un 30% de VPO

La propuesta de crecimiento del parque inmobiliario que incluye el avance del nuevo PGOU de Sant Joan Joan d'Alacant dobla en números absolutos al más ambicioso, y no menos polémico, programa urbanístico de Alicante, el Plan Rabassa. Este último, pendiente del visto bueno del Consell, prevé levantar unas 15.000 viviendas, mientras el PGOU de la pequeña y contigua localidad de Sant Joan plantea 31.894 nuevas casas.

Los mentores del plan Rabassa, entre ellos el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, defienden el plan por la oferta de vivienda social que incluye, la mitad de las nuevas casas.

Este aspecto social también es esgrimido por el equipo de gobierno socialista de Sant Joan. "En todos y cada uno de los nuevos sectores de desarrollo se ha hecho una reserva del 30% para viviendas protegidas, 10 puntos por encima de lo que fija la ley", asevera el edil de Urbanismo, Pablo Celdrán.

Celdrán resalta otra característica, en su opinión pionera, del trámite abierto en el Ayuntamiento para la redacción del nuevo PGOU. "Será un proceso abierto sin ninguna restricción a la participación de los vecinos. De entrada, la fase de exposición al público del avance se prolongará durante tres meses", explica. El plan de participación ciudadana en el PGOU incluye, entre otras actividades, conferencias, exposiciones y visitas guiadas por el término.








* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 05/11/2007
Foto: San Juan de Alicante - mma.es




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La Fiscalía pone coto al fraude inmobiliario en la Costa del Sol

LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : La Agencia Tributaria ha aumentado en Málaga los controles en la compra-venta de inmuebles, para que se investiguen por vía judicial flujos de dinero negro ocultos en paraísos fiscales. La lucha contra el fraude fiscal en el mercado inmobiliario se intensifica en la Costa del Sol. La Agencia Tributaria ha incrementado las inspecciones a promotoras y constructoras para detectar posibles estafas en la compra-venta de inmuebles.

El aumento de los controles obedece al Plan de Prevención del Fraude impulsado por el Gobierno, que en sus dos años de aplicación ha conseguido recaudar 130 millones de euros de estafas en el sector inmobiliario español. Sin embargo, los métodos de defraudación se complican cada vez más y efectan a grandes sumas de dinero, por lo que son necesarias complejas investigaciones judiciales.
La Fiscalía de Málaga ha comenzado a investigar casos en los que inmuebles son escriturados por un precio de venta "muy inferior al recibido", por lo que los compradores de las viviendas efectúan pagos que no son documentados y contabilizados por la promotora. El fiscal encargado de la Sección de Delitos Económicos, Antonio González, aseguró que estas cantidades salen de España con la apariencia de devoluciones de supuestos préstamos que la entidad constructora ha recibido. Posteriormente, ese dinero no declarado se reintroduce en el país en concepto de nuevos contratos de préstamos. Esta fórmula permite introducir fuertes sumas de dinero negro sin despertar las sospechas de los organismos fiscalizadores.
El fiscal Antonio González confirmó que se están instruyendo diligencias por este tipo de casos en los que, para su esclarecimiento, se hace necesario un seguimiento continuo de las supuestas operaciones de préstamo por parte de la Agencia Tributaria, además de recabar información tributaria de otros países sobre las entidades prestamistas, socios, administradores o actividad empresarial.
El Ministerio de Hacienda pretende perseguir más estas prácticas de defraudación, más frecuentes en la Costa del Sol por su cercanía con Gibraltar. José María Mollinedo, vicepresidente de la Asociación de Técnicos Financieros de Hacienda (Gestha), insistió en investigar las operaciones financieras de entidades radicadas en paraísos fiscales y su relación con empresas que desarrollen promociones inmobiliarias en la Costa, ante la posibilidad de que se canalice dinero pagado en `B´ por parte de compradores. En ocasiones, se trataría de averiguar si existe un vínculo empresarial o socios comunes entre ambas entidades, la extranjera y la española promotora.
Otras formas de defraudación corresponden al incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de entidades instrumentales dedicadas a adquirir parcelas o viviendas y su capital social pertenece a otras entidades radicadas en paraísos fiscales.







* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 05 de noviembre de 2007
Foto: Sede. Inspectores de Hacienda han incrementado el control sobre el fraude inmobiliario. c. c - laopiniondemalaga.es



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Valencia: Espacios protegidos bajo presión

ELPAÍS* : El litoral de Valencia es un eje sobrecargado de infraestructuras viarias, paseos marítimos, puertos, apartamentos y chalés. Con cerca del 29% de su primer kilómetro urbanizado, casi todo el suelo que se tenía que desarrollar ya es urbanizable o se recalificará a corto plazo. La ocupación urbanística se ha cebado en los últimos años en las playas del norte y el sur de la provincia de Valencia y amenaza los escasos tramos vírgenes que sobreviven en los 126 kilómetros de litoral.

Paradójicamente, han sido la autovía V-21, que discurre a escasos metros del mar, y el parque natural de la Albufera los que han mantenido a raya el avance de apartamentos en algunos puntos del litoral. Aun así, en la costa de Valencia, con el 29% de su primer kilómetro urbanizado y cinco espacios naturales protegidos, resulta cada vez más difícil hallar lugares donde el mar tiene su frontera en suelo libre de cemento.

La idea de la Estrategia para la sostenibilidad de la costa -el gran estudio oficial sobre las agresiones al litoral, al que ha tenido acceso EL PAÍS- es evitar que la construcción invada los escasos tramos vírgenes del litoral con la compra de fincas en una docena de municipios y preservar espacios protegidos como los Marjales dels Moros, en Sagunto, y de Pego-Oliva o L'Albufera . La retirada de la línea de la costa que plantea Medio Ambiente supone en la práctica la condena de cientos de construcciones que invaden el dominio público marítimo y obliga al traslado hacia el interior de la autovía V-21 entre Valencia y Sagunto. El plan del litoral de la Generalitat Valenciana, en trámite cerca de año y medio, describe muy gráficamente la situación del litoral: casi todo el suelo que se tenía que desarrollar ya es urbanizable o se reclasificará a corto plazo y el suelo de primera línea que se tenía que proteger, ya lo está.

El litoral de Valencia es un eje sobrecargado de infraestructuras viarias, paseos marítimos, puertos, apartamentos y chalés. El plan de choque de Medio Ambiente quiere dejar además fuera de ordenación toda la línea de costa desde el puerto de Sagunto hasta el norte de la ciudad de Valencia. También se pide que se frene la construcción en la zona residencial de la Pobla de Farnals y la demolición de varias hileras de casetas en la playa del Puig, situadas en los 20 metros de dominio público y, en su mayoría, levantadas antes de la ley de Costas de 1988.

Costas comprará el frente costero (3,5 millones de metros cuadrados) del Marjal dels Moros, área protegida presionada por urbanizaciones del entorno, y plantea el traslado al interior del Polígono Industrial del Mediterráneo, en Albuixech, y de la antigua autopista, ahora V-21, entre Valencia y Sagunto. Medio Ambiente se propone la compra de cerca de dos millones de metros cuadrados de suelo rústico contiguo a la costa para preservar la fachada marítima en los municipios de Massamagrell, Albalat, Foios y Meliana, así como al sur de la macrourbanización Port Saplaya, en Alboraia.

A pocos metros de esta zona, ahora ocupada por un gran parque comercial, está prevista una urbanización de lujo, con 800 nuevas residencias y una nueva marina. Para el realojo del parque comercial, el consistorio reclasificó millones de metros de huerta próxima a la costa.

Si la declaración de la Albufera y el Saler como parque natural ha salvado de la urbanización un amplio tramo del litoral cercano a la capital, el puerto de Valencia, uno de los más grandes del Mediterráneo, ha condicionado la fachada costera de la ciudad de Valencia, sobre todo sus playas. El informe de impacto ambiental sobre la nueva ampliación prevista, recién elaborado por Medio Ambiente, ya advertía de las consecuencias que las obras tendrán sobre las playas al sur del puerto, desde el Perellonet hasta casi Cullera.

El plan de choque propone en este punto la retirada de costa en las playas del Saler y Pinedo, sacrificadas por las sucesivas ampliaciones portuarias. Costas ya ha actuado en algunos puntos de este frente, con la adquisición de una antigua fábrica de plásticos, Plexi, situada a pocos metros del mar, para derribarla y dar continuidad a una vía litoral. Un plan de remodelación de toda esta fachada, con la adquisición de 800.000 metros cuadrados, servirá para proteger el parque natural de L'Albufera y su Devesa, cordón litoral que separa el lago del mar, donde está el Parador Nacional, el campo de golf del Saler y varias torres de apartamentos.

El envite urbanizador en la fachada litoral al sur de la desembocadura del Júcar, una zona con alto riesgo de inundación marina, es preocupante. Además del conocido como Manhattan de Cullera, una macrourbanización con 4.800 casas, distribuidas en 33 torres de 25 alturas, otros dos proyectos, el Brosquil y el Marenyet, suponen la reclasificación de 10 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable al sur de la desembocadura, con la edificación de 15.000 nuevas casas y varios campos de golf y hoteles. El plan de choque alerta de que la presión urbanística, especialmente entre Cullera y Tavernes de la Valldigna, es un peligro por la falta de permeabilidad territorial. En Tavernes se presentó hace meses un proyecto urbanístico sobre 4,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico, con otras 4.500 viviendas, dos campos de golf y una marina deportiva. El proyecto se paralizó, pero no está descartado. Un segundo plan en este municipio de La Safor prevé la transformación de otros dos millones de metros de suelo rústico para edificar 1.500 casas y un campo de golf.

La proliferación de puertos deportivos -una media de 10 por cada 100 kilómetros- también se señala en el plan de Medio Ambiente como un peligro para el litoral, por lo que piden un plan de ámbito autonómico, sin el que no podrá construirse ninguna nueva instalación.







* ELPAIS.com - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 04/11/2007
Foto: Edificios en torno a la playa de Cullera - CARLES FRANCESC (El País)



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Galicia: Sería difícil hacerlo peor

LAVOZDEGALICIA* : Un recorrido de más de mil kilómetros por la costa gallega muestra los mil y un disparates arquitectónicos que dejan poco lugar a la esperanza de recuperar un paisaje tan único como maltratado. Galicia se juega conservar el litoral que le queda o extender un modelo suicida. En Galicia no hay hoteles de 24 plantas asentados sobre un acantilado costero, como el del Algarrobico, que ha dado la vuelta a España en todos los telediarios como imagen de la invasión urbanística feroz de la costa andaluza. No, en Galicia es peor.

La versatilidad de los nuevos materiales de construcción ha convertido los pueblos costeros en un desastre que combina medianeras de ladrillo, tejados de uralita, cierres de aluminio, muros de bloques y revestimientos cerámicos de fachadas. Todo ello sin que los edificios que los lucen estén mínimamente ordenados sobre el territorio.

Ahora, tras prometer barrer de ladrillo setecientos kilómetros de costa mediterránea, el Ministerio de Medio Ambiente quiere trasladar la experiencia al litoral atlántico de Galicia. La ministra Cristina Narbona ha prometido un diagnóstico milimétrico de la situación. La Voz ha recorrido durante esta semana más de mil kilómetros de costa gallega; desde las Rías Baixas hasta Ribadeo. En muchos casos, la medida llega demasiado tarde. Un enjambre de cemento encarcela ya buena parte del litoral.

A falta de hoteles que aspiran a rascacielos y que hunden sus cimientos en la playa, Galicia satura su costa con miles de chalés, edificios y paseos marítimos. La Lei de Medidas Urxentes en Materia de Ordenación do Territorio e Protección do Litoral, aprobada en febrero y que prohíbe de forma temporal construir a menos de 500 metros de la costa en toda Galicia, es la respuesta del Gobierno gallego al desastre.

Pero muchos ayuntamientos parecen no estar de acuerdo. El resultado es una judicialización del urbanismo. Eso es precisamente lo que se trata de evitar con el plan del Gobierno de España, que ha dispuesto una línea inversora de cinco mil millones de euros para llegar a acuerdos amistosos con los propietarios de terrenos costeros a efectos de preservarlos de su edificación masiva. Pero mientras el Ministerio de Medio Ambiente trata de llegar a pactos en el Mediterráneo, las grúas colonizan la costa gallega.

La Xunta ha echado el freno en municipios como Foz, donde se quieren evitar 1.345 pisos; en Sanxenxo, con 430 chalés en entredicho, o paralizando otras 532 viviendas en Cervo. Son solo algunos ejemplos. Entretanto los alcaldes se inhiben por temor a que el resultado sea una indemnización a los promotores y constructores insoportable para unas arcas municipales que han visto en el urbanismo el remedio a todos sus problemas de financiación.

La ministra Cristina Narbona anunció esta semana en Luxemburgo, entre elogios a la legislación Gallega, que continuará invirtiendo en la compra de fincas costeras y que será inflexible con las construcciones ilegales.

Pero la flexibilidad o no de los gobiernos depende también de los resortes legales que tocan los constructores. En Malpica, una de las paradas de La Voz en su chequeo a la costa, un juez investiga si cuatro licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento se ajustan a derecho. Cuatro en un enjambre de cientos de viviendas que suponen, a los ojos del visitante, un desorden total.

Y en la colmena serpenteante de edificios, calles de pavimento de hormigón y la construcción sin criterio, una oferta: «34 apartamentos en la playa». En realidad están coronando el pueblo. Quienes compren los que tienen vistas al oeste verán un Atlántico bravo. Los de los pisos que dan al sur serán testigos privilegiados de cómo las grúas continúan comiéndose lo que un día fue un pueblo marinero. No se ven hoteles de veinte plantas. No. Es, definitivamente, peor.







* La Voz de Galicia - Christian Casares - 4/11/2007
Foto: Malpica (A Coruña), urbanismo voraz - ÓSCAR PARÍS - lavozdegalicia.es



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Viviendas sin personas, personas sin vivienda

FERNANDO URRUTICOECHEA* : Como la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles y estamos ya en campaña electoral, el Gobierno español ha presentado con solemnidad sus nuevas iniciativas, un plan estratégico le llaman, en el que la medida estrella es la ayuda mensual de 210 euros para cada joven entre los 22 y los 30 años que suscriba un contrato de alquiler y que no tenga un salario bruto anual superior a 22.000 euros. El nuevo plan entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero y serán las comunidades autónomas las encargadas de gestionar estos 436 millones de euros, a los que el Ministerio calcula que podrían acceder hasta 360.000 jóvenes el año que viene.

No se han debido de dar cuenta, dados sus efectos, que ya está en vigor un plan nacional aprobado en Consejo de Ministros, por el que las comunidades autónomas disponen de planes específicos. En Asturias, por ejemplo, hay ayudas al alquiler hasta los 35 años.

Pero el problema está ahí desde hace años y continúa. Según datos del Instituto de la Juventud, son más de cuatro millones de jóvenes españoles los que quieren emanciparse, pero carecen de medios y los poderes públicos no hacen nada efectivo para facilitarles su derecho al alojamiento, según lo denuncia el Consejo Económico y Social.

Las medidas anunciadas van en el mismo sentido electoral y clientelista, al servicio de la iniciativa privada, del sacrosanto mercado, sin quererse enterar de que la solución está en que no sea la ley del mercado la que fije por completo el precio de la vivienda. Así, toda ayuda, al alquiler o a la propiedad, irá a parar a manos de los propietarios inmobiliarios, quienes fijarán el precio en función de esas mismas ayudas, entre otros factores, con lo que ellos serán sus principales beneficiarios.
Lo que mejor define la situación del mercado inmobiliario en España es la existencia de millones de viviendas sin personas y millones de personas sin una vivienda digna, situación sin parangón en toda Europa.

Para una población de casi 45 millones de personas, contamos con un parque inmobiliario de unas 24 millones de viviendas, una vivienda por cada dos habitantes. Hay 9 millones de viviendas vacías y unos 10 millones de personas que no tienen satisfecho su derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna.
Éste es quizás el mayor problema de los españoles, lo es con seguridad para esos 10 millones de ciudadanos. No es por falta de oferta, ya que el volumen de construcción es el mayor de Europa, pero no pueden comprar ni alquilar al precio que les ofrece el mercado. Constituye una asombrosa paradoja que tengamos un territorio enladrillado y un consumo de cemento similar al de China y millones de personas carezcan de alojamiento digno.

Política social falangista

Frente a esta situación, los poderes públicos siguen empleando la misma política social falangista que en 1954 promovía vivienda en propiedad mediante las viviendas de protección oficial, VPO, junto con una política fiscal de generosas ayudas para la compra de vivienda habitual y permanente, lo que nadie comprueba que sucede. Ahora, añaden algunas ayudas al alquiler.

Esto supone un enorme gasto público superior a los 13.000 millones de euros del conjunto de las administraciones públicas en el año 2007, dedicados, casi en su totalidad, a facilitar la compra de viviendas privadas, VPO y libres, sin control alguno. Toda la clase política parece encantada con un sistema perverso e ineficaz: el derecho a una vivienda digna no se sortea ni se subasta, se reconoce y punto. Por otra parte, como se comprende fácilmente, el sistema no da para todos.

Ante el fracaso estrepitoso del mercado, sólo cabe la regulación pública del mismo, de la única forma posible: a través de la constitución de un patrimonio inmobiliario público para su cesión en alquiler, Viviendas de Alquiler Limitado -VAL-, tal como se hace en el resto de Europa. ¿Qué hacer ante el déficit existente y la inexistencia de un patrimonio municipal del suelo? Por ejemplo, aumentar el gasto público hasta el 3% del PIB, pero sólo en gasto directo en viviendas públicas para el alquiler. Tal como proponía IU al Parlamento vasco en junio de 1996, sin que hayan recordado la receta desde el año 2001 en que tienen la posibilidad de aplicarla. Tampoco sus compañeros asturianos cuando estaban en el gobierno.

Y hasta tanto se construya este parque público de viviendas, sólo queda la exigencia constitucional de la función social de la propiedad inmobiliaria para atender un derecho básico y regular el alquiler forzoso de los pisos vacíos, mediante el palo y la zanahoria, llegando al desahucio de las VPO no ocupadas tal como está en la legislación desde el año 1968.

Y para lágrimas las de los cocodrilos y los ricos, con propiedades inmobiliarias sin utilizar, a cotizar, para que sea efectivo el derecho de todos los españoles a un alojamiento digno. Aunque lloren, ellos y sus tertulianos y mercenarios socialgacetilleros. Que se enteren que la Constitución española tiene más que sus cuatro primeros artículos sobre la patria y la corona.



* Fernando Urruticoechea Basozabal es economista-urbanista e interventor-tesorero de Administración Local.






* La Nueva España - 04 de noviembre de 2007





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España se sitúa en la cola europea en la relación calidad-precio de la vivienda

EUROPAPRESS* : Según el estudio "Actualidad y Oportunidades en el Sector Inmobiliario'' presentado por la consultora inmobiliaria CB Richard Ellis y el presidente del Barcelona Meeting Point (BMP), Enrique Lacalle, España tiene una de las peores relaciones calidad-precio en la vivienda de toda la UE. La "fase de enfriamiento" en la que actualmente entra el mercado residencial español, tras años de fuertes revalorizaciones, le llevará a situarse "a niveles similares a los de 1997", fecha anterior al ''boom''.

No obstante, el estudio asegura que este "enfriamiento" del mercado de la vivienda "no equivale necesariamente a una catástrofe sectorial" y que es previsible que "afecte más a la actividad que a los precios".

En opinión de estos expertos, los precios de la vivienda nueva continuarán ajustándose en "niveles variables" en función de que se acometan o no "medidas oportunas para transmitir confianza al comprador final". Además, estiman que la ralentización de los precios corresponde a un proceso "lógico" por cuanto las alzas anteriores fueron "muy superiores a lo normal, y no podían eternizarse". Así, según el estudio, el principal cambio del mercado se registrará en "las bases del negocio residencial". "En adelante se construirán un menor número de nuevas viviendas, lo que permitirá cualificar más la oferta nueva y elevar la ratio entre calidad y precio, que en España es de las más bajas de toda Europa", añade el informe.

Según CB Richard Ellis, la producción anual de viviendas en España creció un 65% en los tres últimos años, al pasar de las 525.000 unidades que se construyeron en 2003 hasta las 866.000 de 2006 (casi tantas como en Reino Unido y Francia), frente al crecimiento medio europeo del 30%. Para la consultora, este aumento se vio "favorecido" por el interés de los inversores particulares y se "sostuvo" por la fuerte demanda de vivienda en la costa.

Por su parte, y según este mismo estudio, las inversiones en activos inmobiliarios destinados a centros comerciales y oficinas siguen creciendo a "un ritmo superior al europeo". En la primera mitad del año se cerraron en España transacciones de este tipo de activos por 4.700 millones de euros, importe un 61% superior al del mismo periodo de 2006, mientras que en toda UE estas operaciones sumaron 119.000 millones, un 17% más.

Según CB Richard Ellis, el dinamismo del mercado responde a que el alquiler de espacio para oficinas en Madrid y Barcelona continúa en "máximos" y que los precios de alquiler "mantienen su escalada".






* ELPAIS.com - Madrid - 03/11/2007
Foto: Manifestación por una vivienda digna - CONSUELO BAUTISTA (El País)




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