Viviendas sin personas, personas sin vivienda

FERNANDO URRUTICOECHEA* : Como la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles y estamos ya en campaña electoral, el Gobierno español ha presentado con solemnidad sus nuevas iniciativas, un plan estratégico le llaman, en el que la medida estrella es la ayuda mensual de 210 euros para cada joven entre los 22 y los 30 años que suscriba un contrato de alquiler y que no tenga un salario bruto anual superior a 22.000 euros. El nuevo plan entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero y serán las comunidades autónomas las encargadas de gestionar estos 436 millones de euros, a los que el Ministerio calcula que podrían acceder hasta 360.000 jóvenes el año que viene.

No se han debido de dar cuenta, dados sus efectos, que ya está en vigor un plan nacional aprobado en Consejo de Ministros, por el que las comunidades autónomas disponen de planes específicos. En Asturias, por ejemplo, hay ayudas al alquiler hasta los 35 años.

Pero el problema está ahí desde hace años y continúa. Según datos del Instituto de la Juventud, son más de cuatro millones de jóvenes españoles los que quieren emanciparse, pero carecen de medios y los poderes públicos no hacen nada efectivo para facilitarles su derecho al alojamiento, según lo denuncia el Consejo Económico y Social.

Las medidas anunciadas van en el mismo sentido electoral y clientelista, al servicio de la iniciativa privada, del sacrosanto mercado, sin quererse enterar de que la solución está en que no sea la ley del mercado la que fije por completo el precio de la vivienda. Así, toda ayuda, al alquiler o a la propiedad, irá a parar a manos de los propietarios inmobiliarios, quienes fijarán el precio en función de esas mismas ayudas, entre otros factores, con lo que ellos serán sus principales beneficiarios.
Lo que mejor define la situación del mercado inmobiliario en España es la existencia de millones de viviendas sin personas y millones de personas sin una vivienda digna, situación sin parangón en toda Europa.

Para una población de casi 45 millones de personas, contamos con un parque inmobiliario de unas 24 millones de viviendas, una vivienda por cada dos habitantes. Hay 9 millones de viviendas vacías y unos 10 millones de personas que no tienen satisfecho su derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna.
Éste es quizás el mayor problema de los españoles, lo es con seguridad para esos 10 millones de ciudadanos. No es por falta de oferta, ya que el volumen de construcción es el mayor de Europa, pero no pueden comprar ni alquilar al precio que les ofrece el mercado. Constituye una asombrosa paradoja que tengamos un territorio enladrillado y un consumo de cemento similar al de China y millones de personas carezcan de alojamiento digno.

Política social falangista

Frente a esta situación, los poderes públicos siguen empleando la misma política social falangista que en 1954 promovía vivienda en propiedad mediante las viviendas de protección oficial, VPO, junto con una política fiscal de generosas ayudas para la compra de vivienda habitual y permanente, lo que nadie comprueba que sucede. Ahora, añaden algunas ayudas al alquiler.

Esto supone un enorme gasto público superior a los 13.000 millones de euros del conjunto de las administraciones públicas en el año 2007, dedicados, casi en su totalidad, a facilitar la compra de viviendas privadas, VPO y libres, sin control alguno. Toda la clase política parece encantada con un sistema perverso e ineficaz: el derecho a una vivienda digna no se sortea ni se subasta, se reconoce y punto. Por otra parte, como se comprende fácilmente, el sistema no da para todos.

Ante el fracaso estrepitoso del mercado, sólo cabe la regulación pública del mismo, de la única forma posible: a través de la constitución de un patrimonio inmobiliario público para su cesión en alquiler, Viviendas de Alquiler Limitado -VAL-, tal como se hace en el resto de Europa. ¿Qué hacer ante el déficit existente y la inexistencia de un patrimonio municipal del suelo? Por ejemplo, aumentar el gasto público hasta el 3% del PIB, pero sólo en gasto directo en viviendas públicas para el alquiler. Tal como proponía IU al Parlamento vasco en junio de 1996, sin que hayan recordado la receta desde el año 2001 en que tienen la posibilidad de aplicarla. Tampoco sus compañeros asturianos cuando estaban en el gobierno.

Y hasta tanto se construya este parque público de viviendas, sólo queda la exigencia constitucional de la función social de la propiedad inmobiliaria para atender un derecho básico y regular el alquiler forzoso de los pisos vacíos, mediante el palo y la zanahoria, llegando al desahucio de las VPO no ocupadas tal como está en la legislación desde el año 1968.

Y para lágrimas las de los cocodrilos y los ricos, con propiedades inmobiliarias sin utilizar, a cotizar, para que sea efectivo el derecho de todos los españoles a un alojamiento digno. Aunque lloren, ellos y sus tertulianos y mercenarios socialgacetilleros. Que se enteren que la Constitución española tiene más que sus cuatro primeros artículos sobre la patria y la corona.



* Fernando Urruticoechea Basozabal es economista-urbanista e interventor-tesorero de Administración Local.






* La Nueva España - 04 de noviembre de 2007