A.Valenzuela/MálagaHoy* : "El ex asesor municipal de Urbanismo, Juan Antonio Roca, junto a otras 85 personas, serán finalmente los procesados por el caso Malaya, que puso al descubierto la trama de corrupción que gobernó durante la última década Marbella y destapó actuaciones tan graves y lesivas para los intereses generales que el Gobierno central optó por ejecutar la primera disolución de un ayuntamiento en la España democrática. En el auto de procesamiento firmado por el juez instructor de la causa, Miguel Ángel Torres, se expone que Roca, protagonista y cerebro absoluto del caso, debe ser procesado por los delitos continuados de cohecho, malversación, fraude, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales como jefe de una organización, falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias, prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Además, en el escrito de más de 450 páginas que ayer se hizo público, Torres procesa a un total de 20 ex concejales del Consistorio y al ex secretario municipal, Leopoldo Barrantes.
Otro bloque importante de procesados es el conformado por los abogados que, presuntamente, colaboraron estrechamente con el ex asesor de Urbanismo para tejer el entramado societario que le permitió “esconder” uno de los mayores patrimonios financieros y mobiliarios del país. Ahí se encuentran los cuatro abogados del despacho Sánchez-Zubizarreta-Pastor, Montserrat Corrulla o Juan Germán Hoffmann, entre otros.
El tercer conjunto de procesados sería el de los empresarios. Tomás Olivo, Rafael Gómez Sandokán o José Ávila Rojas son algunos de los nombres que aparecen en tan comprometedora lista.
En el auto firmado el pasado 18 de julio por el instructor del caso, se insiste en la idea de que Roca encabezaba una “organización criminal cuyo objetivo era tener el control político del Ayuntamiento para conseguir beneficios económicos”, razón por la que Torres no duda en calificarlo de “alcalde de hecho de Marbella” o de “verdadero alcalde” que logró “expoliar” la ciudad y las arcas municipales. Además, lo considera culpable de la llegada a la localidad del “dinero negro” y la “criminalidad organizada” debido al “ambiente generalizado de corrupción” que propició.
Pero el todavía encarcelado en la prisión de Albolote (Granada) no podía levantar en solitario un imperio de esas magnitudes. Según el auto de procesamiento, una pieza fundamental en la organización sería el abogado Juan Germán Hoffmann, “que en cierto modo asume y renueva parte de la estructura exterior de Roca con distintas sociedades de Suiza, Liechtenstein, Gibraltar o lugares tan exóticos como Singapur”.
En este vertiginoso ascenso al poder, el ex asesor de Urbanismo también “compra la voluntad de los representantes elegidos por el pueblo (ediles) con las cantidades que recibe de los promotores para que, de modo general, se sometan a sus designios votando sin mayores complicaciones todo lo que venía de Planeamiento y otros actos de su interés”, continúa Torres en su escrito.
Por otra parte, el magistrado recuerda que todo este procedimiento judicial se ha configurado para esclarecer si Roca podía ser propietario del inmenso patrimonio que se le presupone y que está valorado en cientos de millones de euros. Después de año y medio de ardua instrucción, el auto de procesamiento señala que los bienes y demás propiedades del detenido tienen un presumible “origen ilícito” porque no se logra explicar cómo una persona “insolvente”, cuyo nombre no aparece en ninguna de las sociedades interpuestas que administran todo ese patrimonio, termina estando detrás de esa inmensa fortuna. De hecho, Torres considera “llamativo” que haya preferido seguir en un aparente estado de quiebra por una pequeña deuda del pasado antes de pagarla y así poder poner a su nombre todos los bienes que ha ido adquiriendo desde que entró en el Ayuntamiento de Marbella.
El magistrado considera que procede mantener la situación de prisión incondicional para Juan Antonio Roca, Julián Muñoz y Pedro Román, y también la orden de detención europea de busca y captura para los imputados José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, Carlos Fernández Gámez y Alberto Hector Pedronzo Moreno.
* Diario Málaga Hoy - 24 de Julio de 2007
Foto: Marbella, Ayuntamiento /UrbPatasArriba
El caso Malaya acaba con fianzas por 5.241 millones y 86 procesados
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El escándalo de los solares urbanos sin edificar en la comarca de la Sierra del Guadarrama
Foro Social de la Sierra del Guadarrama (Madrid)* : "Mientras la mafia especuladora impulsa la recalificación de centenares de hectáreas rurales, en nuestra comarca existen 18.622 solares clasificados catastralmente como urbanos que están sin edificar y que ocupan una superficie de 7.215,8 hectáreas (equivalentes a otros tantos campos de fútbol), lo que supone el 36,26% del total de la superficie urbana. En algunos municipios, como Pozuelo de Alarcón, El Boalo y Los Molinos los solares vacíos suponen el 50% o más del total de la superficie urbana. Este es un elemento más que pone al descubierto la actuación de las mafias especuladoras.
Aunque existen terrenos para, prácticamente, duplicar el número de viviendas en la sierra (lo que implicaría un desastre desde el punto de vista de la calidad de vida, el tráfico, la contaminación, la crisis del agua, etc.), el entramado político-inmobiliario sigue impulsando las recalificaciones de espacios naturales y rurales, dentro de la vieja estrategia de acumular la mayor cantidad de terreno posible, para elevar artificialmente su precio.
En la página web del Foro Social de la Sierra (www.forosocialsierra.org) puedes encontrar la noticia completa y el enlace a la base de datos de los municipios que contiene un mayor nivel de detalle (clasificación de los solares urbanos por superficie, etc.).
Correo-e: admin@forosocialsierra.org
Más detalle en www.forosocialsierra.org
* Foro Social de la Sierra del Guadarrama - 23 de julio
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Madrid
El urbanismo también da votos
XERARDO ESTÉVEZ* : "Las elecciones pasadas fueron las menos municipales desde 1979. Con el terrorismo y la corrupción como discursos dominantes, apenas se habló de los temas urbanos y la campaña culminó en un estado de confusión que, seguramente, fomentó la abstención. El municipalismo está de capa caída. Tanto, que se puede trastocar el sentido de todo un proceso electoral sin que pase nada grave, lo que demuestra el bajo perfil político de los ayuntamientos hoy en día. Pero también lo está porque el discurso ha perdido empuje al abandonar el hilo conductor que ensarta las políticas sectoriales con el crecimiento urbanístico y económico. Los municipios en general se han vuelto demasiado pragmáticos al dar una importancia desmesurada al vector construcción, tal vez impelidos a resolver el problema de la vivienda a cualquier precio y a obtener ingresos por otras vías debido a su escasa participación en el gasto público.
El Parlamento Europeo y la ONU han puesto en entredicho la forma de crecimiento territorial en España y alertado del peligro que se cierne sobre el individuo hipotecado, obligado incluso a prescindir de las vacaciones para poder afrontar los pagos. La cascada de advertencias de instituciones políticas y económicas mundiales no desvela nada que no hayan denunciado antes los organismos internos de control, pero que la alarma haya llegado tan lejos debe inducir a un repaso crítico del quehacer urbanístico en nuestro país.
En verdad, hay dos discursos, dos formas o modelos de ver la cuestión. Uno de ellos entiende la ciudad y el territorio como suelo y valores inmobiliarios; parece que cabe todo, que todo lo aguantan, y como lo que importa es crecer expansivamente, casi sin límite, se construye sin evaluar las consecuencias económicas, sociales y ambientales de ese crecimiento masivo en un futuro próximo. Le han cogido el truco a los conceptos de sostenibilidad y rehabilitación, que se ponen sin rubor al servicio del proyecto económico urbano. La otra vía sostiene que la ciudad y el territorio, costa o interior, han de crecer con un objetivo, construir para habitantes y no para duendes, como suma de un conjunto de factores que debe plasmarse en la práctica urbanística. Sus gestores suelen ser considerados timoratos porque, en lugar de mostrar entusiasmo por la actividad que a tantos beneficia, miran hacia el interior construido de las ciudades y acotan la expansión indiscriminada en sus bordes, distinguen el problema de la vivienda del negocio de la vivienda, proyectan al unísono infraestructuras y servicios y protegen patrimonio y paisaje.
Pues bien, uno es un modelo economicista más proclive a la perversión, mientras que el otro es propiamente urbanístico. No se puede negar la rentabilidad electoral a corto plazo del primero, ya que es muy grande el universo de compradores y vendedores de la mercancía suelo y vivienda; sin embargo, allí donde se ha aplicado el segundo, a pesar de no jugar tan fuertemente con estas bazas y procurar un crecimiento más ajustado a la realidad demográfica, los resultados electorales son buenos y duraderos, porque ese modelo alternativo conjunta mejor los esfuerzos públicos y privados a la hora de gestionar el planeamiento y, además, fomenta un pulso y una conducta ciudadana que incrementa y mejora el capital humano.
Yendo al fondo de la cuestión, ¿eran necesarios la destrucción de tanto territorio y espacios naturales, tan sonoros escándalos y tantas advertencias externas, para empezar a pensar que hay que cambiar de trayectoria? Sin lugar a dudas, era previsible y pudo haberse evitado en buena medida, pero creo que hoy en día podemos sentirnos un poco más optimistas en cuanto a la práctica del urbanismo. En primer lugar, porque el enfriamiento del sector permitirá introducir profesionalidad y raciocinio, dejando atrás la etapa de planeamientos desmesurados y devastadores, si bien las consecuencias de ese enfriamiento sobre el sujeto hipotecado deben ser materia de preocupación preferente para la administración. Segundo, porque los ciudadanos y las organizaciones admiten que es más rentable crecer con orden y no lastrar el futuro con los errores fruto de la mala planificación y, lo que es más significativo, la propia economía empieza a aceptarlo. En tercer lugar, porque las autonomías parecen ver la necesidad de regular el crecimiento desproporcionado de algunos ayuntamientos con instrumentos de ordenación supramunicipales que vinculen los intereses locales con el interés general, y de volcar sus esfuerzos en enfrentarse a la realidad metropolitana, que es el espacio del futuro.
Hay un cuarto factor importante: la nueva ley del suelo, aprobada sin pena ni gloria en pleno fragor electoral, entró en vigor días pasados y tendrá, a no dudarlo, efectos positivos en este conflicto.
La ley del 98, la del "todo urbanizable", produjo secuelas desafortunadas, alentó la codicia del suelo y lanzó un misil directo contra la práctica urbanística. Un solo dato: según el Banco de España, entre 1998 y 2005 el precio del suelo urbano subió un 500%, mientras que la vivienda lo hizo en un 150%. La nueva ley habilita más mecanismos de transparencia en la redacción y aprobación de los instrumentos de ordenación; prohíbe enajenar el suelo público por encima del valor legal de repercusión para vivienda pública; impide alterar la delimitación de los espacios incluidos en la Red Natura salvo en casos excepcionales, sancionados por la Unión Europea. Además, considera variables relacionadas con la economía de los recursos, la prevención de riesgos naturales y contaminación, e incluye las infraestructuras de tratamiento y suministro de aguas y de transporte público en los costes de urbanización que ha de asumir el promotor. Resuelve la anterior indeterminación en cuestiones trascendentales, como la reserva de suelo para vivienda protegida, estableciendo unos mínimos de obligado cumplimiento. Por último, frente al errado sistema de valoración del suelo por el método residual, en función del ulterior aprovechamiento urbanístico, lo valora según su situación real en el momento de la tasación, prescindiendo de las meras expectativas. La ley ha salido adelante con el consenso del arco parlamentario, excepto el PP; lo que hace falta ahora es que se cumpla.
Es posible que estemos en el umbral de una nueva etapa en la que se afronte la corrección de los errores del pasado, poniendo sobre la mesa los costos de reparación para dotar de servicios, equipamientos e infraestructuras a quienes no los tengan. Un ciclo de práctica urbanística sensata donde se hable más de futuro que de ladrillo y se consolide la correspondencia entre el esfuerzo urbanístico de las administraciones y los resultados electorales, y donde los ayuntamientos dispongan de financiación y de apoyo político suficientes para garantizar su funcionamiento y desarrollo.
* Xerardo Estévez es arquitecto.
* ELPAIS.com - 24/07/2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Facua pide que se dote al Ministerio de Vivienda de "mucho más contenido y más peso"
EuropaPress/Sevilla* : "La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Ación (Facua) destacó la "importancia" de la existencia de un Ministerio de la Vivienda, aunque consideró que es necesario dotar a este organismo de "mucho más contenido" través de propuestas y acciones "concretas y relevantes y aumentando la participación civil a la que se le ha dado poco peso en esta legislatura", con el objetivo de que sea eficaz.
El portavoz de Facua Rubén Sánchez advirtió de que el precio del metro cuadrado de la vivienda libre en Andalucía establecido en 1.740,4 euros por metro cuadrado al cierre del primer trimestre del año --lo que supone un incremento del siete por ciento respecto a la misma fecha de 2006-- supone una cifra "aberrante" y reclamó actuaciones por parte de las Administraciones para intentar solucionar el problema.
Sánchez apuntó que la subida por encima del Indice de Precio al Consumo (IPC) "aún no ha tocado techo" aunque se está produciendo una ralentización, "de forma desigual en las autonomías", del incremento del precio de la vivienda libre, por lo que el portavoz confió en que, en un plazo "razonable" de tiempo, la subida se ponga en línea con el IPC.
En este sentido, Facua reclamó que tanto el Gobierno central como los autonómicos y ayuntamientos "deberían introducir mecanismos para ralentización y llevar a cabo iniciativas para el fomento de la vivienda a precios asequibles".
Así, la organización señaló que la nueva Ley del Suelo atribuye un porcentaje de terreno público para viviendas de Protección Oficial (VPO), un porcentaje que Sánchez invitó a aumentar a los gobiernos autonómicos, ya que "hasta que no exista un porcentaje importante de VPO no se establecerá un mercado paralelo que provoque la ralentización del precio para que muchos ciudadanos puedan acceder realmente a las viviendas", agregó.
Además, el portavoz aclaró que es positivo lo conseguido en materia de vivienda hasta el momento pero hay que "ir más allá" haciendo que el Gobierno garantice el cumplimiento de lo establecido en la Ley.
Por otra parte, Facua pidió al Gobierno central la puesta en marcha de un protocolo que proteja a las familias en situaciones "especiales" de sobreendeudamiento, de forma que se les pueda cancelar el pago de la hipoteca durante unos meses sin que tengan que pagar comisiones extraordinarias por demora ni el riesgo de embargo. Una medida que algunas entidades bancarias ya aplican pero que la asociación consideró que debe ser una iniciativa pública y no privada.
El portavoz de la entidad advirtió que aunque aún no se ha producido una gran subida de embargos en viviendas, no descartan que se llegue a esta situación en un "período breve de tiempo, en dos o tres años, debido al continuo crecimiento del Euríbor y, por tanto, de los recibos".
De este modo, Sánchez criticó la "enorme irresponsabilidad" del sector bancario que "no tienen ningún criterio de responsabilidad social respecto a los consumidores españoles ya que introduce más fórmulas para seguir concediendo hipotecas pese a la subidas de los tipos de interés y de las viviendas".
Así, este portavoz advirtió a los usuarios de la existencia de publicidad que anuncia hipotecas a 50 años pero cuyos tipos de interés son "más caros que el resto por lo que las cuotas son similares a las de 30 años".
En este sentido, Sánchez indicó que existen algunas hipotecas a 50 años "que no suponen una reducción de pagos sino que paguen al final la misma cuota que una de 30 años pero durante 20 años más". "No deja de ser aberrante el hecho de que una persona pague una vivienda hasta los 85 años", concluyó.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
El portavoz de Facua destacó la "importancia" de la existencia de un Ministerio centrado en el ámbito de la vivienda, en relación a la petición del PP, que pidió la eliminación de dicho departamento. Para Facua, este Ministerio es "fruto de la importancia que tiene la vivienda en nuestra sociedad por el elevado precio y la dificultad de acceso a ese mercado".
Sin embargo, Sánchez aclaró que aunque es "positiva" su existencia, también es necesario dotar a este organismo de "mucho más contenido".
Por ello, exigió al Gobierno central que, en relación a la "nueva etapa" del Ministerio de Vivienda con Carme Chacón al frente, se "abran más puertas" a la participación civil de cara al Ministerio "implicando más" a las organizaciones de consumidores para que "cuente con las opiniones de los usuarios y que coordine el cumplimiento de normas como la nueva Ley del Suelo", potenciando, además, acuerdos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para aumentar la bolsa de suelo público para viviendas.
* Finanzas.com - 23/07/2007
Foto: eleconomista.es
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Diez borrones en el litoral español
J.Lafuente/El País* : "Una metástasis es la propagación de un foco canceroso en un órgano distinto de aquel en el que se inició. En el caso de las costas españolas, el cáncer se caracteriza por un crecimiento desproporcionado, en todas las direcciones y a toda velocidad. Ecologistas en Acción, en su informe anual Banderas negras, alerta de borrones, puntos negros, células tumorales que se expanden y ocasionan un grave daño al litoral español. El informe, de 142 páginas, identifica los 574 lugares más afectados por las actividades humanas. La degradación del paisaje, la erosión costera, la pérdida del valor turístico y de la identidad de los pueblos costeros son algunos de los síntomas que las costas españolas sufren desde hace años.
Éstos son los diez lugares que, según Ecologistas en Acción, podrían considerarse los mayores ejemplos de la "metástasis" costera.
- Algeciras: A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó el proyecto de construcción de una depuradora hace cinco años, el municipio sigue vertiendo sus aguas residuales a la bahía "con total impunidad", según el estudio. En esta ribera se localizan además diez puntos de vertidos industriales y urbanos, más los que producen diariamente los cerca de 400 barcos que cruzan el estrecho diariamente y los que están fondeados.
- Marbella: El municipio andaluz es ya un clásico entre los más contaminados en el informe anual de los ecologistas. Denuncian que no sólo es que el 100% de la costa esté ocupada, sino que los futuros Plan General de Ordenación de Urbana (PGOU) pretenden seguir edificando, con lo que conlleva la masificación de la costa: más consumo, más residuos, más contaminación.
- Playa de las Marinicas: Una amplia superficie de arena fina puede ser un paraje sin parangón si no fuese porque está pegada a una central térmica, la de Carboneras, con dos grupos de carbón y una desaladora. Los ecologistas dan la alarma acerca de los cada vez mayores vertidos de salmuera que aparecen, así como de las emisiones contaminantes, especialmente de Mercurio, que se expanden por el aire comarcal.
- Marina de Cope: El mayor complejo urbanístico de España está en el litoral virgen de Murcia. El Gobierno de Murcia, del PP, eligió un parque natural para crear una gigantesca ciudad que albergará a 60.000 personas. El Ejecutivo autonómico ya ha advertido de que los planes seguirán adelante incluso si el Tribunal Constitucional anula la ley.
- Ampliación del Puerto de Valencia: La Copa del América no sólo ha traído un espectáculo de vela a la capital de Turia. El aumento de las instalaciones del puerto, con un crecimiento de la dársena de dos kilómetros, puede causar una grave alteración de la bahía de Valencia. Al sur del puerto, hacia el Saler, los ecologistas alertan de que puede acentuarse el proceso de degradación al erosionarse la línea costera con una gran perdida de arena.
- Las seis playas de Barcelona: La organización denuncia las obras que acometen en seis riberas de la capital catalana, donde se verterán 1.145.000 metros cúbicos de arena procedentes de un yacimiento submarino que ya había sido utilizado con anterioridad. El proyecto pretende construir también 15 diques sumergidos para evitar pérdidas de arena que, según Ecologistas en Acción, dejarán a las playas con muy poca renovación.
- Andratx: Hace dos años, en 2005, este municipio mallorquín fue el segundo que más creció en número de edificaciones nuevas en las Islas Baleares. Nada extraño si no se tratase del decimosexto en número de habitantes. El "urbanismo depredador" que se ha instalado en Andratx ha destruido kilómetros de costa y de pinares que representaban un gran valor paisajístico y medioambiental.
- Oyambre: La perla negra de Cantabria es un campo de golf que altera y destruye el parque natural sobre el que se sitúa. Un espacio, en funcionamiento, cuyas obras han supuesto alteraciones morfológicas del terreno y cuyo mantenimiento, dicen los ecologistas, implicará la desaparición de las dunas y la imposibilidad de su regeneración.
- Llanes: Hay quien considera a este municipio asturiano de apenas 13.000 habitantes como la Marbella del Norte. La organización asegura en su informe que, sin duda, es la localidad asturiana, y quizás del norte peninsular, que más ha sufrido el proceso urbanizador. El Plan General de Ordenación Urbana, anulado el pasado abril por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y recurrido por el Ayuntamiento de Llanes, prevé crear más de 15.000 viviendas en el concejo.
- Puerto Industrial de Granadilla: Un nuevo "atropello" está de camino en Tenerife. El puerto de Granadilla, que ha sido adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE), podría suponer, según los ecologistas, tres problemas: la desaparición de seis kilómetros de las mejores playas de la isla: El Médano, La Jaquita y Pelada; la interrupción de la alimentación de arena a las playas, y la contaminación de las aguas de toda la zona sur de la isla, con grave riesgo de mareas negras.
* ELPAIS.com - Madrid - 23/07/2007
Foto: Algeciras /uca.es
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La fiscalía denuncia una presunta prevaricación en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
EFE/Fuerteventura* : "La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha remitido al Juzgado Decano de Puerto del Rosario una denuncia por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística cometido, a su entender, por miembros del Ayuntamiento de esa capital en 2002. Miembros de diversas comisiones municipales de gobierno y varios técnicos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario son, según anuncia en un comunicado el portavoz de la Fiscalía, los acusados en dicho presunto delito.
Éste se habría cometido, de acuerdo al escrito, cuando aquellos, "en el año 2002, informaron favorablemente y/o resolvieron la concesión de 17 licencias para la construcción de viviendas en suelo rústico de edificación dispersa, sin que a juicio de esta Fiscalía se cumplieran todos los requisitos previstos para ello en el Plan Insular de Ordenación de la isla de Fuerteventura".
La Fiscalía precisa que su denuncia, que se remitió al Juzgado Decano de Puerto del Rosario el pasado 18 de julio, está "derivada de la tramitación de las Diligencias de Investigación número 11/2006, incoadas en fecha 25 de enero de 2006".
* El Día - 20 DE JULIO DE 2007
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) /bbc.co.uk
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Denuncian la 'sobredotación' del Plan de Infraestructuras del Transporte
EFE* : "Organizaciones ecologistas, sindicatos y partidos pidieron hoy al Gobierno una 'reorientación' de las inversiones dedicadas a infraestructuras y denunciaron que con el PEIT España será el país de Europa con más kilómetros de autovía y el tercero del mundo, solo superado por Estados Unidos y China. Para frenar esta 'sobredotación' de infraestructuras, Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWW/Adena, el sindicato CCOO, el grupo parlamentario de IU-ICV y el diputado de Los Verdes, Francisco Garrido -adscrito al Grupo Socialista- registraron hoy en el Congreso una proposición de Ley de Movilidad sostenible.
Entre las medidas previstas en esta iniciativa figura una modificación del actual Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT) 2008-2020, que prevé la construcción de 6.000 nuevos kilómetros de autovías.
Así lo manifestó Joaquín Nieto, responsable de Medio Ambiente de CCOO, en una comparecencia ante los medios para presentar esta propuesta colectiva, que se enmarca en una serie de iniciativas legales dirigidas a frenar el cambio climático.
Denunció que, en estos momentos, nuestro país es el segundo de Europa, por detrás de Luxemburgo, con más kilómetros de autovía por habitante y el segundo también en kilómetros totales, sólo superado por Alemania, a la vez que recordó que el sector del transporte es el que registra el mayor incremento de emisiones de CO2.
Para contrarrestar esta situación, han elaborado la proposición de Ley que pretende medidas concretas y eficaces para hacer frente a los 'graves' problemas ambientales, sanitarios y económicos relacionados con la movilidad.
El diputado de IU-ICV Joan Herrera pidió al Gobierno una mayor voluntad para luchar contra el cambio climático de manera efectiva y aseguró que esta ley pretende pasar de 'la física del hormigón a la química de la movilidad', con compromisos concretos y con una reorientación de las políticas de movilidad.
A su juicio, el PEIT supone que 'continuamos en el viejo paradigma de la inversión en el cemento y la falta de prioridad a la gestión de la movilidad'.
Explicó que la proposición prevé un cambio de nombre del Ministerio de Fomento para pasar a denominarse de Transporte y Movilidad y que la inversión correspondiente a infraestructuras no supere el 50 por ciento de su presupuesto total y el resto de dedique a gestión de la movilidad.
Herrera lamentó que el Gobierno se haya 'apalancado' en los últimos datos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y haya 'renunciado a la ambición' de cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto, y le instó a establecer medidas concretas 'aunque se te tiren a la yugular'.
Mar Asunción, de WWW/Adena, insistió en la necesidad de reducir las emisiones del transporte, que suponen una cuarta parte de las emisiones totales de España, y señaló que además este sector consume casi el 40 por ciento de la energía total del país.
La iniciativa, que según sus promotores podría aprobarse esta Legislatura si hubiese voluntad política, contempla planes sectoriales de transporte, planes autonómicos y urbanos de movilidad sostenible o planes de transporte de empresas.
* Terra Actualidad - 17-07-2007
Foto: atasco M30 (Madrid) /abc.es
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500 euros por 27 metros cuadrados
V.Pí/Ll.Pellicer.- El País* : "Cuanto más pequeños, más caros. Se cumplen las leyes del mercado. Los minipisos de alquiler continúan saliendo más caros que la vivienda más espaciosa. La nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, tiene ocho meses por delante, lo que queda de legislatura, para aportar soluciones a uno de los problemas que más preocupa a los españoles. 500 euros al mes (gastos aparte) por unos 27 metros cuadrados en el barrio madrileño de Lavapiés. Es una buhardilla oscura e incómoda: "Muchas mañanas me levanto y me pego unos golpes... ya tengo callo". Christian Coll, de 25 años, tiene que andar agachado en la mitad de su piso, ya que el desnivel del techo le impide caminar erguido los cinco pasos que hay entre pared y pared. "Es un chollo; para lo que hay por ahí, no está mal", sonríe este zaragozano. Pagar el piso se le lleva "prácticamente medio sueldo".
Christian trabaja de asistente de fotografía y ha grabado un cortometraje. Sus ingresos son irregulares. Gracias a su hermano pudo alquilar el piso: no tenía los 6.000 euros de aval y el mes de fianza que le pedían por adelantado.
Según el Ministerio de Vivienda, en España hay casi 1.800.000 de hogares en alquiler (el 40% se concentra en las provincias de Madrid y Barcelona), y el 6,3%, es decir, más de 110.000, tiene menos de 45 metros cuadrados. "Ante la gran demanda, queremos aumentar el número de viviendas pequeñas para que bajen los precios", explica el director general de Arquitectura y Políticas de Vivienda, Rafael Pacheco.
Desde su creación hace dos años, la Sociedad Pública de Alquiler ha intervenido en 80.000 alquileres, construyendo viviendas protegidas para alquilar y concediendo ayudas a los inquilinos o a los propietarios. "Más de la mitad del presupuesto del Plan de Vivienda [6.822 millones de euros] se ha destinado a ayudas", explica Pacheco, que asegura que estas ayudas son mayores cuanto más pequeños sean los pisos.
"Sólo nos podemos permitir este cuchitril. La precariedad de la vivienda es tan habitual que parece que nos quejamos por vicio". Samuel, madrileño de 28 años, vive con su novia Micaela, de 24, también madrileña, en un bajo de unos 35 metros cuadrados útiles situado en el barrio del Lucero, a más de media hora en metro del centro. Pagan unos 500 euros al mes, incluyendo agua y luz. Entre los dos -él es agente comercial, y ella, ilustradora "cuando sale trabajo"- no llegan a 1.800 euros mensuales. Por eso viven rodeados de paredes desconchadas por la humedad, puertas que no cierran y un retrete "día sí, día no" atascado.
Otro de los colectivos que más sufre los desorbitados precios de la vivienda es el de los inmigrantes. Abdul vive con dos -"a veces, tres"- compatriotas senegaleses en el barrio de Lavapiés. El sótano en el que habitan no tiene más de 25 metros: un baño diminuto, una sala que usan como dormitorio y otra habitación. Se ven obligados a compartir cama. Pagan 600 euros al mes.
"No tenemos papeles", lamenta Abdul con los ojos aún entrecerrados: es mediodía y se acaba de despertar. ¿Qué otras condiciones tuvieron que cumplir para alquilar el habitáculo? Un aval de 1.800 euros que Abdul no logra explicar, ni en francés ni en español, cómo consiguió.Madrid y Barcelona superan el precio medio de la vivienda en alquiler en España, que fue de 7,20 euros mensuales por metro cuadrado en 2006, según el Ministerio de Vivienda. Madrid (11,38 euros) es la comunidad más cara. Como es lógico, la media de la capital es superior, y más aún si se trata de un piso pequeño: el metro cuadrado de un cubículo de 20 metros cuadrados se paga a más de 25 euros, bastante más del doble de lo que cuesta en una vivienda media.
Cataluña no llega a los topes madrileños, pero la media de esta comunidad (7,41 euros por metro cuadrado) es una de las más altas de España. Como Madrid, Barcelona se lleva la palma. El precio medio de un piso en la ciudad es de 966 euros, y el metro cuadrado sale a 13,13 euros, de acuerdo con la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. La regla de los minipisos también se cumple: cuanto más pequeño, más caro. El metro cuadrado sobrepasa los 23 euros.
Algunas de las dudas que se plantearon cuando en 2005 la ex ministra María Antonia Trujillo propuso habitáculos de 30 metros para situaciones transitorias continúan sin respuesta. ¿Es eso una vivienda digna? Hibai Arbide, bilbaíno de 27 años, y Cristina Fernández, tarraconense de 26, así lo creen con resignación.
Hartos de compartir vivienda con más gente, se plantearon buscar un piso de alquiler en Barcelona. Su presupuesto: 500 euros mensuales. Él, abogado, gana entre 500 y 900 euros al mes, y ella, investigadora universitaria, cobra 850 euros de una beca de la Generalitat. "Fuimos a ver pisos pequeños que no tenían ni cocina, alguno sin ventanas y con el baño en el balcón", afirma Hibai. Al final hallaron una vivienda de 28 metros cuadrados en el barrio de la Barceloneta por el que pagan 530 euros.
Hibai y Cristina se las han ingeniado para aprovechar el espacio después de cambiar varias veces los muebles de sitio y, además, tienen el mar a un tiro de piedra. Pero saben que cuando se planteen tener hijos, necesitarán un piso más grande.
* ELPAIS.com - Madrid / Barcelona - 22/7/2007
Foto: Christian Coll en su minipiso - BERNARDO PÉREZ/ELPAIS.com
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Tema: NOTICIAS Cataluña , NOTICIAS Madrid , NOTICIAS VIVIENDA
La mitad de los municipios de Málaga tiene denuncias por irregularidades urbanísticas
R.Rivera/LaOpiniónMálaga* : "Prácticamente la mitad de los municipios de la provincia de Málaga tiene abiertas distintas causas por supuestas irregularidades urbanísticas. La Fiscalía de Medio Ambiente ha cuadruplicado en el último año las diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio hasta contabilizar un total de 332, debido al incremento de las denuncias presentadas por colectivos y partidos contra ayuntamientos, según consta en su memoria. Las localidades costeras concentran el mayor volumen de procesos, especialmente en el litoral occidental, desde Torremolinos a Manilva.
Corrupción. El fiscal delegado de Medio Ambiente, Francisco Montijano, señaló que las causas urbanísticas destacan más en Málaga que en otras provincias andaluzas, porque en muchos casos están relacionadas con casos de corrupción. Aunque el litoral despunta, con ciudades como Marbella donde se están tramitando medio centenar de casos urbanísticos, han crecido los procedimientos en municipios del interior de la comarca de la Axarquía y la Serranía de Ronda, donde proliferan las denuncias de autoconstrucciones en suelo no urbanizable, manifestó el fiscal. Así, destacan varias denuncias en Villanueva del Trabuco, Archidona, Istán o Tolox. En este último municipio se paralizaron 2.000 viviendas supuestamente ilegales. El año pasado, se denunciaron a veinte alcaldes de la provincia, entre los que figuran Benalmádena, Alhaurín de la Torre o Ronda.
Según la Fiscalía, el aumento de las denuncias por el incumplimiento de la normativa territorial se debe a que el urbanismo se ha convertido en el mayor aporte financiero para los municipios. Por esta razón, se ha intensificado la lucha contra los modelos urbanísticos contrarios al desarrollo sostenible y las organizaciones ecologistas y organismos oficiales, como el Seprona, han incrementado sus denuncias. El año pasado se presentaron 66 contra ayuntamientos, de las que siete correspondieron a Marbella, diez a Manilva y cinco a Ronda.
Delitos. Dos tercios de las diligencias iniciadas por la Fiscalía de Medio Ambiente se refieren a delitos contra la ordenación del territorio. El pasado año se presentaron 243 denuncias por esta materia, mientras que los casos contra la naturaleza fueron 29 y los asuntos por desobediencia a órdenes de paralización de obras, doce.
De las denuncias que se interponen, sólo se archiva el veinte por ciento, según apuntó Montijano, fundamentalmente porque contienen informaciones erróneas o carecen de indicios de delito.
Urbanismo en Marbella. Los delitos de prevaricación urbanística se acumulan en los juzgados de Marbella. Actualmente hay entre cuarenta y cincuenta casos, en los que están implicados el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y antiguos concejales del GIL, entre otros. Estos asuntos están en fase de instrucción y a la espera de nuevas diligencias. Asimismo, existen otros seis pendientes de una calificación fiscal.
* La Opinión de Málaga - 22 JULIO 2007
Foto: Precintos. Marbella copa la mayor cifra de denuncias por supuestas irregularidades urbanísticas. EFE
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23.7.07
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Cómo construir una casa y cometer dos delitos
P.Espinosa/El País* : "En las oficinas de la Policía Autonómica en Cádiz se guarda, casi como una reliquia, el primer atestado sobre viviendas ilegales que este cuerpo de seguridad detectó con el método de falsificación de certificado de obra nueva. Fue en octubre de 2003. Desde entonces, los agentes han comprobado que bajo esa fórmula se han tratado de legalizar muchas más casas en la provincia gaditana. De hecho, más de la mitad de los 240 delitos por casas irregulares descubiertos por la Policía Autonómica en los últimos cuatro años utilizaron estos documentos falsificados. Aquel primer caso acaba de recibir sentencia. Los promotores y el arquitecto han sido condenados. Es el primer fallo judicial en este sentido que dicta la Audiencia Provincial de Cádiz.
En diciembre de 2002, Antonio R.G. compró una parcela en El Marquesado (Puerto Real). La finca estaba en suelo rústico y en ella sólo existía una caseta de labranza. En 2003 la compra de esos terrenos se documentó en escritura pública par José Emilio A.G.. En esa operación aparecía un certificado de obra que habían solicitado ambos promotores y que firmaba el arquitecto Antonio F.V. El profesional constataba la existencia de una vivienda de 194 metros cuadrados y databa su antigüedad en 1998, más de cuatro años antes, tiempo suficiente para que el delito urbanístico por construir en suelos no permitidos hubiera prescrito, por lo que la casa era legalizable. De hecho, los dos promotores dividieron la finca y construyeron dos chalés, que llegaron a vender. La Policía Autonómica se hizo cargo del caso y pudo averiguar que el sostén legal al que se agarraban los originarios propietarios, el certificado de obra, estaba falsificado. La Audiencia Provincial notificó esta semana la sentencia que condena a promotores y al arquitecto por un delito contra la ordenación del territorio, estafa y falsedad documental.
Para la Policía Autonómica este fallo judicial es algo más. Es el resultado de aquel primer caso detectado hace ahora más de cuatro años, pero también la constatación de que el esfuerzo investigador realizado desde entonces comienza a dar sus frutos. "Te llena de satisfacción ver que lo que has instruido lo has hecho bien", explica orgulloso el inspector Álvaro de Ory, jefe del grupo operativo del área de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Policía Autonómica en Cádiz. En el grupo trabajan siete agentes apoyados por otros seis. Funcionan como policías judiciales. En su labor ha desarrollado los métodos de investigación y han mejorado los medios, con un potente equipo informático para el rastreo de las casas ilegales.
Su trabajo ha permitido desde 2003 detectar 240 delitos relacionados con el urbanismo e imputar a 330 personas. Según De Ory, más de la mitad de los casos utilizan ya el método de falsificación de certificado de obra para tratar de legalizar lo construido irregularmente. También se usa lo que se conoce como proindivisos, consistentes en dividir parcelas unitarias, o reconstrucciones, levantar nuevas edificaciones con la excusa de una rehabilitación.
En estas operaciones es necesaria la participación de arquitectos técnicos o aparejadores, que sellen esos certificados falsos. Los investigadores calculan que pueden llegar a cobrar 6.000 euros por cada uno. El colegio profesional que los ampara ya ha tomado medidas. Los certificados de obra nueva requieren ahora de más pruebas documentales, como fotografías aéreas que antes no se demandaban. "Hay muchas viviendas ilegales pero el 99% de los arquitectos cumple la ley. Los otros son garbanzos negros", defiende el presidente del colegio, José Arcos. Una circunstancia que corrobora la Policía Autonómica que ha visto repetirse los nombres de unos pocos arquitectos técnicos en multitud de casos descubiertos además en diferentes municipios.
La primera sentencia ha condenado a los promotores a seis meses de prisión por el delito contra la ordenación del territorio. Por falsedad documental deberán pagar tres meses de multa con cuota diaria de seis euros, lo mismo que el arquitecto. Una condena que la Fiscalía reconoce como leve pero que cambiará. En los nuevos casos de certificados falsos de obra el Ministerio Público ya está reclamando hasta dos años de cárcel.
* ELPAIS.com - Cádiz - 22/07/2007
Foto: Puerto Real (Cádiz) - nodo50.org
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Un juez imputa cinco delitos urbanísticos al alcalde de Tolox
D.Narváez.- El País/Málaga* : "Un juez de Coín (Málaga) ha imputado cinco delitos urbanísticos al alcalde de Tolox, el independiente Juan Vera, por autorizar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, y uno contra la administración pública por no tomar medidas para reestablecer la legalidad. En cuatro casos el propio alcalde vendió las parcelas en las que se construyeron las casas, que segregó de una finca de su propiedad, la Loma del Esparragal, lo que contraviene la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El juez, que abrió diligencias en marzo de 2005 por una denuncia de la Fiscalía, ha dictado un auto para que continúe la instrucción por el procedimiento abreviado y mantiene imputadas a otras 18 personas.
El Ministerio Público remitió entonces al juzgado de Coín siete casos de construcciones de viviendas unifamiliares con piscina en suelo no urbanizable que habían sido autorizadas por el Ayuntamiento de Tolox, pese a que en la mayoría de los casos la licencia otorgada era para una casa de labor o para la supuesta ampliación de alguna construcción de este tipo ya existente.
Los informes periciales han constado que el alcalde sabía que en realidad no se iba a construir una casa de aperos, sino una vivienda, porque además no existe ninguna explotación agrícola o ganadera que lo justificara. Y en los casos de las reformas, los peritos y las ortofotos han comprobado que no existía construcción previa. Al menos en dos casos, la concesión de la licencia contaba con informe jurídico desfavorable de la secretaria municipal.
El juez ha encontrado indicios para imputar en cinco casos un presunto delito contra la ordenación del territorio a Juan Vera, en otro una prevaricación porque la licencia se otorgó en 2001, cuando aún no era alcalde, pero no tomó medidas para impedir la construcción ilegal cuando, según su propietario, "se veía desde los balcones del Ayuntamiento", y en un séptimo no mantiene imputación porque la licencia municipal era igualmente anterior.
Juan Vera accedió a la alcaldía en 2003 como candidato del PA, que este año le dio de baja, por lo que formó un grupo independiente con el que volvió a ganar las elecciones del pasado mayo. Vera ya está imputado en anteriores casos por dar licencias para urbanizaciones en suelo no urbanizable.
En uno de los casos en los que el propio Vera vendió la parcela, dio licencia para un almacén de aperos de una planta, pero en realidad se emprendió la construcción de una vivienda de 100 metros cuadrados con dos pisos. Según el juez, nunca se acreditó la necesidad del almacén porque no existe explotación en la finca, y además, la compradora ha declarado que la obra se encargó "para subir con los hijos y los nietos los fines de semana". El juez concluye que Vera "conocía la intención de construir una vivienda, y no una casa de aperos, pese a lo cual concedió la pertinente licencia de obras". La ejecución del proyecto se encargó a la arquitecta Noelia Peña, que figura como autora de otras cuatro de las viviendas ilegales, por lo que el juez le imputa cinco presuntos delitos urbanísticos.
En tres casos está también imputada la promotora Isaura Serón Martín, que según el juez mantiene una "estrecha relación con el alcalde" y que intervino en la construcción de tres viviendas, una para ella y otras dos en las fincas vendidas por Juan Vera.
* ELPAIS.com - Málaga - 22/07/2007
Foto: Tolox (Málaga) /J.Rojas, ELPAIS.com
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22.7.07
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Tarragona se une para salvar la playa Llarga del cemento
F.Gerhard/ElPeriódico* : "Más de 2.000 personas formaron ayer una cadena humana en la playa Llarga de Tarragona para denunciar el proyecto de paseo marítimo, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, que consideran una agresión a uno de los pocos tramos del litoral libre de la presencia de cemento. Bajo un cielo encapotado que amenazaba lluvia, prácticamente se logró cubrir los tres kilómetros de playa, lo que fue calificado de "éxito" por la plataforma Salvem la Platja Llarga, organizadora del acto.
Lola Paniagua, su portavoz, explicó que el cambio en el gobierno municipal, ahora regido por PSC y ERC, que se impusieron a CiU y PP en las pasadas elecciones locales, "no garantiza que se retire el proyecto". "Socialistas y republicanos solo nos han dicho que podrían estudiar alguna modificación", explica.
Paniagua ha avanzado que se encargará a un equipo de especialistas la redacción de una propuesta alternativa que respete la playa, que permita reforzar la vegetación autóctona, que contemple corredores naturales para la fauna y que elimine cualquier posibilidad de urbanizar el litoral. "En septiembre ya la tendremos lista", aseguró.
REVUELTA
Toni Bara, del grupo ecologista Gepec, destacó el sentido de "revuelta social" que denotaba la acción reivindicativa, sobre todo cuando en Tarragona "es muy difícil movilizar a la gente". El Gepec defiende que la playa Llarga se incluya en una gran área de protección medioambiental que abarcaría toda la desembocadura del río Gaià, territorio amenazado por la cada vez mayor presión inmobiliaria.
El paseo aprobado por el Ministerio, presupuestado en 6,6 millones de euros, medirá 2,7 kilómetros. En el primer tramo se diseña un espacio para peatones, mientras que en el otro extremo, junto al paraje protegido del bosque de la Marquesa, se reduce la intervención. Habrá también un carril bici, pavimentación de piedra y una pasarela de madera. Se habilitará un aparcamiento para 360 vehículos para concentrar los coches en un único lugar y evitar un impacto negativo sobre la playa.
La mayoría de usuarios de la Llarga son contrarios al proyecto. Anna, una bañista habitual, pide "que la dejen como está". La plataforma ha recibido miles de adhesiones, algunas del extranjero. Franck Lesteven, un francés que acude a Tarragona con la familia desde hace 30 años, comenta que "la playa es magnífica y todo el mundo la ama, por eso hay que defenderla".
* El Periódico - Tarragona - 22/7/2007
Foto: Cadena humana contra la construcción del paseo marítimo en la playa Llarga de Tarragona, ayer /Joan Puig (El Periódico)
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22.7.07
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La república independiente de los 'okupas'
R.Cuevas.- El País/Madrid* : "Los problemas urbanísticos e inmobiliarios tienen muchos ángulos y diferentes respuestas. El movimiento okupa, inmerso en un intenso debate en Madrid, ha decidido dar un viraje "social". Una decisión que ha hecho que, pese al goteo continuo de desalojos, el fenómeno sea estable e incluso crezca, aunque lejos del de Barcelona. Con la creación de una Oficina de la Okupación y la instauración de un centro en un viejo colegio de la calle del Acuerdo, aumenta el desafío a las autoridades. Mientras, un grupo de desarraigados se cuela por las rendijas en viejas casas derruidas por el Ivima y un racimo de resistentes se aferra a sus viviendas en los históricos poblados de absorción chabolista del franquismo.
El pasado mes de marzo, el Centro Social Seco ponía fin a su largo historial okupa. Tenía los días contados. Bajo el lema "Nos movemos para quedarnos", uno de los centros con más solera de la capital abandonaba su sede en un antiguo colegio de Retiro, para trasladarse a un edificio cercano alquilado al Ayuntamiento. Allí, las pancartas lucirían otra misiva: "Nos quedamos para movernos". Se abría un nuevo capítulo en la marcha de sus actividades, y se cerraba otro en la trayectoria de la okupación en Madrid.
En los últimos 16 años, el centro venía acogiendo a gran parte de los colectivos de la zona, un área marginal de casas bajas cercanas al Puente de Vallecas con escasas alternativas de ocio y la riqueza potencial de su solar para construir nuevas viviendas. La aprobación de un plan urbanístico y el pésimo estado de conservación de la escuela desembocaron en siete años de encuentros y desencuentros con el Ayuntamiento para pedir el realojo.
La nueva nave acoge hoy a una decena de colectivos, integrados por un centenar de miembros, con proyectos sobre inmigración, educación, vivienda, ecología o software libre. "Somos los primeros okupas que han luchado por su desalojo", asegura, contra todo pronóstico, José Luis Fernández Kois, sociólogo de 28 años y miembro de Seco, centro devenido en modelo de fusión vecinal con autogestión.
Desde que el fenómeno de la okupación hiciera aparición en España, a mediados de los ochenta, cientos de inmuebles inutilizados han sido habilitados y posteriormente desalojados, muchos de ellos con sus correspondientes capítulos de incidentes. Otros, como Seco, La Escuela Popular de Prosperidad o la asociación feminista La Eskalera Karakola, han ido regulando a la fuerza, y de forma pacífica, su situación con el fin de dar estabilidad a sus programas de actuación. El grueso de la okupación en Madrid se traduce en apenas una decena de centros sociales dispersos por la ciudad (además de un número indeterminado de casas vacías de las cerca de 300.000 en la Comunidad, según el INE).
A diferencia de ciudades como Barcelona, cuyo tejido la sitúa como referente en Europa, el fenómeno en Madrid carece de una Asamblea de Okupas, a modo de ente coordinador. Cada centro social es un mundo independiente en el que se desarrollan proyectos "de transformación social", ligados a causas ecologistas, antiglobalización, pacifistas, antisexistas, feministas, antifascistas... Pero también vecinales, urbanísticas, laborales, educacionales, artísticas. Su efectividad real, en algunos casos, es difícil de sopesar. Casi tanto como el número de colectivos afines que se dan citan en ellos: una multitudinaria, heterogénea y activa red que encuentra en Internet su principal herramienta, y que justifica la razón de ser de estos lugares de participación. Sus fines son distintos; su nexo, común: legitimar la okupación, considerada un delito de "usurpación" desde la última reforma del Código Penal, en 1995.
Los centros okupados en Madrid no se usan como vivienda, tan sólo esporádicamente para dormir. Eufemísticamente se han dado en llamar "espacios liberados" de la gestión pública, al margen de las instituciones. Nacen y crecen bajo denominaciones como CSOA (Centro Social Okupado Autogestionado), y se desarrollan mediante la autogestión, basada en la aportación económica de los asistentes a sus eventos (fiestas, conciertos...).
Se organizan en asambleas, donde sopesan las propuestas por consenso. El prototipo del punki okupa de los ochenta deviene con los tiempos en un nuevo perfil: joven urbanita de entre 20 y 35 años, con trabajo o estudios universitarios, de nivel social medio y un afán por considerar la okupación una herramienta alternativa y necesaria para cambiar la sociedad. Causas como la globalización o la guerra de Irak, que en los últimos años fueron motores de organizaciones sociales, el fenómeno se entiende hoy, más que nunca, ligado al encarecimiento de la vivienda. También, a la supuesta falta de espacios que cumplan demandas personales: desde la puesta en práctica de actos políticos o iniciativas sociales a fumar o beber alcohol. "Los fenómenos especulativos se han llevado por delante centros de reunión a golpe de excavadora. El modelo de urbanismo impide lugares de encuentro", cuenta Ramón Fernández, informático de 28 años y miembro de la Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna. Creada hace algo más de un año, el pasado marzo concurría en manifestaciones por todo el país. Entre ellos, una representación squatter [okupa].
La Alarma, en Embajadores, es uno de estos centros, autodenominado "político". Su estratégica ubicación y frenética actividad lo han convertido en referente en los últimos meses. Se trata de un antiguo centro comercial encajado entre edificios de viviendas que espera su inminente desalojo. Pancartas como "No podrán desalojar nuestras ideas" o "Las casas okupadas, los centros sociales y la lucha resisten" desafían desde la fachada que da a la calle de Bernardino Obregón, entre graffitis de guerrilleros del EZLN.
Estos días multiplicaba su actividad con conciertos, una marcha y la emisión de un comunicado en llamamiento a la "solidaridad y a la defensa los espacios liberados". "Esta orden es una más dentro de la campaña represiva en Madrid durante estos últimos meses", detalla el escrito.
La secuela del histórico El Labo
Revueltas, disturbios, detenciones, despliegues policiales... La historia okupa no se ha escrito, precisamente, con letra pequeña. En Madrid, desalojos de centros como Pacisa, Minuesa, La Guindalera o el primer Laboratorio (en 1998) serían dignos de un documental de acción. Este último, conocido como El Labo, hizo honor al lema okupa ("Un desalojo, otra okupación") en su máxima acepción. Durante seis años, entre 1997 y 2003, rondó por edificios de Lavapiés, reapareciendo en cuatro localizaciones distintas.
La reforma del Código Penal, llevada a cabo con el Gobierno socialista en 1995, pasaba a considerar la okupación un delito de "usurpación", con multas de tres a seis meses. Un año después, el PP endurece las actuaciones policiales, lo que conduce al sucesivo cierre de centros y edificios de viviendas. Entre ellos, los de El Laboratorio. En 2001, el desalojo de El Laboratorio 02, tras dos años y medio en activo, dividió a la clase política y artística. También a sus dos herederos.
Algo parecido ocurrió con el cine Princesa de Barcelona, en 1996. Ambos centros simbolizaron parte del "dinamismo contracultural" propio del movimiento okupa", un término recogido en el libro ¿Dónde están las llaves?, elaborado en 2004 por un grupo de investigadores que analiza el fenómeno en España. Jaume Asens, experto en okupación, presta en él especial atención a Madrid, País Vasco y Cataluña.
De las cenizas de El Labo surgió hace tres años El Solar, en Lavapiés, barrio emblemático del movimiento. Es un terreno sin edificar, conocido como Labo en el exilio. Ha despertado el interés de cientos de compromisarios con la causa social.
Junto a la plaza, queda oculto tras un muro. "Lo que rodea a la okupación es una experiencia fragmentada. Por ahora, no quiere dejar de serlo", asegura Carlos Vidania. Ciertamente, de puertas afuera, el mundo okupa resulta hermético, impreciso, desdibujado como una radiografía. Una foto difusa a la que le cuesta cobrar definición.
* ELPAIS.com - Madrid - 22/07/2007
Foto: Madrid 2006, okupacion_antiguo_cine_Bogart /EFE (El País)
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La fiscalía envía al juez un plan de urbanización de Torredembarra
F.Gerhard.- ElPeriódico* : "El juzgado de instrucción número 3 de Tarragona ha incoado diligencias previas en relación a la aprobación del proyecto inmobiliario Muntanyans 2 en Torredembarra. La Fiscalía de Tarragona, tras un año de investigaciones, ha llegado a la conclusión de que podrían existir indicios de delito y ha remitido el expediente abierto en el 2006 al juzgado para que decida si ordena la celebración de un juicio o lo archiva. Fuentes judiciales han explicado que las irregularidades están relacionadas con la posible inundabilidad de los terrenos que deben albergar 550 viviendas y en anomalías en la tramitación de la revisión, en el 2002, del plan de ordenación urbana municipal (POUM) que validó el proyecto.
Manuel Jiménez (PSC), actual alcalde de Torredembarra, era concejal de Hacienda cuando sucedieron los hechos, mientras que Josep Bargalló (ERC), exconseller de la Generalitat y actual presidente del Institut Ramon Llull, ejercía de concejal de Urbanismo.
Jiménez no quiso ayer efectuar declaraciones. Bargalló se mostró "muy tranquilo" y aseguró que "el plan parcial de los Muntanyans era anterior a la revisión del POUM que se ejecutó con todos los informes favorables de las administraciones competentes". El republicano agregó que "determinadas objeciones, como algunas de Renfe, se solucionaron y se incorporaron al texto".
INTERÉS NATURAL
Silvestre Morros, exmilitante de ERC y miembro de la plataforma Salvem Els Muntanyans que denunció las presuntas ilegalidades a la fiscalía, reiteró que "se trata de un caso de corrupción que afecta no solo al ayuntamiento de Torredembarra, sino que también salpica a los responsables provinciales de Costas que ignoraron un informe del propio Ministerio de Medio Ambiente que recomendaba salvar este tramo del litoral por su interés natural". Bargalló explicó que el informe era un estudio que Medio Ambiente encomendó a una consultora y que nunca se planteó llevar a la práctica. "La prueba es que el POUM vió luz verde con el dictamen favorable del Gobierno", dijo.
* El Periódico - Tarragona - 21/7/2007
Foto: Torredembarra (Tarragona) /mma.es
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21.7.07
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Fiscalía solicita la cárcel para el ex alcalde de Gerb por un pelotazo urbanístico
A.L.Congostrina.- La Mañana/Lleida* : "El Ministerio Fiscal solicita una pena de un año y seis meses de prisión, una multa de 12.000 euros e inhabiliatación especial para empleo o cargo público durante once años y seis meses para Jacinto Tribó Solans, Presidente de la Entidad Municipal Descentralizada de Gerb, tras considerarlo autor de un delito contra la ordenación del territorio por la concesión de licencias contrarias a la normativa y por haber, presuntamente, cometido actividades prohibidas por una autoridad pública como él.
El Ministerio Fiscal fundamenta la su acusación siguiendo cronológicamente varios hechos, siempre teniendo en cuenta que el acusado, Jacinto Tribó, era presidente de Gerb entre 1997 y 2000. El 17 de octubre de 1997 el pleno de la entidad municipal, presidido por el acusado, aprobó la propuesta y el contenido de un convenio entre el núcleo y los propietarios de unas parcelas para “el desarrollo del Plan Parcial número 1 de las futuras Normas Subsidiarias del Planteamiento Urbanístico del territorio de Gerb” facultando a Tribó para que “suscribiese y tramitase la documentación correspondiente”. Según la fiscalía, el acusado conocía que las citadas parcelas estaban calificadas como “suelo no urbanizable”.
El 29 de octubre el Pleno del Ayuntamiento de Os de Balaguer aprobó el convenio.
Cronológicamente, el 18 de noviembre, Tribó constituye Proms-Kidalman, una promotora-constructora, de la cual es administrador único.
El 2 de junio de 1998, el pleno de Gerb aprueba por unanimidad y concede la licencia de urbanización a la empresa de Tribó para la construcción de siete viviendas unifamiliares adosadas en las parcelas antes mencionadas. En el citado pleno interviene, según Fiscalía, y vota a favor el acusado, sin abstenerse, “pese a tener interés directo...Asimismo, la licencia fue otorgada conociendo que era concedida por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia” ya que este tipo de licencias deben ser otorgadas en exclusiva por los Ayuntamientos, y en concreto, por el Alcalde y por lo tanto no por el Presidente de una Entidad Municipal Descentralizada.
Según Fiscalía, el 1 de julio de 1998, el pleno de Gerb autorizó a Proms-Kidalman, la promotora-constructora del acusado, a la segregación de siete parcelas. El acuerdo volvió a adoptarse por “unanimidad y con la intervención del acusado”. Según el Ministerio Público para que “se pueda conceder una licencia de segregación - parcelación debe haberse aprobado previamente un Plan General, un Plan Especial para suelo urbano, un Plan Parcial para suelo urbanizable estableciendo que en el suelo no urbanizable no se pueden realizar ni autorizar parcelaciones urbanísticas. Un día después Tribó, siempre según el fiscal, compareció ante notario para segregar la finca antes detallada en siete porciones, declarar la obra nueva sobre las finca sobre la que pretendía construir siete viviendas unifamiliares y “dividir en régimen de propiedad horizontal las dos fincas”.
Tras tener conocimiento del inicio de urbanización de las fincas, el Jefe del Servicio Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat en Lleida se puso en contacto con el Alcalde de Os de Balaguer, el 17 de julio de 1998 para asegurar que la “construcción de los edificios se estaba llevando a cabo en suelo no urbanizable”. El dos de setiembre de 1999 se efectuó una inspección a las fincas y los controladores observaron que las obras estaban en fase de ejecución. El 5 de junio de 2000 el Jefe del Servicio Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo puso en conocimiento del Director que uno de los edificios ya estaba terminado y que, el colindante estaba en fase de ejecución. Además el TSJC declaró nulas las licencias por vulnerar la ley.
Jacinto Tribó Solans ha sido el Presidente de la Entidad Municipal Descentralizada de Gerb hasta el pasado 27 de mayo.
* La Mañana - 2007-07-20
Foto: Gerb (Lleida) /ccnoguera.cat
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21.7.07
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El “pelotazo” urbanístico del estadio Calderón
RAFAEL HALCÓN* : "La noticia del posible derribo y la recalificación de los terrenos del estadio Calderón del Atlético de Madrid, hecha pública ayer en el diario El País de manera sospechosamente “neutral y beatífica”, y en la que estarían directamente implicados el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, anuncia un debate político y mediático de envergadura porque huele que apesta a “superpelotazo” de la construcción, en un terreno que, previamente, ha sido reordenado por la ciclópea y espectacular obra de la M-30, revalorizando ostentosamente una recalificación que va a beneficiar, esencialmente, a la familia de Jesús Gil, propietaria de más del 50% del Atlético de Madrid, y al empresario y presidente del club, Enrique Cerezo (persona próxima a Esperanza y segundo accionista del Atlético), así como a otros empresarios de la construcción como Fernando Martín, que además tiene otros intereses urbanísticos (mucho suelo, se dice) en la Comunidad de Madrid.
Y a no perder de vista a posibles intermediarios de renombre, entre los que, al parecer, figuran los nombres de Fernando Fernández Tapias (Fefé) y Lalo Azcona (amigos de Gallardón), y próximos a otro de los promotores del grupo Andria, Marc Rich, como el de Pedro Pérez (se dice que ahora asesorando a Martinsa), y veremos si también Pedro Antonio Martín Marín, los dos notorios amigotes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Persona que seguramente ha tenido algo que ver, desde el Gobierno de la Comunidad, con la llamada “operación Alcorcón” sobre la ciudad deportiva del Atlético de Madrid y sus terrenos adyacentes, donde también han merodeado los hoy propietarios del Atlético.
Los últimos de la fila, que se van a quedar a dos velas, perdiendo el emblemático estadio, serán los socios e hinchas del Atlético de Madrid, los vecinos de la capital de España —que perderían también sus derechos sobre el estadio de la Peineta— y todos esos miles de madrileños que no van a beneficiarse de esa operación con 1.000 viviendas protegidas, como debe ser el caso si se aprobara el objetivo de las 1.600 que ahora pregonan los promotores, como haciéndonos a todos un favor.
Cuando lo normal es que siga ahí el estadio, que Gil y Cerezo devuelvan el control del club —que están hundiendo, en deudas y malos resultados— a los socios, y que una vez que estos malos y sospechosos gestores abandonen la entidad, se replantee, si llega el caso, semejante operación que huele a gran pelotazo nacional.
Operación en nada comparable a la recalificación que en su día se hizo de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, porque allí, para empezar, los que resultaron beneficiados fueron los socios y la afición del club, y no como ocurre con el Atlético de Madrid, en el que el gran beneficiario del pelotazo será la familia de del desaparecido Jesús Gil, el primer responsable del gran escándalo de la mayor corrupción de España, el caso de Marbella y la “operación Malaya”. La familia de Jesús Gil, con Miguel Ángel Gil Marín a la cabeza, pilota la operación, después de haber ejercido él toda clase de presiones sobre el Ayuntamiento de Madrid —en el registro oficial de la Casa Consistorial entró, no hace mucho, una carta del tal Gil Marín en tonos conminatorios y sospechosos, para intentar acelerar la recalificación antes de las pasadas elecciones municipales, un riesgo que el alcalde Gallardón no quiso correr—.
Y que ahora debería volver a calibrar en vísperas de las elecciones generales, de ahí la seria preocupación que, sobre este tema, invade a la dirección del Partido Popular —como lo ha sabido ESTRELLA DIGITAL de fuentes solventes—, donde se temen un cartel del PSOE y de IU donde se diga, sin reparos y con razón: “El PP le regala el gran pelotazo del Calderón a la familia de Jesús Gil”. Lo que, unido a las últimas denuncias de Miguel Sebastián —que fueron por el camino soez de la vida personal del alcalde y se convirtieron en bumerán contra el denunciador—, ahora sería munición suficiente para calentar el debate sobre la corrupción en campaña electoral.
De ello, en la sede del PSOE han empezado a estudiar el caso, y en IU tanto Ángel Pérez —que ya ha hecho públicas preguntas este asunto— como Inés Sabanés están reuniendo información para intentar controlar lo que, a muy simple vista, se presenta como un escándalo urbanístico en el corazón de la capital.
De ahí las prisas recientes de unos y otros por aprobar todo esto lo antes posible, aprovechando el vacío y la casi “nocturnidad” política y mediática del verano. A ver si se cuela por las buenas, aunque el alcalde dijo ayer —veremos si es verdad— que no hay nada decidido, y que hay dos meses de por medio para estudiar la petición de recalificación. Aunque lo que no puede decir Gallardón es que todo es para beneficiar al pueblo de Madrid, porque los beneficiarios son precisamente otros. Y esperamos que algo más, porque Gil y Cerezo se hicieron con el control de la propiedad del club Atlético de Madrid gracias a una operación fraudulenta (sobre la que parece que hizo la vista gorda Cortés Elvira, veraneante marbellí), y en la que entraron de por medio los tribunales para analizar “un mete y saca de dinero”, que luego contó con ayuda del beneficio de la prescripción, que eliminaba la responsabilidad penal pero no la moral. Y qué decir si además miramos a la familia de Gil en Marbella, y a todos los procesos en los que también ha estado inmerso Miguel Ángel Gil Marín.
Y esta pregunta —quid prodest— de a quién beneficia sólo tiene una clara respuesta: a los hoy propietarios del club —pero no del Estadio Calderón, que fue comprado con el esfuerzo de los socios y del propio Calderón— y a los promotores y amigotes del poder político. Y todo ello completado con el hecho, nada desdeñable, de la reforma de la M-30, en la que no estaba ni mucho menos prevista ni incluida la liquidación del estadio Calderón por más que lo estuviera in pectore, de más de uno. Y no digamos la otra parte del “cuento de la buena pipa” que nos ha contado El País, que incluye la cesión al Atlético de Madrid (¡a los Gil y Cerezo!), por permuta, alquiler o lo que sea del estadio de la Peineta, que es de la Ciudad de Madrid, que era de la Comunidad, y se permutó con el Palacio de los Deportes —donde habita el fantasma de Martín Marín— para que en su día se pudiera incluir en el proyecto del Madrid Olímpico (que va a regresar).
Un estadio con sólo un aforo de 20.000 personas, lejano de la hinchada del Atlético que vive cerca del Calderón. O las pretensiones de los promotores de recibir mucha más edificabilidad de la que recibió el Real Madrid, la eliminación de una escuela y la escasez de suelo verde. Y todo ello para construir 1.600 pisos, según el tercer proyecto presentado por la banda del Calderón que el diario El País, con calculada inocencia, presenta como “la más aceptable”. Lo que sería así si mil de esas nuevas viviendas, como poco, fueran de protección oficial, hubiera grandes zonas verdes y dos colegios nuevos en vez de uno. Y sobre todo si, además de esto, el resto de los beneficios del pelotazo inmobiliario, con las bendiciones políticas del PP, fuera a parar a una fundación o un fondo con control del Ayuntamiento para garantizar que esos dineros reviertan sobre los socios minoritarios (a los que Cerezo y Gil les está ahora pasando el cazo por causa de la ruina del club) y la afición del Atlético de Madrid, a los que estos dos deberían devolver la titularidad del club. A los verdaderos socios y la afición del Atlético, a los que Gil y Cerezo ponen de pantalla para justificar la operación del pelotazo, haciendo unas falsas comparaciones impropias con el caso de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que redundó en beneficio del club blanco y de sus socios, de la afición y del pueblo de Madrid, aunque también es cierto que hubo negocio inmobiliario, pero en condiciones inferiores a las que ahora pretenden los dueños del club, que no son los socios ni la afición. De manera que se cuiden pronto y bien el alcalde Gallardón —no vaya a estropear la obra magnífica de la M-30 dando alas a sus adversarios interiores y exteriores— y la presidenta Aguirre, porque algo huele a podrido en la operación del estadio Calderón.
Y que pongan a muy buen recaudo el estadio público de la Peineta, y sometan cualquier decisión sobre todo ello a una plena transparencia y la inspección y fiscalización de cualquier iniciativa al respecto, que, desde luego, no puede ser la que pretenden los promotores del Atlético de Madrid. Los que ahora dicen que no han hecho presiones al respecto —que se haga pública la carta de M. A. Gil Marín al Ayuntamiento—, cuando lo que sabemos es que no ha dejado de hacerlas, en compañía de Cerezo, un habitual merodeador de negocios, licencias televisivas y toda clase contratos en torno a la Comunidad de Madrid.
Y vamos a ver qué nos dice de todo esto el señor Rajoy, que, seguramente, es lo que le faltaba después de la fuga de Matas y de la dimisión de Piqué, en vísperas de las elecciones generales y cuando nos había anunciado que iba a romper los moldes del PP. Para empezar, por lo que se ve, con la tarta del estadio Calderón. Y vamos a ver qué hace la oposición del PSOE y de IU en defensa de la ciudad de Madrid y de los que son verdaderos socios del Atlético de Madrid. Porque todo apunta a que, si se salen con la suya los Gil y Cerezo, y sus promotores inmobiliarios y conseguidores políticos, al final, hecho el negocio y arrinconado el equipo en la pequeña Peineta, le darán un pase al club con un ahí os quedáis, que es lo que puede pasar si todo esto sigue adelante, y se aprueba a toda velocidad para festejar este verano en aguas de Cerdeña la gran operación que no se atrevieron a hacer en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, y que ahora unos listos la quieren acelerar.
* Estrella Digital - 20 - 07 - 2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Madrid
Mérida: Una paella de 7.000 euros
P.Cabecera.- elPeriódicoExtremadura* : "Hasta ahora, una paella en un chiringuito de la playa se consideraba un sablazo para un bolsillo modesto. En Mérida no hay playa, pero por este plato típicamente mediterráneo se pueden llegar a pagar hasta 6.955 euros. Es lo que abonó la Gerencia Municipal de Urbanismo. Es decir, habría arroz para dar paella a 60.000 personas y aún sobraría 3.000 euros para marisco y pollo. Este suculento manjar no es el único que ha degustado este organismo, porque por otra comida para paladares exclusivos, una sopa de tomate, desembolsó casi 1.500 euros.
Son dos ejemplos de los gastos con los que se ha encontrado el equipo de gobierno por parte de este organismo (que tenía a Rafael Romero Camacho como gerente), que nada tienen que ver con la gastronomía, por lo que los nuevos dirigentes se muestran extrañados, además de por la elevada cuantía, por el hecho de que esas facturas las pagara una entidad que, se supone, gestionaba el urbanismo en Mérida.
Los datos los ha hecho público la delegada de Urbanismo, Estrella Gordillo, con las facturas pagadas por la gerencia en la mano. Pero estos desembolsos extraños por quién los pagaba y el importe no son los únicos que ha puesto sobre la mesa.
Equipo de baloncesto
Dos facturas de 55.000 euros cada una para sufragar una pista de hielo en la pasada Navidad, o el coste de 6.000 euros que abonó para un viaje del equipo de baloncesto Mérida Patrimonio de la Humanidad para disputar un partido; son otras cantidades denunciadas por Gordillo.
Además de estos gastos injustificados, según el ayuntamiento, por parte de la Gerencia de Urbanismo, tampoco entiende la concejala los 8.120 euros destinados en concepto de la promoción de la entidad en la emisora Radio Hornachos, localidad natal del exalcalde Pedro Acedo.
Estos son únicamente algunos gastos de esta entidad urbanística hechos públicos por quienes ahora están descubriendo los entresijos de la gerencia.
* El Periódico de Extremadura - 20/07/2007
Foto: Mérida, gerencia urbanismo /elperiodicoextremadura.com
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Tema: NOTICIAS Extremadura
Un alto cargo imputado en La Zerrichera será gerente de urbanismo de Lorca
VegamediaPress/Murcia* : "El que fuera director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo en la pasada legislatura, Manuel Alfonso Guerrero Zamora, será el nuevo gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Lorca, según ha podido saber esta redacción. El número dos de Bascuñana en la consejería de Obras Públicas está imputado en el caso de La Zerrichera por un presunto delito de prevaricación, falsificación de documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho. Esta sorprendente decisión, que ha causado discrepancias en el seno del Partido Popular en Lorca, donde algunos han manifestado que es un error el nombramiento, fue aprobada ayer en un consejo de la gerencia de urbanismo del ayuntamiento de la ciudad del sol, y también en junta de gobierno.
Tan solo falta el trámite de pasar por el pleno del próximo lunes, que dará el visto bueno al nombramiento. A partir de ese momento, Guerrero será gerente de Urbanismo, en sustitución de Vicente Blasco.
Fuentes del PP local, señalaron a VMPress que se trata de "una imposición de Murcia por los servicios prestados", ya que esta persona no tiene ninguna vinculación con Lorca. Ni ha nacido en la población, ni vive allí. Hay preocupación por la imagen del consistorio, al incluir en su organigrama a uno de los imputados de uno de los mayores escándalos urbanísticos en la Región.
* VegamediaPress - 19/07/2007
Foto: La Zerrichera (Murcia) /ecologistasenaccion.org
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El consejero grancanario de Medio Ambiente, imputado por prevaricación urbanística
ABC/Las Palmas* : "Los anteriores miembros de la junta de gobierno local del municipio grancanario de Valleseco, pertenecientes al Partido Socialista, han sido citados a declarar el próximo lunes, 30 de julio, ante la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arucas. Los miembros de la anterior junta de gobierno de esta localidad del norte de Gran Canaria que han sido llamados a declarar y sobre los que pesa una imputación por un delito de prevaricación urbanística son el ex alcalde Juan Salvador León Ojeda (en la actualidad consejero de Medio Ambiente del Cabildo grancanario), Gregorio Quintana Vega, Norberto Arencibia Ojeda y María del Pilar Guerra Rivero. La aparejadora del Ayuntamiento también declarará por los mismos motivos.
Según dio a conocer ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado, este requerimiento se produce a raíz de una denuncia formulada el 2 de agosto de 2006 por cinco personas, entre ellas el concejal del Partido Popular y ahora tesorero municipal, Hermelindo Suárez Domínguez.
En las pasadas elecciones del 27 de mayo, el Partido Popular se hizo con seis escaños (uno más que el PSOE) y su candidato, Dámaso Alexis Arencibia, asumió la Alcaldía del municipio grancanario. Durante el último periodo de la anterior legislatura, la inestabilidad se había adueñado del Consistorio de Valleseco, después de que el ahora imputado Norberto Arencibia abandonase el grupo de gobierno y se integrase como único miembro entre los no adscritos.
Este nuevo caso de presunta corrupción urbanística se une a los destapados en los municipios grancanarios de Telde, Mogán y en la playa tinerfeña de Las Teresitas. Mientras que en el primero de los municipios se apartó del PP a los concejales imputados, en Mogán el popular Francisco González volvió a obtener mayoría absoluta en los comicios del 27 de mayo . En Las Teresitas, el escándalo afecta al alcalde, de Coalición Canaria, que en las elecciones perdió la mayoría absoluta, pero ahora gobierna con el apoyo del PP.
* ABC - 20 de julio de 2007
Foto: Valleseco (Gran Canaria) ayuntamiento /infonortedigital
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La investigación ve "llamativos incrementos patrimoniales" en los imputados de Armilla
J.Martín-Arroyo.- El País/Granada* : "La investigación de la Guardia Civil en el caso del centro comercial de Armilla ha detectado "incrementos patrimoniales inmobiliarios muy llamativos" en los imputados, entre los que figuran el ex alcalde José Antonio Morales y el ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate, del PSOE. Los agentes destacan que dichos incrementos "no concuerdan con los ingresos por trabajo y rendimientos del capital inmobiliario", además de señalar que algún imputado posee hasta 33 cuentas bancarias. Los agentes pretenden despejar la duda del delito de cohecho (soborno), que planea sobre los responsables que aprobaron la construcción del polémico y colosal centro comercial Parque Nevada en Armilla, junto a su famoso promotor, Tomás Olivo.
La unidad del Equipo de Patrimonio de la Guardia Civil indica en un oficio remitido al juez instructor del caso, Miguel Ángel del Arco, que existe un desfase entre los ingresos y el patrimonio de los imputados.
El PP exigió ayer la dimisión como consejero de Caja Granada de Morales, renuncia que éste ya había solicitado.
El ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate dimitió el pasado octubre tras salir a la luz su patrimonio, y a pesar de que argumentó que le había tocado la lotería, cesó en sus cargos como concejal y vicepresidente de la Diputación Provincial. Meses más tarde el PSOE evitó que Morales optara a la reelección como alcalde de Armilla en las pasadas elecciones municipales.
La investigación de la Policía Judicial en marcha destaca asimismo que la mayoría de los imputados tienen a su nombre "un número considerable" de cuentas con distintas entidades bancarias, cuyos movimientos deben ser aún desglosados. "En algunos casos se llegan a contabilizar unas 33 cuentas bancarias, las cuales como titular están compartidas por los principales imputados con familiares de su entorno", destaca el informe policial.
Familiares investigados
Un total de 25 familiares de los imputados en el caso están siendo investigados por Hacienda y la Seguridad Social a petición del juez, que quiere conocer sus situaciones contractuales y económicas. La familia más afectada por la investigación es la del ex concejal de Urbanismo, que ha visto cómo hasta cinco de sus miembros son investigados. También han sido afectados algunos familiares del ex alcalde y del promotor del colosal centro comercial, Tomás Olivo.
Ante las primeras conclusiones de los agentes, el magistrado Del Arco ha acordado en una providencia ordenar a 18 entidades bancarias y seis asociaciones que faciliten los datos de las personas físicas y jurídicas implicadas en el caso, y solicitados por la Policía Judicial. Entre estas entidades figura Caja Granada, de cuyo Consejo de Administración forma parte el ex alcalde José Antonio Morales, y cuyas cuentas en dicha caja de ahorros serán escrutadas.
El ex alcalde se mostró ayer tranquilo respecto a la investigación patrimonial en marcha. "Me alegro porque quiero demostrarle al juez todo mi patrimonio", afirmó. A continuación, recalcó en un comunicado junto a Cañavate la transparencia que han brindado a la investigación: "En varias ocasiones ofrecimos a la Fiscalía del TSJA documentarle detalladamente la procedencia de nuestros patrimonios, sometiéndonos a las investigaciones que se creyeran oportunas".
Ambos ex cargos socialistas censuraron que la Policía Judicial haya cometido "errores de bulto". Entre los desaciertos que denuncian, Morales y Cañavate recuerdan que la gran mayoría de las 33 cuentas bancarias son de titularidad del Ayuntamiento de Armilla, por lo que Morales figura junto a la interventora y el secretario municipal al frente de dichas cuentas.
El Partido Popular exigió ayer la dimisión de Morales como consejero de Caja Granada, y amenazó con desvincularse del conocido como Pacto del Saray, que garantiza un reparto consensuado de los cargos directivos en la entidad bancaria granadina por parte de las fuerzas políticas. "Un señor corrupto debería abandonar inmediatamente los cargos que ocupa en Caja Granada, puesto que la entidad está viéndose ensuciada y vinculada al caso Nevada", denunció ayer el secretario general del PP de Granada, Antonio Ayllón.
Morales aclaró ayer que ya transmitió hace semanas al alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, su intención de abandonar el puesto como consejero que ostenta desde 2005, y que su dimisión iba a ser aprobada en el próximo pleno municipal. "No me voy porque lo diga el PP, sino porque estaba en representación del ayuntamiento, al frente del que ya no estoy", adujo.
Ayllón pidió de nuevo el cese del jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis de Haro, así como del subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, al entender que ambos actuaron "de forma sectaria" porque existieron escuchas telefónicas en el caso Alhendín que afecta al PP, y no en el caso de Armilla, municipio donde gobierna el PSOE.
A las supuestas irregularidades cometidas en la construcción del complejo, entre otras la invasión de zonas verdes y la puesta en peligro de la viabilidad de las obras del Metro, el Seprona ha añadido otra presunta infracción cometida por su colosal tamaño: Los agentes han detectado la invasión de la línea límite de edificación de la Autovía A-44, fijada en la normativa urbanística en vigor.
El polémico centro comercial, cuyas obras han sido suspendidas por el juez, está situado a las afueras de Granada y bordea la autovía de circunvalación de la ciudad. Al parecer demasiado cerca.
"Clamorosos indicios"
El juez instructor Miguel Ángel del Arco ha argumentado en sucesivos autos que la tramitación de los permisos urbanísticos concedidos en Armilla no ha sido precisamente ejemplar. "Desde su comienzo, son clamorosos los indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. No han funcionado en lo más mínimo, ni han existido, los controles directos ante una obra realizada a vista, ciencia y paciencia", censuró con contundencia.
El magistrado imputó tanto a Morales como a Cañavate por prevaricación e infidelidad en la custodia de documento público, tras esfumarse un informe municipal contrario a las obras. Tras la investigación para determinar si ha existido soborno figura Tomás Olivo, multimillonario constructor de otros 57 centros comerciales, y que ya está imputado por dicho delito en el caso Malaya. Ambos políticos censuraron ayer las "manifestaciones gratuitas e infundadas" en el procedimiento instruido, y que constituyen "un juicio paralelo" que infringe su derecho al honor. Pero no todas las críticas hacia el magistrado Del Arco son veladas.
El catedrático Gonzalo Rodríguez Mourullo, abogado defensor de Olivo, expone en unas alegaciones: "¿Y cuál es ese entorno con el que hay que armonizar? No estamos hablando aquí de Doñana, sino de una zona no sólo totalmente urbana, sino además plagada de carreteras y autopistas. ¿Qué es lo que armonizaría mejor en un lugar así? ¿Acaso había un entorno más armónico antes, cuando lo que había en la parcela era un descampado?". El letrado sostiene que el juez se basa en "apreciaciones personales" para detener la construcción del colosal complejo.
* ELPAIS.com - Granada - 20/07/2007
Foto: Armilla (Granada) centro_comercial_Nevada /M.Zarza (ELPAIS.com)
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Tema: NOTICIAS Andalucía