EFE* : "La segunda fase de la operación que desveló en enero una presunta trama urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga) y que se saldó entonces con la detención de su alcalde sumó hoy otros dieciocho arrestos en la provincia, de los que la mayoría son constructores a los que se acusa de cohecho. La Policía informó de que diez detenciones se produjeron en Alhaurín el Grande y el resto en otros municipios malagueños y la capital, si bien la operación 'Troya', desarrollada durante toda la mañana por agentes de la UDYCO, aún no está cerrada. En el marco de dicha operación fueron detenidos el pasado 18 de enero el alcalde de la localidad, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, quienes quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros un día después y están acusados de prevaricación y cohecho.
Los detenidos hoy de forma simultánea, principalmente empresarios de la construcción o vinculados con este sector, se encuentran en dependencias policiales, y serán puestos en las próximas horas a disposición del juez de Coín que instruye el caso y que ha decretado el secreto de las actuaciones.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, dijo a Efe que en esta segunda fase de la actuación 'no hay implicado ningún político'.
Martín Serón, que en las elecciones del 27 de mayo revalidó su mayoría absoluta, defendió esta mañana ante los periodistas la inocencia de las 18 personas y aseguró que 'nunca' ha metido la mano ni va a permitir que se haga.
'Pongo el cuello por ellos', afirmó en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por familiares de los detenidos y en la que dijo desconocer si alguno de ellos ayudó a pagar su fianza o ha trabajado para el Ayuntamiento.
Añadió que 'odia' y está en contra de los corruptos y lamentó que el daño moral para Alhaurín el Grande sea 'irreparable' ya que los arrestados en el municipio son 'gente honrada' con derecho a la presunción de inocencia y los foráneos, 'aunque no los conozco, lo serán, porque se trata de pequeñas empresas'.
Por su parte, su abogado, Fernando Huelin, criticó el abuso de la figura de los arrestos 'innecesarios' que consideró 'más propios de estados totalitarios y fascistas que de un Estado democrático como el nuestro'.
El gobierno andaluz expresó su posición favorable a que la Justicia actúe 'con toda la contundencia, caiga quien caiga' en este caso, aseguró el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien expresó su deseo de que 'se llegue hasta el final, con todas las consecuencias'.
También se pronunció tras lo ocurrido la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), que apoyó la actuación de la Justicia 'contra cualquier empresario que haya cometido algún delito', al tiempo que pidió que no se generalice sobre la corrupción porque 'no es lo habitual en el sector'.
* Terra Actualidad - 19-06-2007
Foto: Alhaurin el Grande (Málaga) /iupizarra.org
18 detenidos en la segunda fase de la trama urbanística de Alhaurín el Grande
Mapa de la especulación en Canarias
Ecologistas en Acción* : "La Campaña denominada “Ni un metro más de hormigón” muestra más de 25 fichas de casos donde hay evidente sospecha de especulación con el territorio, y la intención es que tanto los propios ciudadanos como los colectivos sociales vayan incorporando nuevos casos a la lista. Estas fichas ponen de manifiesto una vez más lo que decía ya hace unos años la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas cuando recordaba que la propia administración local era la promotora de muchos de estos casos de “delincuencia ambiental”. Estos escándalos urbanísticos evidencian que el crecimiento urbanístico de los últimos años ha sido un proceso especulativo de esferas empresariales y políticas que ha supuesto un encarecimiento artificial de la vivienda y la pérdida de zonas de alto valor medio ambiental.
Ver enlace: MAPA CANARIO DE LA ESPECULACIÓN
Para Alberto Martín, representante ecologista, este problema es una lacra generalizada. Sus efectos ambientales se pueden observar en Canarias y en todo el Estado español. Por ello, y aprovechando su red de grupos en todo el territorio, Ben Magec-Ecologistas en Acción pone en marcha una Campaña en todo el archipiélago contra la especulación urbanística.
La Campaña pone en común herramientas que los grupos locales pueden aprovechar para potenciar su trabajo contra los casos de especulación urbanística. Y un papel destacado tiene el Mapa de la especulación, una herramienta en Internet que permite mostrar y poner en común el seguimiento de los distintos casos, a través de unas sencillas fichas que describen cada caso registrado en una base de datos común.
Estos problemas se agravan con el despilfarro de agua y otros recursos asociados al nuevo modelo imperante de ciudad dispersa, donde los campos de golf son un reclamo esencial para aumentar aún más el precio de la vivienda. Así, el desvío de recursos hídricos a las nuevas áreas residenciales está alterando gravemente zonas naturales que albergan una gran biodiversidad, como son los humedales y los ecosistemas fluviales. En el futuro, teniendo en cuanta las consecuencias derivadas del cambio climático, los problemas de acceso al agua se verán agravados y con ello el deterioro de las zonas naturales más sensibles. Pero nada de esto se tiene en cuenta en la planificación urbanística.
Como resultado final de esta actividad frenética, el Estado español tiene el mayor parque inmobiliario de la UE. Somos el país con un ritmo de construcción más alto, pero también el país donde resulta más difícil el acceso a la vivienda. Entre 1987 y 2005 el aumento acumulado del precio de la vivienda fue del 250%. El nivel de endeudamiento familiar alcanzó el 125% de la renta disponible. Hacer frente al préstamo contraído para comprar un piso detrae de media más del 40% del salario. Este porcentaje se eleva a un 70% en el caso de los jóvenes. Por ello, las hipotecas han ido alargando sus plazos pasando de 25 a 40 años para llegar incluso a los 50.
* Ecologistas en Acción - Canarias 19 de junio
Ilustración: Ecologistas en Acción de Canarias - ni1m2+deHormigón
¿Bajará el precio de la vivienda o no? Argumentos para todos los gustos
elEconomista* : "Desde BBVA hasta Morgan Stanley, pasando por el diario Financial Times y el Fondo Monetario Internacional han intentado dar su respuesta a la que se ha convertido en la pregunta del millón para los españoles. Todos ellos han sacado su bola de cristal y lo cierto es que hay ideas para todos los gustos. ¿Quién acertará?
Los precios de la vivienda bajarán:
El Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español, elaborado por RR. de Acuña y Asociados, sitúa el estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2010 y 2011, momento en el que la demanda alcanzaría "su punto más bajo". Asegura que los precios de pisos o chalés con marginales elevados podrían sufrir descensos de hasta el 10%.
Deutsche Bank prevé un "ajuste inevitable" en el sector, con bajadas de precios nominales de entre el 2% y el 8% a partir de 2008, tras ligeras subidas en torno al IPC en el presente ejercicio. La entidad alemana elige un título para su estudio que lo dice todo: 'El mercado español de la vivienda: living la vida loca'.
Banco Urquijo no se aventura a prever una evolución de los precios de la vivienda pero insinúa que así ocurrirá cuando advierte que la situación del sector de la vivienda conlleva un "riesgo moderado de recesión económica transitoria" y es una amenaza "en muchos sentidos comparable a la de EEUU", donde las casas sí que se están abaratando.
Morgan Stanley estima que el precio de la vivienda caerá un 5 por ciento en 2008 y que luego se estabilizará en los siguientes dos años, pero no descarta descensos de hasta el 10 por ciento. El banco de inversión estadounidense espera que la demanda de casas se sitúe en 475.000 al año y que la actividad del sector residencial caiga un 40 por ciento dentro de dos años. Al mismo tiempo, sitúa el número de viviendas iniciadas en 400.000, muy lejos de las 760.000 de 2006.
La Red de Expertos inmobiliarios (REI) considera que el exceso de oferta inmobiliaria supondrá una caída de los precios de la vivienda en las zonas en expansión, donde se han construido muchas viviendas pero aún hay terreno para construir más, y en las de bajo nivel adquisitivo, especialmente aquellas donde los compradores necesitan el 90% de financiación para comprar una vivienda.
El Financial Times publicó el pasado 25 de abril su visión de la situación del sector de la vivienda español en su afamado atículo de opinión Lex Column. Según el rotativo económico británico, el mercado inmobiliario español tiene "todos los signos de una burbuja a punto de estallar". El diario califica de "desafortunado" para los propietarios de vivienda el posible estallido de la burbuja.
Sin una apuesta clara:
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) asegura que la vivienda podría encarecerse entre un 4% y un 6% en 2007, y situarse en el entorno del cero en 2008 ó 2009 si los tipos de interés no vuelven a iniciar otro periodo de subidas, lo que supone un anticipo de que la expansión del ciclo económico en España está llegando a su fin y de que los bancos y las cajas se enfrentarán a "tiempos más incómodos".
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no se atreve a augurar qué pasará con los precios de la vivienda pero sí asegura que se encuentran sobrevalorados en un 30% y advierte del riesgo de una corrección en el mercado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue la misma línea que la OCDE y advierte de que España podría enfrentarse a un período de crecimiento lento derivado de una posible corrección de las elevadas valoraciones inmobiliarias y una reducción del consumo ante el gran peso de las hipotecas en la economía familiar.
Habrá corrección pero la vivienda seguirá subiendo:
Los analistas de JP Morgan han elaborado un informe en el que se compara la situación de españa con la de Estados Unidos, donde sí se está produciendo un serio descenso en el precio de la vivienda, así como en las ventas. Según el banco de inversión estadounidense, España todavía está lejos de experimentar una situación como esta, aunque aclara que sí se está produciendo una leve corrección, de forma gradual, en un contexto que comparan al de la Alemania de los años 90.
El director general del Banco de España, José Luis Malo de Molina, ha explicado que los precios de la vivienda deben experimentar un descenso más acusado del registrado hasta el momento para garantizar que el ajuste del 'boom inmobiliario' no se hace de manera "abrupta". Malo de Molina indica que la "sobrevaloración" existente en el precio de la vivienda se puede absorber de manera "gradual y ordenada".
Las previsiones de Bankinter apuntan que la vivienda subirá este año en España una media del 8 por ciento y un 6 por ciento en 2008. La entidad asegura que no habrá un "crack" inmobiliario y que lo único que ocurre es que el sector está sufriendo un "ajuste".
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, ha dicho que no ve relación entre la brusca caída en bolsa de algunas inmobiliarias y el sector de la vivienda español, que se estaría ajustando gradualmente a la situación real. "No veo ninguna relación directa entre el valor de las acciones de algunas inmobiliarias y el sector de la vivienda. El sector de la vivienda en España y en otros países como Irlanda se está ajustando gradualmente a la situación real", ha señalado.
El Servicio de Estudios Económicos del BBVA cree que la actual desaceleración del precio de la vivienda en España es la más suave, aunque persistente, de las registradas en los últimos treinta años. Con todo, para los expertos esta situación tendrá un impacto "asumible" en el crecimiento de la economía española.
* elEconomista.es - 19/06/2007
Ilustración: El futuro de los precios de la vivienda es todavía una incógnita /elEconomista.es
Las grandes ciudades españolas apoyan sus ingresos en el negocio urbanístico
I.J.Domingo.- Expansión* : "La capital española recauda el 33,2% de sus ingresos con recursos asociados a la construcción, casi tres puntos más que el presupuesto municipal valenciano. Barcelona y Bilbao son las que menos confían sus cuentas al urbanismo. La recalificación de suelo como herramienta recaudadora está lejos de ser un mito social, como insisten las autoridades municipales. Hasta el 27,5% de los ingresos totales de los más de 8.100 ayuntamientos de toda España –tanto los financieros como los de otro origen– proceden directamente –a través de enajenaciones de terrenos–, o por vías alternativas –básicamente impuestos– del negocio urbanístico. Este dato, proporcionado por la liquidación del ejercicio 2004, último contabilizado y con el ribete oficial de Hacienda, supone un incremento de un punto y medio porcentual respecto al año precedente. Y las fuentes oficiales no son las únicas que constatan este fenómeno.
Un reciente informe sobre las finanzas locales de Morgan Stanley engorda la porción de ingresos urbanísticos hasta el 70% de la recaudación propia de los municipios; es decir, de la procedente de su ámbito territorial y que, en esencia, se ciñen al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y plusvalías municipales, como tributación directa, y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), dentro de la fiscalidad indirecta. Así como al cheque procedente de la enajenación de terrenos, partida incluida dentro del capítulo de inversiones reales y que responde a la mera cesión de suelo, y que apenas supone el 4% de los ingresos globales.
Pero además, el boom constructor, que instituciones multilaterales y bancos de inversión alertan que puede tocar a su fin en España, no sólo es un maná del pasado reciente. Ni de ayuntamientos de mediana o pequeña dimensión en busca de recursos financieros alternativos e imaginativos o de localidades costeras y emblemáticas para el turismo y, por ende, propensas a modificaciones constantes de sus planes urbanísticos.
También los programas financieros para 2007 de las siete grandes ciudades españolas, recién aprobados por sus corporaciones municipales, confían en la salud económica española y el futuro desarrollo urbanístico. Aunque no en la misma proporción.
Madrid, por ejemplo, con una legislatura, la que ahora toca a su fin, de notable efervescencia constructora, y con una demografía superior a los 3,12 millones de habitantes, que le reporta una voluminosa lista de contribuyentes, absorbe del negocio inmobiliario hasta el 33,2% de un presupuesto que rebasa los 4,77 millones de euros, el más suculento de todos los municipios españoles.
En cualquier caso, el consistorio de la capital de España no es el único de los big-seven que se sitúa por encima de la media nacional del 27,5%.
La capital del Turia también mantiene un nivel de recaudación similar. En este caso, del 30,6%. O, lo que es lo mismo: tres de cada diez euros que reciben las arcas municipales.
Por contra, de entre las mayores capitales, las que menos cuota de financiación otorgan al negocio asociado al urbanismo y la construcción son Barcelona, con el 10,6%, y Bilbao: un 14,5%.
Incluso Málaga, capital de una provincia que ha albergado varios de los más sonados escándalos de corrupción en el ámbito municipal, apenas fía el 16,5% de sus recursos a esta partida. A pesar de que el Gobierno local, del PP, maneja el tercer mayor presupuesto, por detrás del madrileño y el barcelonés.
Fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN admiten en privado que los ayuntamientos “suelen, desde hace una década, recalificar suelo para captar ingresos y elevar sus arcas fiscales”. En este sentido, afirman que su defensa de que el terreno está en poder de los promotores y de las inmobiliarias y que su tutela es autonómica, “choca con las frecuentes modificaciones de sus planes urbanísticos”, la ausencia de “castigos” desde los Gobiernos regionales, y la “demostrada falta de eficiencia” en los controles de supervisión, tanto de los servicios de intervención municipal como por parte de los Tribunales de Cuentas, “que deberían descentralizar sus actuaciones regulatorias al terreno local”. Al margen de un cambio en su modelo de financiación, tal y como reclaman oficialmente.
* Expansión - 22/05/2007
Viñeta: Exposición "Especula en Acción"
¿Por qué votan a los corruptos?
Francisco Garrido Peña* : "Ante los irritantes resultados del 27 de mayo no debemos sucumbir a la lógica del escándalo que cual empresa de certificación moral califica sin comprender. Menos etiquetas morales y más compresión racional es lo que necesitamos. La gente que vota los alcaldes corruptos ni son imbéciles, ni son corruptos (posición elitista farisea), ni son sabios que ven cosa que los otros no vemos (posición populista de mercado: “el cliente siempre tiene razón”): son sujetos racionales en un marco institucional determinado y con una percepción de satisfacción de unos intereses acotado a este marco institucional. Para comprender fenómenos como el del apoyo electoral a la corrupción debemos superar la disyuntiva que enfrenta a las razones con los intereses. La función trasformadora no puede ser tener que optar entre proclamar las razones universales o gestionar los intereses privados. Mas bien se trata de construir las condiciones sociales (institucionales, intersubjetivas, culturales) para que emerjan razones interesantes e intereses razonables.
Pero el marco institucional en el que se han producido estas elecciones municipales ha sido más bien el contrario: muchos intereses poco razonables y unas razones muy poco interesantes. ¿Cuál es el contexto económico marco de la corrupción política municipal? Pues el de la expansión urbanística descontrolada y la especulación urbana. Más del 30% del PIB español depende, directa o indirectamente, de la construcción. En el año 2006 se han construido en España más de 800.000. Esto ha hecho decir irónicamente al INE que en España el modelo de familia que más crece es “el piso vacío.
Al mismo tiempo que todo esto ocurre, los ayuntamientos tiene un déficit económico crónico y un serio problema de financiación que solo puede superar con los recursos económicos extraídos del juego inmobiliario. Si a estos datos sumamos que la expansión urbanística descontrolada se produce en muchas zonas rurales tradicionalmente deprimida, con fuertes tasas de desempleo tenemos el marco institucional específico de la corrupción política.
Así pues se dan tres características institucionales estimuladoras de la corrupción política con apoyo y connivencia social:
1. Un falso mercado inmobiliario dependiente de decisiones políticas y administrativas. Los ayuntamientos tienen en su mano decisiones políticas que crean mercado y estructuras de oportunidades inmobiliarias fabulosas o las cierran. La estrategia más racional de un promotor urbanístico pasa por la compra de voluntades políticas municipales mas que por la mejora de la eficiencia, de la productividad, de los precios o de la calidad.
2. La financiación y la liquidez de los ayuntamientos depende de las rentas obtenidas con la expansión urbanística. Los alcaldes pueden con esto fondos avanzar y ofertar políticas visibles y tangibles, que con la financiación ordinaria seria mucho mas difícil. Obtener recursos financieros del la expansión inmobiliaria es la estrategia mas racional para conseguir la mejor oferta y el mejor resultado electoral.
3. ¿Qué puede demandar un elector medio a un ayuntamiento medio? Más y mejores ofertas de servicios municipales que a su vez favorezca un marco económico más favorable a sus intereses más inmediatos. Teniendo en cuenta el modelo de financiación municipal existente y el modelo económico basado en el ladrillo; esta claro quién es el que se acerca más a esta oferta. No debemos olvidar también que la financiación proveniente del ladrillo parece que aleja la tentación de aumentar la presión fiscal municipal (aunque esto es una ilusión que los datos demuestran como falsa pues el 100% de los municipios españoles con más presión fiscal están sometidos también a un fuerte presión urbanística). Un elector racional maximizará sus preferencias e interés (mas servicios municipales, mas renta y mas empleo) votando a alcaldes de del ladrillo aunque este sea un corrupto.
Estas tres características dibujan el entramado de intereses que gobiernan las decisiones municipales. Los intereses convergentes de los promotores urbanísticos (ganar dinero), de los político municipales (ganar las elecciones) y de los electores (más servicios, menos impuestos, más expectativa de renta y trabajo): se ven ampliamente satisfechos en este modelo de especulación y expansión urbanística que implica, en muchas ocasiones, corrupción política. En lo inmediato cada uno de estos tres actores gana, aunque al final todos perdamos.
¿Pero por que ocurre esto? ¿Por que los políticos son corruptos? ¿Por que los promotores son especuladores? ¿Por que los electores son tontos y/o egoístas?. Ninguna de estas respuestas es por supuesto satisfactoria, por mucho de que sea cierto de que hay políticos corruptos, promotores especuladores y electores imbéciles. Las respuesta esta como siempre en las condiciones institucionales que hemos descrito con anterioridad: un diseño institucional que no sólo permite la corrupción sino si no que la estimula. Al igual que ya explicábamos en otro artículo (“La expansión urbanística descontrolada y la ley del suelo”) referido al impacto ecológico de la expansión urbanística, el objetivo debe ser cambiar las condiciones institucionales.
¿Cuáles?
(i)La dependencia del mercado inmobiliario de las decisiones políticas municipales. Son muchos los neoliberales que platean que si se eliminase la regulación administrativa del suelo desaparecería la corrupción. Y están en lo cierto. Tan en lo cierto como estaría quién afirmará que si eliminamos la policía desaparecería la corrupción policial. ¿ Pero que ocurriría entonces el Estado de Derecho y la seguridad pública?. Esta solución es tan invalida como la de cortarse la cabeza para eliminar la migraña. Pero que esta no sea la solución no implica que no haya soluciones. Por ejemplo es clave reducir la capacidad de decisión urbanística de los ayuntamientos y complicar y elevar (a CCAA y Estado central) las competencias. Establecer mecanismos de participación ciudadanas cualitativos como son los Núcleos de Intervención Participativa ( jurados ciudadanos). Por último la desmercantilización y desprivatización de la vivienda, despojándolo de su carácter de bien de consumo en favor de su naturaleza de derecho fundamental por medio de una fuerte entrada del sector público (VPO, alquiles etc).
(ii) Desvincular la financiación municipal de las rentas públicas del suelo. Las rentas públicas del suelo deben ser recaudadas distribuidas por las CCAA sin participación de los ayuntamientos. El objetivo es evitar que exista una asociación directa o indirecta entre la renta inmobiliaria obtenida en un término municipal y los presupuestos y liquidez del ayuntamiento. En paralelo a esta medida hay que aumentar la participación de los ayuntamientos en los gastos del Estado ( el 40%)
(iii) Con estas medidas desaparecerían parte de los incentivos que elector tiene para votar al ladrillo y suspender los juicios morales : la oferta de servicios municipales ya no estaría en base al crecimiento inmobiliario y la construcción dejaría de ser el motor y el horizonte económico cuasi único.
El problema pues no es que se vote a los corruptos por ser corruptos sino que los votantes han admitido la corrupción como un coste inevitable e indiferente (todos están en el consenso mafioso del ladrillo). La corrupción va asociada a las opciones políticas, que en este marco institucional, son las más eficientes para la maximización de los intereses de actores sociales que hoy por hoy son hegemónicos en muchos pueblos y ciudades españolas. Quién quiera cambiar esto tendrá que cambiar este marco institucional, más allá de jeremiadas , monsergas morales o conversiones cínicas.
Desde esta explicación está claro por que hay mucha gente que no ha votado, ni va a votar a Los Verdes, que no estamos en el consenso mafioso del ladrillo. Pero explicar el fracaso de las candidaturas verdes es falsear la realidad. Pues implica suponer que no hay nadie fuera de ese consenso del ladrillo y eso no es cierto . Hay una fracción importante de la población y de la opinión publica que se ha rebelado contra ese consenso plataforma ciudadanas, grupos ecologistas, medios de comunicación , la “mano izquierda del Estado ( sanidad , educación, ciencia). ¿ Por que no nos han votado todos esos sectores? ¿Por que mucho de ellos ni siguieran han votado?
Estas preguntas deben formar parte de otro artículo y de otra reflexión.
* Francisco Garrido Peña es diputado nacional de Los Verdes (adscrito al Grupo Parlamentario Socialista)
* Los Verdes de Andalucía - 15 de junio de 2007
Noticia relacionada: Francisco Garrido dimite como portavoz andaluz de Los Verdes por los malos resultados electorales
Bicicletada en Madrid para defender el derecho a la vivienda
EFE* : "Decenas de personas se han subido a sus bicicletas para circular por el centro de Madrid en protesta por la dificultad de acceso a la vivienda. Los integrantes de la marcha llevaban pancartas con lemas como "Pisos, no prisiones hipotecadas" y vestían diversos disfraces, entre ellos el clásico de presidiarios a rayas blancas y negras. La manifestación, que se desarrolló en tono festivo en todo momento, partió de Nuevos Ministerios y se dirigió al parque del Retiro, donde esperaban a los ciclistas otras decenas de personas, algunas de ellas agrupadas en la 'batucada' Bloco da baliza, un grupo de percusión de inspiración brasileña. Todos juntos recorrieron el parque y entregaron panfletos en los que se protesta porque España es "el país con más viviendas vacías, con el parque de vivienda de alquiler más pequeño", mientras es también el que más construye y en donde la vivienda se vende a precios inalcanzables para muchos.
"No hace falta ser una lumbrera para darse cuenta de que hay algo que va mal", señalaba el panfleto, en el que se rechazaban "la especulación y el urbanismo depredador". El grupo que seguía a la 'bacutada' también esgrimía pancartas con lemas como "Precio no sostenible" o "Derecho a techo. Stop especulación".
Para los manifestantes el de la vivienda es un problema político cuya resolución corresponde a los políticos. Entre otras medidas, exigen más viviendas protegidas, penalizaciones para la vivienda vacía, lucha contra la corrupción, política urbanística contra la especulación o aumento del parque de vivienda públicas.
* El Mundo - sábado 16/06/2007
Foto: Bicicletada Madrid /elmundo.es
El movimiento por una vivienda digna
Mario Cuéllar* : "El pasado 14 de mayo se cumplió un año del nacimiento del movimiento por una vivienda digna. Una convocatoria anónima por internet sin gran difusión en los grandes medios, convocó de forma sorprendente a miles de personas en las principales ciudades españolas. Estudiantes y trabajadores que de forma anónima sufrían el crecimiento desorbitado del precio de los pisos y alquileres, unieron sus fuerzas para denunciar la especulación y la corrupción urbanística, y reivindicar la vivienda digna como un derecho básico de la ciudadanía y no como un negocio.
A raíz de las sentadas sucesivas, se formó la Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna, que a su vez se organizó con reuniones semanales, y se crearon diferentes comisiones de trabajo: una para elaborar una propuesta alternativa al modelo actual de acceso a la vivienda; otra para relacionarse con otras asociaciones que tratan las mismas problemáticas; otra más de comunicación para la relación con los medios; y una última para preparar diferentes actos reivindicativos: semana de lucha social, concentraciones frente al Ministerio de la Vivienda y la Empresa Municipal de la Vivienda - EMV de Madrid, conferencias y charlas sobre especulación o urbanismo y manifestaciones.
El movimiento no ha parado de crecer desde entonces. Si repasamos el número de personas que ha asistido a las manifestaciones, de las 3.000 personas de la primera manifestación se pasó a unas 10.000 en la segunda, y la celebrada el pasado 24 de marzo contó con 20.000 asistentes aproximadamente. El movimiento no sólo se circunscribe a Madrid. Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla y otras muchas ciudades tienen sus propias asambleas y hay contactos entre ellas para actuar de forma unitaria y coordinada.
Propuesta sobre las viviendas vacías
Pero no sólo hay que fijarse en las manifestaciones. La Asamblea ha elaborado propuestas que algunos partidos empiezan a recoger en sus programas. La propuesta principal es la de fomentar el alquiler social mediante el uso de las más de tres millones de viviendas que según el INE se encuentran vacías en España.
Se da la oportunidad al propietario de que alquile su vivienda, en caso de no poder justificar porqué se encuentra vacía y sin uso. La vivienda se añade a una bolsa de alquiler social, fuera de los mecanismos del mercado, con un alquiler que cubra únicamente los gastos de mantenimiento y habitabilidad hasta que el propietario justifique su uso, momento en el que se devuelve la vivienda a su propietario. La medida pretende eliminar la vivienda como negocio, anulando la posibilidad de especular con ella.
El problema del acceso de la vivienda se ha ido acentuando con el paso de los últimos años. A pesar de tener unas tasas de construcción que superan las de Inglaterra o Francia, nunca había estado tan difícil adquirir una vivienda o acceder a un alquiler a precio razonable. La edad de emancipación de los jóvenes españoles es de las más altas de Europa, el ahorro de las familias está bajo mínimos, ya que las continuas subidas de los tipos de interés repercuten a continuación en el euribor y a su vez en el interés que los hipotecados pagan a sus bancos, situando a muchas familias al límite para llegar a fin de mes. A pesar de la propaganda de ayuntamientos y comunidades autónomas, la construcción pública dedicada al alquiler sigue siendo mínima y la construcción pública en venta ha provocado un mercado negro de viviendas públicas que han sido vendidas no a precio público, sino al de mercado cobrando una parte “en negro”.
Derecho constitucional
Y luego está la mercantilización de un derecho reconocido por la carta fundamental de los derechos humanos de la ONU y en el artículo 47 de la Constitución española. Todos hemos visto reproducirse como hongos multitud de inmobiliarias, el enriquecimiento de los conocidos “señores del ladrillo”, el desarrollo de las empresas unificadoras de deudas y, como consecuencia de todo esto, la destrucción ambiental de multitud de zonas.
En el mes de mayo, miles de personas volvieron a salir a la calle para denunciar la actual situación y exigir mejoras a los poderes públicos para que no se cumpla uno de los lemas para llamar a la movilización de la Asamblea: “No vas a tener casa en la puta vida”.
* CyT Nuestra Prensa
* Rebelión - 17-06-2007
¿Esto también es Europa?
J.MERINO.- 20minutos* : "Pese a que España entró en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986, todavía se encuentra muy alejada de los estándares económicos y sociales de algunos países del entorno, sobre todo en cuestiones relativas a la vivienda. Los españoles ostentamos muchos récords continentales con respecto al mercado inmobiliario, como el hecho de ser el Estado de la Unión Europea donde más viviendas se construyen anualmente (830.000 en 2006, más que en el Reino Unido, Alemania y Francia juntos). Sin embargo, este crecimiento del sector también ha hecho que la vivienda sea aquí, comparativamente, de las más inaccesibles.
Algunos datos
Precios: El precio medio de una casa de 100 metros cuadrados de superficie es de 207.500 euros en España. La misma vivienda cuesta 176.000 euros en Francia y 130.000 euros en Alemania, dos países con sueldos medios muy superiores a los nuestros.
Ayudas: Iniciativas como los préstamos sin interés a estudiantes para que puedan acceder a un alquiler durante su periodo universitario, muy populares en el norte e Europa, todavía no han llegado aquí.
Alquileres: El nuestro es el país europeo con el porcentaje más alto de viviendas en propiedad, con el 87% del total del parque inmobiliario. Muy lejos quedan países como Alemania u Holanda, donde se alquila el 42% y el 52,2% de las casas, respectivamente.
Protección: España es, después de Grecia, el país de la Unión Europea que cuenta con menos oferta de alquiler de viviendas protegidas, sólo un 1% del total. En el extremo opuesto están Holanda (35%), Suecia (24%) y Austria (23%).
Hipotecas: El dinero prestado por los bancos crece en España en torno al 25% cada año. El Reino Unido, Francia e Italia tienen incrementos del 8%, mientras que en Alemania apenas crece.
Emancipación tardía
La edad media a la que un joven español se emancipa de la casa de sus padres es a los 29 años.
Mientras tanto, en los países de Europa occidental, la mayoría de los jóvenes lo hace entre los 18 y los 24 años, una franja de edad en la que sólo uno de cada diez jóvenes está emancipado en nuestro país.
Las principales causas apuntan a los elevados precios de la vivienda, unidos a la inestabilidad laboral y la precariedad de los salarios. Así, no es de extrañar que el índice de natalidad haya bajado hasta una media de 1,13 hijos por mujer, lo que hará de España el país más viejo del mundo en el año 2050.
* 20minutos - 24.05.2007
Viñeta: Los préstamos sin intereses para jóvenes universitarios todavía no han llegado a España. (ESTEBAN).
La mala prensa del urbanismo
CARMEN BLASCO, FRANCISCO J.MARTÍNEZ Y MATILDE ALONSO * : "Todos, rigurosamente todos los días, recibimos alguna noticia sobre la Comunidad Valenciana relacionada con abusos urbanísticos sobre un suelo que constituye nuestro único medio físico -soporte y causa de mejores o peores formas de vida. Nos desayunamos desde hace tiempo con cientos de hectáreas de suelo agrícola reclasificadas sin justificación, con miles de nuevas viviendas para comunidades de población estable, con millones de euros de deuda pública acumulada gracias a operaciones urbanísticas tan rentables para algunos como lesivas para los demás, también para el territorio y la ciudad. Y esa apuesta tan decidida por la construcción y el turismo, a costa de otros sectores imprescindibles -agricultura e industrias varias-, resulta que se traduce en que la economía valenciana crece por debajo de la media nacional y nuestra renta familiar sólo representa el 81% de la media europea (INE, EL PAÍS 20 de abril de 2006). ¿Saben esa canción de... no estamos locos, sabemos lo que queremos?
Y suma y sigue. Aunque se multipliquen esas cifras, el nivel de alarma social no aumenta. Su obstinada cotidianidad las convierte en un hecho poco menos que inevitable -nadie insiste lo suficiente en lo contrario-, en una especie de perversión de nuestra época contra la que, desde nuestra humilde condición de ciudadanos, nos sentimos incapaces de luchar. El urbanista Maurice Cerasi hace más de 20 años ya hablaba de que la capacidad de tolerar niveles siempre más bajos de condiciones de vida se demuestra extensible al infinito. Hoy admitimos sin sobresaltos esa realidad urbanística reducida, cada vez más, a una práctica política interesada y a una dinámica comercial abusiva. Se pone a prueba nuestra paciencia ante nuevas formas de pobreza y de sumisión contra las que el dinero y la inteligencia ya no pueden actuar. Pensemos, por ejemplo, en algunas características de nuestro entorno que, a fuerza de transformarlas, desaparecen para siempre. No se puede gozar eternamente de un medio natural sin respetarlo o compensarlo, tampoco del construido.
Son cosas que se saben desde hace tiempo. El problema es si somos conscientes de lo que está en juego y si retrocedemos o avanzamos. Cada cual tiene su cuota de responsabilidad ante estas agresiones, lo urbano es un fenómeno social participado. Pero también es cierto que no todos recibimos los mensajes adecuados ni alcanzamos un mínimo discernimiento sobre estas cuestiones que nos atañen de forma tan directa. ¿Un remedio?: información contrastada más una componente educadora que sea capaz de enriquecer con cultura lo que sólo es noticia. Llevamos casi medio siglo insistiendo en la fuerza educativa tan potente que podrían desarrollar los medios de comunicación de masas completando la labor de las escuelas. Y no es que la formación nunca le haya interesado a los medios, es que no ha sido algo prioritario ¿Qué pasaría si nos insistieran en las mejores jugadas urbanísticas durante el tiempo y páginas que lo hacen con los deportes? Tampoco tuvieron eco en nuestro país las recomendaciones de Le Corbusier -uno de los impulsores de la modernidad-, cuando hace casi un siglo aconsejaba que se enseñara Arquitectura y Urbanismo en las escuelas. No es absurdo pensar que unos mínimos conocimientos nos ayudarían a la hora de elegir y exigir buenas condiciones para nuestro lugar de residencia y, desde luego, nos pueden servir de garantía al realizar la inversión económica más importante de nuestra vida: la vivienda.
Al adquirir cierto bagaje en alguna faceta del conocimiento es más fácil vislumbrar la trascendencia de sus cometidos y más difícil aceptar las transgresiones y los burdos remedos. En urbanismo se ha avanzado tanto como en otros campos del saber y eso no llega a la opinión pública. De hacerse, inyectaría nueva savia a la participación, no sólo frente a los desmanes, sino ante propuestas serias que nos pueden reconciliar con nuestro medio y volver a dejarnos soñar en términos de futuro. Un dato: los diferentes postulados sobre el desarrollo urbano han evolucionado en el sentido del respeto por las condiciones naturales del sitio, la incorporación del verde a la ciudad y una mayor dignidad del espacio edificado. Una excursión desde Cartagena a Alicante es suficiente para comprobar el desprecio por el medio natural, la ausencia de criterios de racionalidad urbanística y lo grotesca que puede llegar a ser la arquitectura dominante. Propios y extraños llevamos tiempo preguntándonos de qué sirve la cultura acumulada y las investigaciones en curso, si no se refleja sobre nuestro medio ni le interesa a sus afectados.
Para neutralizar la dinámica actual no es suficiente con lamentarse o popularizar nuevas fórmulas que suenen a buenas intenciones -la expresión desarrollo sostenible es una de las más utilizadas por justos y pecadores para defender sus imprecisos compromisos urbanísticos-. Tenemos que combatir la mala prensa del urbanismo divulgando ideas, pensamiento y las mejores prácticas. Insistiendo en lo importante que son las ganas de resolver (voluntad política), las medidas adecuadas (marco normativo) y, sobre todo, la aplicación del conocimiento de que disponemos para reconducir la situación actual (el de nuestros mejores urbanistas). Es una fórmula tan efectiva como simple. Cuando queremos combatir una enfermedad endémica ¿qué hacemos?, ¿decir que es inevitable?, ¿no tomar medidas preventivas?, ¿rechazar la ayuda de los mejores investigadores? No parece lógico ¿verdad? Pues bien, el urbanismo es un campo de experiencia tan antiguo como otros muchos, incluida la medicina (iba a decir como la ciudad).
Es triste que, a los ojos de la mayoría, el urbanismo pueda aparecer como una disciplina corrupta en manos de falsos curanderos, de personas que por dinero te dicen y hacen lo que le pidas. Ni el orgullo con el que aún mantenemos los términos urbanismo y arquitectura nos libra de las infamias. Y no es por nosotros, esto sí es una generalización, ni mucho menos por la falta de certezas a la hora de dar solución a los problemas urbanos. Es por la maldita realidad que propicia que el urbanismo esté supeditado, cada día más, a personas y grupos de presión sin escrúpulos que toman decisiones respecto a lo que desconocen por pura ignorancia o interés y que, al final, son los que marcan las pautas de un futuro objetivamente peor para sus convecinos.
Cuando lo público y colectivo se menosprecia en beneficio de lo privado e individual la ecuación de lo urbano cambia de variables y nunca se llega a equilibrar. Es entonces cuando a falta de una solución racional se prueba, al tuntún, con miles de aproximaciones arbitrarias que no dejan de transformar en galimatías lo más esencial de nuestro medio. Nunca se han preguntado ¿por qué es mejor el ensanche decimonónico que sus zonas de extensión? ¿el viejo que el nuevo Campolivar? ¿el primer polígono de la playa de San Juan de Alicante, o la Urbanización Ciudad Ducal de Gandia, que Port Saplaya? Si su respuesta es afirmativa, es un primer paso en defensa del urbanismo. Si es negativa, es que queda mucho por hacer y hay que reconsiderar la información que les llega a los ciudadanos. Porque si no, ¿a qué jugamos?
A la memoria de Juan Pecourt García
* Carmen Blasco, Francisco J. Martínez y Matilde Alonso, arquitectos y profesores de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia
* ELPAIS.com - 11/05/2006
El PE debatirá de nuevo los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía
EuropaPress /Bruselas* : "El pleno del Parlamento Europeo debatirá de nuevo la semana que viene las denuncias de abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía. Los dos eurodiputados que participaron en la misión que visitó España a finales de febrero para investigar estas denuncias --el conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman-- presentarán el martes 19 de junio una pregunta oral a la Comisión y a la presidencia alemana de la UE para que expliquen qué piensan hacer para garantizar que se aplique la legislación comunitaria y se respeten los derechos fundamentales en los proyectos de urbanización.
En la pregunta oral, a la que tuvo acceso Europa Press, los dos eurodiputados señalan que los proyectos de "urbanización masiva" de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, "conculcaran gravemente los derechos fundamentales de miles de ciudadanos europeos con respecto a sus propiedades adquiridas legítimamente", tal y como puso de relieve el informe sobre los abusos del urbanismo español que redactaron ellos mismos tras su visita y aprobó la comisión de Peticiones de la Eurocámara el pasado 11 de abril.
También denuncian que en estos proyectos de urbanización "no se cumplen las directivas europeas sobre contratación pública, se pone en peligro el suministro de agua y el cumplimiento de las directivas europeas sobre la gestión del agua y con frecuencia se hace caso omiso de las directivas de protección de la biodiversidad y el medio ambiente".
Libicki y Cashman recuerdan finalmente que el 13 de diciembre de 2005 el propio Parlamento Europeo ya aprobó por "mayoría abrumadora" una resolución sobre este problema referida a la Comunidad Valenciana, "la región en la que se dan los casos más graves".
Tras la pregunta oral de los dos eurodiputados intervendrán un representante de la Comisión y otro de la presidencia alemana y a continuación se celebrará un pequeño debate. Al día siguiente, miércoles 20 de junio, el pleno votará una resolución sobre este problema sin carácter vinculante, según informaron fuentes parlamentarias.
* BRUSELAS, 14 Jun. (EUROPA PRESS)
Foto: parlamento europeo /junta andalucia
El ‘reventa’, pero inmobiliario
Manuel de Castro García* : "Los aficionados al fútbol andan revueltos estos días con la aparición de los ‘reventas’ en el tramo final de la Liga. El ‘reventa’ es un tipo que merodea por los estadios, que opera de modo clandestino, siniestro, despreciado por la sociedad. Su actividad conocida es comprar muchos billetes para un partido muy demandado, reducir de manera artificial la oferta y especular con los precios de las entradas que revende a aquellos aficionados que desean ver el partido. Desde un punto de vista moral, la propia sociedad le considera un estafador porque es un tipo que se infiltra en medio de una operación a la que no le aporta nada–un partido de fútbol- para robar un poco a todas las partes sin ser necesario para el bien común, ni para el espectador ni para los clubes de fútbol. Incluso está perseguido por la ley. El fútbol, como vemos, está muy bien defendido por la legislación y la policía que persigue a estos tipos, como anunciaron estos días los clubes.
Mantenga ahora, lector, la misma posición ética sobre el siguiente asunto, y es que media España debería avergonzarse de estafar a la otra media con sus operaciones inmobiliarias como si fueran ‘reventas’ a las puertas de un estadio que, en este caso, es el suelo de todo un país, bastante más público que el fútbol.
Está aprobado socialmente –y amparado legalmente ante la dejadez de todas las Administraciones Públicas- el gesto de millones de españoles que, sin ser constructores ni usuarios de la vivienda, se compran un segundo o tercer piso para convertir el futuro hogar de otros en un negocio propio al que sacar tajada especulando en el mercado urbanístico –un mercado que debe ser limitado, acotado y finito, como el propio planeta- como si fuera la grada de Marcador de Balaídos. “Lo compro para invertir”, dice el caradura especulador que sabe que cada euro de beneficio suyo es un euro robado al comprador siguiente. A estos tipos que son legión nadie les dice nada ni se les retira el saludo por hacernos a todos un poco más pobres, más ausentes del coliseo inmobiliario, a pesar de que la propia Constitución, en teoría, concede más importancia y derechos al acceso a la vivienda que al derecho a entrar en un campo de fútbol. Y si el fútbol es de interés general, imagínese una vivienda construida sobre un planeta que es de todos. Por más vueltas que le he dado, no encuentro ni una sola razón, ni una sola, para pensar que el ‘reventa’ de entradas comete un hecho peor que aquel que compra un piso para hacer un negocio y no para habitarlo.
Veamos otro ejemplo –un poco más complejo- sobre la degradación moral en la que progresa y se hace fuerte el mercadeo inmobiliario. Con el tiempo, buena parte de los ciudadanos aprendimos que las radios de los coches se robaron por miles en los años noventa porque había personas, por miles, que las compraban a precio de ganga aún sabiendo que eran productos robados. Hoy podemos convenir en que era más inmoral la acción del comprador que la del ladrón, porque el primero induce al segundo –salvo excepciones, mucho más desesperado- a delinquir. En definitiva, que en determinados delitos se pueden observar más culpables de los que aparecen a simple vista. Sucede –es la condición humana, evitando culparse- que el límite entre lo aceptable y lo que no lo es lo determina cada persona en función de su capacidad para actuar de modo inaceptable. Sucede del mismo modo para definir al especulador. Todo acto cometido por otro que vaya más allá de ese límite particular se considera inaceptable. Y así sucesivamente. Es un principio egoísta e intolerante que resulta mayoritario entre la población. Por eso la moral colectiva, un acuerdo tácito y cambiante, necesita de amplias mayorías para evolucionar (o de la presión ideológica de una minoría dominante).
Con la corrupción urbanística sucede lo mismo: empezamos a buscar culpables a partir de aquel límite que nos salva a nosotros. Por este motivo está aceptado socialmente que un abogado o un camarero, que no son promotores, compren un piso con la única intención de revenderlo sin habitarlo para ganar dinero encareciendo un producto a costa del que venga detrás. Cuando se hace con las almejas y los percebes, a esta acción le llamamos furtivismo. En su momento, el furtivismo marisquero estuvo aceptado entre la población costera, y sólo cuando la mayoría lo consideró inmoral se optó por declararla ilegal. ¡ay del turista al que se le ocurra hoy llevarse unas almejitas de una playa de Arousa, que vuelve a casa con un perdigonazo! Pero el negocio inmobiliario, que se basa en la manipulación de un suelo inicialmente público, es una fuente tan grande de codicia que nadie le echa el freno. Y la moral colectiva, que pretende tajada, pone el listón de la inmoralidad en el gran promotor y no en sus propias acciones.
Este artículo no trata de los detalles de operaciones urbanísticas puntuales que incumplen un artículo concreto de una norma legal, sino que propone una reflexión anterior, más básica, prístina, sobre el modelo urbanístico que nos atropella a tanta velocidad que no tenemos tiempo de ver que su interior es falso. Por eso le hago a usted, lector, una propuesta: le libero de leer mis próximos dos o tres artículos a cambio de prestar a este una atención mayor, un tiempo extra de reflexión sobre el suelo público.
En relación con lo público y lo privado, nos hemos acostumbrado a una progresiva pérdida de espacios de uso y propiedad colectivos. Lo grave es que todos los cambios de propiedad del suelo van en el sentido de privatizarse, nunca en dirección contraria, pues no se ha visto en ninguna parte, jamás, que una urbanización privada costera acabe por ser entregada al Estado para convertirse en un pedazo de monte virgen. Es la ley física de la entropía pero en ladrillo: la tendencia es siempre a perder propiedad pública. Nuestra sociedad habitó en tiempos un planeta común, de propiedad colectiva, pero a cada paso se va convirtiendo en una miríada de pequeñas propiedades privadas que acaban por conformar un planeta. El que no posee, el que no tiene, es cada vez menos ciudadano porque tiene cada vez menos espacio de convivencia. Suena como a Huxley pero es adónde vamos. No nos damos cuenta de que cada vez que un pedazo de costa o de monte se recalifica para construir, un pedazo de planeta deja de pertenecer al colectivo, deja de ser ‘nuestro’ planeta. Si pensamos en estos términos –en el sentido de pedazo colectivo de planeta- nos costará más aceptar que alguien se apropie de un espacio que era de todos, y que esto se pueda prolongar durante generaciones, casi con sensación de eternidad. El país, en el sentido de la tierra pública que nos une y a la que tenemos derecho por el hecho de existir, es cada vez más pequeñito a pesar de su apariencia en los mapas. Mucho habría de exigir el Estado, en nuestro nombre, como contraprestación para consentir este atropello temporal. Y más todavía ante otra novedosa y sútil forma de robar suelo público, que es practicar rellenos de tierra sobre el mar para atender intereses privados. O privatizar directamente la lámina de agua para usos particulares, que es lo que sucede con algunos puertos deportivos ilegales. Nos hemos acostumbrado a todo esto, a evolucionar hacia el ciudadano/propietario privado y estamos enterrando el ciudadano/propietario público. Es que nos estamos quedando sin sitio.
La segunda reflexión vuelve a las primeras líneas. Hasta hace bien poco, los grupos humanos creaban sus leyes en función de sus códigos morales, más o menos acertados pero más o menos consensuados. Cuando un acto que afectaba al grupo –como robar, matar, etc- se consideraba inmoral, se decretaban leyes que impedían estos desvíos que perjudicaban el bien común, había un acompañamiento entre la moral común y las leyes. Hoy se ha producido un fenómeno extraordinario, y es que por vez primera lo moral y lo legal van por caminos separados en todo aquello que se refiere al mercado. Existe tanta presión y está tan interiorizada la inviolabilidad del mercado, que somos capaces de encajar en la conciencia hechos que sin embargo consideramos inmorales. La práctica totalidad de la ciudadanía considera inmoral un determinado nivel de opulencia obscena pero lo acepta como un dogma de fe si está aprobado por la ley del mercado. Nadie aceptaría que se legislase a favor de apuñalar al vecino, pero somos incapaces de prohibir por ley un determinado tipo de enriquecimiento aunque lo consideramos consensuadamente inmoral. Todos consideramos inmoral la visión a la vez de dos fotografías de dos habitantes del planeta: uno que se muere de hambre real y otro que se levanta 500 millones de euros en una operación especulativa. Nos repugna a casi todos, nos parece inmoral a la abrumadora mayoría, pero somos incapaces de relacionar este ánimo ético con la posibilidad de legislar para evitarlo. Nos parece inmoral que un pueblo costero de tres mil habitantes vaya a ser invadido por cinco mil nuevas viviendas en primera línea pero creemos que no podemos impedirlo con argumentos legales. Se pueden proteger los intereses del universo futbolístico pero un ser humano deja de tener derechos –deja de tener interés- ante el cuento chino del mercado del ladrillo.
Sería muy fácil culpar al Estado y a los sucesivos gobiernos de permitir esta situación y traicionar la moral colectiva –es cierto, la Administración es la principal culpable- pero el Estado no es más, por lo general, que una representación proporcional de lo que merecemos los ciudadanos, sobre todo los que codician repartirse un pedazo del pastel comprando un piso para ‘invertir’.
* Rebelión - 16-06-2007
La sociedad civil mallorquina pide un urbanismo sostenible
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MallorcaDiario* : "Representantes de diferentes sectores de la sociedad civil mallorquina, como hoteleros, ecologistas, arquitectos y empresarios, han manifestado la necesidad de crear una Ley del Suelo a nivel Autonómico, la mejora de los Planes Territoriales existentes en las islas, así como medidas que eviten el crecimiento desmesurado e impliquen el desarrollo de normas de sostenibilidad. Así lo han asegurado durante el debate que ha tenido lugar en el Colegio de Abogados de Baleares...
... y que ha sido moderado por el presidente del Círculo de Empresarios, Alexandre Forcades, y en el que han participado Gabriel Oliver (Federación de Promotores de Baleares), Luis Corral (Colegio de Arquitectos), Josep Oliver (CAEB), Rosa Bueno (Federación de Asociaciones Vecinales de Palma), Pere Cañellas (Federación Hotelera de Mallorca) y Macià Blázquez (GOB).
Durante su intervención, el decano del COAIB ha asegurado que el Plan Territorial de Mallorca (PTI) tiene "cosas buenas y cosas terriblemente negativas", señalando que el mismo requería una serie de infraestructuras que no lo han acompañado, lo que hace que, a su juicio, el PTI no incida "en todo lo que debería".
Así, Corral ha argumentado que el PTI no trata de manera completa el asunto de los territorios costeros que, según ha aseverado, están "en teoría protegidos" pero "con grandes zonas ocupadas de manera alegal" sobre las que la Administración "no ha hecho nada", lo que, a su juicio, debería haber sido solventado con la aprobación del PTI.
Por su parte, el presidente de la Federación Hotelera ha opinado que en el sector al que representa "el crecimiento nos parece desmesurado" y ha destacado la gran cantidad de apartamentos turísticos y residencias que se han puesto en marcha en los núcleos turísticos. Según Cañellas, el poco crecimiento de los núcleos hoteleros que se ha producido en los últimos años se ha dado en los núcleos urbanos ya que, según ha dicho, para crear nuevas plazas es necesario reconvertir hoteles antiguos.
Para Cañellas, la Administración "tendría que haber previsto el crecimiento y haber planificado un desarrollo sostenible" y ha apuntado que muchos de los problemas derivados del desarrollo territorial están provocados por el incumplimiento de las leyes.
NORMATIVA AUTONÓMICA
Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Empresarios de Baleares, Josep Oliver, ha manifestado la necesidad de activar una Ley del Suelo Balear que "unifique y aclare la situación normativa de la Comunidad Autónoma" y reúna las distintas normas que se han ido creando sobre la materia, ajustando su tramitación a las condiciones específicas de la isla.
Asimismo, el presidente de CAEB ha asegurado que es necesaria la coordinación entre las diversas administraciones, así como una agilización de los trámites y la dotación de medios a la administración.
El presidente de los empresarios ha apuntado que en la Comunidad Autónoma han de conjugarse el "gran potencial económico de los sectores del tejido empresarial" y las necesidades de crecimiento de los distintos usos, con un abaratamiento de los precios y el cuidado en la presentación del entorno "dado el carácter limitado del territorio".
PLANES DESARROLLISTAS
Por su parte, la presidenta de Federación de Asociaciones Vecinales de Palma ha criticado que los Ayuntamientos, con la aprobación de sus Normas Subsidiarias, hagan que "el urbanismo municipal vaya por un lado y el PTI por otro" y ha señalado que no puede ser que el PTI "ponga orden y contención y la gente luego proteste" lo que, según ha opinado, refleja que el PTI de Mallorca no responde a las necesidades territoriales reales.
El presidente del GOB ha señalado la necesidad de reivindicar el papel de los ciudadanos en la ordenación del territorio y ha apuntado que, a su juicio, la sociedad balear "está muy sensibilizada acerca de estos temas".
Finalmente, el presidente de la Asociación de Promotores, Gabriel Oliver, ha asegurado que en Baleares se ha frenado la edificación, argumentando que "ya no hay solares para construir" y ha recalcado que la Comunidad lleva 15 años de ventaja a otras regiones en cuanto a construcción y sostenibilidad.
* mallorcadiario.com - 14 de junio de 2007
Foto: Cala Fornells - Calvià (Mallorca) /www1.mma.es
Imputan al alcalde de Quesada por irregularidades urbanísticas
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J.E.P.- Ideal/Jaén* : "El alcalde de Quesada, Manuel Vallejo, figura en la lista de 24 imputados que la Guardia Civil ha puesto a disposición del juzgado de Cazorla que lleva la investigación sobre supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en la localidad serrana. Las fuentes consultadas indican que Vallejo podría haber incurrido en un delito por omisión, al no tomar todas las medidas para hacer respetar la legalidad urbanística en el término municipal. La investigación de la Guardia Civil se inició el pasado mes de febrero. Como ha ocurrido en varias de las operaciones urbanísticas realizadas por la Guardia Civil en la provincia, son los pájaros quienes se tiran a las escopetas: un hombre condenado a tirar su chalé tras haber desobedecido seis requerimientos municipales para parar las obras dio la pista que puso en guardia a la Justicia.
El juzgado de Cazorla inició el pasado mes de febrero una investigación. Y el equipo de investigación del Seprona comenzó a recorrer la zona del Llano, donde en los últimos años han proliferado los chalés. Allí los agentes del Instituto Armado encontraron indicios de delito en 14 construcciones, cuyos propietarios y promotores fueron imputados. Sólo en esa zona se estima que hay unas 80 construcciones, pero los investigadores se han encontrado con que no hay delito o bien ha prescrito. Salvo en 14 casos.
Posteriormente se investigaron otras zonas de la localidad donde también había construcciones recientes. Pronto el número de imputados se elevó hasta los 18. Para el remate de la operación -como es habitual- se cita a constructores y arquitectos técnicos. Y también al responsable político.
Desde principios de mayo Vallejo se sabía ya en el punto de mira. Por dos cuestiones. Una porque es propietario de un chalé. Un antiguo molino reconstruido. «Tiene licencia, proyecto y todo en regla. De lo que había del viejo molino yo he levantado ahora menos de una quinta parte», declaró antes de recibir la visita de los investigadores. Pero como alcalde tenía la obligación de impedir construcciones que no respeten la legalidad urbanística. Y la Guardia Civil cree haber encontrado indicios de que no lo ha hecho.
Alcaldes en el banquillo
Que la imputación de la Guardia Civil contra el alcalde Vallejo pase a mayores depende de si la Fiscalía ve indicios de delito en las pruebas que le presente el Instituto Armado. No es tan sencillo. No basta con que en el término municipal que gobierna hayan proliferado las construcciones ilegales. Además, tiene que demostrarse que él sabía no sólo que estaban levantándose chalés, sino que sabía que eran ilegales y no hizo nada pese a ello. Hay que probarlo con actas de plenos, con informes de la Junta o de los técnicos municipales.
Justo en ese trance se encuentra justo estos días el alcalde de Baños de la Encina, Miguel Campillo. De los cerca de 40 imputados por chalés y naves ilegales por la Guardia Civil, el juzgado ha dejado aproximadamente a la mitad. Si el Fiscal ve indicios de que al menos en un par de casos el alcalde tenía conocimiento de la irregularidad, lo imputará y lo sentará en el banquillo de los acusados. Si no, no presentará cargos contra él.
En Cambil también hay un caso similar con las irregularidades urbanísticas detectadas y las supuestas responsabilidades que tiene en ellas el alcalde saliente, Agustín Cubillo (no se presentó a la reelección). En los casos detectados en este pueblo hay constancia de al menos dos construcciones levantadas con informes en contra de Obras Públicas o técnicos municipales.
El que sí será juzgado por un delito urbanístico es Blas Sabalete, reelegido alcalde de Torredelcampo. Será en septiembre.
* Ideal Digital - 14 de junio de 2007
Foto: Vista general de la localidad de Quesada, el cuarto término municipal más grande de la provincia. /IDEAL
Madrid 16-J: Olimpiadas contra la especulación y bicicletada por la vivienda
La Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo y varias asambleas de barrio por el Derecho a Techo convocan una bicicletada contra la especulación que partirá desde Nuevos Ministerios y terminará en el parque del Retiro a la altura de la Puerta de Alcalá con una "olimpiada". Carreras de sacos de cemento, lanzamiento de ladrillo, “asalto” de altura, 'sogatira', los 30 metros lisos en piso piloto..., y una marcha en bicicleta.
Acceder al mercado de la vivienda se ha convertido en toda una gesta olímpica y así quieren ponerlo de manifiesto el próximo 16 de junio en el centro de Madrid los colectivos que forman parte de la Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo y las Asambleas Vecinales.
La Mesa, integrada, entre otros por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, Jóvenes de IU, Jóvenes de CCOO… y las asambleas vecinales por el Derecho a Techo de Tetuán, San Blas, Retiro, Centro, Ciudad Lineal, Fuencarral, Latina… convocan una bicicletada que partirá de Nuevos Ministerios a las 18 h rumbo al parque del Retiro, donde celebrarán una Olimpiada contra la Especulación para denunciar que “el problema de la vivienda es un problema político en cuya raíz se sitúan decisiones políticas que toman quienes tienen el poder de tomarlas y que han convertido la vivienda en objeto privilegiado de negocio por delante del derecho al alojamiento, el derecho a la ciudad y el derecho a un entorno natural”.
Las organizaciones convocantes, que el pasado 10 de octubre promovieron una marcha en bicicleta y participaron en los carnavales de Madrid exigen a los poderes públicos y a las instituciones que pongan en marcha “que tomen de una vez, medidas concretas que garanticen el derecho al alojamiento y que hagan frente a la especulación y al urbanismo depredador con un incremento sustancial del parque de vivienda pública en régimen de alquiler, con rentas adecuadas a los diferentes niveles de ingresos, promoviendo el cooperativismo de gestión y la vivienda ecológica; la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad y de los edificios ruinosos y en mal estado; la penalización de la vivienda vacía y la puesta en marcha de medidas drásticas contra la corrupción urbanística y el fraude”.
Las organizaciones quieren llamar la atención sobre el hecho de que el esfuerzo de los jóvenes para poder comprar una vivienda libre alcanzó el 69% de su salario al cierre de 2006, más del doble del nivel recomendado (30%).
Fecha: 16-06-2007 18:00
Lugar: Desde Nuevos Ministerios hasta la Puerta del Alcalá
Organiza: Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo y asambleas por el Derecho a Techo
* AAVV Madrid - Junio 07
La vivienda: política europea, sin tratado
SALVADOR MILÀ I SOLSONA* : "La construcción de la unidad europea, a lo largo de más de 50 años, se ha basado no sólo en aportaciones institucionales -tratados, organismos, directivas y reglamentos-, sino también en la incorporación de nuevas políticas para abordar nuevos problemas comunes a los ciudadanos de la Unión, ampliando así los ámbitos de competencia en los sucesivos tratados. Me atrevo a afirmar que la utilidad de la Unión Europea, entendida como conjunto de demandas sociales y acciones concertadas para resolverlas, ha salido reforzada cuando ha surgido de abajo arriba, como es el caso de la lucha contra el cambio climático y ahora con las políticas de cohesión urbana y de vivienda.
Hasta ahora los temas urbanos y de vivienda no se entendían como políticas comunes de la Unión, si bien el proyecto frustrado de Constitución Europea colocaba el objetivo de la cohesión territorial al mismo nivel de los objetivos de cohesión social y económica. Pero la movilización social por una vivienda digna y unas ciudades habitables ha llevado al Parlamento Europeo a adoptar resoluciones reclamando acciones de la Comisión Europea y de los consejos de ministros de la UE, al constatar que la falta de viviendas decentes a precios asequibles influye de manera directa en la vida de los ciudadanos limitando sus posibilidades de inserción social y de movilidad, a la vez que numerosas ciudades europeas padecen problemas relacionados con la vivienda: oferta insuficiente o excesiva, subidas de precios, viviendas vacías, mal estado de los inmuebles, degradación de determinados barrios, los sin techo, sin olvidar la incidencia de los problemas de salubridad y de degradación medioambiental.
Los problemas de la vivienda se hacen más complejos en la medida de que casi siempre van asociados a las deficiencias en el espacio urbano, a la falta de equipamientos y a la exclusión social y cultural de determinadas zonas urbanas, ya sean centros históricos degradados o determinados barrios periféricos, con problemas de convivencia. De otra parte, se constata cómo los ejes principales de las políticas ambientales de carácter global sólo tienen éxito si se basan en una gestión urbana que haga de la sostenibilidad un factor de calidad de vida de sus ciudadanos, como en el caso de la lucha contra el cambio climático, por la preservación de la biodiversidad y del buen estado ecológico de las aguas, el ahorro y la eficiencia energética o la recuperación de residuos.
Es así como las políticas de cohesión urbana y de vivienda se han hecho un hueco en las repletas agendas de las instituciones comunitarias; el Consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores ha declarado prioritario el problema de las personas sin hogar y de la exclusión vinculada a la vivienda en el marco de la estrategia europea de inclusión y protección social, en tanto que los ministros de Ordenación del Territorio y Desarrollo Urbano, en su reunión informal del pasado mes de mayo en Leipzig, han solemnizado que las ciudades europeas son la expresión del modelo económico, social y cultural al que aspiramos, a la vez que manifiestan la diversidad de las regiones europeas.
Más allá de declaraciones y buenos propósitos, es de destacar que por primera vez una parte sustancial de los fondos estructurales europeos -308.000 millones de euros en el periodo 2007-2013- se destinaran a las ciudades directa o indirectamente, tanto en aspectos de rehabilitación y mejora del espacio físico urbano como a las políticas sociales. La Comisión Europea debe tener cada vez más en cuenta los aspectos territoriales y urbanos al evaluar las políticas de integración económica y cohesión social, en tanto que las ciudades europeas han de saber integrar sus estrategias de desarrollo en el contexto de la construcción de un modelo europeo avanzado.
Ahora que nuestras ciudades inician una nueva andadura política, un factor determinante para recuperar el interés y la participación de la ciudadanía en la vida política es que se apliquen soluciones efectivas a las problemáticas derivadas del acceso a una vivienda digna y asequible, a la calidad del medio ambiente urbano y a la mejora de los servicios públicos de carácter social y ambiental. Conviene, por tanto, dar a estas políticas una dimensión europea, hacer que el proceso de construcción de la Europa social y política tenga a los pueblos y ciudades como protagonistas.
* Salvador Milà i Solsona es diputado de ICV-EUiA en el Parlamento catalán
* ELPAIS.com - 15/06/2007
"Murcia no se vende" protesta en la apertura del Salón Inmobiliario en Lorca
EFE* : "Una veintena de activistas de la plataforma "Murcia no se vende" se manifestó hoy a las puertas del recinto ferial de Santa Quiteria de Lorca durante la inauguración de la tercera edición del Salón Inmobiliario del Levante (SILE), en la que los concentrados profirieron gritos contra la especulación urbanística y la corrupción. Los manifestantes portaban tres grandes pancartas en las que podía leerse "Salvemos nuestra tierra de golfos especuladores", "No a la especulación urbanística, salvemos nuestro litoral" y "Lorca no se vende" y en esta última se incluía el dibujo de un ladrillo atravesado por una flor.
Vestidos con camisetas negras y verdes con el lema "Murcia no se vende", los manifestantes, entre los que se encontraba el concejal electo de IU José García, hicieron sonar silbatos y bocinas y gritaron "corrupción, corrupción" mientras las autoridades cortaban la cinta inaugural de la muestra inmobiliaria, que también el año pasado fue abierta al público con un acto de protesta similar.
La muestra fue inaugurada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes en funciones, Joaquín Bascuñana, el alcalde en funciones de Lorca, Leoncio Collado, el alcalde electo, Francisco Jódar, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria -organizadora del SILE- Eusebio Abellán.
Bascuñana no quiso pronunciarse sobre el acto de protesta y solo dijo a los periodistas que los manifestantes "han demostrado tener una buena potencia pulmonar, lo cual es síntoma de que gozan de buena salud y le han puesto una nota de color a lo que para nosotros es un gran acontecimiento".
Por su parte Abellán señaló, en referencia a los manifestantes, que "son muy pocos los que van en contra de que los ciudadanos vivan mejor" y dijo que lo único que le preocupa "es que eso pueda transmitirse a los ciudadanos europeos que quieren invertir aquí".
Opinó que el PP y el PSOE "por lo menos en Lorca están unidos en el hecho de que hay que favorecer el desarrollo urbanístico sostenible" y recordó que el término municipal de Lorca tiene mayor superficie de suelo protegida que el resto de las localidades de la Región "y creemos que las cosas se están haciendo bien y de forma equilibrada".
Sobre las 150.000 viviendas cuya construcción está proyectada en el municipio, Abellán señaló que "a día de hoy no hay ninguna y posiblemente pasarán 40 años hasta que se desarrollen totalmente esos proyectos".
Por su parte el alcalde de Lorca en funciones, del PSOE, consideró que el SILE "es un ejemplo de la diversificación económica por la que apuesta el municipio", estimó que el de la construcción es "un sector emergente" y dijo que la tercera parte de la economía de Lorca "depende ya del sector inmobiliario".
El alcalde electo de Lorca, Francisco Jódar, manifestó que cuando tome posesión de su cargo el próximo sábado trabajará en la defensa de "un sector muy importante, por el que apostaré de manera decidida".
Una treintena de agentes inmobiliarios de empresas de ocho países europeos participan este año en el SILE, donde mantendrán 700 encuentros bilaterales con empresarios locales hasta el domingo, día de la clausura.
En esta edición el SILE muestra una amplia representación de las empresas asociadas al sector de la promoción inmobiliaria, y de la construcción, con 80 expositores que ocuparán una superficie de exposición de 10.000 metros cuadrados.
La organización del SILE espera superar la cifra de 3.000 visitantes de la edición anterior y ser punto de encuentro de profesionales y de personas que estén buscando su primera vivienda, una segunda residencia, conocer la oferta de suelo industrial o los productos más punteros del sector de la construcción.
* La Verdad - 14 de junio de 2007
Foto: manifestación el 5-M de "Murcia no se vende" /vegamediapress
El crecimiento urbanístico en Málaga casi triplica la media andaluza en 50 años
A.M.Romero.- SUR* : "Es un hecho comprobable con sólo hacer un viaje desde Nerja hasta Manilva. Las grúas, los edificios en construcción o las grandes infraestructuras dan una idea de la dimensión que el urbanismo tiene en la provincia. El cemento ha ido, poco a poco, ganando terreno y ocupando espacio en el litoral malagueño, así como en algunas zonas del interior. Ahora, los datos y las imágenes vía satélite corroboran esta apreciación. En los últimos cincuenta años la superficie construida (incluyendo viviendas, carreteras, infraestructuras, puertos...) en la provincia de Málaga casi triplica el crecimiento experimentando durante el mismo periodo en el resto de la Comunidad autónoma.
En el último medio siglo, el espacio construido en Málaga ha pasado de 4.739 a 36.287 hectáreas (31.548 más), lo que representa un incremento del 665,64%. Desde 1956, en la Comunidad autónoma andaluza -sin computar lo correspondiente a la provincia malagueña- el crecimiento fue de 111.281 hectáreas, un 246% más, según se desprende del informe, pionero en su género, 'Usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía 1956-Actualidad', presentado ayer por el delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, y el director de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía, José Guirado.
Este crecimiento en Málaga se ha producido ocupando, principalmente, los suelos agrícolas, una vez que esta práctica ha sido abandonada, fundamentalmente en la franja costera. Así, pusieron el ejemplo de una fotografía de Benalmádena en los años 60 en la que se veían claramente los terrenos dedicados a cultivo y una instantánea de la actualidad en la que se aprecia el importante crecimiento experimentado por esta ciudad costera, que en cincuenta ha aumentado su población en un 135%.
Cultivos
El suelo agrícola en la provincia disminuyó en 32.587 hectáreas (un 8,63%) en medio siglo, aunque, paralelamente, se produjo un incremento de 13.944 hectáreas dedicadas a los cultivos de regadío principalmente en las vegas de los cauces fluviales, destacando el valle del Guadalhorce, Antequera y la Axarquía. Asimismo, durante este periodo aumentó el territorio dedicado al cultivo de cítricos (8.045 hectáreas), los invernaderos (1.210 hectáreas) y los cultivos tropicales (4.158 hectáreas), estos dos últimos, fundamentalmente, en la zona oriental de la provincia.
Por el contrario, la superficie destinada al olivar se redujo en 1.519 hectáreas, quedando las principales parcelas en la comarca norte -limítrofe con la provincia de Córdoba- y la zona de la Serranía de Ronda. Además, se ha dado un cambio en la explotación de la agricultura, pasando de ser un práctica de carácter extensivo a ser intensivo.
Respecto a la superficie forestal, José Guirado destacó que la provincia mantiene el 92% de las áreas naturales y seminaturales que tenía hace medio siglo, en un contexto en el que ha aumentado la población y la expansión urbanística. Como señaló Trillo, el proceso urbanizador en estos años «ha sido intenso». Sin embargo, y en contra de lo que puede ser la creencia popular, en estos cincuenta años, la superficie arbolada en la provincia ha aumentado en 28.227 hectáreas por factores naturales y artificiales (la intervención urbana a través de programas de regeneración). Un hecho que llevó a Guirado a afirmar: «En materia natural, cualquier tiempo pasado no fue mejor». Un ejemplo es el de Alhaurín de la Torre, donde a pesar del aumento poblacional que ha registrado, también ha crecido la cubierta vegetal en el municipio, lo que, según Trillo, propició que en 1991 apareciese en esta zona una especie como la cabra montés.
Asimismo, José Guirado se congratuló de que en el litoral malagueño los espacios que quedan libres y vírgenes de cemento son suelos forestales: como el paraje de Maro-Cerro Gordo o el propio Arraijanal en la capital.
Embalses
Por otro lado, el estudio desvela que los espacios destinados a embalses y láminas de agua han pasado de 463 en 1956 a 2.618 hectáreas actualmente, lo que supone un incremento del 465,11%.
Aunque los cambios de usos superficiales dentro del periodo analizado han sido intensos -un 35%-, la distribución de los suelos en la provincia ha cambiado poco, según el informe.
Así, la radiografía de la provincia es: el 47,22% de los suelos son territorios agrícolas; el 46,43%, áreas naturales y arboladas; el 4,97%, superficies construidas, y el 1,38%, zonas húmedas y superficies de agua, según el estudio, fruto de dos años de trabajo.
LOS DATOS
1956
Población en Málaga: 750.115.
Áreas naturales y seminaturales: 339.471 hectáreas.
Superficie arbolada: 142.998 hectáreas.
Suelo agrícola: 377.410 hectáreas.
Embalses y láminas de agua: 463 hectáreas.
Cultivos en regadíos: 17.106 hectáreas.
Superficies construidas: 4.739 hectáreas.
Actualidad
Población en Málaga: 1.453.409.
Áreas naturales y seminaturales: 338.991 hectáreas.
Superficie arbolada: 171.225 hectáreas.
Suelo agrícola: 344.823 hectáreas.
Embalses y láminas de agua: 2.618 hectáreas.
Cultivos en regadíos: 31.050 hectáreas.
Superficies construidas: 36.287 hectáreas.
* Diario SUR - 14 de junio de 2007
Foto: TORREMOLINOS /diariosur.es
Un joven dedica el 82% de su sueldo a pagar la hipoteca del piso
El País* : "El Consejo de la Juventud de Euskadi destacó ayer que el 82% del sueldo de un joven debe dedicarse al pago de la vivienda. El dato figura en el informe Jóvenes y Vivienda 3, elaborado por dicho organismo, que también alerta sobre la tardanza en emanciparse por parte de los jóvenes de la comunidad autónoma. La tasa de emancipación en Euskadi se sitúa en el 41,2% de media, una de las más bajas de España y que sitúa a Euskadi en la cola de Europa en este aspecto. El porcentaje aumenta hasta el 45,9% en el caso de las mujeres. Este retraso en la emancipación se debe, fundamentalmente, a las dificultades que encuentra la juventud para acceder a la vivienda.
El estudio precisa que la hipoteca media en Euskadi se sitúa en 154.381 euros, un 10% superior a la media española. El plazo medios de los créditos hipotecarios se sitúa en los 26 años. Las cajas de ahorros concede el 80% de ellos.
En cuento a la necesidad de vivienda, los datos son dispares dependiendo de la fuente. En el caso de la encuesta que realiza el Departamento de Vivienda, alrededor de 100.000 jóvenes necesitan acceder a su primer piso. En cambio, el Consejo se hace eco de la Encuesta de Pobreza y Desigualdad social, que Justicia realiza de forma bienal, y que en 2004 apreció la situación de pobreza encubierta de unas 145.000 personas, incluyendo a aquéllas que desean emanciparse, pero carecen de recursos económicos.
El portavoz del Consejo de la Juventud, Igor Mera, señaló que la situación actual es de "emergencia social", pues el derecho a la vivienda "se encuentra hoy más vulnerado que hace dos años".
El Consejo aboga por potenciar la intervención pública en el mercado de la vivienda, pero apostando por pisos de alquiler social en lugar de los protegidos en propiedad o de precio tasado. En sintonía con esta propuesta, el Ararteko planteó recientemente dar un giro "radical" a la política de vivienda que siguen las administraciones para volcarse en el alquiler y la adjudicación de los pisos protegidos mediante baremos y no por sorteo.
* EL PAÍS - Vitoria - 14/06/2007
Foto: manifestación Vivienda digna - La hipoteca me mata
Uno de los coautores de la Ley del Suelo cree que suavizará los precios de las viviendas
L.Ballester.- Levante* : «La Ley del Suelo de 1998 creía que España era una, grande, libre y urbanizable. La que entrará en vigor a partir de ahora acaba con el todo urbanizable y provocará una tendencia a la baja de los precios de la vivienda», vaticinó ayer Gerardo Roger, uno de los coautores del nuevo texto legislativo que entrará en vigor el próximo mes de julio. Roger, considerado el padre de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), participó ayer en la segunda jornada del curso sobre la nueva normativa estatal organizada por la Fundación Adeit de la Universitat de València. «A menudo me preguntan: ¿Van a bajar los precios? Y yo siempre respondo: Afortunadamente, no, porque si no sería un desastre para la economía», reconoció este arquitecto, profesor y miembro del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.
A juicio de Roger, «las leyes producen tendencias al alza o a la baja. Y la de ahora provocará una tendencia a la baja» . Justificó este vaticinio en dos novedades de la nueva Ley del Suelo. Una de ellas, será «la obligación de reservar un 30% de vivienda de protección oficial (VPO) en todos los nuevos desarrollos urbanísticos que bajará los precios de las viviendas de renta libre, a pesar de que hay quien cree lo contrario» , sostuvo. Si en una nueva promoción, explicó, la gente compra las VPO y las de renta libre tardan más en venderse, éstas últimas, al final, adaptan sus precios para poder salir al mercado.
Otra de las novedades será el nuevo régimen de valoraciones del suelo rural y urbanizado. «Hemos pretendido dar forma a un mandato constitucional: impedir la especulación, que es la única prohibida expresamente en la Constitución» . De esta manera, cuando la administración expropie un suelo pagará por hechos fácticos no por actuaciones futuribles. «Ésta es una de las causas de corrupción que existen en España» , señaló Gerardo Roger ya que, explicó, «se han producido casos de tierras afectadas por el AVE que, antes de ser expropiadas, se vendían entre familiares por precios astronómicos para que constaran éstos últimos a la hora de expropiar» .
De esta manera, el suelo «se valorará a partir de ahora por la realidad, por la renta actual o potencial que tiene un terreno e incluso la localización (la accesibilidad del terreno, el acceso a servicios...)» . En el caso de solares urbanos o con edificios la administración pagará por ellos «su valor residual en el planeamiento (la cantidad de alturas previstas para un edificio en un PGOU) o por el valor de mercado» , explicó Roger. «Pero no se pagarán los dos conceptos sumados como hasta ahora» , explicó el arquitecto.
Por último, sobre los efectos en la legislación valenciana, Roger explicó que la nueva Ley del Suelo «obliga a notificar a los propietarios de suelo» incluso las intenciones de firmar algún convenio urbanístico «algo que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) no prevé en los concursos». Igualmente también negó que las nuevas valoraciones del suelo supongan la desaparición de las compensaciones del metro a metro en las reclasificaciones porque no se aplican de igual manera a las transacciones de suelo privadas tal como se hará en las expropiaciones públicas.
Por último, Gerardo Roger más que inquietarle la adaptación de la legislación valenciana a la Ley del Suelo ( «que está inspirada en el modelo urbanístico valenciano» , admitió) aseguró que le preocupa más la espada de Damocles que pende sobre la LUV y que puede acabar ante los tribunales de justicia europeos. Al ser preguntado si la Ley del Suelo no debería haber predicado con el ejemplo y haberse adaptado a las directivas europeas, tal como pide la Comisión, Roger señaló que ésta es «una cuestión autonómica y un cambio que ha de hacer la legislación valenciana» .
* Levante-EMV - 14 de junio de 2007
