EuropaPress* : "El 'urbanismo salvaje' va camino de duplicar el número de viviendas y de habitantes de la Comunidad de Madrid en un plazo aproximado de 15 años si se aprueban los Planes Generales de Ordenación Urbana que se encuentran en tramitación. Así lo advierte un informe sobre la previsión de desarrollo urbanístico de la Comunidad elaborado por la asociación 'Salvemos el territorio', el instituto Reverso, la asociación 'Salvemos Las Rozas' y la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio. La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con 2,8 millones de viviendas y hay suelo recalificado para un millón de viviendas más. En los actuales Planes de Ordenación Urbanística se pretende recalificar suelo para dos millones de nuevas viviendas en los próximos 15 años, lo que duplicaría el parque inmobiliario de Madrid.
La población podría alcanzar así los 18 millones de habitantes en esta fase de expansión urbanística, cifra superior a Londres y cercana a la de Nueva York y Ciudad de México. Además, dice el informe, con la 'ultraliberal' Ley del Suelo de la Comunidad quedaría suelo para otros 5,4 millones de viviendas, pudiéndose cuadruplicar la población y situar a Madrid a la cabeza de las regiones metropolitanas del planeta, junto con Tokyo.
Para las asociaciones que han elaborado este estudio, las consecuencias medioambientales y sociales de este proceso serían 'devastadoras' por la destrucción territorial, la creciente inaccesibilidad de la vivienda, la escasez de recursos y el déficit de infraestructuras básicas.
El informe, que se presentará completo próximamente, revela que un tercio de municipios madrileños concentran más de un millón de nuevos viviendas y 3,6 millones de nuevos habitantes.
En concreto, en la corona metropolitana del suroeste, desde Pinto a Cercedilla, pasando por el eje de Guadarrama, se concentran más de 550.000 viviendas en 45 municipios, con cerca de dos millones de nuevos habitantes.
En el caso de la corona metropolitana noreste, 15 municipios aglutinan más de 150.000 viviendas, a las que hay que sumar las más de 250.000 que tiene en marcha el municipio de Madrid capital.
ERRADICAR LA LEY DEL SUELO DE LA CAM.
El estudio refleja además que el índice de multiplicación de la población es de más del 200%, con más de 10.000 viviendas de media por municipio. En algunos casos, como Morata de Tajuña, 'se pretende multiplicar la población por 20'. Todo ello apuntaría a un crecimiento de más de dos millones de viviendas en la Comunidad de Madrid en un margen de 15 años.
Asimismo, el informe señala que a todo esto se añade que la Comunidad cuenta actualmente con suelo urbanizable para un millón de viviendas y dispone de una reserva del 17,5% de terreno no comprometido que permitiría construir otros 7,4 millones de viviendas a medio plazo.
Por todo ello, en el estudio se exige la intervención del Gobierno central y de la UE para frenar 'esta barbarie sin precedentes', erradicando la actual Ley del Suelo de la Comunidad e imponiendo una moratoria 'tajante' al desarrollo de los actuales Planes de Ordenación Urbanística. Asimismo, y con estos datos en la mano, piden a los ciudadanos una 'última reflexión' antes de participar mañana en las elecciones municipales y autonómicas.
* Terra Actualidad - 26 Mayo
Un informe advierte del 'urbanismo salvaje' en Madrid
El voto del ladrillo
I.ZAFRA/D.BARCALA.- El País*/Valencia : "El 'tsunami' de la construcción que ha vivido el territorio recibe el castigo de los electores en Alicante y da votos en Valencia.
El ladrillo ha provocado el castigo en las urnas de algunos municipios de la provincia de Alicante aunque tanto en Castellón como en Valencia, los impulsores de grandes proyectos urbanísticos, muchos de ellos recurridos en los tribunales, han sido apoyados por los electores. Sin duda, en las poblaciones afectadas por polémicos PAI, el voto ha estado condicionado.
ALICANTE
- Altea. Vuelco electoral en la población costera, feudo del zaplanismo, donde se aprobó uno de los mayores PAI de todo el territorio, con 5.775 viviendas proyectadas en Puentes del Algar. El Partido Popular pierde la mayoría absoluta al bajar de 10 a nueve concejales mientras que los socialistas pasan de cuatro a ocho. El Bloc mantiene los tres regidores logrados en 2003 y Ciutadans d'Altea logra uno.
- Catral. Fidelidad a las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento del ex socialista José Manuel Rodríguez Leal, a quien la Generalitat quitó en 2006 las competencias urbanísticas por haber permitido construir 1.270 viviendas ilegales. El nuevo partido de Rodríguez Leal consigue cinco concejales. El PP gana las elecciones con siete. El PSOE se hunde y pasa de siete a uno.
- La Nucia. El Partido Popular revalida su abrumadora mayoría en La Nucia, donde el Consistorio aprobó la construcción de 3.884 viviendas, con un PAI suspendido por el Tribunal Superior de Justicia, y la lleva todavía un paso más allá: pasa de 68,7% de los votos al 72,5%.
- Calp. El Ayuntamiento de Calp sufre un severo correctivo al pasar de 13 a nueve concejales. Morató había autorizado la construcción de un hotel a sólo seis metros del mar, considerado ilegal por el ministerio de Medio Ambiente, y había desempolvado el viejo proyecto de un polígono industrial cuya ubicación fue descartada por el Tribunal Superior de Jusaticia. Los socialistas pasan de cinco a nueve regidores y el Bloc logra dos.
- Orxeta. Al PSOE de Orxeta, que aprobó un plan para construir 4.100 viviendas que supondría multiplicar por 20 su población actual, se le esfumó la mayoría absoluta al perder un concejal. El PP mantuvo sus tres regidores y el Bloc irrumpió en escena con dos.
- La Vila Joiosa. El Partido Popular, que proyectó la construcción de 25.671 viviendas en el proyecto previo al plan general pierde la mayoría absoluta en La Vila Joiosa, al pasar de 12 a 10 concejales. Los socialistas se mantienen con siete, Bloc y EU obtienen uno cada uno, e Iniciativa Independiente consiguió dos.
CASTELLÓN
- Burriana. La polémica urbanística en Burriana, cuyo alcalde, Alfonso Ferrada, del PP, aprobó la construcción de 700.000 metros cuadrados en la costa, le cuesta dos concejales a su partido, que continúa siendo el más votado y logra 10. Los socialistas suben dos, hasta alcanzar los nueve, y el gobierno municipal queda a expensas de los pactos con pequeñas formaciones.
- Cabanes. La pequeña población de Cabanes, inmersa como Oropesa en los megaproyectos urbanísticos en torno a Marina D'Or y Mundo Ilusión, mantiene los resultados de 2003: seis concejales para el PP, tres para los socialistas y dos para la coalición de partidos de izquierda y ecologistas.
- Moncofa. La urbanización de 6,5 millones de metros cuadrados llevados a cabo en Moncofa hacen ganar votos al alcalde socialista José Vicent Isach, que mantiene el gobierno de la localidad e incrementa su número de concejales.
- Oropesa. Las gigantescas macrourbanizaciones previstas en torno a Marina d'Or y Mundo Ilusión, y la ampliación en 1,5 millones de metros cuadrados del suelo urbanizable en el término municipal de Oropesa es respaldada por los habitantes de la localidad, que hacen subir al PP de cinco a siete concejales, lo que responde, en parte, al aumento del número total de regidores a elegir, de 11 a 13.
VALENCIA
- Alboraia. La posible desaparición de parte de la huerta a favor de un centro comercial no ha supuesto un voto de castigo para el PP, que ya gobernaba el municipio.
- Catarroja. Condicionada por el plan urbanístico Nou Mil.leni que prevé la construcción de 12.000 nuevas viviendas, los resultados suponen un mantenimiento de la situación.
- Cullera. A pesar del polémico plan del alcalde que pretende construir junto a la costa hasta 35 rascacielos, el PP sube su representación en este municipio con cuatro nuevos concejales.
- Manises. Las 10.000 nuevas viviendas del plan Gran Manises en esta localidad no varía el mapa político de este Ayuntamiento. El PP sólo pierde 400 votos y mantiene la mayoría.
- Riba-roja. El polémico PAI de Porxinos que supone un aumento de 3.000 residencias de lujo y un hotel ha supuesto un avance para su impulsor, el PP, que gana un nuevo concejal, gracias a 1.400 nuevos votantes.
* ELPAIS.com - Valencia - 28/05/2007
27-M: Las elecciones del ladrillazo
Viñetas de J.R.MORA y J.KALVELLIDO
¿Las elecciones de la corrupción?
BRAULIO Gómez* : "El próximo domingo se celebrarán las octavas elecciones de la España democrática. Tradicionalmente en este tipo de elecciones, la participación es más baja que en las elecciones generales, los dos partidos más grandes, PSOE y PP, reciben menos votos que en las legislativas y consiguen representación en los ayuntamientos algunos partidos muy pequeños que no tienen cabida en el sistema de partidos que disputa el gobierno central. Hay diversas circunstancias que dan personalidad propia a las elecciones municipales, como las de 1995 que sirvieron para castigar al gobierno central del PSOE y dar por primera vez en su historia la victoria al PP. Pero el contexto político que puede hacer de las elecciones del domingo unas elecciones especiales no tiene que ver con la agitada política nacional, sino con un problema local que ha calado de forma profunda y novedosa en la opinión pública, la complicidad de los ayuntamientos en la corrupción urbanística tanto en Andalucía, como en el resto de España.
En el Barómetro de Opinión Pública del IESA-CSIC, de enero de este año, la mayoría de los andaluces pensaba que su alcalde podría haber gestionado de forma irregular el desarrollo urbanístico de su municipio y más de 80% tenía la impresión de que la corrupción asociada a la planificación urbana afectaba a muchos o bastantes ayuntamientos de Andalucía. Esta percepción generalizada de que los ayuntamientos no han sido capaces de parar los pies a los promotores y a los constructores sin escrúpulos ha generado una desconfianza en la ciudadanía que según las encuestas podría influir en el resultado electoral del domingo. En el mismo Barómetro, los ciudadanos que percibían corrupción en la gestión del suelo de su ciudad tendrían más probabilidades de no apoyar a su alcalde que aquellos que desconocían cualquier relación entre sus representantes locales y la corrupción urbanística.
Los periódicos nacionales y locales han cubierto de forma extensa este nuevo fenómeno, sobre todo desde la disolución del ayuntamiento de Marbella. Incluso, alguno ha creado una nueva sección titulada escándalos urbanísticos. No es de extrañar que la campaña electoral de Zapatero haya elegido como tema transversal estrella que le sirve en todo el territorio nacional la tolerancia cero contra la corrupción urbanística. La pena es que ni su partido, ni el resto de partidos, se han tomado en serio su solemne firmeza y han colado en algunos municipios a candidatos sospechosos e imputados en casos de corrupción urbanística. Atrás quedaron los decálogos, promesas y buenas intenciones que surgieron tras el escándalo de Marbella.
Este domingo, por primera vez, la ciudadanía va a tener que decidir su voto no sólo contando con su ideología, con su simpatía partidista, con su valoración de la gestión local o de los candidatos, sino que tiene otra dimensión que podría prevalecer en su voto, políticos corruptos frente a políticos honrados. Ahora depende sólo de los ciudadanos demostrar que la tolerancia cero es una demanda intensa de la ciudadanía. Porque una vez que hay suficiente información sobre determinadas conductas ilícitas por parte de algunos representantes locales, no se podría explicar que renovara su mandato algún alcalde cuyas conexiones con los constructores corruptos son de dominio público. O sí que se podría explicar, todos los pueblos tendrían al alcalde que se merecen.
* Politólogo
* Diario Cordoba - 25/05/2007
Críticas: 21.000 viviendas en dos PAI y la permuta de Mestalla
L.B.- Levante* : "Sean muchos o pocos los planes urbanísticos aprobados en los dos últimos meses, algunos a los que se ha dado vía libre valen por diez. Es el caso de los macroproyectos reclasificatorios de Gran Manises y Nou Mil·lenni que promueve el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) en compañía de dos grandes promotores: Enrique Ortiz y Llanera. En el caso de Catarroja la Conselleria de Territorio ha dado el visto bueno a la construcción de 11.459 viviendas (5.900 de VPO) en 1,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico que deben reclasificarse y que no estaban previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Similar esquema se ha seguido en Gran Manises, donde se prevén construir otras 9.400 viviendas en suelo rústico que debe reclasificarse y que tampoco estaba previsto en el PGOU de esta localidad de l'Horta. Tanto el proyecto de Manises como el de Catarroja ha sido duramente criticado desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, el Ministerio de Fomento o la Confederación Hidrográfica del Júcar debido a los bestiales incrementos de población, la falta de garantías de agua o las conexiones para el incremento de circulaciones de vehículos privados que supondrán.
Territorio también ha aprobado durante este último mes la permuta de terrenos impulsada por el Valencia CF para construir el nuevo estadio y viviendas en el antiguo solar de Mestalla. También en Novelda se ha dado vía libre a otro PAI de 3.00 chalés y campo de golf.
De ahí que desde la Compromís pel Territori denuncien «las decisiones que los miembros del Consel toman en los últimos días con tal de dejar todo ligado bien ligado en plena campaña electoral, para satisfacción de los intereses particulares de a quienes sirven» .
Y añaden que estas decisiones «no sólo afectan a la política urbanística sino a las políticas sociales como la enseñanza pública y la sanidad ya que cabe recordar que la semana pasada el Consell aprobó los conciertos para los centros privados de bachillerato promoviendo la enseñanza mientras en los centros públicos los escolares han de estudiar en barracones. Y ayer mismo el actual Consell ha aprobado un decreto en el que da vía libre a la sustitución de la gestión pública de la sanidad por la gestión privada» .
Compromís pel Territori considera que esta precipitación «responde a la inseguridad del partido aún en el Gobierno autonómico en relación a su continuidad después de las elecciones del próximo domingo y conlas imputaciones cada vez más graves de presuntos delitos de corrupción y malversación de fondos públicos» .
Por eso solicitan «la anulación de las aprobaciones a última hora que hipotecan nuestro futuro y nuestro territorio» y denuncian la «perversión de los valores democráticos que ejercita el PP desde la Generalitat para favorecer los negocios especulativos a costa del territorio y los servicios públicos» .
* Levante-EMV - 26 de mayo de 2007
Murcia y Marbella
ANTONIO CAMPILLO* : "En los últimos años, el Gobierno regional murciano se ha dedicado a difundir machaconamente, con el dinero de todos los contribuyentes, una serie de eslóganes publicitarios («Agua para todos», «Murcia paraíso natural», etc.) destinados a ocultar las deficiencias de su propia gestión y a acallar las voces críticas de la oposición política y las organizaciones ciudadanas, que vienen exigiendo un cambio de rumbo en nuestro modelo de desarrollo (bajo el lema «Murcia no se vende»), y que recientemente han reclamado a todos los partidos políticos y al conjunto de la sociedad murciana un «compromiso por la Región».
En apenas año y medio, tenemos en la Región de Murcia once ayuntamientos (la cuarta parte del total regional) y el mismísimo Consejo de Gobierno en pleno, con Valcárcel a la cabeza, investigados por la justicia, y nada menos que 22 cargos del PP y funcionarios imputados por la Fiscalía del TSJ de Murcia: 9 alcaldes, 7 concejales, 2 ex-concejales, 2 arquitectos municipales, 1 secretario municipal y 7 altos cargos del Gobierno regional.
Pero la frase que refleja realmente la situación de nuestra Región no procede del Gobierno regional del PP, ni de las organizaciones ciudadanas, sino de un personaje que durante años compaginó con total impunidad la gestión pública y los negocios privados. Me refiero a la frase «Murcia es la hostia», pronunciada privadamente, en una conversación telefónica interceptada por la policía, por el empresario murciano Juan Antonio Roca, cerebro de la trama de corrupción urbanística que tenía su centro en el Ayuntamiento de Marbella y extendía sus redes por otras ciudades y comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia. Recientemente, tras el levantamiento del secreto sumarial de la Operación Malaya, hemos comenzado a conocer su participación en el caso Lo Poyo.
El significado de la expresión de Roca se comprende muy bien por el contexto de la conversación y por el destinatario al que va dirigida, el promotor madrileño Ismael Pérez. El mensaje de Roca a su amigo es muy claro: la Región de Murcia es un verdadero paraíso para la especulación inmobiliaria y la corrupción política. Este mensaje refleja por sí solo la situación real de nuestra comunidad autónoma, con una claridad sin tapujos que contradice los mendaces discursos oficiales y con una gráfica concisión que condensa en cuatro palabras todos los estudios e informes (como el Informe 2003 y el Informe 2006 del Foro Ciudadano) que han denunciado la gravedad del problema.
Se ha escrito mucho sobre el cáncer de la especulación inmobiliaria y sobre los costes de todo tipo que está provocando: económicos, sociales, ambientales y políticos. La suma de todos estos costes es tal que la bomba inmobiliaria se ha convertido en el problema más grave de España. Lo han dicho numerosos expertos y organismos nacionales e internacionales, y lo han dicho también numerosos ciudadanos de a pié, a través de las 69 asociaciones ciudadanas agrupadas en la Coordinadora La Región de Murcia no se Vende, y las 600 asociaciones agrupadas en la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, de ámbito estatal. En este artículo, me limitaré a subrayar los costes políticos.
En el caso paradigmático de Marbella, toda la atención pública se ha centrado en los protagonistas de la trama de corrupción dirigida por Roca, es decir, en las personas imputadas por el juez Torres: alcaldes, concejales, funcionarios, empresarios, abogados, notarios y una célebre cantante. Pero no se ha prestado la debida atención al hecho de que los cargos políticos actualmente imputados fueron elegidos por sus conciudadanos durante cuatro legislaturas consecutivas, a pesar de las muchas denuncias que pesaban sobre ellos. Esto quiere decir dos cosas: que la carrera política y el apoyo electoral se habían convertido en una vía para amparar el delito y eludir a la justicia; y que la tolerancia y connivencia con la corrupción estaban ampliamente extendidas entre los marbellíes. En otras palabras, que la democracia en Marbella se había colapsado por completo. Precisamente por eso, tuvo que ocurrir algo sin precedentes en la democracia española: la suspensión de toda la corporación municipal por parte del Gobierno central y su procesamiento por parte de la justicia penal. Esa es la gran virtud de la separación de poderes, los célebres contrapesos de los que hablaba Montesquieu, sin los cuales no hay verdadera democracia.
El caso de Marbella debería llevarnos a reconocer que la especulación inmobiliaria y la corrupción política son hoy el haz y el envés de un fenómeno que constituye el problema más grave de la democracia española, y que amenaza a sus instituciones más básicas: los municipios y las comunidades autónomas. El gobierno de Zapatero ha dado pasos importantes (nueva Ley del Suelo, nueva Ley de Financiación de los Partidos, más controles medioambientales, reforzamiento de la Fiscalía, etc.), pero son insuficientes. Además, hay que implicar también a las comunidades autónomas y a los municipios. Por eso, considero muy acertada la propuesta de Llamazares: es necesario un gran pacto de Estado para luchar de manera firme y coordinada contra la especulación y la corrupción.
Ahora que vamos a celebrar elecciones municipales y autonómicas, conviene recordar el ejemplo de Marbella. El PP, bajo la dirección del señor Rajoy, ha adoptado dos estrategias que pueden serle muy beneficiosas electoralmente, pero que van en sentido contrario a lo que España necesita. Por un lado, ha tratado de convertir estas elecciones en unas primarias de las generales, haciendo de la política antiterrorista contra ETA un arma arrojadiza contra Zapatero, y evitando así que se debata sobre los muchos problemas locales y autonómicos, y en particular sobre el grave problema de la especulación y la corrupción, que afecta sobre todo a varias comunidades gobernadas por el propio PP, como la Región de Murcia. Por otro lado, ha seguido la misma estrategia que utilizó el GIL en Marbella: presentar como candidatos a muchos cargos políticos imputados (entre ellos, varios alcaldes de la Región, pese a las promesas de Valcárcel), con el objetivo de que las urnas legitimen y socialicen la corrupción.
En apenas año y medio, tenemos en la Región de Murcia once ayuntamientos (la cuarta parte del total regional) y el mismísimo Consejo de Gobierno en pleno, con Valcárcel a la cabeza, investigados por la justicia, y nada menos que 22 cargos del PP y funcionarios imputados por la Fiscalía del TSJ de Murcia: 9 alcaldes, 7 concejales, 2 ex-concejales, 2 arquitectos municipales, 1 secretario municipal y 7 altos cargos del Gobierno regional. El cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, sabía muy bien de lo que hablaba cuando dijo que Murcia es la hostia. Si las próximas elecciones del 27-M convalidan de nuevo en el poder a la actual clase dirigente murciana, como pronostican las encuestas, habremos dado un paso más en la estrategia de legitimación y socialización de la corrupción política. Y entonces tendremos más motivos para exigir que vuelvan a funcionar, como en Marbella, los contrapesos democráticos del Estado de Derecho.
* Antonio Campillo es presidente del Foro Ciudadano.
* La Verdad - 25 de mayo de 2007
El debate ausente
Editorial ELPAÍS* : "Aunque el urbanismo salvaje y la corrupción inmobiliaria se mencionan continuamente en la campaña electoral, lo cierto es que en realidad no han sido objeto del debate político que merecen. Casos como los de Andratx, Telde, Alicante, Ciempozuelos, Marbella o el caso Fabra se utilizan de forma irresponsable como arma arrojadiza de unos partidos contra sus adversarios; pero en ningún caso los ciudadanos tienen la sensación de que el Gobierno, la oposición, los ayuntamientos y las comunidades autónomas tengan un programa articulado contra la corrupción del ladrillo y, lo que es peor, cunde la sospecha de que su denuncia desaparecerá de la escena en cuanto se eche el cierre de las elecciones después del 27 de mayo.
La diferencia entre los partidos mayoritarios radica en que el PSOE muestra una sensibilidad mayor a los indicios de fraude que aparecen entre alcaldes y concejales. Pero esta diferencia, con ser importante, no basta, porque los socialistas tampoco están ofreciendo a los ciudadanos un plan coherente contra la corrupción urbanística en los municipios donde vayan a gobernar.
Sin embargo, el caos inmobiliario tiende a agravarse y exige planes concretos y urgentes, porque la plaga de cemento ya es un hecho inocultable. Un informe del Observatorio de Sostenibilidad calcula que en 2005 el 30% de los dos primeros kilómetros de costa en el litoral mediterráneo estaban construidos -en 2000 el porcentaje era del 26%- y es de temer que hoy ese porcentaje sea mayor. ¿Cómo se frena este disparate especulativo? Las soluciones no se acaban en la bienintencionada Ley del Suelo que acaba de promover el Gobierno. Es necesario, además, coordinar la urbanización del territorio con criterios más restrictivos que los que usan ayuntamientos y comunidades autónomas. Es urgente instaurar controles independientes en los ayuntamientos, reforzando el papel de los secretarios municipales, quizá convirtiéndolos en interventores del Estado. Es obligado construir una fiscalía especial que disponga de medios holgados para instruir la persecución de los delitos. Por descontado, hay que revisar las fuentes de financiación municipal, porque el sistema actual atrae las comisiones delictivas y al cohecho como el imán a las virutas de hierro; y derribar una por una las construcciones que no cumplan las leyes.
Estas exigencias están hoy fuera del debate político. Probablemente tampoco formarán parte de él después de los comicios del próximo domingo. Es verosímil que los votantes acaben por perder la confianza en los políticos que gobiernan los ayuntamientos y las autonomías y que esa desconfianza se manifieste en forma de abstención. Sobre todo si los partidos insisten en presentar como candidatos a gestores imputados por prácticas corruptas (Fabra, en Castellón, supera todo lo imaginable). Son éstas las listas que deberían recibir el mayor castigo electoral.
* ELPAIS.com - 25/05/2007
Cieza aprueba hoy 30.000 casas en el último minuto
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M.P.M.- 20minutos* : "Las intenciones que tiene el alcalde de Cieza, Antonio Tamayo (PP), de aprobar hoy, a escasas horas de las elecciones y en un pleno extraordinario, el Plan General de Ordenación Municipal no han sentado muy bien a PSOE e IU, en la oposición. De hecho, de darse el visto bueno hoy, se aprobarían de un plumazo 30.000 nuevas casas y cinco campos de golf. El actual concejal de IU, Manolo Martínez, aseguró ayer que la prisa de Tamayo se debe a «presiones de las empresas urbanizadoras. El Plan cuenta con el informe desfavorable del jefe de Urbanismo y carece del preceptivo documento de Evaluación Estratégica».
Según Martínez, el alcalde «está pringado hasta la médula con las empresas firmantes de los convenios». El concejal de IU recordó que la Confederación Hidrográfica del Segura emitió un informe negativo hace un año sobre estos proyectos.
«El Plan es impecable»
Por su parte, el alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, calificó el Plan General de «impecable, desde el punto de vista formal, administrativo y técnico» y subrayó que cuenta con el beneplácito de todas las administraciones y organismos que tenían que pronunciarse al respecto.
Además, Tamayo argumentó que «el plan es muy participativo porque se han incorporado cerca del 98% de las alegaciones vecinales y, desde el punto de vista medioambiental, «queda protegido más del 90% del territorio municipal».
Los proyectos de las empresas que van a firmar los convenios urbanísticos en Cieza supondrían la reclasificación de 22 millones de m2 de suelo y un beneficio de 600 millones de euros, al margen de los que obtuvieran con la construcción de las viviendas, y seis campos de golf, explicó el concejal de IU.
- Las inmobiliarias de los Valcárcel... "Valcárcel prometió dimitir si su familia tenía 8 inmobiliarias, y tiene 10".
El presidente de la Comunidad y candidato del PP, Ramón Luis Valcárcel, aseguró ayer que «no hay ni una sola actividad profesional (de mi familia) que tenga nada que ver con ésta Administración», en relación a la demostración que hizo ayer Pedro Saura, candidato del PSOE, vinculando a la familia del presidente con 10 inmobiliarias. El candidato del PP a la Asamblea, Juan Carlos Ruiz, aseguró ayer que Saura «mintió cuando adjudicó a la familia de Valcárcel recalificaciones fruto del sector inmobiliario», aunque el PP no ha negado la vinculación de la familia del presidente con el sector inmobiliario. «Ha quedado demostrado que las únicas propiedades inmobiliarias de las empresas que menciona Saura son 2 garajes, un despacho, 3 solares calificados hace 20 años y 4 viviendas», dijo Ruiz.
Noticia relacionada: "Cieza aprobará 20.000 nuevas casas el último día de legislatura" /El País
* 20minutos.es - 25.05.2007
Foto: Vecinos de Cieza en la concurrida plaza de España de la localidad. (IMI) /20minutos.es
El TSJ ratifica la suspensión de un plan con 3.884 viviendas y un campo de golf en La Nucía
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P.ROSTOLL.- Información/Alicante* : "El Tribunal Superior de Justicia ha ratificado, en una resolución del pasado 16 de mayo, la suspensión del PAI de La Serreta en La Nucía, impulsado por el gobierno del PP que dirige Bernabé Cano, que prevé la construcción de 3.884 viviendas y de un campo de golf sin recursos hídricos, de acuerdo a los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y al margen del planeamiento general. Es el segundo fallo de la sala de lo contencioso- administrativo del TSJ contra el polémico proyecto que aumentaría la población de La Nucía en 16.000 personas.
El juzgado insiste, casi en exclusiva, en los mismos argumentos que sirvieron para paralizar el desarrollo de la macrourbanización el pasado mes de marzo. El tribunal considera que la documentación aportada por el consistorio que controla Bernabé Cano, que cuenta con 13 de los 17 ediles de la corporación y que recurrió junto a la Generalitat ese primer fallo, no varía, apunta la resolución, «en exceso las conclusiones del auto sobre el enorme incremento poblacional» que supondría el desarrollo del polémico PAI nuciero.
El tribunal también insiste en la carencia de recursos hídricos y, más allá de eso, rechaza un nuevo informe de la empresa que gestiona el agua en La Nucía tratando de justificar la existencia de los acuíferos necesarios para atender a cerca de cuatro mil viviendas, un documento que, según, el juez ha sido elaborado «ad hoc». E, incluso, el alto tribunal valenciano vuelve a sacar a relucir, en esta ocasión con algo más de fuerza, la cuestión de la «discutible» técnica empleada para poder ejecutar el proyecto. Como se recordará, el PAI de La Serreta está tramitado al margen del planeamiento general como ocurre con el plan de Rabasa, también con informe contrario de la CHJ, en la ciudad de Alicante.
Iniciativa Independiente La candidata de Iniciativa Independiente a la Alcaldía de La Nucía, María José Campos, mostró su «enorme satisfacción» por la decisión judicial y apuntó que el fallo ratifica que la zona «una de las más bonitas del municipio quede para disfute de los vecinos. No hacen falta tantas casas».
* Diario Información - 24 de mayo de 2007
Foto: Una vista general de los terrenos donde el Ayuntamiento de La Nucía pretende urbanizar el PAI de La Serreta /ROSARIO FRAILE /diarioinformacion.com
La proliferación de escándalos urbanísticos socava la imagen de los políticos y las instituciones
COLPISA* : "La proliferación de escándalos urbanísticos socava la imagen que los ciudadanos tienen de los políticos y de las instituciones. Esa es, en lo que concierne a España, la conclusión principal del informe global sobre corrupción en el mundo de Transparencia Internacional (TI). Este organismo no gubernamental minimiza los efectos de otras corruptelas como la judicial o la administrativa, que da por casi extinguidas, pero señala a los "pelotazos" inmobiliarios como el paradigma de las malas prácticas en la España actual. La "explosión" de casos de corrupción urbanística provocó en 2006, según el estudio de TI, una progresiva "deslegitimación" de los políticos y de las instituciones ante los ciudadanos, que tienen una visión cada vez más "cínica" y "crítica" de la administración. El informe, que fue presentado de forma simultánea en varias capitales europeas, destaca que en general hay un "cierto clima de escándalo en relación con la corrupción en el nivel local de gobierno, en especial la vinculada al ámbito urbanístico".
Sobre las posible consecuencias -sin contar las medioambientales- el citado estudio subraya que, si no se atajan a tiempo, este tipo de fenómenos "acaban deteriorando la democracia y abriendo la vía a populismos y a extremismos de todo tipo". El presidente de la Fundación Ortega y Gasset, asociada en España a TI, Antonio Garrigues, avisó de que la corrupción "tiene un coste" y de que "si dejamos que siga invadiendo el sistema, el sistema colapsará". "Es como una leucemia que invade el sistema financiero y liquida absolutamente las perspectivas de una evolución digna", explicó.
TI denuncia la falta de mecanismos públicos para frenar la corrupción y transmitir la idea de que el Gobierno reacciona. Un responsable del estudio, Manuel Villoria, explicó que "los españoles entienden que se han empezado a tomar medidas", pero "todavía el 60 por ciento están insatisfechos con la respuesta gubernamental".
Entre las "medidas" ya tomadas por el Ejecutivo están las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de algunos cargos públicos -al consentir o fomentar "pelotazos"- en ayuntamientos como Marbella, Telde, Ibiza, Ciempozuelos y Andratx; en los gobiernos canario y balear y en la Diputación de Castellón. TI lamenta que los partidos políticos estén "permanentemente intercambiando cromos de corruptos" para identificar la corrupción con el adversario, en vez de llegar a un "consenso" para atajar la causa de este problema, y no sólo sus efectos.
Ley del suelo
TI reconoce también otros "avances" propiciados por iniciativas como la nueva Ley del Suelo, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, y que introduce medidas novedosas para fiscalizar los planes urbanísticos y combatir los "pelotazos". Destaca la obligación de las corporaciones locales de hacer pública la identidad de quienes hayan sido propietarios durante los últimos cinco años de terrenos recalificados. Además, obliga a los cargos de las juntas de gobierno municipales a declarar sus bienes y establece un régimen estricto de incompatibilidades. El Gobierno ha presentado esta norma como el paradigma de su lucha contra la corrupción de cara a las elecciones locales ya autonómicas del 27-M.
Otra actuación encaminada a combatir la corrupción sería, según este estudio, el proyecto de ley de financiación de partidos, ahora en tramitación, que prohibirá las donaciones anónimas a los partidos y limitará a 100.000 y 150.000 euros las cantidades que pueden percibir, ya sea de forma directa o a través de sus fundaciones, provenientes de personas y empresas. No obstante, esta norma no incluye una prohibición expresa a los partidos de percibir fondos provenientes de constructores, tal y como pidió el PP.
TI asegura que el urbanismo desmedido tiene "mucho que ver" con el retroceso experimentado por España en ranking mundial de la corrupción. Se ha roto la tendencia positiva que había hecho mejorar la puntuación del país desde 1996. En el último informe la "nota" obtenida por España desciende a un 6,8 por ciento. El año pasado fue de 7, es decir, notable. La "nota" actual es la misma que en 1999, y sitúa a España por detrás de Chile y Estados Unidos; una décima por delante de Estonia, y dos de Portugal.
El informe considera casi extinguidas otro tipo de corruptelas, como la administrativa o la judicial, debido a la introducción de nuevos métodos en el trabajo de los funcionarios públicos y nuevas herramientas informáticos, que aseguran un tratamiento imparcial e igual en lo que se refiere a plazos y tiempos procedimentales. A pesar de eso, el dos por ciento de los encuestados aseguraron haber pagado sobornos en 2006 para lograr objetivos o agilizar gestiones ante la administración.
* Heraldo de Aragón - 25 de mayo de 2007
El caos urbanístico, una lacra a erradicar
Ecologistas en Acción* de Guadalajara responsabiliza a Urbanismo y Medio Ambiente, del caos urbanístico que vive nuestra provincia. Los casos relacionados con la corrupción y la especulación empiezan a salpicar a empresarios relacionados con nuestra provincia y la connivencia político-empresarial con los desarrollos urbanísticos "salta a la vista". El crecimiento desenfrenado, devorador y especulador que está viviendo la provincia de Guadalajara, no es nada más que responsabilidad política de las Consejerías de Urbanismo y Vivienda y de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. La falta de planificación en urbanismo y ordenación del territorio, unido a los grandes intereses, están convirtiendo a Guadalajara en "territorio comanche".
La recalificación de millones de metros cuadrados por parte de la Comisión provincial de urbanismo, con el beneplácito de los informes ambientales redactados por la Delegación provincial de Medio Ambiente, es una práctica habitual.
Con el retraso premeditado del Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Corredor del Henares, se está permitiendo el crecimiento insostenible de poblaciones ínfimas, con una ocupación de suelo fértil y vegetal espectacular y con un modelo de costrucción insostenible, que no tiene garantizado ni el suministro de agua potable ni los servicios básicos, y están consiguiendo la aprobación sistemática de la mayoría de los Planes de Ordenación Municipal, que a través del POT, se podían haber controlado algo. Asi es como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en connivencia con promotoras, constructoras y alcaldes (de cualquier signo político), están llevando a cabo su política urbanística.
Poblaciones del Corredor del Henares como Alovera, Chiloeches, Valdeaveruelo, Yunquera, Humanes, Villanueva, Quer, Guadalajara o Cabanillas del Campo, han multiplicado por cien su población en los últimos ocho años. Otros municipios como Pioz, Loranca de Tajuña, Horche, Yebes o el Pozo de Guadalajara, han acabado con cientos de hectáreas de bosques mediterraneo y con el hábitat de importante fauna vulnerable o en peligro de extinción. Al otro lado, en la zona de la Campiña, Torrejón del Rey o El Casar, son dos claros ejemplos de urbanismo devorador.
Cañizar, Tórtola de Henares, Hita o Torija, son otros municipios que se van sumando al desarrollo urbanístico insostenible y especulador, alentados por nuestros responsables políticos.
Ecologistas en Acción denuncia la connivencia existente entre políticos y promotores, denuncia la tolerancia con la que la Delegación de Medio Ambiente está apoyando estos modelos irracionales y destructores de fauna, flora, territorio y paisajes y denunciamos la falta de rigor y de responsabilidad de la Comisión Provincial de Urbanismo tutelada por Don Abilio Martin.
BASTA YA DE ESPECULACIÓN, BASTA YA DE CORRUPCIÓN, JUSTICIA YA.
* Ecologistas en Acción - Guadalajara 22 de mayo
Labastida, golf y especulación
arkimia* : "Labastida es un bonito pueblo de la rioja alavesa que apenas cuenta con 1.500 habitantes y prácticamente no tiene demanda de primera residencia y en el que, sin embargo, su alcalde del PP con el apoyo de PSE y PNV quiere construir 800 viviendas y un golf junto a un espacio protegido y de singular belleza, junto a la Sierra de Cantabria y el Toloño. Esto de usar el golf como subterfugio para la especulación urbanística, en el Madrid de Espe Jode lo que somos parece que es el golf nuestro de cada día, pero... ¿no habíamos dicho que Euskadi is different?
En este caso el alcalde y su equipo de gobierno tienen el atrevimiento de asignar, en las Normas Subsidiarias, como carga de urbanización a sufragar con las sustanciosas plusvalías inmobiliarias, hasta las pérdidas futuras del club de golf (medio millón de euracos al año, oigan), y -casualidad- se olvida de sus obligaciones sociales y legales de construcción de vivienda protegida sobre el 10% de cesión municipal. Y lo que es peor, pretende ocupar millón y medio de metros cuadrados de territorio innecesariamente en un territorio sensible y muy valioso.
La plataforma TORROLATE lleva años defendiendo los intereses generales de Labastida y sus ciudadan@s, tomando la iniciativa contra la instalación de este golf y sus tentáculos inmobiliarios, llevando su reivindicación a todas las instituciones (Ararteko, Parlamento Vasco, Juntas Generales de Álava,...). Se merecen una visita y un apoyo a su lucha desinteresada por el interés general de la comarca.
* Arkimia - 22/05/2007
Foto: Labastida /arkimia.nireblog.com
El cemento cubre un 30% de costa mediterránea
EL PAÍS* : "El cemento avanza imparable por la costa española. El caos urbanístico es especialmente llamativo en el litoral Mediterráneo. Si en el año 2000, el 26% de los dos primeros kilómetros de costa estaban construidos, en 2005 el porcentaje ascendía a más del 30%, según un cálculo a la baja del Observatorio de la Sostenibilidad. Esto supone que en cinco años el ladrillo ha cubierto de media más de tres hectáreas al día, como tres campos de fútbol. Eso como mínimo, porque el cálculo está basado en el ritmo de crecimiento observado entre 1990 y 2000, mucho menor que el actual. La Costa del Sol es el modelo, no la excepción.
La Ley de Costas de 1988 impedía construir en los 100 primeros metros de litoral, pero la norma se incumple debido en parte a que muchos de esos terrenos fueron declarados urbanizables antes de la norma. Medio Ambiente asegura que ha demolido 300 obras en la costa desde 2004, pero aún hay 2.500 kilómetros (el 25%) en los que el Gobierno no ha delimitado la zona pública y la privada y eso impide aplicar la Ley.
Aunque muchos promotores están pasando de la costa al interior por abaratar costes, el hotel del Algarrobico, que la Junta de Andalucía, del PSOE, autorizó a 20 metros del mar y en el Parque Natural del Cabo de Gata, tiene muchos imitadores.
ALMERÍA Jaque a los acantilados
La costa de Almería es una sucesión de grúas. Uno de los proyectos más espectaculares es el que la empresa Almerinvest promueve en los acantilados de Aguadulce (Roquetas de Mar, Almería). Las grúas están desmontando unos escarpados acantilados junto al mar para construir 600 viviendas en torres de más de 10 pisos. Cuentan con el apoyo directo del ayuntamiento (del PP) y del indirecto de la Junta, que aunque se opuso a la aprobación municipal y detectó decenas de irregularidades en el plan, no lo recurrió a tiempo.
Los terrenos son urbanizables desde 1997 y el Ayuntamiento de Roquetas aprobó el plan parcial en noviembre de 2002. La Comisión de Urbanismo afirmó entonces que no tenía todos los datos para emitir el informe preceptivo, pero el Ayuntamiento decidió aprobarlo sin el apoyo de la Junta. La administración autonómica pudo entonces recurrir a los tribunales, pero no lo hizo. En febrero de 2005, el Ayuntamiento firmó un convenio con los promotores para urbanizar los acantilados y a mitad de año comienzan los desmontes. Entonces, a petición de la plataforma en defensa de los acantilados de Aguadulce, la Junta revisó todo el expediente: el 26 de julio de 2005 detectó una decena de irregularidades y en 2006 decidió no recurrir el plan. A cambio, SOS Acantilados y la Junta han ido recurriendo a los tribunales todos los actos siguientes, pero las obras siguen con permiso de los jueces, ya que el trámite principal, el plan parcial, está vigente.
LA MANGA DEL MAR MENOR Ganando terreno al mar
En los 45 ayuntamientos de Murcia hay suelo recalificado para 800.000 nuevas viviendas. La zona más saturada es el Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa, un espacio protegido junto al que hay previstas 200.000 casas. El Mar Menor está delimitado por La Manga, una lengua de tierra única. Pero ya está tan construida que el Gobierno regional, del PP, en contra de sus servicios jurídicos, autorizó un complejo con un gran puerto deportivo en terreno ganado al mar. El Tribunal Superior de Murcia ha paralizado cautelarmente la obra, llamada Puertomayor. El número tres del PP, Antonio Sánchez Carrillo, era consejero de la empresa. La obra estaba amparada en una licencia de 1975. La urbanización y la agricultura ha aumentado tanto los vertidos a la laguna que han proliferado millones de medusas.
LANZAROTE El Algarrobico canario
A cientos de kilómetros del Mediterráneo, en medio del Atlántico, sobre la misma Playa Blanca, en Yaiza (Lanzarote), se ha levantado un hotel de 640 plazas que invade el dominio público, linda con el parque protegido de Los Ajaches y tiene siete alturas, cuando sólo se permiten cuatro. La Fundación César Manrique recurrió la licencia y el 15 de enero de 2007 fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado el trámite para expropiar y derribar el edificio, ocupado por turistas que desconocen la ilegalidad.
El alcalde que concedió la licencia, José Francisco Reyes (antes Coalición Canaria, ahora Partido Nacionalista de Lanzarote), está denunciado desde el pasado diciembre por la Fiscalía por delitos urbanísticos y prevaricación. Se presenta a las municipales.
La licencia anulada fue concedida a la empresa Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia SL, que posteriormente la traspasó a Papagayo Arenas SL. El Cabildo insular de Lanzarote, que también recurrió las licencias, denuncia "una estrategia coordinada en los ayuntamientos de Yaiza y Teguise para autorizar la ejecución de enormes complejos turísticos obviando el Plan Insular", lo que supone más de 12.000 camas hoteleras ilegales. Entre otros vínculos familiares entre responsables de la empresa y municipales, el arquitecto del hotel, Ángel García Puertas, había sido años antes el arquitecto de la Oficina Técnica Municipal de Yaiza, según el Cabildo. Reyes y el alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández (antes del PIL y ahora de CC), estaba citado en el juzgado para mañana, pero se aplazó por las elecciones.
* Información de Sofía Menéndez, Rafael Méndez y Tono Calleja.
* ELPAIS.com - Madrid - 24/05/2007
Foto: obras PuertoMayor (Murcia) /laverdad.es
Un juez paraliza el mayor PAI, en Jijona, por «no encajar con el interés público»
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B.SIRVENT.- LaVerdad* : "El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha fallado contra el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Jijona y la promotora Construcciones Valencia Constitución SL en el mes de noviembre del año 2005 para recalificar algo más de siete millones de metros cuadrados en uno de los principales secarrales de España. El PAI El Espartal es el mayor en extensión de casi el centenar que hay proyectados y en tramitación en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Este plan urbanístico, además, está siendo investigado por un juez de Instrucción de San Vicente, que ha abierto recientemente diligencias, por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de coacciones al denunciar la oposición socialista que el Ayuntamiento gobernado por Rosa Verdú, del PP, contrató al mismo abogado que representaba a esta promotora para la gestión del suelo y el desarrollo del concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana.
El titular de la sala de lo Contencioso, Ricardo Estévez, en fallo notificado hace dos días y emitido el 15 de mayo, dictamina, en relación al convenio entre el Consistorio y la promotora con sede en Valencia, que «su carácter marcadamente privado encuentra difícil encaje en los intereses públicos, que han de satisfacerse mediante los convenios en general y los urbanísticos en particular». El PSPV, a través de su portavoz y candidato a la alcaldía, Ferran Verdú, uno de los cinco ediles del grupo socialista que presentó el recurso hace año y medio, alerta de que no sirve ya el concierto del PGOU, que en su día presentó el equipo de gobierno ante la comisión provincial de urbanismo y cuya elaboración estaba ligada al desarrollo del PAI El Espartal.
De hecho, el fallo dice textualmente, tras estimar el recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 26 de enero del 2006, de la alcaldesa Rosa Verdú, desestimatoria del recurso de reposición contra el acuerdo de la junta de gobierno del mes de noviembre anterior (cuando se aprueba el convenio con la promotora privada): «Acto que declaro nulo y sin efecto por no ser conforme a Derecho». En la práctica, el mayor plan urbanístico de la Comunidad Valenciana queda paralizado, así como la petición para recalificar como urbanizable casi 7,5 millones de metros cuadrados.
Apelación al TSJ
El fallo que estima el recurso contencioso-administrativo, sobre el que los demandados pueden interponer recurso de apelación ante el mismo juzgado y para su resolución por la Sala de lo Contencioso del TSJ de la Comunidad Valenciana, fundamenta que el Ayuntamiento «debería promover una convocatoria pública respetuosa con los principios de concurrencia y publicidad, ya que no se trata de una concesión graciosa del aspirante urbanizador, sino de la anticipación de unos gastos que finalmente habrán de ser satisfechos por los propietarios del sector».
El acto administrativo impugnado es la aprobación de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento jijonenco y Construcciones Valencia Constitución para la gestión de suelo y la tramitación del concierto previo. El mayor plan urbanístico de la Comunidad Valenciana prevé la construcción de 5.400 viviendas y un campo de golf. Los socialistas jijonencos alegaban que su ejecución conllevaría una recalificación de terrenos al margen del actual PGOU de Jijona.
El secretario de Urbanismo y Vivienda del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, consideró, en declaraciones que recoge Efe, que el fallo «demuestra, una vez más, que es hora de cambiar este tipo de urbanismo, porque el modelo del PP no sólo destruye nuestro territorio, sino que, además, es ilegal». Según Burriel, el modelo urbanístico del Consell de Camps «da inseguridad jurídica a ciudadanos y empresarios y prueba de ello es que cada vez hay más sentencias condenatorias».
* La Verdad - 24 de mayo de 2007
Foto: RECREACIÓN. Chalés con campo de golf al fondo. / L. V. /laverdad.es
El cemento releva al 'Prestige'
P.OBELLEIRO.- El País* : "Si se le pregunta a un andaluz, un catalán o un madrileño por algún titular llamativo de las elecciones municipales de 2003, sin duda citaría el avance del PP en la Costa da Morte, una de las más castigadas por la catástrofe del Prestige, ocurrida seis meses antes. Aquellos resultados chocaron con la imagen de semanas previas de contestación social sin precedente contra la gestión de la crisis de los gobiernos de Aznar y de Fraga. Hoy el fuel ha dejado paso al cemento, que centra con una inusitada virulencia la disputa de las elecciones del domingo. A favor o en contra de la moratoria de la Xunta para construir en el litoral, todas las opciones políticas coinciden en que quizás llegue tarde para este rincón de la península. Los carteles de los candidatos a estos comicios compiten en el paisaje de la Costa da Morte con anuncios de venta o alquileres de apartamentos y el perfil de innumerables grúas.
El urbanismo está "en boca de todos", confirman políticos locales de todas las ideologías. Y no sólo porque destroza el paisaje y los recursos naturales de una comarca muy subsidiada que, sin industria, aún vive esencialmente del mar y la pesca. O porque arruina las perspectivas de organizar un sector turístico que constituiría una alternativa económica. El urbanismo preocupa, en esta campaña, esencialmente porque, como en todo, toca al bolsillo de cada uno.
Desaparecieron las sustanciosas ayudas por el Prestige y las contrataciones masivas en las cuadrillas de limpieza del chapapote que, para el PSOE, fueron el principal aporte de votos al PP en 2003. Marineros y mariscadoras llegaban a ganar más que faenando, reconoció el alcalde de Muxía, Antonio Blanco (PP). Cuatro años después, el bum urbanístico disparó los precios del mercado inmobiliario y los pisos de tanta nueva construcción ya no están al alcance del poder adquisitivo de la mayoría de los habitantes de la Costa da Morte.
Los jóvenes, ya penalizados por la escasez de empleo, son los más perjudicados. Comprar una vivienda en su pueblo resulta inviable. "Para la gente de aquí, pagar 30 o 35 millones de las antiguas pesetas por un piso es una barbaridad. Los compran los de Madrid o Bilbao, no los de aquí", corrobora Rafael Suárez Lema, un abogado treintañero que se estrena en la política como cartel electoral del PP en Ares, una de las pocas localidades de la comarca en las que los socialistas lograron hace cuatro años una cómoda mayoría absoluta.
En esta villa de paradisiacas playas, el "urbanismo desenfrenado", denuncia Suárez, también está en primera línea del rifi-rafe electoral, después de que la Xunta informase en contra del proyecto municipal de ordenación por planificar excesiva construcción. La presión urbanística es consecuencia directa de la marea negra del Prestige, cuya repercusión mediática desveló una costa tan bella como sin explotar. Un diamante en bruto que avivó todas las codicias.
Al amparo del desierto de regulación y normas urbanísticas que caracteriza todos los municipios de la zona, se desató la construcción desenfrenada de urbanizaciones residenciales pese a que no cesó de caer la población. En un año, la comarca perdió mil habitantes pero su costa se vistió de hileras de edificios vendidos fuera de Galicia que sólo se ocupan dos meses al año. "Y todas requieren servicios" que merman los ya exiguos presupuestos municipales e impiden dedicar el dinero a generar riqueza en los pueblos, alerta el presidente de los profesionales del turismo en A Costa da Morte, Manuel Pan.
El triángulo que conforman Fisterra, Cee y Muxía, y que en 2003 Mariano Rajoy, entonces vicepresidente del Gobierno al mando de la gestión del Prestige, convirtió en "símbolo" electoral tras lograr sus tres alcaldes del PP mayorías absolutas, encabeza hoy en Galicia los índices de la construcción.
El 444% de Fisterra
En Fisterra la edificación ha aumentado un 444% en los dos últimos años. Más al norte, en Malpica (PSOE), también se multiplica. Tres urbanizaciones en esta localidad y unas 400 viviendas a pie de playa en la carretera de entrada a Fisterra, gobernada por el PP, están en los tribunales. En Cee, la fiebre por construir en un relleno abrió otra polémica, a golpe de riadas. Los negocios inmobiliarios del hijo del alcalde de Cee y un sobrino del de Muxía, ambos asociados a uno de los constructores más dinámicos de la comarca, alimentan la controversia.
Ningún partido escapa a las denuncias. En Corcubión, la playa de Quenxe ilustra desde hace años la destrucción de la costa. Apeado en 2003 de la alcaldía tras 24 años, Rafael Mouzo, del BNG, hoy de nuevo candidato, aprovechó sus últimos días en el cargo para dar licencia para construir una nueva urbanización. La paralizó su sucesor.
* ELPAIS.com - A Coruña - 23/05/2007
Foto: Fisterra /centros.edu.xunta.es
El Tribunal Supremo desbarata un plan urbanístico en el campo de tiro y el cementerio de Salamanca
ElConfidencialDigital* : "En el año 2000, el Ayuntamiento de Salamanca calificó como “edificables” el campo de tiro y el cementerio de la ciudad. Ecologistas en Acción denunció el caso ante los tribunales y ganaron. Pero los planes del alcalde ‘popular’, Julián Lanzarote, siguieron adelante. Ahora, el Tribunal Supremo obliga al edil a revisar las licencias. 72 promociones de viviendas están en el aire. Ni el campo de tiro ni el cementerio católico de Salamanca son edificables. Así lo acaba de certificar el Tribunal Supremo a través de una sentencia en la que rechaza, de plano, el recurso interpuesto por el consistorio.
Esta era la última baza del alcalde para anular otra sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anulaba los convenios urbanísticos suscritos hace siete años por el ayuntamiento con la Diócesis salmantina y la sociedad Campo de Tiro y Deportes, para dotar de edificabilidad al camposanto y al club de elite. Entre los socios y miembros de la Junta Directiva de esta sociedad figura, por cierto, el propio alcalde del PP, Julián Lanzarote.
El Supremo no sólo ha quitado la razón al regidor sino que le obliga a revisar las licencias concedidas tras la sentencia del TSJ. Se trata de la consecuencia más drástica de la resolución judicial pues, según fuentes jurídicas, unas 72 viviendas están en peligro de ser declaradas ahora “ilegales”.
En una breve conversación mantenida con El Confidencial Digital, el consistorio ha minimizado el daño y perjuicio de la resolución aludiendo a un voto particular contenido en la sentencia del TSJ, que impedía la revisión de las licencias concedidas tras los acuerdos por ser “firmes”.
Del cumplimiento de dicha resolución estará vigilante la organización Ecologistas en Acción que fue la que denunció ante los tribunales dichos acuerdos. De hecho, han manifestado ya su intención de investigar las licencias concedidas tras la suspensión de los convenios.
La sentencia, apunta esta ONG, es sólo un ejemplo de “la caótica e interesada” gestión urbanística del alcalde del PP en Salamanca, Julián Lanzarote, que regenta la alcaldía desde 1995 con mayoría absoluta.
“Lo que ocurre en Marbella puede quedar pequeño comparado con lo que lleva años ocurriendo en esta ciudad”, añade por su parte el candidato de Izquierda Unida a las elecciones, Ángel Gamazo.
* El Confidencial Digital - 23 DE MAYO DE 2007
Foto: Salamanca /bibliotecaspublicas.es
Balance del urbanismo en Madrid: crecimiento salvaje y 153.000 casas prometidas
T.ESCÁRRAGA.- 20minutos* : "El urbanismo desmedido, el Plan Joven y la dimisión de un alto cargo de Aguirre marcan los últimos cuatro años. La cesión a la Consejería de Medio Ambiente de las competencias de vivienda y urbanismo; la creación de la Oficina de Vivienda; la construcción de 153.000 casas hasta 2008; los escándalos por el desmesurado crecimiento de algunos municipios y la dimisión del director general de Urbanismo bajo sospechas de corrupción han marcado la legislatura de Esperanza Aguirre en esta materia.
¿Qué se ha hecho?
Uno de los principales logros que exhibe la Consejería de Medio Ambiente es el Plan Joven, que prevé 79.000 casas para menores de 35 años en régimen de alquiler con opción a compra.
Vivienda
El Plan Joven no ha estado exento de polémica. De hecho, un error hizo que la Comunidad tuviera que dar marcha atrás el pasado año y conceder a más de 500 personas las viviendas que les había quitado a pesar de haber resultado ganadores en un sorteo en Móstoles.
Según la Consejería, en esta legislatura se han puesto en marcha 80.000 viviendas protegidas y se han terminado 46.000, lo que convierte a Madrid en una de las regiones donde más casas públicas se construyen.
Urbanismo
La organización Ecologistas en Acción calcula que Madrid se quedará sin suelo urbanizable en 18 años si se aprueban los planes urbanísticos previstos por algunos municipios.
Hay casos en los que el número de habitantes se multiplicaría por 15, como ocurre en Quijorna, donde gobiernan juntos PSOE y PP, un municipio cercano al polémico desdoblamiento de la M-501, la carretera de Los Pantanos. Alrededor de esta vía se pasará de 20.000 a 80.000 residentes.
Corrupción
La corrupción urbanística ha salpicado a los dos grandes partidos.
La hasta ahora única baja política forzada del equipo de Esperanza Aguirre se produjo en octubre de 2006. El director general de Urbanismo, Enrique Porto, dimitió ante las sospechas de que recalificó a la carta terrenos para su beneficio.
Los escándalos también han salpicado al alcalde de Torrejón, del PP, y a un regidor y un ex alcalde de Ciempozuelos (PSOE).
* 20minutos.es - 26.04.2007
Foto: Madrid inicio nuevas torres ciudad deportiva /20minutos.es
"Estoy harto de pagar comisiones a todos los que quieren participar en este pastel"
F.MERCADO.- El País* : "Las últimas detenciones relacionadas con las tramas de corrupción de los ayuntamientos canarios de Telde y Mogán (un técnico de urbanismo y cuatro directivos de empresas) parten del minucioso relato de un arrepentido que consta en el sumario del caso. El arrepentido, relacionado con esta trama, fue testigo del pago de comisiones ilegales por parte de un promotor inmobiliario a ediles populares y técnicos de Telde y de cómo financió ilegalmente actos organizados por el PP en Mogán (un mitin de Mariano Rajoy en 2005 y un concierto de Miguel Ríos). Todo ello, a cambio de la concesión, mediante concursos amañados, de la construcción de miles de viviendas de protección oficial -el promotor proyectó hasta 20.000- cuyos precios inflaba artificialmente.
El explosivo relato del arrepentido, con el que el juez ordenó las detenciones, se soporta en una ingente documentación aportada al sumario y en poder de este diario.
Su confesión acusa al promotor José Manuel Antón Marín, dueño del Grupo Europa, detenido e imputado, cuyas irregularidades denunció meses atrás Canarias Ahora. El plan de Antón consistía en construir para ayuntamientos canarios miles de viviendas de protección oficial. A cambio de que le dieran suelo gratuito y le permitieran inflar los precios de las casas, el promotor, según el arrepentido, les ofrecía comisiones y un magnífico triunfo electoral: miles de viviendas sociales que podían garantizarles miles de votos. Para ello, en 2001, Antón contacta con Jorge Rodríguez Pérez, portavoz del PP en el Parlamento canario, candidato autonómico número tres por Gran Canaria y ex concejal de Urbanismo de Las Palmas.
- Dinero para el "introductor". El arrepentido detalla las reuniones entre ambos junto a la sede del PP en Las Palmas, en las que "supuestamente se pagaban ciertas cantidades de dinero a Jorge Rodríguez Pérez por su papel de introductor en los ayuntamientos que eran gobernados por el partido al que pertenece". "En esa época, periódicamente, Antón trae grandes cantidades de dinero en efectivo. Ese dinero servía para pagar favores políticos. Antón comentaba que Jorge Rodríguez estaba en nómina".
- Facturas de pagos a un político del PP. El denunciante aporta facturas de pagos a este político del PP por supuestas labores de consultoría. Y explica cómo gracias al paraguas de este cargo popular, Antón introduce sus proyectos en diversos municipios bajo control del PP, por ejemplo, Telde.
- "Lo de Canarias es una pasada, aquí piden todos". Tras una primera entrevista gestada por Rodríguez, Antón se reunió media docena de veces en una cafetería con la concejal de Obras de Telde, Toñi Torres, imputada como presunta cerebro de la trama de corrupción. Antón le "entregó en una funda plástica los pliegos de condiciones para el concurso que debía realizarse [para VPO], además había un sobre con dinero, como adelanto para las gestiones". Antón, tras la reunión, se quejó en los siguientes términos: "Lo de Canarias era una pasada, que era mucho más que en la Península, pues aquí pedían todos, mientras que fuera sólo pide el de arriba". Antón explicaba a sus íntimos que el truco para ganar dinero con sus inversiones es que el suelo le saldría gratis y, sin embargo, le imputaría un coste. Y de aquí "se podrán obtener grandes beneficios que serán repartidos por ambas partes y por los que se cubrirán los adelantos de pago a Toñi Torres y a otros políticos y funcionarios". El "beneficio ilícito" previsto en Telde con sólo dos promociones en marcha suponía un 10% del total del volumen de negocio (2,2 millones de euros). Y otro tanto referido al municipio de Mogán.
Antón, con el beneplácito de sus cómplices municipales, multiplicaba por cuatro el coste de edificación en Telde y por seis en Mogán. El denunciante fue testigo de cómo se amañaban los concursos en ambos municipios para que la adjudicataria fuese el Grupo Europa.
Las entregas de sobres con dinero se sucedían ante sus ojos. Antón seguía quejándose de la voracidad de los políticos. "Está harto de pagar comisiones a Toñi Torres y a toda la gente que quiere participar en este pastel a repartir por medio del gasto imputado a suelo gratuito. Dice que en Telde no sólo es a ella a la que hay que pagar comisiones de dinero para poder lograr sus objetivos finales".
- 30.000 euros a un técnico urbanístico. Y seguían los pagos a Jorge Rodríguez. Antón confesaba que "estaba pagándole por sus negociaciones unos 6.000 euros mensuales, por lo que era necesario agilizar o concretar en el menor tiempo las actuaciones para rentabilizar las sangrías periódicas de los políticos menores". El denunciante ejemplifica cómo un técnico urbanístico de Telde cobró 30.000 euros por amañar el concurso.
Pese a todas las voluntades compradas, el proyecto de Antón se atasca en Telde. Toñi Torres le "comenta que hay que engolosinar a AFV/Ciuca, pues todo el tema del suelo está controlado por Urbanismo, cuyo responsable político es Guillermo Reyes, circunstancia que le servía a Toñi para pedirle más dinero". Posteriormente, Toñi le indica que para desbloquearlo tiene que sobornar a dos funcionarios de Urbanismo. Antón envía un sobre con 30.000 euros a uno de ellos, quien al contar su contenido, exclama: "¿Y lo mío?". Hubo que preparar otro sobre con igual cantidad. Poco después, se liberaban las dos licencias.
"En lo que respecta a Telde, las comisiones ilegales en dinero B en efectivo que se pagaron antes del inicio de los proyectos fueron para Toñi Torres, y Jorge Rodríguez [diputado popular], y José Luis Mena [técnico ya detenido]". "Los pagos totales [ilegales] que llegó a realizar el Grupo Europa en Telde ascendieron a 240.000 euros, según se refleja en el apartado otros gastos de la contabilidad".
La Operación Faycan contra la corrupción en Telde, que arrancó en marzo de 2006, supuso la detención de todo el equipo municipal del PP incluyendo al alcalde Francisco Valido. El escándalo provocó la paralización del proyecto urbanístico del Grupo Europa: 700 viviendas, de las que sólo se habían iniciado un 10%. Antón urge los buenos oficios de Jorge Rodríguez. El portavoz popular logra una entrevista del empresario con el regidor. "La reunión con el alcalde no lleva a nada. Antón comenta que Rodríguez le ha dicho que "en el partido le pondrán las pilas al alcalde Valido, sin que tal circunstancia se produjera finalmente". Las licencias se bloquean.
- "El amaño del concurso lo llevaban el alcalde y la concejal". El portavoz popular en el Parlamento canario introdujo a Antón en el equipo de Gobierno de Mogán, también del PP. Y se suceden las entrevistas con el alcalde, Francisco González, y la edil Onalia Bueno, ambos posteriormente imputados en un nuevo caso de corrupción. "El proceder es idéntico a Telde, y ya todo está previamente pactado. Todo el asunto de amañar el concurso lo llevan directamente Antón, Onalia y el alcalde". El proyecto sumaba 150 viviendas de protección oficial. A cambio, se pagaron los actos que exigió Onalia, un mitin del PP y un concierto.
* ELPAIS.com - Madrid - 23/05/2007
Foto: Mogan /puertosdecanarias.com
Anticorrupción solicita que testifique el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante
R.F.- Levante* : "El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha pedido al juez que investiga en Alicante el caso de los aparcamientos que tome declaración en calidad de testigos a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local, según confirmaron fuentes próximas al caso. El fiscal también ha solicitado una nueva prueba pericial para determinar si los sobrecostes de 2,2 millones de euros en las obras están justificados. Esquerra Unida, que está personada en la causa como acusación particular, también ha reclamado la toma de declaración de todos los miembros de la Junta de Gobierno Local, aunque en calidad de imputados.
El juez que investiga el caso, Jesús Gómez Angulo, se ha reincorporado esta semana al juzgado tras estar tres semanas de baja por una intervención quirúrgica. El magistrado debe decidir ahora si acepta las pruebas propuestas por las partes o considera que ya tiene suficiente con lo instruido. El juez puede seguir adelante con la causa, archivarla o dictar un sobreseimiento parcial sobre alguno de los imputados. Las acusaciones están convencidas de que el caso seguirá adelante.
El fiscal Anticorrupción y Esquerra Unida han pedido que presten declaración todos los miembros de la Junta de Gobierno Local de Alicante porque aprobaron la modificación del contrato para la construcción y explotación de los tres aparcamientos públicos, además del alcalde, Luis Díaz Alperi, y de los ediles de Urbanismo, Sonia Castedo, y Tráfico, Luis Concepción.
Casas de los hijos de Alperi
Los ediles que podrían ser citados a declarar son Pedro Romero, Pablo Suárez, Juan Zaragoza, Asunción Sánchez Zaplana, Andrés Lloret, además de Juan Rodríguez Marín y María Teresa Revenga, ambos miembros no concejales de la Junta de Gobierno Local. El juez también se tiene que pronunciar sobre las casas que ocupan los hijos de Alperi. El abogado de José Luis Valdés, candidato a la Alcaldía por Vecinos por Alicante, pidió la semana pasada al juez que instruye el caso de los aparcamientos que investigue más a fondo las casas construidas por una empresa de Ortiz que disfrutan los hijos de Alperi. El constructor difundió que las viviendas no eran de su propiedad, ya que pertenecían a su socio. El letrado de Valdés solicitó que sea citado a declarar Aurelio González Villarejo, socio de Ortiz, para que informe sobre si era propietario de la vivienda que utilizó uno de los hijos de Alperi. Además, reclamó que la empresa del socio del constructor aclare si autorizó a otra hija de Alperi a vivir en otra de las casas hechas por la empresa de Ortiz y González Villarejo.
En el caso están imputados el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, el edil de tráfico, Luis Concepción, la de Urbanismo, Sonia Castedo, el técnico municipal Antonio Escobedo, el constructor Enrique Ortiz, y su apoderado, Santiago Bernáldez. El asunto probablemente pasará a manos del TSJ en las próximas semanas al haber incluido el PP al alcalde en las listas autonómicas.
* Levante-EMV - Alicante - 23 de mayo de 2007
Foto: alicante ayuntamiento /alicante-ayto.es
La Costa del Sol está enladrillada
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D.NARVÁEZ.- El País* : "La hipertrofia urbanística que ha vivido la provincia de Málaga en la última década -313.000 viviendas entre 1996 y 2005- ha acabado por enterrar la Costa del Sol bajo un muro de hormigón. Los espacios libres en los 90 kilómetros de litoral entre Málaga capital y Manilva, en el límite con Cádiz, son escasos y el territorio, de clima privilegiado, padece ya las consecuencias del desarrollo caótico: problemas de tráfico, abastecimiento, residuos e inseguridad. El problema no se limita a Marbella, se extiende a Mijas, Fuengirola y Estepona, y amenaza con saltar a la segunda línea de costa. El Plan de Ordenación del Territorio elaborado por la Junta de Andalucía prevé que en 2015 Benahavís pasará de los 2.860 habitantes actuales a 67.000 residentes. Y Mijas alcanzará los 475.000 habitantes en ocho años.
El intenso desarrollo urbanístico, con crecimientos que dejan pequeño al boom inmobiliario de los años setenta, y la masificación que sufre la Costa del Sol, suponen una amenaza para uno de los motores turísticos de Andalucía y España, según el documento de diagnóstico del Plan de Recualificación Turística de la Costa del Sol.
El fenómeno parece no tener freno. El documento del Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol Occidental estima que la población de los nueve municipios que abarca casi se triplicará en el horizonte de una década, y alcanzará los 1,7 millones de personas. El equipo redactor del plan parte de la base de que ya hay suelo calificado suficiente para este desarrollo residencial, por lo que incide en la preservación de espacios libres y la dotación de equipamientos adecuados a una gran urbe de tamaña dimensión. El plan identifica reservas estratégicas para la restauración paisajística y parques públicos y aumenta al doble el espacio protegido declarado ahora en la Costa del Sol.
Para frenar la expansión y evitar el salto a la llamada segunda línea de desarrollo, pone como límite del crecimiento la frontera que delimita el trazado de la autopista AP-7, por encima de la cual sólo se permitirán en algunos casos determinadas construcciones de baja densidad (0,1 metros de techo por metro cuadrado de superficie).
MIJAS Segunda urbe tras Marbella
Gobernada por el PSOE desde 1979, esta ciudad, que dispone de 14 kilómetros de costa y un amplio término municipal, ha dejado de ser el pequeño pueblo blanco típico de excursión obligada para los turistas (son muy populares sus burrotaxis) para convertirse en una ciudad residencial en la que aproximadamente la mitad de su censo es extranjero. Se estima que actualmente viven en Mijas unas 114.000 personas, aunque su censo es casi la mitad, y que en el 2015 podría alcanzar 475.000 habitantes, lo que la convertiría en la segunda urbe de la zona tras Marbella. La extensión de su huella urbana hacia el interior es especialmente llamativa desde la AP-7.
FUENGIROLA Crecimiento limitado
Las expectativas de crecimiento de Fuengirola son más limitadas porque se trata de un término municipal muy pequeño en el que prácticamente se ha agotado el suelo disponible. Con un censo de 57.000 habitantes, la población real se estima en 121.000 personas que, con los planes previstos, podrían alcanzar los 205.000 dentro de 10 años. Desde 1991 la ciudad está gobernada por el PP con holgadas mayorías absolutas. Recientemente, el PSOE ha denunciado en la fiscalía presuntas irregularidades en el desarrollo de un plan parcial de las que se habría beneficiado una sociedad vinculada al ex concejal de Urbanismo Guillermo Rodríguez.
ESTEPONA 80.000 nuevas viviendas
Aunque el desarrollo urbanístico se inició en Estepona más tarde que en otras ciudades de la Costa del Sol, su crecimiento en los últimos años ha sido imparable y cuenta ya con unos 91.000 residentes. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en tramitación contempla más de 80.000 nuevas viviendas, de forma que en una década podría superar los 316.000 residentes. Gobernada en los últimos cuatro años por el PSOE en coalición con un grupo independiente surgido de la descomposición del GIL, entre 1995 y 1999 tuvo como alcalde a Jesús Gil Marín, hijo del fundador del partido, etapa de la que están pendientes de aclaración en el Tribunal de Cuentas varias operaciones urbanísticas que supusieron una importante pérdida patrimonial para la ciudad.
MANILVA El objetivo inmobiliario
Al municipio más occidental de la Costa del Sol se ha trasladado en los últimos años la presión de inmobiliarias y constructoras que buscaban nuevas zonas de desarrollo. La recalificación de una finca de 1,3 millones de metros cuadrados que benefició a dos sociedades implicadas en la Operación Ballena Blanca motivó en 2005 la detención y dimisión de su ex alcalde Pedro Tirado, imputado por cohecho y delito urbanístico. Desde entonces ha estado gobernada por Salvador Zotano, que encabeza ahora la candidatura del PSOE.
* ELPAIS.com - Málaga - 23/05/2007
Foto: Benalmádena Costa /J.ROJAS - ELPAIS.com
