300.000 billetes de 500 euros falsos contra la especulación del suelo

EuropaPress* : "La Coordinadora en Defensa del Territorio, integrada por más de 600 colectivos de toda España, ha repartido hoy 300.000 billetes falsos de 500 euros en varias capitales para convocar a la manifestación organizada del próximo 5 de mayo en contra de la especulación urbanística, que en Madrid partirá de la plaza de Atocha desde las siete de la tarde. Los billetes llevan impreso en la parte de atrás el lema de la marcha, 'La especulación urbanística es uno de los problemas más graves del Estado Español, contra la especulación y la corrupción en defensa del territorio, por una vivienda digna' según informó la coordinadora en un comunicado.

El reparto de panfletos con forma de moneda en curso es también una denuncia, explican los organizadores, que pretenden incidir con la iniciativa en que 300.000 de estas copias "constituyen menos de la milésima parte de los más de 300 millones de billetes que circulan en España vinculados a la corrupción urbanística".

La convocatoria de manifestación ya ha sido secundada en nueve capitales españolas, donde las diferentes organizaciones que forman parte de la coordinadora saldrán a las calles en una movilización estatal que tendrá como protagonista el dinero falso y la "alegría" por el reciente "desplome" en la Bolsa de parte del sector inmmobiliario.
concentraciones en nueve ciudades

El portavoz de la coordinadora, Jaime del Val, afirma que la especulación urbanística se ha convertido en el problema más grave del Estado Español y exige al Gobierno de la Nación actuaciones urgentes "para erradicar este problema por sus consecuencias medioambientales, sociales, económicas y políticas".

La manifestación, que se desarrollará al mismo tiempo en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Almería, Salamanca, La Coruña, Santiago de Compostela, Marbella, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, pretende concienciar a los ciudadanos que la corrupción urbanística "supone una amenaza sin procedentes a la democracia que devasta de forma irreversible el territorio, haciendo inaccesible la vivienda para casi todos, sumiendo a la sociedad en la precariedad".

Del Val apunta que para frenar esta situación es necesario elaborar "un plan integral y drástico que elimine todas las figuras legales que favorezcan la especulación, una ley rápida más efectiva contra los abusos urbanísticos y medioambientales y la aplicación de la legislación con sentencias ejemplares".

Asimismo, la coordinadora ciudadana 'En Defensa del Territorio' solicita a las distintas Administraciones públicas en un manifesto que aprueben una moratoria general de recalificación, que limiten urbanizar en más del 10% del suelo urbano existente en cada municipio y la retirada de competencias urbanísticas a los municipios y comunidades autónomas "que promuevan el urbanismo salvaje".

"Nada de esto se está fomentando desde el Gobierno. Las medidas adoptadas hasta ahora son tibias, totalmente insuficientes, son meras pantallas electoralistas y no sirvan para atajar al situación; todo porque los partidos políticos no quieren dejar de financiarse con la construcción y los corruptos no quieren dejar de robar", añadieron los convocantes.

Los manifestantes repartirán hasta el sábado 300.000 fotocopias de billetes de 500 euros, "una milésima parte de los que hoy circulan en España", una iniciativa para demostrar que España "se ha convertido en uno de los primeros países del mundo en lavado de dinero negro, que procede fundamentalmente del negocio inmobiliario", señala Del Val.



*El Mundo - Su Vivienda - 03/05/2007


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El Supremo condena al Ayuntamiento de Valencia por no destinar a VPO una venta de suelo

D.BARCALA.- El País* : "El pasado sábado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, prometía la construcción de 18.000 viviendas de protección oficial (VPO) durante los próximas 4 años. Ayer se supo que una sentencia del Tribunal Supremo condenaba al Ayuntamiento de Valencia por gastar 14 millones de euros obtenidos con la venta de suelo municipal en 2000 en equipamientos, en lugar de invertir el dinero en viviendas protegidas o comprar suelo para el patrimonio municipal, como obliga la ley. Alicante y Calpe, también gobernados por el PP, ya fueron condenados por el mismo motivo.

La sentencia, publicada el pasado 27 de marzo, recuerda al Ayuntamiento de Valencia que en octubre de 2000 rechazó una moción del PSPV que alertaba de la ilegalidad de la subasta pública. La oposición denunció que la venta debía ser comunicada a la Generalitat y que al formar parte la parcela del Patrimonio Municipal del Suelo debía dedicarse exclusivamente a viviendas protegidas (VPO). El gobierno municipal rechazó aquella moción y siguió adelante con la subasta. El PSPV acudió al Tribunal Superior de Justicia, que le dio la razón en 2003. El equipo de la alcaldesa, Rita Barberá, recurrió al Tribunal Supremo, que tres años después condena definitivamente al Consistorio.

Una empresa del Grupo Lubasa, Construcciones Lidon, pagó por la parcela 14 millones de euros, el doble del precio de salida de la subasta pública. Sobre el suelo edificó más de 150 viviendas que fueron vendidas a particulares que, en ningún momento conocían el origen supuestamente ilegal de la operación. "¿Qué pasa ahora con los propietarios?", reprochó ayer Rafael Rubio, portavoz municipal del PSPV, al equipo de Barberá. Para evitar el daño a los compradores, el Ayuntamiento tendrá que reparar con una partida presupuestaria el dinero que no dedicó a vivienda protegida. Alfonso Grau, concejal responsable de la operación, descartó una ampliación presupuestaria. "Esa misma cantidad se repondrá también mediante los fines que establece el fallo judicial", aseguró Grau, que no explicó cómo lo hará.

Para Rubio, el elevado precio pagado en la subasta supuso una subida del coste de la vivienda en la zona. Un problema al que Barberá no puso freno con la construcción de VPO, puesto que el dinero obtenido fue dedicado a equipamientos públicos, como reconoció ayer el propio Grau. El Ayuntamiento de Valencia ha recaudado, en los últimos cuatro años, 70 millones de euros de la venta de suelo municipal. "Sólo han dedicado un pequeño porcentaje a la construcción de VPO", señaló Rubio. "Prometieron 9.000 viviendas protegidas y sólo han licitado 1.100", criticó. A pesar de ello, Rita Barberá prometió el pasado sábado 18.000 nuevos pisos de protección oficial.

El desvío del dinero que la ley exige que se destine a VPO a gastos municipales corrientes por parte de corporaciones municipales dirigidas por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha sido condenado en otras ocasiones por la justicia.

El Tribunal Supremo obligó el pasado diciembre al Ayuntamiento de Alicante a destinar 8,6 millones de euros recaudados de la venta de suelo municipal en 1.998 a viviendas sociales. En este caso, la denuncia partió de la iniciativa de un vecino que denunció el irregular uso del dinero obtenido por parte del equipo del alcalde del PP, Luis Díaz Alperi. El Consistorio de Alicante utilizó el dinero para comprar un antiguo cuartel donde prevé construir la Ciudad de la Justicia.

En Calp, el gobierno municipal acumula cinco condenas del Tribunal Superior de Justicia por destinar 7,5 millones de euros a gastos del equipo de gobierno. El alcalde de esta localidad, Javier Morató (PP), ha recurrido dos de esas cinco sentencias y ya ha adelantado que las arcas municipales no disponen de liquidez ni capacidad económica para hacer efectivas las resoluciones judiciales. Los tribunales aseguraron, en este caso, que Calp debió haber impulsado 200 VPO. Sin embargo, Morató no ha construido ninguna vivienda de este tipo en los últimos 14 años.




*ELPAIS.com - Valencia - 03/05/2007


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Sostenibilidad tecnocrática

JOSEP MARIA MONTANER* : "Cuando parece que un término como sostenibilidad ha sido aceptado; más aún, cuando ha sido asumida la gravedad de un problema planetario como el cambio climático, que afecta a todos los habitantes de la tierra, conviene revisar las soluciones que se pretenden aportar para conseguir un mundo y unas ciudades menos insostenibles. De hecho, la ambigüedad viene de partida en un concepto que pone énfasis en la durabilidad; que plantea cómo seguir desarrollándonos en unas sociedades opulentas sin poner en peligro los recursos del planeta, cómo frenar los estragos del progreso sin renunciar a él, y no cómo transformar un sistema productivo que lleva, irremediablemente, a la destrucción de la tierra. Por ello, cuando se plantean propuestas sostenibles son, a menudo, discutibles y, a veces, disparatadas o falsas.

El reciente encuentro de urbanistas, arquitectos, ingenieros y activistas de todos los continentes promovido por el Holcim Forum for Sustainable Construction en Shanghai (China), que se ha celebrado del 18 al 21 de abril, dedicado a la transformación sostenible de las ciudades, ha permitido comprobar, de nuevo, la gran diversidad de propuestas que se engloban en la idea de ciudad sostenible. Partiendo ya de algo tan paradójico como que se debatiera en una ciudad tan insostenible como la metrópolis de Shanghai, un ejemplo puro de la "ciudad genérica" sobre la que ha escrito con tanta lucidez Rem Koolhaas: desbordante, sin atributos ni calidad, basada en la multiplicación de los rascacielos, hecha a base de la destrucción del tejido histórico, el consumo continuo de los campos de cultivo y el desplazamiento forzoso de grandes masas de habitantes.

Se podría establecer que las conferencias y comunicaciones se centraban en tres tipos de concepciones de urbanismo sostenible: aquellas que insistían en los aspectos más sociales y humanos, recuperando el sentido común y los valores comunitarios, recurriendo a la participación y a la democracia local y, por tanto, en estrecha relación con la política y las estrategias del poder; aquellas que planteaban un cambio científico de métodos, de procesos de proyecto, de usos de materiales y recursos, de sistemas de cálculo de los impactos y los resultados, y de herramientas de comunicación; y aquellas más tecnológicas, que sin abandonar en absoluto la mentalidad racionalista y productivista lo ven como una nueva fase de desarrollo del sistema de mercado en la que se introducen nuevos productos pretendidamente sostenibles.

No hace falta decir que esta última es, posiblemente, la versión más discutible; la que entiende la sostenibilidad sólo desde una mentalidad tecnocrática y olvida las vertiente social y la científico-metodológica. El objetivo de la sostenibilidad sólo puede afrontarse desde el cambio de dos paradigmas: el social, no hay sostenibilidad posible sin justicia y, por tanto, el abismo entre ricos y pobres aumenta la insostenibilidad; y el metodológico y científico, ya que no hay sostenibilidad sin un cambio de paradigma hacia el pensamiento complejo y sistémico, que supere con carácter multidisciplinar las especializaciones y los compartimentos estancos, y que rechace la idea de una sosteniblidad tecnocrática basada en los kits añadidos.

Esta concepción tecnocrática plantea como solución añadir nuevos apósitos, prótesis y aditamientos tecnológicos e informáticos a unas construcciones que malgastan recursos, consumen territorio, arrasan campos o se aprovechan de paisajes naturales y reservas ecológicas para uso de un turismo de élite. No es ecológico explotar reservas naturales, por mucho que la nueva arquitectura sea ligera y bioclimática, proyectada por los ingenieros de Ove Arup, como se propone en la isla de Chongming en Shanghai; o eliminar las huertas supervivientes cerca de las grandes ciudades con proyectos de firmas reconocidas, por mucho que se rememoren las trazas agrarias y se coloquen después vegetación y frutales en las azoteas.

Tampoco es aceptable proponer la casa unifamiliar ecológica como alternativa. Por muy bioclimática que pudiera llegar a ser, la tipología de la casa suburbana, en el campo, en el suburbio o, lo que es aún peor, en el barrio cerrado para ricos, es totalmente insostenible, ya que mantiene la pareja infernal entre automóvil y casa unifamiliar, continuando la lógica del suburbio como ocupación territorial, que es la que ocasiona este despilfarro de energías fósiles y esta búsqueda desesperada de alternativas como la bioenergía que va a monopolizar e hipotecar amplias zonas agrarias de México, Brasil, Argentina e India.

De acuerdo con esta concepción tecnocrática, el crecimiento urbano es legitimado bajo el signo del plus ecológico; los nuevos procesos de urbanización se justifican ideológicamente con la excusa de la sostenibilidad, intentando que sus estrategias pasen inadvertidas.

Como decíamos al principio, el mismo objetivo de la sostenibilidad es ambiguo de partida: ¿Se trata de hacer lo más durable posible un mundo basado en el despilfarro, el consumo y la injusticia o de lo que se trata es de luchar por un cambio que sólo se puede producir si las fuerzas destructivas del mercado son fuertemente contrapesadas por las fuerzas sociales y por las medidas de regulación y control establecidas desde el sector público de cada país y desde los organismos internacionales? La sostenibilidad auténtica, si puede existir, más que un cambio tecnológico implica un cambio social y político.



Josep Maria Montaner es catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).




*ELPAIS.com - 03/05/2007


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Un juez investiga una denuncia por cohecho contra el alcalde y un edil de Aljaraque (Huelva)

M.J.ALBERT.- El País* : "Un juzgado de Huelva está investigando una denuncia de un constructor y ex militante del PP, Rafael Barroso, contra el alcalde de Aljaraque (Huelva), Juan Manuel Orta, y su concejal de Urbanismo, Casto Pino Galán. El empresario acusa a los políticos, ambos del PP, de cobrar comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos. El denunciante afirma que entre los dos podrían poseer un patrimonio de 60 millones de euros. Ni Orta ni Pino se presentan a la reelección el 27 de mayo. Orta negó la acusación del empresario.

El periódico Odiel Información de Huelva avanzó ayer que la denuncia fue presentada en la Fiscalía Anticorrupción y que ésta la remitió al fiscal de Huelva, que, a su vez, la envió a los juzgados onubenses.

En la denuncia, el empresario acusa a Orta y Pino de cobrar comisiones ilegales por la firma de convenios con siete empresas inmobiliarias (Minas de Tharsis, Tergolf, SL; Nuevo Corrales, SA; Galia, SA y Aliga, SA; Inversiones Aldar, SL; Grupo Prasa e Inmobiliaria Bayo). En concreto, Barroso acusa a Orta y Pino de delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, malversación, cohecho y fraude fiscal.

El denunciante pone en relación estas irregularidades con el espectacular crecimiento urbanístico que se ha vivido en Aljaraque en los últimos años Él mismo dice haber sido objeto de "chantaje" al recibir presiones para que pagase 300.000 euros en efectivo para obtener una licencia municipal de obras.

En el escrito de denuncia, el ex militante del PP afirma que las cantidades cobradas en las comisiones ilegales podrían calcularse "estableciendo el número de convenios urbanísticos, la valoración económica de los mismos, las cantidades que se establezcan por convenio y los porcentajes estipulados que son abonados directamente en metálico a los señores Orta y Pino".

El mismo Barroso considera que estas cantidades son "difíciles de calcular", pero cree verosímil que "teniendo en cuenta su nivel de vida (...) y el control férreo y personalista que ejercen sobre todo el urbanismo del municipio se les podría calcular un patrimonio personal entre ambos de unos 60 millones de euros".

Según afirma Barroso, el cobro de las comisiones ilegales era invertido en "bienes de distinta naturaleza, inmuebles, fincas urbanas, fincas rústicas, solares, acciones, fondos de inversión, y participaciones en sociedades (...) y, evidentemente para la compra de artículos y bienes de lujo, como vehículos, viajes, ocio, joyas...".

En el escrito de denuncia que investiga el juzgado de Huelva, Barroso detalla la relación de bienes que, presuntamente, Orta y Pino poseen y estima el valor de los mismos. Del regidor, Rafael Barroso desgrana una finca rústica de 35.000 metros en Aljaraque que compró en 1999 por 30.050 euros y vendió en 2003, obteniendo un beneficio de más de 300.000 euros; una parcela urbana en el mismo pueblo de 1.200 metros cuadrados por valor de 200.000 euros; un chalé de tres plantas (valorado en 600.000 euros); una vivienda en La Redondela (valorada en 200.000 euros); un solar en el mismo municipio (150.000 euros); y una vivienda en Sierra Nevada, de la que no especifica su valor.

En cuanto a Casto Pino, el denunciante afirma que, entre él y su esposa poseen un terreno rústico en Aljaraque de 21.250 metros cuadrados comprado en 1999 y cuyo valor actual sería de 255.000 euros. Además, tendrían, presuntamente, un terreno rústico de 17.000 metros cuadrados, valorado en 600.000 euros; una parcela de 1.200metros cuadrados con un chalé de 500 metros cuadrados valorados en más de un millón de euros; dos edificios industriales en el polígono La Raya, obtenidos, según Barroso, tras un pelotazo urbanístico de 12 millones de euros; un finca en Alosno valorada en más de 10 millones de euros y sendas viviendas en Punta Umbría y Huelva capital.
Negación del alcalde

Orta salió ayer al paso de la denuncia y anunció que la próxima semana va a presentar una querella criminal contra el promotor. El alcalde negó poseer "ni de lejos" las que dice Barroso, pero no quiso entrar en detalles. "No tengo por qué defenderme de unas acusaciones que son totalmente falsas", dijo.

El alcalde relaciona la denuncia con un hecho ocurrido en 2003, cuando el Ayuntamiento le prohibió a Barroso la venta de unos apartamentos en terreno rústico.

Orta recuerda que en noviembre de 2006, este promotor solicitó al Consistorio que transformara en terreno urbano una zona que no estaba recogida como tal en el Plan General de Ordenación Urbana. "A lo que también nos negamos", dijo. Orta afirma que al mismo promotor se le han presentado dos denuncias en el Ayuntamiento de Huelva, gobernado por el PP.




*ELPAIS.com - Huelva - 03/05/2007


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El ex alcalde de Pego, primer cargo público que ingresa en prisión por delito ecológico

J.FERRANDIS/L.GARRIDO.- El País* : "Carlos Pascual, alcalde de Pego (Alicante) entre 1995 y 2003, se convirtió ayer en el primer cargo público que entra en prisión por delito ecológico. Pascual ingresó en la cárcel de Picassent (Valencia) tras ser rechazado un recurso de súplica que presentó por motivos humanitarios. El ex alcalde está condenado a seis años por causar graves daños en el parque natural del marjal de Pego-Oliva entre 1996 y 1998, al promover la recuperación de cultivos prohibidos y subir el valor de las fincas particulares. El PP presenta a la esposa de Pascual, Maite Ferràndiz, como candidata a la alcaldía.


Carlos Pascual, inhabilitado para ocupar cargo público por un periodo de seis años y esposo de la candidata popular a la alcaldía de Pego, ingresó ayer voluntariamente antes de las ocho de la mañana en el centro penitenciario de Picassent después de que la sección tercera de la Audiencia de Alicante desestimara un recurso de súplica en el que alegaba motivos humanitarios y de salud para eludir la prisión.

Pascual, ex alcalde de Pego entre 1995 y 2003 primero como candidato de Unión Valenciana y luego como independiente, ha sido condenado por actuaciones realizadas entre 1996 y 1998. Años en los que quemó vegetación del marjal del municipio de forma intencionada, rebajó el nivel del agua del humedal, instaló bombas para extraer agua y construyó caminos y diques para facilitar el paso de vehículos. Todo ello basándose en un plan local declarado ilegal y sobre una zona del parque natural declarada de especial protección. A consecuencia de estas actuaciones, 600 hectáreas del parque quedaron afectadas, se registró una muerte masiva de peces, bajó notablemente el nivel del agua del marjal y se constató peligro de desecación.

La Audiencia Provincial de Alicante le condenó en 2004 a tres años de cárcel por delito ecológico, otros tres por desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar, además de una multa de casi 8.000 euros y una indemnización de 1,2 millones de euros. Para el cumplimiento de esta última, se señaló como responsable civil subsidiario al Ayuntamiento y a la Comunidad de Regantes de Arrozales de Pego, cuyo presidente, José Orihuel, también fue juzgado y condenado en esta causa.

Según el fallo, Carlos Pascual y José Orihuel, pese a "conocer el carácter de parque natural y las medidas del Gobierno valenciano" acordaron realizar actuaciones para recuperar los cultivos de arroz, paralizados desde 1982 de modo generalizado y así "lograr mejores precios para las fincas particulares" ya que la Generalitat estaba comprando terrenos en el parque natural de Pego-Oliva.

La sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Alicante fue recurrida al Tribunal Supremo, que acabó, en noviembre de 2006, por confirmarla. Para los distintos tribunales no cabe duda de la naturaleza ilícita de los hechos, del conocimiento de la ilegalidad que tenían ambos procesados y del agravante que suponía que lo hicieran dos funcionarios públicos, ya que José Orihuel, fue también concejal de Agricultura con Pascual.

La decisión de situar como cabeza de lista del PP a la alcaldía de Pego a Maite Ferràndiz, la esposa del condenado, ha contado con el respaldo pleno de la dirección provincial del partido en Alicante, que preside José Joaquín Ripoll, y no ha encontrado ningún obstáculo en la dirección regional que preside Francisco Camps. Y ello pese a que, con esta decisión, los populares sabían que el actual alcalde Carmelo Ortolá se iba a dar de baja del PP y amenazaba con liderar una candidatura independiente.

Sin embargo, los populares consideran que con Maite Ferràndiz de candidata se garantizan la obtención de un buen resultado electoral en este municipio, clave para seguir gobernando la Diputación de Alicante. El PP da por hecho que la esposa de Carlos Pascual obtendrá los votos de los seguidores del ex alcalde condenado, que gobernó Pego con mayoría absoluta entre 1999 y 2003.

El actual alcalde, Carmelo Ortolà, que se ha dado de baja del PP, manifestó que la creación de un gobierno local de coalición con el PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista Valencià en 2003 fue una decisión política "excepcional". El objetivo, al margen de las diferencias ideológicas entre estos tres partidos, era restaurar la normalidad política tras la etapa de gobierno de Carlos Pascual en la que se registraron "graves y reiterados incidentes, que resultaban intolerables en toda sociedad democrática y causuraon una inevitable alarma social". Ortolà advirtió que con Ferràndiz pueden volver los insultos y la confrontación al municipio.




*ELPAIS.com - Valencia - 03/05/2007
Foto: marjal de Pego /accioecologista-agro.org


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Madrid 5 de mayo: Manifestación contra la especulación urbanística

Madrid, sábado 5 de mayo, 19h. de Atocha a Sol. Manifestación contra la especulación urbanística, en defensa del territorio y por una vivienda digna.
Convocan: Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo, Plataforma por una Vivienda Digna, Asamblea por el Derecho a Techo Barrio del Pilar, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Asociación de Vecinos La Flor (Barrio del Pilar), Amigos de la Tierra, ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Greenpeace, Jarama Vivo, Asociación Sierra Oeste Desarrollo SOStenible, Salvemos la Sierra, Alpedrete Sostenible, Salvemos las Rozas, Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, ATTAC, CGT, Solidaridad Obrera.


Madrid 5 de mayo de 2007

Manifestación

CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA

EN DEFENSA DEL TERRITORIO

POR UNA VIVIENDA DIGNA

Madrid, sábado 5 de mayo, 19 h, de Atocha a Sol



ecologistasenaccion.org

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Un cáncer nos devora

MANUEL VILLORIA* : "El modelo español de urbanismo es el que crea mayores incentivos legales para la especulación de entre todos los de los países desarrollados. De ahí el coste de la vivienda en nuestro país. España tiene el esfuerzo familiar más alto en el acceso a la vivienda de toda Europa; necesitamos 7,24 años de renta familiar íntegra para conseguir una vivienda en propiedad o el 40% del sueldo durante 20 años. A esto se añaden los problemas medioambientales y de carencia de servicios básicos en múltiples desarrollos urbanísticos, como consecuencia del furor urbanizador que asola nuestro paisaje. Fruto, a su vez, de la altísima rentabilidad que el negocio del ladrillo genera. Y, para culminar el estado de la situación, la corrupción se expande por nuestros gobiernos locales sin que podamos saber ahora, con mínima certeza, hasta dónde llega el cáncer que nos devora.


La multiplicación de escándalos vinculados a la denominada "corrupción urbanística" refuerza la tradicional visión "cínica" de la ciudadanía española sobre nuestros gobernantes y contribuye a deslegitimar las instituciones democráticas. Conviene, de cara a buscar las soluciones, clarificar conceptos y separar efectos de causas. No es lo mismo la corrupción pública que la especulación inmobiliaria o que los atentados medioambientales y el incumplimiento de normativa urbanística.

La corrupción pública implica un abuso de cargo público para un beneficio privado no aceptable legal o éticamente con el cargo desempeñado. Ya sea beneficio directo, para el político o alto cargo que decide, o indirecto, para el partido en que milita o para familiares y amigos. Sin embargo, hay electos locales que toman decisiones dañinas para el medioambiente y/o incumplidoras de la normativa urbanística. Pero lo hacen creyendo que es beneficioso para su pueblo, bien por generación de empleo o desarrollo económico, bien por ingresos municipales extraordinarios, pero sin beneficio privado. En estos casos, no se puede hablar de corrupción, sino de "cortoplacismo", incompetencia o, incluso, de irresponsabilidad criminal. No obstante, en muchos casos los dos supuestos van unidos, y se incumple la normativa con fines corruptos.

Las modalidades de incumplimiento de normativa urbanística a través de las cuales se realizan actividades corruptas son muy variadas. De acuerdo con un excelente estudio puesto en marcha de la Fundación Alternativas, se podrían poner como ejemplos los siguientes: Clasificación del suelo, por ejemplo, permitir construir en suelo no urbanizable en los supuestos en los que no está autorizado; Planeamiento urbanístico, por ejemplo, utilización de modificaciones puntuales de planeamiento en lugar de revisiones de plan, limitando el trámite de información pública; Gestión urbanística, por ejemplo, actuaciones urbanísticas de suelo urbano no consolidado y urbanizable sin el correspondiente proyecto de reparcelación y por lo tanto sin las correspondientes cesiones urbanísticas; Licencias, por ejemplo, otorgar licencias en contra del planteamiento y, por tanto, ilegales; Convenios urbanísticos, por ejemplo, sustitución de la planificación urbanística por convenios puntuales.

Nuestro sistema legal establece que a los propietarios de suelo, de forma discrecional e incluso arbitraria, se les regala el valor público que crea el Plan General. Y se les regala como un bien patrimonial y derecho adquirido. Imaginemos un terreno de secano con valor muy bajo, pero cerca de la costa. Este terreno se separa por una línea en una parte rústico y otro urbanizable. El propietario del terreno urbanizable, como consecuencia de la decisión del trazador de la línea, a partir de que el Plan está vigente, multiplica el valor de su terreno por 100, o por 200 o por… Y lo incrementa sin haber hecho nada, ninguna inversión, ningún cambio de cultivo en el mismo. La razón es que la ley le permite incorporar al valor del terreno el valor virtual del vuelo o aprovechamiento urbanístico que se le reconozca.

Ese valor añadido por la Administración se puede vender y se puede revender, de forma que a quien se le otorgó ese regalo celestial se hace dueño de un capital público, de una subvención encubierta de muchos millones. Sin que se tenga por qué justificar la razón, ni los costes sociales o ambientales de tal decisión por parte de la autoridad local que hizo ese regalo.

A cambio, el propietario tiene que ceder el 10% del terreno y tiene que urbanizar. Pero puede venderlo antes y el que venga detrás podrá promover un convenio urbanístico para que le permitan una mayor edificabilidad, con lo que recuperará lo pagado y mucho más.

Al final, lo que valía prácticamente nada, vale millones y compra el piso en ese terreno construido lo paga a precio de oro. En suma, un desastre social.




*Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.


*El Mercurio - 2 de Mayo del 2007


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Decretada la apertura del juicio contra el ex alcalde de Egüés (Navarra) por irregularidades urbanísticas

EP.- Siglo XXI* : "El juzgado de Instrucción número 1 de Aoiz ordenó hoy la apertura del juicio oral contra Ignacio Galipienzo, ex alcalde del Valle de Egüés (Navarra), y otros nueve acusados en relación con presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en este consistorio, en relación con la concesión de una licencia para construir un apartotel en una parcela de uso escolar. El fiscal sólo pide penas para tres de los diez acusados, para los que el juzgado pide una fianza total superior a los 2 millones.

Corresponderá juzgar el caso a la Audiencia Provincial de Navarra, secciones segunda o tercera, y, según fuentes judiciales, la vista no se producirá antes de otoño, ya que la sección primera tiene que resolver un recurso presentado por varios imputados para que se archive la causa o se retire la acusación. Así, aunque el juzgado decrete el juicio oral contra diez personas, la sección primera podría reducir el número. El fiscal pide penas sólo para tres de ellos.

Además, en el auto de hoy, el juzgado requiere a los diez acusados (además de Galipienzo, su esposa Eva Iglesias, Emilio Izquierdo, José Luis Ruiz Bartolomé, María Concepción Flores, Luis Galo, Oscar Pérez, José Javier Iribarren, Nuria Alas Brun y Jesús Marco) para que en el plazo de un día presten fianza de 2.173.741,76 euros. Además, Flores e Iribarren deben prestar otra fianza de 362.658,30 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran resultar de la causa.

PETICIÓN DEL FISCAL
El fiscal pide 18 meses de prisión para Galipienzo, además de 10 años de inhabilitación para cargo público, por un delito de prevariación urbanística. Y una multa de 10 meses (15.000 euros, a 50 euros por día día) y 3 años de suspensión por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

Según el escrito de acusación del fiscal emitido en febrero, Galipienzo otorgó en junio de 2003 licencia de obras para la construcción de un aparthotel en una parcela de "uso exclusivamente escolar", a sabiendas de esta calificación. Se da la circunstancia de que había actuado, meses antes, como intermediario en la compraventa de este terreno. Además, tenía relaciones comerciales con la empresa que iba a construir la infraestructura hotelera.

Además, el fiscal considera que Galipienzo debe restituir los 23 millones de pesetas que cobró a Castillo de Gorraiz-Construcciones Flores, empresa propietaria de la parcela, en cuya venta intermedió.

Considera que el contrato de intermediación entre RMA Urbana y la citada mercantil es contrario a las leyes.

Según el fiscal, si bien Galipienzo fue quien realmente intervino en la compraventa, presentó como mediador a su socio José Luis Ruiz, administrador de RMA Urbana, para ocultar su participación ante Flores.

También pide multa de 6 meses (5 euros por día día) y 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de arquitecto a Nuria Alas Brun, ex arquitecta de Egüés, por el delito de prevaricación.

Por último pide multa de 6 meses (10 euros por día) y suspensión de empleo o cargo público a José Luis Ruiz Bartolomé, socio del ex alcalde de UPN, como cooperador del delito de negociación prohibida.

Respecto a Jesús Marco del Rincón, María Concepción Flores González, José Javier Iribarren, Luis Galo, Emilio Izquierdo, Oscar Pérez Rodríguez y Eva Iglesias, solicita el sobreseimiento provisional.

Además del fiscal, también han formulado acusación el Concejo de Badostain, el Ayuntamiento de Valle de Egüés, el partido político Aralar.

LOS HECHOS
En el auto de cierre de la instrucción iniciada en febrero de 2004, firmado en octubre de 2005, la entonces jueza instructora de Aoiz recogió que existían indicios de delito en 10 personas. Según el auto, Ignacio Galipienzo "intermedió" en la operación de compra-venta de la parcela S22 de Gorraiz para la construcción de un apartotel en un solar que estaba calificado para uso exclusivamente escolar.

Según recogió el auto, "se le pagó por ello no sólo como mediador inmobiliario, sino como alcalde al conceder la licencia que rubricaba la operación", una licencia que la magistrada tildó de "ilegal". Según la juez, queda "acreditado" que cobró de Construcciones Flores, propietaria del solar, y de Aricam, promotor.

Los hechos investigados comenzaron el 28 de junio de 2002. La parcela cambió de dueños y en un día, su precio pasó de 5,4 a 6,4 millones. Según el auto, Construcciones Flores pagó por la operación una comisión de 181.900 euros a la sociedad mercantil RMA, que tenía como administrador único a Ruiz Bartolomé, amigo de Galipienzo, que no quería figurar como titular de RMA. Sin embargo, de esta comisión, cerca de 140.000 euros fueron a parar al ex alcalde, según se hizo constar en el auto.

La jueza consideró que Galipienzo tuvo una "activa intervención" en la adquisición de la parcela S22 por parte de GEA y "por supuesto en la concesión de la licencia para la construcción del apartotel en ella".

Tras el conocimiento público de estos hechos, UPN forzó la dimisión y baja temporal de Galipienzo el 14 de noviembre de 2003. Tras la denuncia de los concejos del valle, la fiscalía inició la investigación. Estos hechos derivaron en la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra.




*diariosigloxxi - 2 de mayo de 2007


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La Región de Murcia "no se vende": Manifestación 5 de mayo

¡Resérvate el día! El 5 de Mayo todos a Murcia. ¡Otra vez y cuantas sea necesario! No lo van a conseguir, los tenemos que parar!
Manifestación 5 de mayo, 18h. Plaza de Santo Domingo. Murcia.
La especulación y la corrupción no va a ser el futuro de esta región! Masificar y encementar el territorio con nuevas ciudades resort e infraestructuras asociadas a éstas, es un oscuro futuro. Mantener la riqueza natural de la tierra y proteger nuestra forma de vida, es un gran proyecto. Si ha sido posible durante siglos, es mucho más fácil ahora. ¡No nos van a engañar!

¡LOS FAMOSOS BILLETES!: LOS QUE NADIE HABIA VISTO..., AUNQUE LA MITAD ESTABAN EN ESPAÑA...; LOS DEL DINERO NEGRO Y LAS CAJAS FUERTES..., LOS DE LAS BOLSAS DE BASURA... Y LAS CUENTAS SECRETAS....

EL DINERO DE LA ESPECULACIÓN Y LA CORRUPCIÓN HA SALIDO EN LA CALLE..., , LO REPARTEN A LA GENTE...

¡COGE TU PARTE Y NO LA LA MALGASTES, COMPARTELA CON TODOS!



MANIFESTACION 5 MAYO 18h. PLAZA DE SANTO DOMINGO. MURCIA.



Coordinadora Murcia No Se Vende


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Abogan por poner límites al bum del ladrillo en los municipios gallegos

R.LIZCANO.- ElCorreoGallego* : "Apuntan la necesidad de liberar la planificación del suelo de las presiones económicas y de que quede sujeta únicamente a criterios técnicos de órganos independientes ·· Denuncian que el “malmanexo” político ha hecho un daño irreparable a la cuestión urbanística. Urbanismo, planeamiento, ordenación... son términos que han dado el salto del ámbito profesional a las conversaciones del día a día como una de las principales preocupaciones de grupos políticos, alcaldes, medios de comunicación y ciudadanos hipotecados. Queda la sensación de que los núcleos y los responsables de su ordenación han perdido la perspectiva y sólo el afán constructivo y el peso del dinero deciden los destinos del suelo.

El arquitecto César Coll, el urbanista y economista Ánxel Viña y los diputados Pilar Rojo (PPdeG), Abel Losada (PSdeG) y Ana Pontón (BNG) fueron reunidos por los debates semanales del Grupo Correo Gallego en el hotel AC Palacio del Carmen de Santiago para reflexionar sobre qué modelo de ciudad debe guiar las decisiones de los responsables de gestionar los destinos del suelo gallego.

Uno de los grandes obstáculos señalados fue la falta de límites: "na lei do 97 pensouse que a moita oferta de solo ía resolver o problema da vivenda e se fixo todo solo urbanizable", dijo Ánxel Viña. A partir de ahí, "a expectativa urbanística transformouse nunha especie de veleno ao que aínda non fomos quen de transmitir que debe ser limitada".

Porque las desenfrenadas expectativas inmobiliarias, continuó, introducen una perversión: la ciudad reivindica espacio para su crecimiento, se habla de zonas de influencia de decenas de kilómetros, aparece la suburbanización en extensas áreas más allá del núcleo planificado y resulta imposible preservar espacios agrarios estables.

"Lo que hay que hacer es liberar el planeamiento de la presión económica. Y hay maneras de hacerlo, de forma que esté regido únicamente por criterios técnicos", apuntó, en la misma línea abierta por Ánxel Viña, César Coll, representante del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Al respecto, Coll se refirió a la presión ejercida por colectivos vecinales, "o asociaciones de propietarios de tierra". Y es que, prosiguió, "los mayores especuladores son los vecinos normales, ya me gustaría a mí ganar lo que ganan ellos en una venta".

César Coll quiso poner los puntos sobre las íes al afirmar que, estrictamente, "en España no hay un problema urbanístico, sino social". Lo explicó con un símil: "en África no hay hospitales, no hay medicinas, no hay médicos... podemos decir entonces que en África hay un problema sanitario, pero aquí hay técnicos suficientes, hay legislación urbanística suficiente. Ningún ayuntamiento me puede decir que no tiene elementos para controlar el precio del suelo. No es algo sin solución, sólo se han hecho las cosas mal y hay que empezar a corregirlas".

Al respecto, Abel Losada censuró la máxima del "ti vai facendo que xa se arranxará". Para Losada, "o urbanismo permite que decisións políticas supoñan enormes beneficios a privados e, mentres non se asegure a transparencia, é, polo menos, un perigo". Denunció que las exageradas previsiones de crecimiento recogidas en los planes generales terminan por crear expectativas de negocio en los ciudadanos y señaló su "preocupación" por el crac de la burbuja.

En la misma línea, Ana Pontón, del Grupo Parlamentario del BNG, lamentó el "submundo que se xera ó redor do urbanismo a partir de persoas sen vocación de servizo público". Pontón hizo notar que incluso se dan casos, "como o de Gondomar, onde compañeiros do BNG foron agredidos por defender a legalidade urbanística".

Desde el Grupo Parlamentario del PPdeG, Pilar Rojo, apuntó que la ordenación del territorio "non é cuestión de partidos, nin de lexislaturas, senón de moito tempo". La planificación "ten que establecerse fóra de calquera confrontación política". "O territorio e a ordenación teñen que estar fóra porque estamos xogándonos o futuro das vindeiras xeracións", señaló Rojo.

Ánxel Viña fue más allá y auguró que el "malmanexo político" de la cuestión urbanística acabará por pasar "unha grave factura en termos de autoridade institucional".

¿Devolver competencias?

En la mesa, se suscitó un debate paralelo a raíz de la intervención de César Coll, que, citando a Ramón Jáuregui, ex vicelehendakari vasco, invitó a "reflexionar sobre la asunción de competencias", indicando que "las comunidades serán maduras en el momento en que devuelvan ciertas competencias al Estado porque entiendan que lo hace mejor". Losada afirmó "non entender por qué o Estado ía xestionar mellor a cuestión urbanística". Pontón señaló que el urbanismo sólo se puede hacer desde dentro, conociendo las particularidades de cada territorio. Coll respondió que eso no impide "que haya un lenguaje común, unos cuerpos normativos comunes".




*El Correo Gallego - 01.05.2007


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Marbella sobrevive al saqueo

J.VIÚDEZ.- El País* : "Los vecinos de Marbella (Málaga) comienzan a preocuparse por la limpieza de las calles, los horarios de recogida de basuras o el alumbrado público, aunque les cuesta no desayunar cada mañana con titulares relacionados con la trama de corrupción destapada en el caso Malaya. Entre los vaivenes de sus 95 imputados, entre declaraciones y nuevas detenciones, caben otras médidas casi históricas. Se anuncia la construcción de las primeras viviendas protegidas tras los 15 años del gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), subvenciones para rehabilitar edificios en el casco antiguo o la apertura de bolsas de empleo.

La herencia del GIL: 30.000 casas ilegales, 1.000 obras irregulares y 84 autos de paralización

Un año después de que la Comisión Gestora sustituyera a la corporación municipal disuelta tras la entrada en prisión de la alcaldesa Marisol Yagüe, las dependencias municipales parecen otras. Cualquier licencia de obra se mira por lupa y cada céntimo que sale de la caja queda registrado. Su austeridad choca con la imagen de una ciudad famosa por sus excesos.

"Asumíamos un encargo difícil y lo hacíamos con la altura de miras de administrar y gestionar el Ayuntamiento para dejarlo en las mejores condiciones para la corporación que surgiera en las urnas", rememora Diego Martín Reyes, el presidente de la Gestora. El nuevo equipo se encontró 30.000 viviendas ilegales, una deuda municipal estimada en 460 millones de euros y una plantilla sobredimensionada. Hoy tienen fondos suficientes para pagar los gastos ordinarios hasta diciembre de 2007 aunque la situación sigue siendo crítica.

Quince años de licencias en contra de la legalidad urbanística dieron para 30.000 viviendas ilegales, 1.000 expedientes por obras irregulares y 84 autos que pedían la paralización de construcciones. La ciudad cuenta con 80.172 viviendas, de las que 16.418 están vacías todo el año.

Lo primero que hizo el equipo dirigido por el vocal Rafael Duarte fue precintar las 84 construcciones, crear un servicio de disciplina urbanística y organizar un servicio jurídico que, entre otras tareas, ha comenzado a revisar los permisos ilegales detectados -un proceso lento y garantista en el que ya llevan 150 expedientes-.

"Tratamos de orientar las actuaciones hacia la política de regularización planteada por el avance del Plan General del verano de 2005, que exigía a los promotores que compensaran a la ciudad por haber edificado irregularmente", mantiene Duarte. Ahora toca negociar con los constructores para que compensen a la ciudad aportando terrenos para parques, centros escolares o equipamientos. Las demoliciones quedan en manos de los tribunales. "No podemos descartarlas porque hay víctimas, terceras personas a las que se les han tapado las vistas o se les han ocupado los jardines de al lado de casa, pero se decidirán en los juzgados".

Los despachos de Urbanismo de Marbella siguen tramitando licencias de obra mayor, aunque menos. El 2006 se dieron unas 100 y el año anterior se vieron unas 300.

La responsable de Personal, Josefa López, es otra de las que más trabajo ha tenido. Las sociedades municipales han visto reducidas sus plantillas en 185 puestos y la gestora ha tramitado la salida de 27 ex altos cargos que cobraban cada uno entre 4.000 y 10.000 euros mensuales, lo que ha supuesto un ahorro mensual de 164.772 euros. Los jueces están revocando algunos despidos decretados, lo que supone una "decepción" para los miembros de la Comisión Gestora.

Entre los funcionarios y empleados municipales implicados en la mayor trama de corrupción urbanística destapada en España que se han reincorporado a sus puestos están el ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo (actualmente suspendido de empleo y sueldo por segunda vez), el ex concejal del GIL Rafael González, empleado en la delegación municipal de Hacienda, y el ex edil del Partido Andalucista Pedro Pérez, que se ha reincorporado como coordinador en la delegación municipal de Deportes.

"Hemos intentado diferentes soluciones que la Ley no ha permitido abordar, pero se ha iniciado lo que para mí es la solución definitiva, que es la valoración y catalogación de los puestos de trabajado contratando a una empresa especializada en esta materia", mantiene Martín Reyes.

El vocal de Hacienda, Carlos Rubio (PP), define de "absoluto descontrol" la situación que encontró. "No había ni una sola contratación que se hiciera conforme a los procedimientos legales, ningún control sobre los pagos y la situación de deuda era calamitosa", explica. La primera medida que impulsó fue la centralización de las contrataciones en el Ayuntamiento, ya que hasta el momento se hacían a través de las diferentes sociedades municipales creadas en la época GIL.

Ante la enorme deuda del Ayuntamiento se impusieron unos límites de gasto que "en ningún caso" podían superar la capacidad de ingreso del Ayuntamiento. También se calculó un presupuesto "en plazo y realista". El último aprobado estaba falseado en unos 67 millones de euros, según estimaciones municipales.

Después tocó negociar con sus deudores: el Estado, la Seguridad Social y Hacienda, además de numerosos acreedores privados. "La colaboración de la Junta de Andalucía, con un anticipo de 100 millones de euros, la de la Diputación; que también dio un anticipo, y los aplazamientos tanto de la Seguridad Social como de la Agencia Tributaria han sido claves", subraya el presidente de la Gestora.



*ELPAIS.com - Marbella - 01/05/2007
Foto: Las cifras tras un año de intervención del ayuntamiento- JULIÁN ROJAS (Fotografía) / El País



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El TSJ dice que el alcalde de Valladolid debió abstenerse en la recalificación de Ebro-Puleva

Terra* : "El alcalde de Valladolid debió abstenerse en la votación del acuerdo de recalificación de los terrenos de Ebro-Puleva al tener un «interés personal» por ser consejero de la empresa afectada. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que declara la nulidad de pleno derecho la orden de Fomento del 2003 por la que se modificó el Plan General para facilitar esta macroperación urbanística, hace especial hincapié en la incompatibilidad de Francisco Javier León de la Riva (PP) para dar su visto bueno a este cambio de uso del suelo, donde ya hay edificadas 460 viviendas, muchas de ellas habitadas.


La sentencia de sala de lo Contencioso Administrativo, que da la razón a un recurso presentado por el portavoz municipal del PSOE, Ángel Velasco, señala que su condición de miembro del consejo de administración de la compañía, en representación de Caja Duero, colocaba al regidor en una posición «en la que no resulta irrazonable suponer que podía ser difícil conciliar los intereses generales, a los que sirven con objetividad las Administraciones Públicas, y los particulares o privados de una sociedad mercantil a la que la modificación de autos reconocía unos derechos en uno de los ámbitos valorados en más de 2.500 millones de pesetas».

Los magistrados Ana María Martínez Olalla, Javier Oraá y Ramón Sastre recuerdan que la ley «impone el deber de abstención cuando se discute y hay que decidir sobre un asunto en el que se ostenta un interés personal» como es el caso. Además, añaden que la aprobación provisional de una modificación del PGOU exige la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, cifrada en 15, «que se logró justamente con el voto favorable del alcalde, lo que determina también la invalidez de aquel acto».

La sentencia del TSJ supone un importante varapalo a todo el polémico proceso y afecta tanto al equipo de gobierno del Ayuntamiento como a la Junta de Castilla y León. Entre los motivos de índole formal para declarar la nulidad de la orden, el texto subraya que la modificación del plan no siguió el procedimiento cualificado al que obliga la normativa cuando se va a aprobar una zonificación y uso del suelo diferentes en las zonas verdes y espacios libres previstos en el planeamiento. Esto, a pesar de que tanto el secretario del Consejo de Urbanismo regional como el ponente de la Ponencia Técnica advirtieron que se tenía que seguir este tipo de tramitación.

Así, el TSJ subraya que legalmente la competencia para resolver era de la Junta de Castilla y León, previo informe entonces, del Consejo de Estado. Sin embargo, fue el consejero de Fomento -en marzo del 2003, José Manuel Fernández Santiago- quien lo aprobó de forma ordinaria dando por válida una documentación presentada por el Ayuntamiento para subsanar las deficiencias detectadas, que no fue aprobada por el pleno, como obliga la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

La sentencia recalca, tras una amplia argumentación jurídica, que la finca de Piensos Cía, donde se han construido 460 viviendas, debió considerarse como suelo urbano no consolidado en vez de la calificación de consolidado que se le dio. Y es que la diferencia es notable, ya que en el primer caso las obligaciones de cesión de espacios públicos son mucho mayores. «En la modificación litigiosa se establece una ordenación completamente distinta a la contemplada en el anterior plan general, pues donde estaba previsto un uso industrial (el de vivienda era justamente un uso prohibido) se contempla ahora un uso residencial con un aprovechamiento de 45.644 metros cuadrados, lo que hace necesaria la previsión de nuevas dotaciones y espacios públicos, y el consiguiente cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización», se explica en la sentencia.

Satisfecho con el fallo, Velasco precisó que el TSJ «pone en un su sitio una vez más lo que se ha hecho y se ha vendido como modelo de la gestión urbanística de este alcalde a lo largo y ancho de su mandato».

A su juicio, la sentencia avala el discurso de oposición de su grupo, «que ha defendido el interés general y ha denunciado el abuso en la utilización de los convenios urbanísticos», que «favorecen los pelotazos», a los que definió «como enriquecimientos injustos e injustificados, donde las plusvalías que deberían revertir en el conjunto de la comunidad engrosan los bolsillos de un particular». «Este ha sido de los más claros», concluyó el portavoz socialista en su valoración.




*Terra- 28/04/07
Foto: demolición Piensos Cía. /El Norte de Castilla

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Más de 40 grupos ecologistas, contra la depredación de la costa y los ríos gallegos

EL PAÍS* : "La proclama es "Galiza non se vende". Más de 40 asociaciones ecologistas, casi todas las que operan en Galicia, han logrado unir sus fuerzas para convocar una manifestación conjunta, que se desarrollará el 6 de mayo en Santiago. Los colectivos verdes consideran que el territorio gallego está siendo víctima de "degradación, expolio y depredación", especialmente en zonas sensibles del litoral y de los ríos, por parte de promotoras inmobiliarias, empresas energéticas, acuícolas o mineras. Galiza non se vende entiende que es el momento oportuno para frenar la "nueva oleada depredadora que está trasladando el modelo del Mediterráneo y a empresas del Mediterráneo a la costa gallega".

Las más de 40 asociaciones ecologistas han firmado un manifiesto conjunto, que entregarán al Gobierno de Galicia para pedir el cumplimiento de la Ley y nuevas medidas protectoras del medioambiente gallego. Galiza non se vende ha conseguido agrupar a colectivos multinacionales como Greepeace, estatales como Amigos de la Tierra, autonómicos como Adega o Luita Verde y colectivos locales como, por ejemplo, Ronda non Sanxenxo, Salvemos Monteferro o la Plataforma contra a Piscifactoría de Costa Galloufa.

Además de oponerse a la presión inmobiliaria e industrial sobre áreas delicadas de Galicia, la organización ha elaborado una tabla con varias propuestas: una nueva Ley de Ordenación del Territorio; la elaboración de una auténtica Ley de Protección del Litoral; y la aplicación estricta de toda la legislación medioambiental.

Apoyo de intelectuales

Galiza non se vende ha logrado, además, el apoyo de importantes intelectuales gallegos (profesores, músicos, pintores, científicos, escritores), que ya han prestado su firma al manifiesto conjunto. Hasta el momento, la acción ecologista ha logrado reunir más de 100 firmas, entre las que se incluyen Darío Xohán Cabana, Xosé Luis Méndez Ferrín, Antón Seoane, Xavier Senín, Suso de Toro, Berrogüetto, Álvarez Cáccamo o Fran Alonso.

La actriz Mabel Ribera será la encargada de leer el manifiesto público, en la movilización prevista para el próximo domingo en la capital gallega.

"Pensamos que la depredación, en este momento, está creciendo en progresión geométrica, tanto en la costa como en el interior de Galicia", explicó ayer uno de los portavoces de la rueda de prensa celebrada en Vigo. Los ecologistas se refieren tanto a la degradación urbanística que sufre la costa con las nuevas promociones inmobiliarias, como a la actuación de las pizarreras en Valdeorras o a la destrucción de los ríos a causa de la excesiva concentración de las denominadas centrales minihidráulicas.

Las asociaciones firmantes han consensuado un mismo lema ("terra viva e digna para tod@os"), portavoces públicos y propuestas.




*EL PAÍS - Vigo - 29/04/2007


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Medioambiente urbano y ciudades sostenibles: la clave de la eficiencia en el uso del territorio

Rafael León Rodríguez* : "Cada vez es más frecuente, sobre todo en tiempos electorales, oír hablar acerca del medio ambiente urbano y del concepto de ciudad sostenible. No en vano, según constata el informe de Naciones Unidas sobre el estado de las ciudades del mundo, hecho público en junio de 2006, durante el año en curso el número de personas que habitarán en zonas urbanas, superará al de las áreas rurales. Y en España estamos próximos a alcanzar un 80 % de población urbana respecto al total. Pero ¿qué entendemos por medio ambiente urbano y por ciudad sostenible?

Para avanzar mínimamente en la definición de ambos conceptos, será preciso, previamente, que tratemos de acercarnos a lo que pretendemos expresar cuando nos referimos al “desarrollo sostenible”. El término aparece por primera vez en 1987 en el documento conocido como Informe Brundtland, que recoge los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983, y sería asumido en 1992 por la Declaración de Río en su Principio 3º: "Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades". Lo cierto es que esta definición es tan vaga y ambigua que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, e, incluso, tras la prostitución que ha sufrido en su semántica por una falta expresa de voluntad política para avanzar en una enumeración -y asunción- pormenorizada de sus contenidos, se utiliza sin un ápice de rubor para justificar actuaciones diametralmente opuestas a la sostenibilidad.

No obstante esta indefinición, podríamos comenzar a hablar de sociedades sostenibles cuando éstas cumpliesen al menos dos condiciones básicas: la no utilización de recursos naturales por encima de su potencial de renovación y la no generación de residuos más allá de la capacidad de su absorción por los ecosistemas. Estas dos condiciones nos introducen de lleno en el más reciente concepto de huella ecológica, indicador agregado o compuesto definido como “el área de territorio ecológicamente productivo, necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada con un modo de vida específico de forma indefinida”. El objetivo de este indicador consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo de vida y, por lo tanto, su grado de sostenibilidad.

Aplicados todos estos conceptos al modo de vida urbano y, restrictivamente, al espacio ocupado por una urbe determinada, cualquiera que ésta fuese, nos llevaría a tener que inferir que nunca una ciudad podría llegar a ser adjetivada como sostenible. No obstante, sí sería posible definir ciudades tendentes a la sostenibilidad en el contexto más amplio de su hinterland, siempre que su desarrollo se enmarcase en relaciones de eficiencia en el uso de los recursos, en especial el de los no renovables o escasos, y, con una importancia determinante para el hecho urbano, el del suelo.

Sin embargo, cuando en la actualidad se refieren las políticas de medio ambiente urbano, en muy contadas ocasiones se tiene en cuenta la premisa anterior. Así, el medio ambiente urbano queda reducido a una serie de aspectos y políticas inconexos entre sí (calidad del aire, ciclo integral del agua –incipientemente desarrollado aún- recogida y tratamiento de residuos, zonas verdes…) y sin relación alguna con el soporte físico vivo (o, tal vez, sería más apropiado decir moribundo) sobre el que se desarrolla el hecho urbano. No se tiene, pues, en cuenta que un elevado porcentaje de los problemas socio-ambientales (es preciso avanzar en la utilización de este término, pues, a menudo, los impactos negativos para el medio físico, lo son también para la sociedad y los seres humanos que las constituyen) que aquejan a las ciudades y, por extensión de los impactos negativos que éstas producen más allá de sus difusos límites, al conjunto del territorio, tienen su origen en el modelo de ocupación territorial que adopta el hecho urbano.

Pero ¿cuáles son las características principales que en la actualidad definen a ese modelo en lo que denominamos mundo “desarrollado”? Pues en primer lugar, la sectorización y fragmentación sobre el territorio de los diferentes usos urbanos, y, en segundo término, pero no por ello con menor importancia en cuanto a la problemática socio-ambiental que genera, el culto exacerbado y creciente a la baja densidad en la ocupación edificatoria del espacio.

La primera de éstas características opera como insaciable multiplicador en el número de desplazamientos (y en su distancia) necesarios para satisfacer las necesidades individuales y sociales, al situarse cada uno de esos usos del suelo urbano en sectores monoespecíficos diferenciados e inconexos entre sí, en tanto que la segunda obliga al uso del vehículo privado para la realización de esos desplazamientos, al ser el modelo de la baja densidad que preside el crecimiento del parque residencial, incompatible con el desarrollo de un sistema eficaz y accesible de transporte público colectivo. El impacto de este modelo sobre, por ejemplo, la calidad del aire y los problemas de congestión del tráfico, con no pocos efectos perversos de carácter psico-social, no puede ser más evidente.

Resulta, por tanto, un modelo de (no)ciudad que, con la rémora de esas dos características que lo definen, supone la dominancia en el hecho urbano de la (in)cultura de la ineficiencia y el despilfarro. Un modelo ineficiente y despilfarrador que, en primer término, supone el consumo abusivo de un recurso, como es el suelo, claramente no renovable (por la baja densidad, pero también, como factor añadido, por la multiplicación de la necesidad de espacio dedicado a vías de “comunicación” que aquélla requiere). Pero que también supone un despilfarro inasumible, en función del incremento que origina en la dimensión longitudinal de todo tipo de redes de infraestructuras (como las de abastecimiento de agua, con el consiguiente aumento de las pérdidas, o las de alumbrado público, con el despilfarro energético que conlleva), y en las distancias a cubrir para la prestación de determinados servicios públicos básicos (como la recogida de residuos sólidos urbanos). Con todo esto, además, se está produciendo la innecesaria invasión y destrucción sin posibilidad alguna de vuelta atrás, de espacios que, por su calidad natural y su potencial de uso y utilidad social, debieran ser conservados a toda costa.

Y todo ello para mayor gloria del negocio especulativo inmobiliario que es el que decide, en última instancia (para su provecho exclusivo y beneficio privado) y en la mayoría de las ocasiones, la dirección y el modo en que ha de caminar el crecimiento, que no desarrollo, de las ciudades, despojando de este modo al urbanismo y a las políticas de ordenación del territorio del carácter público y la finalidad social que constituyen su razón de ser.

Por lo tanto, si queremos encuadrar nuestras ciudades en el marco de un medio ambiente sano y en tendencias hacia la sostenibilidad y a una verdadera calidad de vida, cualquier camino a seguir ha de partir de la recuperación del carácter público y social del planeamiento urbanístico, para re-densificar las ciudades y dotar a cada uno de sus sectores, siempre con la excepción de actividades peligrosas o nocivas, de la multifuncionalidad suficiente. Sólo así, además, es posible construir ciudades eficientes y con una huella ecológica asumible.

Y es preciso acabar con la burda demagogia, adoctrinamiento sectario, que reza que el modelo actual viene dictado por la demanda y que lo justo es ofrecer lo que dicha demanda requiere. Porque nunca será justo dilapidar el patrimonio social y natural al servicio de las demandas innecesarias de un porcentaje minoritario de ciudadanos. Y porque si todos quisiéramos vivir en el marco del modelo residencial de, por ejemplo, los cien ciudadanos más adinerados del mundo, necesitaríamos arrasar y disponer, para eso sólo, de varios planetas. Y es que el mercado siempre necesitará ser intervenido, en mayor o menor medida según los casos, por los poderes públicos, para evitar que devore insaciablemente los intereses sociales en pro del beneficio privado de unos pocos y los maleficios a que éste da lugar sobre el conjunto.

Así que ya es momento de que, para hablar con un mínimo de seriedad acerca del desarrollo de políticas para el mejoramiento del medio ambiente urbano y la sostenibilidad de “nuestras” ciudades, se comience haciéndolo de la necesaria y radical revolución que es preciso operar sobre los aberrantes modelos urbanísticos al uso. Lo demás, sin esto, son sólo milongas edulcorantes y sin nutrientes, que no merecen la menor confianza por parte del ciudadano.




*Portaldelmedioambiente - 01/05/2007



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MaydaySur 07 Málaga

Indymedia* : "Este año el MaydaySur se traslada a Málaga: desde el 27 de abril hasta el 1 de Mayo. 5 días de lucha y creación colectiva contra la precariedad laboral, la especulación, por la vivienda y nuevos derechos para todos. Tras el éxito de los años anteriores celebrados en Sevilla, la convocatoria colectiva de las y los precarios en movimiento y un conjunto amplio movimientos y colectivos sociales nos llaman a todos a Málaga para seguir ampliando y extendiendo la fuerza intempestiva de los trabajadores precarios cuando nos rebelamos.

La creación cultural y social se vincula a los movimientos de lucha contra la especulación y la destrucción del territorio, a los movimientos de migrantes que exigen el derecho a tener derechos... Los creadores, los trabajadores, las mujeres, los sin casa, los migrantes invisibles se unen para decir no a estas políticas neoliberales que limitan la vida.

Precarios y precarias del mundo: ¡conspirar, luchar y uníos!

EURO MAY DAY SUR 2007 en Málaga del 28 de Abril al 1 de Mayo.

5 días de desobediencia contra la especulación y la precariedad por derechos sociales y laborales para todas. Los precarios del sur se rebelan!

Manifiesto y programa

La palabra precariedad nombra las condiciones de la vida hoy. El precio de la vida sigue alzándose mientras los salarios siguen congelados, empleo temporal-precarizado es la norma del mercado de trabajo. La angustia frente un presente inestable y a un futuro incierto y tener que hacer verdaderos malabarismos para llegar a fin de mes es hoy experiencia común de la mayoría de la población.

Mientras los medios de comunicación, las instituciones y el gobierno se limitan a reconocer el problema de la vivienda y de la inestabilidad del trabajo. La desigual social crece con una dualización progresiva de la sociedad. Mientras crecen exponencialmente los beneficios millonarios de los empresarios y los grandes especuladores, inmensas franjas de población sufren lo que llamamos precarización ; combinación entre la dependencia ante este mercado de trabajo agresivo y flexibilizado , la indefensión ante condiciones de contratación, el ascenso continuo del precio de la vivienda y los alquileres, la crisis de los cuidados y el mobbing urbanístico y , precarización de la creación cultural y los modelos educativos. Empeoramiento de las condiciones de vida, jerarquización de los derechos fragrante que sitúa a l@s migrantes en el escalafón más bajo de la ciudadanía. La precarización del trabajo y la vida es una tendencia central que reordena la sociedad en su conjunto. Supone la aceleración progresiva de la crisis del estado de bienestar, los derechos y el sistema de protección social. Al mismo tiempo pone en evidencia y en jaque a las organizaciones que deberían representar los intereses de las diversas figuras que viven de su trabajo y todos estos afectados por esta nueva ofensiva neoliberal.

Nosotros y nosotras invisibles, creadores y trabajadoras atípicos nativos o migrantes, precarios, estudiantes en formación perpetua, licenciados sin futuro, no garantizadas , afectados por el modelo de desarrollo insostenible, cada vez más hartos de aguantar sobreviviendo en la cuerda floja y de la dictadura del cemento, lanzamos este grito colectivo para decir basta; Mayday! Mayday!. Junto a los y las precarias de todo el continente nos rebelamos en busca de un nuevo protagonismo social y nuevos derechos sociales y laborales para todas.

El (Euro) MayDaySur´07 que se celebra este año en Málaga es la tercera edición, quiere reinventar la celebración del 1 de Mayo (día de los y las trabajadores-as ) de un forma conflictiva, creativa y alegre, aprendiendo de la historia de las luchas sociales y sindicales y adaptándolas a la actual situación del mundo capitalista del siglo XXI, tratando de mezclar los aprendizajes de los últimos 10 años de movimiento de resitencia global, los movimientos ecologistas, migrantes, urbanos y contraculturales , inventando formas de sindicalismo social adecuadas para el contexto de la precariedad y actualizando el conflicto de clase.

El MayDaySur ha sido desde el 2005 hasta hoy un laboratorio de dimensión andaluza que intenta pensar y crear formas de agitación, intervención y organización contra de la precarización de la vida. De el han surgido un sin fin de alianzas, acciones, campañas y sobre todo un espacio de encuentro y recombinación entre los movimientos sociales y el sindicalismo de base y combativo en busca de una emergencia de formas organizativas y acción pública que pongan freno cotidiano a la precariedad y pueden engendrar un empoderamiento y contrapoder efectivo de esta constelación de figuras precarizadas.

Por esto y mucho más precarios y precarias de toda Andalucía se darán cita en Málaga desde el 28 de Abril al 1 de Mayo, exigiendo el derecho a tener derechos, portando con su alegría y creatividad un aire nuevo, un actitud desafiante, dispuesta al conflicto contra todos aquellos que precarizan nuestras vidas.

Os esperamos en estos 5 días para conocer, crear y desobedecer juntos y revueltos!!!

No dejaremos de pelear hasta consigamos nuevos derechos colectivos para todas!


PROGRAMA


VIERNES 27

17.00h Bicifestacion por el Balneario
Baños del Carmen
19.00h Cabaret-Acción
Plaza Frente a Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
22.00h Actuación. Poliposeidas. Casa invisible (c/Nosquera, 11)
23.30h Concierto. Casa Invisible (c/Nosquera, 11)


SABADO 28

11.00h Entrega de Recursos por la defensa del Balneario
Subdelegacion del Gobierno
12.00h Asamblea y preparativos de la manifestacion
Casa invisible (c/Nosquera, 11)
14.00h Comida Popular en la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
17.00h Mani-fiesta-acción. Salida Plaza de la Merced
21.00h Concierto (Tamtatrampa Batucada, SiF, Sanchez no
te enganchez) Proyecciones y DJs. en los Baños del Carmen
DOMINGO 29
14.00h Comida Popular en la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
17.00h Acción contra la Precariedad y por la defensa de los publico
(se ruega puntualidad). Casa Invisible (c/Nosquera, 11)


LUNES 30

11.00h Marcha por la defensa de la sierra y contra las canteras ilegales
Plaza de Alahurin de la Torre.
19.00h Encuentro-Debate
Experiencias de organización en la era de la precariedad.
Desafíos y Propuestas del Sindicalismo y los Movimientos Sociales
Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
21.00h Amparo de Amparanoia Artistas invitados en Concierto.
En defensa de la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)


MARTES 1º MAYO

08.00h Buses gratis manifestacion en apoyo a los trabajadores de Delphi, Cadiz.
Plza de la Merced.
14.00h Comida Popular en la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
16.30h Deriva Piquetera por la ciudad. Salida desde Plaza de la Constitución

info:

maydaysur.org
htttp://estrecho.indymedia.org
malaga2016.info
precariadotube.org
sonidosdelprecariado.org



Indymedia Estrecho -abril 07


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El alcalde de Arona (Tenerife) y su gobierno irán a declarar ante el juez

El Día*.- Tenerife : "El alcalde de Arona y los siete concejales de su grupo de gobierno (formado por una alianza entre CC, CAN y PP) comenzarán a declarar ante el titular del juzgado número ocho de este municipio a partir del próximo día 9 de mayo. Todos ellos fueron objeto de una denuncia de la Fiscalía por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada contra la ordenación del territorio por la concesión presuntamente ilegal de licencias urbanísticas.


Por este caso está previsto que pasen por el juzgado el propio José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, los tenientes de alcalde Manuel Barrios -que también tiene a su cargo el área de Urbanismo- y Félix Sierra, así como los concejales Sebastián Martín, José Luis González, Alfonso Barroso, Daniel Martín y Juan José Alayón, que tendrán que responder de su presunta responsabilidad en la concesión de licencias y en la adjudicación de concursos públicos entre el 9 de enero de 2004 y el 24 de noviembre de 2006 y que suman entre todas en torno a 300 expedientes que fueron requeridos al ayuntamiento por el juez.

Estos expedientes se dividen en dos grupos: unos son las licencias urbanísticas que fueron concedidas sobre terrenos no gestionados, cuyos propietarios, supuestamente, no cedieron a la corporación los terrenos necesarios en concepto de plusvalías, aprovechamientos, etc. y que, según la valoración hecha por los denunciantes, causaron daños al erario público por valor de al menos 42 millones de euros. En este grupo se encuentra también un conjunto de licencias presuntamente contrarias a las normas urbanísticas, al Plan General o al Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo. La denuncia de la Fiscalía se refiere también a un conjunto de expedientes de contratos concedidos a varias empresas, fundamentalmente tres, y que, según la denuncia, se fraccionaron para evitar tener que sacarlos a concurso.

En este caso se da la circunstancia de que en las licencias se encuentran una y otras vez múltiples advertencias por parte de los servicios jurídicos del ayuntamiento, que llegaron, incluso, a avisar de la responsabilidad que podían acarrear las decisiones del grupo del gobierno.



*El Día - 28 DE ABRIL DE 2007
Foto: Arona, Los Cristianos /travelguides

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Anticorrupción investiga al Gobierno de Murcia por prevaricación y malversación

T.CALLEJA.- El País* : "La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía.

El coste de la operación se financió con dinero público tres años después, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de depósito de los residuos peligrosos.

Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: "La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación". Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf.

El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación.

Obligación eximida

Además, esa obligación correspondía a Portmán Golf, ya que esta entidad era quien debía, como dueña de los terrenos, financiar los trabajos de limpieza. En este sentido, la Fiscalía considera que después de la cesión gratuita, la empresa de Mariano Roca Meroño y de Alfonso García Sánchez no quedaba eximida del pago, según establece la normativa medioambiental.

El Ministerio Público resalta que al votar de forma favorable el Consejo de Gobierno murciano los acuerdos de aceptar la cesión gratuita de la balsa Jenny y de financiar con dinero público las actuaciones de limpieza y recuperación de los terrenos, esos órganos podrían haber tomado decisiones a sabiendas de que se trataba de resoluciones manifiestamente injustas. Es decir, podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación, porque a los empresarios obligados a pagar la limpieza de un terreno contaminado se les liberó de sus obligaciones al ceder de forma gratuita el terreno a una administración pública como la murciana, quien financió con fondos públicos las operaciones. Asimismo, y a través del contratista, los empresarios cobraron una importante cantidad (2,7 millones de euros) por almacenar los residuos minerales en otro terreno de su propiedad.

La Fiscalía considera, también, que en la tramitación del expediente se cometieron algunas equivocaciones. Así, constata que antes de la cesión del Gobierno murciano sobre la balsa, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente murciana ya tenía previsto llevar a cabo su proyecto de limpieza y recuperación del terreno contaminado, pues el 23 de noviembre de 2001 el Ejecutivo aceptó "el terreno destinado a la realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona". Unos trabajos que seis años después no se han iniciado.

La Fiscalía argumenta también que por las actuaciones posteriores habría que concluir que si la balsa Jenny no había sido calificada como terreno contaminado, debería haberlo sido, pues de otro modo no tendrían explicación unas actuaciones posteriores tendentes a su limpieza y recuperación "para repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona".

La balsa Jenny era un pantano de estériles mineros que tenía su origen en el procesado de minerales obtenidos en explotaciones ubicadas en el área minera de la zona. Dicha balsa tiene una superficie de un poco más de ocho hectáreas, y en ella se depositaron residuos sólidos con un volumen de 1.089.925 metros cúbicos.

Subvención retirada

El empresario Mariano Roca Meroño, uno de los propietarios de la empresa Portmán Golf, ha sido protagonista de numerosos escarceos con la Administración regional y con la Justicia. Tras la investigación del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, el Gobierno murciano decidió exigir la devolución de 841.000 euros que había cedido al empresario cartagenero en concepto de ayuda para mejoras agroambientales de un terreno situado en las cercanías del Puerto de la Cadena. El Gobierno consideró que se había producido un incumplimiento por parte de Roca Meroño de los requisitos de la subvención, que según confirmó el director general de Regadíos del Ejecutivo murciano, Julio Bernal, consistían en dejar el terreno sin plantar.

Al parecer, y según confirmó Bernal, el empresario puso en producción los terrenos, en los que ahora se cultivan naranjos, regados mediante goteo, por lo que también ha ampliado regadíos, precisamente en una cuenca en la que está prohibido hacerlo, y además en plena sequía.

La dirección de Regadíos, que además de exigir la devolución de la cantidad ya entregada durante los últimos ocho años ha cortado la entrega de las subvenciones, que tendrían que haber seguido pagándose unos 12 años más, puso en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia la interrupción de la ayuda. Esta decisión fue recurrida por el empresario Roca Meroño, quien pretende que le sigan pagando todos los años unos 40.000 euros, que es la cantidad que viene percibiendo de los fondos comunitarios para no poner en producción los terrenos de su propiedad ubicados en las cercanías del Puerto de la Cadena.

Asimismo, el empresario tuvo que prestar declaración ante el juez decano de Cartagena, Jacinto Areste, por una presunta apropiación de documentos y joyas de una caja de seguridad de un banco de su ciudad.




*ELPAIS.com - Murcia - 30/04/2007


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Arquitectos y jueces piden una "severa corrección" de la corrupción urbanística

M.EL KHATTAT.- GranadaHoy : "Los representantes de los arquitectos y los jueces reunidos en unas jornadas clausuradas ayer en Granada consideraron necesaria "una severa corrección" ante los casos de corrupción urbanística que se están produciendo en España. También concluyeron que el nuevo Código Técnico de la Edificación, que establece los criterios y exigencias en la construcción de edificios y viviendas, presenta errores y carencias que hacen necesaria una moratoria en su aplicación hasta la resolución de las mismas.



Las Jornadas entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España concluyeron ayer tras tres días de debate y análisis centradas en el nuevo Código Técnico de la Edificación. En las conclusiones leídas ayer, los arquitectos peritos forenses de España "se manifiestan especialmente preocupados ante los graves sucesos de corrupción urbanística que vienen produciéndose cada vez con mayor frecuencia, y consideran que las irregularidades detectadas deben ser objeto de una severa corrección".

En este sentido, los reunidos insisten en el llamamiento realizado en la inauguración de las jornadas por el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, sobre el peligro de que el urbanismo sea diseñado por promotores movidos únicamente por el afán de lucro.

Así, advierten de que "las transformaciones del régimen urbanístico del suelo deben efectuarse desde criterios de crecimiento urbano racional, eficiente y sostenible, y no atendiendo, como viene sucediendo en muchos casos, a otros intereses no compatibles con el interés público que debe presidir en todo caso las directrices de la ordenación del territorio".

Al margen de esta advertencia, las jornadas confirmaron la existencia de "errores y contradicciones" entre los documentos básicos que conforman el Código Técnico que entró en vigor a mediados del pasado mes de marzo. Aunque solicitaron al Gobierno una "moratoria" de todo el documento, consideraron especialmente grave lo concerniente a la normativa sobre ruidos, por lo que pidieron su suspensión "en tanto no incluya el catálogo de soluciones constructivas que haga viable su cumplimiento".

Las jornadas sirvieron para reclamar que sean las normas del Código Técnico las que rijan de forma prevalente la construcción y no las normas urbanísticas municipales o de urbanismo.




*Granada Hoy - 29/04/07

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El ladrillo llega a la frontera con Portugal

M.J.ALBERT.- El País* : "Los márgenes del Guadiana y de ríos vecinos como el Chanza, dentro de la provincia de Huelva, se han hecho especialmente atractivos para los promotores inmobiliarios. Un área, en las inmediaciones con Portugal, que se ha mantenido al margen del gran desarrollo turístico vivido en la última década en la costa occidental onubense y que tiene su paradigma más claro, para algunos, en Ayamonte, concretamente en la urbanización Costa Esuri, al norte del municipio, así como en el asombroso crecimiento residencial de Isla Canela, en dirección a Isla Cristina.

Huelva era una provincia que de alguna manera había esquivado la conurbación urbanística en la que se han convertido zonas de la costa mediterránea andaluza. Pero en los últimos diez años, su costa occidental ha visto levantarse nuevos hoteles, campos de golf y urbanizaciones. Desde Cartaya hasta Ayamonte. Pero allí, justo donde muere el Guadiana, la línea de costa termina.

Por eso, los inversores han girado la cabeza al norte, siguiendo el curso del río. Allí han encontrado bellísimos paisajes y pueblos pintorescos casi intactos, pero que viven una situación económica difícil. Algunos responsables de estos pueblos, en parte, anhelan que un futuro turismo residencial lleve prosperidad a la zona. Pero hay quien recela. Grupos ecologistas de ambos lados de la frontera, de España y Portugal, llevan años reclamando que se constituya un parque natural transfronterizo en el bajo Guadiana que preserve la zona del crecimiento urbanístico.

Recelos ecologistas

Los grupos conservacionistas miran con recelo los planes urbanísticos que algunos ayuntamientos contemplan. En los últimos seis meses, pequeños pueblos como El Granado, gobernado por el PSOE, al igual que Ayamonte, o Sanlúcar del Guadiana, regido hasta hace dos semanas por un alcalde del PP que ha dejado sus filas por desavenencias con la dirección provincial, han anunciado crecimientos desmesurados.

En el Granado (618 habitantes), el alcalde Juan Manuel Burga, proyectaba la construcción de una urbanización de 2.678 chalés, un hotel de 1.800 plazas y un campo de golf en terreno protegido por su valor medioambiental. El proyecto fue paralizado por la Junta. En Sanlúcar, el regidor, Cándido Saldaña, presentó un avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que planteaba ampliar las nueve hectáreas de terreno urbano del municipio a 336 (unas 37 veces más); cifra que el alcalde redujo a 181 (20 veces más) en enero. Saldaña afirma ahora que este número va a reducirse mucho más.

Ambos planes tendrán que adecuarse a Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que impide calificar como urbanizable más del 40% del terreno urbano existente en una localidad, así como aumentos de población superiores al 30%.

Realmente, río arriba no se han repetido intervenciones tan claras como el gran complejo residencial de Costa Esuri, que construye Fadesa. Con sus 6.300 viviendas y dos campos de golf, prácticamente iguala en superficie al mismo pueblo que lo acoge. Costa Esuri se desarrolló a través de Normas Subsidiarias, y Ecologistas en Acción ha denunciado que los estudios de impacto ambiental no se desarrollaron concretamente. El mismo grupo ha presentado alegaciones al PGOU de Ayamonte por considerar que sus criterios respondían a "intereses especuladores". "La tercera, y hasta el momento última, aprobación inicial del PGOU prevé la construcción de 2.762 viviendas nuevas no turísticas, con una ratio de 3,1 habitantes para cada una, en un plazo de ocho años", afirma el portavoz de Ecologistas, Iñaki Olano.

Actualmente hay unas 10.000 viviendas en el núcleo del municipio, según los ecologistas. "A estas nuevas casas habría que sumar otras 6.009 viviendas turísticas, de las que no se especifica su ratio de población, y 3.233 plazas hoteleras", añade. Según los ecologistas, el PGOU no se adapta ni al POTA, ni al Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH). "Pero lo terrible es que el grueso del crecimiento queda fuera del PGOU. Se trata de Costa Esuri e Isla Canela, que entre ambos suman más de 50.000 plazas turísticas, juntando hoteles y segundas residencias", dice Olano.

¿En qué situación se encuentran ahora todos estos proyectos? A un mes escaso de las elecciones, los alcaldes y candidatos socialistas de Ayamonte y El Granado prefieren no opinar sobre estos temas y dejan que sea la voz genérica del PSOE la que responda. El partido se reafirma en lo que ya explicó cuando se conoció el caso de El Granado. "Velaremos para que se respete medioambientalmente una zona como la del Guadiana. Por eso acatamos los compromisos del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, como hacemos en el resto de la provincia. Los criterios de sostenibilidad son los que prevalecen en nuestra política", afirman fuentes socialistas.


925 vecinos, 1.150 casas nuevas

Cabezas Rubias (925 habitantes), gobernado por el PA, se ha convertido en el último ayuntamiento del Andévalo occidental que recibe alegaciones a su PGOU por el presunto crecimiento desmesurado que contempla. Según la fundación ecologista Pura Vida, el plan de este pueblo prevé una macrourbanización que incluye un campo de golf de 116 hectáreas que supondría la "destrucción de grandes superficies de arbolado denso, en zonas de alto valor natural, ambiental y paisajístico".

El campo de golf estaría acompañado de unas 1.150 viviendas. En total, el conjunto ocuparía 374 hectáreas de terrenos. Los ecologistas califican de "barbaridad y disparate" el proyecto turístico y consideran que supondría una "innecesaria destrucción de recursos naturales" en esta localidad del Andévalo onubense.





*ELPAIS.com - Huelva - 29/04/2007
Foto: Isla Canela (Huelva) /mma.es

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La edificación aporta a los concellos gallegos el 60% de sus ingresos en impuestos

J.Pérez.- FarodeVigo* : "Lo ocurrido en el mercado inmobiliario en las dos últimas semanas, con la publicación de los datos del Ministerio de Vivienda que señalan un ligero descenso del precio de los pisos, especialmente en las grandes ciudades; y el incesante desplome en Bolsa de las empresas ligadas al ladrillo, abre muchas interrogantes. ¿Está el sector agotado? ¿Hasta qué nivel se abaratarán los inmuebles y el suelo? ¿El ciclo del boom constructor ha llegado a su fin? Se han escuchado respuestas variadas por parte de empresarios, analistas, incluso partidos políticos y sindicatos. Y, aunque la mayoría de informes señalan que la demanda de viviendas seguirá fuerte, al menos, durante el actual 2007, lo cierto es que todos los indicadores apuntan a un "suave aterrizaje".


Entre las muchas repercusiones que el supuesto freno tendrá para la economía están los ingresos que la actividad inmobiliaria tiene para las administraciones. Especialmente, para los concellos, encargados de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el que grava las construcciones y las obras. Dos tasas que, en Galicia, suponen para los ayuntamientos el 60% de su recaudación impositiva.

La edificación ha permitido a los municipios de la comunidad embolsarse más de 360 millones de euros en 2005, según el último informe sobre presupuestos de entidades locales elaborado por la Agencia Tributaria. Casi la mitad, entre los ayuntamientos coruñeses, donde se recaudaron 168,1 millones de euros. Es también la provincia donde el pago de impuestos relacionados con el sector inmobiliario tiene más peso, en relación al volumen total de impuestos. Un 63%, concretamente, de los 263,210 millones que aportaron impuestos directos e indirectos.

Los concellos de Ourense y Pontevedra se mueven en un porcentaje similar, del 62% y el 60%, respectivamente, con una recaudación total por Bienes Inmuebles y por obras de 39,238 millones de euros y 117,562 millones, según el reciente informe del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. La proporción de lo que ambas tasas supone en Lugo se rebaja hasta el 54%, con 41,269 millones de euros recaudados.
El Impuesto de Bienes Inmuebles -conocido como el recibo de la contribución- es, por sí solo, el tributo más elevado para los ayuntamientos gallegos. El que representa más ingresos. Muy cerca incluso de la mayor partida que reflejan los balances municipales, que es la de las transferencias corrientes que se realizan desde el Gobierno central. 120,613 millones de euros para los concellos coruñeses, 35 millones para los de Lugo, 32,4 millones en Ourense, y 90,9 millones en Pontevedra.



*Faro de Vigo - 29 ABRIL 2007


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