R.LIZCANO.- ElCorreoGallego* : "Apuntan la necesidad de liberar la planificación del suelo de las presiones económicas y de que quede sujeta únicamente a criterios técnicos de órganos independientes ·· Denuncian que el “malmanexo” político ha hecho un daño irreparable a la cuestión urbanística. Urbanismo, planeamiento, ordenación... son términos que han dado el salto del ámbito profesional a las conversaciones del día a día como una de las principales preocupaciones de grupos políticos, alcaldes, medios de comunicación y ciudadanos hipotecados. Queda la sensación de que los núcleos y los responsables de su ordenación han perdido la perspectiva y sólo el afán constructivo y el peso del dinero deciden los destinos del suelo.
El arquitecto César Coll, el urbanista y economista Ánxel Viña y los diputados Pilar Rojo (PPdeG), Abel Losada (PSdeG) y Ana Pontón (BNG) fueron reunidos por los debates semanales del Grupo Correo Gallego en el hotel AC Palacio del Carmen de Santiago para reflexionar sobre qué modelo de ciudad debe guiar las decisiones de los responsables de gestionar los destinos del suelo gallego.
Uno de los grandes obstáculos señalados fue la falta de límites: "na lei do 97 pensouse que a moita oferta de solo ía resolver o problema da vivenda e se fixo todo solo urbanizable", dijo Ánxel Viña. A partir de ahí, "a expectativa urbanística transformouse nunha especie de veleno ao que aínda non fomos quen de transmitir que debe ser limitada".
Porque las desenfrenadas expectativas inmobiliarias, continuó, introducen una perversión: la ciudad reivindica espacio para su crecimiento, se habla de zonas de influencia de decenas de kilómetros, aparece la suburbanización en extensas áreas más allá del núcleo planificado y resulta imposible preservar espacios agrarios estables.
"Lo que hay que hacer es liberar el planeamiento de la presión económica. Y hay maneras de hacerlo, de forma que esté regido únicamente por criterios técnicos", apuntó, en la misma línea abierta por Ánxel Viña, César Coll, representante del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Al respecto, Coll se refirió a la presión ejercida por colectivos vecinales, "o asociaciones de propietarios de tierra". Y es que, prosiguió, "los mayores especuladores son los vecinos normales, ya me gustaría a mí ganar lo que ganan ellos en una venta".
César Coll quiso poner los puntos sobre las íes al afirmar que, estrictamente, "en España no hay un problema urbanístico, sino social". Lo explicó con un símil: "en África no hay hospitales, no hay medicinas, no hay médicos... podemos decir entonces que en África hay un problema sanitario, pero aquí hay técnicos suficientes, hay legislación urbanística suficiente. Ningún ayuntamiento me puede decir que no tiene elementos para controlar el precio del suelo. No es algo sin solución, sólo se han hecho las cosas mal y hay que empezar a corregirlas".
Al respecto, Abel Losada censuró la máxima del "ti vai facendo que xa se arranxará". Para Losada, "o urbanismo permite que decisións políticas supoñan enormes beneficios a privados e, mentres non se asegure a transparencia, é, polo menos, un perigo". Denunció que las exageradas previsiones de crecimiento recogidas en los planes generales terminan por crear expectativas de negocio en los ciudadanos y señaló su "preocupación" por el crac de la burbuja.
En la misma línea, Ana Pontón, del Grupo Parlamentario del BNG, lamentó el "submundo que se xera ó redor do urbanismo a partir de persoas sen vocación de servizo público". Pontón hizo notar que incluso se dan casos, "como o de Gondomar, onde compañeiros do BNG foron agredidos por defender a legalidade urbanística".
Desde el Grupo Parlamentario del PPdeG, Pilar Rojo, apuntó que la ordenación del territorio "non é cuestión de partidos, nin de lexislaturas, senón de moito tempo". La planificación "ten que establecerse fóra de calquera confrontación política". "O territorio e a ordenación teñen que estar fóra porque estamos xogándonos o futuro das vindeiras xeracións", señaló Rojo.
Ánxel Viña fue más allá y auguró que el "malmanexo político" de la cuestión urbanística acabará por pasar "unha grave factura en termos de autoridade institucional".
¿Devolver competencias?
En la mesa, se suscitó un debate paralelo a raíz de la intervención de César Coll, que, citando a Ramón Jáuregui, ex vicelehendakari vasco, invitó a "reflexionar sobre la asunción de competencias", indicando que "las comunidades serán maduras en el momento en que devuelvan ciertas competencias al Estado porque entiendan que lo hace mejor". Losada afirmó "non entender por qué o Estado ía xestionar mellor a cuestión urbanística". Pontón señaló que el urbanismo sólo se puede hacer desde dentro, conociendo las particularidades de cada territorio. Coll respondió que eso no impide "que haya un lenguaje común, unos cuerpos normativos comunes".
*El Correo Gallego - 01.05.2007
Abogan por poner límites al bum del ladrillo en los municipios gallegos
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1 comentarios :
La administración local posee, a través de la concesión discrecional de licencias y planes urbanísticos, el control absoluto sobre "el grifo de la oferta" Aún tratándose de un bien de primera necesidad la clase política utiliza su monopolio en la concesión de licencias para mantener el suministro de viviendas sistemáticamente por debajo de las necesidades sociales. El motivo por el que los políticos usan su poder para impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional a disponer de una vivienda es evidente: el permanente estado de sobredemanda en el mercado inmobiliario, la permanente escasez artificial de un bien de primera necesidad provoca un alza continuado de precios de la vivienda que se traduce en un alza continuada del precio de las licencias y otros permisos urbanísticos de los municipios.
Dado que la mayor parte de la financiación municipal, tanto la empleada para financiar obras faraónicas, inútiles y cargadas de ostentación analfabeta (campañas electorales encubiertas) como la empleada para financiar la corrupción de los partidos y la corrupción personal de los políticos se obtiene del saqueo a los ciudadanos a través de las viviendas nuevas (y de los créditos de las Cajas de Ahorros), este aumento del precio de las licencias es esencial.
Un político siempre desea robar y despilfarrar inutilmente cantidades crecientes de dinero lo que hace necesario que el negocio monopolista de la concesión de licencias deba proporcionar ingresos crecientes.
El negocio de las recalificaciones y licencias funciona a base de comprar o expropiar forzosamente suelo rústico a precios irrisorios. Si se trata de una operación de robo legal y democrático al ciudadano, una vez firmados los papeles la clase política vende ese suelo en concurso público a precio millonario y el dinero se ingresa en las cuentas municipales. Este dinero robado al ciudadano será empleado por los políticos para subirse los salarios, viajar a las Caimán en viaje oficial o comprar nuevos coches oficiales. De tratarse de un robo ilegal al ciudadano, el suelo rústico lo compra, por ejemplo un primo o una Caja de Ahorros. La recalificación en estas ocasiones se hace previo pago del propietario al político. Hay también operaciones híbridas que combinan el robo ilegal con el robo legal al ciudadano.
Como este negocio está basado en el monopolio y los métodos mafiosos los costos son virtualmente iguales a cero (Si un agricultor se niega a regalarles sus tierras se las roban) De esta manera el único modo de incrementar progresivamente el botín es aumentar el precio que los promotores pagan por las licencias (precio que cargado el el precio de la vivienda, pagan finalmente los compradores de la vivienda) o bien aumentar la producción y venta al mejor postor de licencias.
Esto último, el recalificar cantidades ingentes de suelo, se ha hecho mucho en el intento de los políticos por incrementar el volumen de lo robado a la población. Lamentablemente la ley de la oferta y la demanda nos dice que si aumenta lo suficiente la oferta, si la clase política deja de ser capaz de mantener artificialmente la escasez de un bien básico a través de prohibir de hecho la producción de este bien necesario, los precios de las viviendas bajarían y resultaría imposible a los políticos seguir vendiendo licencias a precios astronómicos.
Eran de esperar por parte de la clase política toda clase de maniobras para mantener la escasez de la vivienda y, utilizando el matonismo de toda mafia, quitarse de encima cualquier competencia a su monopolio.
La marcha atrás en las calificaciones, operación que consiste en volver a hacer rústico utilizando como pretexto ridículas preocupaciones medioambientales (como si a un ladrón mafioso le preocupase la naturaleza) pero sin devolver el dinero saqueado o la nagación "por que yo lo valgo" de licencias a suelo que el propio municipio a vendido a precio millonario con sus planes urbanisticos aprobados, son solo un ejemplo de este intento de mantener la escasez que les permite robar más cada año.
Esta nueva vuelta de tuerca que consiste básicamente en volver a robar el 43% de lo que previamente ya habían robado mediante la siniestra inflación es solo un intento más de mantener medio cerrado el grifo de la oferta.
Por fortuna esta vez no va a salirles bien. Han ido en su codicia demasiado lejos. Las cifras de la macroeconomía nos dicen que el castillo de naipes se desplomará.
Si teneis algún depósito en una Caja de Ahorros quizás fuese este el momento de liquidarlo y buscarle a vuestro dinero un destino más noble y seguro. .. de foros www.aedru.org
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