La España del ladrillo (II): nieve va

Perla Sambá* : "En las últimas semanas se ha puesto en marcha el lanzamiento publicitario de Marina d’Or Golf, segunda fase del famoso emporio turístico inmobiliario diseñado para recluir a 100.000 turistas. A plena ocupación, Marina d’Or pasará estar entre las cuarenta ciudades más pobladas de España. Pero antes de que aterrizen los nuevos colonos es preciso realizar una serena descripción de lo que les espera…


Aprendiendo de Las Vegas
Como no podía ser menos, el nuevo complejo incluirá los preceptivos tres campos de golf, diseñados por los superprofesionales mercenarios Sergio García y Greg Norman. Pero, como ya se imaginarán, a estas alturas del Delirio Urbanístico Generalizado (DUG), lo de los campos de golf es casi lo de menos… Gracias a Anne Igartiburu, portavoz oficiosa del emporio y conocida presentadora del concurso Mira quién saca tajada de la destrucción del territorio, nos hemos enterado de que entre las insensatas novedades que propone el demencial holding castellonense se incluyen los siguientes servicios de interés general: 1) Una serie de románticos canales para pasear en góndola. 2) Un balneario científico de agua marina (signifique esto lo que signifique). 3) Un arrecife coralino con más de 12.000 peces tropicales. 4) Reproducciones de la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y los Jardines de Versalles. 5) Dos kilómetros de magníficas playas caribeñas (repetimos: caribeñas). 6) Y por último, aunque no por ello menos desquiciado, la mayor pista de esquí artificial del mundo.

Entre unas cosas y otras, los requerimientos de agua de Marina d’Or Golf representarían una quinta parte del trasvase del Ebro, según Ecologistas en Acción. (Nota: para que este tipo de nimias estadísticas no impidan el pleno disfrute de las nuevas atracciones, imaginamos que Marina d’Or proporcionará, a quien no lo lleve incorporado de serie, el mismo kit de aislamiento sensorial que llevan los “turistas” de Guantánamo para que el mundo exterior y sus engorrosos límites no impidan al visitante disfrutar de su vertiginoso descenso en trineo).

El tío Ger
Aunque la idea de esquiar en Castellón en pleno agosto suene quimérica, no hay que olvidar que el lema “nada es imposible” encaja como un guante en la personalidad de Jesús Ger, carismático alcaide de Marina d’Or. A Ger le gustán los desafíos y, para colmo, la Diosa de la Fortuna siempre ha estado de su lado:

- Primero tuvo la buena suerte de que los ayuntamientos de Oropesa y Cabanes le adjudicaran 19 millones de metros cuadrados para edificar Marina d’Or Golf. ¿Qué cómo consiguió la adjudicación? Bueno, según denuncias de Isaura Navarro, diputada de Izquierda Unida por Valencia, “dos de los seis concejales del Partido Popular de Cabanes que votaron a favor del proyecto, dos hijas de los máximos dirigentes del PSOE en Oropesa y la secretaría general del PSOE en esa localidad están en nómina de Marina d’Or”. Y lo dice como si cobrar dinero de Ger fuera algo malo… Vamos a ver: después de todo, los municipios de Oropesa y Cabanes van camino de convertirse en meros suburbios de Marina d’Or, así que es lógico que las autoridades locales reciban órdenes del alcaide Ger que, a fin de cuentas, es el que corta el bacalao. ¿O no?

- Más tarde, en otro increíble caso de buena suerte, las autoridades locales decidieron que el futuro aeropuerto de la provincia estuviera cerca del chiringo vacacionista de Ger. Por si esto no fuera suficiente, Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón, decidió que había que construir una carretera entre el nuevo aeropuerto y Marina d’Or aplicando la siguiente lógica: la-distancia-más-corta-entre-dos-puntos-es-la-línea-recta (formula geométrica de dudoso encaje legal, según algunos jueces, cuando la línea recta incluye una zona protegida y un yacimiento arqueológico).

Bajarse al moro… con los palos de golf
Pero no se alarmen, porque a Ger nadie le para los pies: aunque haya que secar el Ebro y sus batracios se caguen en la puta raza de Fabra y Ger, en Marina d’Or va a haber agua, suelo, carreteras y energía para lo que a él le de la real gana. No obstante, tras haber conseguido que nieve en Oropesa en agosto y en vista de que en España no hay autoridad competente que se le resista, Jesús Ger está intentando ahora el más difícil todavía: construir un complejo marinadoriano en Marruecos. ¿Utilizará el agua de los oasis marroquíes para construir una reproducción de Cullera en el Sáhara Central? Bueno, hasta que esto se aclare que mejor manera de amenizar la espera que echando un vistazo a uno de los últimos videos ideados por las autoridades de Castellón para atraer a sus costas a los colonos/turistas. Ladies and gentlemen, con ustedes, el único, el incomparable, el legendario… ¡LUIIIIIIIS AGUILÉ!


*LadinamoBlog - Miércoles, 21 Febrero, 2007

Foto: Marina D'Or /integral

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Alrededor de 160 entidades se unen contra la destrucción del territorio

I.OLAIZOLA* /Palma : "Más de 160 entidades educativas, ambientales, culturales, formaciones políticas, sindicatos, asociaciones vecinales, plataformas territoriales y una gran variedad de otras asociaciones se han adherido a la manifestación contra la destrucción del territorio convocada para hoy a la seis de la tarde en la plaza de España por la plataforma Salvem Mallorca.



Tonina Siquier, militante del Gob que ha participado activamente en la organización de esta protesta, no se atrevía aventurar una cifra de las personas que acudirán a la manifestación convocada para esta tarde. "No sé, soy muy mala con las cifras. Llevamos más de un mes de trabajo y confiamos en que acuda tanta gente como la que vino a la gran protesta de 2004", pronosticó la ecologista.

Cabe recordar que el 14 de febrero de 2004 el Gob y otras dos plataformas contra proyectos viarios consiguieron congregar a más de 40.000 personas (otras fuentes hablaron de 50.000) por las calles de Ciutat bajo el lema ´Qui estima Mallorca no la destrueix´. La primera consecuencia de esta gran movilización ciudadana fue la retirada del polémico proyecto viario que pretendía unir Inca y Manacor con una autopista. Recordando esta victoria, las diferentes entidades convocantes animaban a la gente a acudir hoy a la manifestación contra la destrucción del territorio en Mallorca.

Los ataques contra el portavoz del Gob, Miquel Àngel March, por una presunta irregularidad urbanística en una finca de su propiedad en una zona Anei de Pollença serán, a juicio de los organizadores, una motivación añadida para que más gente acuda a la protesta.

"La denuncia la ha interpuesto un militante del PP y, curiosamente, todo el asunto se ha destapado la semana previa a la manifestación. En la finca de March no se ha hecho ninguna obra. Estamos bien tranquilos de que cualquier persona de nuestra organización es de una honestidad y transparencia absolutas. Quizá toda esta campaña responde a que no saben como tapar sus propios casos de corrupción e intentan desprestigiar a otros", apuntó Siquier.

En este mismo sentido se pronunció la secretaria general de los socialistas de Mallorca, Francina Armengol, para quien el PP emprende "campañas de desprestigio contra las organizaciones sociales y partidos que piensan diferente. Ya se ha demostrado que el Govern utiliza dinero público para pagar programas como IB3 Confidencial en los que se ataca a todo tipo de disidencia. Me repugna esta forma de hacer política", recalcó.



Más adhesiones



En lo que atañe a los últimos preparativos de la manifestación, Siquier se mostró sorprendida del alud de adhesiones que están teniendo hasta el último momento. "Ayer (por el jueves) se nos habían sumado unas 130 entidades. Hoy (por ayer, viernes) ya sumamos más de 160. Treinta nuevas organizaciones en un solo día", resaltó Siquier.

Aparte de la gente que acuda en sus propios vehículos, se han fletado autobuses desde las localidades de Pollença, Felanitx y Andratx, como informó este diario el jueves, a los que en las últimas fechas se han sumado otros autocares que partirán de Campanet, Inca, Alcúdia, Llucmajor, Esporles y Petra, según informaron desde la organización. "Los medios de comunicación están dando mucha cobertura a esta manifestación. Acudo a tres o cuatro radios cada día. Espero que la gente responda y acuda hoy a la plaza de España. Hemos trabajado para repetir el éxito de 2004", mostró su esperanza Siquier.


*diariodemallorca.es, Sábado, 17 de marzo de 2007

Foto: Militantes del Gob y de entidades que se han sumado a la manifestación desplegaron ayer en Son Sardina la pancarta que encabezará la protesta. /G.BOSCH

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Afectados por posibles derribos esperan que la Junta recapacite tras el «rapapolvo»

SUR*/Marbella : "La contundencia de los argumentos con los que el juez Miguel Ángel Torres, instructor del 'caso Malaya', ha rechazado la personación de la Junta de Andalucía como acusación particular no ha dejado indiferente a nadie. Tampoco a los vecinos que pudieran verse afectados por algunas de las demoliciones de viviendas ilegales que podrían derivarse de las peticiones de ejecución de sentencias por parte del Gobierno andaluz.


La plataforma de ciudadanos afectados por los posibles derribos en Marbella no se anduvo ayer por las ramas y se mostró confiado en que el «rapapolvo» del magistrado a la Junta «le haga recapacitar y anuncie antes de las elecciones que no habrá ninguna demolición de viviendas adquiridas de buena fe».

Desde la plataforma no ocultaron su satisfación porque el juez haya considerado en el sumario a la Junta más responsable que perjudicada en la trama de corrupción urbanístico. En un comunicado, afirmaron que el «mal funcionamiento» de las administraciones públicas ha llevado a miles de vecinos a «situaciones muy graves», al mismo tiempo que acusaron de «hipocresía» de la Junta «al querer derribar viviendas después de haberse enriquecido por ellas».

Frente a estas duras críticas, la comisión gestora de Marbella cerró filas en torno al Ejecutivo andaluz. El vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, consideró que culpar a la Junta de lo ocurrido «es como culpar a la Policía de la situación en el País Vasco».

«Muy precipitadas»

A su juicio, las observaciones reveladas tras el último levantamiento de sumario son «muy precipitadas» y no dudó en respaldar el argumento de Manuel Chaves, considerando que «quien cobra por la expedición de licencias ilegales y los impuestos de plusvalía es el Ayuntamiento». «Las palabras del juez se están sacando de contexto», añadió.

La propia Junta siguió ayer defendiendo a ultranza su gestión durante los 15 años de gilismo. La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, recordó que desde que se obtuvo el respaldo de los jueces en las primeras sentencias anulando las licencias ilegales la actuación en Marbella ha sido «siempre contundente». Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, insistió en que la Administración autonómica no se ha beneficiado «en nada» de las operaciones urbanísticas irregulares que se han producido en Marbella.

Los coletazos al demoledor auto del juez también vinieron ayer de parte de los dirigentes del PP, del PA y de IU. Javier Arenas, presidente del PP andaluz, reiteró que el auto «no es subjetivo» porque la Junta lleva «15 años mirando para otro lado en Marbella». Por su parte, la portavoz del PA en el Parlamento , Pilar González, consideró que el Gobierno andaluz ha podido incurrir en un «fraude político» si se confirma el ingreso de dinero por impuestos de viviendas ilegales.

Por último, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, apostó por abrir una investigación para concretar la responsabilidad de la Junta y si sabía que las licencias eran «ilegales».


*diariosur.es - Sábado, 17 de marzo de 2007

Foto: Puerto Banús /malagaweb

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El alcalde de Oleiros acusa a la Xunta de castigarlo mientras permite destruir la costa

PaolaOBELLEIRO* : "El alcalde de Oleiros, el independiente Ángel García Seoane, atacó ayer con dureza la política urbanística del Gobierno gallego ante la decisión de Política Territorial de rechazar el Plan Xeral de Ordenación Municipal de esta localidad del área metropolitana de A Coruña. "Somos víctimas del politiqueo", acusó, "nos paran el plan para jugar electoralmente con él". Nada que ver, denunció, con "la permisibilidad" ante alcaldes que destruyen la costa. "A esos nadie los para, sólo les dan tirones de oreja", denunció en alusión a los regidores de la Mariña lucense.


Hay dos varas de medir, según García Seoane. "Pero no vamos a dejar que esa política miserable mancille nuestra gestión", advirtió. El regidor desplegó una artillería de descalificaciones contra la política urbanística de los socialistas, que equiparó a la del PP: "Basta darse una vuelta por los ayuntamientos donde gobiernan unos y otros, están llenos de desfeitas y falcatruadas".

García Seoane tenía claro que iba ocurrir lo mismo que con los dos anteriores planes urbanísticos de Oleiros, de 1983 y 1995: también fueron rechazados, en vísperas de elecciones municipales, por el Gobierno gallego, entonces en manos de los populares, recordó. Y ahora, con los socialistas, la política urbanística de la Xunta se caracteriza, según este alcalde, por su "desnorte", su incapacidad para tramitar planes de ordenación -más de un centenar están pendientes, dijo- y su "permisividad mientras la costa gallega sigue siendo destruida".

El Ayuntamiento de Oleiros, que presume de "la singularidad" de su urbanismo, redactará para después del verano, tras las elecciones, un documento de respuesta al informe de Política Territorial en el que se desgranan las deficiencias del plan municipal por las que el departamento autonómico rechazó darle la aprobación definitiva. Pero ayer García Seoane ya lanzó crudas aseveraciones contra la resolución de la Xunta: "Es el informe personal de unos técnicos que interpretan la ley a su manera, en algunas ocasiones incluso con una maldad y ruindad terrorífica". Denunció que la resolución no fuera firmada por el director general de Urbanismo, sino por un subdirector "vecino de Oleiros y que se jacta de ser enemigo del alcalde".

Es extraño, continuó el regidor, que Política Territorial emitiera su informe sin esperar por la indispensable evaluación de la Consellería de Medio Ambiente, un documento que, según él, estará listo el próximo miércoles. Y recordó que cuenta con informes favorables de las demás administraciones, como el Ministerio de Fomento o Patrimonio de la Xunta.

En cuanto a la clasificación de los suelos, principal motivo para devolver a Oleiros su plan de ordenación, el alcalde se explayó en explicar que su propuesta rebaja la edificabilidad en el municipio. Acusó a la consellería de pretender, con sus criterios para la declaración de suelo urbano en núcleos de población ya existentes, "quitarles de un plumazo las fincas a vecinos que tienen esa clasificación desde 1983". Seoane advirtió de que el Ayuntamiento está dispuesto a acudir a los tribunales, si es necesario, para "parar esas tropelías". Y recurrió a un símil taurino para destacar la disposición de su gobierno a dar la batalla: "Vamos a coger el toro por los cuernos y llevarlo al cercado. Pero no vamos a usar toros mansos, porque nosotros nunca lo fuimos".


*ELPAIS.com - A Coruña - 17/03/2007

Foto: Sta.Cristina /Oleiros

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El precio de la vivienda ha subido 10 veces más que los salarios en el último decenio en Catalunya

AGENCIAS* : "Los salarios han subido una media del 30% en la última década en Catalunya, mientras que los precios medios de los pisos han crecido más de un 310%, lo que ha dejado a una importante parte de la población sin posibilidad económica de acceso a una vivienda.



La provincia catalana en la que se ha registrado un aumento más espectacular ha sido Girona, donde el precio de la vivienda ha subido un 372,8% entre 1994 y el 2006, llegando a 3.848 euros el metro cuadrado, según ha afirmado el conseller de Medi Ambient i Vivenda, Francesc Baltasar, durante una comparecencia en el Parlament. De cerca le siguen las demarcaciones de Tarragona, donde el crecimiento ha sido del 325%; Barcelona, con un 297,4%, y Lleida, con un 250%.

La clase media, cada vez más afectada

El político ecosocialista ha explicado que la fuerte inflación de precios que se ha producido en esta década, "una de las más intensas conocidas en la historia inmobiliaria", ha llevado a una discrepancia extraordinaria entre la evolución de los salarios, que han crecido muy modestamente, y el coste de la vivienda, que se ha disparado en todas las esferas del mercado inmobiliario, tanto en la obra nueva como de segunda mano y alquiler.

"[La situación] Ha superado los ámbitos habituales en los que se desarrollaba la política de vivienda porque cada vez más afecta a franjas de clases medias con ingresos por encima de los considerados habitualmente como elegibles para tener derecho a ayudas públicas", en palabras del conseller.

Este escenario, además, ha venido acompañado de una "caída drástica" en la producción de vivienda protegida, ya que de los volúmenes de entre 15.000 y 20.000 pisos protegidos que se construían cada año en la década de los 90 se ha pasado a producciones inferiores a los 10.000 en los últimos años.

Batería de medidas

Para hacer frente a esta situación, Baltasar ha señalado que su departamento está impulsando una serie de medidas que pasan por ampliar el abanico de la población beneficiaria de pisos de protección oficial, incrementar los recursos presupuestarios y cambiar los instrumentos de intervención en el campo de la vivienda social.

En este sentido, ha subrayado que una de las iniciativas que se están potenciando es la concesión de ayudas para el pago del alquiler a familias con unos ingresos 2,5 veces por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). El pasado año se beneficiaron de estas ayudas 8.376 personas, con 17,1 millones de subvenciones, y está previsto que en el 2007 la cifra de agraciados llegue a 10.000 personas.

Otras de las "medidas de choque" que está preparando la conselleria que dirige Baltasar son la ampliación de créditos para la emancipación de la gente joven, el establecimiento de un sistema universal de avales a los inquilinos y la firma de un protocolo interdepartamental contra el acoso inmobiliario.


*ElPeriodico.com 16/3/2007


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Las impugnaciones han impedido construir 10.490 viviendas ilegales en Marbella

DiegoNARVÁEZ* : "Los controles de la administración autonómica y de los tribunales de Justicia sobre el urbanismo de Marbella, cuya eficacia es objeto recurrente de polémica, sí tuvo resultados al menos en los tres últimos años de mandato del Grupo Independiente Liberal. Desde que en marzo de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cambió de doctrina y comenzó a ordenar suspensiones cautelares de obras con licencia impugnada, se ha impedido la construcción de 10.490 viviendas contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 4.427 están paradas, y el resto no llegaron a iniciarse.



Hasta ahora se daba por bueno que en Marbella se construyeron unas 30.000 viviendas contrarias al PGOU entre 1991 y 2005. El dato lo obtuvo el equipo redactor del nuevo planeamiento cuando elaboró el documento de avance, pero estaba extraído de los datos de las licencias otorgadas de forma ilegal.

Ahora, una vez que la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella ha hecho un control sobre el terreno de lo que ha ocurrido con cada una de estas licencias, la cifra se rebaja en una tercera parte. Y es que desde el año 2003 las órdenes de suspensión de obras que el TSJA dictaba siempre que la Junta impugnaba una licencia irregular han impedido la construcción de 10.490 casas ilegales. De ese total, 5.795 ni siquiera llegaron a iniciarse y las parcelas continúan libres. Otras 4.427 están en distinta fase de obra, pero paralizadas y precintadas. La lista se competa con otras 268 casas que sí se han acabado pero no han llegado a ocuparse, lo que alivia el problema social que se plantearía en caso de que finalmente el TSJA decidiera demolerlas.

También ha habido promotores que han incumplido las órdenes de paralización cautelar y han acabado las construcciones que ya están habitadas, situación en la que se encuentran 999 viviendas que corren el riesgo de ser declaradas ilegales en sentencia firme.

Según la consejera de Obras Públicas, estos datos evidencian que la Junta ha cumplido su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística en Marbella. "Cuando hemos tenido apoyo del tribunal, hemos tenido eficiencia", sostiene la consejera, quien recuerda que la Junta ha impugnado más de 400 licencias de obras en Marbella y siempre pidió la suspensión cautelar de las obras al TSJA, que es a quien compete tal decisión, y que éste las denegó hasta marzo de 2003, cuando ya se habían impugnado 130 permisos sin que se adoptaran medidas.

Entre las obras en construcción que se encuentran paralizadas hay algunas de promotores imputados en la Operación Malaya, como José Ávila Rojas -279 casas en Río Real y 192 en La Trinidad, de Naviro Inmoviliaria; y 210 de Turasa-, o Carlos Sánchez -242 viviendas en Elviria de CCF 21 y dos hoteles-, o Fidel Sanromán -dos centros comerciales del grupo Tifan-.

Unifamiliares
Naviro Inmobiliaria (Ávila Rojas), construía 11 casas en suelo para parques y jardines que el TSJA ordenó parar en noviembre de 2004.

Apartamentos
Promoción de 279 viviendas de Naviro Inmobiliaria en suelo urbanizable pero sin instrumento de planeamiento. Parada en mayo de 2004.

Urbanización
Sur Inversiones Sema construía 181 viviendas, más de las permitidas en la zona y sin plan de desarrollo. Parada en abril de 2004.

Adosados
En junio de 2004 el TSJA mandó parar la promoción de 14 adosados que Anotaciones Veinticuatro alzaba en suelo destinado a parques y jadines.



*ELPAIS.com - Málaga - 16/03/2007

Foto: Apartamentos en construcción- EL PAÍS

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El Juzgado de Avila llama a declarar como imputado al Director General del Medio Natural de la Junta

EFE* : "El Juzgado de Instrucción número 2 de Avila ha atendido la petición del fiscal jefe al llamar a declarar como imputados en el caso de la 'Ciudad del Gof' de Las Navas del Marqués al director general del Medio Natural de la Junta, Mariano Torre, y el alcalde navero, Gerardo Pérez (PP), entre otros. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción no atiende la petición presentada por la Asociación Centaurea, para que el número de imputados se viera ampliado con otros dos cargos de la Administración autonómica.



La providencia del juzgado a la que tuvo acceso hoy Efe fija para el próximo 11 de abril, a partir de las 10.00 de la mañana, el día para que ambos presten declaración ante el juez Miguel Angel Moreno, junto al secretario del Ayuntamiento de Las Navas, Carlos de la Vega, y al ex delegado de la Junta en Avila, Félix San Segundo, que cuando se tramitó el proyecto también era presidente de la Comisión de Urbanismo.


Los ecologistas solicitaban la declaración del jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, José Angel Arranz, y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en Avila y vocal de la Comisión Territorial de urbanismo de Avila en la época en la que ocurrieron los hechos, Juan Manuel Pardo.

La providencia emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 no llama a declarar a estos dos últimos, pero sí atiende a la solicitud de Centaurea, que pedía al juez la declaración como testigos de tres funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente.

Se trata de Sabas Yagüe, jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente en la época en que ocurrieron los hechos; José Ignacio Molina, jefe de Especies Protegidas de la Consejería, y Alfredo Martín, técnico de Evaluación de Impacto Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Todos ellos han sido llamados a declarar el próximo 10 de abril, a partir de las 10.30 de la mañana en esta instancia judicial que ordena practicar estas diligencias 'sin perjuicio de otras que pudieran acordarse en vista del resultado de las que ahora se acuerdan'.

Además, el Juzgado requiere a la Consejería de Medio Ambiente, al Servicio Territorial de Fomento, al Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y a la Sociedad Montes de Las Navas que remitan la documentación que, a juicio de los ecologistas, 'no han entregado' hasta la fecha.

Esta providencia es emitida un día después de conocer que La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha decidido paralizar cualquier trabajo encaminado a la construcción de la 'Ciudad del Golf', hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación presentados en esta instancia judicial.

El proyecto incluía la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en 210 hectáreas de terreno en una zona protegida.

El presidente de Centaurea, Carlos Bravo, elogió hoy, en declaraciones a Efe, la 'celeridad' con la que tanto la Fiscalía como el Juzgado están actuando en este caso.

Desde su punto de vista, ambas instancias 'avanzan correctamente' para que 'cuanto antes, se resuelva esta situación, ya que están en juego espacios naturales con políticas de especulación urbanística y cacicadas en Castilla y León, como la Ciudad del Medio Ambiente -Soria-'.

En este contexto, se mostró esperanzado en que con estos testimonios 'se pueda empezar a conocer la verdad' y 'se concreten los delitos penales' que se hayan podido cometer.



*Terra Actualidad - EFE 16-03-2007

Foto: habitat cigüeña negra /forocastellano

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Políticos de ladrillo

Mª.DOLORES F.-FÍGARES* : "Hemos tardado, pero ahora nos estamos dando cuenta de para qué se meten en la política un grupo de ciudadanos, bastante numeroso al parecer. Una vez que han sembrado las verdes praderas de la Vega granadina y los secanos de otros pagos de urbanizaciones bien macizas de volúmenes de cemento, de extensos centros comerciales, empiezan a saltar los escándalos urbanísticos, al calor de la primavera en flor y las próximas elecciones municipales. Cada día aparecen nuevas noticias, saltan nombres de personas y de pueblos, donde presuntamente se cometen las tropelías y los incautos ciudadanos que creíamos que a la política se iba a servir al bien común y no a enriquecerse lo más pronto posible, no paramos de ponernos las manos en la cabeza, aunque vamos perdiendo nuestra capacidad para la sorpresa.


Lo malo es que les pase lo mismo a los esforzados reporteros que sacan a la luz de los periódicos los asombrosos datos y un buen día den por saturado el cupo del periodismo de investigación y nos dejen otra vez a oscuras. Eso sería una tragedia, porque se ha comprobado que lo que más les duele a esos políticos de ladrillo es verse de protagonistas en este tipo de historias, ante el escarnio general.

Por debajo de los cimientos, de los tabiques, de las estructuras, asoman las tupidas redes de influencias montadas, los clanes pueblerinos que funcionan como mafias y se cuelan en los partidos, repartiendo a diestro y siniestro algunas migajas de los pingües beneficios obtenidos bajo cuerda.

Poco a poco van cayendo los nombres de una lista que se hace larga y casi nadie se extraña de que sean así las cosas, como si la corrupción se hubiese ganado la comprensión y hasta el prestigio. Muchos lo sabían, o lo temían, casi nadie se extraña y, sin embargo, ahí seguían, impunemente, haciendo oídos sordos a las advertencias de unos técnicos continuamente desautorizados.

Cabe preguntarse por qué nadie hizo nada cuando todavía el daño a los intereses públicos, al paisaje, a la cordura, aún no estaba hecho. Está quedando claro que hay un vacío de poder y de autoridad, ya que comprobamos que nadie pone freno a los desmanes cuando aún es tiempo. Así se ha visto en el caos de Marbella, que nadie se explica cómo no actuó la Junta de Andalucía, en este y en otros casos flagrantes. Quizá no existan los medios jurídicos y administrativos necesarios para que la transparencia de las gestiones se vea garantizada de manera suficiente. Pues que se busquen y se pongan en acción cuanto antes. No sólo nos estamos jugando todo un modelo de ética ciudadana, sino la propia credibilidad de los partidos políticos, que ya se están viendo salpicados por los escándalos.

Pero lo más triste es que no parece que estén aprendiendo la lección. Como émulos de lo que hacen sus patrones en la política nacional, la única reacción que vemos en los partidos es la de lanzar a los adversarios ese infantil recurso del «y tú más», que es el grito guerrero que usan los niños de cinco años, cuando se pelean en los recreos del colegio. En vez de ese intercambio sin fin de acusaciones, más vale que se dediquen a diseñar procedimientos de depuración en sus propias estructuras y sean capaces de garantizar a los ciudadanos que nadie que sea sospechoso de corrupción tendrá la osadía de presentarse antes las urnas, a que los votantes respalden sus trapicheos.


*idealdigital, Granada - miércoles, 14 de marzo de 2007


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Un pueblo de Toledo planea 20.000 viviendas a 15 kilómetros de la macrociudad de Seseña

J.LAFUENTE/LL.MARTÍNEZ* : "La comarca toledana de la Sagra va camino de convertirse en la del ladrillo. En Illescas, localidad de 17.000 habitantes a 30 kilómetros de Madrid, el Ayuntamiento (PSOE) está tramitando un inmenso proyecto urbanístico: la recalificación de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo, 560.000 de los cuales son protegidos, para construir más de 20.000 viviendas (60.000 habitantes). Sería la segunda macrociudad en la zona después de que hace más de un año el promotor Francisco Hernando, El Pocero, consiguiera que le recalificaran un secarral en Seseña para levantar 13.000 viviendas en edificios de 10 alturas.



La zona que une Madrid con Toledo es muy apetecible para los promotores urbanísticos: grandes extensiones de suelo rústico y barato que, con una recalificación de por medio, pueden albergar viviendas en una zona relativamente próxima a la capital. Tras el ejemplo de Seseña (13.000 viviendas para un municipio de apenas 9.000 habitantes con problemas de abastecimiento de agua), llega Illescas. El alcalde socialista de esta localidad, José Manuel Tofiño, asegura que su caso "no es comparable". Aunque el proyecto que se está tramitando supone la construcción de más de 20.000 viviendas, Tofiño argumenta que se harán "de forma moderada, en unos 30 años".

Los cuatro Programas de Actuación Urbanística (PAU) que desarrollan la macrociudad prevén un 80% de edificios de cuatro y cinco alturas y el resto de hasta 10 plantas. El enclave elegido para la futura Illescas está separado del casco urbano por la vía del ferrocarril. El alcalde alega que la nueva urbanización le viene de perlas para enterrar los raíles y lograr que el pueblo de toda la vida y las futuras casas estén integradas "sin barreras que las separen". El espacio que ocupan los raíles se transformará en una ronda de circunvalación. Bajo tierra, se instalará una doble vía que permitirá que el tren de cercanías llegue a Illescas.
Soterramiento

Del soterramiento de la vía férrea se encargarán cuatro entidades. Las mismas que, según el convenio firmado en 2005 con el Ayuntamiento, ya se han postulado como agentes urbanizadores para desarrollar los PAU cuando estén aprobados. Para IU, estas sociedades serán las únicas beneficiarias de la operación. La coalición lamenta que el asfalto "se lleve por delante" cientos de miles de metros de suelo protegido "por su valor ecológico". También reprocha que se tramite un proyecto "descomunal" sin que el municipio haya aprobado todavía un Plan de Ordenación Municipal. Ecologistas en Acción y la asociación de vecinos Al-Sagra respaldan estas críticas.

El concejal de Urbanismo de Illescas, Pedro Caballero, se defiende: "Todo es legal, ordenado y transparente". Lo argumenta diciendo que el proyecto fue aprobado en un pleno municipal por unanimidad y que la zona protegida no tiene "tanto valor ecológico" como dice IU. Otra ventaja que ve la corporación es que los promotores construirán los equipamientos y servicios públicos necesarios.

Sobre la petición de IU de declarar nulo el convenio urbanístico, el Gobierno municipal recuerda que las instituciones superiores ya se encargarán de revisar o corregir lo que haga falta. Mientras, el Ministerio de Fomento ha encargado un estudio informativo sobre el soterramiento de la vía, "el primero en una ciudad de tamaño medio que se financia en España", destaca el concejal.

Respecto al modelo de la nueva Illescas, Tofiño defiende que es "asequible y sostenible". "No será un enjambre", alegó el edil, que no teme que Illescas se convierta en una ciudad dormitorio. Será una ciudad en toda regla. El Ayuntamiento prevé dedicar otros 14 millones de metros cuadrados a industrias y servicios.

El proyecto tiene todavía mucho camino que recorrer. Falta que la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo lo apruebe y que el pleno municipal le dé el visto bueno definitivo. La última palabra la tendrá la nueva corporación que salga de las elecciones.


*ELPAIS.com - Madrid - 16/03/2007

Foto: Terreno protegido en Illescas- J. L.


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Manifestación en Segovia contra la especulación urbanística y en defensa del medio ambiente

*La Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia, dio a conocer un Manifiesto que será la tabla reivindicativa de la manifestación, que se celebrará en Segovia el día 17 de Marzo, sábado, a las 8 de la tarde y que partirá de la Avenida Fernández Ladreda. La Plataforma hace un llamamiento a todos los colectivos sociales, políticos, vecinales, culturales, sindicales, deportivos y conservacionistas, “y sobre todo a los ciudadanos, para que se movilicen ahora que aún estamos a tiempo, y les digamos a quienes nos gobiernan, que este no es en absoluto el modelo de desarrollo que queremos para Segovia”.


Los cuatro ejes de la movilización, que en el fondo están todos ellos interrelacionados son:

- Por la declaración ya del Parque Natural del Guadarrama. En toda su extensión y no sólo en las cumbres.

- Contra el desarrollo urbanístico salvaje y la especulación inmobiliaria en Segovia y su alfoz.

-Contra la privatización de las aguas públicas, no a las concesiones de agua del Río Cambrones.

- En defensa de ''Las Calderas’’, no al Proyecto de pantano en el río Cambrones.

La Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia viene constatando desde hace tiempo “una creciente preocupación de los ciudadanos, por una serie de proyectos urbanísticos que amenazan de manera muy seria nuestro medio natural, y sobre todo, que no se entienden necesarios y mucho menos se entiende que traigan ni progreso ni desarrollo”.

“Toda la problemática urbanística de Segovia y su alfoz, hay que enmarcarla en la tan añorada declaración del Guadarrama como Parque Natural, que en primer lugar se demora de manera deliberada, dando tiempo a que los especuladores tomen posiciones y aseguren por la vía de planes urbanísticos sobredimensionados, terrenos para seguir construyendo en los próximos 100 años”.

Además, agrega la Plataforma, “la tan cacareada declaración de Parque Natural, no va a ser una figura jurídica de protección integral de la sierra, sino que prácticamente se reduce a la línea de cumbres. Como dijo el consejero autonómico de turno, hace algunos meses, ese espacio natural será, sobre todo un parque de cumbres y de oportunidades”.

“Crecimiento Cero”

“Así pues, podemos olvidarnos de que la declaración de Parque Natural venga a poner orden en el desorden urbanístico de la falda de la sierra. La suma de los planes urbanísticos proyectados por Segovia, Palazuelos, La Granja, y otros municipios de esta zona, es decir del pie de monte del Guadarrama, prevén la construcción de 30.000 nuevas viviendas, en una provincia que lleva dos siglos con crecimiento cero en lo relativo a población”.

Además, de las 100.000 viviendas que más o menos hay en la provincia de Segovia, menos de la mitad están ocupadas de forma permanente, es decir como primera residencia. “Así pues, esta explosión de ladrillo, no tiene otra finalidad que la meramente especulativa, o a lo sumo servir de segunda residencia; o por pura lógica, si estas viviendas finalmente se habitan, otras quedarán vacías”, denuncia la Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia.

De acuerdo al Manifiesto, “además del destrozo paisajístico que supondría este 'tsunami' urbanístico, uno de los principales problemas que trae aparejado es la necesidad de cantidades ingentes de agua para dar servicio a estas viviendas, y sobre todo a jardines y piscinas. No parece por el momento que ningún ayuntamiento haya sido capaz de presentar el menor aval hídrico a estos planes urbanísticos”.

“Es increíble que mientras en otras zonas del estado se están paralizando urbanizaciones por falta de informes hidrológicos que garanticen la necesaria existencia de agua, en Castilla y León y en concreto en Segovia, se siguen haciendo planes urbanísticos a todo pasto sin informes sobre el suministro de agua potable, es decir sin la menor consulta sobre el tema a la Confederación Hidrográfica del Duero”, agrega.

La Plataforma recuerda la obligatoriedad de que cualquier nuevo plan urbanístico, ha de solicitar un informe sobre recursos hídricos a la confederación hidrográfica correspondiente, está regulado de forma taxativa en la Ley de Aguas Art. 25 apartado 4. En este sentido, un auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, de fecha 16-01-2007, paralizaba un plan parcial en el municipio de Ador (Valencia), por ''no aportar informe hídrico de la Confederación Hidrográfica del Jucar''.

“A duras penas pasamos los veranos”

“No hay que ser muy listo –afirma la Plataforma en su Manifiesto-, para darse cuenta que en lo relativo al suministro de agua potable, hoy por hoy con la población que existe en el entorno de Segovia, a duras penas pasamos los veranos a costa de restricciones, por lo tanto es una completa irresponsabilidad planificar 30.000 viviendas y algún que otro campo de golf, sin saber de dónde va a salir el agua”.

La Plataforma también critica a los “desalmados” que “comienzan a pedir la construcción de nuevas presas y embalses”. Ha comenzado ya a pedirse con bastante insistencia la construcción de un pantano en el Cambrones, en la zona de''Las Calderas'' “Desde luego –dice la Plataforma- si dejamos que destrocen Las Calderas, estaremos sepultando bajo el agua uno de los valles más emblemáticos de nuestro entorno”.

Para la Plataforma, también resulta significativo “que algunos ayuntamientos como Palazuelos o Tres Casas, que ahora reclaman el pantano del Cambrones, no les haya preocupado en su momento, que parte del caudal de ese mismo río se privatizara, adjudicándose su explotación a la embotelladora Bezoya-Pascual. Por cierto, proceso de adjudicación que como hemos venido denunciando, ha estado plagado de presuntas (pero claras) irregularidades, chapuzas y chanchullos. Prueba de ello, es que el Procurador del Común ha admitido a trámite nuestra denuncia, que está actualmente en fase de estudio”.

Ante este estado de cosas, la Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia hace un llamamiento a todos los colectivos sociales, políticos, vecinales, culturales, sindicales, deportivos y conservacionistas, “y sobre todo a los ciudadanos, para que se movilicen ahora que aún estamos a tiempo, y les digamos a quienes nos gobiernan, que este no es en absoluto el modelo de desarrollo que queremos para Segovia”.


*GLOCALIA - 09/03/2007

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La UCE demanda medidas que faciliten el acceso a la vivienda frente a la especulación

Efe* : "La Unión de Consumidores (UCE) demandó este jueves una Ley de Sobreendeudamiento Familiar que proteja a los más endeudados por el incremento de los tipos de interés y un conjunto de medidas que faciliten el acceso a la vivienda frente a la especulación y la corrupción existente en varios municipios. Estas son algunas de las propuestas electorales de política municipal de consumo que la UCE espera ver incorporadas en los programas de los distintas formaciones políticas para los comicios del 27 de mayo y que la organización presentó este jueves, Día Mundial de los Consumidores.


El secretario general de la UCE y presidente de la asociación en Andalucía, Juan Moreno, explicó en Sevilla que los ciudadanos, en su condición de consumidores y usuarios, deben ser el eje principal de las políticas que se desarrollen en los municipios.

La UCE exige políticas "prioritarias" en materia de empleo, vivienda, urbanismo sostenible, políticas sociales, protección de medio ambiente e igualdad.

Respecto a la vivienda, la asociación alertó sobre el espectacular descenso en la construcción de viviendas de protección oficial, por lo que hizo un llamamiento a los gobiernos locales para emprender políticas activas que contribuyan a controlar el alarmante precio de la vivienda.

Según dijo Moreno, "hay que orientar las ordenanzas fiscales locales en apoyo de la promoción de las políticas de alquiler de viviendas vacías del municipio, impulsando las agencias de fomento del alquiler".

Los ayuntamientos deben programar y desarrollar políticas activas de dotación de suelo a fin de que los precios sean compatibles con el uso social al que van destinado, por lo que la UCE defiende la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que reserva el 30 por ciento del suelo a vivienda protegida.

Para evitar la corrupción, la Unión de Consumidores exige un reforzamiento de los mecanismos de gestión transparente del urbanismo y de toda la información relativa a la política del suelo y la vivienda.


*El Confidencial, Jueves, 15 de marzo de 2007

Foto: Sentada vivienda digna 15 Mayo 2006 /bloj

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El juez Torres recrimina a la Junta beneficios por obras ilegales en Marbella

EsperanzaCODINA* : "La insistencia de la Junta de Andalucía por personarse como acusación particular en el caso Malaya -fórmula prevista para que una parte perjudicada pueda defenderse en un procedimiento- no sólo ha caído en saco roto, sino que ha provocado que el juez instructor del sumario, Miguel Ángel Torres, recrimine al Gobierno andaluz que ha sido "beneficiario" de los ingresos tributarios "de todas las licencias ilegales" concedidas en Marbella hasta que se inició la operación, hace casi un año.


Después de eso, ha vuelto a denegarse la petición formulada por la Administración autonómica.

El magistrado, en un extenso auto dictado en noviembre de 2006, incluido en la última parte del sumario que ya no está bajo secreto, concluye que la Junta no es una parte perjudicada en este proceso contra la corrupción, que supera los 90 imputados, sino que, teniendo en cuenta "sus amplias competencias", en concreto en materia urbanística, "su situación está más próxima" a la responsabilidad civil. Añade entonces que ha sido "beneficiario" de los ingresos por impuestos que ha generado la concesión de licencias ilegales por parte del Ayuntamiento, gobernado por el GIL y sus herederos durante 15 años, de 1991 a 2006.

Antes, al inicio de la resolución, argumenta el magistrado que no está negando a la Junta el derecho a personarse en la causa, ya que puede hacerlo como acusación popular. Lo que rechaza "con rotundidad" es que el Gobierno andaluz "ostente la condición de ofendida o perjudicada" en este caso.

El auto también recuerda que la Fiscalía considera "ajustada a derecho" esta decisión debido a que esta Administración pública "no es titular de los bienes jurídicos afectados" por las actividades delictivas que se investigan y no sufre las consecuencias del delito "de forma inmediata y directa". El juez asegura que comparte los argumentos del Ministerio Público y añade que "la posición de la propia Junta se asemeja más a la de tener un cierto grado de responsabilidad en la situación creada en Marbella".

Precisa después el magistrado que hay que tener en cuanta que el caso Malaya no intenta esclarecer las actuaciones ilícitas que han podido cometer los diferentes gobiernos locales de Marbella entre 1991 y 2006, sino "una serie de actos presuntamente delictivos" entre agosto de 2003 -cuando se produjo la moción de censura contra Julián Muñoz- y marzo de 2006, por lo que "no pueden invocarse perjuicios" relacionados con delitos en general o con procedimientos penales o contenciosos.

Sobre la alegación de la Junta de que ha tenido que asumir las competencias de Planeamiento en Marbella, crear una oficina para los asuntos relacionados con esta materia y pagar el contrato para elaborar el PGOU, Torres argumenta que es una decisión "de carácter político" que "no tiene relación directa" con la actuación de los imputados.

El juez quiere dejar claro que este procedimiento nada tiene que ver con los contenciosos que ha planteado la Junta por las construcciones ilegales en el municipio, con la nulidad de las licencias, ni con las posibles demoliciones de inmuebles, algo que, dicho sea de paso, Miguel Ángel Torres considera algo "improbable".

Sobre las alegaciones relacionadas con el hecho de que la Junta no ha podido construir equipamientos públicos, señala que si el municipio se ha visto privado de una serie de parcelas, "será el propio Ayuntamiento el perjudicado, no la Junta", y que por eso el Consistorio sí que está personado como acusación particular.

*diariodecadiz.es, Jueves, 15 de Marzo de 2007

Foto: Viviendas ilegales "Banana Beach" en Marbella /info

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La Junta de Aragón paraliza un campo de golf y 800 viviendas

J.L.G.* : "El departamento de Obras Públicas de la Junta de Aragón ha ordenado a un promotor valenciano detener el complejo San Agustín Golf Club, una macrourbanización en el municipio turolense de San Agustín (unos 150 vecinos y limítrofe con Castelló) que prevé contar con 800 casas de madera que conformarán un complejo junto con un campo de golf. El proyecto se está comercializando a través de Internet con la venta de parcelas, pero carece de licencia y se sitúa sobre suelo rústico.


De hecho, ni siquiera figura en un PGOU que aún no ha sido revisado por el Gobierno autonómico.
Según informaron desde la Junta de Aragón a este periódico, se trata de un aviso a la promotora, que todavía no ha comenzado a edificar -se observan «movimiento de corte urbanizador, como una caseta como reclamo y explanaciones» -, pero que ya está vendiendo parcelas. «Se le ha enviado al alcalde del municipio y al promotor una resolución para que paren el proyecto porque no tiene base legal» , señalaron. Por su parte, el alcalde del municipio, Alejandro Peña, reconoció estar trabajando en el reordenamiento del municipio y afirmó que por el momento no ha «visto ningún proyecto» sobre su mesa para construir una urbanización y un campo de golf. Por ello, aseguró que han solicitado a la promotora que retire los anuncios de la red. El empresario que está detrás de la operación es el promotor valenciano Vicente Orts, administrador único de la empresa Ciudades de Otoño, mercantil que figura como vendedora de las viviendas en el modelo de contrato que se ofrece en la página web. Según el registro mercantil, esta empresa tiene sede en el municipio balear de Santa Eulalia, aunque en la página web figura con sede en Valencia. En el punto de información desde donde se comercializan las viviendas señalaron que no tienen «nada que decir» al respecto, a preguntas de este periódico para contrastar la información.

Lo cierto es que el sitio de Internet anuncia el plan e informa sobre posibilidades de comprar estas viviendas de madera. Se ofrecen dos modelos de habitáculo, de 206.000 y 296.000 euros, «casas importadas de Finlandia y construidas con tronco macizo de pino nórdico», con un campo de golf como reclamo principal diseñado por «un prestigioso equipo de arquitectos suecos» y «asesorados por la que será directora de la Escuela de Golf San Agustín Hellen Alfredssons, capitana del equipo nacional sueco» .

«No nos interesa este modelo»


Entre los atractivos que se destacan en la comercialización de estas viviendas está la cercanía de las pistas de nieve de Valdelinares y Javalambre. Pero, sobre todo, sus buenas comunicaciones, ya que San Agustín se encuentra en el límite con la provincia de Castelló y a 4 kilómetros de la futura Autovía Mudéjar, que conectará Teruel con Valencia en apenas 50 minutos.
En este sentido, desde Obras Públicas de la Junta destacaban que, precisamente ahora, con la mejora de la accesibilidad «hay que tener claro» el modelo de ocupación. La nueva autovía va a favorecer la vertebración de esta provincia caracterizada por la emigración de sus jóvenes, pero también puede generar un crecimiento urbanístico que coja a contrapié a la autoridades. «Es difícil aprobar 800 casas de golpe: estos desarrollos no nos interesan» , señalaron. «Estaremos vigilantes y si siguen obrando sin respaldo legal habría que llevar el expediente al fiscal de la audiencia» .

Desde la Junta de Aragón tienen claro que la saturación de la costa de la Comunitat Valenciana puede dirigir a los empresarios del ladrillo a los límites de Aragón. «O lo cortamos desde el principio o el problema se va de madre» , concluyeron.


*LEVANTE-EMV, Martes, 13 de marzo de 2007

Foto: San Agustín /infoaragon

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¿Ciudad del medio ambiente?


Viñeta de Ramón - El País, 14 de marzo de 2007

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Querella contra dos directores generales por las obras de Puerto Mayor

M.BUITRAGO/R.FERNÁNDEZ/Murcia* : "Los directores generales de Calidad Ambiental y de Transportes y Puertos, Antonio Alvarado y Marcos Ortuño, deberán dar explicaciones por su participación en los expedientes administrativos que permitieron la reanudación de las obras de Puerto Mayor, en octubre del año 2003. Como se sabe, estas obras, situadas en el Canal del Estacio de La Manga, se encuentran paralizadas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia desde septiembre del 2005.


El magistrado Francisco José Albaladejo Caravaca, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, ha admitido a trámite la querella presentada por el PSOE murciano por un presunto delito de prevaricación administrativa, según se ha conocido ahora. La iniciativa judicial fue presentada por José Ramón Jara, número dos de los socialistas murcianos.

Ahora, el juez de Instrucción número 5 considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito y ha decidido incoar diligencias previas e iniciar «las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias». Las notificaciones se cursaron el pasado mes de enero. El magistrado ha dado asimismo parte al Ministerio Fiscal; al igual que las consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente. Ambos departamentos deberán remitir al juzgado los expedientes administrativos incoados con relación a las obras de Puerto Mayor.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, manifestó ayer que la querella está dirigida contra ambos directores generales «porque fueron ellos quienes levantaron la paralización del proyecto en octubre del 2003, lo que permitió que las obras se reanudaran en el año 2004. A partir de ahí intervino el Seprona para advertir que la empresa estaba actuando de forma irregular». Después llegó el contencioso presentado por la ministra de Medio Ambiente instando al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel a paralizar las obras, entre otros motivos porque causaba daños medioambientales al entorno. A juicio de Rosique, los dos directores generales «no debieron autorizar el levantamiento de la paralización que pesaba sobre el proyecto debido a que había caducado la concesión». Esta Redacción intentó ayer ponerse en contacto con el director de Calidad Ambiental.


*laverdad.es, Miércoles, 14 de marzo de 2007

Foto: Las obras de Puerto Mayor junto al Canal del Estacio, en junio del 2005, cuando fueron suspendidas por el TSJ. / JOSÉ M. RODRÍGUEZ /AGM

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El fiscal Vercher arremete contra las críticas a las actuaciones en corrupción

DanielMILLET/LaOrotava* : "El fiscal jefe nacional de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, aseguró al preguntársele por los ataques políticos a la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife y otros órganos judiciales canarios con los que determinados grupos políticos y empresariales han respondido a la apertura de varias investigaciones, que "al que le pica, se rasca".



Vercher aclaró durante una conferencia en La Orotava sobre Justicia y Urbanismo, que "habría que recordar que se han abierto procesos que afectan a un amplio arco político, desde independientes hasta representantes de la izquierda y la derecha", y añadió que "sabía en lo que me metía cuando inicié mi carrera hace más de 25 años. La presión siempre está ahí".

Vercher explicó los grandes avances jurídicos y sociales que se han conseguido en materia de medio ambiente y urbanismo, desde la misma creación reciente de la Fiscalía que dirige a raíz de la nueva Ley de Montes de 2006, pero matizó que siguen faltando muchos medios, concienciación y siguen sobrando problemas a la hora de aplicar las medidas legales.
"Se han ido creando fiscalías especiales y nuevos cuerpos policiales, mientras las encuestas indican que cerca de un 90 por ciento de la población española está concienciada en temas medioambientales. Pero, muchos fiscales carecen de herramientas, hay una necesidad de coordinación entre los cuerpos de seguridad y de ese 90 por ciento, sólo alrededor de un 20 por ciento recicla la basura o demuestra con algún otro hecho su verdadera preocupación", lamentó Vercher.
Tanto él como José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, expusieron que el problema de la corrupción y las actuaciones que degradan el entorno natural han llegado a tal extremo que la Justicia ha tenido que empezar a aplicar con severidad el Código Penal, pues el Derecho Administrativo no ha sido suficiente.
"Esto es un cáncer que se ha propagado y que precisa de cirugía urgente. Es que si seguimos así vamos a tener que empezar a construir juzgados en territorio protegido. O lo paramos o esto puede convertirse en una verdadera catástrofe", señaló Martín Pallín, quien utilizó entre otros ejemplos el de Canarias como muestra de los graves daños que puede ocasionar un desarrollo irresponsable sobre el territorio.

Vercher partió de la base de que el derecho al medio ambiente es constitucional y de que la misma Constitución sólo pide expresamente la aplicación del Código Penal en la defensa de la naturaleza y el patrimonio histórico. "No ha habido ningún asunto, como el medio ambiente, que haya pasado de no tener ni un artículo hasta hace muy poco, el año 1995, a pasar ahora a tener más de 40". Precisó que de cualquier modo se están produciendo muchas dificultades para aplicarlos, desde la misma concienciación ciudadana: "Nos llegaron a llamar despectivamente los fiscales de los pajaritos. Decían que qué hacíamos defendiendo a esos animalitos. Luego, tenemos que partir de que para aplicar las normas ambientales debemos tener en cuenta más de 30.000 reglamentaciones nacionales e internacionales".

El fiscal jefe del Supremo recordó las innumerables advertencias de la Unión Europea a España de que no está cumpliendo con los objetivos comunitarios y la complejidad que se está encontrando la Justicia a la hora de aplicar por ejemplo medidas como las demoliciones de las viviendas ilegales.

Entonces, leyó un artículo obtenido de internet en el que se detallan todo tipo de trucos para legalizar una construcción en suelo rústico, ante la sorpresa del nutrido aforo del Liceo orotavense. En este punto, el magistrado emérito abogó por el endurecimiento de las penas: "Lo que no puede suceder es que a una persona que entre a robar en un adosado le puedan caer cinco años y a quien construye ilegalmente una urbanización, deteriorando irreversiblemente todo un espacio de gran valor natural, sólo le castiguen con no más de tres años".


*laopiniondetenerife.es, Miércoles, 14 de marzo de 2007

Foto: urbanización "El pelotazo" en la Orotava /ecoboletin.com

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El plan para construir 450 viviendas junto a Valorio desata las protestas vecinales

M.J.PASCUAL/Zamora* : "El acuerdo del equipo de Gobierno que autoriza la construcción de un residencial de, al menos, 450 viviendas en el Camino de la Lobata, un alto desde donde se domina todo el bosque de Valorio, ha desatado las primeras protestas vecinales. El Foro Ciudadano se ha apresurado a expresar su oposición a esta decisión de la Junta de Gobierno local del lunes, y anuncia que «combatirá este plan con todas sus fuerzas», tanto por la vía de las alegaciones como, si es necesario, presentando un recurso contencioso administrativo en los tribunales contra el acuerdo municipal.



Para este colectivo, la aprobación de este plan es un «despropósito que solo se entiende para favorecer intereses o pagos ocultos antes de la marcha del actual alcalde o ante un cambio en el Gobierno de la ciudad». El Foro ha presentado una nueva alegación múltiple contra la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, en la que se exige de manera expresa la protección integral del entorno del bosque de Valorio y también de las márgenes del Duero.

PROTECCIÓN

Tramitación avanzada

Impactos

Esta impugnación al documento urbanístico como consecuencia de las importantes recalificaciones de suelo que permitirán el crecimiento de residenciales alrededor del bosque se suma a las ya planteadas en el mismo sentido de protección natural y paisajística por los grupos municipales de la oposición. Tanto el PSOE como IU reclaman al equipo de Gobierno desde hace meses que de marcha atrás en las promociones urbanísticas en este entorno, alguna de las cuales, como el plan parcial Camino de la Lobata, están en una fase muy avanzada de tramitación. En este caso, el expediente se remonta al PGOU del 2001.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zamora aseguró ayer que llegará hasta los tribunales si el equipo de Gobierno no da marcha atrás en la autorización y sigue adelante con el desarrollo urbanístico de este plan parcial. Argumenta. además, que en el expediente de la sociedad limitada Promociones Manso 2003, al que los grupos han tenido acceso, se contempla la construcción, no de 450 viviendas, sino la de 760, «lo que es una completa barbaridad».

CONTRA LA ESPECULACIÓN

La sentencia del TSJ

Revisión total

El portavoz del PSOE, Antonio Plaza, señaló que la decisión del equipo de Gobierno del PP es el primer paso «para que la especulación urbanística sea un hecho en el entorno de Valorio». Plaza reconoció que la tramitación de este plan se remonta al PGOU ahora en proceso de revisión y que no se plantearon alegaciones en su día, si bien recordó que el documento del 2001 ha sido anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, «de manera que sería coherente que en la revisión actual se tengan en cuenta todas las consecuencias de los planes parciales aprobados entonces».

En este caso, subrayó, no solamente se acabará con el perfil paisajístico tradicional que este espacio verde tiene para los zamoranos, sino que acabará por afectar al bosque negativamente, porque hay que llevar los servicios que necesitan esos residenciales (agua, electricidad, alcantarillado, viales). «Y al final, Valorio sería disfrutado solo por los pocos que puedan comprar esas viviendas».

La abogada y concejala Mar Rominguera insistió en que su grupo «agotará todas las armas legales para evitar que desaparezca el bosque tal y como lo conocemos». Por el momento, indicó la letrada, se presentará en el Ayuntamiento un recurso de reposición contra el acuerdo y, si no prospera, se acudirá a la vía de lo contencioso administrativo.

MÁS PLAZO PARA ALEGAR

Exposición pública

En el Registro

Los socialistas justifican la iniciativa en la preocupación de la ciudadanía, «que está alarmada por el giro urbanístico que se está produciendo en el entorno de Valorio». Este grupo ya ha planteado una alegación al PGOU para que en los planos se contemple un amplio cinturón de protección de este entorno.

El PSOE presentó ayer en el Registro municipal y por tercera vez una solicitud para que se amplíe el plazo de exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana, que concluye el 23 de marzo. En concreto, solicita que se firme el convenio propuesto por el Colegio de Arquitectos de Zamora para que se dote de medios técnicos, dependencias y personal especializado para el estudio y el examen de la documentación y los planos del PGOU. El grupo socialista reivindica que se habilite una oficina donde físicamente los ciudadanos tengan acceso a esta información y que, una vez abierta, se amplíe el plazo de alegaciones otros cuarenta días. Además considera indispensable que se cuente con el asesoramiento del Colegio de Arquitectos, que hasta el momento no han sido consultados por el equipo de Gobierno, según Plaza.

De cualquier forma, tanto el PSOE como el resto de los grupos de oposición, así como diversos colectivos ciudadanos, entienden que «por sentido común», el PP debería dejar el PGOU a la próxima Corporación municipal.

En este sentido, IU, el Foro Ciudadano, la Asociación para la Defensa del Paisaje, Amigos de la Bici y la Coordinadora Stop al Plan de Urbanismo dan mañana en la plaza de Castilla y León modelos de alegaciones para que los ciudadanos «paren el plan».


*El Norte de Castilla, Miércoles, 14 de marzo de 2007
Foto: Vista de los campos deportivos del bosque de Valorio. Al fondo, los terrenos del plan parcial Camino de la Lobata. / LUIS CALLEJA

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La Guardia Civil investiga al Consell por las obras que lleva a cabo en Sa Dragonera

LluisF.Oliver* : "Las obras realizadas por el Consell de Mallorca en el parque natural de la isla de la Dragonera están siendo investigadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Agentes del Instituto Armado han recopilado en los últimos días todos los documentos incorporados al expediente que por presunta infracción urbanística inició el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma después de que los técnicos municipales detectaran que las obras que el Consell realizaba en la isla no se ajustaban a las contempladas en el proyecto que obtuvo licencia y otras incluso no tienen ni permiso municipal.


SE CONSTRUYEN PORCHES Y SE AMPLÍAN EDIFICIOS

La actuación policial está enmarcada en la denuncia instada contra el Consell y que el fiscal que investiga atentados contra el Medio Ambiente y contra la Ordenación del Territorio está corroborando con el objeto de solicitar al juez, en el caso de que lo considerase oportuno, la apertura de diligencias penales.

Los celadores de Urbanismo del Ayuntamiento pudieron comprobar el pasado mes de septiembre cómo se habían realizado construcciones en la Dragonera sin licencia municipal y otras que, amparadas por licencias de obra menor, habían sido erigidas a modo de porches y ampliaciones de edificios ya existentes.

MD.COM ADELANTÓ LA INVESTIGACIÓN

Como adelantó mallorcadiario.com el 22 de septiembre de 2006, los celadores de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx detectaron obras en la isla que no se ajustaban al planeamiento ni a los permisos concedidos.

Además, el pasado 18 de octubre el Ayuntamiento envió al director conservador del Parc Natural de sa Dragonera un escrito firmado por su representante en la Junta Rectora, el regidor Sebastián Reus, en el que se solicitaba información de las obras que el Consell venía realizando en esta isla perteneciente al municipio de Andratx.

LA JUNTA RECTORA DEL PARC NO SE HA REUNIDO DESDE QUE SE CREÓ

El grupo de consellers de EU-Els Verds en el Consell de Mallorca llegó a presentar denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, la Conselleria de Medio Ambiente y la Comisión Insular de Urbanismo del Consell de Mallorca después de que este digital hiciese pública la investigación. En dicha denuncia, EU-Els Verdes aseguraban que se habían ejecutado obras presuntamente ilegales en Dragonera.

El propio regidor municipal solicitó al director del Parc toda la información de que dispusiera: presupuesto de las mismas y licencias y permisos solicitados para su ejecución. A sumar a este interés, el propio departamento de Urbanismo incoó un expediente por presunta infracción urbanística al constatar que las obras allí realizadas no contaban con ningún tipo de licencia ni permiso municipal y, por tanto, eran ilegales.

Además, ninguno de los miembros de la Junta Rectora fue informado de las mismas y no recuerdan que constaran en el plan de actuaciones previsto para 2006 en la isla. De hecho, la Junta Rectora nunca ha sido convocada desde su constitución.



*mallorcadiario.com, miércoles, 14 de marzo de 2007


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Denuncian cinco convenios urbanísticos en Lozoyuela (Madrid)

*Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha denunciado, ante la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cinco convenios urbanísticos suscritos por el alcalde de Lozoyuela y diversas empresas. Mediante estos convenios las empresas se quedan con el aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento a cambio de sumas de dinero que no están avaladas por ningún informe técnico. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid no ha tomado ninguna medida.


Ecologistas en Acción considera inquietante que la Dirección General de Urbanismo, conocedora de las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Lozoyuela en la tramitación y firma de los convenios, no haya tomado ninguna medida.

El alcalde de Lozoyuela ha aprovechado la redacción del nuevo Plan General para firmar, paralelamente, cinco convenios urbanísticos mediante los que se desarrollarían 483.872 metros cuadrado de suelo que ahora está clasificados como suelo no urbanizable. Sobre estos terrenos se pretenden construir 698 viviendas, además de desarrollar un sector terciario, y dos sectores industriales. No se aporta ninguna información sobre el tipo de actividad que se desarrollaría en estos últimos.

Las empresas firmantes de los convenios son Sierra Norte, Sociedad Patrimonial, SL que gestionaría un polígono de actividad terciaria. STU (Servicios Técnicos para desarrollo Progreso Urbano) SA, esta gestionaría varios sectores residenciales. Deporiber, SL, gestionaría un sector industrial. Urbazo, SA que gestionaría un sector residencial y Talleres Leandro, SA que gestionaría un sector industrial.

La Ley del Suelo establece que de la totalidad de los sectores urbanizables, los propietarios deben ceder al Ayuntamiento el 10% del suelo edificable perfectamente urbanizado (calles, redes de abastecimiento, depuración, luz, etc). De esta forma el Ayuntamiento puede construir sobre ese suelo y beneficiarse de las plusvalías generadas. Es lo que se conoce como aprovechamientos. En determinados casos justificados, estos aprovechamientos pueden sustituirse por su equivalente económico. Para ello, los servicios técnicos municipales deben hacer una valoración adecuada teniendo en cuenta el número de viviendas que pueden construirse y el precio del metro cuadrado una vez construido. De esta forma se intentan evitar fraudes por parte de propietarios y promotores.

Sin embargo, en ninguno de los cinco convenios se aportan las razones por las cuales hay que monetizar los aprovechamientos. Tampoco aparece entre la documentación la correspondiente valoración de los servicios técnicos. De esta forma las cinco empresas se comprometen a ceder cantidades de dinero que no están respaldadas de ninguna manera y que podrían ser inferiores a las expectativas previstas por las empresas promotoras.

Ecologistas en Acción ha solicitado, al Ayuntamiento y a la Dirección general de Urbanismo, la nulidad de los cinco convenios hasta que se presente la documentación que acredite la legalidad de los mismos. La organización considera que si se demostrara que el alcalde está favoreciendo intereses de las empresas en detrimento de los intereses públicos municipales podrían derivarse responsabilidades penales.

Otra irregularidad denunciada es que ninguno de los convenios se ha incorporado como documentación anexa al Avance del Plan General durante el periodo de información pública, algo que la Ley del Suelo establece como obligación. Por otra parte, las empresas firmantes tampoco acreditan la titularidad de los terrenos.

Ecologistas en Acción considera inquietante que la Dirección General de Urbanismo, conocedora de las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Lozoyuela en la tramitación y firma de los convenios, no haya tomado ninguna medida. Es la segunda vez que la organización denuncia irregularidades en la firma de convenios sin que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio haya obligado a cumplir con la legalidad vigente. En diciembre de 2005 y mayo de 2006 se denunciaron tres convenios urbanísticos suscritos por la alcaldesa de Valdemorillo.


*Ecologistas en Acción, 12 de Marzo de 2007
Foto: Lozoyuela /toprural

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El Ayuntamiento de Ourense aumentó a un socio del alcalde la edificabilidad de una parcela

F.VARELA/C.HUETE* : "El Ayuntamiento de Ourense aumentó la edificabilidad de una parcela de un socio del alcalde, el popular Enrique Nóvoa López, que pasó de 6.870 a 10.490 metros cuadrados. La corporación, entonces presidida por Manuel Cabezas, tomó la decisión en el marco del último Plan General de Ordenación, en el año 2003, siendo Nóvoa concejal de Medio Ambiente y miembro de la comisión de Urbanismo.

El regidor orensano, que será cabeza de cartel de la lista del PP en las municipales, comparte desde 1999 la propiedad de dos promotoras urbanísticas con el beneficiario de la recalificación.

La parcela en cuestión, que vio incrementada su edificabilidad en un 52%, es propiedad de Enrique Do Río Pérez, dueño de Promociones Ourenmex, SL, y socio del actual alcalde en Promociones Galmex, SL, y Poensa, SL, ambas dedicadas al sector inmobiliario. El terreno está situado en el barrio de O Vinteún, en la salida de Ourense en dirección a Santiago. Además de ser una de las áreas de crecimiento de la ciudad, está muy cerca de Cudeiro, la zona de la que el alcalde es originario. Gracias a esta modificación, el socio de Nóvoa podrá construir en torno a 33 viviendas más de las previstas originalmente, un incremento que, según fuentes conocedoras de la situación inmobiliaria de Ourense, puede generar un beneficio de 3 millones de euros.

Expertos en urbanismo consultados por EL PAÍS confirmaron que cuando un ayuntamiento cambia un plan general (en el caso de Ourense el anterior era del año 1986) el incremento de edificabilidad siempre es una medida "excepcional", porque no tiene sentido aumentar la capacidad de construir viviendas a menos que obedezca a un motivo de interés público, como contar con equipamientos no previstos originalmente. En este caso el propietario no ofreció ninguna compensación adicional al 10% exigido por la legislación.

Las empresas de las que son copropietarios el beneficiario de la decisión municipal y el actual alcalde fueron constituidas en los años 1988 y 1999. La más antigua, Poensa, tiene un capital social de 189.318 euros y declaró en el último año unas ventas de 1.825.861,78 euros y un resultado de 338.318,36.

Galmex, con un capital social 120.202 euros, registró en el último año unas ventas de apenas 90.000 euros, aunque en 2002 alcanzó 2.336.148,97 y en 2002, 2.080.072,84.

En ambos casos Nóvoa y Do Río comparten la propiedad con Secundino Corbillón, y en Galmex, SL, también participa la sociedad limitada Company Olimpo Trust, una empresa dedicada desde el año 2000 a la adquisición y enajenación de acciones y participaciones representativas de capital social.

La actividad empresarial en el mundo de las promociones urbanísticas del sustituto de Manuel Cabezas y cabeza de lista del PP en las próximas elecciones no le impidió ejercer como titular de la concejalía de Medio Ambiente y formar parte de la comisión de Urbanismo entre 1999 y 2003 sin ausentarse de las reuniones ni abstenerse en las votaciones que afectaban a su socio, ni siquiera en la sesión plenaria en que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana en el que figura la recalificación de la parcela. Sí abandonó, en cambio, la participación que tenía en otras sociedades relacionadas con su antigua profesión de electricista.

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Ourense fue aprobado con el apoyo exclusivamente de los concejales del PP y el voto en contra de los ediles del PSdeG y del BNG. Los socialistas, además, presentaron un recurso judicial sobre el que los tribunales todavía no se han pronunciado.

El objeto social de Galmex, SL, la empresa que Nóvoa comparte con Do Río, es, según los datos del registro, la construcción y realización de toda clase de obras y la adquisición de inmuebles para su edificación y venta. Ourenmex, SL, la sociedad de Do Río de la que depende la parcela que vio aumentada su edificabilidad, fue creada en 2000. Su objeto social es la adquisición de terrenos, la urbanización, promoción y construcción de todo tipo de edificaciones para su venta y arrendamiento y la adquisición y promoción de viviendas, pisos y locales comerciales. Tiene un capital social de 30.052 euros y en ella participa al 50% Company Olimpo Trust, que también comparte negocio inmobiliario con el alcalde a través de Galmex, SL.

La tramitación del área de reparto que corresponde a la parcela del socio del alcalde va, según fuentes municipales, más adelantada que las restantes y en ella ya han comenzado las obras de desmonte que preceden a la urbanización de los terrenos.

*ELPAIS.com - Santiago / Ourense - 13/03/2007
Foto: Parcela del socio del alcalde de Ourense- MARA


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