ELMUNDO/Marbella* : La declaración de Salvador Gardoqui, contable y testaferro de Juan Antonio Roca, ha continuado este miércoles ante el fiscal del juicio por el caso 'Malaya', Juan Carlos López Caballero. En el marco de sus sorprendentes afirmaciones el hombre de paja del principal acusado ha dicho que "nunca" supo de irregularidad alguna en el urbanismo municipal marbellí, dirigido por el entonces gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L., Juan Antonio Roca, considerado su jefe directo, aunque le define como "cliente". A pesar de que llegó a Marbella en 1998 y fue detenido a finales de marzo de 2006, en la primera fase de la operación 'Malaya', Gardoqui ha asegurado, a preguntas del fiscal, que sólo tuvo conocimiento de ilegalidades urbanísticas "cuando compré mi casa". Todo ello en alusión a que se trataba de una de las miles de viviendas fuera de la legalidad en el famoso PGOU de Jesús Gil que nunca fue aprobado.
Tal y como hizo en el comienzo de su declaración del martes, este abogado, acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales y falsedad documental, ha insistido en que no sabía a qué obedecían las anotaciones que la Policía le incautó: "Yo era un mero amanuense y nunca le preguntaba nada a Roca, trasladaba a un fichero unos datos que me daba él, los apuntaba y me desentendía".
De hecho, el administrador único de Maras Asesores S.L., la empresa donde se halló toda la contabilidad secreta de Roca, una prueba valiosísima para sostener la acusación, sostiene que "sólo dedicaba 15 minutos al mes a hacer esos apuntes".
"No conozco a ningún empresario, ni a ningún concejal, no conozco a nadie, me es imposible saber si aportaban cantidades a Roca", o el ex asesor urbanístico pagaba sobres a ediles.
Esta es la nueva versión de Gardoqui, después de haber aportado minuciosos detalles, durante la instrucción, sobre los pagos entregados y recibidos en Maras Asesores. Aquella declaración, no corroborada ahora, fue claramente incriminatoria, no sólo para el principal acusado sino para otros muchos que se sientan en el banquillo.
Al ser preguntado sobre a qué obedece ahora el cambio de versión, el contable sostiene que hizo tales confesiones al entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, "porque le dije lo que él quería oír, para evitar ir a la cárcel".
Uno de los letrados defensores ha querido sembrar la duda sobre los apuntes atribuidos a Gardoqui. Él ha concretado que no tenía copia de seguridad, así como que no tenía forma alguna de comprobar si las anotaciones son las que él escribió.
Por otro lado, el abogado de la Junta de Andalucía se ha interesado en conocer si el contable pagaba los numerosos y costosos relojes adquiridos por Roca, tal y como declaró Sabino Falconieri, el proveedor también acusado. Gardoqui lo ha negado.
A pesar de todos los detalles que ofreció al juez tras su detención, el administrador de Maras asegura ahora que nunca le llamó la atención, ni le pareció que se tratara de ocultar algo, cuando Roca le ordenaba apuntar acrónimos e iniciales de personas que presuntamente entregaron o recibieron dinero.
Gonzalo Astorqui
También ha prestado declaración este miércoles el economista Gonzalo Astorqui, ex administrador de la empresa inmobiliaria Masdevallía S.L. y también considerado testaferro de Roca desde finales de 2004.
Ha negado que fuese a hacerse cargo de la contabilidad de las empresas del ex asesor urbanístico, en sustitución del abogado Manuel Sánchez Zubizarreta. Astorqui, que afronta 4 años de prisión y 100 millones de euros de multa ha negado haber conocido la detención de Roca por el caso 'Saqueo 1', en 2002: "Yo sólo leía prensa económica y supe algo de Gil, pero Roca no era nadie en Madrid".
Tres años antes, en octubre de 1999, EL MUNDO había destapado el desvío de 24 millones de las arcas públicas de Marbella a cuentas privadas. Gil y Roca eran los protagonistas de aquellas portadas a nivel nacional que pasaron desapercibidas para Astorqui.
* El Mundo - 23.03.11
Foto: Salvador Gardoqui durante su declaración en el juicio.- elmundo
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20MINUTOS* : Gallardón consumó este miércoles el proceso de transformación de la capital en un desierto de granito. Las reformas basadas en el abuso de la piedra y la eliminación de jardines comenzaron en la plaza Soledad Torres Acosta (la de los cines Luna), alcanzaron su punto culminante en Las Cortes o Callao y finalizaron este miércoles (por el momento) con la inauguración de la plaza de Isabel II, más conocida como Ópera. Los expertos en urbanismo y los vecinos criticaron el proyecto y sus temores se han cumplido. La plaza de Ópera ha perdido los parterres ajardinados que la rodeaban. En su lugar, se han plantado medio centenar de árboles en alcorques sobre la acera opuesta al Teatro Real. Para rematar la sensación de frialdad, el suelo se ha cubierto con 7.270 metros cuadrados de baldosas de granito. La explanada solo está interrumpida por una treintena de bancos de madera, un quiosco, las bocas del metro y la estatua de Isabel II, en el centro de la plaza.
Desvío del tráfico
Mientras, el Ayuntamiento defiende que los peatones salen ganando con la reforma. El 78% de la plaza es ahora de uso exclusivo para viandantes, mientras que antes solo podían disfrutar del 55% del espacio. El tráfico se ha reordenado para que solo puedan acceder allí los taxis y los autobuses. Por su parte, los coches privados deben desviarse por la calle de Caños del Peral.
La remodelación de la plaza (ejecutada por el Ayuntamiento) y de la estación del metro (por la Comunidad) se ha hecho esperar. Las obras comenzaron en agosto de 2008 y estaba previsto que finalizaran en diciembre de 2009. Pero durante la ampliación del vestíbulo de la estación se hallaron restos de la fuente de Caños del Peral (s. XVI) y del acueducto de Amaniel (s. XVII), lo que obligó a ralentizar los trabajos. Finalmente, se decidió conservar parte de estas estructuras históricas en el subsuelo y recrear uno de los caños en superficie.
* 20 Minutos - 24.03.11
Foto: Madrid, renovada plaza de Ópera - 20minutos
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LAVERDAD/Cartagena/Entrevista* : «Todas las ciencias tienen su margen de discusión, y eso es sano. Pero el debate tiene que basarse en evidencias científicas. Y las que hay sobre la incidencia del comportamiento humano en el cambio climático son muchas. Por lo tanto, a nivel institucional el cambio climático y el papel del ser humano no es cuestión de opiniones, sino de datos objetivos. Lo que se trata ahora es de afinar al máximo en determinar con qué severidad estamos alterando el clima de la Tierra», afirmó ayer el director para la Región de Murcia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Fernando Belda. Tras una rueda de prensa en el Arqua (Museo Nacional de Arqueología Subacuática) para presentar las actividades del Día Meteorológico Mundial, Belda charló con 'La Verdad' sobre cuestiones como el creciente interés ciudadano en esta rama científica y los efectos del calentamiento global en la Región. En la conferencia previa, Belda recordó que la última década ha sido los más cálida desde que hay registros, y ofreció dos previsiones significativas: que en los próximos cincuenta a cien años la temperatura media subirá de uno a tres grados y las lluvias se reducirán un 20% en la Región de Murcia.
- ¿En qué medida coinciden los informes de los científicos con lo que pasa en la Región? ¿Hay inviernos más fríos y veranos más cálidos, y llueve menos pero más torrencialmente?
- En los últimos cuatro años, la situación atmosférica está siendo muy variable. Y eso coincide con las predicciones del Grupo o Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC según las siglas) de la ONU y la Organización Meteorológica Mundial. Las tendencias se cumplen y nos encontramos con cambios de tiempo muy bruscos. Por ejemplo, en enero empezamos con temperaturas muy por encima de lo habitual y lo acabamos con hasta siete grados por debajo de lo normal. Vamos a esperar a ver qué dice el próximo informe del IPCC, al que la Región aporta datos.
- ¿Qué tipo de información?
- Nos centramos en la superficie, en el efecto del suelo. Al final, lo que ocurre en la atmósfera es fruto de distintas variables. Y por ejemplo en cuanto a la lluvia, en el balance hidrológico un componente fundamental es el suelo y la huella del hombre sobre él a través de los distintos usos que le da. A través de satélites y de otros medios, tenemos capacidad para medir lo que ocurre en parcelas de veinticinco kilómetros cuadrados y cómo afecta eso a la llegada de humedad a la atmósfera. Vemos si hay carreteras o edificaciones, por ejemplo.
- En las últimas décadas se ha urbanizado miles de hectáreas, en buena parte agrícolas. ¿Llueve menos porque al haber más asfalto hay menos humedad?
- Los efectos se miden a medio y largo plazo, pero es evidente que los cambios de uso indiscriminados del suelo rompen el balance atmosférico y alteran el clima. Hay que tener conciencia de que nuestras conductas alteran al clima. De ahí que el lema que ha elegido la Aemet para este Día Mundial de la Meteorología es 'El clima y tú'.
- Se habla de un aumento generalizado de las alergias. ¿Están detrás de esa situación los cambios bruscos de tiempo y, por lo tanto, la mano del hombre?
- Sin duda hay una relación directa entre los cambios bruscos de tiempo y las alergias. En términos generales, si a las lluvias les sigue un aumento muy pronunciado de las temperaturas la vegetación brota de forma explosiva. Y eso incide en un aumento de las alergias.
- ¿Qué previsiones tienen los meteorólogos para esta primavera?
- Hay dos variables que hay que tener, sobre todo, en cuenta: la temperatura y las precipitaciones. Este año, la tendencia es que no hay tendencia significativa. Nos moveremos en valores normales.
- ¿Qué se considera normal?
- Los registros desde 1971 al 2000, lo que para la Región de Murcia implica que abril y mayo serán meses importantes a nivel de lluvias dentro del conjunto del año, y junio será más irregular. En cuanto a las temperaturas, irán en progresivo ascenso. Lo interesante es ver qué sucede en estos meses de abril y mayo para comprobar si van en la línea de la variabilidad climatológica que hemos detectado en los cuatro o últimos cinco años.
Predecir la gota fría
- ¿Qué grado de fiabilidad ofrecen estas predicciones? Para otoño se dijo que había riesgo de gota fría en un porcentaje muy alto, sobre todo porque el agua del Mediterráneo y del Mar Menor estaba en torno a los 28 grados. Y al final la gota fría pasó de largo.
- Por precaución, los meteorólogos no solemos hablar de gota fría, sino de lluvias torrenciales intensas. Para que se dé tienen que coincidir en el tiempo y el espacio tres variables: evaporación de agua cálida del mar, vientos de Levante que aportan humedad y un embolsamiento de aire frío en niveles medio de la atmósfera, en torno a unos cinco kilómetros. Si una variable no está presente, la potencialidad de lluvias muy intensas se rompe y quedan tormentas y tiempo inestable. Además, hay que tener en cuenta que hay tres tipos de previsiones: a dos-tres días vista, hasta doce días y hasta tres meses, lo que supone ya hablar de tendencias. La fiabilidad del acierto a dos-tres días vista es ya del 95%, y trabajamos para que cada vez sea mayor.
* La Verdad - J.Alberto González - 24.03.11
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LEVANTE/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha declarado nulo el exceso de aprovechamiento que concedió el Ayuntamiento de Xàbia para una finca de apartamentos edificada en el litoral del Segon Muntanyar. En la práctica, la sentencia obliga al consistorio a demoler "el exceso construido", que representa el 42 % de todo el edificio o, lo que es lo mismo, seis de sus dieciséis apartamentos. La licencia para esta promoción de apartamentos, piscina y aparcamiento la otorgó la concejalía de Urbanismo en noviembre de 2005. La finca se construyó en la avenida de Ultramar, en una de las últimas parcelas libres de la segunda línea del litoral del Segon Muntanyar. El ayuntamiento concedió el máximo aprovechamiento urbanístico posible. Sin embargo, aplicó mal la norma de su PGOU.
Pese a que el Plan General sólo contempla que ese exceso de aprovechamiento obliga a la promotora a ceder parcelas de uso dotacional, en este caso el consistorio hizo una excepción y se dio por contento con una "transmisión en metálico". Recibió por cada metro de techo de excedente 211,26 euros. La promotora le abonó en total 130.761,90 euros.
El TSJ ha considerado ahora que esa fórmula de aceptar dinero en metálico a cambio de aprovechamiento urbanístico no redundaba en el interés público local. Y la ha anulado por ser contraria al Plan General y a la LRAU y "por violar expresamente el sistema valorativo que se desprende de la Ley 6/98 (Ley del Suelo)".
Duro varapalo para el consistorio
La sentencia es un duro varapalo a la política urbanística del Ayuntamiento de Xàbia. Y puede tener una gran repercusión porque del escrito enviado al TSJ por la abogada municipal para que aclarase el fallo se desprende que puede haber más casos de promociones en las que la obligada cesión de suelo dotacional se ha canjeado por "transmisiones en metálico".
Además, los peor parados son los propietarios de los apartamentos que se deben derribar; sin comerlo ni beberlo, se ven en medio de este conflicto urbanístico.
La abogada municipal también indica en el escrito en el que pide la aclaración de la sentencia que derruir el exceso de construcción de este inmueble del Segon Muntanyar supone "un grave daño al interés general del municipio". Y aclara que sienta "un precedente que puede afectar a expedientes ya concluidos". También opina que el fallo es "manifiestamente erróneo en materia de disciplina urbanística".
El recurso resuelto ahora por el TSJ lo presentaron varios propietarios de la zona del Segon Muntanyar que advirtieron de que la finca construida en 2005 presentaba un exceso aprovechamiento autorizado que se había obtenido de forma "ilegal". La parcela donde se levantó el edificio de apartamentos tenía una superficie neta de 1.651,92 metros cuadrados y el exceso de aprovechamiento urbanístico era de 618,94 m2.
Al conceder la licencia, el ayuntamiento ofreció al promotor la posibilidad de ceder 4.358 m2 de suelo para dotaciones públicas o abonar 211,26 euros por cada metro de exceso de aprovechamiento. La promotora se lanzó de cabeza a la segunda opción.
El consistorio ha quedado ahora en mal lugar. Para restituir la legalidad urbanística, debe demoler el 42 % del edificio. Por la configuración de la finca, es posible que el derribo no signifique echarla toda abajo. Pero el consistorio sigue aferrándose a un clavo ardiendo. En la aclaración de sentencia que ha pedido, insiste en que el fallo es "tremendamente injusto" y apunta a que, tras llevarse la piqueta por delante casi la mitad del inmueble, "la promotora podría solicitar nueva licencia y simplemente cediendo suelo dotacional, en cumplimiento del PGOU, podría materializar el 100% de la edificabilidad objetiva de la parcela y construir el mismo edificio que ahora está ejecutado".
Sí, pero la diferencia estriba en aplicar la normativa urbanística bien o mal. Y, en este caso, la sentencia deja claro que el consistorio ha metido la pata.
* Levante - 23.03.11
Foto: Xàbia (Alicante), vista - informacion
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ELPAÍS/Cádiz* : El Ayuntamiento de Chiclana fue pionero a la hora de iniciar la regularización de sus más de 15.000 viviendas ilegales. Dividió el municipio en áreas de gestión básica y estableció los pasos para dar licencia a esas casas a cambio de unos pagos por parte de los propietarios. Pero ha ido a remolque de otros municipios para dar salida a otras 4.000 casas en suelos urbanizables y no urbanizables, que se pueden acoger a la figura de "fuera de ordenación", que ahora acepta la Junta, como se ha hecho recientemente con los municipios malagueños de la Axarquía. Las casas beneficiadas serán aquellas con más de cuatro años y que no tengan ningún expediente sancionador. Chiclana dio el paso ayer tras aprobar en un pleno extraordinario estas ordenanzas a las que podrán acogerse 2.200 viviendas en suelos no urbanizables y otras 2.000 en suelos urbanizables.
"Empezamos regulando las áreas de gestión básica pero queríamos resolver la situación del resto de casas, ya que tenemos que ayudar a esos ciudadanos, muchos de los cuales tienen estas viviendas como primeras residencias", explicó la edil de Urbanismo, Cándida Verdier.
En los últimos 20 años proliferaron en este municipio gobernado por el PSOE numerosas construcciones sin licencia, sin que ninguna administración le pusiera coto.
La ley permite que casas con más de cuatro años de antigüedad y sobre las que no pese ninguna sanción puedan ser asimiladas a la ordenación del resto de edificaciones. Las viviendas pueden ser inscritas así en el Registro de la Propiedad. "Es un paso en el reconocimiento de estas casas para alinear la realidad física con la jurídica", detalla Verdier, quien sabe del debate abierto sobre los partidarios de este proceso y los que se oponen a que estas casas reciban servicios básicos como luz y agua. De hecho, las ordenanzas aprobadas ayer en Chiclana no garantizan la posibilidad de que las viviendas cuenten con estos suministros. Para ello deben contar con una licencia de ocupación, que debe conceder el Ayuntamiento. El PSOE quiere tener una garantía legal y sumó a la aprobación de la ordenanza un punto por el que insta a la Junta a que estudie y clarifique el estado de estas viviendas en Chiclana. La licencia de ocupación es un requisito indispensable que solicitan las compañías de electricidad, por ejemplo, para dar de alta a nuevos clientes.
Las ordenanzas salieron adelante en Chiclana con el voto a favor del PP, que, en cambio, se opuso a la regularización de las áreas de gestión básica. "Estamos de acuerdo en que a estas casas se les dé alguna salida pero no en cómo el Ayuntamiento inició este proceso a espaldas de los vecinos", argumentó ayer Ernesto Marín, portavoz del PP. "En este pleno hemos demostrado además que la ley, como venimos diciendo, no permite dar licencia de primera ocupación a estas casas como viene vendiendo el Ayuntamiento falsamente", se quejó.
El ejemplo más cercano es el de El Puerto de Santa María (Cádiz). El próximo 7 de abril también aprobará las ordenanzas para regularizar sus viviendas ilegales bajo la misma declaración de asimilado de fuera de ordenación. Los propietarios reclamaron que este trámite les permitiera directamente obtener la licencia de primera ocupación. Pero en una reciente respuesta al equipo de gobierno del PP la Junta le ha señalado que no se puede dar esos permisos a casas en suelos no urbanizables. El Puerto pedirá también la actuación de la Junta para que interceda en las reclamaciones vecinales.
* El País - 23.03.11
Foto: Chiclana (Cádiz), derribo viviendas ilegales (archivo) - lavozdigital.es
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LEVANTE* : La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, asegura respetar la última decisión del Defensor del Pueblo sobre el Cabanyal pero anuncia que seguirá sin dar licencias. En su opinión, "la izquierda radical" ha paralizado el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal-Canyamelar y "tiene que asumir su responsabilidad". Entre tanto, el Grupo Municipal Socialista ha pedido que se reanude la concesión de licencias y ha dirigido una nota al secretario del pleno municipal para que restablezca la "normalidad administrativa". En un escrito firmado por la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava del Llano, ésta especifica que "un mandato judicial de suspensión de un plan no impide a un ayuntamiento resolver las peticiones de licencia que se le presenten, sino que debe estudiar individualmente cada solicitud de licencia y verificar caso por caso si la suspensión parcial (como es el caso de la suspensión del Pepri) conduce a otorgarla o denegarla". Esto contradice, en principio, la orden del equipo de Gobierno Municipal de paralizar todas las licencias de obra y actividad que se soliciten en el ámbito del Pepri, pero la alcaldesa mantuvo ayer firme su postura.
Los argumentos de la alcaldesa
"Yo respeto la opinión de todo el mundo y faltaría más que no respetara la del defensor del Pueblo", dijo Barberá, pero "lo que no puede hacer la izquierda radical es paralizar (el plan) y luego decir que no está paralizado. Hay que asumir la responsabilidad", advirtió.
Para la alcaldesa "el exceso que ha cometido el Gobierno metiéndose en una competencia que no le corresponde, azuzado por parte del Grupo Municipal Socialista y de personal de Salvem el Cabanyal que estaba también próximos al Gobierno, tiene una consecuencia: Han paralizado el plan y lo tienen que asumir. Y yo tengo la orden de no hacer nada administrativo y así lo ha dicho también un juez, así que hay que respetar el tema".
La explicación de esta resolución del Defensor del Pueblo es, en su opinión, que "han visto que han metido la pata y ahora quieren sacarla. Y no puede ser. Han de asumir su responsabilidad. Si está paralizado, está paralizado", sentenció.
Esta visión del conflicto choca frontalmente con la del Grupo Socialista. Su portavoz, Carmen Alborch, ha reclamado a la alcaldesa que " ordene la reanudación inmediata de la concesión de licencias de obra y actividad en la zona del Cabanyal no afectada por la prolongación de Blasco Ibáñez".
En su opinión, el único motivo que ha guiado hasta ahora al equipo de gobierno ha sido "su empecinamiento en prolongar el sufrimiento de los vecinos del barrio", por lo que ha decidido tomar la iniciativa y ha enviado, a través de su concejal Vicente González Móstoles, una nota interior al secretario del pleno municipal en la que le reclama que dé "las instrucciones necesarias para que con carácter inmediato se proceda a restablecer la normalidad administrativa para que todos los expedientes que superen la fase de trámite obtengan la correspondiente licencia".
Por su parte, el candidato socialista a la alcaldía, Joan Calabuig, entiende que el Defensor del Pueblo "ha dejado claro que la suspensión del Pepri no implica que se haya que suspender todas las licencias". En consecuencia, ha emplazado a Barberá a "levantar de manera inmediata la suspensión de las licencias a los vecinos y comerciantes", así como a "terminar con un bloqueo que pesa sobre este barrio".
* Levante - 23.03.11
Foto: Valencia, el Cabanyal -elpais.com
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ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las obras de otro tramo soterrado de la M-30. Esta vez la decisión, que ha avanzado esta mañana la SER, afecta al túnel del Nudo Sur de la circunvalación, que transcurre entre el puente de Praga y el del Marqués de Monistrol. Tras una denuncia del PSOE, el TSJM ha concluido que el Ayuntamiento no pidió el preceptivo informe de impacto ambiental que exigen las directivas europeas. El tribunal regional ya había anulado nueve tramos el pasado 15 de marzo por los mismos motivos. El recurso de apelación fue presentado por el PSOE contra la sentencia del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid dictada el 20 de octubre de 2009 después de que hubiera considerado que era conforme a derecho una resolución del área de Urbanismo de 17 de enero de 2005, por la que se daba luz verde al soterramiento entre Marques de Monistrol y Puente de Segovia, entre éste y el Nudo Sur y el soterramiento de la avenida de Portugal hasta la glorieta de San Vicente.
Dicha sentencia desestimó los motivos de impugnación de los socialistas echando mano de una decisión del Tribunal Supremo al entender que la M-30 ya venía calificada en el PGOU, por lo que consideraba que su reforma no necesitaba un plan o de otro instrumento de planeamiento. El mismo fallo del Juzgado número 13 reproduce los argumentos sobre la declaración ambiental previa del TSJM de 28 de febrero de 2008, que declaraba "la pérdida sobrevenida del objeto del proceso".
Los recurrentes sostienen, sin embargo, que las obras podrían ser ilegales por no haberse formulado los necesarios planes especiales, lo que iría en contra tanto del PGOU como de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid al no ser actuaciones aisladas. Por su parte, el Tribunal no considera favorablemente esta cuestión. Solo ha plasmado en la sentencia la falta de una evaluación medioambiental.
Según el TSJM en su resolución de hace una semana, a estas alturas nadie duda de la necesidad de elaborar un informe de impacto ambiental antes de acometer una obra. A esta misma conclusión llegó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2008, además de ser admitida, dice el fallo, por el propio Ayuntamiento al aceptar las condiciones impuestas por la Comisión Europea. "Los actos impugnados nacieron y se han ejecutado viciados en origen", recalca el fallo.
Hace una semana, el TSJM desestimó un recurso del Ayuntamiento contra un fallo de este mismo tribunal de junio de 2009 sobre las mismas obras, esta vez por iniciativa de Ecologistas en Acción. Los ecologistas interpusieron recurso contra la resolución dictada por la concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura en 2005 sobre el soterramiento de tramos entre Marqués de Monistrol y el Puente de Praga y entre la avenida de Portugal y la glorieta de San Vicente. En 2008, la justicia anuló estos acuerdos y el consistorio recurrió. Hoy, sí que ha dado la razón a los socialistas que también demandaron por el tramo entre los dos puentes del sur.
Las consecuencias prácticas de la sentencia, como en los otros nueves tramos, son muy escasas, según fuentes jurídicas consultadas por la SER, aunque a partir de ahora el Ayuntamiento tendrá que ser más cuidadoso a la hora de cumplir los requisitos, trámites y leyes a los que está obligado. Ocurre igual que con una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre otra carretera de Madrid, la M-501. El alto tribunal declaró ilegal el desdoblamiento de la carretera de los pantanos, pero como la obra ya está terminada y en uso desde hace tiempo no hay ninguna posibilidad de deshacer las actuaciones ejecutadas.
Valcarce critica las "urgencias electorales"
La número dos en las listas electorales del PSOE a la Asamblea de Madrid el 22 de mayo y delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, ha criticado que la obra de soterramiento de la M-30 se hizo atendiendo a las "urgencias electorales" del de Gallardón, y sin cumplir todas las exigencias que tienen este tipo de proyectos.
Lissavetzky se compromete a adoptar "medidas correctoras"
El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, se ha comprometido, si gana las elecciones, a realizar una evaluación de impacto ambiental en M-30 y a adoptar las medidas correctoras. "Me comprometo, si soy alcalde, a realizar la evaluación de impacto ambiental como exige la Unión Europea, no un estudio, donde los vecinos den sus opiniones. Y me comprometo a adoptar medidas correctoras para el beneficio de los vecinos", ha señalado el socialista.
* El País - 22.03.11
Foto: El túnel que une la M-30 con la autovía de Valencia - elpais
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LAVERDAD/Alicante* : Otra polémica pone en primera línea de actualidad las actuaciones políticas del equipo de gobierno de San Fulgencio y que han supuesto este mes el sobreseimiento del caso del 'vídeo-prueba' por el que se ha levantado la imputación sobre los componentes del gobierno municipal. Ahora es el juzgado de Instrucción nº1 de Orihuela quien ha emitido un auto por el que considera que la actuación de la alcaldesa socialista, Trinidad Martínez y varios ediles de su equipo han cometido presunta prevaricación en el caso de las villas deportivas que la primer edil del PSOE aprobó en un anterior mandato a partir del 2001 y mantiene su imputación. La juez Raquel Lacunza sostiene, a tenor de las diligencias previas que este hecho pudiera ser constitutivo de un delito contra la ordenación del territorio o prevaricación urbanística por parte de la alcaldesa y los concejales José Mora, Teresa Torres, Luisa Alberola, Simone Elster y Mariano Martí.
La juez expone en el documento judicial que todos ellos votaron a favor de la concesión de licencias para la construcción de una villa deportiva en comisiones de gobierno de marzo del 2001, octubre del 2002 y diciembre del 2004 «pese a que -y conscientes de que- las obras a ejecutar no se ajustaban a la calificación del suelo en que se situaba la parcela», suelo que según el Plan General del municipio, prosigue el auto de incoación, «se trata de equipamiento deportivo de titularidad privada».
La juez prosigue recordando que según el PGOU ese terreno estaba destinado a la práctica de deporte, así como a actividades complementarias tales como vestuarios, bares, duchas, pabellones deportivos, viviendas de vigilancia y otras, y que acabó finalmente construido el complejo deportivo Sport Resort «con ocho bloques e instalaciones deportivas al aire libre, construcción de 98 apartamentos de dos o tres dormitorios y 99 plazas de aparcamiento», según afirma conforme a un informe de la Guardia Civil.
Asimismo recuerda la juez que en la información aportada por el Seprona (el servicio de la Benemérita para delitos ecológicos) tres de los bloques destinados a apartamentos se encuentran finalizados, residen en ellos algunas familias y desde el 2005 se hallan inscritas en el Registro de la Propiedad como obra nueva y en régimen de división horizontal, «lo cual sería incompatible con la normativa urbanística aplicable, según el informe del perito judicial». Asimismo deja constancia de que algunos de los otros bloques están sin finalizar, destinado también a su uso como viviendas, se encuentran vendidos en su mitad, mientras que el destinado a instalaciones deportivas cubiertas está sin construir y del que sólo existen los cimientos.
Por otro lado, la juez Lacunza también mantiene la imputación para los arquitectos técnicos al servicio del Ayuntamiento, ya que su informe favorable fue determinante para la concesión de las licencias.
* la Verdad - 20.03.11
Foto: San Fulgencio (Alicante), ayuntamiento - eleconomista.es
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ELPAÍS/Málaga* : Óscar Benavente, uno de los hombres de máxima confianza del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, no llegaba a mileurista. El hombre al que la policía sorprendió con más de dos millones de euros en metálico, supuestamente pertenecientes al exasesor urbanístico marbellí, aseguró ayer que Roca se lo llevó a Marbella desde Madrid "por 900 euros al mes y la casa". A cambio, Benavente actuaba como persona para todo: desde administrar dos de las principales empresas de Roca -la ganadería Marqués de Velilla y la inmobiliaria Gracia y Noguera, con intereses en Mallorca- hasta llevar al colegio al hijo de Roca y "ayudar un poco" a la esposa de este. Roca pagaba a su empleado de confianza en metálico y sin ningún tipo de nómina. La sociedad Gracia y Noguera era la que se encargaba de inyectar liquidez, bajo la forma de préstamos, a las sociedades del entramado empresarial de Roca.
Sin embargo, Benavente ha olvidado en su declaración ante el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, los detalles de su trabajo: "No recuerdo a qué sociedades se pasaba dinero ni el importe. Yo iba y firmaba lo que me decía Manuel Sánchez Zubizarreta [el jefe de los abogados mercantiles de Roca] por orden de Roca", ha asegurado.
Benavente, que antes de trabajar con Roca era empleado del empresario Carlos Sánchez, amigo de su padre, ya fallecido, firmó la póliza de 8,6 millones de euros que sirvió para asegurar parte de la colección de obras de arte adquiridas por el exasesor urbanístico marbellí. Sin embargo, en este extremo también la he asaltado la amnesia: "No tengo ni idea de cómo se adquieren los cuadros. Cuando declaré sobre ello en la fase de instrucción, lo hice con la única pretensión de salir de la cárcel, adonde usted me mandó sin hacerme ni una sola pregunta", le ha reprochado al fiscal. Al contrario de lo sucedido con otros testaferros, Roca firmó con Benavente un contrato de fiducia, por el que este se ponía al frente de las sociedades con la condición de reconocer que el verdadero dueño era el exasesor.
Benavente, para quien el fiscal pide seis años de cárcel y 100 millones de euros de multa por blanqueo y falsedad documental, fue la persona que puso a Roca en contacto con la también testaferro Montserrat Corulla, encargada de la gestión de los negocios hoteleros del supuesto cerebro de la trama. "Roca estaba buscando a alguien para los hoteles y yo le hablé de Montserrat, una amiga mía desde la infancia muy lista y trabajadora. Ella estaba en México pero tenía ganas de regresar a España. Roca la llamó para entrevistarla, pero yo no estuve presente", ha recordado.
* El País - 21.03.11
Foto: Cortijo de Roca - elconfidencial.com
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CINCODÍAS* : La banca aprieta aún más el cierre del grifo del crédito. Cuando estalló la actual crisis económica hace tres años, las entidades financieras se apresuraron a endurecer los requisitos de concesión de créditos debido a los crecientes problemas de acceso a la liquidez y también para intentar contener el temido repunte de la morosidad en España. Ahora, con los márgenes aún más debilitados por el esfuerzo que la banca ha tenido que realizar para captar pasivo y con una abultada cartera de inmuebles adquiridos -procedentes de créditos impagados o de promociones fallidas-, el campo de batalla ha pasado a ser el precio. Según los últimos datos del Banco de España, entre el pasado diciembre y enero de este año, el interés medio de los nuevos préstamos para la adquisición de vivienda ha pasado del 2,66% al 2,92%. Pero estas son solo las cifras oficiales. En realidad, muchas entidades aplican ya diferenciales sobre el euríbor a un año, el principal índice de referencia de las hipotecas, que alcanzan el 3%, frente a los 0,5 puntos que se pedían justo antes del estallido de las turbulencias.
Este es el caso, por ejemplo, de Caja Madrid, que en su oficina telefónica de atención al cliente ofrece La Hipoteca, con un interés del 3% sobre el euríbor. La entidad también ha incrementado los costes en comisiones: un 0,3% la de estudio, un 1% la de apertura y un 0,5% la de amortización. Del mismo modo, Banco Popular propone por esta misma vía un préstamo para la compra de una casa con un diferencial del 2% sobre el euríbor durante los tres primeros meses y del 3% a partir de este momento. La entidad afirma que solo aplica la comisión de apertura, fijada en el 1%.
En la red de sucursales de Banco Santander reconocen que "los criterios que se aplican son ahora mucho más restrictivos. Las tasaciones son mucho más estrictas y estamos cobrando euríbor más un diferencial entre el 1,5% y el 2,5%", comentan a este periódico. En las oficinas de La Caixa son más benévolos y proponen un 0,75% sobre el euríbor, que se reduce hasta el 0,5% si se domicilia la nómina y se contratan otros productos con la entidad. Eso sí, los empleados de la entidad catalana afirman que tienen la orden de no conceder créditos por un importe superior al 60% del valor de la tasación, frente al tope del 80% que tenían establecido antes, e independientemente de cuál sea el volumen de ingresos del solicitante.
El coste para adquirir una vivienda, por tanto, se ha encarecido en los últimos meses, ya que si se suma la prima que cobra la banca al euríbor a un año -en febrero se situó en el 1,714%, pero el viernes ya cotizaba en el 1,916%-, el interés real por un crédito roza ya el 5%.
Más subidas de tipos
Esta factura, además, podría aumentar en los próximos meses si el Banco Central Europeo (BCE) cumple finalmente sus advertencias. Su gobernador, Jean-Claude Trichet, avisó hace unas semanas que no era descartable un endurecimiento de la política monetaria en la eurozona el próximo abril para intentar contener la escalada de los precios. Un riesgo que ha cobrado peso con las persistentes tensiones en Oriente Próximo, la cuna del oro negro, y el peligro de que la inestabilidad en los principales países productores del petróleo provoque presiones sobre la inflación. Sin embargo, la subida de tipos podría aplazarse tras la catástrofe nuclear en Japón.
Una vía de escape para el cliente para abaratar su cuota hipotecaria es la vinculación. En este caso, las entidades mejoran las condiciones, como también sucede si se trata de una subrogación, es decir, un crédito que se lleva de otro banco. Así, Sabadell en su página web anuncia la BS Hipoteca Bonificada, con un coste a partir del segundo año del euríbor más un diferencial entre el 0,9% y el 1,9%, dependiendo de los productos que se tengan contratados. En Catalunya Caixa explican que la entidad "no marca su política comercial en hipotecas por el precio sino por la vinculación".
Caja Madrid también informa en su web de la Hipoteca Bonificada, que cuenta con un diferencial del 0,8% sobre euríbor si se domicilia la nómina y los recibos en la caja, se contrata un seguro de hogar o plan de pensiones y se cuenta con tarjetas de crédito de la entidad. El cliente puede elegir entre tipo variable durante toda la vida del préstamo, cuyo máximo plazo es de 40 años, o un tipo mixto: fijo los cinco primeros años y variable el resto.
Caída de volumen
Las entidades replican que no han restringido el crédito, sino que el problema es la caída de la demanda, una tendencia que afirman se ha agudizado con la eliminación de los incentivos fiscales a la compra de la vivienda para rentas anuales de más de 24.100 euros.
"Hay que tener en cuenta el problema de demanda propio de la débil situación económica actual, que provoca que en algunas líneas se observen dificultades para alcanzar nuestros crecimientos de objetivos", señalan en Novacaixagalicia, resultado de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia.
Según los últimos datos del Banco de España del cuarto trimestre del pasado año, que incluyen solo las hipotecas a particulares, el volumen se cifró en 662.797 millones de euros al cierre del tercer trimestre del pasado año, frente a los 654.566 millones del mismo periodo del año anterior. Entre octubre y diciembre se registró un ligero repunte, como consecuencia de que muchos ciudadanos adelantaron la decisión de compra de una casa para beneficiarse de las ventajas fiscales.
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) corrobora estas cifras: el crédito hipotecario para hogares y empresas bajó un 2,06% en 2010, hasta situarse su saldo en 1,08 billones de euros. "Continúan las incertidumbres respecto a la crisis, la evolución de los tipos de interés y el empleo, junto a cuál será el resultado de la reestructuración que vive en estos momentos el sector financiero", explica Santos González, presidente de la AHE.
Gónzalez añade que en estos momentos el mercado se encuentra en un punto de inflexión, en el que todavía hay claroscuros. "Somos moderadamente optimistas. Hay algunos elementos positivos, como que el ajuste en el precio de la vivienda está empezando a tener su impacto en la transaccionalidad. Además, existe demanda. Estos factores al final tienen que jugar a favor del mercado. Aun así, para este año con incrementar un poco el saldo o terminar en empate nos damos por satisfechos", concluye. Respecto a las previsiones de tipos, la AHE maneja una escenario para finales del ejercicio con un precio oficial del dinero en el entorno del 2%, lo que situaría el euríbor a un año en el 2,5%.
En Novacaixagalicia señalan que "según los distintos indicadores, los precios continuaron descendiendo durante el año pasado, pero el ajuste fue menor que en ejercicios anteriores. Todo parece reflejar que se requerirán nuevas caídas de precios para reactivar la demanda en los próximos años, aunque los descensos serán cada vez más moderados". La caja asegura que su estrategia seguirá centrada para este ejercicio en el crecimiento del crédito a pequeñas y medianas empresas y a familias. "Novacaixagalicia nunca ha cerrado el grifo del crédito". Y recuerda que la entidad creció en hipotecas en 2010 un 5%, aunque redujo los préstamos a promotores en un 4%. Para 2011, su objetivo es mantener estos ritmos de crecimiento.
Pero no todas las entidades han tenido que hacer los mismos esfuerzos de prudencia. BBK, una de las entidades más solventes y menos expuestas al ladrillo, explica que no han modificado los requisitos. "Nosotros no hemos restringido el crédito. En 2010 crecimos en hipotecas un 5,7% y seguimos ganando cuota de mercado en Vizcaya. Hacemos un traje a medida e intentamos dar a cada cliente el préstamo que necesita. Normalmente el límite es el 80% del valor de tasación, pero también contemplamos dar el 100%. Nuestra oferta está muy ligada a la vinculación", sostienen en la caja de ahorros vasca.
Actividad
Bancos: de los 662.797 millones de euros en hipotecas a particulares, 249.848 millones están en manos de los bancos. El porcentaje de morosos se situaba a finales del pasado diciembre en el 2,28% de su cartera, según los datos del Banco de España.
Cajas de ahorros: estas entidades concentran 359.582 millones de euros, con un 2,44% de créditos que han entrado en impagados.
* Cinco Días - 21.03.11
Foto: Los bancos encarecen la concesión de hipotecas .- cincodias
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ELPAÍS/Galicia* : El puerto deportivo de A Lagoa, en Teis (Vigo), parece abocado al derribo de la nave principal, de más de 1.000 metros cuadrados, de que constan sus instalaciones. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de confirmar la orden de demolición que pende sobre la construcción, levantada sin permiso municipal, por lo que deja en manos del Ayuntamiento su derribo definitivo. El fallo se suma al rosario de sentencias contrarias a la marina, construida en las faldas del monte vigués de A Guía, cuyos promotores acaban de perder otro recurso ante el Supremo. La sentencia del TSXG desestima el recurso presentado por la promotora del puerto, Astilleros y Construcciones La Lagoa, contra un fallo anterior de un juzgado de Vigo, con idénticos argumentos.
Así, respalda la resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Vigo, que desestimó los recursos de los propietarios de la marina contra la orden de demolición de la nave principal del puerto, construida sin licencia municipal e incompatible, según el Ayuntamiento, con el planeamiento.
Tanto la sentencia del juzgado de Vigo como la del TSXG declararon que esa obra era "ilegal". El recurso de la promotora, propiedad del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, que se hizo con la empresa con el proyecto ya en marcha, apelaba a la supuesta "competencia exclusiva" de la Autoridad Portuaria y a que no se había tramitado correctamente el procedimiento de restauración de la legalidad. La sentencia en primera instancia rechazó todos estos motivos, y negó que se debiera haber dado audiencia al Puerto. También avala que el Ayuntamiento tenía competencias para pronunciarse sobre la legalidad de las obras.
El TSXG precisa que la exención de obtener licencia municipal se refiere exclusivamente a las obras públicas de interés general dentro del dominio público de un puerto de esa naturaleza, como es el de Vigo. "Las naves de un puerto deportivo no son una obra pública de interés general", precisa el tribunal. La sentencia también ratifica que las obras de la nave eran "ilegalizables". "En definitiva, ningún defecto se observa en el procedimiento tramitado para llegar a la resolución dictada, ni tampoco en el contenido de esta", añade. Fuentes de la empresa insisten en que, una vez que fue aprobado el nuevo plan de urbanismo de la ciudad, hace dos años, el Ayuntamiento estaría obligado a dar licencia para la nave en cumplimiento de la autorización concedida por el puerto. "Si ahora nos la derribasen, tendrían que autorizar que la levantásemos de nuevo", afirmaron fuentes de la promotora, que anunciaron un nuevo contencioso-administrativo para exigir la licencial.
Aunque es la de mayores dimensiones, la nave cuyo derribo se confirma ahora no es la única instalación del puerto de A Lagoa, que ya cuenta con otra sentencia firme contra un segundo almacén de embarcaciones. La promotora también construyó un restaurante de 150 metros cuadrados con un permiso para una caseta desmontable de 30 metros destinada a taberna, precintado por orden municipal.
El puerto deportivo, con capacidad para 355 embarcaciones, se construyó con la autorización de la Autoridad Portuaria, entonces presidida por Julio Pedrosa (PP), para la ocupación de una lámina de agua. Las instalaciones carecen de permisos municipales para las obras en tierra. En su construcción, la empresa utilizó como acceso un cortafuegos municipal sin permiso del Ayuntamiento, lo que aplazó durante años el proyecto del paseo marítimo de A Guía, inaugurado hace año y medio, después de que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, lo precintara y pusiera los terrenos a disposición del Ministerio de Medio Ambiente. La promotora también culpa al Ayuntamiento por no haber construido un acceso al puerto, que necesitaría una servidumbre por cuestiones de seguridad.
Varapalo del Supremo
Para poder seguir utilizando el antiguo cortafuegos municipal como acceso para el tráfico pesado, la promotora solicitó a la Audiencia Nacional la paralización cautelar del proyecto que lo convirtió en un paseo marítimo. La petición fue rechazada en primera instancia y acaba de ser confirmada, con el bulevar marítimo ya ejecutado, por el Supremo, en una sentencia del pasado 1 de marzo, conocida la pasada semana.
El fallo del Supremo hace un exhaustivo repaso de todos los reveses judiciales sufridos por la promotora del puerto deportivo, concluye que esta actuación supone "una perturbación grave de los intereses generales". "Del conjunto de resoluciones jurisdiccionales dictadas", añade, "puede extraerse una apariencia de ilegalidad en las actuaciones desarrolladas por la entidad recurrente".
La sentencia defiende los intereses generales frente a los particulares que invocó A Lagoa SA, y avala la "inexistencia de vía de hecho municipal" que defendía el puerto deportivo, en realidad un cortafuegos. "Es indudable que el interés público implícito en la ejecución" del paseo marítimo "ha de prevalecer respecto de los intereses particulares" de la promotora, "dada la menor entidad de estos", añade. La promotora subrayó que el fallo carece de eficacia una vez que el paseo ya está construido.
* El País - 21.03.11
Foto: Vigo, puerto deportivo A Lagoa - google
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LASPROVINCIAS* : La partida rural de Monnegre, a quince kilómetros de Alicante de cuyo Ayuntamiento depende administrativamente, es un verdadero puzzle urbanístico encajonado el término municipal de Mutxamel, con el que comparte territorio, y en la que, para situarse y no perderse, es necesario llevar un plano de la ordenación del territorio. La conforman cuatro núcleos de población repartidos por una amplia extensión de terreno, Valle del Sol, El Boter, El Portell de la Moleta y Llofriu, en los que están censados 282 habitantes según la estadística municipales, y a los que hay que añadir las viviendas diseminadas que se sitúan en el cauce del río Monnegre, una garganta profunda que serpentea por el lado del Portell y la urbanización Río Park, de las que le separan la carretera CV-819 de la Diputación Provincial.
Sin embargo, en cada una de estas núcleos o urbanizaciones, son más los residentes que viven todo el año pero que no están empadronados. Y es que, como explica Loreto Asensi, presidenta de la asociación de Vecinos Valle del Sol-El Boter, «no tenemos servicios de ningún tipo», asegura. Entre estas muchas carencias, destaca la falta de dotaciones sanitarias como un consultorio, de equipamientos educativos, alumbrado en las calles , de transporte público, o simplemente de un parque al que acudir y en el que poder convivir con el vecindario, aunque tienen la promesa de los dos ayuntamientos de realizar un parque conjuntamente.
Estas deficiencias resultan más complejas de resolver si se tiene en cuenta que las viviendas de estas urbanizaciones pertenecen a una u otra administración local, la de Alicante o Mutxamel, dependiendo de su situación, lo que hace que sea necesario un acuerdo de ambos ayuntamientos para resolverlas.
Este es el caso de Valle del Sol, urbanización dividida por una línea perpendicular que determina la separación entre los dos términos municipales, de tal manera que calles como al de Montiboli, Estambre y Pistilo, entre otras pocas más, son de Alicante, y el resto de Mutxamel. «Hay residentes en el núcleo de población de Valle del Sol que, sin moverse de casa, duermen en el término municipal de Alicante y comen en el de Mutxamel», comenta Loreto Asensi, y lejos de ser un chiste responde a una realidad que también afecta a la urbanización de El Portell de la Moleta.
Una de las necesidades de los vecinos de la pedanía ha sido la red de agua potable en la pedanía. Una deficiencia que resulta impensable que se pueda producir en pleno siglo XXI y que, después de muchos años de lucha con los dos ayuntamientos, han conseguido que se corrija, y es ahora cuando se han empezado a acometer las obras de instalación de las canalizaciones, aunque sólo en el núcleo del Valle del Sol-El Boter. Actuación ésta que llevan a cabo las empresas Aquagest, en las calles que pertenecen al término municipal de Mutxamel, y Aguas de Alicante en las demás calles.
En el caso de El Portell de la Moleta, el presidente de la asociación de vecinos y también alcalde pedáneo de Monnegre, Juan Bleda, lamenta de que este servicio no se haya hecho extensivo a las viviendas de este núcleo, si bien indicó que el Ayuntamiento de Alicante está redactando un proyecto para instalar la red de agua potable. Refiere que hasta tanto la solución pasa «por contar con un aljibe que recoja el agua de lluvia o comprarla en bidones». Hasta ahora los vecinos sólo podían contar con agua que sólo pueden usar para lavar. De hecho llama la atención que a la entrada del Valle del Sol una pequeña fuente tenga un cartel que advierte que el agua no es potable.
También se queja de que el minibús de transporte público de Mutxamel no llegue hasta la urbanización, por lo que Bleda mantiene una permanente batalla burocrática con el fin de que se establezca este servicio y para el que, según le han dicho, tiene que solicitarlo a la Generalitat. En cambio disfruta de alumbrado público, caminos asfaltados -salvo los que pertenecen a la zona de Mutxamel- y de una plaza, a la que denominan de las fiestas y cuenta con un pequeño parque de juegos infantiles, en la que el Ayuntamiento de Alicante les ha instalado casetas prefabricadas, que utilizan como oficinas, centro de reunión de vecinos y otras actividades.
* Las Provincias - 21.03.11
Foto: Red de agua . Obras de canalización del agua potable en la urbanización Valle del Sol.- lasprovincias
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Una breve explicación de como la corrupción se esta adueñando de nuestra vida politica en España. Asi es como se esta tomando ejemplo en muchas zonas de España para hacer buenas politicas pensando en el enriquecimiento personal en vez del beneficio de las personas. Muchos politicos españoles, han visto este video para entrar en politica.
* You Tube - centristas '08
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ELPAÍS* : A las 8.45 han llegado para demoler el lugar que había sido su casa durante tres años, un autobús y una caravana destartalados en las que vivían 14 miembros de la misma familia de gitanos rumanos, cuatro adultos y diez menores de entre uno y 14 años, en la calle Somport de Las Tablas, en el norte de Madrid. Son agentes de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional, una grúa, una excavadora, el Samur y responsables de Urbanismo del Ayuntamiento. Tres horas después, los dos vehículos han sido reducidos a chatarra por las palas de la excavadora. "No queremos irnos. No hay derecho", se lamenta el patriarca, Fran Stan, apoyado por una decena de voluntarios de la Parroquia de San Carlos Borromeo. El Ayuntamiento ha confirmado que ha ordenado la destrucción de ambas infraviviendas porque se trata de un "asentimiento ilegal". Al desguace de sus viviendas han asistido los padres y los niños pequeños, ya que los mayores están escolarizados en un centro escolar de la zona y ya se habían ido a clase cuando ha comenzado el desalojo.
Para facilitar la operación de derribo, loa agentes han cortado el camino de Fuencarral a Hotaleza. En el autobús vivían Fran Stan, su esposa Grazieria y ocho de sus hijos. Al lado, en la caravana, la hija mayor, Persida, con su esposo Ciprián y sus dos hijos, que pronto, en un par de meses, serán tres. Tanto ella como su pareja, están buscando trabajo. Según ha indicado un voluntario de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada de la Cañada Real, se trata de una familia "muy integrable, muy educados, los niños hablan español perfectamente y asisten a colegios en la zona".
A San Roque y Valdelatas
El jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos, ha considerado "un éxito" la operación de desalojo, que se ha desarrollado sin incidentes de ningún tipo y después de que las familias sacaran sus enseres. Fran Stan, de profesión chatarrero, reclama que, al menos, le den el amasijo de hierros en el que se han convertido sus viviendas para venderlos. Calcula que vale 1.500 euros. Sin embargo, la chatarra va a ser depositada en un vertedero. "han tenido tiempo para desalojar el lugar y vender los vehículos para chatarra pero no lo han hecho", indica Santos.
La familia, de origen rumano, llevaba asentada desde 2008 en el camino de Fuencarral a Hortaleza. Se instalaron allí cuando el jefe de Stan, que tenía un negocio de vehículos que él vigilaba, les dio el autobús que convirtió en su vivienda y que ya no existe. Entonces, salieron de la Cañada Real, donde, según Stan, "la vida era muy conflictiva". En Las Tablas, lograron agua y luz. Un empalme casero les conecta al alumbrado público, y el agua corriente la sacaban de una toma de agua en la calle. Hasta que la policía les visitó el sábado para decirles que los desalojarían hoy. "Estamos muy bien aquí, ¿qué vamos hacer?", se lamentaba ayer en un castellano perfecto delante del viejo autobús.
A finales de 2010 el Ayuntamiento mandó una orden administrativa que requería la salida voluntaria de varias familias rumanas que vivían en chabolas por la zona -una treintena de rumanos, muchos de ellos niños-. Todos se marcharon menos la familia de Stan. "No tenían los papeles para echarnos, así que nos quedamos", explica el padre. Pero el Consistorio reunió los papeles necesarios. El Ayuntamiento les mandó una carta el pasado 10 de marzo en la que hacía referencia a una sentencia del Juzgado número 19 de Madrid y les requería a que procedieran "de forma inmediata al desalojo de personas y enseres". En caso de no salir voluntariamente, se procedería "a la ejecución forzosa por parte de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad", como finalmente ha sucedido.
El Samur Social ha llevado ya a las familias a los campamentos para personas de origen inmigrante con riesgo de exclusión de San Roque -Fran Stan, Grazieria y sus ocho hijos menores- y Valdelatas -Ciprián, Persida y sus dos niños-, donde van a alojarse esta noche y donde al parecer podrán quedarse unos tres meses. Stan y su mujer llegaron a España desde Rumanía en 2001. Persida ha mostrado su descontento con esta decisión ya que para ella está "muy lejos", además de no conocer "a nadie en ese sitio". En octubre de 2011 hará 10 años que se empadronaron y, según ellos, tendrán "derecho a pedir una casa".
* El País - 21.03.11
Foto: La maquinaria pesada tarda 30 minutos en convertir en chatarra la caravana y el autobús donde vivían catorce personas.- elpais
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ELCONFIDENCIAL* : El Gran Blanqueador, José Ramón Blanco Balin, se esfuerza en hacer honor al sobrenombre con el que se ha hecho conocido en el ámbito judicial. El hombre que llegó a ocupar la vicepresidencia de Repsol YPF gracias a su amistad en su día con José María Aznar y que ha estado implicado en algunos de las tramas de blanqueo de capitales más sonadas de los últimos años, como la propia red Gürtel, ha vuelto a ser detenido en Madrid. Ahora, en el marco de una operación contra el fraude fiscal coordinada por la Agencia Tributaria en Galicia en la que también ha sido detenido también José Luis Martínez Parra, dueño de la inmobiliaria Teconsa. Tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número tres de Ferrol, que instruye el caso en secreto, ambos quedaron ya en libertad con cargos. Se les acusa de haber escatimado a Hacienda más de 3,2 millones de euros en aranceles e impuestos entre 2008 y 2009 a través de un negocio de importación de materiales de construcción y de clínker, un componente utilizado para fabricar cemento.
Se saltaban, sistemáticamente, la aduana del puerto de Ferrol utilizando como pantalla la empresa Molienda de Clínker SL. Habrían introducido de esta forma toneladas de clínker en España procedentes de China.
Blanco Balín, que llegó a ser amigo muy estrecho de Aznar e inspector de Hacienda como él, entró a formar parte del Consejo de Administración de Repsol YPF en 1996, tras la victoria electoral del PP. Su cercanía al ex presidente del Gobierno fue tal que Blanco Balín llegó incluso a escribir un libro de texto con él para el Centro de Estudios Financieros. En el año 2000, obtendría el cargo de vicepresidente y consejero delegado de Repsol cuando la compañía estaba presidida por Alfonso Cortina. Su nombre llegó a incluso a barajarse para sustituir a Miguel Boyer al frente de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).
Desde entonces, Blanco Balín empezó a relacionarse con la trama corrupta de empresarios vinculados al Partido Popular y que lideraba Francisco Correa para montar la estrategia de blanqueo de capitales de toda la red, según confesó Antoine Sánchez al juez Baltasar Garzón. Blanco se convirtió así en el administrador del entramado empresarial de varias de las compañías de Gürtel como Hator Consulting, Osiris Patrimonial o Inversiones Kintimani.
Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales reveló cómo el dinero lavado en paraísos fiscales con ayuda de Blanco Balín fue reinvertido después en ladrillo por la banda de Correa. Además, los ‘pinchazos’ de las comunicaciones carcelarias de los principales imputados en la trama corrupta también sirvieron para descubrir como el ex vicepresidente de Repsol coordinaba con su abogado los movimientos en las empresas patrimoniales de Correa.
Consejero de Orange Market
Ramón Blanco figura también como consejero de Orange Market, filial en Valencia de Special Events, compañía desde la que presuntamente Francisco Correa ejercía de conseguidor de contratos públicos de las administraciones populares. Pablo Crespo -uno de los detenidos por Garzón, secretario de organización del PP en Galicia hasta 1999 y administrador único de Special Events- figura junto al propio Blanco desde el 17 de junio como apoderado en la sociedad Castano Corporate, dedicada a la promoción inmobiliaria. Tanto Crespo como Blanco habían sido administradores de la sociedad junto a Jacobo Gordon, actual administrador único y también imputado.
Sin embargo, Garzón tuvo que dejarle en libertad en febrero de 2009 al no haber pedido para él las fiscales anticorrupción, Miriam Sánchez y Concha Sabadell, ningún tipo de medida cautelar después de que el juez le tomará declaración como imputados por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
A su salida de la Audiencia Nacional, Blanco Balín confesó a los periodistas que estaba “hasta los huevos”. “Cuando pongáis algo en los periódicos, hacedlo con algo de respeto. Os lo pido por mí y mi familia", reclamó. “No me gusta que mis hijos lean por la mañana que su padre es un delincuente".
Por otro lado, la estrecha relación de Blanco Balín y los Albertos -condenados por el Tribunal Supremo a más de tres años de prisión por estafa en el llamado caso Urbanor y absueltos en 2008 por el Tribunal Constitucional al entender que el delito había prescrito- se remonta al menos a 1995, cuando el Gran Blanqueador fue nombrado apoderado de Corporación Financiera Alcor, la sociedad que gestiona buena parte del patrimonio de los Albertos. Los primos, sin embargo, siempre han negado que “el abogado Ramón Blanco Balín haya trabajado a las órdenes de Alberto Cortina y Alberto Alcocer para ocultar en el extranjero decenas de millones de euros de los multimillonarios empresarios y primos”.
* El Confidencial - 21.03.11
Foto: Ramón Blanco, en una foto de archivo de 2009 - EFE
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DIARIOMONTAÑÉS* : El Parlamento de Cantabria aprobó ayer una nueva ley para dar solución a los afectados por la ejecución de sentencias de derribo. Si el pasado mes de julio reformó la normativa urbanística con el fin de abrir vías para la legalización de las viviendas, ayer completó la tramitación de otra reforma legal destinada a modificar los procedimientos de reclamación patrimonial para los supuestos en que la legalización no sea posible y, así, facilitar el cobro de las indemnizaciones a los afectados. Como consecuencia de esta nueva ley, ninguna vivienda de Cantabria podrá ser derribada hasta que su propietario cobre la indemnización, algo que no contempla la legislación de ningún otro punto de España. Un marco legal cuya aplicación retroactiva no está legalmente aclarada.
La reforma legal culminada el 26 de julio de 2010 obtuvo el respaldo de los tres grupos políticos con representación en la Cámara regional (PP, PRC y PSOE), pero no el de los afectados, que cuestionaron la medida por insuficiente. La de ayer se aprobó igualmente de manera unánime, pero además fue bendecida por los propietarios de las viviendas.
«Hacemos una valoración muy positiva», aseguró Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), minutos después de concluir el debate parlamentario. Vilela acudió al Parlamento acompañado por un centenar de afectados, quienes siguieron el debate repartidos entre la tribuna de invitados del hemiciclo, unos, y el salón habilitado al efecto con circuito cerrado de televisión, el resto.
La norma aprobada ayer -conocida como Ley de Indemnizaciones- implica que «sólo se podrá proceder a la demolición cuando haya finalizado el procedimiento de determinación de responsabilidad patrimonial, se haya establecido en su caso el importe de la indemnización y se haya puesto este a disposición del perjudicado». Ninguna vivienda será demolida, por tanto, hasta que las administraciones hayan abonado su valor a los propietarios de los inmuebles.
También contempla nuevas garantías para los compradores de vivienda, como la obligación de establecer anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad para las viviendas cuya licencia hubiera sido recurrida ante los tribunales o la obligación de que los promotores en esta situación contraten «avales y seguros» para hacer frente a las cantidades adelantadas por los compradores.
Tramitación parlamentaria
Los cambios introducidos en la legislación son el resultado del proyecto de ley aprobado el pasado 13 de enero por el Gobierno de Cantabria, pero sobre todo del procedimiento de tramitación parlamentaria seguido a continuación, en el que todos los grupos políticos han tomado parte mediante la presentación de enmiendas al articulado.
Para su debate en comisión, PSOE y PRC presentaron una y PP tres. A partir del dictamen, todavía fue registrada otra transaccional por parte de socialistas y regionalistas, como alternativa a las enmiendas que los populares mantuvieron 'vivas' (aquellas que se debaten en Pleno al no haber sido admitidas por la comisión). La portavoz del PP, María José Sáenz de Buruaga, todavía defendió ayer las ventajas de su propuesta -tramitar anticipos- frente a las de la transaccional registrada por PRC y PSOE, pero aceptó finalmente retirar sus enmiendas para que el Pleno pudiera debatir, y admitir, la de sus oponentes.
El resultado fue que, con las cesiones de unos y otros, el Parlamento aprobó ayer la Ley de Indemnizaciones, respaldada por todos los grupos y, además, bendecida por los afectados.
Opiniones políticas
Como en todo acto parlamentario, no faltó el debate. Intervinieron el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, en nombre del Gobierno; el diputado Francisco Fernández Mañanes, en nombre del PSOE; Rafael de la Sierra, en el del PRC; y María José Sáenz de Buruaga, en el del PP.
Mazón aseguró que «el proyecto de ley era suficiente, pero estas enmiendas tienden a reforzar sus objetivos»; Mañanes dijo que su grupo «puede sentirse orgulloso de haber estado siempre en la solución del problema»; De la Sierra apuntó que «estamos haciendo que Cantabria sea la más avanzada de España en el planteamiento de soluciones»; y Buruaga subrayó que «no nos importa que se apunten ustedes el triunfo porque los afectados salen ganando».
«Ha habido cintura y al final se ha hecho una norma que es positiva», añadió, por su parte, Vilela. «Estamos muy emocionados».
* El Diario Montañés - 22.03.11
Foto: Los afectados fueron ayer protagonistas en el Parlamento, por su presencia y por el contenido del debate.- diariomontañés
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ELPAÍS/Alicante* : Un imputado en el sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en Alicante) destapó ayer ante el juez la caja de los truenos. Luis Bracho, gerente de la mercantil Sufi, firma que en una UTE con Liasur y Gobancast ganó la contrata de la basura de Orihuela, ratificó al magistrado que estas dos últimas empresas están controladas por el cabecilla de la trama, el industrial Ángel Fenoll. El empresario niega la acusación y asegura que nadie puede demostrar que las empresas son suyas. La declaración del directivo de Sufi corrobora la tesis de la investigación policial que considera probado que Fenoll creó estas dos falsas empresas para quedarse con la contrata. Bracho también admitió ante el juez que, previamente a la adjudicación, mantuvo dos reuniones con el concejal del PP Manuel Abadía y Jorge Lorente, hermano de la alcaldesa oriolana, la popular Mónica Lorente.
El ejecutivo, no obstante, manifestó que no le constaba que el Ayuntamiento conociera que Ángel Fenoll controlaba Liasur y Gobancast.
El directivo de Sufi declaró por segunda vez ante el magistrado instructor, Carlos San Martín, titular el Juzgado número 3 de Orihuela, tras su arresto el 6 de julio de 2010. Bracho fue interrogado por espacio de casi cuatro horas y respondió a las preguntas de todas partes (12 letrados) más el representante de la Fiscalía Anticorrupción y el juez. El gerente está imputado por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
La UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast, se hizo con la contrata de la basura de Orihuela en octubre de 2008. El contrato está valorado en 190 millones por 20 años. El Ayuntamiento, presidido por Mónica Lorente, del PP, retomó la adjudicación del concurso que dejó desierto su antecesor en el cargo, José Manuel Medina. Éste congeló el proceso precisamente ante una denuncia de Fenoll de un supuesto soborno por la concesión.
Bracho aseguró al juez que cuando la mercantil Sufi se interesó por la contrata de basura de Orihuela contactó primero con Fenoll, "porque este tiene un vertedero en el municipio". El directivo aseguró que Fenoll le dijo que iba a ir al concurso, pero no con su empresa oficial, la mercantil Colsur, sino que crearía otras nuevas, que al final resultaron ser Liasur y Gobancast.
El ejecutivo admitió que fue él personalmente quien negocio la formación de la UTE de Sufi con Liasur y Gobancast y que los interlocutores de esas mercantiles eran Fenoll y su clan familiar. "Me dijeron que en principio iban a vender Colsur y que iban a trabajar con Liasur y Gobancast", declaró Barcho. El contrato de la UTE se firmó en la sede de Sufi en Madrid el 7 de mayo de 2008. En esa fecha, el ejecutivo confesó al juez que ya era sabedor de que Fenoll optaba al concurso también con la firma Colsur. "Me dijeron que se tenían que presentar ellos [el grupo de Fenoll] para guardar las apariencias", puntualizó Bracho al magistrado.
El directivo de Sufi también admitió ante el magistrado que mantuvo dos encuentros con el concejal del PP Manuel Abadía y el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente. Respecto al primero puntualizó que desconocía que se tratara de un concejal. "Me lo presentaron como Manuel y me enteré que era concejal tras la adjudicación", dijo. En cuanto al segundo sí lo identificó como el familiar de la alcaldesa. No obstante, Bracho descartó que en esos encuentros obtuviera algún tipo de información privilegiada, "fueron intrascendentes", precisó. Manuel Abadía también fue arrestado en julio de 2010 y está imputado por tráfico de influencias y cohecho.
Discrepancias entre socios de conveniencia
La declaración de Luis Bracho, gerente de Sufi y, a su vez delegado de la mercantil para el área de la Comunidad Valenciana y Murcia, ha puesto al descubierto las primeras discrepancias entre los socios de la UTE adjudicataria de la contrata de la basura de Orihuela. En el transfondo de esas diferencias planea la picaresca del industrial Ángel Fenoll a la hora de pesar la basura.
Bracho, que al inicio de su declaración confirmó al magistrado que su alianza con Fenoll respondió a un pacto de conveniencias mutuas, concluyó su testimonio acusando a Fenoll de deslealtad a la UTE en el peso de la basura que llega a su vertedero. La UTE contrató con Liarsur el transporte de la basura de la costa de Orihuela a la planta de Fenoll, "pero sospechamos que hay servicios que se están cobrando por Liarsur sin realizarse, aunque no tenemos báscula para demostrarlo", puntualizó.
Bracho relató al magistrado los problemas de la concesionaria para prestar el servicio que comenzó seis meses después de la adjudicación. El principal escollo fue la entrega de la flota de camiones por la falta de financiación. Los vehículos fueron comprados a través de la empresa Autisa, del empresario Rafael Gregori, también imputado en este sumario.
El ejecutivo de Sufi declaró que, tras la adjudicación del contrato, cuando había problemas con el Ayuntamiento el encargado de hablar con el equipo de gobierno, era el gerente de la UTE, Miguel San Andrés. "Hasta la fecha la UTE ha perdido un millón y medio de euros y no se ha repartido como beneficios ningún dinero a Liarsur y Gobancast", aseveró Bracho.
El representante de Sufi también advirtió al juez de que "Miguel San Andrés sabía que detrás de Gobancast y Liasur estaba la familia Fenoll".
El imputado, en cambio, se mostró firme a la hora de rechazar que Sufi tuviera acceso a ningún tipo de información privilegiada (contenido del pliego de condiciones de la contrata) debido a los contactos del Ángel Fenoll con ediles del Ayuntamiento o como consecuencia de los dos encuentros que mantuvo con el concejal Manuel Abadía y el hermano de la alcaldesa. También desvinculó que Fenoll le facilitará un nuevo teléfono móvil en abril de 2008 en un intento de burlar las escuchas telefónicas. "Me dio el teléfono porque las cuentas le salían más baratas y las cargaría a la UTE", dijo. "Sabía que había un procedimiento judicial, pero pensaba que era el relativo al plan zonal y que no tenía nada que ver con la UTE", aclaró al juez.
* El País - 16.03.11
Foto: Orihuela (Alicante), protesta planta residuos (archivo) - diarioinformacion.com
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LAVERDAD/Málaga* : Entre tantas familias árabes de postín con sus interminables séquitos, coches deslumbrantes con lunas tintadas y guardaespaldas como armarios que toman la Costa del Sol en verano, a Saif al Islam Gadafi le resultaba sencillo pasar inadvertido año tras año. A más de 1.700 kilómetros de su Trípoli natal, casi nadie sabía que bajo esa aparente fachada de serio y rudo hombre de negocios de 38 años se escondía el «sucesor natural» del dictador libio. El arquitecto e ingeniero tenía en los alrededores de Estepona un refugio para olvidarse de los tejemanejes de su padre. Pero nada de la 'dolce vita' a la que acostumbran los multimillonarios árabes en Marbella. En Puerto Banús no le recuerdan ni pavoneándose ni gastando miles de euros a espuertas por sus exclusivas tiendas como otros mimados 'hijos de'. Discreción absoluta y ni un escándalo que le pusiese en la picota por más que estos días se le haya visto en televisión, más alterado de la cuenta, defendiendo el régimen de su amado padre con un dedo índice acusador.
Y eso que la defensa le saldría gratis, ya que su única hermana, Aisha, de 32 años, es otra de las habituales de la Milla de Oro marbellí. Ya formó parte de parte de la defensa del expresidente de Irak Sadam Husein y de Muntadhar al-Zaidi, el periodista que le lanzó un zapato a Bush.
En los corrillos de la Costa del Sol se da por sentado que hasta dos mansiones lucen el escudo Gadafi en la zona, además de otras posesiones que al parecer atesoran en el municipio gaditano de Sotogrande, Sevilla y Granada a través de sociedades de todo tipo. La familia del dictador, en cambio, lo niega todo: «Nos da risa que se diga que tenemos dinero en Europa o en Suiza. Somos una familia muy modesta y todo el mundo lo sabe», ha declarado Saif al Islam a la cadena de televisión americana ABC.
El Gobierno español, de momento, ha bloqueado la finca La Resinera en su plan para inmovilizar la red de empresas y propiedades que Gadafi posee en nuestro país. Sin embargo, no piensen en una finca con una asombrosa mansión perdida en la montaña entre los pueblos malagueños de Júzcar, Pujerra y Benahavís (donde precisamente veraneó Michelle Obama el año pasado). Solo hay campo y más campo y mucho barro. Todo muy verde tras las últimas lluvias y con el Mediterráneo en el horizonte. En total, un terreno de 7.000 hectáreas en el que se pretendían construir 1.915 casas adosadas, un campo de golf y un palacio de congresos... pero que llevan años esperando a que se ponga la primera piedra: el plan no ha recibido el visto bueno de la Junta de Andalucía.
Nada de fiestas
Valorada en más de 20 millones de euros, oficialmente su propiedad depende del Libyan Foreign Bank, «pero por aquí todos los vecinos dicen que es de Gadafi», argumentan en Benahavís. Los anteriores dueños soñaron con construir en la finca un parque temático. Por ahora la única aventura es moverse por este terreno, que solo en mantenimiento requiere la friolera de 300.000 euros al año, dos guardas forestales incluidos. También se gastaron un buen pico en vallar el recinto con fines cinegéticos, pero dicen que Saif al Islam no ha pegado un solo tiro en la zona por más que, al parecer, haya compartido alguna cacería en España con Alejandro Agag, yerno de José María Aznar.
El preferido del clan Gadafi y su hermana, conocida como 'la Claudia Schiffer del norte de África', tampoco han paseado su palmito por las glamourosas fiestas marbellíes. No han coincidido en un photocall con Carmen Lomana o Gunilla von Bismarck ni han compartido canapés en las cientos de causas solidarias que atraen a lo más granado de los veraneantes. Eso sí, cuentan las leyendas urbanas que el 'ingeniero Saif' se atrincheró hace unos años en el por entonces megalujoso hotel Las Dunas de Estepona (una noche en una de las suites salía por unas 269.000 pesetas más IVA en 2001) para negociar con EE UU el levantamiento del embargo a Libia. Curiosamente, poco después, tras firmarse la tregua, fue Aznar el primer líder occidental en ser recibido por Gadafi, que además le regaló un caballo pura sangre. A partir de entonces, las relaciones bilaterales fueron de lo más fluidas, y el coronel llegó a plantar en 2007 su jaima en el Palacio del Pardo. Entre sus múltiples caprichos de rey no faltaron todas las noches espectáculos flamencos, con Rafael Amargo a la cabeza.
Entre palmas y algún que otro olé se estrecharon todo tipo de lazos comerciales. En la última década, la inversión directa de Libia en España ha alcanzado los 290 millones de euros; además, su petróleo representa un 13% del consumo español y su gas, el 2%. Junto con Repsol, otras empresas patrias se han dejado caer por el país, como la constructora Sacyr, que firma el proyecto de urbanización de la ciudad de El Beida y el plan urbanístico de Benghazi, o Bruesa, que se encuentra tras el complejo universitario de Anoakat Alkhams. Sin olvidar la venta de material de defensa y militar español a Libia, que solo en el primer semestre de 2010 ascendió a más de 6,9 millones de euros, según los datos del Ministerio de Industria. O, como recuerda el periodista Tico Medina, cronista oficial de Granada, las casi 5.000 cabras granadinas que se llevó para su desierto.
Quizás por ese 'feeling', Gadafi mandó a su hijo pequeño hace un año a estudiar a España un MBA en el Instituto de Empresa. Pero Jamis -también escrito Khamis-, de 28 años, optó por camuflarse bajo el apellido de su madre para evitar las miradas indiscretas de sus compañeros, y lo consiguió hasta su expulsión como consecuencia de las revueltas árabes. Se suponía que el pequeño Gadafi tenía que estar haciendo prácticas en Estados Unidos, pero en realidad se encontraba al frente de la brigada 32, la mejor equipada y más moderna del Ejército libio. Pese a su juventud, el pequeño vástago es el más temido. Su apodo lo dice todo, 'el agente del miedo', aunque después en Mallorca fanfarronee a todo trapo de un espectacular barco y de su fama de ligón.
Excentricidades que le vienen de serie. En el centro de Málaga aún recuerdan la visita de Gadafi por sorpresa días antes de comenzar su primer periplo oficial por nuestro país en 2007. Primero le tocaba visita privada a Andalucía, donde se suponía que iba a estar de cacería por Sevilla... pero cambió de planes. Un tipo enchaquetado entró muy apurado en la recepción de un hotel de cuatro estrellas de la capital de la Costa del Sol. «¿Tienen algún canal de televisión árabe?», preguntó sin más rodeos. Tras la respuesta afirmativa llegó el asombro: más de medio centenar de habitaciones para un séquito de 200 personas, incluidas las vírgenes amazonas expertas en artes marciales y dispuestas a matar si hiciera falta, además de una veintena de coches de alta gama. Todos para arropar al líder libio, que esa noche durmió en una de las suites tras meterse entre pecho y espalda un estofado de carne cocinado por su chef personal y picotear de una cesta con seis kilos de frutas tropicales. Y, mientras tanto, su hijo Saif se daba una escapadita a Marbella... Para repetirlo tendrá que esperar.
* La Verdad - 11.03.11
Foto: Aznar visitó Libia tras levantarse el embargo - EFE
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LAVANGUARDIA* : La asociación de consumidores ha presentado un informe al Congreso de los Diputados donde se calcula que existen 4 millones de hipotecados con 'cláusulas suelo' que les suponen un perjucio anual de cerca de 3.000 euros. Adicae ha denunciado que miles de consumidores están pagando en su hipoteca un tipo de interés un 250% superior al que correspondería legalmente a causa de las 'cláusulas suelo' de los créditos a la vivienda, según informa en un comunicado. La asociación explica que la documentación de los contratos ha puesto de manifiesto que muchas entidades fijaron 'cláusulas suelo' del 5%, por lo que los hipotecados no se han beneficiado de la bajada del Euríbor y están pagando tipos de interés muy elevados. Según el análisis de los datos, en un 50% de los casos el suelo está fijado en niveles superiores al 3,5%, mientras en un 35% de casos los suelos están entre el 3 y el 3,5%. De esta forma, el perjuicio que están sufriendo muchos hipotecados podría ascender a cerca de 3.000 euros anuales.
La asociación calcula que existen 4 millones de hipotecados con 'cláusulas suelo' y prevé que el periodo 2007-2011 finalice con cerca de 750.000 embargos. Adicae anuncia que ampliará de 45 a 100 la lista de entidades financieras incluidas en la demanda colectiva por la venta de estos productos, que tramita el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid.
Por ello, Adicae ha presentado al conjunto de grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un informe sobre el impacto de las 'cláusulas suelo' en la economía familiar de los españoles junto a una propuesta para regular las limitaciones a los tipos de interés y declarar estas cláusulas abusivas.
Además, la asociación advierte que de la subrogación en la hipoteca del constructor ha servido de mecanismo para ocultar la existencia de la 'cláusula suelo' a gran parte de los 4 millones de afectados.
Por último, Adicae advierte a los clientes de estas hipotecas de las "manipulaciones" de diversos bancos y cajas, que individualmente están ofreciendo reducciones simbólicas de los 'suelos' hipotecarios a cambio de contratar múltiples productos y de asumir gastos diversos, ante las numerosas quejas.
* La Vanguardia - Ya Encontré - EP. - 24.02.11
Foto: Hipotecas, protesta - diagonalperiodico.net
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INFORMACIÓN/Alicante* : "Un auténtico escándalo". Así calificó ayer el Ayuntamiento de Benidorm la última modificación aprobada por el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, en el planeamiento del área de reserva del parque temático Terra Mítica, que supone incrementar de forma notable la densidad urbanística en cinco parcelas de 132.885 m2 ubicados junto al complejo de ocio y que ha sido promovida por la Sociedad Parques Temáticos, de capital público, a instancias de las tres promotoras con intereses en el suelo y entre las que se encuentra una del constructor alicantino Enrique Ortiz. "La administración pública se ha puesto al servicio de las mercantiles privadas", denunció el concejal de Urbanismo de Benidorm, Jaime Llinares. El pasado 21 de febrero, Cotino firmó en una resolución la modificación nº6 del Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras (PEDUI) de Terra Mítica, que llegó al Ayuntamiento de Benidorm el 4 de marzo y que regula esa zona, que en principio formaba parte de un área de 700.000 m2 concebida para una futura ampliación del complejo de ocio y que al final ha acabado por reservarse para edificar hoteles y apartamentos turísticos, a pesar de que es suelo "no urbanizable no protegido". Esa parcela fue adquirida por las empresas privadas en subasta pública por 85 millones de euros.
Los cambios ahora incorporados por la Conselleria, que ayer fueron desgranados por Llinares, amplían la densidad urbanística de la zona, hasta el punto de que el edil se lamentó de que "desaparece hasta el último pino y el último arbusto y ahí se van a poder construir un equivalente a 2.000 apartamentos". Así, se elimina la parcela mínima de 2.000 m2, se disminuye la distancia entre edificaciones, se incrementa el número de plantas a bajo más tres pisos, más ático y se aumenta la altura de cornisa a 16,5 metros y la de cumbrera a los 18.
El concejal de Urbanismo anunció que propondrá al próximo pleno que el Ayuntamiento de Benidorm lleve estas modificaciones a los tribunales -en concreto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana- después de que la Conselleria haya rechazado las alegaciones presentadas por el Consistorio. En este sentido, Llinares esgrimió un informe del secretario municipal que advierte de la "falta de legitimidad de la Generalitat" en la tramitación de estos cambios , que en realidad suponen "una clara intromisión en el Plan General de Benidorm", toda vez que ya no se trata de una tramitación al servicio del interés público sino de unas sociedades mercantiles. Y en este sentido, Llinares realizó una revelación: "Lo que Cotino no ha contado es que en el plan de participación ciudadana del PEDUI, la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana admitía que la modificación había sido promovida por las mercantiles Creambiente Mediterránea S.L., Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras e Implantación de Técnicas Innovadoras". Es decir, que "son las mercantiles privadas las que le dictan a Cotino los cambios en esas parcelas", agregó el regidor.
Llinares instó tanto a "los partidos progresistas de las Cortes Valencianas" como a los "grupos ecologistas" a sumarse a Benidorm en esta vía judicial. Y también exhortó al grupo municipal del PP de Benidorm a que se vote en el pleno a favor de la misma propuesta.
El Consistorio también se opone a las variaciones del Consell porque a juicio de los técnicos municipales la administración autonómica pretende una modificación trascendental del planeamiento de Benidorm (en cuyo suelo se ubica un 80% de los diez millones de m2 del PEDUI) y de Finestrat (con un 20%). Y ésta no es sólo una cuestión técnica sino también económica: según Llinares, Benidorm tendría derecho a un 10% del aprovechamiento de esos terrenos, algo que sin embargo Cotino le niega porque se trata de suelo no urbanizable. "Parece que la Generalitat se haya decidido a implantar una especie de territorio de Liechtenstein dentro del término municipal de Benidorm", dijo Llinares para añadir, ya en un tono muy crítico, que "lleva a la confusión que en una zona arbolada quemada se implante un parque temático que acaba siendo un cortijo; porque es increíble que en pleno siglo XXI sigan existiendo cortijos".
Por si fuera poco, el informe del secretario municipal cree que algunos de los cambios "de los parámetros urbanísticos" sancionados por la Sociedad Parques Temáticos no se ajustan a la ley, como la eliminación de la parcela única de 2.000 m2 o el radical fraccionamiento de las manzanas de esta futura zona residencial, toda vez que el mismo se realiza en suelo no urbanizable.
En las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento se le recordaba a Cotino que en toda España sólo existe una autonomía que regula este tipo de problemática, Cataluña, que lo está haciendo desde 1989 con su Ley de Centros Recreativos Turísticos para hoteles y zonas residenciales y comerciales. Según Llinares, esa ley sí que hubiera reconocido el derecho de la capital turística a cobrar el 10% del aprovechamiento urbanístico. Sin embargo, en un tono ácido y un tanto sorprendente, Cotino señaló que la alusión a ese cuerpo legal era "improcedente y entraba en contradicción con el Estatuto de la Comunidad Valenciana y con la soberanía de esta última".
* Información - 18.03.11
Foto: Benidorm (Alicante), TerraMitica - Me (wikipedia.org)
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