Pese a que el Plan General sólo contempla que ese exceso de aprovechamiento obliga a la promotora a ceder parcelas de uso dotacional, en este caso el consistorio hizo una excepción y se dio por contento con una "transmisión en metálico". Recibió por cada metro de techo de excedente 211,26 euros. La promotora le abonó en total 130.761,90 euros.
El TSJ ha considerado ahora que esa fórmula de aceptar dinero en metálico a cambio de aprovechamiento urbanístico no redundaba en el interés público local. Y la ha anulado por ser contraria al Plan General y a la LRAU y "por violar expresamente el sistema valorativo que se desprende de la Ley 6/98 (Ley del Suelo)".
Duro varapalo para el consistorio
La sentencia es un duro varapalo a la política urbanística del Ayuntamiento de Xàbia. Y puede tener una gran repercusión porque del escrito enviado al TSJ por la abogada municipal para que aclarase el fallo se desprende que puede haber más casos de promociones en las que la obligada cesión de suelo dotacional se ha canjeado por "transmisiones en metálico".
Además, los peor parados son los propietarios de los apartamentos que se deben derribar; sin comerlo ni beberlo, se ven en medio de este conflicto urbanístico.
La abogada municipal también indica en el escrito en el que pide la aclaración de la sentencia que derruir el exceso de construcción de este inmueble del Segon Muntanyar supone "un grave daño al interés general del municipio". Y aclara que sienta "un precedente que puede afectar a expedientes ya concluidos". También opina que el fallo es "manifiestamente erróneo en materia de disciplina urbanística".
El recurso resuelto ahora por el TSJ lo presentaron varios propietarios de la zona del Segon Muntanyar que advirtieron de que la finca construida en 2005 presentaba un exceso aprovechamiento autorizado que se había obtenido de forma "ilegal". La parcela donde se levantó el edificio de apartamentos tenía una superficie neta de 1.651,92 metros cuadrados y el exceso de aprovechamiento urbanístico era de 618,94 m2.
Al conceder la licencia, el ayuntamiento ofreció al promotor la posibilidad de ceder 4.358 m2 de suelo para dotaciones públicas o abonar 211,26 euros por cada metro de exceso de aprovechamiento. La promotora se lanzó de cabeza a la segunda opción.
El consistorio ha quedado ahora en mal lugar. Para restituir la legalidad urbanística, debe demoler el 42 % del edificio. Por la configuración de la finca, es posible que el derribo no signifique echarla toda abajo. Pero el consistorio sigue aferrándose a un clavo ardiendo. En la aclaración de sentencia que ha pedido, insiste en que el fallo es "tremendamente injusto" y apunta a que, tras llevarse la piqueta por delante casi la mitad del inmueble, "la promotora podría solicitar nueva licencia y simplemente cediendo suelo dotacional, en cumplimiento del PGOU, podría materializar el 100% de la edificabilidad objetiva de la parcela y construir el mismo edificio que ahora está ejecutado".
Sí, pero la diferencia estriba en aplicar la normativa urbanística bien o mal. Y, en este caso, la sentencia deja claro que el consistorio ha metido la pata.
* Levante - 23.03.11
Foto: Xàbia (Alicante), vista - informacion
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