El freno verde funciona

ELPAÍS* : Denuncia tras denuncia, recurso tras recurso, años que pasan hasta que nadie sabe muy bien cómo acabará el galimatías legal en el que se ha transformado una denuncia contra una obra o una actuación urbanística, que se considera atentan contra el medioambiente. Ecologistas y colectivos sociales lo saben bien. "Es una carrera de fondo, pero yo creo que no cunde el desánimo porque empezamos a ver éxitos en el ámbito judicial. Se paran proyectos", advierte Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace. Sostiene que los únicos que denuncian son las ONG o los grupos ecologistas. "Solo pedimos a las administraciones públicas que realicen su trabajo, que controlen y que hagan cumplir la ley. Y a los tribunales, celeridad. Parece absurdo que lo tengamos que hacer nosotros, pero así es". Greenpeace tiene un presupuesto de 50.000 euros al año para las denuncias y su defensa. "Es mucho dinero, teniendo en cuenta el tipo de organización que somos".

La directora del departamento legal de WWF, Rita Rodríguez, comenta que ellos no tiene ningún interés en perseguir infracciones. "Acudimos a la vía judicial cuando es el último recurso que queda". A veces cunde el desánimo. "Es desesperante, hay ocasiones en que te dan ganas de tirar la toalla, irte a vivir y dejarte de líos", comenta Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, que piensa que el problema se debe a que la política se ha introducido en todos los ámbitos. "Se llega a situaciones absurdas, de hechos consumados, como cuando los tribunales deciden que una obra es ilegal, pero ya está en funcionamiento", opina Mario Rodríguez.

Como ejemplos de la labor de estos colectivos destacamos dos actuaciones urbanísticas (el hotel de El Algarrobico, en Almería, y el desdoblamiento de la M-501, en Madrid); la parada del vertido de residuos industriales a las marismas del río Tinto, Huelva, y un proyecto de refinería que está provocando un fuerte rechazo social en Extremadura.

Símbolo del destrozo costero

Actuación: hotel Azata Sol, de 22 plantas y 411 habitaciones.

Ubicación: paraje del Algarrobico, en Carboneras (Almería). Parque natural del cabo de Gata-Níjar.

Situación actual: paralizado cautelarmente por un juez de Almería el 22 de febrero de 2006. Licencia municipal revisada de oficio en septiembre de 2008. Recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los ecologistas están convencidos de que el hotel se acabará demoliendo. "Tiene 16 sentencias en contra", indican desde Greenpeace. La pregunta del millón es saber cuándo. "Todavía tenemos por delante siete u ocho años", sostiene Jaime del Val, de la organización Salvemos Mojácar, que lleva desde 2005 luchando para que "este despropósito", levantado en uno de los pocos parajes vírgenes que quedaban en el litoral almeriense, desaparezca. Los detractores tienen claro que es ilegal porque está situado en una zona protegida e incumple la Ley de Costas, al no respetar la servidumbre de 100 metros desde la ribera del mar, donde no se puede construir. El edificio está a 47 metros del dominio público marítimo-terrestre y otras construcciones, como la piscina, a 14 metros.

La empresa, por su parte, espera que los tribunales les den la razón, porque "todos los informes" que tenían "eran positivos, incluso los de Costas", explica José Rodríguez, subdirector de Azata. "En ocasiones, miramos hacia atrás por si hubo algún indicio de que iba a haber problemas que nos pasaran inadvertidos, y no los encontramos. No nos hubiéramos planteado la construcción en caso de ser ilegal", afirma.

Para Greenpeace, la historia de El Algarrobico empezó a gestarse en 1987 cuando se crea el parque natural del cabo de Gata-Níjar. En ese mismo año las normas urbanísticas de Carboneras clasifican los terrenos de El Algarrobico como urbanizables. El conflicto se produce cuando en 1994 el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque dice que en ese suelo no se puede edificar. Los ecologistas sostienen que el Ayuntamiento se tenía que haber adaptado a este PORN, y convertir El Algarrobico en no urbanizable. Esto no ocurre, y en 2003 el municipio concede a Azata licencia de obras y se inicia la construcción.

La primera denuncia de los verdes llega en 2005. Un año después, el Juzgado de Almería paraliza la actuación de forma cautelar. Casi cinco años más tarde, el hotel sigue en pie. Los ecologistas sostienen que tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Medio Ambiente siguen sin actuar. Del Val advierte de que "el nuevo plan general de Carboneras plantea otra vez El Algarrobico como urbanizable". Añade que "el hotel es la estrella, pero en esta costa hay actuaciones peores, como playa Macenas, con 3.000 viviendas y un campo de golf en terreno protegido".

Stop a los vertidos de Fertiberia

Actuación: vertidos de fosfoyesos (residuos industriales tóxicos y ligeramente radiactivos).

Ubicación: marismas del río Tinto (junto a la ciudad de Huelva).

Superficie contaminada: 1.200 hectáreas de marismas del río Tinto (han alcanzado la desembocadura del río Odiel), con 120 millones de toneladas, según datos ecologistas.

Estado actual: suspendidos los vertidos por sentencia de la Audiencia Nacional desde el 31 de diciembre 2010. La empresa debe restaurar la zona.

Por fin. Se acabaron los vertidos de fosfoyesos en la desembocadura del río Tinto. Han sido años de denuncias, pero WWF, Greenpeace y colectivos sociales como la Plataforma de la Mesa de la Ría lo han logrado. "Llevamos luchando desde julio de 2000. Por fin ha habido un resultado, pero ahora hay que afrontar la recuperación de la marisma, que es otra historia", indica Rita Rodríguez, directora del departamento legal de WWF. Fertiberia, empresa de fabricación de fertilizantes, llevaba más de cuarenta años deshaciéndose de su basura industrial (fosofoyesos) en unos terrenos situados en la costa. Tenía un permiso. La Administración pública le concedió licencia en el año 1968 para construir depósitos de decantación para verter los restos de su actividad sobre 720 hectáreas en la desembocadura del río Tinto. Le impusieron unas condiciones que ha incumplido de forma reiterada. Al fabricar el abono se producen unos residuos que al principio se tiraban directamente a las marismas. Más tarde, se empezaron a decantar en unas balsas y los fosfoyesos se amontonaban en capas. "Tenían permiso para acumular tres metros de altura y ahora se elevan hasta 25", denuncia Cristo Bejarano, portavoz de la Plataforma Mesa de la Ría.

En 2002, los colectivos sociales de Huelva que luchaban por acabar con los vertidos deciden reunirse en una plataforma. Un año después, se confirman los incumplimientos y el Ministerio de Medio Ambiente declara la caducidad de la concesión para verter los residuos industriales. Desde entonces, WWF y la Plataforma de la Mesa de la Ría reclaman a las administraciones responsables que hagan cumplir la ley. La Audiencia Nacional confirma en 2007 que no puede usar la costa para los vertidos y que no se puede ocupar dominio público marítimo terrestre para actividades que se puedan emplazar en otro lugar. "Han sido muchos años, pero ahora hay que empezar a hablar de recuperar la marisma. El plan propuesto no nos parece el adecuado porque no se llevan los residuos de aquí, se trata de recubrirlos y los elementos contaminantes se pueden seguir filtrando a los estuarios de los ríos Tinto y Odiel", explica Bejarano. WWF afronta la recuperación de la marisma a largo plazo, no solo como un espacio para disfrutar, sino para prevenir inundaciones que puedan llegar con el cambio climático.

Sin declaración de impacto ambiental

Actuación: desdoblamiento M-501 (18 kilómetros entre los pueblos de Quijorna a Navas del Rey, en Madrid).

Afección al medio ambiente: atraviesa la zona de especial protección de aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche.

Estado actual: en funcionamiento desde 2008. Denunciada por Ecologistas en Acción por carecer de Declaración de Impacto Ambiental. A la espera de decisión del Tribunal Supremo.

Sin prisa, pero sin pausa. La M-501, conocida como la carretera de los pantanos, que une Madrid con la provincia de Ávila (70 kilómetros), se va duplicando tramo a tramo. Los ecologistas alertan sobre el daño medioambiental, mientras la Comunidad de Madrid esgrime la siniestralidad de la carretera y los atascos. Primero se acometió la ampliación desde la M-40 a Quijorna (22 kilómetros), atravesando el parque regional del curso medio del río Guadarrama. En 2006 se duplicaron los 18 kilómetros de Quijorna a Navas del Rey, una actuación que está en los tribunales porque se llevó a cabo sin la preceptiva declaración de impacto ambiental (informe que evalúa los posibles daños al entorno o a la población de un proyecto).

El Gobierno regional sorteó el problema esgrimiendo que la obra era de interés general debido a la alta siniestralidad de la vía y a las retenciones. Contaba con el beneplácito de los alcaldes de la zona, incluidos los socialistas. Pero no con el de Ecologistas en Acción, que denunció las obras ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Unión Europea. "En la zona se encuentra la zona de especial protección de aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche y existían alternativas para mejorar el trazado sin aumentar los carriles", explican. Además, el proyecto había sido descartado en 1998 por Alberto Ruiz Gallardón (entonces presidente de la Comunidad madrileña). Tenía un informe negativo de la Consejería de Medio Ambiente, además de un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que lo desaconsejaba por los daños ambientales.

En febrero de 2008, con las obras muy avanzadas (empezaron en julio de 2006), el TSJM anula el acuerdo de la Comunidad que aprobaba el desdoblamiento y dice que los terrenos tienen que volver al estado inicial. "Pedimos la paralización de la obra, pero el juez nos exige un aval de 490.000 euros, que no logramos reunir". La Comunidad de Madrid recurrió esta sentencia ante el Supremo. La carretera también está pendiente de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo. Fuentes del Gobierno regional recuerdan que el 30% del valor de la obra se ha destinado a medidas como la reintroducción de conejos y el cuidado de las rapaces y otros animales. En cuanto al desdoblamiento del resto de la vía hasta el límite con la provincia de Ávila, la Consejería de Transportes indica que no está previsto para esta legislatura.

Luchar antes de que se inicie

Actuación: proyecto refinería Balboa.

Ubicación: sierra de San Jorge, Santos de Maimona (Badajoz). Oleoducto desde Huelva de unos 200 kilómetros.

Estado actual: realizado estudio de impacto ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente está a la espera de recibir más información para llevar a cabo la declaración de impacto ambiental.

La refinería Balboa todavía es un proyecto. A pesar de ello ha despertado una fuerte oposición en la zona donde se quiere construir. También cuenta con el apoyo, según la empresa promotora, el grupo Alfonso Gallardo, del 90% de la población. Como recuerda el portavoz de la Plataforma Ciudadana Refinería No, Leonardo Clemente, en las últimas elecciones se presentaba como "proyecto estrella". La infraestructura precisa la construcción de un oleoducto de 200 kilómetros desde el Huelva hasta la comarca de Tierra de Barros (Badajoz), que atravesaría varios lugares protegidos como los parques naturales de sierra de Aracena y picos de Aroche. Por este motivo, la preocupación por el impacto que podría tener se ha extendido a otros lugares de España e incluso a la vecina Portugal. En la Estación Biológica de Doñana las dudas se refieren a la repercusión que podría tener el incremento de tráfico de petroleros, por si se produce una marea negra.

Según indican en la página web de la futura refinería, la instalación tendrá una capacidad nominal de 110.000 barriles/día de crudo (aproximadamente 5.750.000 toneladas/año de crudo más otras materias primas) y obtendrá 5.341.700 toneladas/año de productos finales. Al mismo tiempo, la empresa destaca que será una instalación de nueva generación, absolutamente respetuosa con su entorno y con menores emisiones y vertidos que cualquiera de las existentes en España, porque usarán las tecnologías más avanzadas, que se emplearán en el diseño y construcción de la planta y que permitirán maximizar la transformación del crudo tratado en productos finales de alto valor añadido.

Son previsiones que no convencen a sus detractores, que han presentado 80.000 alegaciones al estudio de impacto ambiental que la empresa ha presentado al Ministerio de Medio Ambiente para que este a su vez ejecute una declaración de impacto ambiental que puede ser positiva o negativa. Un portavoz del ministerio indica que están a la espera de que la empresa les complete la documentación.

El portavoz de la plataforma ciudadana en contra de la refinería piensa que con su trabajo han conseguido salir del ámbito regional y que se les escuche en Madrid, en Europa, en la Unesco. "Aquí la riqueza es la vid y el olivo, de donde se obtiene la uva para la denominación de Ribera del Guadiana. En mi opinión, no necesitamos una refinería", concluye Clemente.



* El País - 15.01.11
Foto: Estado del hotel paralizado en El Algarrobico, en Carboneras (Almería) - elpais

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Los extranjeros dueños de viviendas ilegales dan el salto a la política

LAOPINIÓN/Málaga* : Los extranjeros propietarios de viviendas ilegales en la comarca de la Axarquía se han cansado de que las autoridades no les den una solución a su problema y algunos han optado por dar el salto a la política y concurrir a las elecciones locales bajo las siglas de diferentes partidos. Éste es el caso de Philip Smalley y Gary Miles, dos británicos que dedicaron los ahorros de su vida a la compra de terrenos en el municipio de La Viñuela en los que construyeron unas casas para las que recibieron todos los permisos municipales y que, sin embargo, ahora se enfrentan al fantasma de la demolición. "Obtuve una licencia de obras con sello y firma del Ayuntamiento y construí mi casa con la confianza de que todo estaba en orden, pero en 2005 me llegó una carta en la que se me avisaba de que la Junta de Andalucía había impugnado la licencia en el juzgado, una situación que se repitió con casi noventa viviendas en La Viñuela", ha explicado a Efe Smalley.

Por su parte, Miles considera que su casa es "legal", aunque no sabe qué pasará con ella en el futuro y culpa de esta situación a la Junta, "que ha sido negligente y ha mirado hacia otro lado", y que tras la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y "después de años en los que no ha hecho nada, ahora pretende demoler todas las casas".

Esta "pesadilla" la sufren miles de residentes foráneos que se construyeron casas en localidades como La Viñuela, Alcaucín, Canillas de Aceituno o Sayalonga, unas viviendas que han resultado ser ilegales.

Sólo en la Axarquía se calcula que existen unas 10.000 viviendas fuera de ordenación, aunque los colectivos ecologistas de la comarca elevan la cifra hasta las 20.000.

"Angustiados y preocupados" por sus residencias, estos británicos constituyeron una plataforma de afectados, denominada Save Our Home (SOHA) -Salvemos Nuestros Hogares, en español-, que cuenta con casi cuatrocientos miembros y que en marzo de 2010 protagonizó una multitudinaria manifestación en Málaga.

No obstante, quieren completar la acción del colectivo con una participación directa en la política y por ello, Smalley y Miles concurrirán en los puestos dos y tres de la candidatura del PA de La Viñuela, municipio cuyo alcalde, Juan Millán, fue inhabilitado en abril de 2010 por conceder licencias ilegales.

"Pensamos que desde dentro del Ayuntamiento podemos buscar una mejor solución a la problemática que tenemos", ha argumentado Smalley, que apuesta por el PA, que tendrá como cabeza de lista a José Luis Florido, "ya que los dos grandes partidos no nos ofrecen confianza".

"El PSOE es responsable de lo que ha pasado con su gestión al frente de la Junta de Andalucía y el PP dice que lo va a solucionar todo, pero en Valencia es culpable", ha añadido Smalley.

Consideran que el fin de este conflicto vendría con una amnistía "como se ha hecho en otros lugares, como Marbella, donde los grandes partidos se han puesto de acuerdo" para regularizar los inmuebles fuera de ordenación.

"Si la Junta puede arreglar los problemas de Marbella, por qué no se pueden arreglar los del resto del país en cuanto a viviendas irregulares", se han preguntado estos británicos, que se declaran partidarios de que, una vez solventados sus casos, se efectúe una buena aplicación de la LOUA para "evitar que los desmanes se repitan".

Otro extranjero con una situación similar a la de Smalley y Miles es el belga Mario Blancke, que encabezará la lista de Los Verdes en Alcaucín, municipio en el que se desarrolló la operación "Arcos" en febrero de 2009 y se destapó una red de corrupción político-empresarial, que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable.



* La Opinión Málaga - 16.01.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados presuntos ilegales - laopiniondemalaga.es

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200 personas censuran en Olite a la alcaldía por la urbanización de la Huerta de Moso

DIARIODENAVARRA* : Alrededor de 200 personas mostraron ayer su apoyo en Olite a los propietarios de suelo de la conocida como Huerta de Moso críticos con la urbanización que se llevó a cabo aquí, y que según sus palabras les ha "arruinado". Fue en el marco de una sesión informativa que buscó "explicar este atropello y denunciar la prepotencia de la alcaldesa, que no hizo caso a las llamadas a la prudencia ni ha atendido nunca a los propietarios". "Insistió en que se urbanizara mediante el sistema de cooperación, y ahora no podemos pagar los elevados costes de urbanización que nos corresponden como propietarios principalmente porque no podemos vender antes el suelo en la situación de crisis actual, como advertimos", indicaron.

La alcaldesa, Mª Carmen Ochoa (PSN), recordó en su día que el proyecto venía desde hace 10 años y que era necesario "para dar continuidad y salida viaria a urbanizaciones próximas". Alegó que "no se pudo hacer antes, en un momento mejor, por las trabas que pusieron los vecinos".

En la asamblea, a la que estaba citado todo el vecindario, se criticó la ausencia de la alcaldesa. Sí asistió el portavoz de UPN Francisco Javier Legaz. En la mesa estuvieron presentes 3 de los 7 propietarios de suelo: Aurora Sada, Marian Vélez (sobrina de la propietaria Victoria Luna) y Ramón Vergara. También su abogada, Maite Larumbe, y dos representantes de otros colectivos de vecinos afectados por procesos urbanísticos similares: Mª Pilar Malón, de Estella, y Regina Galarza, de Urdiáin.

Cuentas embargadas

Según se repasó, tras urbanizarse los terrenos entre 2008 y 2009 (33.525 m2) con un coste de unos 2,8 millones de euros, se comenzaron a enviar las facturas. "Unos pudieron pagar, pero otros no, y ahora hemos llegado al punto de que en Navidad nos han embargado las cuentas bancarias. Esto es insostenible", indicó Aurora Sada, que pidió "respaldo y auxilio" y recordó que están dispuestos a ceder al consistorio los terrenos a cambio de la deuda (en algunos casos, de más de 300.000 euros).

Denunciaron además que han perdido terrenos e instalaciones en favor de "una urbanización innecesaria y que está vacía"; que su superficie en propiedad se ha visto muy reducida por las cesiones tanto para viales y jardines como para el consistorio; y que incluso quienes han pagado no tienen las escrituras de los terrenos porque una sentencia revocó la reparcelación.

Señalaron que se ha tratado de un "abuso de poder" y que la "faraónica obra" llevada a cabo, que podría acoger hasta 150 viviendas, "ha sido una cabezonería que no sólo afecta a los propietarios, sino a todo el pueblo, porque ni los primeros ni el consistorio pueden pagar lo que se debe".



* Diario de Navarra - 15.01.10
Foto: Asistentes a la asamblea informativa celebrada ayer en la casa de cultura de Olite - diariodenavarra

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Mazarrón.- El TSJ obliga a echar abajo la plaza de toros de Leiva tras siete años de quejas

LAOPINIÓN/Murcia* : La plaza de toros situada en la finca Los Granados propiedad de Juan José Ortiz Muñoz, conocido como ´El Rojo Chatarrero´, en la diputación mazarronera de Leiva, fue derribada el pasado viernes por el Ayuntamiento. Un grupo de vecinos de Mazarrón llevaba siete años denunciando la ilegalidad de la construcción, y durante este tiempo el caso ha pasado por varios tribunales de la Región. Tras continuas denuncias, resoluciones y recursos, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, concluyó en una sentencia con fecha del 15 de octubre de 2010 que la plaza de toros era ilegal y había que demolerla. El TSJ autorizaba en su resolución al ayuntamiento de Mazarrón a acceder a la finca «para demoler la nave, el vallado y el picadero-tentadero construidos sin licencia municipal», según reza el escrito, que rechaza un recurso de apelación de Juan José Ortiz Muñoz y apoya la denuncia del Ayuntamiento.

El pasado viernes se llevó a cabo la orden del TSJ, y las máquinas del Ayuntamiento iniciaron el derribo del coso de Leiva, ante la mirada atenta de quienes llevaban años intentando que la plaza de toros dejara de existir.

«Llevábamos siete años de pleitos para conseguir que se hiciera justicia, porque esa plaza de toros era muy peligrosa», indicaba ayer a esta redacción una de las impulsoras de la demolición del coso. «Una vez un joven fue cogido por una vaquilla en una capea organizada en la finca, y resultó herido muy grave», relata una vecina de Mazarrón.

Por su parte, el abogado del dueño de la finca indicaba ayer que el derribo «se podía haber suspendido, pues el expediente de legalización cuenta con todos los informes favorables de los técnicos de Urbanismo, pero los servicios municipales no esperaron».

El letrado indica que pedirá daños y perjuicios al Consistorio, pues el daño causado es de difícil reparación.



* La Opinión Murcia - 16.01.11
Foto: Derribo de la plaza de toros de Leiva - laopinión

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El puzle de Polop

ABC/Alicante* : La suerte de los siete imputados por el asesinato del ex alcalde de Polop Alejandro Ponsoda, tiroteado a las puertas de su casa el 19 de octubre de 2007, está en manos del testigo protegido: un ex mercenario portugués que asegura haber estado presente en las reuniones celebradas en el club de alterne «Mesalina» en las que presuntamente se fraguó el crimen. Su palabra llevó a prisión a siete personas: el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía de Polop, Juan Cano; el propietario del «Mesalina», Pedro Hermosilla; el encargado del club, Ariel Gatto; el empresario zapatero Salvador Ros y los presuntos sicarios Robert Franek, Radim Rakowski y Raúl Montero. Tres años después del crimen, sólo éste último permanece en prisión, debido a una causa anterior en la que fue condenado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. El juez decretó la puesta en libertad del resto de implicados, bajo fianzas que oscilan entre los 20.000 euros (en el caso de Cano) y los 3.000 (Robert Franek).

Aunque dimitió como alcalde desde la prisión, Juan Cano ha conservado el acta de concejal y ha participado en los últimos Plenos municipales, en los que ha intentado poner contra las cuerdas a su sucesora en el cargo, la regidora popular María Dolores Zaragoza. No obstante, Cano tiene una segunda cuenta pendiente con la Justicia: ha sido imputado por tráfico de influencias en la causa paralela que instruye el Juzgado número 3 de Villajoyosa para esclarecer las irregularidades urbanísticas destapadas durante la investigación del crimen.
En esta misma causa también están imputados el ex concejal Jaime Narbó —que se benefició de un «pelotazo» urbanístico junto a Cano— y Vicente Martí Albiñana, quien trabajó como técnico para el Ayuntamiento de Polop, al tiempo que cobraba de las principales promotoras con intereses urbanísticos en el municipio.
Basándose en la declaración del testigo protegido, tanto la Fiscalía como la Guardia Civil sostienen en sus informes que Cano contrató a dos sicarios por 30.000 euros para asesinar al alcalde Ponsoda, con el fin de poder enriquecerse ilícitamente con la gestión irregular del urbanismo de Polop. El abogado de la defensa de Pedro Hermosilla, Francisco González, ha solicitado la realización de nuevas pruebas con el propósito de desmontar la declaración del testigo protegido y demostrar que no trabajaba como portero del «Mesalina» cuando sucedieron los hechos.
Han transcurrido ya más de tres años desde el asesinato de Ponsoda y, de momento, las partes no se atreven a aventurar si el juicio podrá celebrarse durante 2011. Tan solo cuatro meses después del crimen, la Guardia Civil ya comenzó a centrar sus sospechas en Juan Cano, aunque éste no fue detenido hasta noviembre de 2009. Un afiliado del PP, Tomás Orts, declaró a los agentes que Cano le amenazó de muerte cuando intentó presentar una candidatura alternativa en Polop en las elecciones de 2007.



* ABC - 16-01-11
Foto: Polop (Alicante), vivienda Juan Cano - Mario Ayús, laverdad.es

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AVE Madrid-Valencia, propaganda y negocios “a todo tren”

ENRIC LLOPIS* : “Caballo ganador”, “El progreso llega en tren”, “El tren que vuela a Madrid”, “Amor por el AVE”, “La playa a sólo una hora y treinta y cinco minutos de Madrid”, “El tren verde”, “Con la llegada del AVE a Valencia, la red de alta velocidad española será la segunda del mundo, después de China”. La lista de epítetos épicos resulta interminable para saludar la nueva conexión de alta velocidad ferroviaria Madrid-Valencia. La unanimidad no presenta fisuras. Partidos políticos mayoritarios, instituciones –las controladas por el PSOE (Ministerio de Fomento) y las gobernadas por el PP (Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia) y medios de comunicación convencionales han forjado una abrumadora maquinaria propagandística. ¿Pero quién se beneficia realmente con el AVE? La pregunta deviene capital por el gran esfuerzo realizado con dinero público en la construcción de esta infraestructura “de altas prestaciones”. El presupuesto del estado español en materia ferroviaria de 2010 destina a la alta velocidad el 83% de la inversión, cuando sólo es utilizada por el 2% de los usuarios; mientras que al ferrocarril convencional –utilizado por el 98% de los usuarios- se transfiere únicamente el 17%.

No resulta fácil encontrar respuestas críticas al margen del consenso. Juan Ramón Ferrandis, coordinador de la Plataforma de la Defensa del Ferrocarril de la CGT, señala a las grandes compañías de los sectores de la construcción y la energía como principales beneficiarias del AVE Madrid-Valencia. Empresas como Ferrovial, ACS y Acciona –integrantes del “gran capital” español- han hecho un suculento negocio en la construcción de un trazado en el que el estado ha invertido cerca de 8 mil millones de euros.

Para la ejecución de los diferentes tramos, se han constituido diferentes UTE (Unión Temporal de Empresas) y se ha aplicado un sistema de contrataciones y subcontrataciones en la que también han participado pequeñas y medianas empresas. Pero, más allá del trazado, las posibilidades de negocio se ensanchan hacia otras áreas, como el mantenimiento de la línea, de la que se encargarán asimismo las constructoras (en 200.000 euros está evaluado el coste anual del kilómetro de vía de AVE).

“Los tiros apuntan sin duda hacia la privatización del ferrocarril tras despojarlo progresivamente de la condición de servicio público esencial”, apunta Ferrandis. Los precedentes no parecen halagüeños, teniendo en cuenta el desastre de la experiencia británica impulsada por Margaret Thatcher. “Y la amenaza la tenemos aquí”. En el estado español está en vigor desde hace seis años la Ley del Sector Ferroviario, que abre la puerta desde enero de 2010 a la explotación privada de líneas ferroviarias. Las líneas de alta velocidad pueden ser un bocado apetitoso para las empresas privadas.

Otros protagonistas de la historia del AVE, situados siempre en primera fila mediática, son los dirigentes políticos, tanto del PP como del PSOE. “Después del primer proyecto Madrid-Sevilla se instaló la moda del AVE para todos, propagada por Álvarez Cascos en tiempos del gobierno de Aznar; se trata de una infraestructura muy fácil de vender a la opinión pública como icono de progreso y modernidad; pero la cruda realidad es que, entretanto, el estado español se sitúa a la cola de Europa en servicios sociales”, afirma el doctor en Economía, Vicent Torres.

Los ciudadanos, aunque se les presente oficialmente como protagonistas, parecen más bien los figurantes de esta función. E incluso los más perjudicados. En primer lugar, por la reducción de líneas y el alza de precios que implica el AVE. El tren de alta velocidad Valencia-Madrid (128 euros ida y vuelta) supone convertir en insignificante el Alaris (75 euros), que hasta ahora venía funcionando, y complementar el AVE con 8 líneas Alvia (100 euros).

Juan Ramón Ferrandis afirma, a partir de estas cifras, que el AVE es una infraestructura “cara y elitista, que en ningún caso se plantea como un servicio público; tampoco se trata de un transporte más, ya que se implanta a cambio de hacer desaparecer o menguar el que ya teníamos funcionando”. De hecho, líneas con menos luminarias que el AVE, pero con notorio estado de precariedad o falta de inversiones, continuarán esperando su turno. Es el caso de las conexiones Xàtiva-Alcoi, Velencia-Cuenca; Sagunto-Teruel y Valencia-Castelló, entre otras.

Si en tiempos de crisis económica, con los efectos de paro y pobreza creciente, la austeridad habría de ser una máxima, queda claro que para el AVE no rige este principio. No parece la coyuntura idónea para invertir cerca de 8 mil millones de euros (según las cifras oficiales) para llegar de Valencia a Madrid en 95 minutos, en un tren que funciona a 350 kilómetros/hora.

Francia (pionera en alta velocidad ferroviaria con la línea París-Lyon) o Alemania “no sólo ya han renunciado a este modelo, sino que desde mediados de la década de los 90 priorizan los servicios regionales y las políticas de tarifas populares”, asegura Vicent Torres. “Mientras tanto, en el estado español se hace todo lo contrario, se cierran líneas regionales y de cercanías”, añade.

Con tres datos puede hacerse un resumen muy gráfico. Francia cuenta actualmente con 1.200 kilómetros de alta velocidad; Alemania, con 750; y el estado español proyecta para 2020 convertirse en líder mundial de la alta velocidad, superando a China, con 10.000 kilómetros.

Una apuesta tan rotunda, y consensuada de manera acrítica, se supone avalada por el rigor de los números. Pero no queda claro que sea así, por el precedente de la línea de AVE Madrid-Sevilla. Con una inversión de 500.000 millones de pesetas de la época, en el primer año se consiguieron unos beneficios de explotación de sólo 300 millones de pesetas. Y en la conexión Valencia-Madrid puede pasar lo mismo. Las fuentes oficiales ya estiman, de manera muy optimista, que el periodo de amortización de la infraestructura será de 50 años.

¿Hay alternativa? Aunque parezca una lucha de una pulga contra un gigante, la plataforma por un Ferrocarril Público, Social y Sostenible se manifestó el pasado 18 de diciembre, fecha de la inauguración del AVE Madrid-Valencia, para reivindicar “tarifas sociales; el mantenimiento del Alaris como alternativa al elitista AVE; inversiones en los ferrocarriles convencionales –los que utilizan la inmensa mayoría de los ciudadanos; adaptación y compatibilización de la bicicleta y el ferrocarril; y trenes de calidad, cómodos, modernos, seguros y polivalentes”.

¿Un AVE verde y sin impactos?

“El tiempo es oro” podría ser un aforismo inscrito en los vagones del AVE. La idea de “alta velocidad”, muy vigente y postmoderna, responde a “un modelo de vida de deslocalización del lugar de trabajo, el ocio y la residencia, es decir, favorece la destrucción del territorio como un espacio de vida y de comunidad”, afirma la Plataforma por un Ferrocarril Público, Social y Sostenible.

A pesar de la asociación interesada entre AVE y ecoeficiencia, según Luis Cerrillo, de Ecologistas en Acción del País Valencià, “se ha producido un impacto ambiental muy grave en la construcción del trazado; para llegar a los 350 kilómetros/hora hace falta un trazado en línea recta y con curvas muy amplias; eso obliga a grandes desmontes, terraplenes, viaductos y túneles, con el consiguiente movimiento de tierras y el impacto sobre el territorio”.

Además, el tren de alta velocidad provoca niveles de ruido muy intensos y un consumo de energía hasta seis veces mayor que el ferrocarril convencional. En otros términos, el AVE Madrid-Valencia implica un consumo de energía de 12.000 kw, cantidad similar a la de una ciudad de 50.000 habitantes, según los cálculos de Ecologistas en Acción. Los usuarios habituales del ferrocarril, desplazados a la carretera y al vehículo privado por el elevado precio del AVE, aportarán también su cuota al incremento de las emisiones contaminantes.

En el caso concreto del País Valencià, la construcción de la línea de alta velocidad ha supuesto la desaparición de tierra fértil de huerta, la apertura de canteras (por ejemplo, una de mil hanegadas en el paraje de Codoval, en la comarca del Camp de Morvedre); las afecciones sobre espacios naturales como la Serra del Martés, la Mola de Cortes y las Hoces del Cabriel; o, en l’Horta Sud, la ejecución de muros de entre 8 y 10 metros de altura sobre una superficie prácticamente plana como es la de esta comarca.


* Rebelión - Opinión - 15.01.11

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Somos Anonymous

ELPAÍS* : Una legión de ciberactivistas se moviliza en la Red. Se hacen llamar Anonymous y dicen luchar por la transparencia, la libertad de expresión y los derechos humanos. No muestran la cara ni tienen líderes. La semana pasada tumbaron las webs oficiales de Túnez, tras la autoinmolación de un joven. Hace un mes, atacaron a las empresas que cortaron el grifo a Wikileaks. Son un movimiento germinal, fuertemente libertario y de contornos confusos. Este es su retrato.
Este es su lema: "Somos una legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Anonymous". Así es como cierra sus anuncios y comunicados este movimiento sin líderes y sin portavoces, con voz, pero sin cara. O más bien con máscara: la máscara del anarquista revolucionario de V de Vendetta, la novela gráfica de Alan Moore, la que inspiró la película protagonizada por Natalie Portman y Hugo Weaving en 2006. La máscara se ha convertido en símbolo de un movimiento ciberactivista que no se anda con chiquitas.

La semana pasada colapsaron las webs oficiales de Túnez , tras la inmolación de un joven de 26 años. El lunes pasado la tomaron con la web del partido irlandés Fine Gael. Atacaron a la SGAE y a los partidos políticos españoles al hilo de la ley antidescargas. Y hace un mes le metieron mano a Visa, Mastercard, PayPal y Amazon, las empresas que dieron la espalda a Wikileaks.

Anonymous está en su momento. Su gente está motivada. La persecución a Wikileaks era el acicate que necesitaban. No van a parar.

Woolwich, a 45 minutos del centro de Londres, exteriores de la Real Corte de Justicia. Acaba de comparecer Julian Assange, fundador de Wikileaks; es martes 11 de enero y una treintena de activistas se manifiestan en apoyo de su gran inspirador, de su nuevo héroe. Entre ellos, Magnonymous, joven de 22 años que oculta su cara tras la máscara de V de Vendetta. "Nos opondremos a cualquier violación de derechos humanos. Nos opondremos a cualquier ataque del Gobierno. Si esto sigue así, la revolución será la única opción".

Magnonymous es uno más, no es portavoz de nadie, y menos de un movimiento que no quiere portavoces, como se apresuran a decir todos los miembros de Anonymous apenas empiezan a hablar con un periodista. Le pidió el día libre a su jefe para venir a manifestarse a este lejano juzgado, la corte a la que traen casos en que es preciso mantener a la prensa y al público a raya, el lugar donde fueron juzgados los terroristas de los atentados de Londres de 2005. "No somos miembros de ningún grupo político, no somos políticos, somos activistas. Me ofendería si me adscribieran a cualquier corriente política".

Entender el universo Anonymous no es cosa fácil, el fenómeno es el perfecto reflejo del nuevo mundo en el que vivimos, de la nueva sociedad que está naciendo a raíz de la revolución digital. Todo apunta a que sus miembros consideran más que superada la vieja dialéctica izquierda-derecha. Total, qué más da que gobiernen el centro-izquierda o el centro-derecha, todos van a hacer lo mismo, todos están al servicio de los grandes bancos y las grandes empresas, todos van a seguir intentando controlar el chiringuito.

Pues bien, aquí hay una legión de jóvenes que no quieren que se oculte que las cañerías del chiringuito no desaguan bien; no quieren que se oculte que hay varios en el chiringuito que meten la mano en la caja; no quieren que se oculte que a un disidente de la gestión del chiringuito le quisieron tapar la boca. No quieren que se oculte nada. La nueva dialéctica: estar a favor del ocultamiento o de la transparencia. Una de dos.

Este movimiento global, transnacional, transversal, también es difícil de entender porque se gestó en la Red, con las inercias propias de Internet. Es producto del momento, de la interacción, de la necesidad de movilizarse en un mundo cínico, corrupto e injusto. Se ha tejido de forma orgánica, conversación sobre conversación, idea sobre idea, propuesta sobre propuesta. Cualquiera puede formar parte de Anonymous, cualquiera puede entrar cuando quiera y sumarse a la conversación en webs como whyweprotest.net. Entrará en un mundo en el que la gente se va poniendo progresivamente de acuerdo sobre una idea hasta que una suerte de consenso espontáneo indica cuál es el siguiente objetivo, contra quién hay que lanzar el próximo ataque. Algún diario, como The Guardian, ha sostenido que están más coordinados de lo que ellos mismo creen.

No todos los miembros de Anonymous son hackers, no. Los hackers son una gran minoría del colectivo. La mayoría son ciberactivistas que participan en la conversación online y, ocasionalmente, en la protesta en la calle. En torno a unos 1.000 integrantes, según la experta Gabriella Coleman, son los que ponen sus ordenadores al servicio de los ataques contra webs, los que se descargan el dispositivo que permite que su ordenador, cautivo, pueda ser parte de los llamados DDoS, ataques distribuidos de denegación de servicio.

Los DDoS son el arma que los ciberactivistas tienen más a mano. Permiten realizar operaciones que consiguen un considerable eco mediático y que afectan a la imagen de la marca contra la que se dirigen. Consisten en mandar simultáneamente, orquestadamente, miles de peticiones a un servidor para que se colapse. Así ocurrió el pasado 8 de diciembre.

Mastercard decidió cortar en esa fecha el grifo a Wikileaks. Cualquiera que quisiera hacer una donación a la plataforma de Assange no podría hacerlo a través de una tarjeta de esta compañía. La decisión desencadenó el ataque. "Registramos lo que llamamos un super heavy traffic ", declara en conversación telefónica Cristina Feliú, portavoz de Mastercard para España y Portugal. "Eso significa que quien entró en nuestra página notó que funcionaba con mayor lentitud". Pero no se produjo, según dice, ningún problema en las operaciones de sus clientes con tarjetas, ni ningún tipo de fraude. "Al día siguiente ya habíamos recuperado el ritmo". Desde Visa declinan hacer comentario alguno y se remiten a los comunicados que afirmaban que los ataques no afectaron a sus operaciones.

Evidentemente, en ese gran colectivo cuya cifra de miembros y simpatizantes es difícil de estimar (los miembros consultados hablan de decenas de miles) hay hackers. Y, de hecho, el FBI está tras sus pasos. Un joven holandés de 16 años fue arrestado poco después de los ataques en su casa, en La Haya. Admitió que había participado en ellos y fue puesto a disposición judicial. "Admitir que participaste no es muy inteligente", explica Philter, estudiante de 19 años y miembro de Anonymous. "El chico tenía 16 años y se asustó, era bastante inexperto, no tomó las suficientes precauciones".

Hablar con la gente de Anonymous no es fácil. Desconfían de los periodistas, de que sus comunicaciones estén intervenidas. No ven con muy buenos ojos a los medios de comunicación tradicionales: desde su punto de vista, ayudan a que se mantenga el statu quo. El hecho de que un diario como EL PAÍS o The Guardian hayan participado en la difusión de los cables de Wikileaks ha supuesto, explica Hamster, informático londinense de 26 años, un plus de credibilidad para medios hasta ahora poco apreciados.

La semana pasada nos pusimos en contacto con miembros de Anonymous en España. Aclarando, como siempre, que no respondían en calidad de portavoces de nadie, ya que el movimiento no tiene portavoces, declinaron realizar una entrevista telefónica o en persona. Cualquiera que intente destacar un poco entre los anonymous es automáticamente rechazado por el resto de la comunidad. Así ocurrió en Londres en diciembre con Coldblood, un anonymous que dio la cara ante los medios en los días del proceso a Assange. "Coldblood ha sido condenado al ostracismo", confirma Hamster, miembro de Anonymous desde 2008.

No obstante, los miembros de Anonymous Spain, que desde hace varias semanas envían comunicados a ciertos medios de comunicación actualizando la información en torno a las distintas operaciones de ataque, ofrecieron la posibilidad de que les enviáramos un cuestionario, al que responderían de modo consensuado.

Respondieron tres administradores del canal #hispano, encuadrados en edades entre los 17 y 32 años, según dijeron. Sus respuestas, desde luego, encajan perfectamente con el discurso que mantienen los miembros de este movimiento de conciencia online consultados hasta la fecha y con el tono de las webs en que participan. Resulta interesante reproducir aquí las respuestas de esta célula de Anonymous a las preguntas que les enviamos para aclarar ciertas dudas. No son portavoces de nada. Pero sus palabras sirven para reflejar el sentir de esa comunidad.

Pregunta. ¿Se puede dar alguna cifra de cuánta gente en España pertenece a Anonymous? ¿Y cuánta a nivel internacional?

Respuesta. Sería imposible dar cifras, y esa es la gracia de Anonymous. Para empezar, hay que recordar que es una organización que no existe y que por definición es una (des)organización. Anonymous no es nadie y puede ser cualquiera. Salvando las distancias, es como una organización insurgente basada en células, compartimos una marca, Anonymous, pero somos gente independiente, que responde a una ideología común y que participa de cada acción particular de acuerdo con si coincide o no con sus convicciones.

Teniendo lo anterior en cuenta, y específicamente en España, si tuviera que dar una cifra, creo que estaríamos hablando de entre 1.000 y 2.000 personas, que van en diversos niveles de compromiso, desde una mayoría que serían los que apoyan nuestras iniciativas en Twitter, Facebook, etcétera, hasta los más comprometidos, que serían algo más de un centenar, los que participan saliendo a la calle con acciones reales como, por ejemplo, la Operación Paperstorm

[distribución de folletos, flyers, pintadas] o las concentraciones de la Operación Demostración [concentraciones en España a favor de Wikileaks y contra la ley Sinde]

. A nivel internacional, extrapolando, hablaríamos posiblemente de decenas de miles.

P. De ellos, ¿cuántos participan en los ataques DDoS?

R. Aquí sí podemos dar cifras más exactas. En los ataques del 20 de diciembre contra la ley Sinde contábamos con casi 500 usuarios conectados en la Colmena, que es el sistema de comando y control de la herramienta de DDoS LOIC que permite que todos los anonymous ataquen a un mismo tiempo a un mismo objetivo. Este número, no obstante, podría ser más alto, pues habría que añadir la gente que atacaba manualmente o desde Linux.

P. ¿Alguna iniciativa en las acciones de Anonymous tuvo su origen en conversaciones de Anonymous España?

R. Realmente no se puede diferenciar entre Anonymous de tal o cual país. Cuando se plantea una operación, si esta es secundada, recibe apoyos de todo el planeta; hubo apoyos a nuestra lucha contra la ley Sinde en diciembre y aún esperamos más en el futuro. Prueba de ello es esta convocatoria redactada en más de 15 idiomas, en la que han participado anonymous de todo el mundo, en la que se hace un llamamiento a todos los anonymous a apoyar las protestas virtuales contra la ley Sinde.

P. ¿En qué foros o webs os movéis?

R. Nuestro principal punto de unión no es una web o un foro, sino una red de chat conocida como IRC, nosotros lo llamamos el IRC Anonops. Aquí nos reunimos en diversos canales de discusión como #operationpayback o #hispano, este último, el que aglutina a los anonymous españoles; desde ahí se pone en común y se plantean estrategias. Las que son secundadas luego se van distribuyendo a la red por blogs y webs anonymous, hasta llegar a los Twitter y Facebook de anonymous individuales. Es una estructura perfectamente organizada en la que, sin embargo, no existen líderes ni ninguna fuente inicial.

P. ¿Qué diríais a la gente que dice que sois hackers?

R. La mayor parte de los anonymous no son hackers en el sentido clásico de la palabra, son usuarios de Internet como cualquiera, solo que con una motivación para el activismo digital. Lo que sí es cierto es que contamos con hackers entre nuestras filas, por ejemplo, la gente que administra los servidores de IRC y el resto de las redes de comunicaciones encriptadas, o los que programan LOIC [Low Orbit Ion Cannon, aplicación para realizar pruebas de resistencia a una red informática] y las herramientas de ataques. He aquí la grandeza de Anonymous, solo hace falta un genio informático para programar la herramienta, y cuando esta herramienta pasa a ser usada por miles de personas anónimas, aunque no sean expertos a efectos prácticos, es como contar con un ciberejército de miles de hackers que pueden inutilizar cualquier red o sistema informático si se lo proponen.

P. ¿Cuáles son los principios básicos de vuestro ideario?

R. Son pocos y terriblemente simples, lo que permite unificar a la mayor cantidad de gente posible. Anonimato absoluto, que supone, entre otras cosas, la ausencia total de líderes y cabezas visibles en nuestro movimiento; la lucha contra la corrupción en los Gobiernos o en cualquier estructura de poder. La defensa incondicional de la libertad en Internet.

P. ¿Existe peligro de que alguien intente manipular vuestras operaciones desde dentro?

R. Sería imposible, cada anonymous actúa de forma individual, él mismo decide si forma o no parte de una operación de forma totalmente independiente del resto. Si piensas en organizaciones reivindicativas del siglo XX, siempre han corrido el riesgo de que un topo se infiltrara y con el tiempo llegara a formar parte de la cúpula para desbaratar la organización desde dentro; eso sería imposible con anonymous, pues no existen líderes, ni se sigue una jerarquía formal. No obstante, sí sabemos que existen agresiones externas contra Anonymous, como la investigación del FBI abierta a raíz de los ataques DDoS a Mastercard y PayPal, o sofisticados ataques informáticos que hemos sufrido y sospechamos provienen de servicios de inteligencia occidentales; afortunadamente, en estos casos la naturaleza descentralizada de Anonymous también hace imposible cualquier injerencia externa.

P. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales de Anonymous?

R. Lo importante, la verdadera preocupación, es seguir luchando por los principios de nuestro ideario, y en función de eso estamos trabajando en varias operaciones. Está en marcha la publicidad de fase 2 de la Operación Sinde, que consistirá en diversas acciones de protesta en torno al día 18 de enero, en que termina el plazo de presentación de enmiendas a dicha ley. A nivel mundial está en marcha la Operación Tunisia, en apoyo a los manifestantes en contra del régimen tunecino: se han realizado ataques DDoS contra diversos sitios oficiales y también se ha elaborado un kit de ayuda informático con programas de cifrado y comunicaciones para los disidentes tunecinos. En relación con el futuro estamos preparando la Operación Quicksilver, que, si tiene éxito, va a conmover Internet, pero los detalles, por su propia naturaleza, son secretos por el momento.

El movimiento Anonymous va camino de trascender el caso Assange y el episodio Wikileaks. La persecución del fundador de la web de las filtraciones, que recientemente puso al desnudo a la diplomacia norteamericana y destapó maniobras, tejemanejes y corrupción en las cuatro esquinas del planeta, ha sido un detonante. Wikileaks representa como pocas organizaciones los valores en los que creen los anonymous: transparencia, derechos humanos, libertad de expresión. La web destapa secretos: si algo le pone a un anonymous es destapar secretos de organizaciones poderosas y ponerlos a disposición de público. Así, Assange se ha convertido en todo un símbolo para los integrantes de esta comunidad.

Wikileaks ha negado en todo momento estar detrás de las operaciones de Anonymous. Su número dos, Kristinn Hranfsson, lo contaba hace un mes en el centro de la organización en Londres. "Ni hemos animado a que se haga, ni tenemos contacto con la gente que lo está haciendo, pero tampoco lo condenamos", contaba, cigarrillo en boca, este periodista de investigación islandés enrolado en las filas de Assange.

Una buena parte de los anonymous se aglutina en torno a la web whyweprotest.net. Hamster se conecta con su iPad a este espacio en que los miembros de la comunidad intercambian ideas e iniciativas. Este joven informático cuenta que el canal 4chan estuvo en el origen del movimiento, pero que la acción se sitúa ahora en whyweprotest. "Cualquiera puede entrar y preservar su anonimato. Eso es lo bueno. La gente se centra en lo que dicen los demás, y no en quién lo dice".

Hamster sorbe su café con caramelo en un céntrico café de Oxford Street. Su iPad está desplegado en la mesa, está continuamente chequeándolo, responde a las preguntas, pero su mirada se va constantemente hacia la pantalla. Muestra una foto de la habitación de su casa: un ordenador, cuatro pantallas. "Así puedes estar atento a varias cosas a la vez", dice, y suelta una entrecortada sonrisa.

Cuenta que hay cerca de 33.000 personas registradas en whyweprotest. La gran mayoría, miembros de Anonymous o simpatizantes de la causa. "Los más agresivos son la gente de Anonops, yo soy menos agresivo". Dentro de Anonymous hay detractores de los ataques DDoS. "Creo que esos ataques nos desacreditan", afirma Magnonymous. "Van a utilizarlos para criminalizarnos y para generar propaganda negativa sobre nosotros". Magnonymous lo tiene claro: "No debemos utilizar la violencia en ningún caso. Cualquier miembro que propusiera utilizar la violencia sería rechazado por el grupo". Hay otro espacio en el que también se mueven los miembros del colectivo: whywefight.net, el blog informativo de los "soldados de la ciberguerra".

Hamster se unió a Anonymous a principios de 2008. Cuenta que lo hizo al poco de abandonar la Iglesia de la Cienciología. "Me di cuenta de que no me ayudaban para nada. Lo único que hacen es convertirte en un idiota y manipularte". Afirma que abandonó la cienciología internamente, pero no de hecho: cuenta que sigue yendo dos veces por semana y que intenta sacar documentación para ponerla a disposición de Anonymous. "Honestamente, a veces me da un miedo horrible. Si me descubrieran, convertirían mi vida en un infierno".

La Iglesia de la Cienciología es uno de los grandes enemigos de Anonymous. La lucha contra esta secta fue lo primero que unió a todos estos ciberactivistas en 2008, y siguen en las mismas. Una lucha que en realidad arrancó a mediados de los noventa, pero que tomó cuerpo en 2008. A los anonymous no les gusta la seudociencia, ni, por lo general, las religiones. Sostienen que la tecnología debe servir para expandir el conocimiento, no para controlar las mentes. Como explica la profesora Gabriella Coleman, antropóloga de la Universidad de Nueva York especializada en el mundo hacker y estudiosa del fenómeno Anonymous, la Iglesia de la Cienciología es la perfecta antítesis de Anonymous, el fenómeno inverso: oscurantismo, ocultamiento, censura. Destapar los secretos de una organización secretista, de una organización religiosa con marca registrada, sostiene, se convirtió en el primer gran desafío de Anonymous. En febrero de 2008, los miembros que se reunían en la Red desde sus casas trasladaron sus protestas a la calle, a la "vida real". Hubo manifestaciones en Londres, Ámsterdam, Berlín, Sidney. "Fue cuando más gente de Anonymous he visto en la calle", reconoce Hamster.

PayPal. Visa. Mastercad. Amazon. PostFinance. La web de la fiscalía sueca, la del partido irlandés Fine Gael, las del régimen tunecino. No hay fronteras para Anonymous. La lucha contra la cienciología les unió. La lucha pro Wikileaks les ha reunido de nuevo. Cualquier ataque a los derechos humanos, cualquier intento de censurar, se produzca donde se produzca, será castigado por ellos con las armas que tienen a su alcance. "Si hubiera una revolución", dice Hamster, "Internet nos proporcionaría la tecnología".
Operaciones recientes

6 y 7 de diciembre de 2010. Operación Payback (Venganza): Ataques DDoS contra Paypal, Mastercard, PostFinance, Amazon y Visa. Las webs de la fiscalía sueca y del abogado de las dos mujeres que presentaron cargos contra Assange también fueron atacadas.

18 de diciembre de 2010. Operación Paperstorm. Flyers y pintadas para dar a conocer a Anonymous y su lucha por la libertad de Assange.

Mediados de diciembre: Operación Leakspin, para dar a conocer el contenido de cables de la diplomacia norteamericana que pasaron desapercibidos.

20 de diciembre: Operación Sinde: Ataques DDoS contra las webs de PSOE, CiU y del Congreso de los Diputados.

2 de enero de 2011. Anonymous anuncia la Operación Tunisia y colapsa las webs del régimen tras la inmolación de un joven tunecino.

8 de enero de 2011. Operación contra la página del partido irlandés Fine Gael.

webs:
www.whyweprotest.net
www.4chan.org
www.whywefight.net



* El País - 16.01.11
Foto: Anonymous en metro - elpais.com

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Aquí vivo solo

ELPAÍS/Reportaje* : 565.000 casas terminadas sin vender, 290.000 en construcción, 360.000 con las obras paradas. El parón inmobiliario ha trazado un mapa surrealista en España. Un urbanismo de solares vacíos, bloques desocupados y urbanizaciones a medias. Aunque allí vive gente. Muy poca. Esta es su historia.
En la penumbra amarillenta de un aparcamiento subterráneo del centro de Madrid, Paula Márquez se encuentra con Pavel Gómez, o al revés, según quien salga primero del trabajo; suben al coche y entonces esta pareja treintañera comienza el viaje de vuelta al hogar. El vehículo deja atrás la ciudad, atraviesa el Corredor del Henares, centros comerciales, obras, polígonos, se aprieta a otros coches a mitad de camino, cuando se reducen los carriles de la autopista, y va así poco a poco trazando en paralelo el recorrido del AVE Madrid-Barcelona. El tren discurre por lo alto, cosiendo un pliegue de tierra a unos mil metros de altitud, mucho más rápido, mientras Pavel y Paula pulen el asfalto de la A-2. Sus caminos se cruzan un poco más allá, una hora después, en lo alto del páramo que domina Guadalajara.

En esta tierra de secano donde aún se siembran girasoles, croan las ranas en verano y el viento en invierno se vuelve inclemente, aparece Ciudad Valdeluz, un costurón que alguien, en un foro inmobiliario de Internet, comparó con "una mala partida del Simcity", un videojuego de estrategia en el que uno ha de construir y abastecer ciudades al modo en que lo haría Dios o un planificador omnisciente, viéndolas crecer a vista de pájaro.

La perspectiva aérea de Valdeluz hace torcer el gesto. Una mala partida, seca por el frenazo inmobiliario. Con los dados caídos sobre el tablero. Se ven cuadrículas de asfalto y solares vacíos, como si fuera un bloc de notas en blanco. Solo hay vida en una esquina, sin nada alrededor, más que carreteras, caminos, tierras de labranza, un vértice que habitan Paula y Pavel y otras 1.200 personas. Un 4% de lo previsto. Hay muchas formas de vivir solo. Esta es una de ellas. La urbanización fue proyectada para 30.000, más de un tercio de la población de Guadalajara capital. Las expectativas, cuando se colocó la primera piedra en 2004, eran alentadoras. Lo tenía todo a favor: una estación de AVE, la proximidad con Madrid, los precios competitivos. "Pensada para crecer", decía un vídeo promocional. Casi podían verse los trenes llenos, las casas a rebosar. Pero algo inesperado ocurrió por el camino. O mejor: algo había comenzado a fraguarse ese mismo año en toda España. Un ligero desajuste entre oferta y demanda, una inmensa pompa de jabón: plop.

La epilepsia inmobiliaria ha trazado un mapa raro, un urbanismo de solares y pisos vacíos, de calles sin nombre, donde una o dos luces solitarias se encienden en la noche y un edificio aparece aislado en el desierto. En los ensanches de grandes ciudades no es extraño hallar bloques habitados por cinco o seis familias. Desde sus ventanas se divisan esqueletos de hormigón y herrumbre, cadáveres de la burbuja. Tierra yerma que se urbanizó demasiado tarde, cuando la patata caliente del ladrillo empezaba a dejar llagas en las manos. En España, si quisiéramos, podríamos dar cobijo a toda Noruega. No solo contamos con un ejército de casas nuevas, también las hay a medias o simplemente proyectadas. Así estaba el panorama a finales de 2009, según el último informe de R. R. de Acuña y Asociados, uno de los más reputados: viviendas terminadas no vendidas, 565.063; en construcción, 290.441; paradas, 358.071; no iniciadas y con proyecto, 1.073.670; suelo residencial acabado en promoción, 1.342.435. Total: 3,6 millones de domicilios presentes y futuros en los que habita la niebla. Si se mantienen "constantes" las condiciones del mercado, añade el informe, el tiempo necesario para "la disolución del stock de viviendas" será como mínimo de seis años. Al suelo urbanizado, esas cuadrículas como de bloc en blanco, se le augura un destino más negro. Fernando Rodríguez de Acuña, jefe de proyectos de la firma, indica: "Está claro que sobre ese suelo no se va a construir en mucho, mucho, mucho tiempo". Desde el aire, el mapa de una España residencial inacabada. A pie de calle, las personas se van adaptando a los espacios en barbecho.

Cuando llegan a casa y aparcan el coche en el garaje, a las ocho y pico de la tarde, Pavel suele preparar un zumo multifrutas mientras Paula realiza sus ejercicios de yoga. Entonces, comienza la vida. Cuando los días se alargan, en primavera y verano, los últimos rayos de sol se cuelan en casa. Salen a la terraza, se tumban sobre la chaise longue y ven desaparecer el atardecer en el horizonte. El invierno resulta más árido, pero el hogar es agradable y espacioso. Sobre la estantería del salón descansa el juego de mesa Los colonos del Catán. Suelen echar una partida los sábados con un matrimonio vecino. Gana quien consiga expandirse antes sobre el territorio vacío. Quizá por eso, a Paula, secretaria en un bufete de abogados, le gusta referirse a sí misma como parte de "los colonos" de Valdeluz, aquellos que llegaron a estas 490 hectáreas cuando no existía supermercado, ni tienda, ni ambulatorio, ni bar. Una "primera generación" que no alcanzaba los 300. Los que vieron frenarse las obras de la primera de las cuatro fases proyectadas y cómo el resto quedaba en suspenso indefinido. "El ritmo de construcción se ajustará a la demanda de cada momento", dice un portavoz de la promotora, Reyal Urbis, que ha cedido parte de sus activos en Valdeluz a los bancos como parte del proceso de renegociación de una deuda de 4.600 millones.

El parón tiene sus efectos colaterales. El centro comercial, inviable económicamente, es hoy un local candado. La promotora reubicó un pequeño hipermercado unas rotondas más allá, junto a lo que era la cantina de los obreros, hoy el único restaurante de la ciudad, una nave que hace también las veces de discoteca. El centro de salud es un solar vallado y, mientras tanto, un ambulatorio abre dos o tres horas diarias. El colegio Luz de Yebes, pensado para los hijos de 9.200 familias, se quedó con las obras al aire. Su constructora suspendió pagos. No se le ha concedido el concierto educativo. Las clases se dan en uno de los pocos edificios terminados del complejo. Cuenta con 214 alumnos, la mitad de ellos de Valdeluz.

Cada apertura de un local nuevo se celebra como una fiesta. Los comercios se publicitan meses antes en los ladrillos que cubren los soportales. "Clínica veterinaria", dice una pintada estos días. En fin de semana, cuenta Pavel, se ve mucho paseante de perros y niños y embarazadas. Parejas que empiezan. O gente como ellos que reempieza. Un segundo matrimonio, con hijos en fines de semana alternos. El primer correo electrónico de Pavel fue revelador: "Tras una separación, encontré en Valdeluz el lugar donde reemprender mi vida y dar a mis hijas un espacio digno a un precio razonable". Suelen salir en bicicleta o a patinar, sin correr ningún peligro por la infinidad de calles cerradas al tráfico. Van hasta el club de golf, al que aún les dejan entrar sin ser socios, o hasta Yebes, municipio de labradores al que pertenecen. "Esto no es una ciudad fantasma", repite la pareja. "La vida aquí tiene un punto entrañable que no veníamos buscando". La gente, se conozca o no, se saluda en la calle. "La ayuda va más allá de prestarse azúcar. Se genera una relación estrecha entre los vecinos. Es como un pueblo".

Pavel, director de comunicación de una entidad financiera, creó en 2009 un grupo de Valdeluz en Facebook al que se han adherido 300 vecinos. Los usuarios cuelgan noticias y fotos, ofrecen servicios, organizan torneos de mus o buscan compañeros de coche. El transporte es el gran escollo de la urbanización. Valdeluz se ideó a 20 minutos de tren de la capital, a la que estaría conectada por lanzaderas de alta velocidad a bajo coste. Pero el andén de las lanzaderas sigue criando malas hierbas y la mayoría de trenes cruza cortando la niebla como un cuchillo. Sin gente no hay AVE y sin AVE no llega gente (o no al ritmo esperado). Han ido mudándose por goteo a medida que los precios han recuperado parte del equilibrio perdido. Guadalajara, según el último informe del Banco de España, es la provincia donde más cayó el precio de la vivienda nueva, un 20% desde su cota más alta. Murcia es la segunda.

Se abre la puerta del ascensor en un edificio con el silencio de una cámara frigorífica. Hay pelusas por los pasillos, publicidad en el suelo, buzones sin nombre. Del ascensor surge una mujer de unos 60 años, rubia, con un caniche. Levanta la mirada y da un respingo: "¡Qué susto!". No esperaba cruzarse con nadie. En su escalera solo hay tres viviendas ocupadas de 18 y no llegan a 10 en el edificio; casi 60 domicilios vacíos. Hasta hace un mes, los ocupantes seguían conectados a la electricidad y el agua de las obras. Aún no les llega el correo, no les localiza ningún GPS. De noche, el bloque parece un espectro, con un par de luces encendidas en la fachada. Vierte sobre una rotonda a partir de la cual todo son obras, muchas paradas. Al ensanche norte de Murcia, este proyecto de aluvión de 30.000 viviendas, se le llegó a llamar "la milla de oro". "Los precios estaban elevadísimos", cuenta Javier Altuna, 37 años, uno de los habitantes del edificio. Abajo, en la rotonda, el mismo corredor cruza varias veces el mismo punto, como siguiendo un espejismo en el desierto. Raquel Aparicio, otra vecina, de 22 años, intenta recordar cuántas personas la acompañan: "Una vez me crucé con uno…". Finalmente resume: "Esta zona todavía no está". Y seguirá sin estar durante un tiempo. Murcia es la región española donde más cayó el empleo en construcción (un 52,4%) y las transacciones de compraventa (10,4% en 2008 y 2009), y la autonomía con mayor sobreproducción de casas, según un estudio de Catalunya Caixa. De cada 100 viviendas, más de seis están terminadas y sin vender. Cerca de 13.000 en la ciudad; unas 50.000 en toda la región.

Existen, ya se ha indicado, muchas formas de vivir solo. Lo murciano parece un modelo aparte. Con los nervios a flor de piel, un ruido en la noche resulta inquietante y toca repetirse: "No es nada. No hay nadie en el edificio". Lo cuenta Noelia Hernández, profesora de 31 años, que en octubre se mudó a un piso bajo de protección oficial en Molina de Segura. Aquí ha vivido sola hasta que hace poco vio prenderse una luz y descubrió la existencia de vecinos. Dos de veinte. Un 10% de ocupación. Dice: "La soledad se siente por las noches. Es como si viviera en el campo". Una de sus primeras medidas fue colocar rejas en puertas y ventanas. Su terraza vierte a una extensión de tierra urbanizada. Cuadrículas de asfalto y palmeras sobre lo que fue una hacienda con granados, higueras y almendros. Como si fuera el campo, pero no. A la urbanización la llaman Los Leandros, y sus 2.500 viviendas no existen "por los mismos motivos que alegan todas las empresas", dice una voz de Ivercon Reigo, promotora del presidente del Fútbol Club Cartagena, Francisco Gómez, el mismo que tenía previsto edificar una ciudad del golf en Navas del Marqués (Ávila). El caso aún colea en los tribunales.

Jesús Pons, editor de Vega Media Press, un diario digital de la región crítico con la cultura del pelotazo, aventura una explicación murciana: "Especulación, corrupción, chantaje". Su medio acumula una veintena de querellas de promotoras y constructoras que no han prosperado. Dos de ellas, cuenta, fueron interpuestas por Polaris World, compañía que se especializó en complejos residenciales para europeos con un estilo marcado: hileras de casas blancas, golf y piscina. El último lo comenzaron a construir al borde de la recesión, y quedó inacabado: el Condado de Alhama, una macrourbanización vallada que pertenece ahora al consorcio de cajas y bancos con los que la empresa renegoció su deuda. La idea era levantar cerca de 30.000 casas sobre 10 millones de metros cuadrados. Philippe Tabone, un francés de 50 años que habita seis meses al año este lugar inhóspito, lechoso y vacante, juega solo al golf y se lo toma con filosofía: "He hecho el mejor negocio del mundo. Mira qué club social". Señala un montón de cemento junto al green. "Todo esto pertenece ahora a los bancos".

La deuda del sector con las entidades financieras suma 400.000 millones de euros en España. "Imposible de pagar", dice el informe de R. R. de Acuña. La escasez de crédito ahoga a grandes y pequeños, y provoca situaciones insólitas. En una localidad de Madrid, por ejemplo, A. ha estado viviendo un año completamente solo (con dos gatos) en un lujoso bloque cuyas viviendas rondan los 700.000 euros. Cuando se terminó, a falta de compradores, la promotora familiar tuvo que tomar decisiones. Desde entonces, A., de 29 años, hijo del promotor y empleado en la empresa, ha mantenido la piscina, cortado el césped, cuidado las zonas comunes y habitado un piso de 150 metros, para evitar el deterioro de las instalaciones. La garita del portero sigue cerrada y es A. quien muestra los pisos en venta. La mayoría alega lo mismo: si lograran vender su casa, estarían dispuestos a adquirir la vivienda. Pero nadie compra y nadie vende, todo permanece inmutable, la espiral asfixia y las viviendas quedan deshabitadas. Desde hace poco, A. tiene nuevos vecinos, un matrimonio que se mudó al segundo. Los únicos. Por lo demás, el edificio sigue su curso, vacío frente a unas imponentes vistas de la sierra. Pero vigilado y a salvo.

Hace un mes, The New York Times daba cuenta del vandalismo que amenaza las promociones deshabitadas, hilando una historia sobre el miedo en una urbanización de Yebes, cerca de Valdeluz, en la que los pocos vecinos "tienen perros para alejar a los extraños". En realidad, el artículo trataba de cómo los bancos han ido adueñándose de millones de euros en activos inmobiliarios sin vender de promotoras y constructoras. Las cifras son oscuras. Mientras el informe de R. R. de Acuña aventura unas 200.000 propiedades (25.000 millones de euros), Luis Corral, de Foro Consultores Inmobiliarios, prefiere decir que "no es fácil contabilizar el trasvase". Señala dos puntos clave y una solución: "Se ha construido de más. Los activos valen hoy menos que la deuda que soportan. Y el sistema financiero es el único que puede resolver el problema a base de sacrificios. El saneamiento pasa por asumir pérdidas". Si las estimaciones de Jesús Encinar, fundador del portal inmobiliario Idealista.com, son acertadas, los precios seguirán cayendo hasta un 30% o un 50%. Un "aterrizaje suave", decía el Gobierno, pero "doloroso, como una depilación lenta", incide Encinar. En muchos casos se venderá por debajo de coste. Pero la crisis, añade, quizá traiga buenas noticias, como la de facilitar la emancipación de los jóvenes. "Aunque con el paro que hay parece difícil".

La pregunta del millón es si la población logrará reabsorber toda esta masa vacía. Juan Valiño, socio de una inmobiliaria en la localidad costera de Miño (A Coruña), se empeña cada día en buscar una salida. Comercializa viviendas de la urbanización Costa Miño Golf, una promoción pensada para 3.000 personas, entre chalés y pisos, y cuyo destino ha corrido en paralelo al de su promotora, Martinsa-Fadesa, que declaró en 2008 la mayor suspensión de pagos de la historia española. Durante un tiempo se paralizaron las obras, aunque poco a poco se han ido reanudando y las ventas se han reactivado tímidamente. La ocupación, sin embargo, dista varios mundos de lo esperado, sobre todo en la zona de chalés: se han vendido 80 de los 800 proyectados. Valiño celebra con entusiasmo cada nuevo habitante. Los llama "pioneros", y estos dan cuenta de una felicidad extrema, a pesar de haber atravesado un calvario de dilaciones, sustos inmobiliarios y una soledad sobrevenida. Muchos de los chalés se han adquirido como segunda residencia, y solo unos pocos (una decena) viven allí habitualmente. "Cuando llegamos, esto era la ciudad de los bandidos", bromea Ángel Miser, de 36 años, un técnico de electrodomésticos que se mudó allí en mayo de 2010 con su familia. Amante de la naturaleza y los espacios abiertos, dice: "No me cambiaría por nada. Aparco el coche en la casa del vecino [deshabitada] y los niños pueden salir a cualquier hora". El silencio y la oscuridad le confieren a la urbanización un aire neorrural. Por un frente, a lo largo de cuatro kilómetros, discurre el Camino del Norte, en su paso hacia Santiago, y, como ha ido ocurriendo en muchas aldeas despobladas, hay que coger el coche hasta para comprar el pan.

El urbanista José María Ezquiaga dice que ha llegado el momento de repensar el urbanismo. "Hasta ahora, la legislación del suelo estaba pensada para crecer. No tenemos instrumentos para afrontar un marco recesivo". Sería necesario, dice, aumentar la densidad de tanto ensanche, terminar las casas a medias, reprogramar el suelo urbanizado en desuso, apostar por una vivienda colectiva, tasar los alquileres. "No lo contemplan las leyes, pero tampoco contemplaban esta crisis". El sociólogo y arquitecto, premio Nacional de Urbanismo, muestra además la herida abierta de algo que veremos llegar: el coste social de mantener servicios básicos en lugares vacíos. "La escolarización, el transporte, la seguridad, la salud… Tener barrios a medias y deshabitados supone una situación dramática para los Ayuntamientos. ¿Cómo vamos a pagar esto entre todos?".

En un paisaje lunar, sobre la falda de una colina, se yergue un edificio solitario de ladrillo, donde viven 20 familias. Cuentan sus pobladores que los jabalíes se acercan de vez en cuando hasta el contenedor de basura. Los servicios municipales pasan a recogerla una vez a la semana. Más no sería rentable, igual que tampoco resulta rentable mantener un servicio de correos (lo recogen en el pueblo, a siete kilómetros), ni el de gas (funcionan con un tanque de propano provisional), ni el de teléfono, ni el transporte público. Nos encontramos a las afueras de La Muela (Zaragoza), un municipio de 3.500 habitantes que quiso convertirse en la tercera ciudad de Aragón, con 45.000. Jesús Ibáñez, de 30 años, entra en casa, con el folleto navideño de unos grandes almacenes en la mano. Dice: "Lo cogí en casa de mis padres. Aquí no llega ni la publicidad". Aquella colina pudo ser una urbanización de lujo. Su primera fase, con 2.300 casas, se promocionaba a 6.000 euros el metro cuadrado. Ciudad Zaragoza Golf es hoy un secarral con vestigios de obras y carteles promocionales cuyos mensajes resuenan como un mal chiste: "Tu mejor golpe", "haz tu vida más cómoda", "con todo lo que puedas desear", "toda una ciudad cerca de todo".

Tres parejas han ido fraguando una amistad entrañable en el único edificio de una tierra despoblada. Comenzaron a llegar en 2009 a este bloque de protección oficial y, a pesar de los desperfectos, las grietas, las inundaciones en el garaje y los problemas con la constructora, que hace valer su mayoría en las juntas de vecinos (conserva la propiedad de 15 viviendas vacías), parecen los protagonistas de una sitcom tipo Friends. De las paredes del ascensor cuelgan post-it recordando juergas pasadas o anunciando problemas. "Es como nuestro blog". Si uno va a por tabaco o a la ferretería, pregunta si otro necesita algo. Comparten cenas y sesiones de Thermomix. Las puertas casi siempre se encuentran abiertas. Una llamada perdida en el móvil significa charla en la galería. Si suenan dos tonos, toca acudir a casa de quien la emite. Hace poco, después de un año, dejaron de ser "el sector tres punto uno de la urbanización Zaragoza Golf". El Ayuntamiento los rebautizó como avenida de Madrid, 7, y entonces se dijeron: "Qué inspiración. Tanto tiempo para esto". La elección del número, en este desierto que habitan solos, sigue siendo una incógnita.



* El País - 16.01.11
Foto: Philippe Tabone, 50 años, vive seis meses al año en una urbanización vacía en Alhama (Murcia). “Tengo un campo de golf para mí solo. He hecho el mejor negocio del mundo. Ahora todo esto pertenece a los bancos” - elpais

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Mallorca.- El ex director de Residuos y el empresario Galmés, ambos de UM, ante el juez

DIARIODEMALLORCA* : El político Guillem Riera y el empresario Simó Galmés, ambos de Unió Mallorquina, pasaron ayer a disposición del juez de guardia de Palma, José Castro, imputados en una presunta trama de corrupción relacionada con la recogida selectiva de residuos en los pueblos de la Part Forana. El primero quedó en libertad sin fianza alrededor de la medianoche, aunque el juez ordenó que se le retirara el pasaporte y le prohibió abandonar el país. Galmés seguía declararndo a la hora del cierre de esta edición. Riera fue director insular de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, y por lo tanto responsable de la recogida de residuos, y se ha convertido en el primer político implicado y detenido en la denominada operación Cloaca. El actual concejal de UM en Bunyola fue arrestado el pasado jueves por la noche, y durmió en los calabozos de la Policía Nacional en Palma. Asistido por el abogado Jaime Campaner, el ex director insular, que fue la mano derecha de la ex consellera Catalina Julve, fue interrogado a partir del mediodía de ayer y en su declaración defendió su inocencia.

Tras declarar regresó a su celda. La Policía y la Fiscalía Anticorrupción le acusan de haber ideado el plan para pagar a las UTE facturas por trabajos que no se hacían.

A pesar de ocupar durante las últimas legislaturas el máximo cargo político en materia de gestión de residuos de Mallorca, Guillem Riera mantuvo ayer ante los investigadores que él no se encargaba personalmente de controlar la ejecución del contrato de las UTE que se encargan de la recogida selectiva de residuos. Afirmó que él únicamente controlaba esta recogida en tres pueblos: Bunyola, Esporles y Puigpunyent, pero el resto de localidades eran gestionadas por los funcionarios. En concreto, apuntó el nombre de Gabriel Perelló, el ingeniero técnico que fue detenido el pasado jueves en su despacho del Consell, pero que horas más tarde quedó en libertad a la espera de ser llamado por el juez. Perelló, defendido por el abogado Bartomeu Oliver, era el encargado de controlar el cumplimiento del contrato y los investigadores mantienen que autorizó el pago de facturas infladas a pesar de que conocía que se abonaban pagos con dinero público por trabajos que no se realizaban. Perelló mantuvo que él no marcaba las líneas de actuación en su departamento porque ya venían establecidas por los políticos. Y apuntó el nombre del director insular, Guillem Riera. Al señalar al político, los investigadores tomaron la decisión de detenerle.
El ex director insular también exculpó ayer a la ex consellera Catalina Julve y explicó a los investigadores que ella no se encargaba de controlar cuántas toneladas de basuras se recogían y cuántas se pagaban, y tampoco era su cometido comprobar que se estaba cumpliendo el contrato firmado por las UTE.
En cuanto al empresario Simó Galmés, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la cúpula de UM en el departamento de Medio Ambiente del Consell impuso a las UTE la figura de la unidad de control, un trabajo que debía desarrollar una empresa externa. La elegida fue la empresa Ses Nostres Eines S. L., que pertenece a Galmés. Éste lleva años cobrando 9.000 euros al mes por controlar la recogida de basuras, y tenía la obligación de presentar informes mensuales sobre el control de recogida, pero hace meses que no presentaba ninguno. A pesar de ello seguía cobrando el dinero que le abonaban las UTE. La Policía intenta aclarar qué tipo de relación mantenía Galmés con Riera para que le permitieran mantener este trato de favor. El ex director insular manifestó que conocía al empresario de verle por el Consell, pero negó que tuviera con él una relación personal.



* Diario de Mallorca - 15.01.11
Foto: El ex director insular de Residuos de UM, Guillem Riera, en el momento de ser trasladado ante el juez.- diariodemallorca

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La Justicia ordena el derribo de un supermercado en Ponteareas

LAVOZ/Pontevedra* : Ocho años de denuncias, recursos y sentencias llegan a su fin. La última palabra respecto al supermercado del grupo Eroski abierto en la parroquia de Angoares, en Ponteareas, ha llegado de la mano del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Existe ya una sentencia de derribo que obliga al Concello a destruir la edificación, abierta al público desde hace más de siete años. Aunque la decisión no es nueva, la Xunta ha reclamado su ejecución, por lo que el ente judicial ha remitido al gobierno local la orden de demoler el edificio en un plazo de treinta días. El documento judicial fue trasladado al municipio el pasado 15 de noviembre. Ante esta situación el gobierno local tomó la decisión de presentar un recurso de súplica. Pero sin solución. La Justicia comunicó esta misma semana que denegaba este recurso y volvía a dar un plazo de un mes para cumplir con la destrucción del complejo comercial, uno de los tres más grandes de la comarca de O Condado.

La explicación de esta orden, sobre la que el grupo Eroski ha rechazado hacer declaraciones, se remite a la concesión de la licencia otorgada en el año 2002. Según se explica en el fallo por el contencioso administrativo interpuesto en el 2008 por parte del Consello de la Xunta contra el Concello de Ponteareas y la empresa Erosmer Ibérica S.A., el permiso concedido es posterior a que Urbanismo suspendiera las normas urbanísticas del municipio y lo dejara sin potestad para conceder licencias desde el 27 de mayo del 2002 (el caso del supermercado está datado el 26 de junio del mismo año).

Ejecución

De momento se desconoce si el gobierno local acatará el dictamen emitido por el Tribunal Superior de Xustiza, que pondría en peligro a los 60 trabajadores que están empleados en la superficie comercial.

Al mismo tiempo, dejaría a la comarca de O Condado y A Paradanta, con una población de más de 60.000 vecinos, sin uno de los puntos de consumo de referencia (solo existen otras dos grandes áreas en el concello de Ponteareas).

De no comunicar en el plazo de un mes al Tribunal Superior de Xustiza que se ha ejecutado la orden, el alcalde de Pontearas, Salvador González Solla, responsable último de la decisión, se vería expuesto a una sanción por incumplimiento o puede que incluso una posible denuncia que ponga en peligro el cargo público que ostenta.



* La Voz de Galicia - 15.01.11
Foto: Ponteareas (Pontevedra), supermercado a derribar - lavoz

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Comienza el juicio a Juárez y cuatro ediles de La Línea

ELPAÍS/Cádiz* : El ex alcalde de La Línea de la Concepción Juan Carlos Juárez y cuatro de sus concejales (tres de ellos aún en activo en el Gobierno municipal) se sientan desde ayer en el banquillo de los acusados de la sección de la Audiencia de Cádiz en Algeciras por el llamado caso Roseworld, por las presuntas irregularidades en la compraventa de cuatro parcelas municipales. La fiscal Anticorrupción Virginia Alonso pide cuatro años de prisión por delitos de prevaricación y cohecho y una multa de 500.000 euros y una pena de inhabilitación especial durante ocho años y seis meses para Juárez y los concejales del PP Juan Montero, Francisco Muñiz y María Cruz Atienza así como para el ex coordinador de Urbanismo y Hacienda, Carlos Ruiz Calama.

En este juicio también figuran como acusados el ex secretario general del Ayuntamiento, Agustín Sevillano, y el ex interventor municipal, Sergio Gómez; el Grupo Inmobiliario Lábaro, Abuztúa Inversiones 2066 S. L., Anil Thakurdas y Kevin Phelan por delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precio en concurso, subasta pública y tráfico de influencias. El martes comenzarán a declarar los acusados.

Juárez dejó la alcaldía de La Línea el pasado 1 de noviembre para cumplir la pena de seis meses de inhabilitación a la que fue condenado por un delito de desobediencia en el pago de una deuda. Juárez, en las filas del PP desde 2001, era el último de los alcaldes que seguía en activo procedente del desaparecido GIL.



* El País - 14.01.11
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento - flickr.com

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Los vecinos suman 5.000 alegaciones al PGO de Santa Cruz

EUROPAPRESS/Tenerife* : La Plataforma contra el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado en un comunicado que este viernes ha llegado a la cifra de 5.000 alegaciones firmadas por los vecinos. Este colectivo mantiene abierta una oficina en la calle Ramón y Cajal nº62. Para la Plataforma, la "masiva" presencia de personas que buscan información "veraz" es una demostración "de la nula voluntad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de informar de forma adecuada a sus vecinos, además de una demostración del masivo rechazo que ha generado, y genera, el PGO". En esta línea, plantea que "ante las miles de alegaciones que se acabarán recogiendo, el alcalde saliente, Miguel Zerolo (CC), sus secuaces y sus cómplices (PP y CCN), tendrán que replantearse si continúan con la tramitación de un plan rechazado por una amplia mayoría de la ciudad, aparte del hecho, como hemos adelantado, que el PGO será anulado por cuestiones de legalidad".

La Plataforma contra este PGO ha criticado que concejal de Urbanismo haya beneficiado a la clínica Parque, "donde participaba como socio, al concederse una licencia para acometer obras ilegales y además desde el año 2005, este edificio, en situación de fuera de ordenación paso a estar en ordenación".

"Si la figura 'fuera de ordenación' no tuviera consecuencias, nos preguntamos por qué el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, no dejó fuera de ordenación a la clínica Parque mientras que el nuevo PGO deja fuera de ordenación a unas 100.000 personas en Santa Cruz. El señor Manuel Parejo, junto a los concejales Norberto Plasencia y Luz Reverón, están acusados de cometer presuntamente un delito contra la ordenación del territorio, por prevaricación urbanística, por el caso Mamotreto", aseguran.

La Plataforma recuerda a los santacruceros que se pueden informar en la oficina pública en la calle Ramón y Cajal, número 62, donde se dará toda la información disponible sobre el PGO y se asesorará de forma gratuita a todas las personas que quieran presentar alegaciones contra este Plan que en realidad es un Plan General de Expoliación Urbana.

Además de la oficina, representantes de la Plataforma están realizando un recorrido por distintos barrios de la ciudad para informar directamente a los vecinos. Tras las reuniones en Tíncer y Llano del Moro tocará el turno a las vecinas y los vecinos de La Gallega.



* Europa Press - 14.01.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com

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Torrevieja.- Condenan al Ayuntamiento por no tramitar la demolición de unas obras ilegales

LAVERDAD/Alicante* : Los Verdes de Torrevieja anunciaron ayer que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche ha condenado al Ayuntamiento «por no haber tramitado en tiempo y forma la orden de demolición de unas obras construidas de forma ilegal por el propietario de un chalé del Residencial Europa». En un comunicado aseguran que la sentencia es «contundente», ya que añaden que en ella queda acreditado «que la ampliación de la vivienda se hizo sin disponer de autorización municipal alguna e incumpliendo las determinaciones contenidas en el PGOU, lo que hacía que las mismas fueran ilegales e ilegalizables, dando lugar a la tramitación de un expediente de disciplina urbanística que se resolvió con un acto administrativo firme del propio Ayuntamiento ordenando la demolición».

Los Verdes recuerda que Urbanismo «no ejecutó» esa orden de demolición de abril del 2005, lo que provocó la indignación de los vecinos que demandaron al Consistorio por su pasividad. Ahora la sentencia obliga al Ayuntamiento salinero « a ejecutar la orden de demolición». Para los ecologistas, esta resolución judicial «ratifica y confirma las conclusiones a las que en su día llegó la institución del Defensor del Pueblo, poniendo de manifiesto la arbitrariedad con la que se gestiona el urbanismo en Torrevieja», al mismo tiempo consideran que el hecho de que los expedientes prescriban «genera un tremendo agravio comparativo entre los escasos infractores cuyos expedientes son debidamente tramitados con la consiguiente demolición de las obras construidas de forma ilegal».



* La Verdad - 15.01.11
Foto: Torrevieja (Alicante) - torrevieja.com

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Lluvias y urbanismo provocan tragedia en Río de Janeiro

ELUNIVERSAL/Brasil* : La que se considera la mayor tragedia natural provocada por la lluvia en cuatro décadas en Brasil, ocurrida la madrugada del miércoles en una turística área montañosa de Rio de Janeiro, fue producto de lluvias extremas y urbanización irresponsable, dijeron expertos y autoridades. Tres municipios distribuidos en valles rodeados de altas montañas, que constituyen una bella sierra de veraneo para los que huyen del calor de Rio de Janeiro, se convirtieron en unas pocas horas en un escenario de devastación, con masivos aludes de lodo y agua, provocando más de 400 fallecidos contabilizados hasta la tarde de ayer, señaló AFP. "Tras días sin parar de llover, tuvimos una lluvia absolutamente extraordinaria. En ocho horas la noche del martes al miércoles pasado llovió lo previsto para todo el mes y eso provocó avalanchas con piedras y tierra, que fueron ladera abajo, llevándose las casas por delante", explicó el coordinador del laboratorio de Hidrología de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Paulo Canedo.

Casas y posadas de veraneo, urbanizaciones de clase media y barriadas populares, autorizadas e ilegales, pagaron con la misma intensidad la furia de la montaña y la lluvia.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, prometió ayudar en el rescate de las víctimas y en la reconstrucción de las ciudades destruidas por las lluvias que azotaron Río de Janeiro.

La gobernante liberará 464 millones de dólares para ayudar a las víctimas de problemas climáticos en varias regiones de Brasil, aseguró que adoptará "acciones concretas" de apoyo a Río de Janeiro, no sólo para rescatar a las víctimas, sino también para ayudar a los afectados, indicó DPA.

Los números de la peor catástrofe vivida por la región serrana de Río tienden a seguir en aumento, ya que los socorristas todavía no lograron acceder a las zonas más afectadas.

El gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, quien acompañó a Rousseff, recordó que el servicio de meteorología pronosticó más lluvias para los próximos días en la región serrana del estado, y pidió a la población abandonar sus casas, en caso de que estén ubicadas en áreas sujetas a derrumbes o inundaciones de ríos.



* El Universal - 14.01.11
Foto: Vista aérea de una zona afectada tras las fuertes lluvias en la ciudad de Friburgo, en el estado de Río de Janeiro, Brasil (Efe)

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