La Justicia ordena el derribo de un supermercado en Ponteareas

LAVOZ/Pontevedra* : Ocho años de denuncias, recursos y sentencias llegan a su fin. La última palabra respecto al supermercado del grupo Eroski abierto en la parroquia de Angoares, en Ponteareas, ha llegado de la mano del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Existe ya una sentencia de derribo que obliga al Concello a destruir la edificación, abierta al público desde hace más de siete años. Aunque la decisión no es nueva, la Xunta ha reclamado su ejecución, por lo que el ente judicial ha remitido al gobierno local la orden de demoler el edificio en un plazo de treinta días. El documento judicial fue trasladado al municipio el pasado 15 de noviembre. Ante esta situación el gobierno local tomó la decisión de presentar un recurso de súplica. Pero sin solución. La Justicia comunicó esta misma semana que denegaba este recurso y volvía a dar un plazo de un mes para cumplir con la destrucción del complejo comercial, uno de los tres más grandes de la comarca de O Condado.

La explicación de esta orden, sobre la que el grupo Eroski ha rechazado hacer declaraciones, se remite a la concesión de la licencia otorgada en el año 2002. Según se explica en el fallo por el contencioso administrativo interpuesto en el 2008 por parte del Consello de la Xunta contra el Concello de Ponteareas y la empresa Erosmer Ibérica S.A., el permiso concedido es posterior a que Urbanismo suspendiera las normas urbanísticas del municipio y lo dejara sin potestad para conceder licencias desde el 27 de mayo del 2002 (el caso del supermercado está datado el 26 de junio del mismo año).

Ejecución

De momento se desconoce si el gobierno local acatará el dictamen emitido por el Tribunal Superior de Xustiza, que pondría en peligro a los 60 trabajadores que están empleados en la superficie comercial.

Al mismo tiempo, dejaría a la comarca de O Condado y A Paradanta, con una población de más de 60.000 vecinos, sin uno de los puntos de consumo de referencia (solo existen otras dos grandes áreas en el concello de Ponteareas).

De no comunicar en el plazo de un mes al Tribunal Superior de Xustiza que se ha ejecutado la orden, el alcalde de Pontearas, Salvador González Solla, responsable último de la decisión, se vería expuesto a una sanción por incumplimiento o puede que incluso una posible denuncia que ponga en peligro el cargo público que ostenta.



* La Voz de Galicia - 15.01.11
Foto: Ponteareas (Pontevedra), supermercado a derribar - lavoz