Aunque dimitió como alcalde desde la prisión, Juan Cano ha conservado el acta de concejal y ha participado en los últimos Plenos municipales, en los que ha intentado poner contra las cuerdas a su sucesora en el cargo, la regidora popular María Dolores Zaragoza. No obstante, Cano tiene una segunda cuenta pendiente con la Justicia: ha sido imputado por tráfico de influencias en la causa paralela que instruye el Juzgado número 3 de Villajoyosa para esclarecer las irregularidades urbanísticas destapadas durante la investigación del crimen.
En esta misma causa también están imputados el ex concejal Jaime Narbó —que se benefició de un «pelotazo» urbanístico junto a Cano— y Vicente Martí Albiñana, quien trabajó como técnico para el Ayuntamiento de Polop, al tiempo que cobraba de las principales promotoras con intereses urbanísticos en el municipio.
Basándose en la declaración del testigo protegido, tanto la Fiscalía como la Guardia Civil sostienen en sus informes que Cano contrató a dos sicarios por 30.000 euros para asesinar al alcalde Ponsoda, con el fin de poder enriquecerse ilícitamente con la gestión irregular del urbanismo de Polop. El abogado de la defensa de Pedro Hermosilla, Francisco González, ha solicitado la realización de nuevas pruebas con el propósito de desmontar la declaración del testigo protegido y demostrar que no trabajaba como portero del «Mesalina» cuando sucedieron los hechos.
Han transcurrido ya más de tres años desde el asesinato de Ponsoda y, de momento, las partes no se atreven a aventurar si el juicio podrá celebrarse durante 2011. Tan solo cuatro meses después del crimen, la Guardia Civil ya comenzó a centrar sus sospechas en Juan Cano, aunque éste no fue detenido hasta noviembre de 2009. Un afiliado del PP, Tomás Orts, declaró a los agentes que Cano le amenazó de muerte cuando intentó presentar una candidatura alternativa en Polop en las elecciones de 2007.
* ABC - 16-01-11
Foto: Polop (Alicante), vivienda Juan Cano - Mario Ayús, laverdad.es
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