CANARIASAHORA* : El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Mogán, formado por el PP, se dispone este viernes a aprobar en el pleno municipal el Avance de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con su correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, documentos, que en sus contenidos se vuelve a incurrir de manera flagrante en la inseguridad jurídica alegada por el propio alcalde, Francisco González, como motivo para desistir en mayo de tramitar el anterior PGOU. A pesar de que la inseguridad jurídica, así, de manera genérica, fue el principal motivado esgrimido por el Gobierno de Canarias para sugerir al Ayuntamiento que desistiera de tramitar el anterior PGOU investigado en el caso Góndola, esta vez y partiendo "de cero" para la redacción de un nuevo documento, el hecho de que el Ayuntamiento de Mogán no haya publicado en el Boletín de la Provincia la encomienda realizada a la empresa municipal Gesmogán mediante acuerdo de la Junta de Gobierno el 2 de agosto pasado, para que esta se haga cargo de la redacción del PGOU, supondría el principal problema con que se encontraría el nuevo documento cojo.
El expediente simplemente recoge que se ha realizado la encomienda, pero no figura en el mismo documento alguno que así lo acredite en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), según exige el artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según han corroborado a CANARIAS AHORA fuentes conocedoras del mismo, por lo que todo el proceso que pende de la aprobación de este viernes quedaría en el aire, en inseguridad jurídica de pleno, de haber recursos judiciales contra el mismo.
Además, las fuentes que han examinado los documentos que han de aprobarse este viernes por los concejales han vuelto a detectar un error reiterado y que ya fuera destacado por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias en su informe demoledor contra el anterior PGOU: el técnico municipal se limita a informar sobre el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) sin entrar en el fondo del mismo, que fue precisamente lo que hizo a raíz del rapapolvo del Gobierno canario, cuando debió analizarse el contenido del ISA a priori, cosa que no vuelve a suceder en estos nuevos documentos.
Este informe meramente superficial sin desentrañar si la empresa encargada de realizar el ISA se ha ajustado a derecho, de manera motivada, ha vuelto a ser redactado por un trabajador con categoría de laboral y no por funcionario de carrera, como viene siendo habitual en todo lo relativo al urbanismo de Mogán contraviniendo las normas legales. Aún así, la aprobación de este viernes es sólo el Avance y no el Plan General en sí.
En mayo, el PP desistió de tramitar el PGOU al poner en duda la Dirección General de Urbanismo autonómica la legalidad del documento en el que se justificaba, por ejemplo, la instalación de una depuradora del empresario Santiago Santana Cazorla en Taurito, a todas luces ilegal según las Normas Subsidiarias de 1987 -nulas de pleno derecho al no ser legalizadas hasta enero pasado- que se pretendía legalizar ahora, ya que estaba contemplada su calificación legal en la Aprobación Inicial de 2006 del PGOU desechado.
La Dirección General de Urbanismo incidió en el hecho de que la redacción de convenios no debidamente justificados convertían los mismos en documentos arbitrarios sin criterio alguno y sin calificación objetiva de los aprovechamientos urbanísticos a favor de la Corporación y en interés del erario público.
Además, cuestionaba abiertamente la "indebida clasificación de ciertos suelos como urbanos o urbanizables", cuando debían estar protegidos por directivas europeas al ser hábitats naturales, en concreto en áreas de interés económico de la urbanización Anfi del Mar-Patalavaca y en Costa Taurito, propiedad del empresario también imputado en el caso Santiago Santana Cazorla.
En sus conclusiones, el informe del Gobierno de Canarias advertía al Ayuntamiento de Mogán de la "evidente debilidad jurídica del procedimiento hasta ahora tramitado" por la carencia de evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento, por lo que sugirió al consistorio presidido por Francisco González, "en aras del principio de seguridad jurídica, iniciar nuevo expediente de tramitación y aprobación del Plan General, debiendo desistir la Corporación municipal del actual expediente 2006/0462".
* Canarias Ahora - 25.11.10
Foto: Mogán (Gran Canaria), urbanismo salvaje - R.Cordero, elpais.com
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LAVOZDEGALICIA* : La actuación urbanística con la que recuperó una de las zonas más degradadas de la ciudad de Dublín ha pasado a ser estudiada en numerosas escuelas de arquitectura de todo el mundo, tal y como recuerda Sandra Costa en el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia, Cesuga. La irlandesa Valerie Mulvin era la examinadora externa de los alumnos de arquitectura de este centro coruñés y, una vez concluida esa función, volvió esta semana al mismo para participar en un seminario de urbanismo en el que los alumnos de quinto curso le mostraron sus proyectos de fin de carrera. La docencia es una de las actividades del estudio de arquitectura y urbanismo McCullough Mulvin Architects, que dirige la arquitecta autora del proyecto Temple Bar Framework Plan en Dublín; Irlanda, Reino Unido o Suiza son tres de los países a los que se desplaza habitualmente esta mujer para impartir docencia. La sonriente arquitecta apuntaba que la situación por la que en estos momentos está atravesando Irlanda responde a las dificultades de gran parte de Europa, «de toda la zona euro», matizaba. «El tigre celta surgió de la burbuja inmobiliaria», aseguró, y defendió la necesidad de poner en marcha «formas más sostenibles de hacer arquitectura».
Ante la pregunta de si su proyecto para una zona degradada de Dublín se encontraba dentro de esa arquitectura sostenible que defendía, Valerie Mulvin afirmó que podría considerarse así puesto que se había llevado a cabo la recuperación de casas que estaban en muy mal estado y que habían pasado a ser habitadas, además de dotar a la amplia zona de la ciudad sobre la que intervino de todos los servicios necesarios para los residentes «como hospitales y escuelas».
Más de 20 premios
Sandra Costa apuntaba que la arquitectura del estudio de Mulvin ha sido ampliamente recogida en publicaciones especializadas como A+U, Domus, El Croquis y Detail, entre otras, «y en la actualidad es uno de los estudios de arquitectura de referencia en Irlanda, como lo demuestran los más de 20 premios y reconocimientos internacionales recibidos desde el año 2005».
Además de la docencia, Mulvin apuntó que en su estudio tienen «menos trabajo, debido a la crisis» pero, a pesar de ello, están llevando a cabo diversos proyectos como son la construcción de un hospital, escuelas o «un edificio de investigación científica dedicado a la economía de la inteligencia».
En su encuentro con los alumnos del Cesuga, Valerie Mulvin fue comentando con ellos diversas cuestiones e interesándose por las propuestas que hacían, ante las maquetas de sus proyectos, Brais Ferro, Pedro Caldas, Celia Arcas, Alba González, Elena Bravo, Ignacio de la Iglesia y Toni García. Todos ellos están elaborando sus proyectos de fin de carrera, «que en el caso de nuestro centro va acompañado por un trabajo de investigación asociada», explicaba Sandra Costa.
En cuanto a la llamada arquitectura espectáculo que ha proliferado en los últimos años, Valerie Mulvin sostiene que esta corriente es el resultado de «mucha gente interesada en la arquitectura de marcas globales» y que, debido a los actuales cambios económicos, tendrán que empezar a plantearse para qué es esa arquitectura, con lo que augura un cambio «de lo global a lo local». En este sentido, aseguró la arquitectura irlandesa que va a lo local y la que busca el espectáculo «es como el que compra unos pantalones vaqueros normales y el que se compra unos de marca».
* La Voz de Galicia - 26.11.10
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ELPAÍS* : Un empresario, Jesús Manuel Rosado, dueño de Global Sport, denunció el pasado 8 de noviembre en un juzgado a la cúpula del Ayuntamiento de Ciudad Real, que gobierna el PP, por el cobro de cohechos, amaño de contratos, emisión de facturas falsas y financiación ilegal de actos del partido. Su acusación incluye a la alcaldesa, Rosa Romero -asegura haberle hecho obras en su casa cuya factura se le sugirió presentar al Ayuntamiento y nunca cobró-, a los concejales de Hacienda y Deportes, Miguel Ángel Rodríguez y César Manrique, respectivamente, y a varios altos cargos municipales, incluidos el jefe de compras, el tesorero y el interventor. Este empresario asegura haber aportado 3.000 euros para financiar la campaña electoral de 2007 del PP que luego cobró con falsas facturas al Ayuntamiento.
La regidora niega todas las acusaciones y asegura que la justicia demostrará su falsedad.
Según el denunciante, por orden de Juan Carlos Mascuñana, jefe de compras del Ayuntamiento de Ciudad Real, este empresario pagó diversos viajes aparentemente privados de personal del equipo de gobierno y de empleados municipales cuyo importe luego recuperaba con facturas falsas al Ayuntamiento. También plantea que por mandato de cargos del Ayuntamiento de Ciudad Real hubo de pagar a empresas con las que no tenía ninguna relación comercial real.
Por ejemplo, declara que abonó publicidad municipal a la firma Multicanal relativa a la Semana Santa por un importe de 25.000 euros. Rosado aporta un amplio listado de empresas y facturas que supuestamente evidencian que se convirtió en el tesorero bis del Ayuntamiento y sufragó con su dinero eventos municipales que luego le fueron retribuidos con falsas facturas del Ayuntamiento por servicios nunca prestados.
Igualmente, según su relato, fue instado a subvencionar un club deportivo tras pactar que le sería retribuido con facturas municipales. Esta trama municipal, acusa en su escrito Rosado, no solo le exigía pagar compromisos municipales, sino que le ordenaba a qué empresas debía subcontratar sus obras adjudicadas. El fin era claro: "Las empresas [subcontratadas] emiten siempre facturas por sus trabajos superiores a los precios de mercado e incluso a lo que tienen presupuestado". A veces el objetivo era aún más descarado: Rosado hubo de comprar maquinaria por 7.500 euros a la empresa de la esposa del concejal de Deportes que luego revendió al Ayuntamiento. Así se evitaba el escándalo de que el edil adjudicara dicha compra a su cónyuge. En este pantano de corruptelas incluso un concierto de Alejandro Sanz en Ciudad Real alimenta un nuevo festín: Rosado compra 150 entradas para "ayudar a que las fiestas locales parezcan un éxito" que luego factura al Ayuntamiento por falsos servicios.
Este empresario revela cómo el sistema de adjudicación estaba podrido: se adjudicaban servicios sin mediar contrato alguno o se simulaba un concurso restringido con empresas que solo existían en el papel. Rosado no habla de oídas: denuncia los amaños de los que fue beneficiario. Lo insólito de su denuncia, frente a la práctica habitual, es que no denigra adjudicaciones ajenas, revela lo ilegal de los múltiples contratos que le fueron otorgados a él por una trama a la que retribuía con cuanto favor le era solicitado.
Los cargos del área de Deportes también le encargaron, antes de las elecciones locales de 2007, obras "de interés electoral para la corporación municipal" como pistas polideportivas "sin concertar forma de pago". El escenario de las obras fueron "zonas de Ciudad Real que según sus sondeos no les eran favorables al PP". Y detalla la ilegal vía usada: "Hacíamos la obra, y posteriormente enviábamos el presupuesto/oferta y Mascuñana [jefe de compras] nos indicaba la fecha que tenía que ponerse en la factura y posteriormente nos remitían la notificación de la adjudicación". El edil Manrique le sugería que las cuantías de las facturas fueran pequeñas para burlar los controles.
A fin de cobrar su asfixiante deuda con el Ayuntamiento -más de 400.00 euros, de cuyo pago en buena parte solo tenía un compromiso verbal-, Rosado asegura que se plegó a un rosario de corruptelas: firmó facturas de restaurantes donde nunca comió; aseguró haber recibido dinero municipal en metálico que nunca vio; dijo haber cobrado facturas sin captar importe alguno ni saber su destino; realizó pagos en especie a funcionarios, amén de realizar obras en viviendas de altos cargos locales que nunca cobró.
"Y todo ello, en aras a mantener una relación que posibilitara el cobro de la totalidad de lo adeudado, para poder seguir manteniendo viva a mi empresa y su actividad municipal", detalla en su denuncia judicial.
Lo grave de la denuncia de este empresario, según fuentes de su entorno, es que una mera investigación de los contratos de este Ayuntamiento demostraría que su caso no fue individual sino que hubo una sistematicidad en el impuesto revolucionario aplicado a los contratistas. Parte de los fondos estatales del plan E de Zapatero, añaden estas fuentes, fueron consumidos en múltiples facturas inferiores a 3.000 euros para evitar toda concurrencia y, en muchos casos, no sirvieron para obras de interés público, sino para sufragar esta red de favores ilegales a los ediles y cargos municipales.
* El País - 26.11.10
Foto: Ciudad Real, ayuntamiento - sobreespana.com
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MADRIDIARIO* : El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, prevé el próximo lunes, día 29 de noviembre, levantar la totalidad del secreto sumarial que pesa sobre las actuaciones del proceso penal que implica a varias administraciones del PP, entre las que figuran las piezas separadas de la investigación, han informado fuentes jurídicas. El magistrado dictará un auto o providencia en la que se notificará a las partes la fecha en la que los abogados podrán pasar a recoger la documentación. Las mismas fuentes han indicado que es previsible que no se prorrogue más el secreto del sumario. Entre las piezas se encuentra la que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas implicadas en la trama de corrupción y la supuesta financiación del PP a través de la fundación Fundescam, informaron fuentes jurídicas.
El levantamiento total del sumario incluirá el contenido de las piezas separadas. Una de las piezas se refiere a las intervenciones de las comunicaciones en la prisión de Soto del Real entre los imputados encarcelados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados. El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM acordó anular todas las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los abogados y sus clientes. Esto dio lugar a un incidente de nulidad que forma parte de una pieza separada en el que los abogados vienen reclamando la nulidad parcial o total de la causa al estar muchas partes contaminadas por las escuchas anuladas.
Otra de las piezas separadas se refiere a la que investiga la supuesta financiación irregular del PP a través de la fundación Fundescam en los años 2003 y 2004. En aquellos años, Pío García Escudero estaba al frente de la formación, siendo sustituido el 30 de noviembre de 2004 por la actual presidenta, Esperanza Aguirre. Fuentes jurídicas indicaron que esta pieza se desgajó a raíz de tres denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado del PSM y la defensa de una diputada de IU.
Otra de las piezas abiertas trata lo relativo a los contratos de la Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con la red Gürtel, así como la facturación del Gobierno regional y otras administraciones municipales gobernadas por el PP con las empresas del Grupo Rafael.
Sin llibertad para Correa
Además, el juez que investiga la rama madrileña del 'caso Gürtel', ha denegado este jueves la puesta en libertad del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que fue solicitada tras conocerse el auto de imputación del magistrado Baltasar Garzón por prevaricación y vulneración de las garantías constitucionales del cerebro de la red dentro de la cárcel.
En un auto Pedreira recuerda que tanto el juez instructor de la causa como la Fiscalía "han descrito numerosos motivos para denegar la libertad provisional" de Correa y ha subrayado que a ello se une que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "ha ratificado en varias ocasiones la prisión provisional" del imputado.
Además, hace hincapié que el magistrado instructor de la causa, "no se ha convertido en enemigo del reo, ni ha generalizado el modelo del derecho penal del enemigo ni se deja llevar por eventuales prejuicios o apariencias".
* Madridiario - 25.11.10
Foto: Caso Gürtel, interrogatorio TSJ Madrid 2009 - laverdad.es
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DIARIODECÁDIZ* : En el marco del VII Encuentro de Ciudades y Entidades de la Ilustración que se está celebrando estos días en la localidad, la Universidad de Cádiz (UCA) junto con el Consistorio isleño están llevando a cabo unas jornadas sobre Ilustración y parlamentarismo moderno que profundizan sobre aspectos de gran relevancia en la etapa de mayor esplendor de San Fernando, de la que se conmemora el Bicentenario de Las Cortes de 1810. Entre esos aspectos, las jornadas se caracterizan por ahondar en las ponencias de ayer y hoy en el legado patrimonial de la ciudad. En concreto, Juan Torrejón y José Ramón Barros, de la UCA, rescataron la trascendencia que tuvieron la construcción y consolidación de dos áreas clave en el desarrollo urbanístico del entorno de San Fernando tanto civil como militar: la Población de San Carlos y el Arsenal de La Carraca.
En su intervención, Torrejón, en un tono casi de denuncia, abogó por compatibilizar el urbanismo con el respeto al entorno, "todo es posible cuando se hace con racionalidad". Una racionalidad heredada e inspiradora de las construcciones propias del Siglo de Las Luces, alejada de las "desafortunadas intervenciones que se hacen en las ciudades", de una sociedad contemporánea "que debe aprender de estos modelos" racionales, ortogonales: "Hay que respetar el pasado como un valor en sí mismo y como enlace con la historia. En Cádiz, por ejemplo, no se conserva ningún buque histórico del siglo XVIII".
El ponente destacó, también, la necesidad de "evitar un desarrollo urbano alocado y que fomente la aparición de zonas suburbiales". En este sentido, considera primordial "el cuidado exquisito del patrimonio", como lo han venido haciendo hasta ahora "los militares" porque "preguntan a quien sabe". Así, el turismo del futuro pasa, según Torrejón, por "la conservación y restauración bien hechas, por su puesta en valor" y demandó un compromiso para "dar figuras de preservación a nuestro patrimonio. Lo más revolucionario hoy en día es la conservación", adujo.
En su intervención titulada La Población de San Carlos planeó sobre el siglo XVIII y un urbanismo que "tuvo más de proyectos que de realizaciones concretas porque se quería transformar España sin tocar las estructuras". Cádiz fue en aquella época la principal población naval y militar de España y tras el traslado del arsenal a La Isla, la Población de San Carlos fue buscando su expansión como proyecto poblacional "complejo y bien articulado".
Por su parte, el historiador José Ramón Barros trató sobre Arquitectura y urbanismo en el Arsenal de La Carraca, una muestra de "construcción funcional, limpieza ornamental y desarrollo de formas clásicas".
Con la mostración de una serie de planos datados a mediados del siglo XVIII, el conferenciante explicó la evolución de los trabajos en el emplazamiento castrense desde la elaboración de un plano general en torno a 1720 -el primer plano de intervención se fecha en 1718- donde se empieza a proyectar una ejecución "sectorizada en la que cada parte tiene una funcionalidad específica en el carácter industrial y militar". En este proceso se mezclan elementos barrocos y clasicistas y se ubican dependencias hospitalarias, carcelarias, de avituallamiento y protección, naves de arboladura y gradas y diques de cadena. De ellos, los diques de San Antonio, San Luis y San Carlos, sitos en la zona actual de Navantia.
Hoy y el viernes está previsto que continúen las jornadas que se alternarán con visitas a los edificios constitucionales isleños o al Centro de Interpretación del Parlamentarismo, entre otras.
* Diario de Cádiz - 25.11.10
Foto: Reunión de trabajo de la Asociación de Ciudades de la Ilustración, ayer en el Observatorio de Marina.- diariodecadiz
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LAVOZDEGALICIA* : El concejal de Urbanismo, José Manuel Mariño, dejó ayer la puerta abierta a la legalización del apartotel de Samil con orden de desalojo, que que no de derribo, por cambiar el uso a vivienda colectiva. Eso sí, advirtió que el nuevo Plan de Urbanismo deja claro que en esa zona solo se permiten apartoteles y que, por tanto, los únicos que existirán son los legalizables o los que se construyan. Sobre las actuaciones efectuadas por los propietarios del inmueble para su transformación, Mariño comentó: «hasta donde yo tengo conocimiento, no han hecho nada más desde la notificación del juzgado que lo que ya habían hecho». Dejó claro que no le corresponde al Concello hacer trabajos para legalizar la obra, al tratarse de una propiedad privada.
Para el responsable municipal de Urbanismo, el problema de estos casos concretos nunca está en el proyecto técnico: «cualquier construcción se puede transformar en lo que se quiera, aunque solo quede una zapata del edificio original; otra cosa es el uso que se le dé y el informe jurídico, que dirá lo que tenga que decir cuando esté redactado». Insistió en que el problema está en el uso y no en instalar una recepción más o menos. Como ejemplo, citó el caso de numerosos edificios de viviendas del centro de las ciudades que se transforman en apartoteles.
Mariño justificó el hecho de que el Concello aún no haya concedido la licencia de obra solicitada por los propietarios en marzo del 2009 «porque lo importante no es cuándo se solicita, sino cuándo se cumplimentan todos los datos; a partir de ahí ya se pueden contar los tres meses que estipula la ley». Recordó que hasta agosto del 2008, fecha en la que entró en vigor el Plan Xeral, los propietarios de inmuebles ilegales siempre alegaban lo mismo, que la situación cambiaría con el nuevo plan. Ahora, una vez aprobado, solo cabe decidir cuales son legalizables y cuales no. «Aquellos que cumplimenten la normativa y tengan solución legal, se podrán hacer, y los que no, se cumplirá la sentencia.
El caso de este apartotel de Samil nada tiene que ver con los otros cinco sobre los que pesa una orden de derribo, para la que ya se elabora el proyecto. Sobre este otro edificio existe una orden de desalojo y de supresión de servicios, tales como electricidad, agua y saneamiento, que el Concello transmitió a los propietarios en el 2005.
Los 48 afectados presentaron un recurso para ganar tiempo y emprendieron el camino en pro de la legalización para lo que constituyeron una sociedad.
A día de hoy permanecen a la espera de obtener licencia municipal para acometer una serie de reformas.
* La Voz de Galicia - 24.11.10
Foto: Edificio con orden de desalojo -lavozdegalicia
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LAPROVINCIA* : Con la detención de Francisco José Martínez, ya son cinco los directivos de la empresa Urbaser detenidos dentro de la conocida como 'Operación Jable' que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, e instruye el Juzgado número cinco de Arrecife, en Lanzarote, a través del juez César Romero Pamparacuatro, en comisión de servicios. Esta empresa de servicios, que pertenece al Grupo ACS, liderado por Florentino Pérez, tiene la concesión en Arrecife desde hace más de dos décadas de la limpieza de jardines, calles y la recogida de basura. Martínez es en la actualidad director de Explotación y Obras. En abril pasado fueron detenidos el gerente de la empresa en Lanzarote, Jacinto Álvarez, y Stephan Jean Valverde, en Madrid. Meses después, tras la declaración de Álvarez ante el juez, se detuvo a Manuel Andres Martínez, que fue director general del área de servicios Urbanos y número dos de la compañía en el año 2002 (cuando se producen los presuntos hechos delictivos), y al actual director de Servicios Internacionales, Santiago Alonso.
Álvarez pasó un mes en prisión y fue puesto en libertad por el juez, acusado de cohecho. Valverde, Martínez y Álvarez no llegaron a entrar en prisión y están imputados por cohecho y alteración de concurso público. La investigación se centra en la renovación de la adjudicación a Urbaser del servicio de recogida de basura y limpieza de calles en Arrecife en la época de María Isabel Déniz, cuando Felipe Fernández Camero era secretario del Ayuntamiento de Arrecife.
Por este caso también está imputado por cohecho Miguel Ángel Leal, ex secretario del PSOE de Arrecife y Rafael Arrocha, ex jefe de la oficina técnica municipal y que ha permanecido en prisión durante seis meses y fue puesto en libertad el pasado 29 de octubre. Arrocha, que ya ha sido detenido dos veces en esta operación, está acusado de cohecho, alteración de concurso público, tráfico de influencias y malversación de caudales, entre otros delitos.
Se investigan distintos pagos que podía haber hecho la empresa tanto a Déniz como a otras personas, entre ellos una comisión ilegal de 300.000 euros para la renovación del contrato y múltiples regalos y viajes por medio del gerente Jacinto Álvarez, que anotaba en una libreta que encontró la Guardia Civil.
La detención de Celso Betancort y Felipe Fernández Camero estaría relacionada con este caso ya que ambos aparecían nombrados en los apuntes de Álvarez como posibles beneficiarios o intermediarios de esos pagos. Fernández Camero, además, entabló gran amistad con Déniz en su etapa de alcaldesa.
Urbaser factura anualmente al Ayuntamiento de Arrecife unos seis millones de euros y cada año la factura aumentaba en unos 300.000 euros gracias a una cláusula ideada por Arrocha. La empresa está presente en una veintena de países, tiene cerca de 32.000 empleados y gestiona la limpieza de doscientos municipios. Genera al año un volumen de cerca de 1.500 millones de euros.
* La Provincia - 24.11.10
Foto: Detención de Marco Aurelio Hernández por el caso Unión - Acfi Press
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PÚBLICO/Mallorca* : La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la condena a seis años de prisión al ex concejal de Agrupación Social Independiente (ASI) en Llucmajor, Joaquín Rabasco; a tres años al ex alcalde del municipio, Lluc Tomàs (PP), y a otros tres años de cárcel a la ex secretaria de Rabasco en la formación, María del Amor Aldao, en el marco del caso Llucmajor que fue juzgado en 2008 tras siete años en instrucción. El tribunal ya había fallado sobre este asunto en septiembre de 2008 pero el Tribunal Supremo decretó el pasado marzo la nulidad de la resolución judicial y devolvió la causa a la Audiencia para que subsanase los defectos detectados. Contra esta nueva sentencia cabe otra vez recurso de casación.
La Audiencia impone a Rabasco cuatro años de privación de libertad por un delito de malversación de caudales públicos y dos años por otro de alzamiento de bienes, mientras que sobre Tomàs recaen tres años por malversación y sobre Aldao, dos años por este mismo delito y otro por alzamiento. Además, obliga a los tres acusados a indemnizar al Ayuntamiento de Llucmajor con 681.450 euros.
La trama por la que han sido condenados Rabasco, Tomàs y Aldao, denunciada en 2001 por el entonces regidor del PSOE en Llucmajor, Juan José Maestre, operó entre 1999 y 2002. Durante ese periodo, el entonces alcalde permitió y auspició el desvío de más de un millón de euros de las arcas municipales a cuatro empresas ligadas a Rabasco, que ocupaba el cargo de concejal de Deportes y Fiestas. Las empresas habían sido constituidas por la ex secretaria de ASI y amiga personal de Rabasco.
En los fundamentos de derecho de su nueva sentencia, el tribunal mantiene que los acusados, aprovechándose de sus respectivos cargos, idearon una trama dirigida a trasvasar de forma "torticera" fondos municipales a las arcas de ASI para que llegase a poder de Rabasco "a cambio de sus votos, que garantizaban una cómoda gobernabilidad de Tomàs, quien, sabiéndolo, lo consentía aunque no se lucraba directamente con las operaciones".
Lo que no se ha destapado
Es más, la resolución, que recuerda que ASI y PP ya habían sido socios incluso antes del mandato de Tomàs, deja entrever que "posiblemente han existido otras conductas igualmente reprobables que no han sido enjuiciadas y ni siquiera investigadas". Y mantiene que tanto la formación como el propio Rabasco "estarían ávidos de fondos", mientras que el entonces alcalde, que "posiblemente no colaboró en la trama societaria urdida, se vio forzado a darles su apoyo metálico a cambio de sus votos".
Según el tribunal, el ex alcalde Tomàs sabía que Rabasco se lucraba con eventos municipales e inflaba las facturas giradas al ayuntamiento.
* Público - 26.11.10
Foto: LLucmajor (Mallorca), obras paralizadas - M.Cañellas, diariodemallorca.es
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MADRIDIARIO* : El Ayuntamiento de Madrid pretende que el Canal de Isabel II le compense en su proceso de privatización con más de 300 millones de euros en concepto de la distribución del agua a partir de 2011. Parte de la cantidad que presupuestó para 2010, 225 millones, se redigirá en 2011 para cubrir el pago a proveedores. El delegado de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, explicó en la comisión ordinaria del ramo que Ayuntamiento y Canal tienen dos convenios suscritos. El primero, a largo plazo y suscrito en 2006, cedió los servicios de saneamiento por más de 700 millones de euros. El segundo es de corto plazo y se refiere a la distribución de aguas en la ciudad. Este último acuerdo finaliza el 31 de diciembre de este año.
El edil continuó afirmando que el acuerdo entre ambas entidades se extiende a que los beneficios que obtiene el Gobierno municipal por el ciclo del agua se reinvierten sin contraprestación en la mejora de las infraestructuras de aguas de las que se ocupa el Canal en la ciudad.
Al privatizarse la empresa, el Ayuntamiento considera que requiere una contraprestación por el lucro que va a tener un tercero privado usando las infraestructuras madrileñas. Esta compensación, a la que el edil estima que la ciudad tiene "todo el derecho", podría darse a través de un pago único de más de 300 millones, gracias a un concurso público para la gestión de estas infraestructuras madrileñas, o incluso mediante una 'municipalización' de este patrimonio. O sea, que Madrid crease una empresa pública que gestionara la distribución del agua. El Consistorio se encuentra a la espera de las decisiones que tome el Canal para exigir esta restitución.
En 2010, los beneficios que calculó el Ayuntamiento por la privatización del Canal ascendían a 225 millones. Por desgracia para las arcas municipales, la operación va más lenta de lo que previeron. Después de que el Gobierno no permitiese al Consistorio refinanciar sus vencimientos de deuda, éste ha decidido presupuestar para 2011 parte de esta cantidad para cubrir el pago a proveedores a la espera de que la empresa de aguas formalice su capitalización parcial. El resto del ingreso pasaría a la tesorería municipal.
* Madridiario - 24.11.10
Foto: Madrid, privatización Canal - madridiario
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ZH2NO* : No es que sorprenda a nadie a estas alturas, pero parece ser que definitivamente el las Vegas monegrino, el que iba a ser el más grande proyecto de Aragón desde los Reyes Católicos, según el vicepresidente Biel, se ha desinflado como la burbuja especulativa sobre la que cabalgó durante años la economía del Estado Español. Tres años después de su presentación a bombo y platillo en el salón de la Corona de la Diputación General de Aragón los promotores de Gran Scala admiten que no tienen los 500 millones para iniciar el proyecto, cosa que no necesitaban anunciar, habida cuenta que en estos tres años todo lo que han hecho ha sido comprar unas cuantas hectáreas de secano en la localidad de Ontiñena con un desembolso mínimo.
Eso sí, aseguran que en febrero comprarán los terrenos de los Monegros por los que ya han entregado un millón de euros a 70 propietarios en concepto de opción de compra porque siguen “trabajando en el proyecto”. Pero no parece ser muy creíble un proyecto que ni tan siquiera ha conseguido avalar el 10% necesario para comenzar la obra y sobre la cual no existen ni tan siquiera planos, sino sólo unas cuantas bonitas infografías como la que ilustra este texto.
Hubo quien desde el momento cero anunció que este proyecto no era viable, ni siquiera deseable, habida cuenta que sus promotores son una colección de personajes oscuros, con unas relaciones y negocios más oscuros todavía. Aún así el Gobierno de Aragón no dudó un segundo en promover legislación ad hoc para el insensato proyecto, así como montar un sarao con dinero público para su presentación.
Ahora llega el tiempo de mirar hacia otro lado y de desmentir lo evidente, como fue que durante un tiempo las instituciones echaron el resto por un proyecto absolutamente irracional. Como de costumbre nadie tiene la culpa, nadie tiene responsabilidad alguna, nadie sabe nada…
* ZH2NO - Nov 2010
Foto: Gran Scala, proyecto - granscala
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LAVOZ/Pontevedra* : En una de las últimas de las numerosas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia llegadas al Concello de Cangas en relación con infracciones urbanísticas en suelo rústico, cuya competencia es de la Xunta, el juez ironiza sobre la lentitud de la Administración autonómica en la tramitación de los expedientes. En distintos párrafos califica de llamativa, sorprendente e insólita su pasividad. El Concello cangués envía a la Xunta las actas de infracción para que la Axencia da Legalidade Urbanística inicie el correspondiente expediente de restauración de la legalidad y tramite la oportuna sanción. Cangas ha remitido a la Xunta 405 actas en los últimos 15 años. De ellos, poco más de la mitad están incoados y solo 13 resueltos. Hay actas de hace siete años que todavía no dieron pie al correspondiente expediente.
Al mismo tiempo, el Concello ordena a Fenosa cortarle el suministro eléctrico a la obra ilegal. La mayoría de los infractores presentaron demanda contra esta resolución tras pasar varios años sin que se le notificase la apertura del expediente en cuestión.
En algunos casos, el juez de Pontevedra dio la razón al denunciante y el Concello se vio obligado a permitir que se conectase de nuevo el suministro. Desde hace un año, sin embargo, está recurriendo todas las sentencias ante el Tribunal Superior y, en todos los casos hasta ahora, con fallos favorables al interés municipal.
En uno de los últimos, referido a una caravana y una casa prefabricada en Areabrava, el magistrado resume así el asunto: «Se plantea la cuestión de si sigue o no vigente aquella orden de corte de suministro a aquel inmueble de autos por parte de aquella autoridad municipal una vez que, insólitamente, aquella otra autoridad autonómica significó no haber abierto otrora siquiera expediente alguno al respecto pese a haber recibido previa, oportuna y obligada comunicación» del Concello.
Concluye de que «a pesar» de que la Xunta «incurra en una sorprendente pasividad en inobservancia de sus obligaciones», sería «inaceptable que por el Ayuntamiento se tolerara la construcción de una actividad ilegal sobre suelo rústico».
Afirma que no existe prescripción para restaurar la legalidad urbanística vulnerada y añade que «la llamativa situación creada por la pasividad» de la Administración autonómica no justifica que el Concello también incumpla sus obligaciones.
El infractor argumentaba que había prescrito la ilegalidad, que la alcaldía no era competente para dictar el corte del suministro y que no era acorde a derecho mantener las medidas cautelares cuando la propia Xunta no había abierto aún el expediente de infracción.
El magistrado no admite ninguno de estos argumentos. «Llevaría al absurdo de permitir el uso de una instalación, caravana, que no tiene el amparo de la preceptiva licencia, de tal forma que el ilícito urbanístico se perpetuaría», dice. Impuso, además, el pago de las costas procesales al infractor.
* La Voz de Galicia - 25.11.10
Foto: DEMOLICIÓN FRUSTRADA EN PINTÉNS. El Concello pretendía derribar ayer un cierre en Pinténs. El propietario, en la foto, reclamó la orden judicial y el derribo fue aplazado - lavozdegalicia
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ELPAÍS* : El juicio contra el vicepresidente de la Diputación de Castellón Vicent Aparici, por autorizar vertidos tóxicos en un vertedero ilegal en su etapa como alcalde de La Vall d'Uixó, entre 1995 y 2002, quedó ayer visto para sentencia. La fiscalía, en su informe de conclusiones, mantuvo, tras las dos sesiones del juicio, que el vertedero del Garrut no tenía ningún tipo de control, ni vallado, ni control de accesos y que no contaba con ninguna autorización administrativa. Además, insistió en que en el vertedero se depositaban, aparte de las basuras domésticas, vertidos tóxicos, como demostraron las analíticas en las que se hallaron altos niveles de cromo y boro. Así, situó la responsabilidad del entonces alcalde en que este "no trató de legalizar" el vertedero, que presentaba una "situación de riesgo contra la que no adoptó ninguna medida".
Pese a mantener las acusaciones de prevaricación medioambiental y contra los recursos naturales rebajó la solicitud de pena de siete hasta un máximo de cuatro años y seis meses de prisión y una inhabilitación de hasta 11 años.
Por su parte, la defensa de Aparici reclamó la absolución al negar la existencia de vertidos, ya que, apuntó, estos solo pueden considerarse como tales cuando se trata de líquidos. Aseguró que el actual responsable de Medio Ambiente no contravino ninguna ley y que en ningún momento existió peligro. Además, reprodujo la declaración del ex alcalde respecto a su intención política de clausurar el vertedero, aunque este hecho no se produjo hasta 2004, cuando Aparici ya no era alcalde.
La principal base de la defensa fue un análisis de los lixiviados (restos líquidos que emanan de la propia basura) que señalaron unos niveles de toxicidad que no rebasan los límites establecidos. Sin embargo, el perito explicó que estos límites solo se establecen para determinar el tipo de tratamiento que han de seguir los vertidos e insistió en que el análisis de las muestras de los vertidos constató la presencia de metales pesados que "suponen un grave riesgo para el sistema natural" e incluso para la salud de las personas. Entre las sustancias tóxicas que se encontraron destacan los niveles de boro y cromo, un elemento que "afecta a las personas y puede generar cánceres", tal como dijo el perito.
En su declaración, el perito judicial, el ecotoxicólogo Luis Burillo, relató cómo en la inspección realizada al vertedero en 1999, este carecía de las "mínimas medidas de control" y que entre los vertidos se encontraban tanto lodos de depuradora como virutas de piel, procedentes de empresas de calzado. Asimismo, explicó que los vertidos incluso cubrían parte del cauce del Garrut (afluente del río Belcaire) por el que los lixiviados podían ser arrastrados tanto en superficie, en épocas de lluvias, como de forma subterránea, a través de los acuíferos.
La defensa descartó los argumentos del perito judicial y se acogió a los de un ingeniero de caminos contratado por el propio Aparici que visitó el vertedero el año pasado y que ha realizado un informe partiendo de los realizados en su día por distintas empresas y entidades. Este rebatió las conclusiones de Burillo, dijo que no existe ningún mecanismo de transporte de lixiviados, apuntó que no considera que se trate de vertidos al cauce porque "el cauce no lleva caudal" y afirmó que, en cualquier caso, no suponía un "desequilibrio del sistema natural".
Poco antes había declarado el ingeniero municipal, quien aseguró que cuando "observaba algo anormal" informaba al ayuntamiento. Según admitió, el vertedero "estaba sin legalizar" y aseguró que el equipo de gobierno asumió que allí se depositaran los lodos de la depuradora municipal y "de forma implícita" albergara también virutas de pieles. También reconoció que "no tenía todos los requisitos que se exigen en un vertedero controlado".
El juicio por los vertidos en el Garrut ha sentado también en el banquillo al gestor de la recogida de basuras de La Vall d'Uixó durante 1998 y 1999, para quien la fiscal pide las mismas penas de cárcel que para Aparici. Además, la fiscalía considera también responsables a los concejales responsables de Urbanismo de aquellos años, para quienes solicita seis meses de prisión por prevaricación medioambiental.
* 25.11.10
Foto: La Vall d'Uixó (Castellón) - uv.es
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EUROPAPRESS/Sevilla* : El director del Departamento de Obras e Infraestructuras de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Luis G.M., ha asegurado este miércoles que "le encuentra muchos errores" a la concesión a 'Sanma Desarrollos Urbanísticos' tanto de la licencia de obras como de la licencia de primera ocupación de una parcela ubicada en los terrenos de Mercasevilla, otorgadas a pesar de que las obras de urbanización y de infraestructura eléctrica no habían concluido. Gómez Martínez, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ha comparecido este miércoles como testigo ante el Juzgado de Instrucción nº6 de la capital hispalense, que investiga la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga.
Después de que la juez Mercedes Alaya le preguntara si "puede explicar por qué, subsistiendo las mismas deficiencias y ausencia de obras de infraestructura eléctrica que cuando Larena 98 solicitó su licencia de obras, que finalmente no le fue concedida, a Sanma sí se le concede dicha licencia el 25 de julio de 2007 y, además, en las mismas circunstancias se le concedió licencia de primera ocupación el 30 de enero de 2009", el alto cargo de Urbanismo ha respondido que "le encuentra a ello muchos errores, pues si hubiera conocido este problema de suministro eléctrico hubiera intervenido comunicándose con Endesa y con todas las empresas de servicios que hubiera sido necesario".
En su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha aseverado que, en caso de haber conocido que la situación de falta de suministro eléctrico persistía, hubiera realizado un informe "desfavorable" a la concesión de la licencia de edificación, y ha subrayado que "habitualmente hay problemas con Endesa, pero no con esta magnitud", ya que "no se trata de una incidencia habitual, sino que es bastante peor de lo normal". Ha recordado además que, en un informe que emitió el 12 de abril de 2004 en relación al expediente de licencia de obras de Larena, señaló que "el otorgamiento de la licencia de obras y la licencia de primera ocupación debían condicionarse a que las obras de urbanización estuviesen concluidas".
Al hilo de ello, y tras asegurar que "la posición del Ayuntamiento durante los últimos 20 años ha sido siempre favorable a la simultaneidad" en la ejecución de las obras de urbanización y edificación, ha señalado que "la mayor garantía para la simultaneidad es que las obras de urbanización y las de edificación las realice el mismo promotor", aunque, "cuando no coinciden, también se puede conceder esa simultaneidad mediante avales", un aval que "normalmente lo presta el dueño del terreno".
DENIEGA LA DEVOLUCIÓN DEL AVAL A MERCASEVILLA
El alto cargo de Urbanismo ha dicho además que es "cierto" que su departamento negó al entonces director de Mercasevilla, Fernando Mellet, la devolución del aval entregado, ya que comprobó a través de un informe de Endesa de fecha 18 de agosto de 2005 que las obras de infraestructuras eléctricas no se encontraban ejecutadas en su totalidad, todo ello a pesar de que el propio Mellet consideraba que la ejecución de las obras de urbanización habían finalizado satisfactoriamente.
Asimismo, el testigo, que ha negado a preguntas de la juez haber recibido instrucciones concretas de alguna persona antes de prestar declaración, ha afirmado que el gerente de Urbanismo "desempeña la función de la dirección ejecutiva de la Gerencia y, en definitiva, el control superior de los distintos departamentos", y ha concluido diciendo que el servicio de licencias dependía del Departamento de Control de la Edificación.
Precisamente, el próximo día 22 de diciembre está citada a declarar como imputada la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo, mientras que la declaración del ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, Manuel Marchena, prevista en un principio para ese mismo día, ha sido suspendida 'sine die'.
* Europa Press - 24.11.10
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es
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ALTOARAGÓN/Huesca* : La participación ciudadana en los procesos urbanísticos es un derecho y, "además, tenemos la obligación de ejercerlo", afirmó Miguel Ángel Campo, de Osca XXI, durante la segunda jornada de la Escuela Vecinal, celebrada el pasado viernes en la sede de la Asociación de Vecinos del Casco Viejo. Hizo énfasis en el concepto de participación en el urbanismo, recogido en el Estatuto de Ciudadanía de la Ley de Suelo (2007) y en la Ley Urbanística de Aragón (2009). Explicó los puntos más importantes de leyes urbanísticas como las citadas, así como lo más destacado de un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) después de repasar su evolución histórica. Hoy, la normativa urbanística tiene tres niveles: estatal, autonómico y municipal, que clasifican los suelos atendiendo a criterios distintos.
En el local, y a través del PGOU, los terrenos se dividen en urbanos ("la ciudad consolidada"), urbanizables ("la previsión de los suelos que se urbanizarán") y los no urbanizables ("el resto", que suponen todo el término municipal).
A su vez, los PGOU engloban diferentes planes. En el nivel más alto se encuentra el propio Plan General, que "ordena el término municipal". Un nivel más abajo están los Planes Parciales, que "desarrollan una parte del Plan General" y "ordenan los sectores de suelo urbanizable". Por poner un ejemplo en Huesca, Campo citó el Sector 3 o Área 3. Estos Planes Parciales, añadió, también "indican cómo van los edificios".
Otra parte son los Planes Especiales, como el caso de las Harineras, que "ordenan el suelo urbano" de una zona.
Planteamiento sostenible
Las leyes actuales recogen "una preocupación de la sociedad", afirmó Campo. Esa inquietud es la del desarrollo sostenible del urbanismo. "La actividad urbanística tiene una gran importancia social, económica y ambiental. Y su impacto es negativo, por lo que hay que ponerle freno a un uso excesivo de los recursos del suelo, a una generación de viviendas imposibles, a las urbanizaciones aisladas que causan segregación social"; en definitiva, "lo que ha pasado en los últimos años".
Para paliar estos excesos, leyes como la estatal o la autonómica "intentan corregir" estos abusos con determinadas formas de actuación que "a grandes rasgos" tratan de lograr "una ciudad compacta, que optimice los recursos naturales, que proteja los suelos naturales, no consuman más suelo, apuesten por una gestión eficiente de la energía y los residuos, un transporte más sostenible y eficiente", y subrayando la importancia de la participación ciudadana.
* Diario Alto Aragón - 24.11.10
Foto: Miguel Ángel Campo profundizó en las leyes urbanísticas - altoaragon
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MÁLAGAHOY* : El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero investiga desde hace seis años la criminalidad organizada y la corrupción en la Costa del Sol. Y desde esa experiencia confesó ayer en el juicio por el caso Ballena Blanca contra el lavado de capitales de origen delictivo que tiene la "sensación" de que en los delitos económicos se aplica "el Derecho Penal del amigo". López Caballero arrancó el informe final, en el que relata los hechos e indicios contra los 19 imputados por blanqueo, reivindicando la creación de órganos judiciales y de investigación especializados en delincuencia económica, tal y como "insisten" los "convenios internacionales". Desde su punto de vista, la existencia de jueces y equipos policiales expertos en estos campos "racionalizan los fines de la investigación".
En este punto fue cuando precisó su impresión de que en la delincuencia económica no opera, como han mantenido algunas defensas, la perspectiva del Derecho Penal del enemigo, que define aquellas normas que castigan hechos futuros flexibilizando las garantías procesales e imponiendo penas desproporcionadas, sino "el Derecho Penal del amigo". En definitiva, aludió a la benevolencia de las normas que sancionan el blanqueo de capitales y los fraudes fiscales.
También arremetió contra las críticas que ha recibido la instrucción de este procedimiento por criminalizar la abogacía al indicar que se ha pretendido tratar esta profesión como si fuese "de riesgo" u "objeto de inquina personal".
Para la Fiscalía Anticorrupción hay tres elementos básicos que sostienen la acusación contra el letrado Fernando del Valle: la existencia de sociedades en su bufete ya creadas y listas para utilizar constituidas por entidades extranjeras de aparente buena reputación que gestionan capitales cuyo auténtico titular sólo aparece en documentos privados.
La teoría de Anticorrupción es que en DVA, el bufete de Marbella dirigido por Fernando del Valle, "se proporcionaban estructuras" para ocultar los capitales y que esta era una fórmula apropiada tanto para evadir impuestos como para dar refugio a los beneficios obtenidos en actividades delictivas. La operativa arranca con la constitución de una sociedad en Delaware (Estados Unidos), que desde su punto de vista actúa como un paraíso fiscal, aunque formalmente no lo sea. Esa corporación, a su vez, constituía una sociedad española, con una participación mínima de una persona del despacho de abogados, para realizar inversiones en la Costa. El dueño de los fondos, generalmente aportaciones desde el exterior o ingresos en metálico, nunca salía a la luz. Sólo firmaba un documento privado, que quedaba en poder del bufete, acreditativo de esa titularidad.
Este era, según el fiscal, el "producto estrella" de DVA que, en su opinión, se ofrecía a los clientes y no, como han expresado la defensas de los imputados, se creaban a instancia de los particulares que acudían al despacho.
El fiscal, que subrayó la complejidad del delito de blanqueo para recordar que la doctrina no exige ya que exista una condena para establecer que son fondos ilícitos, sino que basta una "cierta vinculación", establece una docena de conexiones entre DVA con grupos sospechosos de actividades criminales en terceros países. Anticorrupción previsiblemente concluye hoy su informe.
* Málaga Hoy - 24.11.10
Foto: Málaga, ciudad justicia, caso Ballena Blanca - granadaenlared
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LAVERDAD/Murcia : Los fondos de la empresa pública de limpieza (Limusa) de Lorca fueron utilizados durante largo tiempo para propiciar, supuestamente, el «ilícito enriquecimiento» de su director, Francisco Gil Eguino, y de cargos públicos como el durante trece años alcalde de la ciudad, el socialista Miguel Navarro Molina, y del ex concejal del PSOE y actual diputado regional Bartolomé Soler. Tal es la conclusión a la que el magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Quiñonero, instructor del presunto caso de corrupción, ha llegado después de casi 16 meses de investigaciones. Un auto dictado este martes determina el número de imputados (ocho) que parecen irremediablemente abocados a sentarse en el banquillo de los acusados, y realiza un resumen de los hechos presuntamente ilícitos en los que incurrieron y una relación de los delitos que se les atribuyen.
El principal encausado, no tanto por su relevancia pública como por el número de imputaciones que acumula, es Francisco Gil Eguino, quien dirigió Limusa entre 1998 hasta el momento, en marzo del 2009, en que fue detenido por agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. El magistrado considera que Gil Eguino propició «un auténtico desajuste en el control de cuentas» de Limusa, a las que eran cargadas de forma irregular gastos personales como comidas familiares (con copas, tabaco y propinas incluidas), viajes a Madrid y a Barcelona para ver el fútbol, e incluso una noche de juerga en el conocido club de alterne sevillano de La Casita, al que habría acudido acompañado de varios concejales lorquinos.
Además le imputa haber conseguido la obtención de dinero mediante la presentación de facturas falsas; haber utilizado la estructura y el personal de Limusa en su propio beneficio, incluso empleado a los trabajadores para llevar el control de sus empresas particulares; haber utilizado su influencia para meter a trabajar a conocidos; tener amedrentados a los empleados, e incluso haber obtenido «cantidades desproporcionadas» de dinero para los estudios de sus hijos con cargo a la empresa pública...
Respecto del ex alcalde Miguel Navarro, del diputado Bartolomé Soler y del ex concejal Jesús Molina, el juez les imputa haberse beneficiado personalmente del descontrol en las cuentas de Limusa, a la que habrían cargados gastos particulares y, en el segundo y tercer caso, haber participado en las fiestas, viajes y comidas que se abonaban con dinero público. El resto de los imputados son el ex interventor municipal, Francisco Javier Poyato; la mujer de Gil Eguino, Ofelia González, y los empresarios Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Córcoles.
En la práctica, el auto del magistrado condena a los ocho imputados a sentarse en el banquillo, pues insta al fiscal y a las acusaciones particulares a que pidan el archivo de la causa o, al contrario, a que formulen su escrito de acusación. Un hecho, este último, que se da por supuesto que se producirá.
El auto exculpa al resto de quienes fueron citados como imputados.
LOS PRINCIPALES IMPUTADOS Y LOS CARGOS QUE SE LES ATRIBUYEN
FRANCISCO GIL EGUINO EX DIRECTOR DE LIMUSA
Hechos atribuidos. El juez le imputa haber utilizado los recursos económicos, materiales y personales de Limusa en provecho propio, para enriquecerse.
Delitos. Se le atribuye un delito contra la integridad moral, malversación, falsedad y prevaricación.
MIGUEL NAVARRO MOLINA EX ALCALDE DE LORCA (PSOE)
Hechos atribuidos. Quien fue alcalde entre 1993 y 2006 «conocía el funcionamiento del sistema de caja de Limusa, absolutamente ilícito, y se benefició y lucró personalmente del mismo».
Delitos. Malversación de caudales públicos.
BARTOLOMÉ SOLER SÁNCHEZ DIPUTADO REGIONAL (PSOE)
Hechos atribuidos. Fue concejal y consejero delegado de Limusa entre 2003 y 2007. Actual diputado regional. Se le imputa haber disfrutado de comidas, viajes, fútbol y fiestas pagadas con el dinero de la firma pública.
Delitos. Malversación, prevaricación y falsedad.
JESÚS MOLINA MARTÍNEZ EX CONCEJAL (PSOE)
Hechos atribuidos. Fue consejero de Limusa entre 1999 y 2003 y está acusado de participar en comidas, viajes y gastos impropios a cargo de la empresa pública. «Partícipe del abuso que del dinero público se hacía».
Delitos. Malversación y falsedad documental.
FRANCISCO JAVIER POYATO EX INTERVENTOR
Hechos atribuidos. «Participó en viajes, desplazamientos y comidas no justificados y no ejerció el control económico debido sobre las cuentas de Limusa. Participaba directamente en el funcionamiento ilícito».
Delitos. Malversación de caudales y prevaricación.
OFELIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ MUJER DE GIL EGUINO
Hechos atribuidos. «Perceptora de importantes sumas de dinero (de Limusa) en concepto de gastos por estudios de sus hijos». Además conocía «las actividades irregulares de su marido y se lucró de ellas».
Delitos. Cooperadora en malversación y prevaricación.
* La Verdad - 25.11.10
Foto: Lorca (Murcia), vista término - laverdad.es
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LEVANTE* : Carlos Fabra dispone de 5 días para justificar, entre otras cosas, el origen de los fondos millonarios con los que adquirió cuatro propiedades inmobiliarias, entre ellas tres parcelas en Castelló y un piso en Madrid. Ése es el plazo que le ha dado el juez de Nules, Jacobo Pin, tras la declaración de los inspectores de Hacienda del pasado lunes. Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, adquirieron en el periodo investigado (1999-2004) una serie de inmuebles cuya compra no ha podido ser aclarada hasta el momento, según hacen constar los peritos en su informe patrimonial. Entre estas parcelas figura una que el matrimonio adquirió en la urbanización La Coma, otra en Torre Bellver y una tercera en la urbanización Les Platgetes, donde la pareja construyó el actual chalé familiar.
En cuanto a la parcela de la urbanización La Coma, la pareja compró estos terrenos, según escritura pública de 10 de febrero de 1999, a la empresa Planning y Promociones SL. Se trata de la finca número 44 de la fase 1B del proyecto urbanístico, según consta en el informe que la Unidad Regional de Inspección de Valencia realizó en 2005. El precio de la compraventa ascendió a 9.616 euros, que "la parte vendedora declara haber recibido con anterioridad al acto" notarial. Según los peritos de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Fabra no ha podido justificar "el origen de los fondos con los que satisface el citado precio, no constando en las cuentas bancarias, transferencias o disposiciones de fondos (reintegros o cheques) que pudieran corresponder a dicho pago".
Tampoco ha podido el presidente de la Diputación acreditar de dónde le llegó el dinero con el que adquirió una parcela en la urbanización Torre Bellver. Se trata de la finca registral número 15.975, que en el año 1998 María Amparo Fernández y sus cuatro hijos ?-entre ellos la diputada Andrea Fabra- adquirieron "al 100% de la nuda propiedad y una quinta parte indivisa por un precio de 115.394 euros". Según los inspectores de Hacienda, una parte del precio de este terreno se declara "recibida", quedando aplazado el pago de 107.085 euros. Sin embargo, los peritos han detectado que "comprobadas las cuentas bancarias, no consta en ellas disposiciones de fondos que puedan considerarse aplicables al pago de dichos plazos, sin que tampoco conste justificación del origen de los fondos con los que se realizaron los pagos de esta parcela".
Los inspectores de la Agencia Tributaria han detectado la misma falta de transparencia en la compra que la familia Fabra hizo de una parcela en la urbanización Les Platgetes en el año 1998 y que costó 60 millones de las antiguas pesetas (360.607 euros).
Por último, los Fabra adquirieron, según escritura pública, un piso en la plaza de Las Salesas de Madrid en diciembre de 2002. Los inspectores especifican que el precio declarado de esta vivienda fue de 901.518 euros, "importe que la parte vendedora declara haber recibido con anterioridad". En relación con el pago de esta casa, los peritos aseguran que el mismo día de la compraventa María Amparo Fernández emitió un cheque bancario por importe de 841.518 euros. Otro cheque de Caja Madrid fue emitido a favor de la vendedora del piso por el precio restante (60.000 euros), pero una vez más "no consta el origen de los fondos con que fue emitido este cheque bancario, ya que en esa fecha no existen adeudos en cuentas bancarias" de la familia Fabra por dicho importe.
* levante - 24.11.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com
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HUELVAINFORMACIÓN* : El ex alcalde de Bollullos, Carlos Sánchez, ha prestado declaración en calidad de imputado a raíz de las diligencias previas abiertas por su actuación en la urbanización de los terrenos que hoy ocupan el Recinto Ferial. El edil socialista compareció durante más de tres horas en el Juzgado de Instrucción nº2 de La Palma del Condado en las que descartó los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y desobediencia a los que se enfrenta por la urbanización. La génesis de estos hechos se remontan al año 2006, cuando el Ayuntamiento comienza las labores de urbanización y los trámites para hacerse con la titularidad de unos terrenos rústicos de 60.000 metros cuadrados de superficie que hoy conforman el recinto ferial y que continúan teniendo titularidad privada.
Bajo estos elementos de partida, las discrepancias surgieron a raíz del vehículo jurídico para materializar esta infraestructura. Sánchez sostuvo en su defensa que la actuación se circunscribió a un proyecto que tenía por fin el interés general, aunque reconoce que las obras de urbanización se desarrollaron sin que mediase concurso público.
José Carlos Hernández Casino, que ejerce como letrado del Ayuntamiento, personado como acusación particular, asegura que las declaraciones de Sánchez y la entonces primera teniente de alcalde, Chari Rosado, son enormemente clarificadoras y desmontan de facto cualquier intento por sortear el delito de prevaricación, al reconocer la titular de Urbanismo que "conocía los informes emitidos por la Secretaría General del Ayuntamiento y la Intervención en los que se dice que las permutas (acuerdo mediante el cual se trato de lograr la titularidad de los terrenos privados) no son acordes a la ley".
Las contradicciones, según la acusación, se hacen extensibles al hecho de que Rosado afirmase tener conocimiento de los compromisos de permuta de las fincas 446, 447, 449, 450, 451, 452 del polígono 19 y 323 del polígono 33 en los que se asentaría dicho espacio público y que "tiene conocimiento de que el Ayuntamiento entrega a cambio el 16% de la superficie aportada en parcelas edificables una vez aprobado el PGOU".
Sánchez trató de corregir las afirmaciones de su compañera y afirmó a este periódico que el acuerdo con los propietarios de los terrenos hablaba meramente de "autorizaciones para el uso del suelo". Más novedades arrojaron su declaración. El edil mantuvo que cumplió la paralización de obras que en junio de 2006 le reclamaba la delegada provincial de Obras Pública, Rocío Allepuz. En concreto, la institución andaluza le instaba a paralizar las obras por ejecutarse sin proyecto y sobre suelo "no urbanizable y especialmente protegido" por el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana, lo que le llevaba a exigir la restauración del suelo en las mismas condiciones anteriores a la actuación.
Petición que finalmente no se produjo. Sánchez se aferró a este punto para mantener que los fastos de septiembre han continuado celebrándose en el mismo emplazamiento y cuestiona el por qué si la infraestructura es ilegal ha seguido siendo utilizada por populares y no adscritos.
Una vez fuera de las dependencias judiciales, el alcaldable socialista insistió en que las conclusiones de las comisiones informativas, que dieron cuerpo y sentido a la denuncia, fueron "redactadas por el propio Hernández Cansino", quien a la postre se convertiría en el letrado de la acusación particular.
Independiente de ello, para Sánchez todo el proceso nace viciado desde el mismo instante en que las subrayadas comisiones son "presididas por un edil tránsfuga, que no pueden ejercer estas atribuciones, por lo que sus conclusiones no tienen validez alguna".
El edil aseguró que mantiene la conciencia tranquila y confía en el archivo de las diligencias previas. "Sería el primer alcalde que sin llevarme un duro a casa es condenado por un delito penal", afirmó, a la par que sostuvo que se trata de un problema de índole administrativo pues recuerda que el Pleno pudo darle curso legal a la actuación mediante la aprobación de la figura del Interés Público, si bien adolecía de mayoría plenaria para ello.
Las diligencias continuarán con las comparecencias en calidad de testigos de los técnicos y propietarios.
* Huelva Información - 24.11.10
Foto: El recinto ferial de Bollullos del Condado, objeto de la denuncia.- HuelvaInformación
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ELPERIÓDICO* : Las viviendas construidas en suelo no urbanizable, es decir, las casas de campo ilegales que no puedan regularizar su situación serán derribadas. La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida, Estrella Gordillo, advirtió ayer que cuando finalice el proceso de legalización que acaba de iniciarse en el término municipal emeritense tras la reciente aprobación de la nueva Ley del Suelo de Extremadura, y de que se identifiquen las que estén en zonas que no puedan ser reguladas, "habrá que plantearse la forma de proceder. Lo normal es que esas viviendas desaparezcan".
La portavoz municipal compareció ayer ante los medios de comunicación para detallar los pasos que deben seguir los propietarios de viviendas en suelo rústico, y para aclarar algunos aspectos de su complicada tramitación. Como ya adelantó EL PERIODICO el pasado lunes, los vecinos afectados deben constituirse en una Agrupación de Interés Urbanístico para desarrollar la tramitación y superar varios informes para conocer si el suelo que ocupa la vivienda en cuestión está afectada por alguna figura de protección que impida su legalización. De esta forma, las viviendas en zonas protegidas por las leyes medioambientales, o las afectadas por vías pecuarias o cañadas reales, no podrán obtener la licencia municipal "bajo ningún concepto" y, por tanto, podrían tener los días contados.
No obstante, Gordillo no avanzó fechas para que esto ocurra, ya que ni siquiera se tiene constancia de cuantas viviendas se encuentran en esta situación, aunque si se tienen localizadas algunas algunas de ellas, como por ejemplo en la Sierra de Calamonte, que cuenta con protección medioambiental.
Otros núcleos, que aún debe estudiarse la situación en la que se encuentra el suelo, se encuentran localizados en la Sierra de Arroyo, Las Calabrias y La Ronquilla, cerca de San Andrés, algunas de ellas con más de medio centenar de asociados, o la Barriada Carrión.
Gordillo reconoce que el procedimiento (ver la edición del 22 de noviembre) es complicado, pero también que estas exigencias establecen las "garantías" para evitar que quien tenga una de estas viviendas en suelo rústico "se convierta de la noche a la mañana en urbanizable". "La gente entendía que una vez que se aprobaba la ley del suelo, aquello iba a ser un camino de rosas, y no es tan sencillo. El urbanismo es un asunto complicado, que tiene una serie de trámites y plazos", añade Gordillo.
Para facilitar todos los trámites y resolver las posibles dudas, la Delegación de Urbanismo pone sus técnicos a disposición de todos los afectados para resolverlo.
* El Periódico - 24.11.10
Foto: Viviendas en suelo rústico cerca de la carretera de Don Alvaro.- ElPeriódico
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LAVOZ/Vigo* : Diez días después de que el Concello diera vía al derribo de los cinco apartoteles construidos por Casal Carreiro en la avenida de Samil se mantiene la situación inicial: Urbanismo sigue adelante con la redacción del proyecto de demolición y los abogados de los afectados (compradores y promotor) insisten en su estrategia para evitar que entre la piqueta sin que ello implique el desalojo de las familias que allí residen. El concejal José Mariño ha vuelto a repetir que cumplirán los plazos para concluir el proyecto, que había comprometido para finales de mes. Por su parte, los letrados intentarán en los próximos días hacer confluir los intereses del centenar largo de familias que compró allí un piso con el promotor, que sigue siendo titular de otros setenta.
Por el momento las diferencias entre los responsables municipales de urbanismo y los afectados son importantes. El Concello insiste en que la demolición, que el Tribunal Superior ordenó a primeros de mes en un plazo de diez días, solo pueden pararla los jueces. A juicio de Mariño para ello será necesario demostrar que los inmuebles van a convertirse en apartoteles, único uso autorizado por el Plan Xeral, tanto el actual como el vigente en 1994 cuando se concedió la licencia de obras.
Sin embargo, la realidad es que los inmuebles fueron vendidos como pisos y que alrededor de setenta familias ocupan varios de los inmuebles como residencia habitual. Estas personas aducen que compraron de buena fe y que pensaron que no había problemas legales para hacerlo. Por su parte, el Concello mantiene que muchos de los afectados sabían que lo que adquirían.
La fecha tope que Urbanismo ha puesto para ejecutar el derribo es el mes de febrero, aunque en Vigo nunca se ha tirado un edificio colectivo de viviendas en toda su historia.
* La Voz de Galicia - 24.11.10
Foto: Vigo, apartoteles a derribar en Samil - farodevigo
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