Costa del Sol.- El fiscal de Ballena Blanca critica la mano blanda con el blanqueo

MÁLAGAHOY* : El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero investiga desde hace seis años la criminalidad organizada y la corrupción en la Costa del Sol. Y desde esa experiencia confesó ayer en el juicio por el caso Ballena Blanca contra el lavado de capitales de origen delictivo que tiene la "sensación" de que en los delitos económicos se aplica "el Derecho Penal del amigo". López Caballero arrancó el informe final, en el que relata los hechos e indicios contra los 19 imputados por blanqueo, reivindicando la creación de órganos judiciales y de investigación especializados en delincuencia económica, tal y como "insisten" los "convenios internacionales". Desde su punto de vista, la existencia de jueces y equipos policiales expertos en estos campos "racionalizan los fines de la investigación".

En este punto fue cuando precisó su impresión de que en la delincuencia económica no opera, como han mantenido algunas defensas, la perspectiva del Derecho Penal del enemigo, que define aquellas normas que castigan hechos futuros flexibilizando las garantías procesales e imponiendo penas desproporcionadas, sino "el Derecho Penal del amigo". En definitiva, aludió a la benevolencia de las normas que sancionan el blanqueo de capitales y los fraudes fiscales.

También arremetió contra las críticas que ha recibido la instrucción de este procedimiento por criminalizar la abogacía al indicar que se ha pretendido tratar esta profesión como si fuese "de riesgo" u "objeto de inquina personal".

Para la Fiscalía Anticorrupción hay tres elementos básicos que sostienen la acusación contra el letrado Fernando del Valle: la existencia de sociedades en su bufete ya creadas y listas para utilizar constituidas por entidades extranjeras de aparente buena reputación que gestionan capitales cuyo auténtico titular sólo aparece en documentos privados.

La teoría de Anticorrupción es que en DVA, el bufete de Marbella dirigido por Fernando del Valle, "se proporcionaban estructuras" para ocultar los capitales y que esta era una fórmula apropiada tanto para evadir impuestos como para dar refugio a los beneficios obtenidos en actividades delictivas. La operativa arranca con la constitución de una sociedad en Delaware (Estados Unidos), que desde su punto de vista actúa como un paraíso fiscal, aunque formalmente no lo sea. Esa corporación, a su vez, constituía una sociedad española, con una participación mínima de una persona del despacho de abogados, para realizar inversiones en la Costa. El dueño de los fondos, generalmente aportaciones desde el exterior o ingresos en metálico, nunca salía a la luz. Sólo firmaba un documento privado, que quedaba en poder del bufete, acreditativo de esa titularidad.

Este era, según el fiscal, el "producto estrella" de DVA que, en su opinión, se ofrecía a los clientes y no, como han expresado la defensas de los imputados, se creaban a instancia de los particulares que acudían al despacho.

El fiscal, que subrayó la complejidad del delito de blanqueo para recordar que la doctrina no exige ya que exista una condena para establecer que son fondos ilícitos, sino que basta una "cierta vinculación", establece una docena de conexiones entre DVA con grupos sospechosos de actividades criminales en terceros países. Anticorrupción previsiblemente concluye hoy su informe.




* Málaga Hoy - 24.11.10
Foto: Málaga, ciudad justicia, caso Ballena Blanca - granadaenlared