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DIARIODENAVARRA/Zaragoza* : Aranade, la promotora que ha gestionado el urbanismo de Orkoien pagó 3.771.845 euros en comisiones a la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), Mª Victoria Pinilla, entre 1998 y 2007, "en contraprestación y como agradecimiento a los contratos suscritos" por la Sociedad Urbanística de La Muela, cuya presidenta es la alcaldesa, y por los que Aranade se embolsó más de 15 millones. Así lo concluye el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón en el último informe enviado al juez que instruye el caso de corrupción urbanística ("Operación Molinos") destapado en la localidad aragonesa.
Se da la circunstancia de que Aranade se resiste a cumplir la orden judicial de pagar al Ayuntamiento de Orkoien 6,7 millones por los contratos que recibió ilegalmente mientras se hizo cargo de la sociedad urbanística de la localidad, también entre 1998 y 2007. El equipo de gobierno presidido por Casimiro Larrea, entonces en IU y ahora en una agrupación de izquierdas, adjudicó la gestión del urbanismo a esta promotora sin concurso público, por lo que los jueces han declarado nulos todos los contratos.
Para gastos ordinarios
El periódico Heraldo de Aragón informaba en su edición del domingo que los agentes deducen que "muchos de esos pagos en "B" fueron destinados a sufragar diversos gastos de la familia Pinilla", como la "celebración de contratos públicos de compraventa de inmuebles, la adquisición de vehículos, el pago de impuestos y de los seguros de los coches, gastos de fiestas, de hospital...". El rotativo señalaba que otro de los destinos dado al dinero "negro" que la familia de la alcaldesa tenía presuntamente que blanquear (5 millones entre 2002 y 2009) era las obras para reformar sus viviendas.
Los investigadores llegaron a estos pagos tras encontrar dos papeles contables en el domicilio de la alcaldesa de La Muela y en el despacho de Julián de Miguel, dueño de Aranade.
El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón también acusa a la alcaldesa de adjudicar presuntamente 40 viviendas de la sociedad urbanística municipal a familiares y amigos. Según los investigadores, estas viviendas se concedieron supuestamente "sin seguir los procedimientos que garantizan los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad".
* Diario de Navarra - 23.05.10 y Diario de Navarra (rectificación) - 25.09.10
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
La promotora de Orkoien pagó comisiones a la alcaldesa de La Muela, según la Policía
Cuando Gil era como Jesucristo
PÚBLICO/Marbella* : La primera gran decisión de Jesús Gil como alcalde de Marbella traza una valiosa metáfora sobre su paso por el poder: en la madrugada del 26 de junio de 1991, las excavadoras municipales derribaron la casa de su antecesor, el socialista Francisco Parra, porque le estorbaba para una reordenación vial. Un testigo recuerda cómo la esposa de Parra, literalmente en la calle con lo puesto, preguntó: "¿Y ahora qué hacemos?". Ante el gentío que se arremolinaba atraído por el jaleo, Gil tuvo uno de sus arranques de populismo exacerbado: "¡Que lleven a esta mujer al mejor hotel de Marbella!". La ovación fue cerrada.
Parra llevó a Gil a los tribunales, recuerdan fuentes de la fiscalía. Pero se libró de todo pactando un precio de expropiación con el ex alcalde. "Lo teníamos. Hubiera supuesto una condena de inhabilitación clarísima por prevaricación y derribo ilegal. Y no hubiera existido el Gil alcalde", señalan fuentes del caso. La historia habría sido otra, seguramente. Pero fue la que fue. Gil recibió una lección: el pueblo aplaudía sus arbitrariedades histriónicas; la Justicia no alcanzaba a echarle el guante.
Esa historia vive a partir del lunes el que podría ser su capítulo final: 95 imputados -entre ellos el núcleo de la política local de la época y numerosos empresarios- se sientan en el banquillo por la mayor trama de corrupción llevada nunca a juicio en España. Un saqueo de bienes públicos gestado bajo el gilismo y encabezado por su asesor urbanístico, Juan Antonio Roca. El caso Malaya. El juicio será también un juicio al gilismo.
Gil arrasó en 1995 en Marbella. Su hijo Jesús Gil Marín, en Estepona. En 1999 su partido, el GIL, ganó las elecciones en Marbella, Estepona, Ronda, Manilva, Casares, La Línea de la Concepción, Ceuta, Melilla... José Cosín ha descrito cuál era su modelo político en su libro Mafia y corrupción: la toma democrática de las instituciones para el posterior expolio de los recursos públicos. Solía presumir de que cuando él llegó a Marbella sólo había "prostitutas, mendigos y drogadictos". Su oferta electoral era sencilla. "Me presento para vender más pisos", decía Gil en la campaña de 1991. Cumplir su programa, lo cumplió.
Gil fue inhabilitado por prevaricación en 2002. En 2003, su sucesor, Julián Muñoz, volvió a arrasar. Al GIL no lo echaron los votos, ni siquiera tras la voz de alarma del Tribunal de Cuentas o las primeras impugnaciones de licencias por parte de la Junta en 1995. Tampoco los partidos tradicionales articularon un bloque contra el gilismo. Sólo el cisma que provocó la moción de censura que desalojó a Muñoz y llevó al poder a Marisol Yagüe en 2003 consiguió acabar con el GIL.
Fue su propia voracidad, y no el Estado, lo que terminó con el gilismo, borrándolo del mapa en Marbella y desencadenando en el resto de municipios una fuga de ediles de la que se benefició sobre todo el PP. El GIL cayó cuando la Justicia apenas acababa de empezar a actuar, dos años antes de que al fin un juez, Miguel Ángel Torres, decidiera abrir por fin una investigación.
Así que en 2006, dos años después de la muerte de Gil, se desencadenó la operación Malaya. Pero, ¿cómo pudo ocurrir todo lo anterior con el silencio cómplice del empresariado y el aval de los votos? "En Marbella no se sabía la dimensión, pero sí que había corrupción. La gente decía: ‘Roba, pero hace. Por lo menos hace'. Ahora nadie confiesa que lo votaba", cuenta el ecologista Javier de Luis, uno de los primeros en denunciar sus desmanes.
El escaso arraigo de buena parte de la población marbellí ofrecía una ventaja demográfica para instaurar el modelo de Gil, que además compró miles de voluntades convirtiendo el ayuntamiento en una agencia de colocación. Y hay otra clave sociológica, que De Luis expresa con crudeza: "El espejo moral de muchos en Marbella es esa jet set que la televisión enseña a todas horas".
Delincuencia rosa
Gil dominaba la televisión. ¿Quién no recuerda Las noches de tal y tal, en el verano del 91, con Gil fanfarroneando en una bañera rodeado de bellezones? En la tele municipal, que lo glorificaba, sus astracanadas pasaban por heroicidades quijotescas. Era un ídolo. "Estando él en prisión, unas señoras llegaron a mi casa para que firmara por su liberación. Hablaban de él como de Cristo", cuenta De Luis. Una vez caído el gilismo en desgracia judicial, la mezcla de aristócratas venidos a menos, folclóricos, chulos de piscina y (presuntos) chorizos dispuestos a sacar tajada del morbo empujaron a la televisión a crear un nuevo género de crónica de corrupción rosa para no dejar de martillear ni día ni noche con el caso.
"Todo este espectáculo ha sido un golpe para la credibilidad de la democracia y para nuestra imagen en el exterior", resume Jesús Sánchez Lambás, de Transparencia Internacional. A su juicio, el modelo gilista fue una sublimación, no una excepción. "En España es norma: el corrupto gana y es adorado".
La deuda asfixia Marbella
La llegada al poder en 2007 de Ángeles Muñoz (PP) supuso el fin del ejercicio del poder como rama de la actividad delictiva, pero no la vuelta a la normalidad. El ayuntamiento arrastra una deuda de unos 500 millones y carga con los más de 3.000 funcionarios que dejó el GIL, que se encontró menos de un millar cuando llegó al poder, en una ciudad de 125.000 habitantes.
Consultados por Público, portavoces de PSOE e IU en Marbella denuncian que la alcaldesa mantiene además un estilo personalista y que da poco espacio a la oposición. "Lo único que queda del gilismo son las deudas", ha afirmado Muñoz. En la clasificación de Transparencia Internacional, Marbella aparece en el puesto 82 de los 110 ayuntamientos estudiados. Es decir, entre los municipios menos transparentes de España.
El expolio de suelo público resultante de la voracidad del modelo gilista provoca todavía situaciones grotescas: mientras que Marbella suma siete de los mejores centros privados de España, según la Guía Dices 2010-2011, la imagen de los alumnos en aulas prefabricadas en la escuela pública -donde Marbella supera la ratio andaluza de alumnos por docente- es frecuente en los medios cada inicio de curso.
Ante su delicada situación económica, el Gobierno local ha solicitado que parte de los 4.000 millones en multas solicitados por el fiscal reviertan en la ciudad. Pero será complicado. "El blanqueo es un delito que no genera resarcimiento", explican fuentes del caso. "Lo que prevé la ley es el decomiso y entrega al Estado. El resarcimiento dependerá del Gobierno", añaden las fuentes.
* Público - 27.09.10
Foto: Fotografía de 1994 de Jesús Gil. - EFE
El Consell está a la cola en gasto por habitante en educación, sanidad y protección social
LEVANTE/Valencia* : El Gobierno de Camps se encuentra en el furgón de cola en España en el gasto por habitante destinado a los servicios públicos esenciales, educación, sanidad y protección social, según revela el alarmante informe de la Comisión de Expertos independientes nombrados por todos los grupos de las Corts que hoy el conseller de Economía, Gerardo Camps, entregará a la Cámara. El documento, avanzado ayer por Levante-EMV, desvela que la Comunitat Valenciana ocupa el penúltimo puesto en inversión per cápita en políticas de protección social (sólo está peor Baleares) y el antepenúltimo en educación y en sanidad. Los datos se refieren a 2007 -último año del que se disponía de liquidaciones- pero la situación se arrastra, alerta, desde hace años.
El dinero dedicado a educación está por debajo de la media desde 2004; desde 2003 en sanidad; y en políticas sociales desde antes de 2002. La Generalitat, con datos de 2008, es la última en gasto total por habitante, a 26,33 puntos de la media.
Los expertos achacan los escalofriantes datos a la insuficiente financiación, muy por debajo de la media estatal por habitante, una situación que sufre la Comunitat Valenciana desde hace tres décadas, asegura el documento. Esto es, desde el inicio del autogobierno y los sucesivos sistemas de financiación avalados por el PSPV y el PPCV por mor de los acuerdos políticos firmados sin basarse -censura- en un análisis de las necesidades de gasto. En el anterior modelo Zaplana, la Comunitat pasó de unos fondos per cápita del 92,1% en 1999 al 85,1% de haberse mantenido en 2009, cuando entró en vigor el nuevo sistema. El Consell, justifica, ya dedica el 82,2% de sus fondos a este gasto social, lo que le deja un estrecho margen.
Salva los grandes proyectos
El permanente menor nivel de recursos -más de diez puntos por debajo de las comunidades de similares competencias a lo largo de 25 años- es la causa fundamental, recalca el informe, del elevado endeudamiento de la Generalitat, el argumento esgrimido por el Consell, ya que, para afrontar el resto de políticas ha tenido que acudir a la deuda. Es más, llega a afirmar que la inversión en grandes proyectos y ocio no explica la deuda, ya que no llegaría ni a suponer el 10% del endeudamiento. No obstante, introduce una puya a las políticas del PP al indicar que otra cuestión sería analizar el impacto sobre la deuda de la "explosión" del sector público valenciano, como es el caso de RTVV, si bien apunta que en eso la Comunitat no ha sido una excepción.
Tal como informó ayer este periódico, el informe denuncia que el nuevo modelo no resuelve el problema, ya que, aunque la Comunitat avanza en financiación por habitante, seguirá muy lejos (con el 92%) de la media estatal. Tan es así que en 2011, cuando el sistema complete su aplicación, el Consell dejará de ingresar 732 millones al no tener los mismos fondos per cápita que la media. Entre 2001 y 2008, la Comunitat perdió 3.400 millones por la no actualización de la población, que habrían reducido la deuda. Todo ello, unido a la crisis, hace peligrar el sostenimiento de los servicios públicos, llega a advertir, por lo que insta a impulsar un consenso social y político para lograr una solución.
Criterios "ad hoc" que priman a Cataluña y dañan a Valencia
El informe de los expertos designados por todos los grupos de las Corts, incluida la oposición (PSPV y Compromís), hace un durísimo análisis al analizar el actual modelo del Gobierno, para llegar a la conclusión de que en algunos fondos se aplican criterios "ad hoc" para beneficiar a determinadas comunidades, como Cataluña. En otros, en cambio, la vara usada es diferente, de forma que la Comunitat sale muy perjudicada en los recursos per cápita.
Así, el incremento de la población registrado por las comunidades en los último años, que justificó el cambio de modelo, sólo se aplica a una parte de los recursos adicionales aportados por el Gobierno: en 2009 a 3.675 de los 10.253 millones. Además, el concepto "población ajustada" incluye ponderaciones que penalizan a la Comunitat, como la de repartir los fondos en función del porcentaje de personas reconocidas como dependientes, sin tener en cuenta que en el futuro la valenciana pueda ponerse al día.
Otro ejemplo es el Fondo de Competitividad, que se reparte por población y no por la situación respecto a la media de cada uno. Asimismo, se permite que entren al reparto comunidades que están por encima de la media pero que caen por debajo como consecuencia de su capacidad fiscal. Es el caso de Cataluña.
* Levante - 23.09.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Una oportunidad para las ciudades
JOSÉ ÁNGEL BUENO RODRÍGUEZ* : Desde hace unos años, muchas ciudades están viviendo una situación de crisis de actividad económica como consecuencia de deslocalizaciones de la industria manufacturera clásica; en el caso de la Castilla y León, la automoción, que ha buscado fundamentalmente otros territorios de costes de producción inferiores y más competitivos. Este proceso ha exigido la búsqueda de alternativas y oportunidades que han dado lugar a la reconversión urbanística, económica y cultural de numerosas ciudades del mundo desarrollado. Las soluciones que han buscando han requerido mucha imaginación y el compromiso de los ciudadanos y de sus dirigentes. Los viejos esquemas de clasificación de las actividades económicas enunciado en 1940 por Colin Clark, en primarias (agricultura y ganadería), secundarias (industria transformadora y construcción) y terciarias o de servicios ya no sirven. Hoy los expertos, en la sociedad postindustrial, cuando la actividad industrial y la agricultura pierden peso a favor del sector servicios, a propuesta de Daniel Bell, nos hablan de dos nuevos sectores, el cuaternario y el quinario.
Dejando fundamentalmente al sector terciario como representativo el transporte, comercio, restauración y otros ocios, aparece el cuaternario que recoge la actividad de seguros, banca y gestión del conocimiento y, por último, el quinario del cual considero que debemos hablar muy especialmente en las ciudades.
El sector quinario recoge todas aquellas actividades de alto valor conceptual basado en la innovación y la creatividad. Hablamos de la investigación, del diseño, arquitectura, de la moda, de la industria cultural (audiovisual, cine, arte, música…), de la industria creativa (publicidad, editoriales y publicaciones,..) e incluso algunos autores introducen otras actividades que mejoran la calidad de vida, como son la salud y conciliación de la vida familiar y laboral.
Según Peter Hall, geógrafo y catedrático de urbanismo en el University College de London, en su libro 'Ciudades del mañana', en el año 2025, las economías desarrolladas tendrán entre el 80 y 90 % de la mano de obra trabajando en el sector servicios y entre el 60 y 70% de este sector trabajará en lo que llamamos industrias innovadoras y creativas, es decir en el sector quinario.
Sabemos que en algunas ciudades con tradición industrial como es Barcelona, más del 20% del PIB procede de este sector, así como el 60% de los puestos nuevos de trabajo que se crean. Una revista española indicaba que en EE UU representa el segundo sector en importancia, detrás de la industria armamentística, y en España, la industria cultural aporta al PIB más que una industria emblemática como es la automoción.
Para José Ramón Lasuén, catedrático emérito de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, este sector puede compensar la desindustrialización que muchas ciudades sufren. La creatividad, la innovación, la inversión en tecnología son las palancas para superar el contexto antiguo. Para que desaparezcan los problemas heredados de la industria manufacturera, sobre todo el desempleo, debemos construir un tejido productivo nuevo, que se apoye en niveles máximos de conocimiento que deben ser transferidos en buena parte desde la Universidad, actuando en sectores con alto potencial de crecimiento y con estrategias internacionales.
Ante esta situación es urgente que los ciudadanos y sus instituciones aborden la elaboración de una estrategia para que las ciudades hagan el cambio necesario antes de ser desbordados y empobrecidos por la realidad del mundo desarrollado. Hoy no conozco el peso del sector quinario en Valladolid respecto al PIB total de la ciudad. Sabemos que el sector servicios en EE UU. representa el 76,9 % del total del PIB, Alemania el 72,3 %, España el 70% y nuestra comunidad el 66%. Es decir que en los próximos años, si seguimos la estela de los países desarrollados, deberemos ajustar nuestras actividades y crecer en este sector.
¿Qué hacer? Alguna pregunta deberemos responder. Una será para descubrir cuáles son las condiciones que se deben crear para cambiar nuestra ciudad desde una actividad industrial automovilística que languidece a una actividad innovadora y creativa. Algunas ciudades ya han iniciado los primeros pasos, Viena, Liverpool, Lyon e incluso Barcelona lleva más de cinco años avanzando.
Una condición es realizar una nueva forma de hacer política. No valen los dirigentes inhibidores de la participación y de la crítica; sí la apertura a nuevas corrientes culturales: la diversidad, la tolerancia, la cooperación son buenos ejemplos. Otra condición es contar con capital humano. El talento creativo y transformador es necesario. Debemos retener y atraer talento nuevo. Especialmente los jóvenes deben estar educados con espíritu emprendedor. Seguramente que existen más cosas que debemos cambiar y promocionar.
Una entidad pública-privada, pilotada y organizada por el Ayuntamiento a través del ente económico que está creando, participada por agentes financieros, empresarios y especialmente la Universidad, a la cual se la ve totalmente alejada de los estudios que inquietan a la sociedad, debería cuantificar y analizar las debilidades, fortalezas y oportunidades que el sector quinario tiene en la ciudad para impulsar un plan de acción que nos lleve más allá del 2020 a ser una ciudad referente en progreso y calidad de vida .
* El Norte de Castilla - Opinión - 23.09.10
Televisión Incómoda destrucción de la costa
ELPAÍS* : La 2 estrena mañana (15.20), después de meses en busca de un hueco en la parrilla, la serie documental Las riberas del mar océano. Se trata de una coproducción de Televisión Española y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En marzo pasado, el ministerio exigió la retirada de las alusiones a la corrupción urbanística como uno de los males del litoral español, aunque, tras publicar EL PAÍS el caso, aceptó emitir íntegramente el trabajo: 13 capítulos de 50 minutos cada uno. A lo largo de dos años, un equipo de la cadena pública viajó por todo el litoral español.
El documental fue dirigido por Julio de Benito y Fernando Blanco, ambos fallecidos después de terminar la serie. El guionista es el catedrático de Dinámica Litoral de la Universidad de Granada Miguel Ángel Losada.
El Ministerio de Medio Ambiente y TVE firmaron el convenio para elaborar la serie en 2006, con una financiación de 1.292.874 euros. Cuando hace un año la vio el actual secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, exigió retirar un fragmento del capítulo 12, el dedicado a la legislación, por aludir a la corrupción urbanística. "La costa concentra una parte sustancial de los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, de viviendas ilegales y de sentencias de demolición. Tras ella se esconde la complicidad social con la corrupción urbanística, que se manifiesta por la connivencia de algunos funcionarios, cargos públicos, profesionales y empresas de suministro. Todos ellos han consentido las actividades ilícitas y las prácticas corruptas. ¿Por qué hay tantos desmanes, abusos y corrupciones?", señala el documental. Losada se negó a retirar esta parte por respeto a Julio de Benito y, tras denunciar públicamente el caso, el ministerio aceptó la emisión íntegra. También se lamenta de que De Benito y Blanco no llegaran a ver la serie.
Los responsables de la serie ya pensaban que nunca vería la luz y se alegran de que se estrene, aunque sea en un horario, la sobremesa, y en una cadena con escasos índices de audiencia (3,5% de cuota de pantalla en agosto). Parte de la franja que ocupará a partir de este domingo La ribera del mar océano, estuvo hasta el domingo pasado en manos de Paraísos cercanos.
El documental defiende la polémica Ley de Costas, que expropia las viviendas construidas en dominio público, y que le ha costado al Ejecutivo grandes quebraderos de cabeza. "El litoral español es de todos los ciudadanos; pero deltas, playas, acantilados, lagunas, estuarios y rías del litoral español están sometidos a una gran presión urbanística y en gran medida han sido privatizados. En las últimas décadas, una parte importante del desarrollo socioeconómico español se ha construido sobre este espacio natural. El coste medioambiental ha sido altísimo y se ha ocupado, definitivamente, más del 70% del litoral", afirma el documental.
* El País - 25.09.10
Foto: La serie de TVE recorre en el primer capítulo la costa canaria.- elpais.com
Nace EQUO, una plataforma política contra la crisis social y ambiental
PÚBLICO* : EQUO, es una plataforma promovida, entre otros, por el ex director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde. Ha sido presentada con vocación de erigirse como "un espacio de acción política para las generaciones emergentes de jóvenes inquietos ante la crisis social y ambiental que azota la humanidad". EQUO es el embrión de un posible futuro partido 'verde' español. Entre los promotores del mismo, se encuentra el director de Seo/BirdLife, Alejandro Sánchez, el diputado de ICV Joan Herrera, o el líder de Los Verdes en Andalucía, Paco Garrido.
Según el manifiesto fundacional de la organización, el objetivo es "conectar también con los ciudadanos que aspiran a vivir de una manera distinta, que no sea tan dependiente del consumismo y la acumulación de propiedades y deudas, sino que repose en un consumo más responsable y en una mejor calidad de ocupación y de vida".
Por ello, el texto convoca a "cuantas personas, profesionales, expertos y activistas sociales tengan ilusión y voluntad de aportar propuestas para la reorganización política y económica de las relaciones humanas y de la sociedad con la naturaleza".
En opinión de la plataforma, son necesarias "reformas que implican profundos cambios en el sistema financiero europeo e internacional, proponen una amplia reforma fiscal y estimulan la investigación científica y la creatividad industrail de acuerdo con las necesidades reales de la sociedad y los límites de la biosfera", cambios que "sólo pueden ser concebidos en el contexto mundial" y desde Europa.
En este sentido, el manifiesto llama la atención sobre la necesidad de influir en la UE, "porque se encuentra en un dilema: o bien recupera su papel de defensora de derechos sociales y el medioambiente o bien se convierte en una herramienta al servicio de la supremacía de los mercados financieros", que, a juicio de EQUO, "es lo que está sucediendo".
En cuanto a España, la organización tiene la teoría de que las ayudas europeas "se han orientado en exceso a desarrollar infraestructuras ambientalmente insostenibles y económicamente ineficientes" con la ambición de crear empleo, y sin embargo ahora, "España es el país con más kilómetros de autovía y más aeropuertos y el que acumula mayor tasa de desempleo".
Por todo ello, en el capítulo de propuestas la plataforma recoge una apuesta por la economía sostenible que pasa por una reforma del sistema financiero, fiscalidad ambiental, consolidación de la protección social y recuperación de los derechos laborales, así como transporte y edificación sostenibles, fomento de los empleos verdes y de la I+D+i "para un cambio de modelo de desarrollo".
A nivel global, proponen el fin de la energía nuclear en favor de la implantación de un 100% de energías renovables, el cumplimiento de las normativas ambientales y de protección de la biodiversidad y el "fin del maltrato" a los animales, junto a una reforma de las instituciones financieras internacionales, la desaparición de los paraísos fiscales y la imposición de una tasa a las transacciones financieras.
* Público - 24.09.10
Foto: Juan Lopez de Uralde, ex presidente de Greenpeace, presenta su nuevo proyecto 'Equo'- PUBLICO
Valencia.- Un imputado niega la versión de Bellver en el 'caso Monforte'
ELPAÍS* : La protección especial de los Jardines de Monforte está en el temario de oposiciones de los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia. Un capítulo recoge el catálogo de bienes de especial protección. Y, entre ellos, están los Jardines de Monforte. Así lo dijo ante el juez el pasado lunes uno de los ingenieros que acudió a declarar en la causa abierta contra el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, por supuesta prevaricación y delito contra el patrimonio al autorizar las obras de un aparcamiento subterráneo que afecta al histórico jardín sin el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio, como exige la ley.
Bellver dijo el día que declaró que "desconocía" la protección de los Jardines de Monforte. Y descansó toda la responsabilidad de la tramitación del expediente que él aprobó en los técnicos, razón por la que el juez imputó a 26 de ellos. Cuatro declararon entre el lunes y el martes. Para tres de ellos, el fiscal solicitó que se levantara la imputación por su escasa relación con el caso. La próxima semana comparecerán ante el juez el grueso de los citados a declarar como imputados.
Bellver, en su comparecencia judicial, y las declaraciones a los medios posteriores, dejó ver que la protección especial de los Jardines de Monforte fue poco menos que una sorpresa porque data de la década de los años cuarenta. El ingeniero que declaró el lunes dejó claro que la información es de obligado dominio porque aparece en el temario de las oposiciones que tienen que superar.
Cuando declaró ante el juez, Bellver se limitó a afirmar que "la Dirección General de Patrimonio" no aparecía en el voluminoso expediente, de 1.400 folios. El edil admitió ante el juez que no sabía de la especial protección de los jardines y que él firmó lo que el secretario y los técnicos le pusieron delante. Dijo que para él era imposible saber del detalle de todas las materias.
* El País - 23.09.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte con la ampliación a la derecha - aytovalencia
Feijóo declara de interés general el plan para legalizar Barreiros
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ELPAÍS/Lugo* : La Xunta aprobó ayer la declaración de incidencia supramunicipal para el plan que dota de infraestructuras básicas al Ayuntamiento de Barreiros. El acuerdo,que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, evitó mencionar en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, es clave para legalizar las más de 3.000 viviendas paralizadas por el bipartito, cuya conformidad a Derecho estudian distintos juzgados y que motivó una denuncia del fiscal por prevaricación contra el alcalde del PP, Alfonso Fuente, que aprobó las licencias.
El interés supramunicipal es un instrumento al que las administraciones recurren habitualmente para impulsar dotaciones de interés general que superan las competencias municipales, como hospitales, parques empresariales o autovías.
En este caso, otorga cobertura legal a obras de alcantarillado y aceras de las que carecían las urbanizaciones levantadas a pie de costa y que fueron impugnadas por el bipartito. La declaración de interés supramunicipal figura en el convenio de colaboración entre la Consellería de Medio Ambiente y Territorio, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Barreiros para legalizar los proyectos. El convenio apela al "profundo impacto económico" que la suspensión de las licencias causó a los promotores "en toda la provincia de Lugo".
* El País - 24.09.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios 1º línea - lavozdegalicia.es
Roca se defiende con que la Junta bendice ahora el urbanismo gilista
DIARIODECÁDIZ/Marbella* : El supuesto urdidor de la trama de corrupción de Marbella, Juan Antonio Roca, no sólo rechaza punto por punto todos los cargos que formulan las acusaciones del caso Malaya, sino que va más allá y critica que no se dejara a los equipos de gobierno del GIL que dirigieron Marbella entre 1991 y 2006 abordar la modernización del municipio por intereses "puramente partidistas" y mero "enconamiento personal" de quien debía "velar por el buen fin de la economía" local, en alusión a la Junta de Andalucía que condujo al Ayuntamiento a una situación financiera "insostenible".
El escrito de defensa niega la mayor, o sea que Juan Antonio Roca fuera el titiritero que movía los hilos de lo que se ha denominado un "urbanismo a la carta". Esta afirmación, desde su punto de vista, sólo muestra "la falta de conocimiento sobre la realidad municipal y sobre el alcance y significación de los instrumentos de planeamiento".
La defensa de Roca puntualiza que la situación de Marbella era insostenible con un plan general de ordenación urbana (PGOU) inaplicable porque no había sido publicado y, en todo caso, desfasado porque se pensó para "un pueblecito pesquero" de los años 80 y no para la Marbella turística de los 90.
Afirma que el alumbramiento del nuevo de planeamiento fue abortado y ha sido ahora "quince años después" de que Gil iniciara su revisión en 1993 "cuando se ha convalidado casi al 100%", en referencia a la masiva legalización de viviendas fuera de ordenación.
El informe de la abogada defensora, la letrada Rocío Amigo recién incorporada al procedimiento, ataca también los hechos que se imputan a Roca sobre los que dice que "ni son delictivos ni mucho menos causaron perjuicio al ente municipal", máxime "cuando todos y cada uno de los hechos consignados contaron con la anuencia de quien hoy acusa que estaba (o debió estar) ejerciendo sus preceptivas labores de control y al tanto de todos y cada uno de los expedientes administrativos en los que hoy, más de una década después, basa su acusación". De nuevo la Junta de Andalucía ocupa el centro de la diana del supuesto cerebro de Malaya.
Además, arremete contra la capacidad de Roca que le atribuyen las acusaciones para hacer y deshacer a su antojo en Marbella. Indica que nunca ha sido funcionario, ha dictado resoluciones o tenido en sus manos dineros públicos, ya que únicamente era el gerente de urbanismo, puesto que no le daba competencia para otorgar licencias ni firmar convenios. También niega que haya "influido o tratado de influir" en los miembros del equipo de gobierno o en los funcionarios o que solicitara o recibiera dádivas para no ejercer labores de disciplina urbanística, entre otros motivos, porque "carecía de la cualidad y competencias necesarias".
Por su parte, el Ayuntamiento de Marbella ha solicitado que los 4.000 millones de euros en los que el Ministerio Fiscal cuantifica las multas aplicables a los imputados del caso Malaya "se devuelvan" a las arcas municipales para que la localidad "recupere los bienes que se le hurtaron", expuso ayer el portavoz del Gobierno local, Félix Romero (PP).
* Diario de Cádiz - 23.09.10
Foto: Marbella, Roca detenido - EFE
Fabra se declara inocente pero no acredita ante el juez el origen de casi un millón de euros
LEVANTE/Castelló* : Siete años después de que estallara el escándalo político, como si de un cuento kafkiano se tratara, el presidente de la diputación, Carlos Fabra, volvió a pisar los juzgados de Nules. Y una vez más lo hizo entre abucheos y aplausos, entre un ciclón de periodistas, fans incondicionales y detractores. A las once menos cuarto, Fabra salía del coche oficial con paso firme, sonriente, arrogante, como un púgil que ha superado el K.O. de la enfermedad y se revuelve en el gran asalto final. Antes de entrar a declarar ante el juez Jacobo Pin -ante quien no consiguió aclarar el origen de los 880.000 euros supuestamente evadidos al fisco- Fabra se detuvo unos minutos ante la prensa para leer un breve comunicado.
Pronto quedó claro que no estaba dispuesto a hacer comentario alguno sobre los cinco delitos fiscales que le imputa Hacienda. Lo que sí dijo es que es "inocente" y que ha sido víctima de un complot del ex ministro Jordi Sevilla.
El líder provincial del PP insistió en que acudía ante el juez a petición propia. "No tengo nada que ocultar. Vengo a demostrar las mentiras que sobre mí ha vertido una persona que hoy cumple 10 años de condena por diversos delitos", explicó.
La persona que cumple 10 años de cárcel no es otra que su ex socio, el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, hoy encarcelado por la violación de su ex mujer. Para Fabra, "la izquierda y sus terminales mediáticas" han dado "absoluta veracidad" al industrial que le acusó en los tribunales de cobrar comisiones millonarias a cambio de favores políticos.
Además, lamentó que no se le haya concedido el derecho a la presunción de inocencia "como a cualquier ciudadano".
El presidente del PP provincial lanzó un mensaje a todos aquellos que desde el año 2003 -cuando estalló el caso Fabra- han pedido su dimisión. "No he dimitido porque soy inocente", explicó con rotundidad.
Mensaje para Jordi Sevilla
Durante los escasos tres minutos que empleó en su discurso, lanzó un mensaje para el ex ministro socialista Jordi Sevilla: "Y por último quiero aprovechar estas palabras para señalar que el único compromiso que los socialistas han cumplido en esta provincia es el que en la campaña electoral de 2004 hizo el señor Sevilla, cuando anunció que si ganaban las elecciones mandaría a la Fiscalía Anticorrupción para investigarme, y vaya si la ha hecho".
Como si de un mitin político se tratara, Fabra arremetió contra la oposición, a la que acusó de no haber cumplido sus compromisos con la provincia, "con el agua, el AVE, la N-340, la A-68, la AP-7, el aeropuerto, la regeneración de la costa o los accesos al puerto por ferrocarril".
Fabra rubricó su intervención mostrando su agradecimiento al donante que le cedió el hígado y a su familia. "A ellos les debo estar hoy aquí", dijo. Luego se escabulló entre el gentío y entró a declarar ante el juez una vez más.
* Levante - 24.09.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com
Barberá para 30 licencias de rehabilitación en El Cabañal
ELPAÍS/Valencia* : El Ayuntamiento de Valencia ha paralizado, desde el pasado mes de abril, un total de 30 licencias para rehabilitar y construir en el barrio de El Cabanyal, mientras otorgaba 11 de derribo, según denunciaron ayer los ediles socialistas Vicente González Móstoles y Carmen Alborch. Las licencias de derribo fueron concedidas a la empresa pública Cabanyal 2010, encarga de llevar a cabo la ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar atravesando el barrio, precisó Móstoles.
Para Móstoles, el Ayuntamiento muestra su "sadismo", ya que mientras "los vecinos piden rehabilitar, hacer reformas menores o reparación de fachadas, Barberá quiere derribar".
Móstoles destacó que la orden de conceder licencias de derribo en El Cabanyal se dio en mayo, mediante una circular enviada a todos los servicios municipales integrados en el área de Urbanismo, "ordenando que siguieran tramitando los expedientes en curso, pero paralizasen las concesiones de licencia en el ámbito afectado por el PEPRI".
* El País - 24.09.10
Foto: Valencia, batalla campal en defensa del Cabanyal (archivo) - elpais.com
Ourense.- Una sentencia firme impone la cesión del 10% urbanístico a un promotor
LAREGIÓN* : Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia establece la obligatoriedad de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico a una promotora, Casas Orense y a tres particulares, al considerar, a instancias del Concello, que el suelo que se tramita, un área de planeamiento incorporado (API) en las inmediaciones del Campus (en la confluencia de las calles Otero Pedrayo y Castelao), debe ser considerado suelo urbano no consolidado y, por tanto, obligado a tal cesión.
El Concello considera esta sentencia, que es firme, ejemplarizante, teniendo en cuenta que echa por tierra una resolución judicial anterior, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense que, según precisa el gobierno local, había permitido a Casas Orense quedarse con el 100% del aprovechamiento urbanístico apoyándose en un acuerdo de un pleno municipal de 1994. La nueva sentencia indica, sin embargo, que la antigua zona 4 del suelo urbano 25 del viejo Plan de 1986 -que pasó a ser API en el de 2003- 'tenía que ser sometida a un proceso de ejecución integral pues lo existente antes nada tiene que ver con el planeamiento vigente, y por tanto, ha de ser considerado suelo urbano no consolidadado'; obligado, por tanto, a cesión.
Tampoco valió la argumentación de aquel pleno de 1994, que acordó que en tanto no se procediese a la determinación de aprovechamientos tipo, no se aplicarían, porque el PXOM de 2003 fija ya esa cuestión, advirtiendo de que 'cualquiera que fuese la calificación jurídica que ese acuerdo mereciese, su aplicación estaba limitada en el tiempo a un estado de cosas que desaparecieron al ser aprobado el Plan de 2003'.
Esta sentencia lo que estima es la única impugnación planteada por el Concello contra la resolución anterior, que también dictaminó contra la institución municipal que suspendió el proyecto de compensación presentado por Casas Orense para el desarrollo de este área. Sí le interesaba que el tribunal gallego se pronunciase sobre los aprovechamientos por su relevancia y para despejar cualquier duda que pudiese pensar en 'lexitimar unha irregularidade'.
Ahora, según precisa el abogado de la promotora, Antonio Feijóo Miranda, sigue adelante la parte correspondiente a la obligación de tramitar el proyecto de compensación suspendido en una junta de gobierno de 2007, ya con el gobierno bipartito, mediante una providencia de Aurea Soto, responsable de Urbanismo, emplenado como argumento la tramitación de una modificación del propio Plan en esta zona del Campus. La promotora presentó ya un segundo proyecto de compensación (en el año 2008), esta vez contemplando la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, plan todavía no resuelto.
El representante legal de la promotora ha comunicado, por cierto, que presentará un incidente de nulidad contra esta resolución (nunca recurso porque es firme) ya que utiliza, dice, argumentaciones del Concello que no fueron invocadas en primera instancia.
LAS CESIONES DE CABEZAS
En cualquier caso, la resolución también devuelve a la actualidad la controvertida gestión de Manuel Cabezas en lo que se refiere la condonación, durante años, de aprovechamientos urbanísticos a decenas de promotores.
Pese a que la Lei do Solo de 1997 ya era taxativa al respecto, optó por perdonarlos hasta que el escándalo fue mayúsculo e incorporó las cesiones en el Plan de Urbanismo de 2003. Sólo después de esa fecha comenzó a exigir ese 10%, pero para entonces las arcas públicas habían dejado de ingresar al menos 1,6 millones de euros desde 1997 por el desarrollo de 15 urbanizaciones, cifra aportada por la oposición municipal de entonces, y perdido 7.000 metros cuadrados, la estimación efectuada por el propio Consello de Contas sólo entre 1999 y 2002.
* La Región - 24.09.10
Foto: Imagen general del Campus.- laregion
Cerca de 1.400 millones de habitantes urbanos vivirán en la marginalidad en 2020
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20MINUTOS* : Unos 1.400 millones de habitantes de zonas urbanas vivirán en 2020 en situación de marginalidad, en asentamientos informales, sin la infraestructura y los servicios esenciales que tanto contribuyen a reducir el riesgo de desastres. Así se refleja en el Informe Mundial sobre Desastres 2010 de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, hecho público este jueves, que este año no ofrece grandes cifras sino que se centra en el entorno urbano, según ha explicado el coordinador general de Cruz Roja Española, Antoni Bruel. El documento alerta de "los niveles inaceptables de riesgo urbano", teniendo en cuenta que por primera vez en la historia la población que habita las ciudades supera a la que vive en entornos rurales y se estima que superará el 69% en 2050.
El informe destaca que 2.570 millones de habitantes urbanos de países con bajos y medianos ingresos son vulnerables a esos grandes niveles de riesgo, que se acrecientan por la rápida urbanización, la precariedad de la gestión urbana local, el crecimiento de la población, la deficiencia de los servicios de salud y la creciente oleada de violencia urbana.
Además, gran parte de esa población urbana está sumamente expuesta a las consecuencias del cambio climático. Bruel ha advertido a los responsables políticos que "o se frena la huida a las ciudades o se hará cada vez más difícil el abordaje de las situaciones de emergencia".
El caso de Haití
Ya las organizaciones que se dedican a la cooperación internacional están intentando que la gente no se mueva de las zonas rurales, pues "la gobernanza en estos entornos es más fácil que en el medio urbano". Este nuevo contexto urbano ha obligado a la puesta en marcha de una nueva generación de modelos en la cooperación internacional, como ya se está viendo en Haití.
En Puerto Príncipe, la capital del país, la dificultad no radica tanto en realojar a las personas afectadas por el terremoto como en averiguar la propiedad de los terrenos en los que ubicar los alojamientos, lo que demora "muchísimo" las intervenciones de apoyo, ha explicado.
El rápido aumento de asentamientos marginales ha propiciado también nuevos programas de cooperación asociados a la prevención de la violencia, como los que lleva a cabo Cruz Roja en América Latina, algo impensable hace años cuando se actuaba preferentemente en el medio rural.
El informe pone de relieve que un año cualquiera más de 50.000 personas pueden morir en un terremoto y otros 100 millones pueden verse damnificados por inundaciones y serán los habitantes vulnerables de las ciudades los más afectados.
Cruz Roja insiste en que un buen gobierno es indispensable para asegurar que los habitantes de las ciudades estén capacitados y participen en el desarrollo de su entorno urbano, en lugar de que se les margine y se les deje expuestos a los desastres, el cambio climático, la violencia y la mala salud. En el informe se asegura que el desalojo forzoso es una amenaza constante para los pobres de zonas urbanas.
Desplazamientos forzados
Así, denuncia que millones de personas se ven desplazadas cada año por desalojos a gran escala impuestos por las autoridades públicas; a veces debido a proyectos de reconversión o embellecimiento o simplemente con el fin de expulsar a grupos que esas autoridades consideran indeseables.
El coordinador de Cruz Roja Española ha valorado las actuaciones que se hacen dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para mantener a las personas en las zonas rurales, donde pueden desarrollarse mejor, comer y tener un futuro. "La gente que se va de zonas rurales a grandes ciudades sin condiciones entra directamente en la vulnerabilidad, desde el primer día", ha subrayado.
* 20 Minutos - EFE - 23.09.10
Foto: Una barriada de infraviviendas en Río de Janeiro.- 20minutos
Dénia desafía a Costas y dará licencias en el litoral de les Rotes afectado por el deslinde
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LEVANTE/Alicante* : Estaba cantado que el gobierno de Dénia (PP e independientes) plantaría batalla a la Dirección General de Costas por el nuevo deslinde marítimo-terrestre, que tiene como tramo más conflictivo el del litoral de les Rotes. Pero la alcaldesa, Ana Kringe, y el portavoz del PP, Vicente Chelet, dejaron claro ayer que no se conforman con presentar alegaciones. Ambos afirmaron que no acatarán la suspensión de licencias de obra para les Rotes que reclama la Dirección General de Costas, organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente.
"No vamos a suspenderlos permisos de obra mayor en este tramo porque no reconocemos la ampliación de la servidumbre de protección", argumento Kringe. Mientras, Chelet subrayó que el ministerio "no tiene ninguna potestad sobre el otorgamiento de licencias".
El gobierno de Dénia rechaza de plano que en 2,3 kilómetros del litoral de les Rotes la servidumbre de protección se amplíe de 20 a cien metros. Correr la línea significa que quedan afectados por esta protección, que implica restricciones urbanísticas, 110.780 metros cuadrados y unas 200 viviendas.
La alcaldesa esgrimió que el actual plan urbanístico transitorio de Dénia fija la línea en 20 metros, ya que el suelo de les Rotes tiene la calificación de urbano. Y abundó en que es así porque la propia Dirección General de Costas, en un escrito de 2005, señaló que la servidumbre de protección debía estar ahí y no a cien metros.
"No entendemos qué ha cambiado ahora para que este organismo mueva la línea", expuso la munícipe.
Sin embargo, la propia Kringe explicó por qué Costas aumenta la servidumbre de protección. Reveló que el argumento del ministerio es que la Ley de Costas es de 1988 y entonces en Dénia estaba en vigor el PGOU de 1972 y el suelo de les Rotes no era urbano. Y la norma es que en terrenos no urbanos la línea de servidumbre se sitúa cien metros tierra adentro.
Con todo, esos argumentos no serán suficientes. El ayuntamiento deberá demostrar que Les Rotes tienen una consolidación urbanística de dos tercios para que Costas rectifique el deslinde.
La postura de rebelarse contra la suspensión de licencias que recomienda Costas sólo la adoptará el gobierno de Dénia en les Rotes. El edil Vicent Chelet explicó que en los otros tramos del deslinde sí que se acata esa medida y, en la servidumbre de protección, sólo se concederán permisos de obra menor.
El deslinde afecta en total a 8,5 kilómetros lineales del litoral sur de Dénia; es el tramo comprendido entre la playa de les Albaranes y el linde con el término municipal de Xàbia, en el cabo de Sant Antoni.
"De la mano" con los vecinos
La alcaldesa llevará hoy los informes desfavorables al deslinde efectuados por los técnicos municipales a comisión informativa. "Supongo que las alegaciones se aprobarán por unanimidad", manifestó. Kringe también subrayó que en el rechazo al deslinde irá "de la mano" con los vecinos de les Rotes.
Otra alegación importante que el ayuntamiento presentará a la nueva delimitación marítimo-terrestre afecta al tramo de les Albaranes. En esta playa, Costas pretende ganar metros de dominio público. Esto significa que la servidumbre de tránsito queda dibujada sobre una urbanización. El gobierno local se opone a que la línea de dominio público se desplace seis metros tierra adentro.
* Levante - 23.09.10
Foto: La torre del Gerro y, abajo, el litoral de les Rotes, en una imagen tomada desde el cabo de Sant Antoni.- levante
´Caso Malaya´: El saqueo a Marbella es de 500 millones
LAOPINIÓN/Málaga* : Marbella cifra el daño que le han causado el «caso Malaya» y sus hermanos menores («Saqueo 1» y «Saqueo 2») en más de 500 millones de euros, pero la cuantía real está lejos de ser la aportada por los servicios jurídicos municipales. Así lo ha dicho hasta la saciedad el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, quien habla de «pérdidas incalculables». Y es que hallar el dato exacto es complejo: por un lado, hay que tener en cuenta el dinero que la trama liderada por Juan Antonio Roca desvió supuestamente del Ayuntamiento y, asimismo, debe ser cuantificado el perjuicio sufrido por las permutas de bienes municipales infravalorados a cambio de otros con un precio muy superior al real, beneficiando así a terceros.
Fuentes judiciales aseveran que la cifra real saqueada la establecerá el tribunal en sentencia, una vez que concluya el juicio que empieza el próximo lunes.
El órgano colegiado estaría estudiando además una fórmula jurídica que permita justificar que el líquido desviado acabe en la villa, aunque este análisis pertenece aún al terreno de lo probable.
Pero establecer la suma objeto de saqueo no es la única preocupación del Consistorio. A pesar de las cuantiosas multas que se piden en «Malaya» por parte de la Fiscalía y del propio Ayuntamiento, la mayoría de éstas, al estar ligadas al delito de blanqueo de capitales, irá a parar a Hacienda, es decir, al Estado.
¿Por qué? El problema reside en la Ley de Bienes Decomisados, reformada en 2003, que se fraguó al albur de los grandes golpes dados a los narcotraficantes gallegos a finales del pasado siglo. Muchos tribunales veían con desagrado cómo los narcos pasaban pocos años en la cárcel por el delito contra la salud pública para después disfrutar tranquilamente de sus grandes chalés y de sus coches de lujo. Por ello, la norma, que modificaba una anterior, estableció que las propiedades objeto de blanqueo debían pasar a formar parte del Estado.
«Malaya», al contrario que los casos «Saqueo I y II», está compuesto fundamentalmente por delitos de blanqueo y, por tanto, las multas se las quedará el país, de forma que poco o nada verá el Consistorio. En el primer capítulo de «Saqueo», donde ya hay sentencia, se obligó a los acusados, entre ellos Roca, a pagar al municipio más de 24 millones de euros, que la ciudad cederá a Hacienda y a la Seguridad Social para disminuir su deuda. En esta causa se investigaban delitos de malversación de caudales, cuyas multas sí se embolsaría Marbella.
Perjuicio patrimonial
Así, la Fiscalía pide cuatro millones para el Consistorio por este tipo penal, escasamente presente en «Malaya». El Consistorio sitúa la cifra en 14, la cantidad que puede justificar. Y todo ello se debe al perjuicio patrimonial sufrido por la firma de convenios ilegítimos.
¿Qué se puede hacer? El Consistorio ha pedido una modificación de la norma, de forma que la administración pudiera ser depositaria de las propiedades embargadas y así, a su vez, éstas podrían ser entregadas como garantía de pago por parte del Ayuntamiento para afrontar su abultada deuda. «Eso nos aliviaría mucho», explicó Romero.
De hecho, la misma policía ha tardado años en establecer cifras aproximadas del daño efectuado por la trama «Malaya» al municipio. Así, en total, se habrían blanqueado presuntamente 670 millones de euros (240 de éstos se los atribuye el fiscal a Roca).
En un principio, los bienes intervenidos a los encausados se valoraron en 2.400 millones de euros, pero finalmente la cifra ha decrecido de forma importante: las propiedades del ex asesor de Urbanismo marbellí han sido tasadas por Anticorrupción en 200 millones de euros.
Por tanto, lo esquilmado por los 95 acusados se devolverá a través de las multas y las responsabilidades civiles exigidas por las acusaciones, que suman alrededor de 4.000 millones de euros. Sólo para Roca se piden sanciones económicas que superan los 800 millones. Ello ocurrirá, claro está, siempre que haya una sentencia condenatoria por estos hechos.
Asegurar la responsabilidad
De momento, hay numerosas casas, coches y propiedades de distinto tipo embargadas por la Justicia, de forma que se pueda garantizar así el pago de las futuras responsabilidades. Conocida es la presión que soporta el ex alcalde Julián Muñoz, cuyos emolumentos televisivos están siendo sometidos a un conciso análisis por parte de los magistrados de la Audiencia y del propio juzgado instructor. Incluso, se ha acusado desde algunos platós al ex regidor de cobrar en líquido esas apariciones para evitar el filtro judicial, pero nadie ha podido demostrar tal extremo.
Para asegurar el cobro de las responsabilidades pecuniarias, el tribunal ha autorizado la venta del patrimonio de Juan Antonio Roca. De momento, han sido adjudicados en concurso público siete coches de lujo valorados en casi 400.000 euros, al igual que también se ha dado luz verde a la venta de dos casas que el ex asesor posee en Sevilla, valoradas ambas en 2,3 millones de euros. Un famoso periodista ya ha dado una señal por uno de los dos domicilios.
Otros expertos aluden a que el daño no ha sido únicamente económico, sino que la ciudad ha sufrido un importante perjuicio en cuanto a falta de equipamientos o en la ocupación por parte de viviendas ilegales (unas 18.000), la mayoría de ellas regularizadas gracias a un plan general muy permisivo, de numerosas parcelas. Asimismo, también habría que sumar a este cálculo las escasas inversiones en materia educativa o sanitaria que se efectuaron en el municipio durante los 15 años de gilismo.
* La Opinión de Málaga - 22.09.10
Foto: uno de los símbolos del gilismo, el arco de bienvenida ubicado a la entrada de la ciudad.- laopinion
«Han convertido las ciudades en centros comerciales»
DIARIOVASCO/Entrevista* : El antropólogo Manuel Delgado (Barcelona 1956) pronunció ayer una conferencia en Cristina Enea sobre la «sociedad de la acera», dentro de la Semana de la Movilidad Sostenible. Entre crítico y provocador, lanzó el siguiente mensaje: «Las instituciones han convertido las ciudades en un centro comercial y a los ciudadanos en clientes».
–El peatón tiene cada vez más protagonismo en el Urbanismo...
–Que va... de qué. Se dice que la calle es de todos, pero hoy en día la calle es de los coches, no nos engañemos. Estas retóricas de la peatonalización, la bicicleta y el transporte público se hacen una vez al año, pero el resto del tiempo se ocupan de hacer aparcamientos.
–En Donosti la aceras son cada vez más anchas, las calzadas pierden carriles...
–Pero eso, para qué. Los centros urbanos se han convertido en centros comerciales. Las políticas de peatonalización son básicamente políticas para estimular el consumo, porque están asociadas a la reconversión del centro urbano en un gran centro comercial. Peatonalizan en tanto en cuanto quieren que ese centro urbano se convierta en un centro comercial, y además privatizado. Se hacen espacios para comprar. La calle hoy solo se concibe para consumir o para ir y venir del trabajo. Para cualquier otra cosa es vista siempre con desconfianza. Es una fuente de problemas para las instituciones. Si la gente se junta ya hay un problema y en seguida te dicen ‘circulen’. Las instituciones sólo quieren que pasen cosas en las sedes –escuela, casa, Universidad, la oficina–, pero no en la calle. Las instituciones quisieran ver convertida la calle en un hueco entre edificaciones cuya única función es comunicar las sedes.
–Desde el punto de vista de la movilidad, tanto en Barcelona como en San Sebastián se ha fomentado el uso de la bici, ¿hay un nuevo conflicto peatones-bicicletas, donde antes lo hubo con los coches?
–El peatón siempre sale a perder porque es el más vulnerable. Pero vuelvo a insistir. No sé si usted es consciente de lo que hoy es una ciudad: Es un producto comercial. Tú no puedes vender una ciudad como Barcelona o como Donosti llena de coches. Debes vender una ciudad amable, donde lo que hay es ciudadanos amables. Ese espectáculo de la ciudad con ciclistas se adecua a una ciudad-producto que debe cumplir determinados parámetros. Mientras se invita a pasear y a andar en bici a los ciudadanos en el centro, se abren en canal barrios periféricos y se llenan de grandes tramas de carreteras que destruyen la vida urbana, todo para que la gente llegue pronto y aparque en el centro. Así, la promoción de la bicicleta se hace compatible con la llegada de esos ‘tanques’ que son los 4x4 a los aparcamientos del centro de la ciudad.
–¿Cómo debe ser el transporte público del futuro?
–Yo me conformaría con que fuera eso, público, que fuera realmente un servicio a disposición de los usuarios. Las instituciones ya no consideran a los ciudadanos usuarios del transporte público sino como clientes. Son empresas que buscan el beneficio. El ideal es que el transporte fuera totalmente gratuito. Me escandaliza tener que pagar el Metro y tener en cuenta que una cuarta parte sea para pagar a los vigilantes que controlan a los que no pagan... Si fuera realmente un transporte público debería ser gratuito. Como ve no soy una persona muy moderada.
* Diario Vasco - 22.09.10
La Junta da luz verde a un hotel de Moneo en Málaga que vetó dos veces
ELPAÍS* : El edificio para hotel que diseñó hace cuatro años el prestigioso arquitecto Rafael Moneo en el centro de Málaga, junto al río Guadalmedina, ya no tiene veto autonómico. La Consejería de Cultura había rechazado hasta en dos ocasiones el proyecto porque rebasaba con creces la altura máxima permitida en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del centro histórico de Málaga, algo que había indignado al equipo de Gobierno de Francisco de la Torre, que ponía este caso como ejemplo de las trabas de la Junta al desarrollo de Málaga.
El Pepri permite una altura máxima de cinco pisos, y el proyecto de Moneo contempla nueve. Sin embargo, en la misma acera frente al río Guadalmedina hay más de un edificio con una altura similar a la proyectada por Moneo, construidos antes de la aprobación del Pepri.
La existencia de estas construcciones ha permitido abrir la vía para que la Junta rebajara sus exigencias. La fórmula finalmente adoptada es una modificación del Pepri para permitir alturas equivalentes a las ya existentes en esa línea de fachada del río Guadalmedina. No se trata así de una solución ex profeso para el caso único de Moneo, sino que podrán beneficiarse otros proyectos como la ampliación del Museo de Artes Populares, propiedad de Unicaja que ve así de paso desbloqueado uno de sus contenciosos con el Ayuntamiento que preside Francisco de la Torre, y la casa hermandad de la cofradía de Fusionadas. "No caben soluciones excepcionales para un proyecto concreto", explicó ayer el delegado provincial de la Consejería de Cultura, Manuel Jesús García.
El responsable de la Junta explicó que la permisividad de alturas en esta franja del centro, abierta al río, y con edificios altos colindantes "no es agresiva con el casco histórico" y no produce perjuicios de ningún tipo al paisaje de las cubiertas de los edificios históricos y protegidos de la ciudad. "Se favorece un proyecto que es bueno para Málaga con absoluto respeto a la legalidad", explicó. Además de superar un contencioso entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta, el arreglo permitirá a la ciudad romper también su carencia de edificios de autor de renombre.
* El País - http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Junta/da/luz/verde/hotel/Moneo/Malaga/veto/veces/elpepuespand/20100923elpand_7/Tes">* El País - 23.09.10
Foto: Málaga, el Guadalmedina seco - diariosur.es
Llanes.- Los expertos consideran «una temeridad» seguir con la tramitación del Plan General
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LNE/Asturias* : «Los dirigentes municipales de Llanes cometerán una temeridad si, como han anunciado, continúan adelante con la tramitación del plan general como si nada hubiera pasado». Son palabras del abogado Gerardo de la Iglesia, especialista en Derecho Público y Urbanismo. Su interpretación de las consecuencias de la reciente sentencia judicial que ha anulado la adjudicación de la redacción del Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes, aun con matices, coincide con la expresada por varios jueces, abogados, arquitectos y urbanistas. Todos ellos sin excepción aseguran que la anulación de la adjudicación del Plan General deja al actual equipo redactor «sin cobertura jurídica».
La decisión de los dirigentes llaniscos de continuar adelante con la tramitación del documento será una «huida hacia adelante» que en algún momento se dará de bruces con impugnaciones, recursos y sentencias que obligarán a iniciar desde cero la redacción del planeamiento. Todos los consultados señalaron que el «camino correcto» que debería tomar el Ayuntamiento es adjudicar de nuevo la redacción del PGO.
LA NUEVA ESPAÑA habló ayer con seis especialistas en Derecho y Urbanismo, tres de los cuales prefirieron no dar su nombre. Otros dos más rechazaron manifestarse sobre la sentencia. El abogado Raúl Bocanegra no pudo ser localizado en toda la jornada, y el decano del Colegio de Arquitectos de Asturias, Alfonso Toribio, sólo realizará declaraciones sobre este asunto a partir del próximo martes, cuando se reunirá con sus compañeros de la junta del colegio.
Gerardo de la Iglesia tiene «clarísimo» que la sentencia deja al concejo de Llanes «en la más absoluta inseguridad jurídica». Sobre todo, porque a partir de ahora cualquier ciudadano podrá recurrir los actos derivados del anulado, ya que estarán «viciados de nulidad». El equipo redactor ha quedado «fuera de juego» y «sin cobertura jurídica». De la Iglesia alabó el trabajo de la juez Pilar Martínez Ceyanes, autora de una sentencia «muy buena, estudiada y fundada en derecho». Rechazó la interpretación de los mandatarios socialistas de Llanes de que se ejecutó la sentencia con el pago de 19.200 euros de indemnización a la empresa perjudicada por la adjudicación arbitraria de la redacción del plan. «No es así, están muy mal asesorados. A partir de ahora todo estará viciado de nulidad, todo será recurrible y todo será previsiblemente anulado», añadió. De la Iglesia subrayó que el asunto es «de una gravedad incalculable», más allá del «despilfarro» que supone haber tenido que pagar 19.200 euros. Añadió que la actuación de los dirigentes llaniscos «roza la desviación de poder».
El abogado Javier Junceda, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Internacional de Barcelona, señaló que la anulación «parece indicar que se ha declarado la nulidad de la adjudicación, por lo que el acto nulo nunca ha producido efectos, ni se puede convalidar por otro acto». Añadió que si se hubiera dictado la «anulabilidad» de la adjudicación «serían válidos los efectos del contrato adjudicado hasta la sentencia y se podrían subsanar». No es el caso. «Con carácter general, lo que esta sentencia revela es que existen mecanismos judiciales para atajar aquellas irregularidades derivadas de la contratación pública», señaló Junceda, quien, no obstante, discrepa de algunos aspectos de la sentencia, como la parte referida a la responsabilidad patrimonial de la Administración, o que la juez tilde de «arbitrariedad» el comportamiento municipal, a pesar de «constar en el expediente una motivación (correcta o incorrecta) del órgano contractual local sobre lo que se adjudica».
A Junceda le parece «excesivo» hablar de «arbitrariedad» en la actuación del gobierno de Llanes, y cuestiona que los jueces puedan sustituir «una decisión discrecional de la Administración por su propia decisión discrecional». Según su opinión, los jueces deben «controlar esa potestad discrecional administrativa, condenando la inmotivación o la motivación gravemente defectuosa», ya que «el juez de lo único que sabe es de leyes, y no de cuestiones técnicas, por lo que no parece razonable convertir una discrecionalidad administrativa en una discrecionalidad judicial».
Javier Calzadilla, abogado de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), señaló que a priori la sentencia implica que el equipo redactor del Plan General «carece completamente de cobertura jurídica» para continuar el trabajo. El fallo genera «serias dudas sobre la realidad del documento urbanístico» y, «desde luego, no es tan irrelevante como asegura el Ayuntamiento». Según Calzadilla, todo lo que haya hecho el equipo redactor a partir de la firmeza de la sentencia puede ser impugnado y previsiblemente será anulado en sede judicial. Según la opinión de Calzadilla, el Ayuntamiento sólo podrá intentar la legalización o subsanación del trabajo realizado hasta ahora, pero «no será fácil».
«La sentencia deja al concejo de Llanes en la más absoluta inseguridad jurídica»
Abogado
«Me parece excesivo que la juez hable de arbitrariedad en la actuación municipal»
Abogado
«El fallo implica que el equipo redactor carece completamente de cobertura jurídica»
Abogado
* La Nueva España - 23.09.10
Foto: Llanes (Asturias), puerto - celoriu.com
Rosales del Canal.- Los vecinos se manifestarán contra la cesión de los suelos municipales
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ELPERIÓDICO/Zaragoza* : Los vecinos de Rosales del Canal tienen una "triple lucha abierta". La judicial, la política y desde hace años, la reivindicación social. La razón, la carencia de servicios públicos en la zona y la cesión -que podría extenderse hasta 75 años- de un solar municipal a la oenegé Remar para instalar un centro con fines educativos. Los residentes del barrio estudian movilizarse una vez que finalicen las fiestas del Pilar. "El itinerario todavía no está definido pero saldremos a la calle para dejarnos ver", aseguró Beatriz Urriés, de la Asociación de Vecinos Entrelagos, quien añadió que "a partir de ese momento las concentraciones serán sistemáticas".
Además, celebrarán unas jornadas lúdicas en Rosales del Canal como lugar de encuentro entre vecinos.
Y mientras, a lo largo de esta semana esperan recibir una respuesta al recurso contencioso administrativo que presentaron el pasado mes de mayo 12 de las 14 comunidades de vecinos, así como la AMPA del colegio, colectivos vecinales y algunos locales comerciales. O lo que es lo mismo, más de 1.700 familias.
CENTRO CÍVICO Solicitan que la parcela sea libre. que se destine a equipamientos municipales y que se construya un centro cívico que englobe servicios como ludotecas o bibliotecas municipales en las que los niños puedan pasar su tiempo libre. "Queremos pedir explicaciones de la razón por la que nos han dejado sin nada", insistió Urriés.
El barrio de Rosales del Canal dispone de dos parcelas municipales. Una se cedió para la construcción de una residencia de ancianos a la Fundación Rey Ardid. La otra, a Remar, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la rehabilitación de las personas marginadas. Con respecto a la primera, la protesta de la Asociación de Vecinos Entrelagos es más suave y aunque están reivindicando su solar, ven que "su programa está avanzado". Han tenido ya varias reuniones con ellos y les han ofrecido algunas salas.
En lo que respecta a la segunda organización privada, la polémica viene de lejos. Las protestas se remontan al año 2007, cuando los primeros vecinos de Rosales del Canal presentaron alegaciones apelando a la falta de información del proyecto que quería llevar a cabo el colectivo en el terreno de más de 4.000 metros. Sus protestas no cesan. Se han concentrado en varias ocasiones y llevaron a cabo una campaña de recogida de firmas y se superaron las 3.000.
RESPUESTAS Urriés apuntó que el consistorio les había asegurado que contarían con un espacio en Arcosur, pero "siguiendo el plano de equipamientos municipales de ese barrio no hay parcelas próximas" en las que se pueda hacer. Según esta vecina y una de las portavoces del colectivo Entrelagos, la semana pasada mantuvieron una reunión con Urbanismo en la que "no ofrecieron ninguna solución". Han buscado el apoyo del grupo municipal de CHA para que los vecinos cuenten con "la opción de decidir" cuando se cede una parcela municipal.
Fuentes oficiales del ayuntamiento señalaron que Remar solicitó la parcela y se le concedió al haber "suelo de reserva y al cumplir los requisitos que se necesitan reunir en estos casos". El suelo "se dijo que se cedería y se hará", sentenciaron.
* 22.09.10
Foto: El pasado mes de julio numerosos residentes del barrio se concentraron en uno de los solares - elpariodico
Un año más, un Día sin Coches sin pena ni gloria… y con coches
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* critica que la mayor parte de los Ayuntamientos españoles participantes en el Día sin Coches de 2010 hayan dejado pasar esta oportunidad para introducir medidas de calado hacia una movilidad menos insostenible. Efectivamente, las medidas adoptadas pecan de falta de ambición y de relevancia, y rara vez suponen una restricción al uso del automóvil en la ciudad. Se deja pasar, otro año más, una oportunidad para reflexionar sobre los problemas que genera el abuso del coche en nuestras ciudades, así como de ensayar medidas que luego puedan hacerse permanentes para permitir una movilidad más sostenible.
Según la página oficial de la Semana Europea de la Movilidad, 567 ciudades españolas se han sumado a la misma y a la celebración, hoy, del Día sin Coches. A pesar de que somos el país europeo que más ciudades aporta a esta iniciativa (seguidos por Austria, con 429 y, a bastante distancia, Francia con 147) lo cierto es que resulta irrelevante su repercusión real en la movilidad y en la calidad de vida de los habitantes de estas ciudades. Ello es así por la falta de interés de la gran mayoría de los Ayuntamientos participantes, que se limitan a realizar algunas actividades cosméticas, sin ninguna ambición real para reducir el tráfico de coches.
Ante el poco empuje e interés de los Ayuntamientos, no es de extrañar que hoy la mayor parte de los conductores se hayan enterado de la convocatoria al oír la radio dentro de su coche en el atasco de cada mañana. Así, se han reproducido las situaciones habituales de congestión en las zonas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga… un Día sin Coches con el mismo número de automóviles.
Muestra de la poca ambición de los diferentes Ayuntamientos participantes en promover un verdadero Día sin Coches es el hecho de que la “medida estrella” durante esta jornada sea algo tan timorato como la gratuidad del autobús urbano. Así ocurre en ciudades como León, Santander, Salamanca, Cádiz o Elche, por citar algunos ejemplos. En definitiva, unas propuestas poco audaces y muy alejadas del espíritu de esta convocatoria, que inicialmente exigía que se cerraran algunas zonas de la ciudad al tráfico, algo que en los últimos años ha quedado como una recomendación. Más esperpéntico resulta el caso de Ayuntamientos, como Valencia, que han celebrado el pasado domingo el Día sin Coches… para no generar problemas de tráfico.
Si algún sentido tiene el Día sin Coches es porque permite ensayar cómo puede funcionar una ciudad con menos coches y decidir qué medidas son las más razonables para este objetivo de modo que se puedan implantar de forma permanente. Y ello no con afán de molestar a los automovilistas, sino con la intención de reducir los grandes problemas que ocasiona el uso excesivo del automóvil en nuestras ciudades: contaminación; ruido; sedentarismo; pérdida de autonomía de los niños, que no pueden jugar sin vigilancia en la calle; cesión de espacio público al coche, etc.
En definitiva, para Ecologistas en Acción, una vez más ha quedado claro que nuestros políticos no están a la altura de las circunstancias. No dan la talla ante el reto de contribuir a la reducción de los graves problemas que provocan los coches en la ciudad, en nuestra salud y en nuestro bienestar.
* Ecologistas en Acción - 22.09.10
