Llanes.- Los expertos consideran «una temeridad» seguir con la tramitación del Plan General

LNE/Asturias* : «Los dirigentes municipales de Llanes cometerán una temeridad si, como han anunciado, continúan adelante con la tramitación del plan general como si nada hubiera pasado». Son palabras del abogado Gerardo de la Iglesia, especialista en Derecho Público y Urbanismo. Su interpretación de las consecuencias de la reciente sentencia judicial que ha anulado la adjudicación de la redacción del Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes, aun con matices, coincide con la expresada por varios jueces, abogados, arquitectos y urbanistas. Todos ellos sin excepción aseguran que la anulación de la adjudicación del Plan General deja al actual equipo redactor «sin cobertura jurídica».

La decisión de los dirigentes llaniscos de continuar adelante con la tramitación del documento será una «huida hacia adelante» que en algún momento se dará de bruces con impugnaciones, recursos y sentencias que obligarán a iniciar desde cero la redacción del planeamiento. Todos los consultados señalaron que el «camino correcto» que debería tomar el Ayuntamiento es adjudicar de nuevo la redacción del PGO.

LA NUEVA ESPAÑA habló ayer con seis especialistas en Derecho y Urbanismo, tres de los cuales prefirieron no dar su nombre. Otros dos más rechazaron manifestarse sobre la sentencia. El abogado Raúl Bocanegra no pudo ser localizado en toda la jornada, y el decano del Colegio de Arquitectos de Asturias, Alfonso Toribio, sólo realizará declaraciones sobre este asunto a partir del próximo martes, cuando se reunirá con sus compañeros de la junta del colegio.

Gerardo de la Iglesia tiene «clarísimo» que la sentencia deja al concejo de Llanes «en la más absoluta inseguridad jurídica». Sobre todo, porque a partir de ahora cualquier ciudadano podrá recurrir los actos derivados del anulado, ya que estarán «viciados de nulidad». El equipo redactor ha quedado «fuera de juego» y «sin cobertura jurídica». De la Iglesia alabó el trabajo de la juez Pilar Martínez Ceyanes, autora de una sentencia «muy buena, estudiada y fundada en derecho». Rechazó la interpretación de los mandatarios socialistas de Llanes de que se ejecutó la sentencia con el pago de 19.200 euros de indemnización a la empresa perjudicada por la adjudicación arbitraria de la redacción del plan. «No es así, están muy mal asesorados. A partir de ahora todo estará viciado de nulidad, todo será recurrible y todo será previsiblemente anulado», añadió. De la Iglesia subrayó que el asunto es «de una gravedad incalculable», más allá del «despilfarro» que supone haber tenido que pagar 19.200 euros. Añadió que la actuación de los dirigentes llaniscos «roza la desviación de poder».

El abogado Javier Junceda, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Internacional de Barcelona, señaló que la anulación «parece indicar que se ha declarado la nulidad de la adjudicación, por lo que el acto nulo nunca ha producido efectos, ni se puede convalidar por otro acto». Añadió que si se hubiera dictado la «anulabilidad» de la adjudicación «serían válidos los efectos del contrato adjudicado hasta la sentencia y se podrían subsanar». No es el caso. «Con carácter general, lo que esta sentencia revela es que existen mecanismos judiciales para atajar aquellas irregularidades derivadas de la contratación pública», señaló Junceda, quien, no obstante, discrepa de algunos aspectos de la sentencia, como la parte referida a la responsabilidad patrimonial de la Administración, o que la juez tilde de «arbitrariedad» el comportamiento municipal, a pesar de «constar en el expediente una motivación (correcta o incorrecta) del órgano contractual local sobre lo que se adjudica».

A Junceda le parece «excesivo» hablar de «arbitrariedad» en la actuación del gobierno de Llanes, y cuestiona que los jueces puedan sustituir «una decisión discrecional de la Administración por su propia decisión discrecional». Según su opinión, los jueces deben «controlar esa potestad discrecional administrativa, condenando la inmotivación o la motivación gravemente defectuosa», ya que «el juez de lo único que sabe es de leyes, y no de cuestiones técnicas, por lo que no parece razonable convertir una discrecionalidad administrativa en una discrecionalidad judicial».

Javier Calzadilla, abogado de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), señaló que a priori la sentencia implica que el equipo redactor del Plan General «carece completamente de cobertura jurídica» para continuar el trabajo. El fallo genera «serias dudas sobre la realidad del documento urbanístico» y, «desde luego, no es tan irrelevante como asegura el Ayuntamiento». Según Calzadilla, todo lo que haya hecho el equipo redactor a partir de la firmeza de la sentencia puede ser impugnado y previsiblemente será anulado en sede judicial. Según la opinión de Calzadilla, el Ayuntamiento sólo podrá intentar la legalización o subsanación del trabajo realizado hasta ahora, pero «no será fácil».

«La sentencia deja al concejo de Llanes en la más absoluta inseguridad jurídica»

Abogado

«Me parece excesivo que la juez hable de arbitrariedad en la actuación municipal»

Abogado

«El fallo implica que el equipo redactor carece completamente de cobertura jurídica»

Abogado





* La Nueva España - 23.09.10
Foto: Llanes (Asturias), puerto - celoriu.com