Salamanca, los horrores del pelotazo en La Trinidad



Vídeo 3 de 3. Vídeos 1 y 2: "Salamanca, el pelotazo de La Trinidad" y "Salamanca, el parque perdido de La Trinidad". Las consecuencias del edificio son evidentes y nefastas. El Ayuntamiento favorece los intereses del constructor frente a los derechos de los vecinos. Ha sido, y es, una operación especulativa en un terreno que debería haber tenido un uso social, no lucrativo. Los vecinos están masacrados, condenados a vivir en guetos. Con dejarles vivir, ya pueden estar agradecidos. Como dice el texto: "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo". Con tal de que no trascienda, aquí todo vale.



* YouTube - jcre1961 - mayo 2009


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Lugo.- El fiscal ve indicios de tráfico de influencias y cohecho en siete alcaldes

ELPAÍS* : El llamado caso Castro de Rei, que propició la detención del alcalde socialista Juan Valiño y de la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Lara Méndez, entre otros catorce imputados, bajo los focos de los medios de comunicación, va camino de extenderse por el resto de la provincia. La declaración del ingeniero responsable de obras nuevas de la institución provincial, José Antonio Mondelo, ha dado un giro a la instrucción y ha llevado al fiscal jefe de Lugo, Javier Rey Ozores, a pedir que se amplíen las investigaciones a otros siete municipios, cinco de ellos con alcalde del PP.

En su escrito incluido en el tomo cinco del sumario que ya acumula más de dos mil folios, el ministerio público advierte que se desprenden "posibles actuaciones ilícitas, indiciariamente constitutivas de delitos de tráfico de influencias y cohecho, presuntamente llevadas a cabo en el ámbito territorial de los Ayuntamientos de O Vicedo, Ourol, Muras, Cospeito, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín y Becerreá". El fiscal entiende que "procede la remisión de los correspondientes testimonios a los juzgados territorialmente competentes" para que sigan con las pesquisas.

Y apunta directamente a los folios que contienen la declaración de Mondelo. Sentado ante la juez Estela San José, que instruye esta causa, el ingeniero de obras públicas que acudió voluntariamente a declarar contó -pese a las adveretncias de su abogado para que no lo hiciese- con pelos y señales el procedimiento utilizado por los regidores para inflar los presupuestos de los contratos.

La lista del jefe de obras de la Diputación incluyó a los alcaldes populares de O Vicedo, Jesús Novo; de Muras, Issan Algnaghn; de Cospeito, Armando Castosa; el anterior regidor de Ourol, Guillermo Salgueiro, además del regidor socialista de Castroverde, José María Arias, que es también diputado provincial, y los alcaldes de Becerreá, Manuel Martínez, y Negueira de Muñiz, José Manuel Braña, ambos socialistas.

El jefe de obras contó en el interrogatorio que los alcaldes acudían a la Diputación para pedir ayuda en la configuración de presupuestos para obras. Luego engordaban esos presupuestos que llegaban a superar entre un 22% y un 28% los precios de mercado. Citó un caso, el del ayuntamiento de Muras presidido por el popular Issam Algnaghn, cuyos sobreprecios alcanzaron el 50%.

Precisamente ayer, tres de los alcaldes del PP, los de O Vicedo, Muras y Cospeito, emitieron un comunicado en el que niegan cualquier irregularidad en la contratación de obras. Los tres regidores rechazan las afirmaciones efectuadas por el ingeniero de la Diputación y se ponen a disposición de la autoridad judicial a la que ofrecen toda la documentación relacionada con los expedientes de las obras.

Tras conocer el levantamiento del sumario, también el secretario provincial de los socialistas de Lugo, Ricardo Varela, quiso "ratificar" ayer su confianza en la "honradez" del alcalde de Castro de Rei. Varela afirmó que del sumario "no se desprende ninguna actuación punible, ninguna actuación que ponga en cuestión la honradez de Juan Valiño ni de los concejales de Castro de Rei" y añadió que no se puede sacar, a la vista de la instrucción, que se destape "ninguna actuación que suponga ningún tipo de apropiación o de aprovechamiento de su cargo público".

No obstante, reconoció que en las conversaciones captadas al alcalde, "se pueda recoger o trasladar el deseo y el interés de éste por que empresas de su municipio, de su comarca, pudieran trabajar en obras de la comarca, siempre respetando la legalidad que permiten los procedimientos". El dirigente socialista aseveró además que "esta voluntad por parte del mandatario, siempre que encajara en los procedimientos legales, sintoniza plenamente con la filosofía que respaldaba el Plan E, es decir, distribuir fondos para obra pública trasladándolos a los ayuntamientos más pequeños".





* ELPAIS.com - 17.06.10
Foto: Castro de Rei (Lugo), ayuntamiento - calasanz-val.org

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La presunción de inocencia permite a tres alcaldes continuar en el cargo

IDEAL* : Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Es una máxima que asume todo el ordenamiento jurídico democrático -no sólo el español-. Y es una garantía de que las leyes son, cuanto menos, justas para aquellos que, aún existiendo indicios de presunta comisión de delitos o irregularidades, aún no se han sometido a juicio. El sistema jurídico español comparte estas garantías, no sólo para los actores privados, sino también para los públicos. Es por ello que nada inhabilita a un cargo público, electo o no electo, a volver a ocupar el sillón de la administración mientras que una sentencia judicial lo impida.

Obviamente, esta máxima también se aplica a diputados, senadores y, como no, también concejales y alcaldes. El caso del alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL), que abandonaba la prisión de Albolote el pasado martes y, sólo un día después, ayer, volvía a dependencias municipales, no es extraño. Enciso estaba en prisión provisional, una medida preventiva -igual que las que le impiden actualmente abandonar el país o las que le obligan a presentarse semanalmente en los juzgados- que en nada le impide continuar desempeñando el cargo para el que le habilitaron las urnas.
La imputación de cinco delitos -cohecho, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y tráfico de influencias- es, de momento, eso, una imputación. De mantenerse las sospechas explicitadas en el sumario -la parte sobre la que se levantó el secreto habla de que la figura de Enciso aparece domo «no ajena a lo que está sucediendo» e incluso se indica que podría estar «vinculado» a Alemán y a la «infraestructura organizada» que podría «procurarse favores de naturaleza mercantil, así como lucrarse de las subcontratas» de la empresa Elsur- deberá ser un tribunal el que dictamine sobre si realmente hay pruebas que determinen una conducta delictiva o no. Mientras tanto, puede continuar siendo alcalde con todas las de la Ley. Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, es imposible una inhabilitación para cargo público sin juicio. «Existen medidas preventivas como la prisión, pero para inhabilitación no hay ninguna», indica a este periódico una abogada. Es decir, Enciso solo dejaría de ser alcalde, mientras no haya juicio, perdiendo unas elecciones o mediante la renuncia voluntaria.
El caso de Enciso, que después de permanecer un tiempo entre rejas de forma preventiva, ha vuelto a ocupar la Alcaldía, no es un caso aislado. Ha ocurrido -está ocurriendo- en otros lugares del país. Por ejemplo, en La Muela (Zaragoza). Allí, la alcaldesa, María Victoria Pinilla (del Partido Aragonés Regionalista, PAR), fue detenida el 18 de marzo del pasado año en el marco de la Operación Molinos, una macrooperación contra una presunta trama de corrupción urbanística que sumaría ya 36 imputados. A la primera edil se le imputan 11 delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Para abandonar la prisión (en la que permaneció la mitad de tiempo de Enciso) tuvo que pagar una fianza de 800.000 euros. No obstante, continúa ostentando la Alcaldía de la pequeña localidad aragonesa de apenas 5.000 habitantes.
En Castro Urdiales (Cantabria) el primer edil, Fernando Muguruza, que fue declarado tránsfuga en 2007 por la Comisión del Pacto Antitransfuguismo, permaneció en prisión algo menos de un mes tras la solicitud de esta medida cautelar por dos organizaciones vecinales, que habían encontrado «indicios de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva» al incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de competencias de urbanismo. Acumula más de una docena de imputaciones en varios casos. Y a pesar de que, incluso el Ministerio Fiscal calificaba al alcalde de «peligro social», nada ha impedido que volviera a presidir los plenos de Castro Urdiales. Por cierto, también en este caso el PP pedía la disolución de la Corporación para impedirlo.
Esta drástica medida, que los populares, junto con IU, han reclamado por activa y por pasiva para El Ejido, sólo se ha ejecutado en una única ocasión: en Marbella. La disolución de la Corporación ha sido la única ordenada por el Gobierno del Estado en la historia de la democracia. Precisamente un ex alcalde de dicho Consistorio, Jesús Gil, ostentó la máxima representación municipal después de permanecer en prisión preventiva por diversas imputaciones de diferente orden.
La inhabilitación para cargo público, que es lo único que impide a alguien continuar en la alcaldía, viene generalmente ligada a sentencias que dictaminan delitos relativos a la administración pública, terrorismo o las penas de cárcel iguales o superiores a diez años. Pero sólo cuando hay sentencia.





* Ideal - 17.06.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es

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Cádiz.- El suelo público y nuestros administradores en el Ayuntamiento

R.GARÓFANO* : Parece ser que nuestros administradores en el Ayuntamiento (el PP y la Alcaldesa no son otra cosa) manejan un concepto equivocado muy perjudicial para los intereses de los gaditanos. Hace tiempo que ciertas actuaciones con las vallas publicitarias municipales lo venían apuntando pero ahora, con ocasión de los locales de hostelería que autorizaron y de la sentencia judicial en contra, se ha puesto claramente de manifiesto. Nuestros administradores municipales no hacen la distinción básica entre suelo de propiedad pública y de propiedad privada, sino que utilizan el concepto 'suelo municipal' como si se tratara de un tercer tipo de suelo: 'el de ellos'.

Cuando desde el gobierno municipal del PP se habla de suelo municipal, todo parece indicar que no se hace para distinguir el suelo que está bajo su competencia administrativa de los otros suelos públicos adscritos a otras administraciones, sino para diferenciar 'sus suelos' de los suelos públicos. Pero lo grave es que nuestros administradores actúan en consecuencia y, considerándolas 'suyas', aminoran y ponen en peligro el valor de 'nuestras' escasas propiedades de suelo.

En la ciudad de Cádiz, dadas sus condiciones geográficas y urbanas, los espacios abiertos que configuran nuestras calles y plazas son tan escasos, que una tarea básica de nuestros administradores debe ser, mediante planes de urbanismo y ordenanzas, preservarlos, cuidarlos y, en la medida de lo posible, ampliarlos. El suelo de nuestras calles y plazas debe ser tenido en altísima consideración, ya que es el lugar más abierto e igualitario en el que se desarrolla la vida social de la ciudad y esto, en una sociedad democrática, trasciende cualquier otra consideración de carácter técnico o económico. Los espacios abiertos, las calles y las plazas públicas de Cádiz, son los lugares en los que, por excelencia, reside el alma popular y colectiva de la ciudad.

Entiendo (he trabajado en varias administraciones públicas) que para hacer más atractiva la estancia convivencial en algunos espacios públicos y plazas, se puedan autorizar ciertas actividades en precario, sin ocupación permanente de suelo, con proporcionalidad y escaso impacto visual. Llevamos décadas viendo las plazas de las grandes ciudades europeas con un día de mercado de frutas y verduras (de los que no queda ni rastro una hora después de su finalización) o alamedas y glorietas con mesas y sillas de hostelería, incluso quioscos, que más que reducir añaden actividad social y visitantes. En la propia ciudad de Cádiz existe una tradición en este sentido. Pero no estamos hablando de eso, aunque nos lo quieran presentar como tal, ni siquiera estamos hablando de proporcionalidad, no, estamos hablando de cosas cualitativamente diferentes, de dos concepciones distintas sobre lo que son los suelos públicos y su adecuada administración. Estamos hablando de sustraer espacios públicos autorizando en ellos la construcción de edificios de hostelería en los que ciertos particulares desarrollarán actividades comerciales y lucrativas de carácter privado.

Me atrevería a intuir el mecanismo mental de nuestros administradores municipales a la hora de cometer las referidas actuaciones: por el deseo de "poner en valor" ciertos espacios públicos y la dificultad de gestionar unos quiosco de hostelería de reducidas dimensiones, con mesas y sillas al descubierto, se autoriza la construcción de unos edificios en la Caleta, en los jardines de Varela o en la plaza de Santa María del Mar. Pero esas decisiones no se tomarían si de verdad se creyese que esos espacios son públicos, se toman por considerar los espacios municipales como 'suyos'. Efectivamente es un asunto de 'valores' y algunos creemos que con este tipo de actuaciones lo que se hace es devaluar los espacios públicos. Unas actuaciones incorrectas de nuestros administradores, un asunto políticamente importante bajo el que subyace una escala de valores tan ultraliberal como poco democrática. El suelo público no se debe ocupar de esa forma y si jurídicamente se puede, por resquicios legales o trampas leguleyas (no son edificios de hostelería, sino dotacionales-culturales, etc.) no se debería y los gaditanos tendríamos que pedir cuentas políticas a nuestros administradores. Lo que se ha hecho con estas actuaciones es una especie de expropiación al revés, hurtándole al común lo suyo y poniéndolo al servicio de no se sabe qué intereses de los administradores.

Hay sensaciones que pueden unirse a los razonamientos: si usted va paseando desde la Facultad de Filosofía y Letras, por la arbolada avenida Gomez-Ulla, al llegar a las inmediaciones de la antigua Escuela de formación Marítimo-Pesquera, donde el espacio se abría a la contemplación de la Caleta, ahora el espacio lo han cerrado nuestros administradores municipales. Si usted va paseando por la Avenida, por la acera de la izquierda en dirección salida de Cádiz, al llegar a la esquina donde el espacio se abría a los jardines de Varela, ahora el espacio lo han cerrado nuestros administradores municipales con una gran valla de autopropaganda y otro edificio de hostelería.

Por último, una llamada de atención a nuestros administradores en la Junta de Andalucía: esperamos que no se aprueben determinaciones del nuevo PGOU de Cádiz que conculquen nuestros derechos de propiedad y disfrute sobre los espacios públicos de la ciudad y que los espacios abiertos de competencia municipal sigan siendo públicos, a pesar de nuestros administradores en el Ayuntamiento.






* El Diario de Cádiz - Opinión - 17.06.10


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Padrón.- Los vecinos de Pazos y Extramundi se oponen a la planta de hormigón

LAVOZDEGALICIA* : Vecinos de Extramundi y de Pazos, en el municipio de Padrón, lo dejaron ayer bien claro: se oponen de forma rotunda a la instalación en un polígono próximo a estos núcleos de una planta de hormigón, un proyecto vinculado a las obras del AVE y que promueve una empresa de Ourense. Un grupo de vecinos de Extramundi, concretamente de los núcleos de Lamas y Agronovo, junto con el representante de Pazos y el de los pescadores del Club W. Latorre, manifestaron su opinión en la reunión convocada por el gobierno municipal y a la que, según explicó el alcalde Camilo Forján, también estaban convocados empresarios con parcelas en el polígono, además de la Sociedad de Caza y Pesca de Padrón.

No obstante, el representante legal de los empresarios, así como uno de ellos a título personal, desmintió de forma tajante que fueran llamados a la reunión, pese a que el pasado día 8 presentaron un escrito en el Ayuntamiento en el que, entre otros puntos, solicitaban con la «máxima urxencia» una reunión con el equipo de gobierno.

En el encuentro de ayer, al que también asistió el teniente de alcalde, del concejal de Urbanismo y del arquitecto municipal, el alcalde quiso aclarar que lo único que hay con respecto a la planta de hormigón es un proyecto, cuya tramitación no se ha iniciado ya que deberá esperar «a que lle toque o turno». Por ello, no hay licencia concedida, recalcó Camilo Forján.

Lo primero que hará el Concello es saber si este tipo de actividad puede ubicarse en el polígono de Pazos, concebido como comercial y de servicios, dijo. Para ello, el asesor jurídico del Ayuntamiento tenía previsto hablar ayer mismo con Xestur, la empresa con participación pública que se encargó de la ejecución del parque. La opinión de Xestur no es «vinculante», una vez que el polígono es competencia del Concello, según dijo el gobierno local, que se comprometió con los afectados a mantenerlos informados de los informes que recabe.

Los vecinos denunciaron que, pese a que las obras están paralizadas, la empresa continúa con la actividad y, en concreto, hablaron de que llevó a la parcela del polígono, cuya propiedad está vinculada al alcalde de Rois, tres silos. Por ello, reclamaron una y otra vez al gobierno padronés que «vigile» la zona para evitar que la empresa trabaje «pouco a pouco» y, con ello, finalmente logre hacer la obra pese a que carece de licencia.

Consecuencias

Tanto el representante de los vecinos de Pazos como los de Extramundi mostraron su gran temor a las consecuencias que pude conllevar la instalación de una planta de hormigón tan próxima a las viviendas que, en el primer caso, se sitúan a unos 500 metros y, en el segundo, a apenas 100 metros. «¿Sodes conscientes do que pode traer a planta de hormigón?», preguntó el vecino de Pazos quien dijo estar preocupado por el río Sar y los árboles pero mucho más por la salud de la personas. Por esta razón, todos los presentes pidieron a las autoridades municipales que «busquen alternativas» para que la planta de hormigón no se ubique en Pazos, en caso de que reúna las condiciones para obtener la licencia municipal, algo de lo que dudan.






* La Voz de Galicia - 17.06.10
Foto: Vecinos de Extramundi denunciaron ayer que siguen llevando material a la parcela de la obra paralizada - lavozdegalicia.es

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Barcelona.- Millet y Montull declaran ante el juez por el caso del hotel del Palau

ELPERIÓDICO* : Los dos principales imputados en el saqueo del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, han llegado esta mañana a la Ciutat de la Justícia para declarar ante el juez por el caso del hotel que había de construirse junto al recinto musical, acompañados por sus respectivos abogados, Pau Molins y Jordi Pina. La Fiscalía de Barcelona presentó la semana pasada una querella contra Fèlix Millet, expresidente de la Fundació Orfeò Català-Palau de la Música, y Jordi Montull, su mano derecha, por la operación urbanística diseñada para construir un hotel de lujo en las calles de Sant Pere Més Alt y de Amadeu Vives.

La acusación pública les imputa un presunto delito continuado de tráfico de influencias (considera que se valieron de su relación con diversos altos cargos para persuadirles de llevar adelante el proyecto) y otro de apropiación indebida.

El fiscal de delitos urbanísticos, Antoni Pelegrín, abrió en octubre una investigación a raíz de una denuncia presentada por dos asociaciones de vecinos. Pelegrín expone en la querella que los dos exdirectivos de la entidad diseñaron un proyecto dirigido a lograr «importantes ganancias económicas» bajo el pretexto de obtener mejores vistas de la fachada del Palau de la Música con la creación de una plaza y dotar a Ciutat Vella de una infraestructura hotelera para potenciar el turismo en el distrito.

Convenio para la permuta

Los acusados, «empleando la especial posición de sus cargos y aprovechando las relaciones personales generadas» y su «posición dentro la sociedad civil y política catalana», contactaron a finales del 2005 y principios del 2006 con varios altos responsables del Govern de la Generalitat a fin de ejercer «presión» en favor de la operación. Esta vía les condujo hasta el conseller de Economia i Finances, Antoni Castells, que firmó un convenio con la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música el 8 de marzo del 2006 para la permuta de unos terrenos. Está previsto que Castells declare como testigo el lunes y dos días después el teniente de alcalde de Urbanismo, Ramón García-Bragado, entre otros altos cargos municipales, y el candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, con el que Millet también contactó para defender el proyecto

Los hechos se remontan al 2003, cuando el Palau se planteó la posibilidad de aprovechar tres solares en la calle de Sant Pere Més Alt para edificar un hotel de lujo y un aparcamiento subterráneo. Los solares fueron cedidos al Palau por el Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas, que es la orden religiosa que gestiona la escuela La Salle Comtal de la calle de Amadeu Vives. A cambio, la entidad musical se comprometía a sufragar con 4,48 millones la remodelación de la escuela. Bajo la batuta de Millet, el Palau logró que estos inmuebles destinados a equipamiento docente (dos estaban registrados como bien de interés cultural) fueran recalificados como suelo residencial por el Ayuntamiento de Barcelona.

Mismo arquitecto

La documentación que el consistorio y la Generalitat manejaron a lo largo del proceso urbanístico reflejaba que quien pretendía levantar el hotel era el Orfeó Català. Sin embargo, el Palau cedió el uso de los terrenos en el 2006 a Olivia Hotels, una empresa propiedad de Manuel Valderrama, que era vocal de la Fundació Orfeò. El arquitecto encargado del proyecto del hotel era Òscar Tusquets, el mismo que realizó la ampliación del Palau. En una escritura firmada entre el Palau y Olivia Hotels, la constructora se comprometía al pago de todas las obligaciones económicas derivadas de la recalificación y a abonar una compensación al Orfeó de 3,6 millones de euros. La pregunta es si ese dinero hubiera ido a parar al Palau o a los bolsillos de sus exdirectivos. Según la querella, el constructor Manuel Valderrama adelantó a Millet y Montull una cantidad de dinero para le adjudicaran la construcción del hotel.






* El Periódico - 17.06.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org

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Málaga.- El parón de la construcción pone en jaque 200 millones en convenios urbanísticos

SUR* : El Ayuntamiento se las prometía muy felices hace dos y tres años cuando firmó con diversas promotoras los convenios urbanísticos asociados al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se trata de unos acuerdos programados para aportar a las arcas municipales unos considerables beneficios económicos a cambio de aumentar los derechos edificatorios en determinados sectores de la ciudad, en los que se han proyectado elevadas torres de pisos como hitos del paisaje urbano de la Málaga del futuro. Sin embargo, las condiciones del mercado inmobiliario con las que se rubricaron estos convenios no son ni por asomo las actuales y la actual crisis pone en jaque el cobro de todos los que están pendientes, que suman más de 200 millones de euros.

Así lo entiende el grupo municipal del PSOE que, en la comisión de Movilidad y Urbanismo celebrada ayer, cuestionó sobre este asunto al concejal de Urbanismo. El edil socialista Sergio Brenes llegó a insinuar que el retraso en la aprobación del PGOU se debe a que el propio equipo de gobierno no tiene prisas por dar luz verde al documento debido a que, de tenerlo en vigor, no podría hacer caja con los convenios porque el sector inmobiliario está totalmente parado y sin solvencia económica para hacer frente a las elevadas cantidades que se fijaron en su momento. «Si al Plan General se le caen los convenios, ya no le merece la pena al PP, que no tiene interés en aprobarlo», declaró Brenes.
El responsable municipal de Urbanismo, Manuel Díaz, le contestó que si el PGOU no está aprobado no es por culpa del Ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía, que lo rechazó en julio del año pasado en lugar de aprobarlo parcialmente. Díaz afirmó en su comparencia en la comisión que «los convenios están firmados y están para cumplirlos». «No vamos a bajar ni un euro de lo acordado. Exigiremos los pagos por nuestro sentido de responsabilidad cara a los ciudadanos», aseguró.
No obstante, al término de la reunión, reconoció a los medios de comunicación que, como adelantó este periódico ( SUR 8/2/2010), hay varias promotoras que han solicitado la negociación de nuevas condiciones del pago de las cantidades acordadas por la crisis. En concreto, se trata de las empresas vinculadas al convenio de La Térmica (58 millones de euros) y de Martiricos (23 millones). A estas cantidades hay que añadir los 28,7 millones que están pendientes del proyecto de Sánchez Blanca, que no depende del nuevo PGOU, sino del actual, y que está parado por la crisis. De hecho, Urbanismo tenía previsto financiar este año inversiones con una primera parte de los 28 millones y ha tenido que echar mano de partidas por gastar de presupuestos anteriores para no parar actuaciones como la rehabilitación de la Tabacalera. Díaz aseguró que si se accede a algún aplazamiento de los pagos se exigirá la actualización de las cantidades en función del interés legal del dinero.
Por otro lado, Sergio Brenes recordó que, según lo estipulado en el convenio con los promotores del proyecto de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII, las condiciones del acuerdo podrán ser revisadas por las partes si el PGOU no está aprobado antes del 21 de marzo del año que viene. La entrada en vigor del documento para esa fecha no está del todo garantizada a tenor de las diferencias que aún mantienen el Ayuntamiento y la Junta para una cuestión clave, como es la obtención de Arraijanal. Así, no está del todo claro que el Consistorio pueda ingresar finalmente los 82 millones de este convenio, si bien Díaz aseguró que sus promotores no han planteado por ahora ni aplazamiento ni reducción.

LOS CONVENIOS
Repsol. Supondrá unos ingresos de 82,3 millones de euros por el proyecto de las torres de pisos.
Térmica. Implica unos 58 millones de euros por el proyecto residencial en esta zona industrial.
Martiricos. La ciudad ingresará 23,2 millones de euros por esta actuación, que incluye dos torres.
Sánchez Blanca. Están por cobrar 28,7 millones por este barrio junto a la carretera de Cártama.
Hipercor. La ampliación del centro comercial repercutirá en 7,5 millones de euros.
Málaga Wagen. Por la construcción de pisos en la manzana se ingresarán 2,6 millones.






* SUR - 17.06.10
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu


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La CHJ rechaza el PAI Alt Fardatxo de Peñíscola por falta de recursos hídricos

LASPROVINCIAS/Castellón* : El urbanismo castellonense vuelve a sufrir un nuevo revés por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Como ya ha sucedido con varios proyectos urbanísticos de la provincia, la CHJ ha informado desfavorablemente el PAI Alt del Fardatxo de Peñíscola alegando que el proyecto residencial y de golf presentado no respeta el dominio público hidráulico y no acredita la disponibilidad de recursos hídricos. La falta de estudios sobre la incidencia en el régimen de corrientes sobre la cercana Rambla d'Alcalà es otra de las argumentaciones del informe.

El PAI prevé 3.967 viviendas y 1.500 plazas destinadas a dotación hotelera, así como una superficie de 34.000 metros cuadrados para uso terciario, 170.000 metros cuadrados para zonas verdes y 826.468 para uso deportivo y recreativo (campo de golf). El informe recoge que el emplazamiento del PAI ocuparía parte de los cauces de la Rambla d'Alcalà, el barranc de la Garrotxa y otros cuatro cauces sin nombre definido. Esto supondría afectar a un dominio público hidráulico, por lo que debería quedar fuera del proceso de urbanización a tenor de la propia Ley de la Generalitat Valenciana de Suelo No Urbanizable. El informe recuerda que los terrenos que lindan con los cauces tienen una zona de policía de 100 metros de anchura que debe quedar expedita o autorizada por el organismo de cuenca.
El documento realiza un estudio en base a la demanda bruta anual de agua, que sería de 2,36 millones de metros cúbicos: 1,2 millones de las casi 4.000 viviendas con 3,5 habitantes/día; 219.000 metros cúbdicos de las 1.500 plazas hoteleras; 148.920 metros cúbicos al año de uso terciario; 186.150 de las zonas verdes; y 590.292 para el campo de golf. La demanda neta se limitaría a 1.584.2.2 metros cúbicos al año que, según la CHJ, no podría ser cubiertos con los dos pozos en los que el consistorio tiene derechos, como son la Font de Dins y Campament. La concesión es de 1.110.000 metros cúbicos al año.






* Las Provincias - 15.06.10
Foto: Imagen de los terrenos que ocupa el PAI Alt del Fardatxo.- lasprovincias.es


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Consolidación de lo insostenible - El Roto



Viñeta de El Roto - elpais.com, 16.06.10


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Orpesa.- Primer derribo por orden judicial

LEVANTE/Castelló* : Ayer comenzó la demolición del edificio Portomar, en la playa de la Concha de Orpesa, cumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat, que declaró ilegal y nula la licencia de obras otorgada en 2004 por el ayuntamiento. El derribo de este edificio es el primero que se efectúa en la provincia en los últimos años tras un fallo judicial que sanciona su ilegalidad. En este caso no viene determinado por la aplicación de la Ley de Costas, sino por las irregularidades de su construcción.

El consistorio pagará la demolición que asciende a 100.000 euros, tal como fija el alto tribunal valenciano.
A última hora de la tarde fueron muchos los curiosos que se acercaron a presenciar la demolición, cercana al paseo de la Concha. El pleno acordó el 2 de febrero pasado el proyecto del derribo que ayer se hacía efectivo. Dede el equipo de gobierno del PP orpesino se reitera que el derribo confirma el respeto a las decisiones judiciales, sin entrar en mayores valoraciones ni en especulaciones sobre el otro derribo pendiente en Orpesa y dictado por un tribunal, el del edificio Bernat.
El Portomar es un edificio de tres plantas, ubicado frente a la Concha, construido hace apenas dos años y que nunca ha estado habitado. Además tiene un único propietario que fue quien presentó el proyecto para demolerlo.
Tras el derribo, el propietario del inmueble deberá ser indemnizado por el consistorio, habida cuenta de que fue el consistorio actual quien en 2004 le concedió la licencia de obras para construirlo. Para ello se basó en el informe del arquitecto municipal, que avaló la legalidad de la construcción.





* Levante-emv - 16.06.10
Foto: La máquina trabaja en la demolición del Portomar frente a la playa de la Concha. levante-emv


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Castilla y León.- El gestor de dos pelotazos pagó 1,2 millones a Merino

PÚBLICO* : El gestor de dos de los grandes proyectos urbanísticos más controvertidos de Castilla y León La Rosaleda, en Ponferrada, y Segovia 21, el empresario Elías Benatar, pagó entre 2004 y 2007 un total 1,2 millones más IVA a las consultorías de Jesús Merino, diputado del Partido Popular (PP) por Segovia hasta abril de 2010, cuando dimitió por su imputación en el caso Gürtel. Ambos proyectos, gestionados por Benatar a través de Eyser y Fomento Territorial, han contado con la participación destacada del constructor José Luis Ulibarri, imputado también en el caso Gürtel.

El consejero de Fomento que dio luz verde a la operación de Ponferrada fue Manuel Fernández Santiago, de quien la policía sospecha que podría tratarse del Toti que recibió pagos de la trama Gürtel, algo que el actual presidente de las Cortes de Castilla y León niega.

El pelotazo de La Rosaleda, por el que Ulibarri obtuvo 2.016 parcelas a un 20% del precio de mercado, ha sido declarado ilegal por los tribunales, pero ejecutar las sentencias es imposible al estar ya todo construido. Y el de Segovia 21, que supuso la cesión de 101 hectáreas de terreno público a una sociedad con creciente peso privado liderado por la misma persona que impulsó el proyecto desde la diputación Atilano Soto, presidente de Caja Segovia, está en los tribunales desde 2007: dos denuncias han sido archivadas y dos siguen vivas, la última de las cuales en un juzgado de Madrid, que la admitió a trámite el pasado abril.

La relación profesional entre Eyser, Fomento Territorial y los despachos que Merino compaginó durante años con su actividad de diputado de 2000 a 2010, incluyendo dos años como portavoz adjunto del grupo del PP y de dirigente nacional del partido secretario de Política Autonómica entre 2002 y 2005 y miembro del comité electoral en 2004 es antigua y declarada a Hacienda. Los diputados pueden dirigir también despachos profesionales privados más de 30 lo hacen siempre que no toquen asuntos relacionados con su tarea parlamentaria, un marco que deja mucho terreno para la ambigüedad.

Benatar fue el gestor de los dos polémicos proyectos urbanísticos en Castilla y León, el feudo de Merino. A petición del Ayuntamiento de Ponferrada (PP), redactó en 2001 la reforma urbanística que iba a permitir la construcción en La Rosaleda de más de 2.000 viviendas, un encargo que en 2004 le fue renovado para encauzar el proceso.

El proyecto fue declarado ilegal de cabo a rabo por los tribunales, pero cuando ya no había marcha atrás porque estaba todo construido y, en parte, vendido.

En 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una sentencia ratificada por el Supremo el mes pasado, anuló la reforma urbanística porque se edificó tres veces más de lo permitido y se eliminó el 10% exigido para servicios. En 2007, el mismo tribunal anuló las adjudicaciones, que beneficiaron a Ulibarri, por falta de publicidad y concurrencia.

En 2003, Fomento Territorial recibió también el encargo de gestionar el proyecto de Segovia 21, que culminará previsiblemente el año que viene con la entrega de 400 viviendas y chalets (estos últimos se están vendiendo ya a partir de 850.000 euros), un hotel de lujo, un campo de golf de 18 hoyos y un centro de negocios, entre otros.

Apoyo empresarial

El plan fue impulsado en 2001 por Atilano Soto, entonces presidente de la diputación y también al frente de Caja Segovia, que ahora lidera al grupo de empresarios que se ha sumado a la iniciativa. Los promotores defienden que el proyecto crea riqueza y que la diputación no ha tenido que pagar y, en cambio, ha ingresado seis millones.

Los críticos denuncian que se aportaron 101 hectáreas de terreno público en un paraje de ensueño a un precio irrisorio equivalente a 16 millones, en acciones de Segovia 21 tras una tasación elaborada antes de definir el proyecto en su conjunto y que el beneficiario último será privado. Las hectáreas cedidas Monte Quitapesares se fueron descatalogando por fases pese a que el proyecto era único y se fueron aportando a Segovia 21 sin subasta pública.

El juzgado archivó dos causas en Segovia, centradas sobre todo en la descatalogación en sí. Pero queda viva una demanda por la cesión de los terrenos a Segovia 21 y otra por estafa, admitida a trámite en Madrid el pasado abril.

En declaraciones a Público, Elías Benatar defendió su relación comercial con Merino y negó que los pagos por 1,2 millones de euros más IVA tengan nada que ver con La Rosaleda o Segovia 21. "Se trata de operaciones de carácter privado entre empresas, ajenas a cualquier organismo público y sin ninguna relación con el caso Gürtel, y cuya información supondría la vulneración del secreto profesional", afirma el empresario.
La versión del ex diputado

Un portavoz del despacho de Jesús Merino afirmó que el ex diputado nunca ha trabajado para Eyser o Fomento Territorial en proyectos en Castilla y León y que los pagos obedecen a consultorías para actividades en otras comunidades, singularmente un plan para llevar empresas a Castilla-La Mancha.

Los pagos fueron declarados todos en el denominado modelo 347 que exige Hacienda para los proveedores que superen los 6.000 euros y los desveló un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario del caso Gürtel sobre las actividades empresariales de Jesús Merino, que entre 2002 y 2007 le reportaron 8,4 millones de euros. El informe destaca el vínculo entre Segovia 21 y Fomento Territorial.

En el auto en que el Supremo admitió la causa contra aforados nacionales, en junio de 2009, la jueza hizo constar que en el informe de Hacienda "no se refieren datos concretos que permitan la imputación de una conducta ilícita". El fiscal limitó su petición de imputación al hecho de que en la caja B de la trama apareciera que "Jesús Merino Serrano 50" recibió 50.000 euros en 2007.

Serrano 50 Global Consulting, que en 2007 declaró un pago de 50.000 euros a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP también imputado, recibió 220.000 euros más IVA de Fomento Territorial. Algaba Consultores, que poseía el 33% de Astrolago sociedad compartida con Bárcenas y Jesús Sepúlveda disuelta en 2008 sin declarar nunca actividad, ingresó otros 372.215. Y Everland, administrada por la esposa de Merino, quien a su vez contaba con autorización en una cuenta, obtuvo 591.598.





* Público - 14.06.10
Foto: Castilla y León, trama Ponferrada y Segovia 21 - publico.es

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Urbanismo deprimente

DEMETRIO PELÁEZ/Galicia* : ¿De verdad llevamos diez años fomentando las buenas prácticas urbanísticas? ¿De verdad puede el Colegio de Arquitectos de Galicia, que el lunes celebró en Santiago un acto sobre este tema, sentirse orgulloso de lo que ha ocurrido en esta santa autonomía, en toda España en general, en la última década, en las últimas décadas? ¿Estamos todos ciegos o qué puñetitas pasa aquí? Porque sí, vale que algunas cosas se han hecho bien, y unas pocas incluso muy bien, pero lo cierto es que el balance general en esta parcela es desolador. Deprimente. Capaz de hacer saltar lagrimones al tipo más insensible. El urbanismo en general ha estado tan plagado de desaciertos y cafradas que de poco vale presumir de las casas rurales que se han rehabilitado, o de los edificios históricos que han sido salvados de la carcoma, o de las ciudades que han ganado espacio para los peatones, o de los molones y modernísimos inmuebles que han salpicado algunas urbes en los últimos tiempos.

Todo eso está bien, pero cuando se haga un balance serio de lo que ha sido la arquitectura y el urbanismo en las últimas décadas deberemos destacar que hemos mandado al carallium, sin temblarnos el pulso, infinidad de pueblecitos encantadores, y que hemos llenado la costa de hotelazos sin alma, y que hemos plagado infinidad de carreteras comarcales de rotondas demenciales, y que en nombre de un progreso mal entendido hemos plantado tremebundos polígonos industriales en medio de cualquier valle, y que parajes idílicos se han saturado de urbanizaciones clónicas que parecen un monumento al horror, con lo sencillo que hubiese sido construirlas con algo de gusto, con algo de decoro... ¿Seguimos? Sí, también deberemos hablar de unas ciudades que han crecido aún peor que en los años 70 y que se han llenado de barriadas inconexas, explanadas ventosas y parques de cemento en los que los árboles se niegan a crecer. Buenas prácticas urbanísticas... Estamos de coña, ¿no?





* El Correo Gallego - Opinión - 16.06.10


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Marbella.- El urbanismo abre otro foco de conflicto

SUR/Málaga* : Las aguas del urbanismo vuelven a bajar revueltas. Apenas tres semanas después de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entrara en vigor la Junta y el Ayuntamiento vuelven a escenificar sus diferencias en un asunto que podría tratarse de algo puntual pero que llevaba meses en el punto de mira. El Gobierno andaluz ha requerido al equipo de gobierno que justifique la concesión de la licencia de obra a Tomas Olivo, empresario procesado en el 'caso Malaya', para levantar un bloque de seis plantas y locales comerciales en el edificio de RNE y que justifique cuáles fueron los criterios para otorgarla en diciembre del año pasado, cuando el nuevo planeamiento que cambiaba el uso del suelo estaba en su recta final, según publicó ayer el diario 'El País'.

El criterio del Ejecutivo andaluz es claro. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda entiende que el permiso se otorgó de forma indebida al estar en tramitación el nuevo Plan, que en lugar de permitir el uso residencial en la casona sindical preveía el uso hotelero y terciario y la cesión de 1.200 metros cuadrados para equipamiento público. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que en los casos donde choquen los dos planeamientos deben quedar suspendidas las licencias tras la aprobación inicial, pero el equipo de gobierno del PP aplicó esta norma más tarde, tras el visto bueno provisional. Olivo ya había pedido la licencia para la antigua casona sindical -apenas unos días antes- y el Ayuntamiento optó por seguir adelante con los permisos solicitados con anterioridad.
Con este argumento y escudado en la existencia de cuatro informes técnicos y jurídicos que avalarían el permiso el equipo de gobierno responderá de forma negativa al requerimiento de la Junta, fechado el 12 de mayo. «No se puede revocar porque los informes dicen que se otorgó conforme a derecho», señalaron fuentes municipales. La Junta parece que no se dará por vencida y amenaza con impugnar la licencia en los tribunales. El PSOE también presentó en su día un recurso contencioso y un recurso de reposición, al igual que Izquierda Unida.
«Se impone la cordura»
El concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Enrique Monterroso, valoró ayer positivamente el requerimiento de la Junta y exigió a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que cumpla con la petición cursada por el gobierno autonómico. «Parece que en esta ocasión la Junta va a imponer la cordura y va a dar la razón a Izquierda Unida, pues a todas luces la licencia concedida por Muñoz en favor del imputado en el 'caso Malaya' contraviene la legalidad urbanística y atenta contra el interés general», añadió.






* SUR - 16.06.10
Foto: Vista del edificio de RNE, en plena avenida Ricardo Soriano, propiedad del empresario Tomás Olivo, procesado en 'Malaya' - diariosur.es

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La jueza imputa por prevaricación al alcalde y a tres ediles de Castro de Rei

LAVOZDEGALICIA* : El caso de Castro de Rei, que en el Juzgado de Instrucción nº3 de Lugo se bautizó como operación Rey, saltó a los periódicos cuando el 26 de octubre del año pasado la jueza titular, Estela San José, entró a registrar el Concello de Castro de Rei, y se incautó de numerosa documentación relativa a adjudicación de obras. El asunto tuvo una mayor repercusión porque el alcalde, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales salieron esposados por la puerta del consistorio y, tras pasar por el vecino Ayuntamiento de Cospeito para incautarse de una documentación relacionada, acabaron en los calabozos de la comisaría de Lugo casi tres días, hasta que declararon y salieron en libertad.

Pero el asunto no había comenzado ese 26 de octubre con el registro. Ahora, tras levantarse el secreto del sumario, se sabe que la jueza había ordenado casi un año antes pinchar el teléfono a un empresario de Castro de Rei que se dedicaba a traer inmigrantes marroquíes para trabajar en granjas y que eran explotados. Aquellas escuchas, integradas dentro de la también famosa operación Pollo, revelaron que dicho empresario también estaba tratando de poner en marcha un viejo plan de construir casi cien chalés mediante una cooperativa.

El proyecto seguía estancado por problemas urbanísticos y por ello entró en contacto con otros empresarios, algunos de ellos ya con problemas judiciales, que empezaron a hablar con técnicos de constructoras e incluso funcionarios de la Xunta. En las conversaciones empezaron a ser citados el alcalde de Castro de Rei y otros políticos como las personas necesarias para agilizar los trámites urbanísticos, a veces mediante la necesaria colaboración de políticos de mayor nivel.

A medida que avanzaban las conversaciones, la jueza fue ordenando más pinchazos telefónicos y así se descubrieron entre esos empresarios hasta proyectos irregulares de exportar leche en polvo o chatarra a países africanos, para lo que siempre necesitaban apoyos políticos que salían mencionados en las conversaciones.

Como el alcalde de Castro de Rei hablaba permanentemente con los concejales de su partido (PSOE), y también con el concejal bisagra (TEGA), que le da la mayoría frente al PP, en esas conversaciones salieron a relucir los acuerdos para repartir las obras municipales, siempre que fuese posible, entre las empresas del concello. El alcalde, con el ánimo de contentar a sus ediles y también a las firmas locales, trató de que todas se llevasen algunas obras. Mientras hablaba con los concejales, los funcionarios o los técnicos de urbanismo, la policía grababa las conversaciones. Y todas esas «artimañas previas a la adjudicación», como las denominó la jueza, fueron tipificadas como prevaricación y tráfico de influencias para los tres ediles, y para el alcalde, también cohecho. Por eso el 26 de octubre del 2009 la jueza entró a buscar pruebas en el Concello y ahora, una vez levantado el secreto y tomadas muchas declaraciones, el sumario camina hacia la calificación.





* La Voz de Galicia - 16.06.10
Foto: Castro de Rei (Lugo), ayuntamiento - calasanz-val.org

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El director del Palau considera "fuera de lugar" y "de difícil justificación" los convenios de Millet con la Trias Fargas

ELPERIÓDICO/Barcelona* : El director del Consorci de l'Orfeó Català-Palau de la Música, Joan Llinares, ha considerado que los siete convenios que Fèlix Millet firmó con la fundación de CDC, la Trias Fargas, estaban "fuera de lugar" y son "de difícil justificación". El actual gestor del Palau ha asegurado que todavía falta mucha documentación por examinar, pero que en el Palau existen papeles "extraños y sorprendentes" relacionados con adjudicaciones de obra pública realizadas por CiU, como la L9 del metro de Barcelona o la Ciutat de la Justícia. "Se tiene que seguir investigando", ha añadido.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Palau, Llinares ha confirmado la información publicada hoy por EL PERIÓDICO sobre la coincidencia entre el dinero que recibía Millet de Ferrovial y los pagos que, pocos días después, realizaba el exdirector del Palau a la Trias Fargas. "Es una relación extraña y anormal, que no solo consta en anotaciones personales [el diario de la exdirectora financiera del Palau, Gemma Montull], sino también en ficheros informáticos que obran en poder de la institución", ha explicado Llinares, quien ha añadido que "no se explica" por qué estos documentos están en el Palau de la Música.

Convenio "dudoso"

Asimismo, el actual director del consorcio del Palau ha insistido en todo momento en que debe ser la justicia la que dictamine si en estos documentos existe una base probatoria de algunas actuaciones irregulares. El tripartito ha dejado entrever esta posibilidad en sus intervenciones. Por ejemplo, ERC ha asegurado que el 75% de los ingresos que recibió la Trias Fargas mientras Millet dirigió el Palau provenía de Ferrovial. Por su parte, CiU se ha aferrado a que, hasta el momento, no se tiene ninguna "constancia fehaciente" de todos estos hechos.

Llinares también ha calificado de "dudoso" el convenio que Millet firmó con la Fundació Espai Catalunya, que dirigía el actual secretario de inmigración de CDC, Àngel Colom, en el año 2000. Sobre este asunto, la directora general de Dret i Entitats Jurídiques, Elena Lauroba, ha afirmado en la comisión que dicha fundación, de carácter independentista, nunca llegó a formalizar su registro. Sin embargo, sí consta, como Llinares ha dejado claro, que Millet le otorgó 150.000 euros en dos pagos. Lauroba ha asegurado que la Generalitat consignó en una auditoría a la fundación del Palau dos pagos a la fundación de CDC, en los años 2002 y 2005. "Hubiese sido mejor que esta relación no se hubiera producido", ha remachado Lauroba.

Caja única

Respecto al grueso de las irregularidades cometidas por Millet, Llinares ha remarcado que buena parte de los delitos se vieron favorecidos por el hecho de que las tres entidades existentes en el Palau de la Música (fundación, consorcio y asociación) funcionasen como una "caja única", con el mismo equipo directivo detrás de cada una de ellas. Según la auditoría que los nuevos gestores encargaron a la empresa Deloitte, el agujero que Millet y Jordi Montull dejaron en el Palau es de 33.644.000 euros. Después de detallar la profundidad del saqueo, Llinares ha asegurado que más de una cuarta parte de esta cantidad ya ha sido resarcida a la institución.






* El Periódico - 14.06.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org

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'Gürtel'.- Anticorrupción pedirá enviar el caso a Castilla y León por nuevos imputados

ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto solicitar la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de la parte del sumario del caso Gürtel en la que aparece presuntamente implicado el actual presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago. Los hechos se refieren a la adjudicación de las obras de una variante de una autopista a la altura de Olleros de Alba (León) a la empresa Tecnología de la Construcción (Teconsa).

Anticorrupción quiere que se investigue a fondo la posible entrega de comisiones a la organización corrupta que dirigía Francisco Correa a partir de la adjudicación, en 2002, de la citada variante, que se hizo por el sistema de concurso y con la intervención del entonces consejero de Fomento de la Junta y hoy presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, conocido como Toti. Así le menciona la trama de Correa en los documentos intervenidos por la policía en sus empresas.

La Fiscalía Anticorrupción está a la espera de que el Supremo le remita las actuaciones sobre la variante de Olleros de Alba, que no fue desglosada en su día de la parte principal porque la fiscalía no quería abrir más frentes sobre la trama Gürtel, máxime tras lo acontecido en Valencia. Allí, el Tribunal Superior de la comunidad se negó a investigar al presidente, Francisco Camps.

De hecho, Anticorrupción se mantenía entonces a la espera, pues la situación le beneficiaba. La imputación por el Tribunal Supremo del ex senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y del ex diputado del mismo partido Jesús Merino, podía arrastrar al alto tribunal a Fernández Santiago, aforado al Tribunal Superior de Castilla y León en razón de su cargo. Así, Toti sería investigado por el Supremo junto a Bárcenas y Merino, sin romper la continencia de la causa. De paso, Anticorrupción sólo tenía que atender los frentes del Supremo y del Tribunal Superior de Madrid, donde se investiga la pieza principal de Gürtel, mientras no se aclarase la situación de la causa en Valencia.

La operación de ingeniería procesal urdida por el PP para que Bárcenas y Merino dejasen sus escaños en busca de un tribunal más favorable a sus intereses, como sería el Superior de Madrid -que ya ha anulado las escuchas en prisión de los abogados con sus clientes corruptos de la trama-, dibujó otro escenario. El Supremo se ha quedado sin clientes, Bárcenas y Merino dependen ahora del Tribunal de Madrid; el de Valencia vuelve a investigar a Camps y una eventual imputación de Fernández Santiago tiene que ser exigida ante el TSJ de Castilla y León. Eso es lo que va a intentar Anticorrupción cuando reciba las actuaciones del Supremo, según fuentes de la investigación.

En la causa hay indicios de la trama Gürtel en Castilla y León desde el primer auto del juez Baltasar Garzón en el que se implicaba a Bárcenas. Entre la documentación del contable de Correa, José Luis Izquierdo, había un fax de noviembre de 2002 de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por Fernández Santiago, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba por 2,85 millones de euros a Teconsa, empresa relacionada con la trama que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, imputado en el Gürtel y supuesto asesor de Correa en la colocación en el extranjero del capital de sus empresas.

Del auto de Garzón se desprendía que Teconsa habría pagado una comisión del 3% a Correa para que utilizase sus contactos políticos para influir en la adjudicación de esa variante, un dinero que este repartió entre personas citadas con las siglas T.O.; G; L, y J. Según la policía, en alusión a Toti y al ex senador Bárcenas, entre otros. Más tarde, los investigadores hallaron otra documentación que apuntaba en el mismo sentido: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y León", de otro reparto similar de 96.100 euros.

Teconsa resultó beneficiaria de 23 adjudicaciones de obra pública entre 2000 y 2009 por parte de la Junta de Castilla y León, por el procedimiento del concurso, subasta, negociado sin publicidad o contrato menor. Según un informe de la Agencia Tributaria, Teconsa realizó movimientos de efectivo con billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004; 242.000 en 2005; 893 en 2006 y 202.000 en 2007.

Las últimas investigaciones policiales señalan que la relación de Correa con el grupo de empresas de José Martín Núñez, administrador único de Teconsa, es "directa", tal como se desprende de una intervención telefónica de Correa con un consejero de Teconsa, José Luis Martínez Parra, en la que hablan de un amigo común, José Ramón Blanco Balín.





* ELPAIS.com - 14.06.10
Foto: Valladolid, sede Cortes Castilla y León - vallisoletvm

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Las ocho victorias de Roca

LAOPINIÓN/Málaga* : Cualquiera podría pensar que desde el 29 de marzo de 2009, fecha en la que fue detenido el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, todo le ha ido mal a este murciano que llegó a la Perla del Mediterráneo a principios de los 90 de la mano de Jesús Gil. Actualmente arrastra más de ochenta procedimientos penales en diversos juzgados del país, la mayoría de ellos en la localidad costasoleña, pero también ha habido momentos de satisfacción: ocho en concreto. Cuatro pares de instantes en los que la Justicia le dio la razón al supuesto cerebro de la trama de corrupción conocida popularmente como «Malaya».

Ha ganado, tras arduas investigaciones, siete casos urbanísticos y uno en el que estaba imputado por un fraude a la Hacienda Pública aunque, eso sí, a partir del 27 de septiembre se sentará en el banquillo de los acusados por «Malaya» y todavía debe responder por «Saqueo 2» ante la Audiencia Nacional. También le resta conocer la sentencia de «Minutas», que se desarrolla estos días.
La última alegría se la llevó el 2 de junio, cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella archivó una causa contra Roca y otros nueve ex ediles del Consistorio, entre ellos Julián Muñoz, por los supuestos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Ambos se castigan con penas que prescriben a los diez años, lo que se habría producido en este caso, en el que se investigaba la cesión por parte del Consistorio de unos terrenos a una empresa. Los delitos prescribieron.
El mismo órgano ya archivó otra causa contra el ex asesor en febrero de 2009. Se investigaba la concesión de una licencia a una sociedad para construir 63 viviendas en suelo no urbanizable, pero el pacto que la Fiscalía alcanzó con los ex concejales, por el que éstos reconocían su responsabilidad y sufrían una pena inferior, motivó que lo que eran indicios de criminalidad para Roca se convirtieran, como dice el juez, «en meras sospechas». Y es que lo que se investigaba era si el ex asesor asistía a las comisiones de gobierno que aprobaban los permisos.
Poco antes, el 27 de enero del pasado año, la Fiscalía pidió, por los mismos motivos, el sobreseimiento de la causa que había contra el murciano por la concesión de una licencia a una constructora para reformar el Hotel Guadalpín con la oposición de los informes técnicos. Al haber acuerdo entre Julián Muñoz, sus compañeros de corporación y el ministerio público, se sobreseyó el asunto.
Febrero de 2009 fue sin duda el mes de su vida. El día 10, se archivó un caso contra el ex asesor por la concesión de una licencia para la construcción de 86 casas en Guadalpín Sur. Una vez más, la asunción de responsabilidad por parte de los políticos, tras el pacto fiscal, le permitió eludir el banquillo. Sólo había sospechas de su actuación, y eso no es suficiente para condenar a nadie.
Sólo un día después, Instrucción 1 de Marbella sobreseyó las actuaciones por el otorgamiento de una licencia de obras a una promotora para la edificación de un hotel de cuatro estrellas, argumentando el magistrado lo mismo que en las ocasiones anteriores.
Instrucción 2 de Marbella se subió al carro el 17 de febrero de 2009, esta vez por otro delito urbanístico. El pacto estuvo una vez más detrás. La guinda al pastel se la puso en noviembre de 2008 el Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado, que archivó una causa contra el ex asesor de Urbanismo por un delito fiscal. No se acreditó la perpetración de delito alguno.
Antes, el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga lo absolvió por la concesión de una licencia de obra al fallecido periodista Antonio Herrero. Ocho victorias que, entre otras cosas, le han permitido mantener un optimismo moderado de cara a su situación penal.
En la cárcel de Albolote, le da clases a los presos analfabetos, «sobre todo les enseña a escribir, sumar y restar». Incluso les escribe las cartas que éstos envían a sus esposas. «Tiene don de gentes y es querido y respetado por sus compañeros. Por la tarde, se dedica con entusiasmo a preparar sus procedimientos. Está siempre encima de todos», aclaran las fuentes consultadas por este periódico.
Ya se ha agotado su periodo de prisión preventiva por «Malaya», cuatro años, pero aún se tramitan contra él 42 diligencias previas por diversos procedimientos con temática urbanística de fondo. Tiene más de 80 procesos en total.
En el último juicio de «Minutas» se le ha visto muy entero contestando a las preguntas del fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo. Como buen jugador, Roca piensa que puede seguir ganado.





* La Opinión de Málaga - 14.06.10
Foto: Imagen de archivo de Juan Antonio Roca a la salida de uno de sus procesos judiciales - laopiniondemalaga.es


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Mari Carmen lleva cinco meses sin poder entrar en su casa, que ha sido 'okupada'

20MINUTOS/Madrid* : "Puedes gastar todo lo que quieras en abogados que no te va a servir de nada". Éstas fueron las últimas palabras que Mari Carmen Peña cruzó con el grupo de personas que han okupado su vivienda del paseo de las Delicias (Madrid). Ocurrió hace dos meses en el descansillo de la escalera. Una mujer con acento latinoamericano le gritó detrás de la puerta que no volviera. "No seas tan pesada y déjanos tranquilos, bruja", recuerda que le dijeron. Mari Carmen volvió a llamar a la Policía y, entre lágrimas, abandonó una vez más el edificio en donde está el piso que compró con mucho esfuerzo cuando era tan sólo una jovencita.

Pero la pesadilla comenzó a principios de abril. Un día, un vecino le preguntó si había alquilado su casa porque llevaba meses viendo luz. Ella bromeó y le dijo que no era posible porque estaba dada de baja. Más tarde la llamó para avisarla de que había visto gente en el piso. "Fui y vi que habían roto la cerradura y que le habían puesto un candado a la puerta. Llamé a la Policía y me dijeron que pusiera una denuncia porque sólo un juez podía ordenar el desalojo. Además, me explicaron que ni se me ocurriera entrar a la casa porque sería allanamiento de morada y eso complicaría las cosas", recuerda.

Los okupas utilizaron una de las cartas del buzón de la vivienda para conseguir los datos personales de la dueña (nombre, apellidos, DNI...) y poder darse de alta de la luz y el gas por teléfono. Mari Carmen consiguió dar de baja los servicios, pero desde las compañías le advirtieron de que ellos podían estar robando el gas y la luz por otro lado.

1.500 euros en abogados

Mari Carmen ya ha gastado más de 1.500 euros en abogados, ha puesto más de una decena de reclamaciones y nadie le ha dicho cuándo podrá recuperar su casa. "Mi abogado cree que pueden tardar en marcharse entre seis meses y un año, pero que no me lo asegura porque depende de la rapidez de los juzgado, no de él", cuenta.

Esta mujer tenía pensado volver a vivir en su vivienda del paseo de las Delicias porque las cosas no le van muy bien y necesita dinero."Casi he agotado el paro y no encuentro trabajo. Había pintado la casa para mudarme porque el piso donde vivo ahora es más fácil de alquilar. Es más bonito", cuenta desconsolada.

20 minutos intentó ponerse en contacto con los okupas de Mari Carmen, pero nadie contestó a las llamadas pese a que en el interior de la vivienda se escuchaban ruidos.

"Que pase lo que Dios quiera"

Mari Carmen confiesa estar harta de la situación. Asegura que la ley deja a los propietarios desprotegidos en este tipo de situaciones y que sólo defiende a la gente que entra en las casas. Por este motivo, dice que está pensando encadenarse a la puerta de su piso cuando ellos se vayan para que no puedan volver a entrar. "Que venga la Policía y que pase lo que Dios quiera", cuenta esta mujer que asegura estar pasando el peor momento de su vida.





* 20 Minutos - 14.06.10
Foto: Madrid, vivienda okupada a Mari Carmen - 20minutos.es

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Costas ha detectado 218 infracciones en el litoral balear durante el último año

DIARIODEMALLORCA* : La Demarcación de Costas del Estado ha detectado en el último año 218 infracciones en el litoral balear. Los municipios que más han vulnerado la Ley de Costas durante 2009 y los primeros meses de 2010 son Santanyí y Llucmajor con 14 expedientes cada uno. Le sigue Pollença con 13 expedientes sancionadores. Las principales infracciones corresponden a vertidos de líquidos y de escombros en el mar, obras en el dominio público marítimo terrestre, aparcamiento y circulación de vehículos en zonas de litoral prohibida y acampadas.

Los datos facilitados por Costas separan por islas las infracciones. Mallorca cuenta con 94 expedientes, seguida de Menorca con 55 y Eivissa con 54. En Formentera se han contabilizado 12. La recaudación por las multas impuestas a raíz de infracciones en el litoral ascendió a 182.826 euros, si bien esta cantidad puede corresponder a sanciones de años anteriores que durante 2009 o principios de 2010 se ha concluido el expediente y cobrado la multa.
Los datos de este año contrastan con los de 2008, donde el número de expedientes por infracción en el dominio público marítimo terrestre aumenta en casi cien casos. En concreto fueron 316 las infracciones detectadas hace dos años. En Mallorca fueron 142 por las 110 de Menorca, las 49 de Eivissa y las 15 de Formentera. La recaudación también se incrementó y el Estado cobró por multas en el litoral de las islas 290.181 euros. Esta diferencia es puramente administrativa, ya que cada expediente antes de iniciarse tienen una tramitación diferente y puede que la infracción sea cometida en un año y el expediente se inicie en otro.
Por lo que respecta a los municipios es coincidente que en los pueblos con la costa más extensa es donde se han producido mayor número de infracciones. En el caso de Llucmajor, la mayor parte de los 14 expedientes corresponde a estacionamientos y circulación de vehículos invadiendo la zona litoral. En el caso de Santanyí, también con 14 expedientes sancionadores, un número importante son también sobre vehículos, otros son obras como es el caso de la colocación pasarelas o pavimentación por parte de propietarios. También existe algún expediente por el varado de embarcaciones.
En 2008 el municipio con más infracciones fue Campos con 22. Lo curioso del caso es que 21 expedientes son por circulación de vehículos en la costa. Le siguen Artà con 20 infracciones de los cuales 15 son por acampadas en zona de dominio púbico.





* Diario de Mallorca - 14.06.10
Foto: Llucmajor (Mallorca), nuevas construcciones - T.Ramón (El País)

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Imputado el ex presidente del PP de Íllora por la construcción supuestamente ilegal de un tanatorio

IDEAL/Granada* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Loja ha llamado a declarar en calidad de imputado al que fuera presidente del PP de Íllora, Juan Francisco Palma, por la construcción supuestamente ilegal de un tanatorio en suelo no urbanizable en Escóznar. Será el próximo 30 de junio cuando tendrán que aportar su testimonio ante el juez, que ha pedido además al Seprona que informe sobre el estado actual de las obras que ya fueron paralizadas por orden judicial, según consta en una providencia de fecha 7 de junio de 2010, facilitada a Europa Press.

Según informó en un comunicado el Ayuntamiento de Íllora, el juez atribuye al ex político un posible delito de desobediencia grave, al desoír tres órdenes de paralización de la construcción del tanatorio, que se levantaba en suelo de especial protección agrícola; y otro contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística.
El pasado 2 de junio el juez decretó la paralización "inmediata" y el precintado de las obras realizadas por Palma a través de la empresa 'Palmavalen S.L.', que "no estaban amparadas por licencia" y que, a pesar de la orden del Ayuntamiento de Íllora, continuaron ejecutándose.
Así, Palma prestará declaración ante el magistrado de Loja y también lo hará Gallego, que concedió una licencia supuestamente ilegal un día antes de que tomara posesión la nueva corporación municipal, del PSOE.





* Ideal - 14.06.10
Foto: Íllora (Granada) - wikimedia.org

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