La presunción de inocencia permite a tres alcaldes continuar en el cargo

IDEAL* : Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Es una máxima que asume todo el ordenamiento jurídico democrático -no sólo el español-. Y es una garantía de que las leyes son, cuanto menos, justas para aquellos que, aún existiendo indicios de presunta comisión de delitos o irregularidades, aún no se han sometido a juicio. El sistema jurídico español comparte estas garantías, no sólo para los actores privados, sino también para los públicos. Es por ello que nada inhabilita a un cargo público, electo o no electo, a volver a ocupar el sillón de la administración mientras que una sentencia judicial lo impida.

Obviamente, esta máxima también se aplica a diputados, senadores y, como no, también concejales y alcaldes. El caso del alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL), que abandonaba la prisión de Albolote el pasado martes y, sólo un día después, ayer, volvía a dependencias municipales, no es extraño. Enciso estaba en prisión provisional, una medida preventiva -igual que las que le impiden actualmente abandonar el país o las que le obligan a presentarse semanalmente en los juzgados- que en nada le impide continuar desempeñando el cargo para el que le habilitaron las urnas.
La imputación de cinco delitos -cohecho, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y tráfico de influencias- es, de momento, eso, una imputación. De mantenerse las sospechas explicitadas en el sumario -la parte sobre la que se levantó el secreto habla de que la figura de Enciso aparece domo «no ajena a lo que está sucediendo» e incluso se indica que podría estar «vinculado» a Alemán y a la «infraestructura organizada» que podría «procurarse favores de naturaleza mercantil, así como lucrarse de las subcontratas» de la empresa Elsur- deberá ser un tribunal el que dictamine sobre si realmente hay pruebas que determinen una conducta delictiva o no. Mientras tanto, puede continuar siendo alcalde con todas las de la Ley. Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, es imposible una inhabilitación para cargo público sin juicio. «Existen medidas preventivas como la prisión, pero para inhabilitación no hay ninguna», indica a este periódico una abogada. Es decir, Enciso solo dejaría de ser alcalde, mientras no haya juicio, perdiendo unas elecciones o mediante la renuncia voluntaria.
El caso de Enciso, que después de permanecer un tiempo entre rejas de forma preventiva, ha vuelto a ocupar la Alcaldía, no es un caso aislado. Ha ocurrido -está ocurriendo- en otros lugares del país. Por ejemplo, en La Muela (Zaragoza). Allí, la alcaldesa, María Victoria Pinilla (del Partido Aragonés Regionalista, PAR), fue detenida el 18 de marzo del pasado año en el marco de la Operación Molinos, una macrooperación contra una presunta trama de corrupción urbanística que sumaría ya 36 imputados. A la primera edil se le imputan 11 delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Para abandonar la prisión (en la que permaneció la mitad de tiempo de Enciso) tuvo que pagar una fianza de 800.000 euros. No obstante, continúa ostentando la Alcaldía de la pequeña localidad aragonesa de apenas 5.000 habitantes.
En Castro Urdiales (Cantabria) el primer edil, Fernando Muguruza, que fue declarado tránsfuga en 2007 por la Comisión del Pacto Antitransfuguismo, permaneció en prisión algo menos de un mes tras la solicitud de esta medida cautelar por dos organizaciones vecinales, que habían encontrado «indicios de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva» al incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de competencias de urbanismo. Acumula más de una docena de imputaciones en varios casos. Y a pesar de que, incluso el Ministerio Fiscal calificaba al alcalde de «peligro social», nada ha impedido que volviera a presidir los plenos de Castro Urdiales. Por cierto, también en este caso el PP pedía la disolución de la Corporación para impedirlo.
Esta drástica medida, que los populares, junto con IU, han reclamado por activa y por pasiva para El Ejido, sólo se ha ejecutado en una única ocasión: en Marbella. La disolución de la Corporación ha sido la única ordenada por el Gobierno del Estado en la historia de la democracia. Precisamente un ex alcalde de dicho Consistorio, Jesús Gil, ostentó la máxima representación municipal después de permanecer en prisión preventiva por diversas imputaciones de diferente orden.
La inhabilitación para cargo público, que es lo único que impide a alguien continuar en la alcaldía, viene generalmente ligada a sentencias que dictaminan delitos relativos a la administración pública, terrorismo o las penas de cárcel iguales o superiores a diez años. Pero sólo cuando hay sentencia.





* Ideal - 17.06.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es