LASPROVINCIAS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado, en un nuevo auto relacionado con el caso de La Rosaleda de Alcoy, las alegaciones de la edil de Urbanismo, Eugenia del Castillo, contra la multa de 1.500 euros impuesta el pasado mes de enero. Y es que el alto tribunal reitera que, al menos hasta el 29 de septiembre de 2009, el Ayuntamiento alcoyano no había avanzado adecuadamente en la ejecución de la sentencia que en el año 2005 obligó a reponer la zona verde destruida.
El TSJ manifiesta que «el Ayuntamiento de Alcoy ha adoptado una actitud renuente al cumplimiento de la sentencia; al principio, omitiendo puramente la actividad correspondiente; luego pretextando un proyecto manifiestamente contradictorio con la ejecutoria y con el que pretendía encubrir su desatención; al final planteando un incidente de imposibilidad de ejecución que rozaba la temeridad procesal». Además, añade que «ha sido que la concejal de Urbanismo no ha promovido, al menos desde la firmeza de la sentencia hasta el 29 de septiembre de 2009, iniciativa alguna digna para cumplirla lealmente; antes bien, lo demostrado por el Ayuntamiento es su intención de sustraerse al mandato de este órgano judicial mediante argucias, dejar las cosas como están en definitiva, un supuesto sin duda de insinceridad de la desobediencia disimulada por parte de los órganos administrativos que se traduce en cumplimientos defectuosos o puramente aparentes, o en formas de inejecución indirecta».
Por otra parte, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció desmiente las declaraciones vertidas por del Castillo, en las que aseguraba que no había contestado a la invitación del Consistorio para formar parte del jurado que valorará los proyectos presentados para remodelar La Rosaleda. La Carrasca informa que el pasado 24 de febrero «respondimos con unas alegaciones en las que exponíamos los graves defectos de las bases del concurso y manifestábamos que no podían convalidar el concurso de proyectos con su participación si no se corregían antes los defectos denunciados».
El portavoz del PSOE de Alcoy, Antonio Francés, anuncia que el próximo martes se reunirá el jurado para conocer las cinco ofertas presentadas para remodelar La Rosaleda, y como representante de la oposición, avanza que «intentaré evitar cualquier intento más del PP para dilatar el cumplimiento de la sentencia».
* Las Provincias - 4.04.10
Foto: Alcoy, protesta en La Rosaleda (archivo) - diarioinformacion.com
Alcoy: El TSJ desestima el recurso de la edil de Urbanismo contra la multa sobre La Rosaleda
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Miembros de Salvemos Las Rozas vierten agua fecal contra el Plan de Urbanismo
ECODIARIO/Madrid* : Activistas de la asociación Salvemos Las Rozas han vertido hoy aguas fecales ante la puerta del Ayuntamiento y han repartido billetes falsos de 500 euros, para protestar por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tramita el municipio. Aseguran que el PGOU -pendiente de aprobación definitiva- prevé duplicar el número de habitantes de Las Rozas, de 85.000 a 160.000, lo que, a su juicio, supondrá una "masificación" y "pérdida de calidad de vida".
Con las aguas fecales han querido simbolizar la situación que viven los vecinos, mientras que con los billetes de 500 euros han aludido al "dinero negro de los especuladores".
Además, aseguran que en Las Rozas existen de verdad "vertidos fecales que contaminan todos los cauces de los arroyos, debido a que los colectores están rotos y las depuradoras saturadas".
Los miembros de esta asociación acusan al Ayuntamiento de "ayudar a los especuladores de suelo", de practicar un "urbanismo depredador" y de "incumplir las directivas europeas de saneamiento".
Con su campaña "Stop Urbanismo Fecal: ni un ladrillo más, ni un vertido más", pretenden conseguir "la retirada del PGOU, la eliminación de todos los nuevos sectores urbanizables, de la depuradora comarcal en suelo protegido y de los dos campos de golf previstos, así como la desclasificación de suelo urbano o urbanizable pendiente de desarrollar del PGOU de 1994.
Tras la protesta, los activistas han celebrado una sesión informativa pública y han recogido alegaciones firmadas por los ciudadanos.
* EcoDiario - EFE - 3.04.10
Foto: ecodiario.eleconomista.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
Numerus clausus
MANUEL ALCÁNTARA* : Por fortuna, el señor Matas, ex virrey de la isla del tesoro, dispone de dinero suelto. Podrá pagar los tres millones de euros que le piden para eludir la prisión y además dejar alguna propina. El ex prohombre balear ha sabido administrarse. ¿Qué importa que se le imputen doce delitos vinculados a la corrupción política? A él parece que no le atañe su vida futura, cubierta de deshonor, ya que ha sabido ganarse la de antes. ¿Qué se debe?, ha preguntado.
Para evitar que sigan reproduciéndose casos semejantes, el PP y el PSOE traman un pacto para que sus numerosísimos cargos no se corrompan. El cupo de golfos mutuos está cubierto. Como en los autobuses cuando se pone el letrero de «completo», no cabe nadie más, sin contar a los que viajan en el estribo. La nueva regulación del pasaje, para que no se peleen unos sinvergüenzas con otros, aspira a sustituir a los políticos por técnicos en las comisiones de urbanismo. También quiere hacer auditorías externas en las corporaciones locales y prohibir los regalos. Todas estas medidas póstumas se deben a que ya no quedan asientos libres en la guagua política. El número de vividores del tinglado excede con mucho la capacidad del circo y más acomodadores que público. No sabemos si servirá de algo publicar las retribuciones de los cargos autonómicos, pero sabemos que hay cargos autonómicos que no sirven para nada. Con nuestro pan se lo coman y de algo tienen que vivir. Lo lamentable es que sean tantos los que hayan elegido el mismo sistema de vida.
* Diario de León - Opinión - 4.04.10
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Barcelona: 200 pisos sociales aún no han sido entregados a los 3 años del sorteo
ELPERIÓDICO* : Al menos 204 pisos protegidos de alquiler para jóvenes todavía están vacíos después de que fueran sorteados hace más de tres años en un acto organizado por el Ayuntamiento de Barcelona. Los retrasos en la construcción y la lentitud burocrática han hecho que los jóvenes que ganaron en el bombo el derecho de vivir en un piso con alquiler reducido hayan vivido desde el 2007 con la incertidumbre de no saber cuándo podrán entrar a su nueva vivienda.
Dos promociones de pisos en Barcelona todavía no cuentan con inquilinos: el bloque de 125 pisos de alquiler de la calle de Química con Gran Via (que estará completamente acabado la semana que viene) y otro de 25 viviendas de la calle de Ramon Turró con Bilbao, en el que los vecinos ya entraron a escoger sus pisos en enero pero todavía desconocen cuándo podrán entrar.
Una tercera promoción, recién estrenada en diciembre y también de alquiler para jóvenes, en la calle de Favència, 298-310, tiene vacías 46 de sus 74 viviendas, aunque Adigsa, empresa pública de la Generalitat, asegura haberlas asignado en su totalidad. La empresa ha tenido que contratar a unos guardias de seguridad que permanecen en uno de los pisos vacíos para evitar que las viviendas sean ocupadas.
Además de estos casos, una cuarta promoción de pisos de compra en la calle Pallars con Diagonal aún cuenta con ocho pisos de propiedad para minusválidos que no han podido ser asignados porque ninguno de los afortunados acreditaba tener ingresos suficientes para hacer frente al piso protegido. Los adjudicatarios, la mayoría con pensiones por discapacidad, debían pagar unos 1.200 euros de hipoteca por esos pisos, equivalente en muchos casos a la totalidad de sus ingresos. Las duras condiciones explican por sí solas la desocupación de las viviendas. En esa misma promoción, adjudicada por la inmobiliaria Espais, también hay pisos vacíos para el público general, según los vecinos, aunque el ayuntamiento asegura que han sido adjudicados y que se encuentran en el proceso de entrega de llaves.
LAS LLAVES, EN JUNIO/ El Incasol, la empresa pública de la Generalitat promotora de las promociones de alquiler vacías, explicó que en el bloque de la calle de Química se encontraron con múltiples problemas con las tuberías y cables eléctricos que atravesaban el terreno y complicaron las obras. En el segundo caso, también reconoce un retraso en la ejecución de la obra por la construcción de un párking municipal en los terrenos cercanos. En ambas promociones, Adigsa, la empresa pública encargada de las adjudicaciones, ha prometido la entrega de pisos en el mes de junio.
Los afectados de las tres promociones del Incasol aseguraron a este diario que no han recibido ninguna respuesta lógica de los retrasos por parte de la Administración. Desde hace un año, las fechas de entrega se van corrigiendo y aplazando. «Siempre recibimos una respuesta negativa y una pésima atención. Nunca nos responden. Nunca saben cuál es el problema ni cuánto falta para entregar las llaves. No sabemos nada de nada», explica una afectada de la promoción de la calle de Química, que está organizando una marcha de protesta.
EXCLUIDOS SOBRE LA MARCHA / La tardanza en la entrega ha hecho que muchos jóvenes que cumplían con los requisitos de ingresos mínimos y máximos en el momento del sorteo, hace tres años, ahora no puedan acceder a los pisos. Algunos se han quedado en paro y no pueden acreditar la percepción de ingresos. Otros han mejorado su situación laboral y superan los límites.
Adigsa ha explicado que se volverán a revisar los ingresos pero aceptará a los ganadores que ahora superan los 35 años, aunque en el sorteo estaban por debajo de esa edad máxima.
Los afectados de la calle de Química aseguran que de los 125 pisos adjudicados hace tres años, tan solo 66 están confirmados en las listas definitivas. El resto puede ser excluido por no cumplir ya los requisitos de la adjudicación.
* El Periódico - 1.04.2010
Foto: Barcelona, bloque viviendas protegidas (archivo) - elpais.com
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Una juez imputa a la ex alcaldesa de Estepona por corrupción
ELPAÍS/Málaga* : Poco a poco, los juzgados tratan de desentrañar la forma en la que el endeudado Ayuntamiento de Estepona (Málaga), centro de uno de tantos casos de corrupción municipal en 2008, se ha quedado sin dinero ni propiedades. La penúltima causa estudia la venta de parcelas municipales, por la que el ayuntamiento andaluz habría dejado de ingresar 6,4 millones.
La cifra podría aumentar conforme avance la instrucción, ya que la juez Isabel Conejo, titular del Juzgado número 5 de Estepona, ha recibido informes de otras operaciones urbanísticas que elevarían las pérdidas a 17,3 millones.
Las primeras diligencias han acarreado la citación para declarar como imputados del ex tesorero municipal Félix Domínguez Pimienta, la edil Rosa Díaz, miembro del actual equipo de gobierno de David Valadez (PSOE), y el abogado Francisco González Valdés.
Las ventas investigadas se hicieron a través de la sociedad municipal Servicios Estepona XXI, S. L., de la que eran liquidadores el antiguo tesorero, hoy jubilado, y el abogado; Rosa Díaz era alcaldesa del municipio con el Partido Popular en 2002, año en el que se cerraron las operaciones.
La imputación de Díaz supone un nuevo sobresalto y motivo de desequilibrio en el ya inestable equipo de gobierno municipal, formado por una coalición de varios partidos en minoría y presidida por el socialista David Valadez. La concejal, de vacaciones estos días en Marruecos, asegura que todavía no ha recibido citación alguna, pero que está "tranquila", según fuentes municipales.
El antiguo tesorero, Félix Domínguez Pimienta, mostró ayer la "alegría" de que "por fin se aclare el tema en los juzgados". Atribuyó la denuncia a su enemistad con el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, imputado en el caso Astapa de corrupción municipal, y con Juan Manuel de Hoyos, el liquidador municipal que lo sustituyó. "Nosotros [Francisco González Valdés y Feliz Domínguez Pimienta] no tenemos nada que ver con las valoraciones de los terrenos", explicó.
El ex regidor Antonio Barrientos y Juan Manuel de Hoyos, que declaró como testigo hace unos meses, llevaron las operaciones a la Fiscalía en noviembre de 2006. Fuentes cercanas al caso aseguran que la investigación judicial no se reactivó hasta 2009, después de que Guillermo Álvarez Rato, abogado que trabaja con De Hoyos, se reuniera con la Fiscalía Anticorrupción y volviera a poner esas operaciones sobre la mesa. De Hoyos niega tener nada que ver. "Fue la Fiscalía quien lo rescató y lo llevó al juzgado", dijo ayer.
Las operaciones se detallan en un informe que De Hoyos presentó el 21 de enero de 2004 a la sociedad municipal afectada. El documento recoge la venta de cinco parcelas urbanizables -que suman 27.508 metros cuadrados- a través de Servicios Estepona XXI, S. L., en proceso de liquidación, y que fueron transferidas por el Ayuntamiento esteponero antes de ofertarlas.
Los solares se publicitaron el 9 de agosto de 2002 en un periódico deportivo; se interesaron por ellos tres empresas en las que se repetía el administrador. Finalmente, las parcelas, situadas en el Camino de la Resinera, fueron adquiridas por 4,1 millones. Según la valoración del arquitecto Germán José García Zumaquero, encargada por el liquidador, su precio de mercado aquel año era de 10,5 millones, es decir, más del doble.
Durante su declaración ante la juez, De Hoyos se ratificó en sus informes y le facilitó la documentación de tres casos más. En total, las operaciones por terrenos acarrearon una pérdida de nueve millones, y aquellas en la que lo que se vendía eran aprovechamientos urbanísticos, de 8,3 millones. Estas grandes diferencias hicieron que De Hoyos, que en el momento de la venta no ejercía como liquidador de las sociedades, solicitara un informe jurídico al abogado Guillermo Álvarez Rato en el que se destaca que las transacciones "no se ajustan a derecho".
El letrado aconsejó ejercer acciones penales contra los anteriores liquidadores y los compradores, que se declararan nulas las ventas y reclamar los daños y perjuicios causados. El actual equipo de gobierno recibió los informes a finales de 2008 y se comprometió a estudiarlos. El asunto no ha prescrito, según De Hoyos, por lo que el dinero podría volver a las maltrechas arcas esteponeras. La deuda municipal total está estimada en 160 millones de euros.
* ELPAIS.com - 2.04.10
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Piden la intervención de los ayuntamientos que no cumplan con el urbanismo
ELMUNDO/Málaga* : El presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, considera que los ayuntamientos que no están ejerciendo las funciones asignadas en materia urbanística "de alguna manera deberían ser intervenidas sus competencias por parte de la Junta de Andalucía".
Asimismo, Arroyo Fiestas señaló que "en el momento en que se esté iniciando una construcción ilegal y si estamos detectando que los ayuntamientos son incapaces de pararlo, la Junta de Andalucía debería tener legalmente un sistema para paralizar ese tipo de obras de inmediato".
No obstante, el magistrado precisó, a través de una entrevista concedida a Europa Press, que "no es que los ayuntamientos estén exentos de todo tipo de culpa", porque, a su entender, éstos "han transigido con muchas infracciones urbanísticas".
Para Arroyo Fiestas, "no toda infracción urbanística debe terminar en la jurisdicción penal", aunque admitió que "también es verdad que con el Código Penal en la mano esto sí puede ocurrir". "Qué habría que reformar?, el Código Penal", apuntó el presidente de la Audiencia.
Además, consideró que "habría que potenciar la jurisdicción contencioso-administrativa y las competencias urbanísticas de la Junta de Andalucía y, aparte de incrementarlas, que se ejerzan".
Dijo que "cuando detrás de un problema urbanístico hay corrupción económica, ese asunto debe verse por la vía penal, porque es un delito y así lo exige la ciudadanía", aunque señaló que "hay ocasiones en los que el ayuntamiento ha intentado de alguna manera promocionar económicamente su pueblo, que haya mayor número de gente trabajando y atraer mayor número de residentes".
Entonces, entendió que "la respuesta a los problemas urbanísticos debería venir de la Junta de Andalucía y, en su caso, de los juzgados de lo contencioso", que, apuntó, "están colapsados", mientras que "la respuesta que da la jurisdicción penal es más rápida y contundente".
* El Mundo - 1.04.10
Foto: Axarquía (Málaga), casas diseminadas - sur.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía , NOTICIAS URBANISMO
Galicia: Legalización de viviendas al margen de la norma y de 1.200 naves en terreno rústico
LAVOZDEGALICIA* : La reciente revisión de la Lei do Solo, que será la última antes de la elaboración de un nuevo marco que sustituirá al que se aprobó en diciembre del 2002, no solo establece medidas para normalizar las urbanizaciones que fueron construidas sin licencia. La decisión del Gobierno Feijoo de decantarse por facilitar una salida a las situaciones irregulares, en lugar de avanzar por la vía punitiva, también beneficiará a los propietarios de viviendas sin licencia y a los de naves industriales que fueron levantadas al margen de la ley.
En el caso de las viviendas que están fuera del marco urbanístico, la reforma legislativa habilita un plazo de dos años para una regularización que, además, requerirá de un pago por parte del propietario. Estos condicionantes, que fueron pactados en la ponencia parlamentaria en la que finalmente no cristalizó el acuerdo inicial entre populares y socialistas, matizan la lectura de que la norma podría permitir una amnistía generalizada de las construcciones fuera de ordenación. La ley abre un cauce para regularizar esas viviendas, pero no implicará una legalización automática.
Los dueños de esas casas anteriores al 2003 no podrán realizar obras de consolidación ni ampliación, porque solo estarán permitidas aquellas que se consideren imprescindibles para su mantenimiento.
Instalaciones industriales
La Xunta calcula que las medidas incorporadas a la Lei do Solo para legalizar asentamientos industriales construidos en suelos que nunca se desarrollaron urbanísticamente o en suelo rústico de uso común pueden favorecer a unas 1.200 naves diseminadas en 45 concellos. Al igual que sucede con las urbanizaciones residenciales sin licencia, la inclusión de esas instalaciones en un ámbito de suelo urbanizable queda supeditada a que sus propietarios urbanicen el entorno y lo doten de los servicios básicos necesarios.
Con estas medidas, la cuarta reforma de la Lei do Solo sumará miles de viviendas y naves industriales, y decenas de urbanizaciones, al proceso de regularización que en su día permitió legalizar 34.000 granjas. La redacción original de la norma urbanística 9/2002 dejó todas esas construcciones fuera de la ley.
* La Voz de Galicia - 2.04.10
Foto: Barreiros (Lugo), costa - mma.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Teruel: La ciudad está rodeada de 832 casas ilegales, y el problema va en aumento
HERALDO* : La edificación ilegal continúa activa en el entorno de Teruel, a pesar de los sucesivos intentos del Ayuntamiento para frenar este fenómeno, el principal problema urbanístico de la ciudad. Según un censo que acaba de realizar la Gerencia de Urbanismo, en la periferia urbana existen actualmente 832 edificaciones ilegales levantadas sobre suelo no urbanizable. En la gran mayoría de los casos se trata de segundas residencias.
Las principales concentraciones se registran en las zonas de la carretera de Castralvo y la vega del Alfambra. Según indicó el concejal de Urbanismo, Luis Muñoz, durante la realización del inventario se pudo comprobar que la construcción de chalés irregulares sigue activa. La proliferación de casas ilegales es más intensa al sur de la ciudad, aunque también presenta núcleos importantes al oeste, en torno a la carretera de San Blas y La Muela, y al norte.
La elaboración del censo conlleva la imposición de sanciones por edificación ilegal si las infracciones no han prescrito -en febrero de 2009, la Gerencia tramitaba 78 expedientes sancionadores- y es el primer paso para acometer procesos de regularización, cuando sean viables. El Ayuntamiento ha mantenido desde el principio la voluntad de no acometer demoliciones, aunque algunas edificaciones, sobre todo las construidas en suelo no urbanizable protegido, quedarán fuera de ordenación y sin posibilidad de ser reformadas ni mejoradas.
Muñoz advirtió de que, una vez que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, los dueños de las viviendas ilegales tendrán un plazo improrrogable de tres años para presentar planes de regularización de las distintas zonas de construcción ilegal. Estos documentos deben contemplar la creación de una red viaria, la eliminación de las fosas sépticas de vertidos y las cesiones de suelo obligatorias. Además, los propietarios deberán costear las obras de urbanización.
El edil señaló que la iniciativa de los planes de regularización urbanística corresponde a los propietarios, aunque consideró que será "difícil" que esta fórmula prospere. Luis Muñoz añadió que si los dueños de las fincas no dan este paso será el Ayuntamiento el que tome la iniciativa y delimite las zonas de intervención.
Luis Muñoz explicó que, de acuerdo con la Ley de Urbanismo de Aragón recientemente aprobada, la Dirección General de Urbanismo de la DGA elaborará en cuatro años un censo de edificaciones ilegales. En el caso de Teruel, podrá aprovechar el catálogo que acaba de redactar el Ayuntamiento, donde se hacen constar las superficies de las parcelas, las características de la construcción, titularidad y fotos de las casas, entre otras informaciones.
El concejal adelantó que en el nuevo PGOU, en tramitación, las zonas de edificación ilegal se catalogarán como suelo urbanizable en lugar de la previsión inicial de englobarlas en el suelo urbano no consolidado. La propuesta inicial recibió muchas críticas por generar agravios comparativos para propietarios que habían cumplido la legislación. Según Muñoz, la fórmula del suelo urbanizable es, además, más flexible para llevar a cabo procesos de regularización.
200 más en las pedanías
El catálogo se ampliará con las viviendas ilegales levantadas en los antiguos términos municipales de las diez pedanías de la ciudad. Según el concejal de Urbanismo, "si no hay sorpresas", el número de edificaciones irregulares en los barrios rurales rondará las 200. Los principales focos se sitúan entre Castralvo y Aldehuela y en el entorno de Villaspesa.
* heraldo - 2.04.10
Foto: Teruel, ayuntamiento - .terueltirwal.es
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Tema: NOTICIAS Aragón
Polémica por un proyecto hotelero en una playa virgen del litoral de Cádiz
EUROPASUR* : La plataforma Salvar El Palmar, que cuenta con más de 19.000 adhesiones en internet, convoca este sábado la segunda manifestación sobre el terreno para mostrar su rechazo a la construcción del histórico proyecto hotelero de la playa de Vejer. La primera protesta reunió a apenas 25 personas en una jornada laborable y lluviosa de diciembre.
La nueva convocatoria está organizada desde hace meses para coincidir con un día festivo de Semana Santa y movimiento de visitantes en la costa. Servirá para calibrar la capacidad de movilización de la plataforma más allá de las "firmas virtuales" cosechadas a través de facebook valiéndose de dos fenómenos: la popularidad de la playa vejeriega en todo el país y la total defenestración del ladrillo. En el centro de la polémica está el plan para construir un apartahotel en una parcela de 245.000 metros cuadrados delimitada por el arroyo de Malcucaña, en el extremo norte del núcleo de El Palmar, donde existen varios miles de casas ilegales, y junto al paraje natural de Castilnovo, que, paradójicamente, está protegido por el Ayuntamiento de Conil (IU).
Las dimensiones del proyecto urbanístico de El Palmar se definen en parámetros que ya han sido aprobados por la Junta de Andalucía: el apartahotel tendrá alrededor de 650 apartamentos de lujo en régimen hotelero en varios edificios. Los inmuebles tendrán una altura de dos plantas, bajo más una, y ático en algunos casos. Aunque será uno de los complejos con mayor capacidad de la Costa de la Luz, el proyecto de Malcucaña tiene un índice de edificabilidad de 0,15 (metros cuadrados construidos por cada metro cuadro de superficie); una de las tasas más bajas de la costa, y que además es la exigida por la Administración andaluza para espacios de valor natural y paisajístico, como es el caso de Trafalgar.
Los hoteles estarán separados al menos 200 metros de la costa, tal y como exige la ley, y no taparán el frente litoral, no por voluntad del Ayuntamiento ni de los promotores, sino simplemente por una cuestión de espacio: la parcela es perpendicular a la playa.
El plan no es nuevo. Fue impulsado en 2001 y, desde 2007, cuenta con la aprobación definitiva de la Junta. ¿Por qué surge ahora, sin apenas margen de maniobra, un movimiento organizado en contra? Antonio Morales, portavoz de la plataforma, responde que "es el momento oportuno". "El no al ladrillo es ahora más clamoroso, y el poder de las redes sociales ha permitido articular la reclamación de mucha gente, algo que antes no era posible", razona.
En la página de Salvar ElPalmar en facebook hay una actividad constante. Se cuelgan y comentan artículos periodísticos, cartas, apuntes de blogs, fotos y vídeos. También se venden camisetas con un ladrillo-chancla como logo a 12 euros, y se solicitan donaciones para la campaña. El portavoz de la plataforma explica que hay "un grupo de diez o quince personas más activo" que está sufragando hasta ahora gastos como la organización de una jornada informativa y la edición de un lustroso folleto en el que niegan los supuestos beneficios del apartahotel y se aboga por un desarrollo turístico en torno a pequeñas empresas.
El alcalde de Vejer, el socialista Antonio Verdú, que abandera el proyecto, insiste en que hay "intereses económicos" en la plataforma y, como ejemplo, denuncia la ilegalidad de los cortijos turísticos (www.nabu-cortijos.es) que el propio Antonio Morales regenta en El Palmar. "No es serio ni defendible que una persona que tiene un negocio ilegal en El Palmar se oponga a un proyecto que es legal desde todos los puntos de vista", arremete. Y si es ilegal ¿por qué no se decreta su cierre? "Así se hará, pero ahora no es el momento porque parecería una represalia contra la plataforma y no tiene nada que ver con eso", sostiene el regidor. Morales defiende que los inmuebles están en vías de legalización y cuentan con todos los permisos, salvo la licencia municipal. "Lo hemos intentado todo en el Ayuntamiento pero no nos ofrecen solución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Decir que vivimos aquí y alquilar las habitaciones fomentando aún más la economía sumergida?", se pregunta.
En este conflicto hay dos agentes más. Los promotores (Grupo Tarje y Cajamadrid) se mantienen al margen de la bronca y avanzan en la gestión de un plan sellado por la Junta. Y los vecinos, más preocupados por el acondicionamiento del poblado y la legalización de sus casas que por la construcción del hotel, esperan que al menos los comestibles para la manifestación del sábado se compren en El Palmar.
* Europa Sur - 1.04.10
Foto: Representantes de asociaciones de vecinos, padres y madres de alumnos, comerciantes y mayores de El Palmar caminan por la playa. - europasur.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Las Rozas: Protesta Sábado 3 de Abril contra el PGOU
SALVEMOSLASROZAS/Madrid* : La asociación Salvemos Las Rozas denuncia que el documento actualmente en exposicion pública, que se propone para aprobación definitiva del PGOU de Las Rozas, es un atentado contra los intereses ciudadanos, un ejemplo de urbanismo salvaje, especulativo y depredador. Esta versión del PGOU es aun más agresiva que la realizada en 2006 en la aprobación inicial, a que aumenta la edificabilidad en los nuevos sectores, añadiendo 11.300 viviendas en vez de 10.000, lo que supone añadir una población de 40.000 habitantes.
Además incluye una enorme depuradora comarcal en suelo protegido de alto valor ecológico del Parque del Rio Guadarrama y dos nuevos campos de golf.
En Las Rozas hay cerca de 6.000 viviendas vacías en la actualidad y otras 2.500 aun pendientes de construir del PGOU de 1994. Estas 8.500 viviendas supondrán ya un aumento de población de más de 30.000, sobre los 85.000 actuales. Si a estas sumamos las nuevas viviendas propuestas en el PGOU nos encontramos con que la población de las Rozas se duplicaria en unos años, pasando de 85.000 a 160.000 habitantes.
Esto supone una masificación y una perdida definitiva y total de la calidad de vida en el municipio, y la consolidación de un modelo altamente insostenible de ocupación intensiva del territorio, contrario a todo criterio de ordenación territorial, especialmente teniendo en cuenta la actual saturación de infraestructuras básicas, especialmente de saneamiento, y la escasez de servicios, como institutos u hospitales.
A su vez la cantidad de viviendas vacias y pedientes de construir subrayan la absoluta injustificación de este nuevo PGOU y sus 11.300 nuevas viviendas. Esto implica un flagrante incumplimiento de la ley estatal de suelo, que exige la plena justifcación de los desarrollos previstos y demanda la DESCLASIFICACIÓN de aquellos suelos urbanizables de anteriores PGOUs que no se hallan urbanizado y que no estén justificados.
Dado que hay 6.000 viviendas vacias en Las Rozas es evidente que no hay demanda de nuevas viviendas. Dado también que las obras en sectores como la Marazuela están paradas desde hace uno o dos años por efecto de la crisis económica y de la carencia de demanda la asociación exige la DESCLASIFICACION como suelo urbano de las parte no construidas del sector de a Marazuela y la no inclusión de nuevos sectores urbanizables.
La inclusión de dos nuevos campos de golf, con la consiguiente demanda de agua es otro ejemplo más de urbanismo insostenible y especulativo.
El PGOU es expresión máxima de todo aquello que el Parlamento Europeo critica duramente en su Informe AUKEN de 2009, sobre el urbanismo salvaje en España, informe en el que insta a la retirada de fondos europeos a España, por el modelo insostenible de desarrollo y las vulneraciones europeas que se cometen a través de él. El PGOU de Las Rozas prevé una enorme planta depuradora en suelo protegido y el municipio incumple las normativas europeas de saneamiento con un sistema de colectores deficitario y tecermundista, por lo que puede contribuir a la retirada de fondos europeos a España.
Tal como afirma el informe AUKEN, ha sido el modelo económico del ladrillo lo que ha inducido la crisis de especial gravedad que se vive actualmente en España, un suicidio económico del pais que se perpetua y se intensifica con este PGOU. La respuesta a la crisis no puede ser más ladrillo, sino la diversificación radical de la economía, anteponiendo ante todo la sostenibilidad ambiental y social.
La asociación lamenta que el ayuntamiento halla hecho oídos sordos a las quejas y alegaciones de cientos de ciudadanos que defendian un desarrollo sostenible, social y medioambiental y que lejos de ello, halla hecho una redacción aun más agresiva que la anterior, destinada a destruir definitivamente el municipio y atentar contra los intereses ciudadanos, la calidad de vida y el medioambiente.
La asociación denuncia también las dificultades a la participación ciudadana que se ha experimentado durante el proceso de aprobación del PGOU y el secretismo con el que el ayuntamiento ha querido sacarlo adelante. La asociación cuenta a eso efectos con un informe del Defensor del Pueblo que denuncia el ocultamiento de información que se produjo
La asociación exige la retirada del PGOU, la eliminación de todos los nuevos sectores urbanizables, de la depuradora comarcal en suelo protegido y de los dos campos de golf previstos, así como la desclasificación de suelo urbano o urbanizable pendiente de desarrollar del PGOU de 1994.
La asociación anuncia acciones legales, por la via contencioso-administrativa y en Europa, principalmente en función de los siguientes motivos:
1. ocultamiento de información en la aprobación inicial y dificultades a la participación ciudadana
2. incumplimiento de la ley estatal de suelo e injustificación de los nuevos desarrollos y necesidad de desclasificar suelo urbanizable.
3. vulneraciones de directivas europeas de saneamiento y espacios protegidos
* * Asociación Salvemos Las Rozas - 1.04.10
Foto: Las Rozas (Madrid), pancarta contra PGOU - salvemoslasrozas.org
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Madrid
Matas, manual del perfecto corrupto
PÚBLICO* : El auto del juez José Castro hecho público el martes revela un abultado número de prácticas que Jaume Matas y sus colaboradores llevaron supuestamente a cabo para enriquecerse ilícitamente con la construcción del velódromo Palma Arena. La Fiscalía Anticorrupción denuncia que lograron desviar ilegalmente 41 millones de euros. Durante la investigación del caso afloró también una presunta financiación irregular del PP. Estas prácticas han llevado al ex ministro de Aznar a estar imputado por todos los delitos de corrupción política que recoge el Código Penal.
1. El consorcio - Un control a la medida
El presidente Matas y su principal colaborador en la trama, José Luis Ballester, Pepote, diseñaron una estrategia para escapar a cualquier organismo de control. Así, crearon uno a su medida, el Consorcio para la Construcción del Velódromo Palma Arena. Lo integraron la Fundación Illesport, el Govern, el Consell Insular de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Sus representantes nunca se reunieron, a pesar de las 22 actas encontradas. Matas tomaba las decisiones que debía aprobar el Consorcio y Ballester falsificaba las actas de las reuniones.
2. El arquitecto - Elegido ‘a dedo'
En una de esas primeras reuniones fantasma, Ballester propuso contratar al arquitecto Ralph Schürmann alegando que tenía el respaldo de la Unión Ciclista Internacional y que eso facilitaría la concesión a Palma de la organización del Mundial de Ciclismo en pista que se debía celebrar en 2007, tres años después. "La adjudicación a dedo es un acto de meridiana ilegalidad, ya que las razones de urgencia posibilitan legalmente una reducción de los plazos de los distintos trámites, pero no el saltárselos deportivamente", afirma el magistrado en su auto.
3. Cambio irregular - Los amigos de Matas
Fue la Comisión Ejecutiva de Illesport, sin estar facultada para ello, la que prescindió de los servicios de Schürmann alegando que había presentado sólo un 8% de la documentación del proyecto. Illesport puso al frente de la obra a otros dos profesionales que ya habían impuesto desde el principio como colaboradores, los hermanos García-Ruiz, a los que Schürmann describía como amigos de Matas. Cobraron 8,5 millones.
4. La constructora - Obras sin licitación
La trama pretendía enriquecerse encareciendo el precio de la obra a través de expedientes de modificado. Para ello, necesitaba de "un pacto ilícito" con la constructora. A pesar de que era imposible cumplir el plazo de finalización de la obra, la UTE que formaban FCC y Melchor Mascaró concurrió. El juez acusa a Matas de haber pactado todo con el "máximo responsable" de FCC, al que no cita. En aquel momento, el presidente de FCC era el ex portavoz del PP en el Parlamento Europeo Marcelino Oreja. Antes de que se firmase el contrato de adjudicación, el delegado de FCC en Baleares plantea a José Luis Ballester que el precio ofertado debe ser incrementado en un 20% más un 10% de liquidación final. El motivo, un error de valoración. No hubo problema. Matas aceptó.
5. La cimentación - Un incremento sin justificar de 11 millones
La cimentación y estructura del velódromo se licita por 8,5 millones y termina costando 19,5. Es otro ejemplo de colaboración entre Matas y la UTE de FCC y Masqueró, a pesar de que Fomento de Construcciones y Contratas de Baleares no quería entrar en el proyecto. Recibió órdenes de la central en Madrid.
6. El videomarcador - Una empresa y su filial participan en el concurso
El precio del videomarcador iba a ser de 1.992.000 euros. Al concurso concurrieron dos empresas: Smartvision y Odeco Electrónica. "Lo curioso del caso es que entre las empresas licitadoras concurren dos con apariencia de ser distintas, pero resulta que sus ofertas, puestas al trasluz, coinciden milimétrica y milagrosamente en los conceptos", denuncia el juez. Finalmente, la adjudicación fue para Smartvision, en realidad filial de Odeco. Además, el director de esta es cuñado de Miguel Romero de la Cerda, administrador de Nimbus Publicidad, empresa que también gestionaba la publicidad del PP.
7. La cubierta - 10 millones de desfase
Pese a una licitación por cinco millones de euros, la cubierta terminó con un coste real de 14,5. La decisión de fijar un precio inferior a seis millones de euros tiene la única intención de evitar su publicación en el Boletín de la Unión Europea, acortándose así los plazos. El juez asegura que "el surrealismo llega a su punto álgido" al comprobar que, a pesar de salir a concurso la construcción de la cubierta de madera, al final se adjudica una estructura de cubierta de hierro con el objetivo de ahorrar... con el resultado de que el coste final casi triplica el presupuesto previsto.
8. La carpintería - Pago de 900.000 euros
La UTE gira contra el Consorcio una factura por más de 900.000 euros en concepto de "ayudas a la carpintería". La empresa Sander Douma debía haber abonado esa cantidad, pero se la pidió a las constructoras. Nadie controló el números de operarios que trabajaban en estas labores o su cualificación técnica. Eran los hermanos García-Ruiz los que deberían haber abonado esa cantidad y no el Consorcio.
9. La lona del techo - Un 400% más
La UTE abonó a la mercantil Tecnoeventos por la lona que cubría parte del techo una cantidad cercana a los 700.000 euros, que inclucía el beneficio industrial y el IVA. Pero al facturar dicho servicio al Consorcio, el precio pasó a ser de 1,8 millones de euros. Según recoge en su auto el juez José Castro, "se hinchó desproporcionadamente el precio del trabajo", tanto que superó en un 400% la cantidad abonada por las constructoras a su proveedor.
10. La publicidad - Falsificación de firmas
El Consorcio fantasma acordó destinar 87.000 euros a una campaña publicitaria. La cifra fue aportada por Ballester, que realizó el cálculo en dos días, "siendo todavía más encomiable la diligencia si se tiene en cuenta que los días intermedios eran sábado y domingo", ironiza el juez. Sólo concurrió Nimbus Publicidad. El magistrado dice que hay "serios indicios" de que la trama llegó a falsificar la firma de la vicepresidenta del Govern, Rosa Maria Estaràs, en una de las actas de las falsas reuniones. El importe de la realización de la maqueta del velódromo triplica el precio real. Nimbus la encargó a una empresa por 27.000 euros y recibió 90.000 de los hermanos García-Ruiz. El juez es claro en su auto: "Hay facturas por conceptos inexistentes que no corresponden a la prestación de servicio alguno".
11. Donación pública - Un sí en 48 horas
La agencia Nimbus solicitó una donación de 350.000 euros al Institut Balear de Tusime (Ibatur) para la campaña de promoción. "Que la eficacia de nuestra Administración Pública llegue al extremo de que un escrito presentado un viernes reciba una respuesta afirmativa el lunes siguiente merece sin duda un aplauso, más caluroso aún cuando el importe concedido es de 350.000 euros, que se corresponde justo con la cantidad solicitada", se sorprende el juez Castro.
12. La campaña del PP - El cuñado paga en negro
La investigación del caso Palma Arena ha abierto otras vías que señalan a la financiación irregular del PP. En el registro de Nimbus Publicidad se intervinieron documentos sobre la campaña de las autonómicas de 2007. Su administrador, Miguel Romero de la Cerda, admitió que había cobrado sin factura y en efectivo 71.958 euros del PP. El pago lo realizó Fernando Areal, cuñado de Matas y entonces gerente del PP. Se trataba de no superar los límites que la ley impone a los partidos para las subvenciones de sus gastos electorales.
13. El mitin de Rajoy - Con dinero público
El 18 de mayo de 2007, el líder del PP, Mariano Rajoy, dio un mitin en el Palma Arena, dentro de la campaña de las elecciones autonómicas a las que concurría su entonces amigo Jaume Matas. Se han encontrado dos facturas, una de 2.726 euros por la limpieza del velódromo, y otra por 1.769 por los servicios de seguridad, que fueron pagadas por Illesport con cargo a los fondos públicos, según refleja el auto judicial.
14. El sobresueldo - Por un informe falso
El gerente del Consorcio y mano derecha de Ballester, Jorge Moisés Marín, consideraba que no estaba bien retribuido. Ballester movió los hilos para que se le encargase un estudio sobre accesibilidad para personas con discapacidad física y cobrase por ello 12.000 euros. No tenía los conocimientos necesarios y era incompatible la realización del informe con su cargo de gerente.
15. Ingreso a matas - La tele de Baleares
El Govern de Jaume Matas quería crear una radio y una televisión autonómicas. Con esta excusa encargó una consultoría convocando a tres empresas, una sin experiencia alguna y dos que compartían logotipo y mantenían relaciones de colaboración. Sólo aceptó una de ellas. Su administrador ya había cobrado 12.000 euros por un estudio adjudicado a dedo por el Govern. Esa empresa, Estudios Jurídicos y Procesales, ingresó a Matas 31.200 euros en una cuenta a su nombre, cuando dejó de ser president.
16. Favor de amigo - "Lo que pida Alemany"
La agencia Nimbus giraba a la Conselleria de Relacions Institucionals facturas mensuales por un valor de 4.591 euros "sin la contraprestación de servicio alguno". Era un favor personal que Miguel Romero, el administrador de la agencia, hacia el Govern para poder pagar a Antonio de Padua Alemany, amigo de Matas y redactor de sus discursos. El entonces director general de Comunicació, Joan Martorell, afirmó en su declaración judicial: "El president dijo que a lo que pidiera Alemany no se le pusieran pegas". La página web Libertad Balear, propiedad de Alemany, fue subvencionada con fondos públicos.
17. Sin concurso - Cambio de favores
José Luis Ballester ofreció la adjudicación de unas obras de derribo a Jaime Navarro, donde hoy está el Palma Arena. Navarro estaba construyendo en ese momento un chalet a Ballester. Le propone realizar primero el trabajo y luego presentar tres presupuestos, dos de ellos ficticios. El definitivo debía ir fraccionado en tres partes de menos de 30.000 euros.
* Público - 1.04.10
Foto: Palma, fachada palacete Matas - diariodemallorca.es
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Palencia: El juez cree que el Ayuntamiento ha podido prevaricar con las viviendas del Sector 8
NORTECASTILLA* : El magistrado estima también que la Junta de Gobierno Local ha podido cometer un delito de desobediencia. El último informe remitido por el Ayuntamiento de Palencia al Juzgado Contencioso nº1 de Palencia para intentar frenar la recuperación de dos parcelas del Sector 8 que se vendieron de forma ilegal, y en las que en la actualidad se levantan dos bloques de pisos de la calle Lola de la Fuente, puede salir muy caro al Consistorio capitalino.
El titular del Contencioso, Victoriano Lucio Revilla, ha recibido este informe municipal, encargado a un prestigioso experto jurídico de la Universidad Carlos III por 18.000 euros más IVA, como un intento del Ayuntamiento de eludir su responsabilidad, por lo que ha dictado un nuevo auto en el que va más allá de los anteriores, ya que, además de ratificar la obligación del Ayuntamiento de recuperar la propiedad de las dos parcelas en cumplimiento de una sentencia del TSJ, plantea la posibilidad de que los integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento hayan cometido los delitos de prevaricación urbanística y desobediencia a la autoridad judicial.
Asimismo, dispone la apertura de un nuevo expediente para proceder a imponer multas personales a los miembros de la Junta de Gobierno Local por no haber procedido a recuperar las dos parcelas que fueron vendidas en el Sector 8, dentro del plazo de dos meses fijado por este mismo juzgado. El magistrado ha solicitado al secretario general del Ayuntamiento el acta de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento del 25 de marzo, en el que se aprobó la remisión del último informe al tribunal, para conocer la identidad de los integrantes de este órgano de gobierno municipal y el sentido que le dieron a su voto.
El juez indica que se ofrecerá un trámite de audiencia a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local antes de imponer la sanción, que se reiterará cada veinte días hasta que se dé cumplimiento al mandato de recuperación de las parcelas, tal como establece un auto del juez dictado en enero, como ejecutoria de una sentencia firme del TSJ, que anuló la venta de los terrenos porque se destinaron a la construcción de viviendas de precio libre, en lugar de pisos de protección oficial, tal y como establece la normativa urbanística.
Un análisis profundo
El magistrado, que en sus anteriores resoluciones no había hecho referencia a la posible comisión de delitos por parte de los responsables municipales, ante la última manifestación del Ayuntamiento de imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, profundiza en el estudio de todo el proceso judicial y determina que se puede haber cometido un delito de prevaricación urbanística, al adjudicarse la venta de las parcelas en el año 2005 para la construcción de viviendas de precio libre.
El magistrado señala que el pliego de cláusulas administrativas para la venta de las parcelas municipales indicaba únicamente la construcción de viviendas, señalando que los ingresos obtenidos se destinarían necesariamente a las finalidades contenidas en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. «Obsérvese que no se habla en ningún sitio de viviendas libres, si no genéricamente de viviendas, pero con explícita remisión a las finalidades previstas en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León», se indica en el auto judicial, que continúa incidiendo en que «sólo podía referirse inequívocamente a viviendas con algún régimen de protección pública».
Ante esta circunstancia, el juez señala que en la adjudicación posterior de las parcelas para la construcción de viviendas de precio libre «se cubren los elementos del tipo de la prevaricación urbanística». El juez dispone la puesta inmediata en conocimiento del juzgado de instrucción competente en Palencia de la posible comisión de un delito de prevaricación urbanística tipificado en los artículos 320 y 404 del Código Penal por parte de los miembros de la Junta de Gobierno Local.
Recursos de San Martín
El juez considera que pudieron cometer el delito los concejales que, «desviándose del pliego de cláusulas administrativas», aprobaron la venta de las parcelas para viviendas de precio libre en febrero del 2005. También quienes desestimaron los recursos de reposición presentados en febrero del 2005 por el ex concejal de IU Mariano San Martín, que finalmente recurrió a los tribunales y consiguió que le diesen la razón. También cree que cometieron el delito quienes adoptaron los acuerdos de concesión de licencia de obras para viviendas de precio libre en julio del 2005. También señala que la comisión del delito afecta a las autoridades y funcionarios que informaron favorablemente la venta y la concesión de las licencias.
El juez considera que los miembros de la Junta de Gobierno Local que no se opusieron al acuerdo del 25 de marzo de presentar un nuevo informe contra la ejecución de la sentencia han podido cometer un delito de desobediencia a la autoridad judicial, previsto en el artículo 410.1 del Código Penal.
El Juzgado muestra además un profundo malestar con la actuación del Consistorio, y señala que «lo que, desde luego, es intolerable es que el Ayuntamiento de Palencia pretenda dejar como papel mojado la presente ejecutoria, cuando con el cúmulo de despropósitos detectados en la actuación municipal ha conducido a la situación en que nos encontramos».
El titular del Juzgado Contencioso reprocha también al Ayuntamiento de Palencia que no defienda los intereses generales de los ciudadanos palentinos, poniéndose de lado de unos particulares, como son los compradores de las viviendas. El juez señala que la propiedad de las parcelas no pertenece al Ayuntamiento, sino a la totalidad de la población del término municipal palentino. «Por el contrario, aquí, la corporación ejecutada, por lo que se ve, se autoerige en la defensora de los intereses particulares de una serie de personas que han adquirido las viviendas libres construidas en dichas parcelas y que ni siquiera se han preocupado de personarse en este Juzgado a defender sus intereses», afirma el juez.
Asimismo, el magistrado señala que «la persistencia del Ayuntamiento de Palencia en intentar salvaguardar los intereses privados de las viviendas edificadas en las mentadas parcelas no resiste el menor envite a la luz de la jurisprudencia», señala el juez, desgranando posteriormente una amplio listado de sentencias.
* El Norte de Castilla - 1.04.10
Foto: Palencia, ayuntamiento - lawebmunicipal.com
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Los vecinos evitan el expolio de una casa del BIC del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : Las alertas volvieron a saltar ayer en el barrio del Cabanyal cuando a primera hora de la mañana un grupo de operarios de una empresa de derribos entró en uno de los inmuebles de la zona Bien de Interés Cultural y empezó a arrancar azulejos y carpintería del interior. El edificio estaba a punto de ser adquirido y escriturado a nombre de Cabanyal 2010, la empresa pública que ejecutar el plan especial.
El dueño decidió, antes de entregar las llaves, llevarse todos los materiales de valor del inmueble (carpinterías, azulejos, pavimentos, etc...). Según la versión que el propietario dio a los "salvem", los responsables de Cabanyal 2010 le habrían animado a llevarse lo que quisiera de la casa porque "se iba a derribar", extremo que Cabanyal 2010 negó ayer.
La presidenta de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, y un grupo de vecinos advirtieron al dueño y a los operarios de que estaban cometiendo una ilegalidad. Le explicaron que había una orden ministerial de suspensión del plan especial en el conjunto histórico, avalada por el Tribunal Constitucional y por el pleno municipal. Un portavoz de Cabanyal 2010 confirmó la compra del inmueble sobre el que, de momento ,no se va a actuar en espera de que se resuelvan los conflictos judiciales pendientes.
El portavoz de la empresa se desmarcó del amago de expolio. Es más, apuntó que no es la primera vez que sufren "agresiones" a sus propiedades, que las denuncian pero no sirve de mucho. Esta semana, tras la visita de la ministra de Cultura al barrio, se han registrado dos intentos de expolio de casas del conjunto histórico, la de ayer en la calle de la Reina y otra anterior en Vidal de Canelles, ambas de Cabanyal 2010.
Ante la presencia de la Policía Nacional que, alertada por los salvem, se personó de inmediato en la zona, la empresa de derribos cesó las obras.
* Levante-EMV - 1.04.10
Foto: Los vecinos evitan el expolio de una casa del BIC del Cabanyal - manuel molines, levante-emv.com
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Los cabecillas de la trama de El Juncal hicieron 20 promociones en El Puerto
DIARIODECÁDIZ* : Hace ahora un mes, la Policía Autonómica daba a conocer la Operación Juncal desarrollada en El Puerto, con la que se había desmantelado una organización dedicada a la construcción de viviendas ilegales que había ejecutado una promoción de chalés en la zona norte de la ciudad, en Los Desmontados, que se saldó con 28 implicados.
Al frente de esta organización, la Policía Autonómica situaba al arquitecto Joaquín Pallí, al promotor de Chiclana Francisco Doña Marín y al jefe de obra de este último, que fueron detenidos.
Según la investigación policial, dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 3 de El Puerto, el promotor chiclanero logró levantar una docena de chalés en suelo clasificado como Sistema General de Espacios Libres (SGEL), y destinado a equipamientos deportivos, gracias a un certificado de obra nueva falso del arquitecto, que suma ya cuatro condenas por lo mismo. Pallí, en este caso, certificó que había una antigua edificación de 897 metros cuadrados, que permitió dividir el terreno en 14 viviendas registrales.
Este diario ha podido determinar que ésa no fue ni la primera ni la última vez que ambos han 'trabajado' juntos en El Puerto. Documentación a la que ha tenido acceso este periódico constata que Doña Marín, a través de su empresa Los Viñazos S.L., ha ejecutado casi otra veintena de promociones en el término portuense, en la mayoría de los casos con certificados de obra nueva supuestamente fraudulentos rubricados por Pallí, y en todos los casos en suelo clasificado como no urbanizable en el Plan General vigente.
Así ha ocurrido en El Arenal, donde Los Viñazos construyó dos viviendas. En la zona Almendros 2, a la activa pareja hay que atribuirle cuatro promociones, que han deparado la edificación de 13 viviendas ( en grupos de tres, dos, tres y cinco) en total.
Nueve casas ilegales en sendas promociones de Doña Marín, con certificado de Pallí de por medio, han sido erigidas en Montes de Oca. Cinco en un caso, cuatro en el otro. Bella Bahía, El Palomar, La Hijuela y el camino viejo de Rota son otras zonas no urbanizables en las que de la noche a la mañana han surgido promociones del chiclanero gracias a la pluma del arquitecto .
El listado que ha podido confeccionar este diario se cierra con cinco chalés que Los Viñazos ha erigido en La Andreíta. Tres en una parcela, y dos en otra. Para ambas promociones contó también con la inestimable colaboración del arquitecto, que le firmó sendos certificados asegurando la existencia de viviendas con una antigüedad suficiente como para que hubiera prescrito la infracción urbanística y al tiempo, poder escriturar ante Notario e inscribir en el Registro de la Propiedad.
Y más coincidencias: la mayoría de estas promociones han sido 'legalizadas' en la misma notaría de Cádiz, la de R.de C., que es la misma ante la que se escrituró la promoción de Los Desmontados que ha investigado el Juzgado 3 de El Puerto y que ha dado paso a la Operación Juncal de la Policía Autonómica .
No hay duda de que queda mucha tela por cortar aún en El Puerto, más operaciones policiales para poner al descubierto más actuaciones supuestamente de la misma trama o de otras, mientras en paralelo se investigan posibles responsabilidades políticas.
Así andan los Juzgados, colapsados instruyendo aún el centenar largo de casos de obra supuestamente fraudulentos que el PP, cuando desbancó a IP de la Alcaldía, denunció ante la Fiscalía. Porque todas las promociones reseñadas en esta información forman parte de esas denuncias.
* Diario de Cádiz - 31.03.10
Foto: Solar de Doña Marín sin edificar en el que el arquitecto Pallí firmó que había una edificación de más de 1.300 metros desde hace más de cinco años. - diariodecadiz.es
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Sin vivienda, pero con una hipoteca a cuestas
GLORIA AYUSO* : Que el banco o la caja se quede con tu piso es un gran descalabro, pero el summun se alcanza cuando, además, te sigue reclamando el pago de la hipoteca. España es uno de los pocos países en Europa donde la ley permite que se mantenga la deuda contraída, en vez de aceptar la dación en pago, como se permite también en Estados Unidos. Muchas personas sufren ahora esta situación desesperada. Segundo Zapata y su familia son un ejemplo. Firmaron una hipoteca por valor de 263.000 euros con Caja del Mediterráneo. Un año después, llegó la crisis, y Zapata y su hijo, empleados en el sector inmobiliario, se quedaron sin trabajo. Y empezaron a no poder afrontar el pago del crédito.
El banco no quiso dar una alternativa a la familia y envió el expediente al juzgado. El 11 de enero de 2009, el piso se subastó. Pero no hubo ningún comprador interesado por su elevado precio. El juez dio la potestad al banco para adjudicarse el inmueble por el 50% de la tasación. La otra mitad la sigue debiendo Zapata a la entidad financiera. Además, debe pagar el perito y los costes judiciales, muy elevados. "No sólo no tengo vivienda, sino que me ha quedado una deuda de casi 200.000 euros", afirma Zapata.
A Magin Ximenis lo deshauciaron el día 1. Su piso estaba tasado en 164.000 euros y se ha quedado con una deuda de 38.900 euros. Estefanía, con una hipoteca de 257.000 euros, también se ha visto en la calle. El banco, además de quedarse con su piso, puede incluso ejecutar la casa de sus padres si quiere cobrar el aval, ya que le ofrecieron garantías por 50.000 euros.
Subastas desiertas
La ley lo permite. Los casos se multiplican ahora como consecuencia de las abultadas hipotecas que concedió la banca en los años del boom. Hasta el momento, eran habituales las subastas en las que las viviendas se adjudicaban sin problemas por la cantidad que faltaba por cubrir de la deuda, normalmente no muy elevada. Un piso de 300.000 euros se podía subastar por 60.000. Pero nadie puja por las viviendas adquiridas en plena burbuja inmobiliaria. El comprador sólo ha tenido tiempo de pagar una pequeña parte de los intereses y esa misma vivienda puede salir a subasta por 290.000 euros.
La Ley de Enjuiciamento Civil (LEC) protege a la banca: cuando el precio en la subasta baja hasta el 50% del valor de la deuda, permite a la entidad financiera adjudicarse el piso. El banco, entonces, puede reclamar la otra mitad al ex propietario. "Antes de ejecutar la hipoteca, los bancos intentan llegar a acuerdos con los propietarios. Pero, alcanzado un cupo y si no hay posibilidad de cobro, acostumbran a adjudicárselo", explica la abogada experta en el sector inmobiliario Marta Legarreta.
El problema para los afectados es mayor, ya que, debido a la caída de los precios de la vivienda, el perito designado por el juez valora el piso por una cuantía menor. Además, el ex propietario tiene que asumir los costes de abogado y perito. Los trámites judiciales suelen suponer unos 27.800 euros en el caso de un piso valorado en 300.000 euros. Por eso, la actual deuda de Zapata es mucho mayor del 50% de la hipoteca que se le concedió en su momento.
Los afectados se movilizan
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca nació hace sólo un año en Barcelona y ya cuenta con 700 familias asociadas. Plataformas similares se están creando en otros lugares de España.
Ante el alud de afectados, la organización ha iniciado una campaña para reclamar la reforma de la LEC en el Congreso. Propone que, como en los países europeos, se incorpore la dación en pago, que supone que la entrega de la vivienda a la banca es suficiente para liquidar la deuda contraída, siempre y cuando se trate de la residencia habitual y se demuestre que el deudor no tiene ninguna otra opción para hacer frente a sus obligaciones.
ICV y ERC apoyan esta iniciativa. Los republicanos ya lo plantearon en el pleno monográfico sobre la crisis en el Parlament catalán en febrero. La situación lo requiere: según el Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2010 más de 350.000 familias se habrán quedado sin vivienda.
* Fuente: http://www.publico.es/dinero/303547/vivienda/hipoteca/cuestas
* Rebelión - Público - Opinión - 30.03.10
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
Bilbao: El Tribunal Superior anula el plan de Zorrozaurre por fallos de procedimiento
ELCORREO/Vizcaya* : El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao que sienta las bases de la regeneración de Zorrozaurre, aprobado en abril de 2008. El fallo estima el recurso presentado por la asociación de vecinos El Canal al considerar que la modificación del Plan General de Bilbao en esta zona incurrió en tres fallos de procedimiento que invalidan toda la tramitación.
El varapalo judicial retrasará la planificación urbanística pero no obligará a parar las obras que están en marcha o a punto de empezar, ya que la sentencia no es firme y será recurrida ante el Supremo.
La resolución judicial ha dejado un sabor «agridulce» en el área de Urbanismo, según afirmó ayer la concejala Julia Madrazo. Por un lado, es contundente al anular el documento aprobado en el pleno del 24 de abril de 2008 con el respaldo de los socios de gobierno, PNV y EB. El PP se abstuvo y el PSE votó en contra, en plena polémica por el plan de construcción de viviendas en los rellenos del canal que al año siguiente decayó por un acuerdo político. El recurso de los vecinos no se refiere a esta actuación en concreto sino al conjunto de la operación urbanística, que los jueces analizan desde múltiples ángulos, como la viabilidad económica, la vivienda o el impacto ambiental.
Y en ese examen, el Ayuntamiento no sale tan mal parado. El tribunal le da la razón en ocho de las once cuestiones que los vecinos han puesto sobre la mesa. Bastaría, sin embargo, un solo incumplimiento para anular el acuerdo. El principal es la falta del informe del Consejo Asesor de Planeamiento, que en Bilbao celebró su primera reunión en enero de 2009. Aunque este órgano consultivo no se había constituido cuando se aprobó el acuerdo plenario, los magistrados destacan que el informe es «un trámite esencial, sin que quepa relativizar su importancia, porque la ley no queda al libre albedrío de los ayuntamientos».
También advierten que la modificación del Plan General debería haber regulado con más detalle el trazado definitivo y anchura del canal de Deusto, que con su apertura convertirá Zorrozaurre en una isla; una tarea que las autoridades municipales dejaron para el plan especial de la zona, todavía pendiente de aprobación. La tercera objeción hace referencia a las infraestructuras viarias. El puente elevado sobre la ría que conectaría Zorrozaurre con Olabeaga «con un diseño de autovía de gran capacidad» fue eliminado por su fuerte impacto pero sigue incluido en el Plan General de Carreteras del País Vasco, que deberá ser modificado.
En los asuntos de mayor calado, por el contrario, el tribunal avala los cimientos del plan de Zorrozaurre. Cree que la ordenación prevista está «razonablemente justificada, tanto en la redensificación residencial como en el porcentaje de vivienda protegida». Da por bueno el método de valoración de la viabilidad económica del plan y tampoco cuestiona los informes medioambientales. «La idea central de Zorrozaurre está perfectamente vigente», resume el director de la asesoría jurídica municipal, Gonzalo Ruiz. El Ayuntamiento ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo porque considera que los argumentos que dan la razón a los vecinos son «discutibles». De esta forma evita que la sentencia sea firme y que los recurrentes puedan instar su ejecución. Continuarán, por lo tanto, las obras que ya están lanzadas -la clínica del Igualatorio, en construcción, y la nueva sede de Idom, a punto de empezar- y se seguirán concediendo licencias para la rehabilitación de las viviendas de la ribera de Deusto.
El retraso será inevitable en la planificación del conjunto de la operación urbanística, que deberá volver a empezar. El Ayuntamiento, pese a todo, tiene trabajo adelantado y cree que la demora se limitará a dos meses. En abril tenía previsto aprobar la segunda modificación del Plan General en esta zona, que recoge el acuerdo alcanzado con el Gobierno vasco para suprimir algunas infraestructuras y repartirse cargas con el fin de reducir costes. El documento deberá esperar al pleno de junio, ya que «se subsanarán los defectos de forma detectados por el tribunal para evitar problemas en el futuro». En el horizonte se mantiene la previsión de «finales de 2012 o principios de 2013» para iniciar las obras de urbanización con la apertura del canal.
LAS CLAVES
Consejo asesor de planeamiento. El informe es un trámite «esencial» que el Ayuntamiento ha incumplido.
Apertura del canal. No requería un nuevo trámite de información pública porque «esa solución siempre se contempló como una posible alternativa». Eso sí, el Ayuntamiento debería haber definido el trazado al detalle sin esperar al plan especial de la zona.
Viabilidad económico-financiera. El método de valoración es «correcto».
Estudios de intensidad de tráfico y contaminación. No son necesarios en la modificación del Plan General.
Estudios ambientales. Se contemplan medidas correctoras y se aborda el problema de inundabilidad de forma «razonable».
Infraestructuras viarias. Hay que modificar el Plan General de Carreteras de Euskadi al haber eliminado un viaducto elevado.
Vivienda. Se cumplen las reservas de vivienda protegida y la densidad edificatoria está «razonablemente justificada».
Igualatorio e Idom. Su aportación a las cargas generales de urbanización está justificada.
* El Correo - 31.03.10
Foto: El plan de Zorrozaurre ha recibido un varapalo judicial, aunque el Ayuntamiento cree que no supondrá un retraso importante. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ, elcorreo.com
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Tema: NOTICIAS País Vasco
Santa Cruz: El TSJC mantiene todas las imputaciones en 'Las Teresitas'
CANARIASAHORA/Tenerife* : La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) mantiene la imputación a todos los encartados en la presunta trama de corrupción en torno a la operación de compra del frente de la playa de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con su alcalde Miguel Zerolo (CC) al frente, a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
La magistrada Carla Bellini así lo ha acordado mediante un auto del 25 de marzo, en el que acuerda no acceder a la petición del secretario de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Víctor Reyes Delgado, de sobreseimiento y archivo de la causa en su contra.
La defensa de Reyes había interesado el archivo argumentando que su participación en los hechos se limitaba "a efectuar e intervenir en su calidad de funcionario y en el ejercicio propio de su actividad", en concreto, la elaboración de informes y asesoramientos jurídicos en el expediente para la compra de once parcelas en el frente de playa, entre ellos, realizar la operación a través de una compraventa o el precio de la misma.
Sin embargo, la magistrada considera que aunque Reyes conozca el contenido de parte de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y el TSJC, "es lo cierto que existe otra parte que aún no se ha culminado y de la que se siguen realizando investigaciones y que además se encuentran secretas, y de las que el imputado no es conocedor".
De este modo, Carla Bellini admite que "estamos ante unas diligencias de una alta complejidad jurídica, lo cual hace preciso extremar las averiguaciones a fin de poder depurar al máximo las posibles responsabilidades de las personas que, de una forma u otra, participaron y tuvieron relación directa o indirecta con la operación de compra, por parte el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del frente de la playa de Las Teresitas".
Víctor Reyes Delgado aparece en la investigación del caso Parque Marítimo ejerciendo una función clave muy similar a la que le ha llevado a estar imputado por prevaricación en el caso Las Teresitas: emitir informes para favorecer la comisión del presunto delito investigado, contradiciendo además resoluciones anteriores desfavorables.
Desde su posición en la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes informó favorablemente de la tasación de la compraventa de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia por parte del Ayuntamiento en 2001, después de que la arquitecta municipal Pía Oramas rechazara la elevada cuantía de la operación investigada por el TSJC y Anticorrupción.
En el caso del Parque Marítimo, el secretario de Urbanismo emitió un informe favorable a otorgar la licencia de fiestas a Santa Cruz Park Tenerife SL, contrariando abiertamente la propuesta de la Jefa de los Servicios Jurídicos Municipales, y cuyo parecer figura en la resolución de denegación de la concejal de Urbanismo.
* Canarias Ahora - 30.03.10
Foto: Santa Cruz deTenerife, playa Las Teresitas - laprovincia.es
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31.3.10
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Tema: NOTICIAS Canarias
El auto del Supremo por las molestias de las obras desata la alarma en el Consell
LEVANTE/Valencia* : El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, considera "muy preocupante" la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la administración autonómica a indemnizar a un comercio que se vio afectado por las obras del metro durante 21 meses entre 2001 y 2002.
A juicio de Flores, el auto de la sala de lo civil del Supremo "puede sentar un precedente y poner en peligro la obra pública", respondió a los periodistas tras ser interrogado por su opinión sobre la sentencia.
Un concesionario de automóviles de Valencia, ha conseguido que el Tribunal Supremo le dé la razón y obligue a la administración autonómica a indemnizarle con casi 420.000 euros -más los intereses legales y las costas procesales- por las molestias que le causaron las obras del metro en la calle Amadeo de Saboya. Las obras en aquel momento las ejecutaba Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por lo que es la empresa ferroviaria la que debe hacer frente a la indemnización. Sin embargo, la mercantil no se encuentra en su mejor momento económico ya que a finales del pasado año acumulaba una deuda a corto y largo plazo que superaba los 800 millones de euros. Los servicios jurídicos de FGV revisaban todos los vericuetos legales a su alcance para encontrar un responsable solidario de la indemnización: la unión temporal de empresas que ejecutó las obras o la Conselleria de Infraestructuras que se las encargó.
"Habrá que estudiar el tema -admitió ayer Mario Flores- pero es muy preocupante porque creo que el interés general está por encima del privado, y esa sentencia podría propiciar que otro tipo de comercios quieran resarcirse y entonces peligraría la obra pública", afirmó.
Mario Flores admitió que "cualquier actuación de infraestructuras ferroviarias genera ciertas incomodidades por lo que siempre tenemos un cuidado especial para intentar molestar lo menos posible". "Una de las cosas que creo habrá valorado juez es que es cierto que hay un tiempo en el que se sufren ciertas incomodidades pero luego los locales por donde pasa este tipo de transporte público se revalorizan de forma importante", se justificó. Aunque incluso llegó a dudar de que el concesionario tuviera problemas de acceso durante los 22 meses que recoge la sentencia.
* Levante-EMV - 31.03.10
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Condenan a un ex alcalde de Guillena por permitir la construcción de chalés ilegales
ELMUNDO/Sevilla* : Justo Padilla (PSOE), ex alcalde de Guillena, ha sido condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por su "renuencia" a cumplir la legalidad urbanística y por permitir la construcción de un centenar de chalés en una zona forestal con "pleno conocimiento" de su ilegalidad.
El juicio contra Padilla no llegó a celebrarse en enero pasado porque el ex alcalde aceptó la condena pedida por el fiscal, que incluye la "pérdida definitiva del cargo de alcalde e incapacidad para obtener dicho cargo, el de concejal u otro análogo", según la sentencia notificada ahora a las partes.
El fallo del juzgado penal 12 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, precisa que Padilla "no sólo no paralizó las construcciones ilegales ejecutadas en un paraje de especial protección forestal", sino que cobró tasas a los propietarios que pidieron licencias de obras y, hasta el año 2005, les cobró el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Los chalés ilegales se levantaron en la segunda fase de la urbanización "Lagos del Serrano", una zona que "nunca ha sido urbana ni urbanizable", sino "zona de protección de la serranía", según el fallo.
El entonces alcalde tuvo una actitud "renuente a hacer cumplir la ley" de manera "patente y manifiesta" pues no tomó ninguna medida para hacer cumplir sus propios decretos de paralización.
Prevaricación por omisión
Padilla dimitió en mayo de 2009, después de 30 años en el cargo, y según la sentencia ha sido condenado por un delito de prevaricación por omisión, por "dejar hacer, tanto a la comunidad de propietarios como a los particulares que construían ilícitamente", lo que "equivale de facto a autorizar sus actos".
Precisa el juez que incluso informó favorablemente, de forma verbal, la ejecución de las obras de electrificación de los terrenos de la segunda fase de Lagos del Serrano y, también de forma verbal, autorizó a algunos propietarios edificar sin licencia ni proyecto.
Esta causa contra Padilla fue presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha pedido condenas de inhabilitación similares contra el alcalde de Morón de la Frontera Manuel Morilla (PP), su antecesor José Párraga (PSOE), el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos Manuel Ruiz Lucas (IU) y el ex regidor de La Campana Francisco Vargas (IU), en juicios previstos para los próximos meses.
* El Mundo - EFE - 30.03.10
Foto: Guillena (Sevilla), ayuntamiento - sevillaweb.info
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El juez sobre Matas: ´Está claro que ha venido a burlarse de los simples mortales´
DIARIODEMALLORCA* : El juez del "caso Palma Arena", José Castro, ha notificado hoy una fianza de tres millones de euros para eludir prisión para el ex presidente del Govern balear Jaume Matas, después de que la Fiscalía pidiera para él la misma cantidad. Asimismo, se confirma la retirada del pasaporte del ex president, aunque abone la fianza, con lo que no podrá regresar a Estados Unidos y deberá personarse en los Juzgados el día 1 y 15 de cada mes en cualquier juzgado del país. El plazo máximo para abonar la fianza se fija en el miércoles 7 de abril hasta la medianoche.
El magistrado José Castro ha dispensado al ex político balear de la obligación de acudir personalmente a la notificación del auto, tal y como le pidió su abogado Rafael Perera, quien ha sido citado a las 10:00 horas en el juzgado de instrucción número 3 de Palma para recibir la resolución.
El auto de medidas cautelares del juez también afecta, al cuñado de Matas, Fernando Areal, antiguo tesorero del PP balear, que le ha impuesto la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia en los Juzgados los días 1 y 15 de cada mes.
Así lo expone el juez Castro en un contundente auto de más de 140 páginas que dictó hoy y en el que justifica, junto a otros numerosos hechos supuestamente delictivos En el auto apunta a una "farsa orquestada" por el ex presidente del Govern, Jaume Matas, para ocultar que era quien tomaba personalmente las decisiones relativas a la construcción del velódromo Palma Arena y que supusieron el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros entre 2005 y 2007, parte de los cuales pudieron acabar engrosando su patrimonio, según las investigaciones
En su resolución, a la que tuvo acceso este diario, el juez instructor del caso Palma Arena asevera que "a efectos de ostentar un control directo sobre el proyecto y dar una cobertura formal a sus decisiones", encargó a su entonces directora general de Gabinete, Dulce Linares, y al ex director general de Deportes, José luis 'pepote' Ballester, "llevar las actuaciones necesarias para tal fin basjo su supervisión y control directo", y ordenando a sus subordinados en el proyecto que hicieran lo que ambos indicaran.
Asimismo, encargó la gestión del velódromo a la Fundació Illesport con el objetivo de "eludir los controles ordinarios técnicos, de intervención y fiscalización del Govern". Todas las actas de las reuniones de este órgano, añade el juez, "son falsas" y Matas era quien ordenaba confeccionarlas con el contenido que "facilitaba previamente y las firmaba tras su confección".
En concreto, sobre el imputado pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.
En el auto, Castro también se ha referido a la relación de Matas con "Estudios Jurídicos y Procesales", en las que el ex president del Govern ha afirmado desconocer los permonores de su contratación y ha negado que fuere a pedirles trabajo, tras abandonar la política. De hecho, Matas ha corregido que "no fue a pedirles trabajo, sino a ofrecerles sus servicios", a lo que el juez concluye que "está claro que el señor Matas ha venido a reirse de los simples mortales".
En cuanto a las investigaciones sobre el soborno de 250.000 euros que supuestamente le entregó el conocido productor televisivo José Luis Moreno, Castro ha asegurado que "no ha hecho más que empezar".
En su escrito, el magistrado reconoce que no existe ninguna prueba de tal entrega, "por lo que habrá de estarse a lo que arroje esa investigación que, en tanto judicializada, no ha hecho más que empezar".
El magistrado reconoce que el denunciante de estos hechos, Luis Velasco Ortiz, no pudo ratificar en el Juzgado su denuncia, "quizá por la premura de su citación y encontrarse en Sudamérica", aunque ya se había ratificado ante la Fiscalía Anticorrupción.
Por ello, afirma, "salvo la manifestación del denunciante, ningún dato objetivo existe sobre tal entrega, pero tan cierto como esto es también que las irregularidades denunciadas relativas a adjudicación de programas y encargo de decorados tienen visos de ser ciertas".
Y ello porque estas irregularidades han sido "corroboradas en la Fiscalía por personas vinculadas a IB3 cuando supuestamente se produjeron".
En definitiva, Castro afirma que, si bien "cabía esperar" que Matas ofreciera explicaciones que pudieran "desvirtuar los abrumadores elementos de cargo que pesaban sobre él", finalmente durante sus quince horas de declaración "se invirtió más en formular las preguntas que en el desarrollo de las respuestas, que en su generalidad brillaron por su ausencia".
Es más, considera que algunas de las explicaciones que ha dado Matas suponen una "burla" a su Juzgado y a los ciudadanos y, en otros casos, "todo un disparate".
* Diario de Mallorca - 30.03.10
Foto: Jaume Matas - diariodemallorca.es
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31.3.10
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Tema: NOTICIAS Baleares