Palencia: El juez cree que el Ayuntamiento ha podido prevaricar con las viviendas del Sector 8

NORTECASTILLA* : El magistrado estima también que la Junta de Gobierno Local ha podido cometer un delito de desobediencia. El último informe remitido por el Ayuntamiento de Palencia al Juzgado Contencioso nº1 de Palencia para intentar frenar la recuperación de dos parcelas del Sector 8 que se vendieron de forma ilegal, y en las que en la actualidad se levantan dos bloques de pisos de la calle Lola de la Fuente, puede salir muy caro al Consistorio capitalino.

El titular del Contencioso, Victoriano Lucio Revilla, ha recibido este informe municipal, encargado a un prestigioso experto jurídico de la Universidad Carlos III por 18.000 euros más IVA, como un intento del Ayuntamiento de eludir su responsabilidad, por lo que ha dictado un nuevo auto en el que va más allá de los anteriores, ya que, además de ratificar la obligación del Ayuntamiento de recuperar la propiedad de las dos parcelas en cumplimiento de una sentencia del TSJ, plantea la posibilidad de que los integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento hayan cometido los delitos de prevaricación urbanística y desobediencia a la autoridad judicial.
Asimismo, dispone la apertura de un nuevo expediente para proceder a imponer multas personales a los miembros de la Junta de Gobierno Local por no haber procedido a recuperar las dos parcelas que fueron vendidas en el Sector 8, dentro del plazo de dos meses fijado por este mismo juzgado. El magistrado ha solicitado al secretario general del Ayuntamiento el acta de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento del 25 de marzo, en el que se aprobó la remisión del último informe al tribunal, para conocer la identidad de los integrantes de este órgano de gobierno municipal y el sentido que le dieron a su voto.
El juez indica que se ofrecerá un trámite de audiencia a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local antes de imponer la sanción, que se reiterará cada veinte días hasta que se dé cumplimiento al mandato de recuperación de las parcelas, tal como establece un auto del juez dictado en enero, como ejecutoria de una sentencia firme del TSJ, que anuló la venta de los terrenos porque se destinaron a la construcción de viviendas de precio libre, en lugar de pisos de protección oficial, tal y como establece la normativa urbanística.
Un análisis profundo
El magistrado, que en sus anteriores resoluciones no había hecho referencia a la posible comisión de delitos por parte de los responsables municipales, ante la última manifestación del Ayuntamiento de imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, profundiza en el estudio de todo el proceso judicial y determina que se puede haber cometido un delito de prevaricación urbanística, al adjudicarse la venta de las parcelas en el año 2005 para la construcción de viviendas de precio libre.
El magistrado señala que el pliego de cláusulas administrativas para la venta de las parcelas municipales indicaba únicamente la construcción de viviendas, señalando que los ingresos obtenidos se destinarían necesariamente a las finalidades contenidas en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. «Obsérvese que no se habla en ningún sitio de viviendas libres, si no genéricamente de viviendas, pero con explícita remisión a las finalidades previstas en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León», se indica en el auto judicial, que continúa incidiendo en que «sólo podía referirse inequívocamente a viviendas con algún régimen de protección pública».
Ante esta circunstancia, el juez señala que en la adjudicación posterior de las parcelas para la construcción de viviendas de precio libre «se cubren los elementos del tipo de la prevaricación urbanística». El juez dispone la puesta inmediata en conocimiento del juzgado de instrucción competente en Palencia de la posible comisión de un delito de prevaricación urbanística tipificado en los artículos 320 y 404 del Código Penal por parte de los miembros de la Junta de Gobierno Local.
Recursos de San Martín
El juez considera que pudieron cometer el delito los concejales que, «desviándose del pliego de cláusulas administrativas», aprobaron la venta de las parcelas para viviendas de precio libre en febrero del 2005. También quienes desestimaron los recursos de reposición presentados en febrero del 2005 por el ex concejal de IU Mariano San Martín, que finalmente recurrió a los tribunales y consiguió que le diesen la razón. También cree que cometieron el delito quienes adoptaron los acuerdos de concesión de licencia de obras para viviendas de precio libre en julio del 2005. También señala que la comisión del delito afecta a las autoridades y funcionarios que informaron favorablemente la venta y la concesión de las licencias.
El juez considera que los miembros de la Junta de Gobierno Local que no se opusieron al acuerdo del 25 de marzo de presentar un nuevo informe contra la ejecución de la sentencia han podido cometer un delito de desobediencia a la autoridad judicial, previsto en el artículo 410.1 del Código Penal.
El Juzgado muestra además un profundo malestar con la actuación del Consistorio, y señala que «lo que, desde luego, es intolerable es que el Ayuntamiento de Palencia pretenda dejar como papel mojado la presente ejecutoria, cuando con el cúmulo de despropósitos detectados en la actuación municipal ha conducido a la situación en que nos encontramos».
El titular del Juzgado Contencioso reprocha también al Ayuntamiento de Palencia que no defienda los intereses generales de los ciudadanos palentinos, poniéndose de lado de unos particulares, como son los compradores de las viviendas. El juez señala que la propiedad de las parcelas no pertenece al Ayuntamiento, sino a la totalidad de la población del término municipal palentino. «Por el contrario, aquí, la corporación ejecutada, por lo que se ve, se autoerige en la defensora de los intereses particulares de una serie de personas que han adquirido las viviendas libres construidas en dichas parcelas y que ni siquiera se han preocupado de personarse en este Juzgado a defender sus intereses», afirma el juez.
Asimismo, el magistrado señala que «la persistencia del Ayuntamiento de Palencia en intentar salvaguardar los intereses privados de las viviendas edificadas en las mentadas parcelas no resiste el menor envite a la luz de la jurisprudencia», señala el juez, desgranando posteriormente una amplio listado de sentencias.




* El Norte de Castilla - 1.04.10
Foto: Palencia, ayuntamiento - lawebmunicipal.com