El fiscal pide enviar al Supremo los indicios de corrupción contra un aforado de Castilla y León

ELPAÍS* : Un ex consejero aparece como comisionista de la trama a cambio de adjudicaciones. La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado ya suficientes indicios de delito en la adjudicación de obras en la Junta de Castilla y León como para haber pedido en los últimos días al juez Antonio Pedreira, que instruye la investigación del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que remita al Supremo las últimas conclusiones policiales donde se dibuja la implicación de aforados en el caso.

Las supuestas actividades irregulares que han motivado esta petición se recogen en varios informes de la policía, y tienen que ver con la adjudicación de obras públicas en esa comunidad, gobernada por el PP.

La policía llevaba más de seis meses intentando esclarecer la identidad de tres personas que habrían cobrado 40.000 euros en comisiones ilícitas y que aparecían en los apuntes de la contabilidad B de la trama corrupta. Los agentes requisaron en la sede principal de las empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, documentación suficiente para acreditar que la adjudicación de la construcción de la variante de Olleros de Alba por la Consejería de Fomento de Castilla y León habría sido supuestamente amañada para beneficiar a una empresa concreta, Teconsa, que a su vez habría repartido comisiones ilegales entre cargos políticos. Correa habría sido el encargado de distribuir esas cantidades; además, se habría quedado con una parte.

Teconsa, la favorecida por esa adjudicación, es la misma empresa que, sin ninguna experiencia en trabajos de sonorización, se quedó con la organización de ese tipo de tareas durante la visita del Papa a Valencia. La televisión autonómica valenciana, Canal 9, dirigida por un amigo de la trama, Pedro García, adjudicó a Teconsa esas labores por seis millones de euros, de los que la mitad, según la investigación judicial, fueron a parar a la red corrupta en forma de comisiones ilegales. Teconsa no hizo nada: subcontrató los trabajos a empresas especializadas que cobraron menos de la mitad del dinero que adjudicó la televisión valenciana.

"T.O." Y "TOTI" eran algunas de las iniciales que aparecían en los apuntes de la organización corrupta en relación a la obra de Castilla y León. Hace más de un año, el juez Baltasar Garzón apuntó que Correa y algún político habían influido en la decisión de adjudicar la variante a una empresa determinada. Garzón se basaba en apuntes contables requisados al contable de la trama, José Luis Izquierdo, donde aparecía incluso un fax remitido el 5 de diciembre de 2002 desde la Consejería de Fomento castellano-leonesa que dirigía entonces el popular José Manuel Fernández Santiago, ahora presidente del Parlamento de Castilla y León. El 3% del importe de la adjudicación, 96.100 euros, aparecían en la contabilidad B de la trama, repartido entre distintas personas identificadas con iniciales que la policía atribuyó a Fernández Santiago (TOTI), a Luis Bárcenas (ex tesorero del PP) e incluso a Jesús Merino (diputado nacional popular).

Tras varios informes policiales, la Fiscalía Anticorrupción considera que los indicios que ya hay son suficientes para nuevas imputaciones, aunque se trata de aforados de otra comunidad autónoma, en este caso de Castilla y León, por lo que ha considerado que lo mejor es remitirlo al Supremo, donde ya se investigan supuestos delitos de Bárcenas y Merino.

En el Supremo está el informe de la Intervención General del Estado sobre la variante de Olleros. Anticorrupción ha pedido al juez que en lo referido a Fernández Santiago, que en principio debería ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, vaya al Supremo, ya que la competencia de éste sobre Bárcenas y Merino arrastraría al presidente del parlamento castellano leonés al Supremo. Anticorrupción entiende que debe ser el Supremo el que se quede con la causa de Castilla y León, para no abrir un nuevo frente junto a los de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, y el del Supremo.

Fuentes próximas a la Fiscalía del alto tribunal sostienen que no pueden pedir la asunción de la competencia sobre lo que afecta a Castilla y León porque ya lo hicieron para asumir toda la causa y el Supremo respondió que se quedaban sólo con los aforados nacionales (Bárcenas y Merino). Parece que los magistrados esperarán a que Pedreira levante el secreto del sumario y el instructor del caso en el alto tribunal le siga. A partir de ese momento, habrá que ver si el Supremo decide hacerse cargo o hay que remitirlo al tribunal superior de Castilla y León.




* ELPAIS.com - 29.03.10
Foto: Valladolid, sede Cortes Castilla y León - vallisoletvm

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La Guardia Civil investiga cien bordas del Aran por delito urbano

LAMAÑANA/Lleida* : La Policía Judicial de la Guardia Civil, en perfecta conjunción con la unidad de delitos urbanísticos y de la propia Fiscalía de Lleida, investiga un centenar de Bordas de la Val d’Aran que podría estar incurriendo en un delito contra la ordenación del territorio, al tratarse de un suelo de especial protección.

Se trata de una de las investigaciones, en materia de delito urbanístico, más ambiciosas que lleva a cabo la Guardia Civil y a cuyo frente se encuentra el capitán Vicente Estévez, que en los dos últimos años ha trabajado duramente por frenar las irregularidades en esta materia, después del desproporcionado crecimiento urbano de algunos municipios en la última década.
Hasta estos momentos, la Guardia Civil ha instruido 46 atestados policiales relacionados con estas construcciones, típicas en el Aran, construidas en los términos municipales de Vielha, Es Bordes y Naut Aran, en suelo de especial protección. Se investiga un presunto delito contra la ordenación del territorio y hasta el momento hay ya 12 imputados. “Pero esto sólo es la punta del iceberg, ya que son al menos un centenar de bordas las que se investigarán de manera progresiva. Se trata de un proceso de mucho trabajo porque cada vivienda es un caso independiente, unas diligencias distintas y lleva su tiempo, pero la propia jueza de Tremp y los Ayuntamiento de la zona están dándonos gran apoyo para sacarlo adelante. Se trata de la construcción de una casa de ensueño en lo que era una construcción agrícola ganadera y esto choca frontalmente con la ley”. Apostilló el jefe de la policía judicial.
Pero las irregularidades urbanísticas en estos años de expansión y especulación no se han producido sólo en zonas de montaña, sino en pueblos dormitorio, próximo a la capital, donde las construcciones ilegales, en muchos casos por falta de normativa urbanística, se han expandido de forma alarmante. Durante el pasado año cabe destacar las actuaciones llevadas a cabo en Alcarràs, Vallbona de les Monges, Alpicat, partida de Gualda u otras de menor calado en l’Alt Urgell. “La mayoría de los casos son por la construcción de una nave industrial en zona no urbanizable, por construir casas en zonas rurales o por construir edificaciones en zonas sin plan urbanístico y el balance de este pasado año ha sido de más de 63 imputados, cuyos procesos están en marcha”.
La propia Diputación y los Ayuntamiento han mostrado sensibilidad con el tema y han puesto en marcha jornada de formación y asesoramiento para impedir incurrir a veces en este tipo de delitos.
Pero el trabajo de la Guardia Civil no sólo se ha centrado en el tema urbanístico, sí quizás el más novedoso, sino que a lo largo de 2009 efectuaron un total de 165 diligencias, con 41 detenidos y 1.100 actuaciones con los diversos juzgados. Desde la Policía Judicial se destaca el aumento de las investigaciones de ilícitos penales que vienen de fuera, de otros puntos del Estado. “Cada vez más los delitos se interrelacionan en la distancia por las nuevas vías de comunicación existentes y esto hace que la movilidad de la delincuencia sea más fácil. También es necesario destacar el aumento de delito llamados informáticos. Internet es una ventana abierta al mundo y necesita de una vigilancia constante”.
Tabaco y divisas
El contrabando de tabaco ha vuelto a aumentar en los últimos meses. El balance de 2009 así lo reflejaba y en ese repunte también ha tenido algo que ver la crisis económica y, por supuesto, el trabajo de permeabilización de la frontera de la Farga por parte de los agentes. No obstante, en los últimos dos años los equipos que luchan con este tipo de delitos han centrado sus actuaciones en el contrabando de tabaco procedente de países asiáticos a través del puerto de Barcelona y que luego se destribuye, pasando por Lleida, a todo el Estado. “Este tipo de tabaco carece de todo tipo de control sanitario y puede tener productos altamente nocivos. En algunas análisis hemos detectado hasta excrementos de animales como ratas. En 2009 se hicieron importantes aprehensiones de China”.
El aumento de aprehensiones de divisas ha crecido, con la variante de que ahora no se intervienen cuando salen hacia Andorra, sino cuando las quieren entrar. “Las advertencias de la UE de intervenir datos de bancos andorranos ha originado miedo y los evasores están recuperando el dinero. Son en esas entradas cuando se detectan”.
Aunque la Guardia Civil ya no tiene competencias en materia de seguridad ciudadana su trabajo sigue siendo intenso y de esta capacidad resolutiva han dado cuenta a la fiscalía y la judicatura.


Dos imputados en Anseral por concesión de licencias de casas

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al grupo de delitos urbanísticos ha imputado, en una de sus últimas actuaciones, a dos personas -máximos responsables del Ayuntamiento- en el núcleo de Anseral, en Valls de Valira, como un presunto delito de prevaricación en la concesión de licencias urbanas para la construcción de unas casas.
La instrucción del atestado policial con motivo de las diligencias abiertas por la Fiscalía de Lleida, en relación a una denuncia urbanística sobre unas viviendas ubicadas en el número 15 de la calle Major de Anseral, ha finalizado con dos imputaciones por un presunto delito de prevaricación en la concesión de licencias urbanas.
Otra de las últimas actuaciones llevadas a cabo y que también se encuentra en proceso judicial, ha sido la llevada a cabo en Torà, en la que fueron imputados el promotor de una obra, el secretario del Ayuntamiento y el técnico municipal, por supuesta prevaricación, por permitir la construcción de una nave industrial con una licencia de almacén agrícola. Aunque en la concesión de la obra hacen constar que no se puede construir, la firmaron favorable. Actualmente se investigan las posibles responsabilidades municipales en Aitona por la construcción de un circuito que podría atentar con la ordenación territorial.




* La Mañana - 29.03.10
Foto: Valle de Aran, bordas - nevasport.com

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Matas fraccionó contratos igual que Aguirre y Camps

PÚBLICO/Palma* : El Gobierno de Jaume Matas utilizó la técnica del circuito cerrado -adjudicaciones a dedo- para la agencia Nimbus, que, a su vez, financiaba al PP, aplicando el mismo sistema que la Generalitat Valenciana y el Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre emplearon con las empresas de la trama Gürtel.

Las adjudicaciones se fraccionaban para que su importe unitario nunca excediera los 12.020 euros, el límite máximo que la ley marcaba hasta finales de 2007 para los llamados contratos menores, aquellos que se otorgan sin concurso ni expediente administrativo de ninguna clase.

En el segundo mandato de Matas (2003-2007), Nimbus recibió 2,4 millones de euros en contratos de todo tipo concedidos por el Ejecutivo balear, según los datos conocidos hasta la fecha. Fernando Areal, cuñado de Matas y en aquella época gerente del PP en el archipiélago, entregó a la agencia 71.000 euros en dinero negro para saldar deudas del partido. La empresa consignaba sus trabajos para los conservadores bajo el epígrafe "Producciones B". Los investigadores entienden que las anotaciones allí contenidas reflejan dinero opaco. Y subrayan que, tanto el representante legal de Nimbus, imputado en el caso Palma Arena, como otros dos empleados de la empresa ya han admitido ante el juez que se fraccionaban los contratos de manera fraudulenta.

Esto también consta en el escrito donde los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach pidieron el viernes una fianza de tres millones de euros para el ex president balear si quiere eludir la prisión. Hoy, a las 10 de la mañana, el juez José Castro comunicará a los abogados de Matas el importe de la fianza definitiva su imposición se da por segura, así como el resto de medidas cautelares.

Lo previsible es que el juez confirme la retirada de pasaporte. Convencidos de que el riesgo de fuga es elevado, los fiscales, que atribuyen al ex líder del PP balear delitos susceptibles de acarrear penas de cárcel superiores a 24 años, también demandan que se le prohíba abandonar el territorio nacional y se le obligue a comparecer ante el juez cada 15 días.

La defensa de Matas alega que privarlo del visado internacional vulneraría el derecho al trabajo de su cliente, que presta servicios profesionales para la consultora Pricewaterhouse en EEUU. El que fue ministro de Medio Ambiente en el segundo Gobierno de Aznar ya ha confesado en sede judicial que manejó dinero negro, pero niega que su saneado patrimonio tenga origen en el cobro de sobornos. La esposa de Matas, Maite Areal, se negó a declarar ante el juez. Las sospechas sobre Matas arrancaron tras una denuncia anónima sobre el piso palacete que la familia había comprado en 2004 en el centro de Palma, justo al lado de la sede de la Cámara de Cuentas balear.

Como informó Público el sábado, la agencia Nimbus sufragó al menos parte de la campaña electoral de Jaume Matas en 2007. Lo hizo endosando facturas falsas a varios departamentos del Gabinete de Matas, entre ellos, la Fundación Illesport. Illesport tenía encomendada la puesta en marcha del velódromo Palma Arena, cuyo coste se disparó desde los 48 millones presupuestados hasta 110.

La Fundación Illesport también abonó gastos del mitin protagonizado por Rajoy el 18 de mayo de 2007 en el Palma Arena. A sufragar cuñas radiofónicas de la campaña electoral de Matas, Illesport destinó, al menos, 19.127 euros. Y el mitin de Rajoy costó al ente público balear 4.802. La investigación no ha concluido, por lo que no puede descartarse el hallazgo de nuevas facturas falsas.
Facturas falsas

Las facturas emitidas por Nimbus contra Illesport, la Dirección General de Deportes y la Conselleria de Vicepresidència eran falsas, concluye Anticorrupción. "La prestación de servicios contratada no se realizaba a pesar de ser abonada la misma por el órgano de administración correspondiente", se lee en el escrito de Carrau y Horrach.

Y, al igual que en Madrid con Special Events y otras tres empresas del caso Gürtel, y como en Valencia con Orange Market, el importe de los contratos "se fraccionaba en cuantías inferiores a 12.000 euros para evitar el preceptivo procedimiento de concurso o [procedimiento] negociado sin publicidad, y se adjudicaba directamente a la mercantil a la que se quiere beneficiar". En Madrid, el conglomerado empresarial de la red que dirigía Francisco Correa obtuvo más de tres millones de euros gracias a contratos menores otorgados por el Ejecutivo de Aguirre entre 2003 y 2008. En Valencia, el cálculo de la oposición apunta a que Orange Market, la filial local de la Gürtel, consiguió del Gobierno de Francisco Camps no menos de 574.000 euros mediante esa fórmula.

Antonio Alemany: un ‘negro’ bien pagado

Entre los contratos simulados con Nimbus figura el suscrito para que la agencia preparase, supuestamente, los discursos de Matas. Como recuerdan los fiscales, el ex president disponía de empleados del Gobierno para ese tema. Pero, según Carrau y Horrach, el dirigente conservador quería beneficiar a Antonio Alemany, columnista de ‘El Mundo’ que, mediante el concurso amañado para Nimbus, fue el auténtico destinatario del dinero. En los cuatro años que hizo de ‘negro’ para él, Alemany cobró, según los fiscales, “aproximadamente 200.000 euros”. Imputado en la causa, el periodista solía luego comentar en su columna los discursos, obviando que el verdadero autor era él, afirman fuentes cercanas del caso.





* Público - 29.03.10
Foto: Palma, velódromo Palma-arena - paraisobalear.com

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Los monumentos trocearían en tres la posible rambla de la Diagonal

ELPERIÓDICO/Barcelona* : La posible rambla de la Diagonal no será nunca tal. O visto con espíritu positivo, por el precio de una, Barcelona contaría con tres ramblas en la Diagonal. La presencia de los monumentos de las plazas de Juan Carlos I –más conocido por el Llapis y el Cinc d’Oros– y de Jacint Verdaguer, con la estatua erigida al mosén y padre de las letras catalanas, interrumpiría la acera central obligando a peatones y ciclistas a dar un rodeo por las calles adyacentes, como ya ocurre hoy, en lo que a las dos ruedas se refiere.

Las dos opciones que propone el ayuntamiento para la transformación de la avenida se pueden simplificar en el debate entre un bulevar y una rambla. Una rambla, propiamente dicha, es un accidente geográfico creado por el curso natural del desguace del agua de lluvia.
En Barcelona, por aquello de la pendiente y de que el agua siempre toma el camino más corto, la dirección habitual es montaña-mar. Estas zonas, claro está, han quedado históricamente descubiertas para evitar las avenidas de agua. Su urbanización dio paso, por extensión, a la creación de largos paseos expeditos de obstáculos

FALSA RAMBLA / Dicho de otro modo, la que se propone como opción B no es más que una falsa rambla y, por tanto, la colocación de hitos en medio de ella no interrumpe ninguna circulación natural. Hecha esta salvedad, cabe reconocer que el cruce de la avenida Diagonal con el paseo de Gràcia y el de Sant Joan son, sin duda, dos de los puntos más difíciles de resolver en un proyecto de transformación. Sobre todo en el caso del Cinc d’Oros –así conocido desde 1909 porque ahí se colocaron las primeras farolas.
El cruce del paseo de Gràcia y Diagonal pasará, de realizarse la transformación, a ser la confluencia de tres calles que cruzan el espacio central: las antes citadas y la calle de Còrsega. que se reabrirá en su tramo entre la rambla de Catalunya y el paseo de Gràcia y permitirá un acceso fluido desde el Eixample-Gràcia al otro lado de la Diagonal.
Otro asunto pendiente, y que se resolverá cuando se confeccione el proyecto ejecutivo, si es que la opción B es finalmente la elegida por el ciudadano, es el paso del tranvía por esos dos cruces clave.
Según los expertos del ayuntamiento, todas las posibilidades están abiertas. Desde que ambos sentidos del tram pasen por uno de los lados del monumento, sea el llapis, sea el de Mossèn Cinto, a que las vías flanqueen los hitos.
El paso del tranvía, toda vez que la rambla o acera central desaparece, es independiente de la solución escogida en el referendo. Eso sí, en cuanto a los recorridos peatonales el bulevar, con sus anchas aceras cerca de las fachadas parece que soporta mejor, o como mínimo de manera más natural, el rodeo por el paseo de Gràcia o el de Sant Joan.
Como aclaró el ayuntamiento el pasado lunes, en una sesión de trabajo sobre la transformación de la avenida, el obelisco del Cinc d’Oros no dificultará, en ningún caso, el paso de la calle de Còrsega por la Diagonal. En cualquier caso, tampoco se ha previsto su retirada.

MONUMENTO A PI I MARGALL / El obelisco forma parte del monumento original al republicano federalista Francesc Pi i Margall erigido en 1936. Lo acompañaba una estatua de la República, de Josep Viladomat. En 1939, la escultura fue sustituida por otra, la Victoria (es obvio cuál) y la de Viladomat quedó almacenada casi 50 años. Ya en democracia, la alegoría a la victoria franquista fue retirada y en su lugar se colocó un escudo de la Casa Real, que no de España.
Por su parte, el monumento a Verdaguer se erigió en 1924. Fue el único hito urbano religioso, según consta en varias fuentes históricas, en los años del anticlericalismo más irredento e incendiario.




* El Periódico - 28.10.03
Foto: Imagen del ‘Cinc d’Oros’, con el obelisco, desde lo alto de una finca esquinera del paseo de Gràcia, el martes. - fERRAN NADEU, el periodico.com

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Los registradores tendrán que avisar si sospechan de parcelaciones ilegales

ELPAÍS* : "Todo el mundo sabe que la parcelación es el paso previo a la construcción en suelo no urbanizable". Esta afirmación la hizo hace seis años el entonces fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Carlos López Caballero, hoy encargado de la lucha contra la corrupción. Entonces, la recién promulgada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ya las prohibía y en este tiempo han salido a relucir casos tan llamativos como los de Medina Azahara o en otras muchas comarcas rurales, que ponen en evidencia la poca eficacia del combate contra este fenómeno.

Ahora, el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado el pasado día 16 por el Consejo de Gobierno de la Junta introduce medidas severas contra las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, definidas en la LOUA como la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que puedan inducir a la formación de nuevos asentamientos.

Lo más novedoso es la implicación de los registradores de la propiedad, que, según la normativa, "deberán comunicar a la consejería competente en materia de urbanismo las solicitudes de inscripción registral de parcelaciones con licencia o declaración de innecesariedad cuando estas pudieran ser contrarias a la ordenación urbanística y territorial". Es una obligación comparable a la que tienen los notarios de comunicar los casos en los que sospechen que se puede ocultar blanqueo de capitales.

Las parcelaciones quedan además sujetas a la posibilidad de las actuaciones de derribo exprés por las que se ha conocido este reglamento. El artículo que faculta la "inmediata demolición" en el plazo máximo de un mes de aquellas actuaciones "manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística". Y expresamente cita entre estas: "... y, en cualquier caso, las actuaciones de parcelación o urbanización sobre suelos no urbanizables, y cualesquiera otras que se desarrollen sobre terrenos destinados por el planeamiento a sistemas generales o dotaciones públicas".

Dentro de la línea general que inspira el reglamento de impedir la obtención de beneficios económicos a los infractores, la norma es especialmente dura en el caso de las parcelaciones ilegales, de forma que contempla que las multas se eleven hasta alcanzar un 150% del beneficio obtenido por el infractor en la venta del terreno parcelado, y, en todo caso, con el que se fije por el valor del mercado.

La parcelación urbanística en suelo no urbanizable es además una de las actuaciones contra las que el reglamento faculta la intervención subsidiaria de la Junta para sancionar, si es que no lo hacen los respectivos ayuntamientos.




* ELPAIS.com - 29.03.10
Foto: Cordoba, parcelaciones ilegales Sierra - ecologistasenaccion.org

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Marbella: Ávila Rojas se resiste a la piqueta

SUR/Málaga* : El suelo está calificado como parques y jardines, pero alberga un apartotel con 80 inmuebles, una piscina y un aparcamiento. La edificación, ubicada en Nueva Andalucía, no está incluida en el sistema de compensaciones para normalizar construcciones irregulares que contempla el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella y el Ayuntamiento acordó en abril de 2009 su demolición.

Sin embargo, la empresa que levantó el apartotel de manera ilegal, Naviro Inmobiliaria 2000 SL, propiedad del promotor granadino José Ávila Rojas, ha acudido a los tribunales para intentar evitar el derribo.

La entidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consistorio marbellí que ordena la reposición de la realidad física alterada al estado inmediatamente anterior a la realización de los actos. Es decir, la demolición de todo lo construido. El recurso ha sido presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga, por lo que tendrá que resolver sobre este asunto el hasta hace unos días instructor del 'caso Malaya', el magistrado Óscar Pérez, que el próximo 5 de abril se incorpora a su nuevo cargo tras dejar la sede judicial de Marbella. El juez y el promotor ya se conocen. Ávila Rojas se encuentra procesado en 'Malaya' por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
El empresario salió el pasado diciembre de prisión, cinco meses y medio después de que ingresara en la cárcel para cumplir una condena de ocho años de cárcel por cuatro delitos de fraude a la Hacienda Pública. Obtuvo el tercer grado penitenciario por buena conducta y ausencia de riesgo de fuga, lo que le permitió abandonar la cárcel granadina de Albolote.
Ávila Rojas está considerado uno de los constructores de cabecera del GIL durante la época en la que la formación independiente comandada por el fallecido Jesús Gil gobernó Marbella. Según desvelan las investigaciones del 'caso Malaya', el empresario es socio en varias promociones inmobiliarias, así como en otros negocios, del supuesto cerebro de la trama de corrupción destapada en el municipio, Juan Antonio Roca. El ex asesor urbanístico obtenía las parcelas del patrimonio municipal y aportaba el suelo, mientras que el constructor se encargaba de levantar los inmuebles, según el auto de procesamiento.
El promotor es el responsable de un importante número de edificaciones cimentadas de manera irregular. Algunas de ellas serán legalizadas por el nuevo PGOU. Otras no, como es el caso del complejo inmobiliario Banana Beach o de una promoción de 34 viviendas construida sin licencia en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, que Ávila Rojas sí aceptó demoler. El derribo, cuyos gastos asumió el empresario, tuvo lugar hace un año y fue el primero de una obra ilegítima de la 'era GIL'. Los inmuebles habían sido levantados sobre zona verde.
Conflicto urbanístico
En esta ocasión, la actitud del constructor tiene poco que ver con la de hace un año. A pocos días de la entrada en vigor del futuro PGOU de Marbella, el recurso de Ávila Rojas contra la resolución municipal para demoler el apartotel de Nueva Andalucía podría entenderse como una declaración de intenciones por parte del empresario ante el nuevo planeamiento.
El promotor mantiene abiertos otros conflictos urbanísticos con el Ayuntamiento, como el referente al antiguo campo de fútbol Francisco Norte, donde Ávila Rojas edificó de manera ilegal un aparcamiento subterráneo de dos plantas. Lo hizo en unos terrenos calificados como equipamiento público deportivo y sin contar con proyecto de ejecución. Recientemente el Consistorio marbellí rebajó de 4,5 a 1,5 millones de euros la sanción económica con la que el constructor debía responder por estos hechos.




* SUR - 29.03.10
Foto: El apartotel, que integra 80 inmuebles, está construido en unos terrenos de Nueva Andalucía calificados como parques y jardines. :: JOSELE-LANZA, diariosur.es

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La Xunta quita competencias y personal a la agencia de legalidad urbanística

ELPAÍS/Galicia* : Nació en 2007 como una agencia independiente para poner coto al urbanismo desaforado y al enjambre de grúas que acechaba la costa gallega en pleno boom immobiliario. Un freno al "ti vai facendo" que presidió durante décadas las relaciones entre algunos alcaldes y promotores, certificación última del todo vale que ha imperado en la construcción.

Con ese objetivo, el Gobierno de Emilio Pérez Touriño creó en 2007 la Axencia de Protección da Legalide Urbanística (APLU). El bipartito se valió entonces de los mismos técnicos que ya trabajaban para Alberto Núñez Feijóo en su etapa como vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Política Territorial. Pero decidió blindar las competencias de este organismo y poner el trabajo de los inspectores a salvo de las presiones del poder político y de los alcaldes.

Los estatutos establecían que los sucesivos directores de la APLU tendrían mandatos asegurados de cuatro años. Como la agencia arrancó en 2007 no coincidirían con las legislaturas del Gobierno de turno. Era la excusa perfecta para que ningún conselleiro tuviera la tentación de influir sobre el trabajo de los inspectores urbanísticos. Ese estatus especial y sobre todo la rigurosa defensa del territorio que llevó a la agencia a multiplicar los expedientes por infracciones nunca contó con el respaldo de los alcaldes. Sólo 45 de los 315 municipios se adhirieron durante estos tres años voluntariamente a la agencia, pensada también para tutelar las competencias urbanísticas en los ayuntamientos más pequeños que apenas cuentan con medios para hacerlo.

La desconfianza de los alcaldes (de todos los partidos) fue a más cuando la APLU empezó a instruir expedientes y a revisar licencias urbanísticas con sus inspectores sobre el terreno. El caso más paradigmático fue el de Barreiros, en la Mariña lucense, que desembocó en 44 recursos por la vía de lo contencioso-administrativo que el bipartito presentó contra cada una de las licencias otorgadas por el alcalde Alfonso Fuente Parga, para edificar 3.174 viviendas en suelo sin urbanizar.

En virtud de un convenio que Manuel Fraga firmó aún como presidente en 2004 con el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, Xunta y ministerio público se comprometían a intercambiar información sobre hechos presuntamente delictivos. Esa declaración de intenciones derivó en un acuerdo de colaboración entre la APLU y el ministerio público suscrito el pasado septiembre para colaborar en la persecución de delitos relacionados con la construcción. La nueva fórmula irritó al conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández, que ya entonces mostró en público su contrariedad por el acuerdo. Hernández supo entonces que la Justicia pondría el punto de mira sobre la forma de entender el urbanismo de varios alcaldes, algún histórico del PP, pero también socialistas y nacionalistas.

El conselleiro temía -porque había visto la espectacular foto aérea de Barreiros que ocupaba toda una pared en la sede de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística con las edificaciones irregulares marcadas en rojo- que este alcalde de la Mariña lucense podría ser el primero en entrar en los juzgados. No se equivocaba. La denuncia contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, la firmó el fiscal jefe de Lugo a mediados de diciembre pasado y toma como base los informes de la APLU.

El ministerio público acusa al regidor y a tres de sus concejales, así como a la arquitecta municipal, de prevaricación urbanística, por conceder a lo largo de todo el año 2006 los permisos pese a los informes contrarios de la secretaria del Ayuntamiento y el requerimiento de la anterior Consellería de Política Territorial para que no lo hiciese.

Son varios los funcionarios consultados que afirman que entonces se fraguó la destitución de Hipólito Pérez como director de la axencia. No era ningún secreto, porque por aquel entonces, finales de diciembre, principios de enero, un importante alto cargo de la consellería de Territorio se permitía admitir en público que tal vez Pérez fuese "demasiado estricto" para ese puesto.

La destitución del que había sido subdirector de Disciplina Urbanística con Feijóo hasta 2005 se fraguó el jueves 11 de marzo en el Consello de la Xunta, sin que el presidente comunicase la decisión a la prensa. Hernández explicó después que la incorporación de María Martínez Allegue, ex secretaria de los ayuntamientos de Mos y Tui, al puesto en sustitución de Hipólito Pérez buscaba fomentar "la cooperación con los ayuntamientos". Pese a esa declaración, tanto Henández como el presidente de la Federación de Municipios e Provincias, el socialista Carlos Fernández, se apresuraron a desmentir que los alcaldes hubieran presionado para relajar el control de la agencia, a la que el propio Fernández, regidor de Ames, siempre se negó a adherirse.

Una semana más tarde, fue el propio Feijóo quien reconoció que su Gobierno decidió modificar los estatutos para que el director de la agencia no tuviese "especifidades" respecto a otros directores generales. Dicho en lenguaje llano: la inspección, el control urbanístico y la potestad de sancionar vuelven a depender directamente del poder político.

La purga en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística había comenzado meses antes. Con el director, desde la llegada del PP a la Xunta, han caído su segunda, Isabel García, y tres de los cuatro jefes de servicio provinciales, a excepción del de Ourense. Además de descabezar el equipo que había puesto en marcha este organismo, la nueva relación de puestos de trabajo que está elaborando la dirección del ente prescinde de 16 técnicos (dos inspectores, ocho subinspectores, tres jefes de sección y tres auxiliares administrativos) que previsiblemente pasarán a depender directamente de la consellería.

El cambio de los estatutos de la APLU operado por el departamento de Hernández le sirvió además para hacerse con competencias hasta ahora en manos de la agencia: desde ahora el poder para autorizar obras y usos en los primeros 100 metros de la costa recaerá también sobre la consellería. El conselleiro de Territorio recupera la potestad para autorizar paseos marítimos municipales, chiringuitos, aparcamientos e incluso infraestructuras para piscifactorías en la zona de servidumbre.




* ELPAIS.com - 28.03.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es

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Baleares: La lista de nunca acabar

DIARIODEMALLORCA* : Más de 5,4 millones de euros. Si mañana el juez ratifica la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imponer una caución de 3 millones de euros a Jaume Matas, esa será la suma de las principales fianzas a políticos de Balears imputados por delitos de corrupción. A día de hoy, el global ya supera los 2,4 millones de euros. De no haberlos abonado en los respectivos juzgados, hoy tendríamos a una docena de políticos entre barrotes, a la espera de los pertinentes juicios. Otros han sido ya condenados, y cumplen sus penas por haber desviado fondos públicos a sus bolsillos particulares.

La cifra da una idea del volumen de casos que azotan a las islas, donde todavía está por analizar si el fenómeno de la corrupción está inserido en el ADN de la clase política autóctona, o si aflora gracias al ingente trabajo –tras un cambio de actitud hace sólo unos años– de la Justicia local.
Ninguna otra Comunidad Autónoma ha batido el récord: El ex president del Govern, dos ex presidentes del Parlamento, cinco ex consellers, el presidente del Consell de Ibiza, varios ex consellers del Consell de Mallorca, varios diputados, directores generales y concejales están acusados de prevaricar, malversar caudales públicos, cobrar sobornos, falsear documentos públicos y otros delitos asociados a prácticas corruptas.
Por su notoriedad, sin duda encabezan el ranking Jaume Matas y Maria Antònia Munar. Ostentaron el poder en la pasada legislatura, y con pocos días de diferencia han tenido que sentarse delante de un juez para dar cuenta de sus presuntos enriquecimientos ilícitos, amén de la financiación irregular del PP y UM, sus respectivos partidos. Su futuro judicial es incierto, de momento sobre la segund
· Colabora, pero sigue imputado. El ex conseller de Medio Ambiente de UM colaboró con la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el caso Maquillaje, y apuntó hacia su anterior jefe Miquel Nadal, con el que tuvo un careo. Con todo, el juez le mantiene la imputación a pesa la mayor fianza penal de las impuestas hasta ahora: 350.000 euros, pero mañana puede quedar a años luz de la de Matas.
En el segundo escalafón están cinco ex consellers del Govern, tanto de UM como del PP. Otra consellera del actual Ejecutivo, Joana Barceló (PSOE), ha declarado recientemente por una querella interpuesta por un particular en Menorca, al igual que su compañero socialista Marc Pons, presidente del Consell de Menorca, también imputado por el mismo caso.
En las imágenes que acompañan este artículo se muestran los principales políticos baleares encausados hasta el momento por delitos de corrupción. El caso Palma Arena es el que acarrea un mayor número de imputados. Aparte de Matas y el resto de cargos más conocidos, también fueron arrestados y prestaron declaración el ex director insular de Deportes del Consell, Antoni Palerm, acusado de facturar empresas suyas para las obras del velódromo, y el encargado de la construcción, Jorge Moisés, ambos del PP. El jefe de prensa del partido y ex director general de Comunicación, Joan Martorell, también está imputado en una pieza separada por la supuesta financiación irregular del PP.
En la operación Peaje, que trata de dirimir si hubo desvío de caudales públicos de la carretera Palma-Manacor, la Fiscalía Anticorrupción también se ha querellado contra el ex conseller insular de Obras Públicas, Antoni Pascual (UM), que podría finalmente ser imputado, si bien no ha sido citado a declarar por ahora.
Uno de los principales imputados por la operación Maquillaje, que investiga si UM regó con subvenciones desde el Consell de Mallorca a una red de empresas afines, es Alfredo Conde, ex director de la emisora radiofónica Ona Mallorca y presunto testaferro del ex diputado de UM Bartomeu Vicens.
La comisionada para la reforma de la Playa de Palma, Margarita Nájera (PSOE), sigue estando imputada por la presunta venta a bajo precio de un solar a su ex marido por parte del ex recaudador municipal de Calvià, al que ella como alcaldesa subió el sueldo. Esta causa se ha archivado y reabierto en varias ocasiones, y ahora el fiscal estudia el sobreseimiento.

JAUME MATAS
¿Se enriqueció con fondos públicos?. Al ex presidente del Govern del PP se le investiga por el presunto desvío de más de 50 millones de euros públicos durante la construcción del velódromo Palma Arena, por presunto enriquecimiento ilícito y financiación irregular del PP.

MARIA A. MUNAR
¿Se enriqueció con fondos públicos?. La ex presidenta del Parlamento y de UM está acusada de seis delitos, entre ellos malversación, delito electoral y cohecho. Está imputada en el caso Can Domenge y en libertad bajo fianza de 350.000 euros por la caso Maquillaje.

MIQUEL NADAL
Poliimputado. El ex conseller de Turismo de UM, en libertad bajo fianza de 100.000 euros, sufragó presuntamente su campaña electoral en Palma con fondos del Consell de Mallorca. También está encausado en la operación Voltor y en el caso Can Domenge.

FRANCESC BUILS
Sin pasaporte. El también ex conseller de Turismo de UM tuvo que abonar recientemente 100.000 euros para eludir la prisión provisional, y está sin pasaporte a la espera de juicio. Se le acusa de haber amañado concursos públicos previo cobro de 30.000 euros como mínimo.

MIQUEL À. GRIMALT
Colabora, pero sigue imputado. El ex conseller de Medio Ambiente de UM colaboró con la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el caso Maquillaje, y apuntó hacia su anterior jefe Miquel Nadal, con el que tuvo un careo. Con todo, el juez le mantiene la imputación.

JOSÉ JUAN CARDONA
Entramado. Al ex conseller de Comercio e Industria del PP se le investiga por haber dirigido un presunto entramado de corrupción en el consorcio CDEIB. Como diputado autonómico, tiene condición de aforado, por lo que instruye su causa el Tribunal Superior.

JAUME FONT
Plan Territorial. Fue conseller de Medio Ambiente del PP y ahora es el portavoz de ese partido en el Consell de Mallorca. Lleva meses imputado y sin novedades por el caso Plan Territorial, que investiga supuestos pelotazos urbanísticos en connivencia entre políticos y empresarios.

MAXIMILIANO MORALES
Son Oms. Como presidente del Parlamento, fue la segunda autoridad de Balears de 1999 a 2003, y uno de los principales barones de UM. Está acusado de haber cobrado comisiones a cambio de lograr que se recalificara el actual polígono de Son Oms, en Palma.

BARTOMEU VICENS
Condenado. Al igual que Nadal, el ex conseller insular de Ordenación del Territorio de UM está imputado en varios casos –Son Oms, Can Domenge y Plan Territorial–. Está condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación, a la espera de lo que diga el Supremo.

DAMIÀ NICOLAU
Condenado. El ex secretario general de UM y ex alto cargo del actual Govern también ha sido condenado a dos años y tres meses por el mismo delito que Vicens –malversar 12.000 euros públicos–, y está ahora pendiente de que el Tribunal Supremo confirme o revoque el fallo.

J. RODRIGO DE SANTOS
Condenado. Fue el máximo responsable del Urbanismo de Palma, y teniente de alcalde del PP. Está en la cárcel después de que se le condenara a dos años por malversar más de 53.000 euros públicos en prostíbulos y a 13 años y medio por abuso sexual de menores.

EUGENIO HIDALGO
Condenado. El ex alcalde de Andratx del PP cumple condena en prisión después de que el Supremo ratificara el pasado diciembre la pena de 4 años de privación de libertad por un chalé en suelo protegido. Pero aún le quedan por afrontar varias decenas más de juicios.

JAUME MASSOT
Condenado. La máxima autoridad urbanística de Balears con el Govern del PP está encarcelado desde el pasado 28 de diciembre, cuando el Supremo ratificó la condena dictada por la Audiencia de Palma de tres años y medio contra él, por delito de prevaricación y urbanístico.

LLUC TOMÀS
Condenado. En septiembre de 2008, el ex alcalde de Llucmajor del PP fue condenado a 3 años de cárcel y 8 de inhabilitación por consentir el desvío de un millón de euros del Ayuntamiento a su edil Joaquín Rabasco. El Supremo revisa ahora el fallo, pero el fiscal ha pedido incluso mayor pena.

JOAQUÍN RABASCO
Condenado. El ex concejal de la Agrupación Social Independiente (ASI) de Llucmajor está condenado a 6 años de prisión y 8 de inhabilitación, al igual que su pareja, María del Mar Aldao. Ambos montaron un entramado de empresas para saquear el consistorio de su municipio.

ANTÒNIA ORDINAS
El triste capítulo del Cola-Cao. Durante años fue mujer de confianza de Jaume Matas, que la colocó al frente del consorcio CDEIB. Ha confesado que se apropió de más de 200.000 euros públicos que enterró en una lata de Cola-Cao en su jardín, y de haber recibido comisiones. Está a la espera de juicio.

KURT VIAENE
Comisiones. El ex director general de Promoción industrial del Govern del PP continúa en libertad bajo fianza de 100.000 euros, imputado por el mismo caso que Antònia Ordinas. Se le acusa de cobrar comisiones y de dirigir una trama para el desvío de fondos públicos del CDEIB.

DAMIÀ VIDAL
Bitel II. Con el Govern de Matas, fue el director-gerente de la empresa pública de informática Bitel. La policía le detuvo por una presunta malversación de 700.000 euros públicos. En su defensa, alegó que "no sabía decir que ´no´ al alto tren de vida" que llevaba él y su familia.

MIQUEL À. BONET
Ibatur. Ha podido eludir temporalmente la cárcel gracias a que en su día pagó 85.000 euros de fianza. Estuvo al frente del Instituto balear de Turismo (Ibatur) con el PP y UM, y al parecer se quedó con dinero del ente público mediante facturas falsas a nombre de familiares suyos.

XICO TARRÉS
Ibiza centro. El presidente del Consell de Ibiza y diputado del PSOE está acusado de participar en una trama de financiación irregular de su partido, desvelada antes de las últimas elecciones. Fue precisamente un dirigente socialista, Roque López, quien le implicó mediante unas grabaciones.

MARINA SANS
Caso Funeraria. La ex presidenta de la funeraria municipal de Palma devolvió 6.800 euros que había cargado a la empresa para viajes particulares suyos y de su familia. Sigue como concejala del PP en la oposición en Cort, y está imputada al igual que el ex gerente Óscar Collado.

RAFAEL DURÁN
Palma Arena. Dimitió hace poco como concejal del PP en la oposición en el Ayuntamiento de Palma. Está imputado por el caso Palma Arena, ya que formaba parte del consorcio para la construcción del velódromo que duplicó su coste. Está en libertad bajo fianza de 15.000 euros.

PEDRO ÁLVAREZ
Palma Arena. El conseller del PP en la oposición en el Consell de Mallorca participó durante su etapa como concejal de Cort en la pasada legislatura en la construcción del velódromo, por lo que está ahora imputado.

ANTONI SERRA
Palma Arena. El diputado del PP en el Parlamento balear era miembro, al gual que sus compañeros Durán y Álvarez, del consorcio para la construcción de la pista ciclista cubierta, cuyo elevado desfase se está investigando.

´PEPOTE´ BALLESTER
Palma Arena. José Luís Ballester, más conocido como ´Pepote´, fue mano derecha de Matas, que le nombró su director general de Deportes para que supervisara el día a día de las obras del velódromo, por el que está imputado.

FERNANDO RUBIO
Can Domenge. El portavoz adjunto del PP en el Consell está imputado por la finca que la institución vendió por la mitad de su valor de mercado, y cuya adjudicataria ha confesado que tuvo información privilegiada.

MIQUEL À. FLAQUER
Voltor. Ex presidente de UM y ex conseller de Economía del Consell, está imputado por el caso Can Domenge y por la operación Voltor, que investiga una red de UM para beneficiar a empresas afines. En libertad bajo fianza.

ANTONI OLIVER
Voltor. El ex alto cargo de UM en la conselleria de Turismo ha conseguido eludir la prisión con una fianza de 100.000 euros. El ´pollencí´ está acusado de conceder contratos a empresarios afines al partido.

JOAN SASTRE
Voltor. Al ex director general de Promoción turística se le imputan los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, al igual que sus compañeros de UM Flaquer, Oliver, Álvaro Llompart y Antoni Rebassa.

JUAN F. GÁLVEZ
Turismo Joven. En la pasada legislatura fue el director general de Juventud del PP. Está acusado, junto a Juan Francisco Gosálbez, gerente del consorcio Turismo Joven, del desvío de fondos en el ente público para fines privados.

DAMIÀ AMENGUAL
Turismo Joven. Sobre los papeles era el gerente del consorcio saqueado, aunque en la práctica era Gosálbez quien lo dirigía. Se hizo célebre cuando declaró ante el juez que lo de comer langosta con cargo al Govern era normal.

GONZALO AGUIAR
Carretera de Manacor. Ha sido el director insular de Carreteras, y está imputado por las obras del desdoblamiento de la vía Palma-Manacor, pues la Fiscalía sospecha que se hincharon facturas y hubo pago de comisiones.





* Diario de Mallorca - 28.03.10
Foto: Palma, palau consell insular Mallorca - trivago.com

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Las urbanizaciones de Vélez se rebelan

SUR/Málaga* : Vivir fuera de los cascos urbanos consolidados tiene ventajas, pero también inconvenientes. Uno de ellos, en Vélez-Málaga, es la obligación que tienen los propietarios de constituirse en Entidades Urbanísticas de Conservación para garantizar el mantenimiento de viales, aceras, sistemas de alumbrado y zonas verdes, además del mobiliario urbano.

Esta obligación ha provocado el rechazo de los vecinos afectados por esta figura recogida en el PGOU de 1996, al entender que supone una discriminación para los titulares de viviendas fuera de los cascos urbanos consolidados.

Colectivos como la asociación de vecinos de Chilches han iniciado una recogida masiva de firmas en contra de estas entidades, y están manteniendo contactos con otros colectivos afectados por la medida con el fin de hacer un frente común ante el Consistorio. «Queremos el mismo trato que cualquier otro vecino del centro de Vélez o Torre del Mar. Lo que no puede ser es que el Ayuntamiento nos grave por recibir los mismos servicios que el resto», señala el presidente de la asociación de Chilches, Francisco Malpartida.
La movilización de los 31 sectores afectados en el municipio ha llevado al equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE, GIPMTM e IU) a paralizar la puesta en marcha de las entidades. Según el edil de Urbanismo, Salvador Marín (IU), porque se han observado grandes diferencias entre la realidad actual y el PGOU.
Así las cosas, el gobierno ha anunciado que habrá reuniones con los vecinos de cada urbanización para ver caso por caso, y que se estudiarán los criterios acordados en su día.
Vivir a un lado de la calle
En Vélez son 31 los sectores que están obligados a constituirse en Entidades Urbanísticas de Conservación, algunos separados del casco urbano por una simple calle o una avenida. En esta situación se encuentran sectores como Vélez-Málaga 7 y 8, conocidos también como nuevo ensanche de Vélez. Los vecinos con viviendas en el lado derecho de la calle no tienen que pagar nada para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras, en cambio de los de la margen izquierda sí.
E l presidente de la asociación de vecinos Velis, Fernando Mata, se pregunta en concepto de qué pagan entonces el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el resto de impuestos y tasas municipales.
Según Malpartida, los propietarios de viviendas en los sectores obligados a convertirse en Entidades Urbanísticas de Conservación, ademas de tener que hacer frente a las cuotas de sus comunidades de vecinos tendrán la obligación de afrontar con derramas extraordinarias las cantidades que sean necesarias para reparar cualquier avería.
«Lo que quiere el Ayuntamiento es desentenderse del mantenimiento. Es un chollo, porque por un lado ingresan los impuestos y por otro no atienden los gastos que genera el mantenimiento y conservación de las infraestructuras», señala.
El asunto ha llegado incluso a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que en julio admitió a trámite la queja planteada por un grupo de vecinos de Chilches contra el acuerdo del pleno municipal acordando los criterios generales para exigir la creación de estas entidades.
Para el colectivo, el Consistorio no es competente para regular esta figura. Además asegura que lo que hace el Ayuntamiento se eximirse de cumplir las competencias que la Ley Reguladora de Bases Régimen Local le obliga en cuanto a la prestación de los servicios municipales mínimos. «La Oficina del Defensor del Pueblo ha calificado al consistorio como Ayuntamiento entorpecedor porque no contesta los requerimientos que realiza sobre esta cuestión», afirma Malpartida.
Para esta asociación, la LOUA sólo obliga a crear estas entidades urbanísticas de conservación durante el periodo de su transformación a suelo urbano recepcionable por el Ayuntamiento. Asimismo consideran que se vulnera el principio constitucional de igualdad, a la vez que hace caso omiso al artículo 4.1 de la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía sobre la obligación de los ayuntamientos de garantizar el mismo nivel de prestación de servicios en todo su territorio.
Según Mata, sólo en Vélez ciudad se ven afectadas zonas como la situada al norte del Polideportivo, la comprendida entre la avenida La Pasionaria y el Camino de Remanente, La Mata y El Limonar, así como las situadas entre el colegio Zona Norte y el arroyo del Cementerio. Por su parte en Torre del Mar, entra la zona nueva de la Azucarera y el ensanche al oeste.
El consistorio veleño, según los criterios aprobados por el pleno, se comprometía a pagar el consumo eléctrico del alumbrado público de estas entidades, a la vez que el mantenimiento de los viales estructurales, sistemas generales y equipamientos públicos, algo que los vecinos consideran insuficiente.




* SUR - 28.03.10
Foto: En la avenida de las Naciones de Vélez sólo los vecinos de la margen izquierda, que es el nuevo ensanche de la ciudad, deben crear las entidades de conservación. :: EVA GUZMÁN, diariosur.es

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El juez ve posible prevaricación en el acuerdo de Paterna con Siro

LEVANTE/Valencia* : La magistrada del juzgado de instrucción nº1 de Paterna ha dictado un auto para que se siga el procedimiento judicial por un supuesto delito de prevaricación en el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Paterna y la mercantil Galletas Siro, del que serían presuntos responsables el ex concejal, Domingo Rozalén (EU), el arquitecto municipal y el jefe de la sección de Planeamiento Urbanístico, así como el ex gerente de la empresa municipal Sumpa.

La querella que presentó en 2005 el empresario Jorge Cubells, afectado por la reparcelación del sector 9 también era contra el ex alcalde socialista Francisco Borruey, pero al fallecer el pasado año se declara sobreseído el proceso.
La querella concluía que el plan parcial y el proyecto de reparcelación del polígono l'Andana se realizaron "a la medida" de un convenio del consistorio con la mercantil Siro para que ésta pudiera disponer, tras una permuta, de unos terrenos de 20.000 metros cuadrados en el sector para una fábrica, tras cerrar Galletas Río.
El auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, indica que de las actuaciones practicadas se desprende que los "hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación" por los imputados, por lo que da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la práctica, excepcional, de diligencias complementarias.
Según el auto, la reparcelación adjudicó al ayuntamiento una parcela de 20.000 metros cuadrados, mientras que a la empresa del denunciante Cubells, que tenía dos con más de 15.000 metros donde ahora se ubica la fábrica de Siro, se la desplazó a otro lugar. Un último informe pericial, de julio de 2009, constata que la superficie total de esas parcelas era de casi 15.000 metros, por lo que no debieron desplazarla, pues la mínima edificable era de 14.000 metros. Otro perito declaró que al afectado se le sumó una superficie de 13.502 metros de forma manual y "sin ser resultado de ningún cálculo aritmético". Asimismo el querellante aportó como prueba un contrato de 16 de julio de 2003, firmado por Productos Alimenticios La Familia, de la que Siro es la única accionista, con una constructora para hacer una fábrica en los terrenos que meses después se le adjudicaron. Los representantes legales de las sociedades declararon que existía un error en la fecha ya que la correcta era julio de 2004.
Posteriormente a la reparcelación, también recurrida en un contencioso administrativo, el anterior gobierno PSPV-EU aprobó el convenio con Siro, el 18 de mayo de 2005, que establecía la permuta de terrenos para instalar la nueva fábrica en la parcela de 20.000 metros y la aprobación del PAI del sector Río donde se ha localizado la villa romana. Un informe de la secretaria municipal desaconsejó la permuta porque la reparcelación estaba en los tribunales. El PP se abstuvo y UV votó en contra.




* Levante-EMV - 28.03.10
Foto: PAI de la antigua galletas Río donde ha aparecido la Villa Romana. levante-emv

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Los técnicos dicen 'no' al urbanismo de Logroño

LARIOJA* : El enfermo tiene cáncer y se le puede tratar con quimioterapia o con morfina». «Nosotros creemos que es necesaria la 'quimio', pero los políticos insisten en la droga». Así de gráfico se expresa Miguel Ángel Prieto, arquitecto que coordinó la comisión de colegios profesionales encargada por el Ayuntamiento para incorporar sus opiniones al avance del Plan General Municipal (PGM) de Logroño, el instrumento urbanístico que planificará la ciudad para los próximos treinta años y que actualmente está en tramitación.

El informe entregado por los técnicos (colegios de Arquitectos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos Industriales y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) dista, como la noche al día, de la propuesta de avance de José María Ezquiaga, a quien el Ayuntamiento encargó la redacción del nuevo PGM.
Incluidas las viviendas pendientes en los suelos urbanos (casi 12.000), el llamado 'plan puente' -aquel acuerdo político para clasificar suelo urgente para 10.000 viviendas que se ha solapado con la propia revisión-, el propio avance del PGM y la 'ecociudad', programada por su cuenta y riesgo por el Gobierno regional, está programada la construcción de 46.000 viviendas en la capital riojana para los próximos 30 años.
Cifras «irreales» para los colegios profesionales riojanos que, en contra del planteamiento de delimitar todo el suelo urbanizable de Logroño, apuestan por un urbanismo mucho más conservador: «No decimos que no haya que hacer casas nuevas -explica Prieto-, pero las cifras distan mucho de la realidad». «Hemos pasado del 'boom' al colapso de la actividad y ni habrá el flujo inmigrante de años atrás ni la vivienda, al menos en mucho tiempo, volverá a ser el refugio inversionista más rentable, es decir, la iniciativa privada no resolverá el problema y ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos».
El informe de los colegios técnicos sugiere incluso -aunque se eliminó la referencia expresa al término en el escrito- la necesidad de que las administraciones se planteen expropiaciones de suelo en manos de promotores privados que no podrán llevar a cabo los milenarios desarrollos de viviendas programados: «La expropiación se entiende bien para carreteras o pantanos, pero la vivienda también es interés público», recuerda Prieto.
El arquitecto tiene claro que la situación de hoy «nada tiene que ver con la de hace dos años»: «Sí hay compradores potenciales de vivienda, pero las entidades de crédito no están dispuestas a financiar a jóvenes con limitados recursos créditos por valor de 40 millones de pesetas», indica. «Esas hipotecas son las famosas 'subprime' que nos han llevado hasta aquí y que, lógicamente, no se van a repetir».
La conclusión de los técnicos es clara: ninguno, o casi ninguno, de los sectores del 'plan puente' o del avance del PGM tienen visos de salir adelante en los próximos años: «¿Para quién serán las viviendas?; ¿quién las podrá comprar?; ¿van a conceder los bancos las hipotecas?», se pregunta Miguel Ángel Prieto.
Cifras contundentes
El discurso de los colegios profesionales se acompaña de cifras: Las 46.000 viviendas programadas permitirían edificar a una media de 1.500 anuales durante los próximos treinta. El año pasado, Logroño visó únicamente 277.
Otro dato importante es la estadística demográfica. El INE prevé para el año 2019 que la población riojana crecerá el 3,01%. Aplicado ese porcentaje a Logroño, supondría un aumento de población de unas 4.500 personas en diez años. En el mismo periodo, se habrían construido en Logroño casi 15.000 viviendas nuevas. Y más cifras. De las 77.000 viviendas que hay censadas hoy en la capital riojana, 16.000 de ellas (el 21%) están vacías.
Desarrollos insostenibles
La realidad es que mientras los técnicos reclaman al Ayuntamiento en el avance del PGM la recuperación de conceptos como el crecimiento sostenido y la renovación urbana, con la rehabilitación y la mejora del equipamiento dotacional de las zonas céntricas y de las nuevas creadas en los últimos años, éste insiste en programar enormes desarrollos residenciales periféricos que responden, al menos ahora mismo, más a intereses económicos que urbanísticos, como reconoce la propia patronal del sector. La 'voz' urbanística del Ayuntamiento es la del PR, mientras el PSOE hace seguidismo en contra de lo que pregonó en la oposición. Un ejemplo es la defensa a ultranza del sector Sur, con 6.000 viviendas aisladas hasta el límite con la autopista. Por su parte, quien ahora está fuera del equipo de gobierno, el PP, tampoco tiene una visión urbanística demasiado diferente. Ahí está el caso de la 'ecociudad', un proyecto del Gobierno regional, que suma otras 3.000 viviendas en un núcleo aislado.
Ambos desarrollos ('ecociudad' y Sur) son citados por los técnicos como «insostenibles» en su informe. «El Ayuntamiento y los partidos -afirma Miguel Ángel Prieto- deben decidir: o apoyan a un sector con intereses particulares o a los colegios profesionales». «Un barrio dormitorio -concluye- no es ciudad; Logroño necesita alma».

LAS CIFRAS
46.000
Son las viviendas nuevas por desarrollar y planificadas en Logroño. 11.784 quedan por hacer en el suelo urbano; 5.805 ya han sido delimitadas por el llamado 'plan puente'; 25.500 están pendientes entre los sectores aún no aprobados (Sur y Ramblasque) y el resto del avance del PGM; mientras que otras 3.000 se añaden al margen del Plan General Municipal con la 'ecociudad'.
16.198
de las viviendas construidas, de las 77.406 que hay en Logroño en los sectores urbanos consolidados, están vacías. En cifras relativas, el 21% de los pisos de la capital están vacíos.




* La Rioja - 28.03.10
Foto: Logroño, PGM - larioja.com

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Chile: Políticas urbanas y de vivienda: falta diseño, control público y participación ciudadana

ALFREDO RODRÍGUEZ/Sur* : Las políticas urbanas y de vivienda de los gobiernos de la Concertación tuvieron durante sus 20 largos años una aparente continuidad. Los resultados son algo más que cifras abstractas, se trata de efectos observables en todas las ciudades del país. Son las casas, calles, y barrios; con personas, familias que se trasladan, viven, trabajan…
LA PROMESA.- Al fin de la dictadura, la situación social, económica y política en las ciudades era incierta. El déficit habitacional era muy grande, con muchas familias allegadas; también estaba el temor a las tomas de terrenos.

La opción de la Concertación fue acercar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a los pobladores; el ministro Etchegaray visitó cada uno de los campamentos y comités de allegados del país, explicando las dificultades y ofreciendo una respuesta: El subsidio habitacional. Su esfuerzo tuvo éxito. La cantidad de postulantes con cuotas de ahorro se triplicó en poco más de un año, llegando a 1,2 millones de familias, comenzando la producción masiva de casas.

En adelante la preocupación de cada Ministro fue superar cada año el número de viviendas construidas. Desde 1990 a 2006 se construyeron más de 2 millones de unidades. Fueron financiadas bajo diversas modalidades del subsidio habitacional, todas sustentadas en la triada ahorro de las familias, préstamo hipotecario bancario o Serviu, y subsidio otorgado por el Ministerio. Con esta propuesta, en sus distintas variables y que se perfeccionaron a lo largo del tiempo, se logró una respuesta cuantitativa impresionante a las necesidades de vivienda social de los sectores de más bajos ingresos.

EL BALANCE

A 20 años, se puede concluir que lo realizado en términos de unidades construidas, de saneamiento ambiental, dotación de agua potable fue positivo, pero insatisfactorio. Efectivamente hubo una política amplia de construcción de viviendas sociales: los pobres tienen techo. Mi punto es que ese techo, que algunos leen como una reducción del déficit habitacional, nos oculta cuatro resultados que muestran el agotamiento de la política que le dio origen:

1. Los deudores habitacionales son muchos, y no son producto de crisis económicas globales. Entre 2005 y 2006 se condonaron las deudas a 181.538 deudores del Servivio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), y a la fecha se mantienen 204.000 deudores del Programa Especial de Trabajadores (PET). El Informe de la Cámara de Diputados sobre deudas históricas (31/07/2009), señala que las deudas PET se originaron en “la inexistencia de la obligatoriedad de una calificación socioeconómica de los postulantes”; y en “la posibilidad de acreditar los ingresos mediante una declaración jurada sin documentación de respaldo que avalara el monto, la periodicidad y la estabilidad de los beneficiarios en el cumplimiento de sus obligaciones”.

2. Las viviendas sociales construidas hasta el 2006 son de mala calidad en cuanto a tamaño, materiales de construcción, diseño, equipamientos urbanos y ubicación en la ciudad. Nunca se contempló su ampliación de acuerdo con pautas incorporadas al diseño de cada unidad y de la totalidad del conjunto habitacional, lo que ha sido enfrentado por los residentes a través de todo tipo de ampliaciones informales y peligrosas.

3. Los conjuntos se han construido en los terrenos de menor precio, muchas veces aislados y desconectados de los lugares centrales de la ciudad, creándose verdaderos guetos dentro de las ciudades.

4. En Santiago, desde el año 2000, prácticamente no se han construido conjuntos de viviendas sociales, ni al interior de la ciudad, ni en su periferia. Hoy, se los expulsa hacia zonas alejadas de las áreas metropolitanas, como Colina, Talagante o Buin.

NUEVAS RESPUESTAS

En entrevista a El Mercurio (28/05/2006), la ministra Patricia Poblete, dijo que “no queremos que los próximos gobiernos tengan que deshacer lo que nosotros hicimos mal ahora en vivienda, del mismo modo como nosotros estamos recuperando barrios porque antes no se pensó en ellos”. Dicho reconocimiento llevó a que las propuestas del Minvu, desde el 2006 en adelante, incluyera cambios en las políticas futuras y el reparar deficiencias del pasado reciente.

1. En los nuevos conjuntos de vivienda social, el tamaño de las unidades de vivienda ha aumentado de 33 o 36 metros cuadrados, a más de 50. También hay en ellos preocupación por la calidad, y en algunos casos, como en Elemental, la incorporación de diseño arquitectónico y facilidades para el crecimiento de las viviendas.

2. En los antiguos conjuntos de viviendas sociales, en 186 de ellos (unas 500 mil personas), se puso en marcha el Programa Quiero Mi Barrio, una de las iniciativas más innovadoras en la historia del Minvu, consistente en mejorar el espacio público de los conjuntos y estimular en ellos la organización y participación vecinal.

A CONSIDERAR:

Para concluir este somero balance, quiero destacar tres temas que ofrecen algunos criterios para una política urbana que responda a las realidades actuales, diferentes a las de los 90:

* De la vivienda insuficiente al diseño suficiente: La autoconstrucción. La respuesta al déficit habitacional es habitualmente construir más viviendas nuevas. Esto a veces puede ser erróneo: las necesidades de las familias podrían ser satisfechas con la ampliación de sus actuales viviendas; no hay que confundir allegamiento (una dimensión solidaria) con hacinamiento (una dimensión física). Elemental ha recuperado, desde una aproximación de diseño arquitectónico y a la vez empresarial, la autoconstrucción.

Sus proyectos demuestran que la única salida no es una escalada de los montos de los subsidios (hasta 750 UF en algunos casos), sino un buen diseño, la construcción de parte de las viviendas que asegure su crecimiento; y la posterior autoconstrucción de las ampliaciones. Esto puede complementarse con la producción de componentes que los usuarios utilicen en sus ampliaciones y con asistencia técnica.

* Del mercado desregulado a las reglas y control públicos. Tal como lo señala el Informe de la Cámara de Diputados citado, el origen de las deudas PET es que se otorgaron subsidios y préstamos sin ningún control público: Lo que importaba era construir. Pero no eran operaciones entre privados en las cuales el sector público no tuvo injerencia. Un buen control público hubiera permitido reducir los casos riesgosos y el costo político posterior.

* Ciudad y ciudadanía son temas ausentes. Lo que ha estado presente en la agenda pública ha sido el financiamiento de la producción de viviendas. De los resultados se comprueba que el lugar en donde se construyen las viviendas no es un asunto indiferente: El barrio, la articulación de barrios, la ciudad, son muy importantes. El eje de toda política urbana moderna, avanzada, está en la producción del suelo urbano con miras a la equidad social. Esto implica contar con terrenos para viviendas de sectores de bajos ingresos, y la construcción de instrumentos que reduzcan su especulación y la apropiación de plusvalías.

En eso radica, tal vez, el punto más insatisfactorio de las políticas actuales. Y en la falta de participación ciudadana. Los procesos educativos, informativos, deliberativos que puedan impulsar los municipios son importantes para que la población tenga una perspectiva de los problemas urbanos. Pero son sólo procesos informativos: El plebiscito de Vitacura demostró que los procesos de consulta o son vinculantes o no son participativos. También en este sentido, las políticas urbanas han carecido de una visión urbanística, lo que es definido por Jordi Borja como “la posibilidad de poner orden democrático en el territorio”.


* El autor es directivo de SUR, Corporación de Estudios Sociales y Educación.



* El Ciudadano (Chile) - 16.03.10

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Ibiza: Los vecinos exigen a Sant Josep que cumpla la sentencia de Cala Pinet

DIARIODEIBIZA* : A pocos días de que venza el plazo concedido por un juzgado de Palma para que el Ayuntamiento de Sant Josep restablezca la legalidad jurídica infringida en el Residencial Cala Pinet, en la bahía de Portmany, los vecinos de la zona anunciaron que tienen previsto pedir a dicho juzgado que empiece a aplicar las sanciones de 1.000 euros mensuales con que amenazó al alcalde si no ponía fin a la situación de estos apartamentos.

El plazo de cuatro meses otorgado por el juez vencerá la próxima semana y los vecinos aseguran que de momento no se ha cumplido el auto del 24 de noviembre –notificado pocos días después– en el que se ordenaba cumplir una sentencia anterior de 2006. Ese fallo declaraba ilegal parte de esos apartamentos y emplazaba a restablecer la legalidad, incluyendo, si fuera el caso, la posible demolición.
«El juez lo que dice es que el Ayuntamiento tiene que tramitar un expediente de disciplina urbanística de forma inmediata y, en cambio, lo que está haciendo el Consistorio es todo lo contrario, pues llevan retrasando este tema cerca de un año», afirmó Eduard Clavell, abogado que representa a los afectados.

Clavell afirmó que sus clientes prefieren que se derribe lo afectado por la sentencia –parte de cuatro apartamentos de este grupo residencial–, pero reiteró que en cualquier caso el Ayuntamiento debe abrir un expediente «con la máxima urgencia».

Una de las vecinas explicó a este periódico que el equipo de gobierno «ha demostrado una desidia total, porque el auto dice que tenían que llamar a las partes y no ha habido ninguna reunión».
«Quieren legalizar algo ilegalizable, pero les ha pillado el tiempo y se les ha terminado», afirmó la misma afectada.





* Diario de Ibiza - 27.03.10
Foto: Los apartamentos se encuentran en Cala Pinet, en la bahía de Portmany. MIQUEL PASCUAL, diariodeibiza.es

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El fiscal atribuye a dinero "ilegal" el patrimonio injustificado de Matas

ELPAÍS/Palma* : Los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach sostienen que Jaume Matas ha logrado un aumento injustificado y más que evidente de su patrimonio a base de compras y operaciones realizadas con dinero "de procedencia ilegal". El juez José Castro retiró ayer el pasaporte al ex presidente del PP, que gobernó en Baleares entre 2003 y 2007. Matas se enfrenta a una acusación por 12 figuras delictivas de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Palma Arena, por la ejecución de un macropolideportivo público, concebido como su proyecto estrella.

Ahora, la trama urdida y los desvíos de fondos por más de 41 millones en la obra le pueden suponer a Matas una condena de hasta 24 años de cárcel.

Este lunes, el juez decidirá sobre la petición de los fiscales para que Matas ingrese en prisión preventiva o deposite una fianza de tres millones de euros por el riesgo de fuga e impedir que dificulte la investigación. Ésta es una de las fianzas más altas reclamadas en España a políticos supuestamente corruptos. El PP, ni en Baleares ni en Madrid, salió en defensa de su ex líder. Tampoco le censuró. Tras la decisión el lunes del juez se actuará.

Matas se fijó durante su gestión una divisa: actuar "rápido y sin miedo" para ejecutar grandes infraestructuras públicas y dejar con ellas una huella de su gestión. Una de sus iniciativas puede ser su tumba como figura pública.

El ex presidente balear y ex ministro de Medio Ambiente con José María Aznar (2000-2003), que ha vivido y trabajado en los últimos años en EE UU, deberá presentarse cada 15 días ante el juez, si éste acepta las tesis de la acusación. Al apoderado de Matas, su cuñado Fernando Areal, que era gerente del PP balear, se le solicita la retirada del pasaporte y la personación judicial.

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desgranado los movimientos inmobiliarios, obras y adquisiciones de bienes suntuarios, en especial, las tres casas que Matas disfruta en Palma, Madrid y Sa Colònia, valoradas en más de cuatro millones, y todo ello se relaciona un posible delito de blanqueo de capitales. La defensa de Matas rechaza de plano la acusación de los fiscales y solicita que ni se le impongan medidas cautelares pecuniarias ni se le retire el pasaporte porque se atentaría contra su medio de vida. Matas se incorporó a la consultora PwC en Nueva York.

La obra del velódromo del Palma Arena se ejecutó, para los fiscales, con tal cúmulo de ilegalidades y atropellos administrativos, favoritismos y conciertos con empresas que se alcanzó en su conjunto una malversación de fondos públicos por desvíos sin justificar de hasta 41 millones por los sobrecostes en un gasto de 110 millones. Algunos sobreprecios fueron de hasta el 400%.

La fiscalía documenta indicios de falsificaciones de actas de consorcios y fundaciones públicas, firmas ficticias, simulación de contratos, adjudicaciones amañadas, facturas falsas, cobro de comisiones y sobornos, pagos de facturas falsas de la campaña electoral del PP y cohechos directos. Matas y sus supuestos brazos ejecutores, el ex director general José Luis Pepote Ballester y el ex gerente Jorge Moisés, protagonizaron la gestión directa del Palma Arena -un velódromo sin pista homologada, repleto de deficiencias-, en cuyo proceso se ven indicios de presuntos delitos continuados de falsedad en documento oficial; dos delitos continuados de prevaricación; otro de fraude; tres figuras de malversación de caudales públicos; un delito electoral, y otro de blanqueo de capitales.




* ELPAIS.com - 27.03.10
Foto: Palma, palacete de Matas - elmundo.es

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Caos sobre la futura Diagonal

ELPAÍS/Barcelona* : La duda planea sobre la futura transformación de la Diagonal y de si, de verdad, el tranvía la atravesará o no en su tronco central, entre Francesc Macià y la plaza de las Glòries. Las dos opciones de cambio que se someterán a consulta ciudadana entre el 10 y el 16 de mayo dibujarán el tranvía ya sea en el modelo bulevar o el de rambla -la tercera es que se quede como está- pero la decisión final igual es otra.

El debate de ayer entre el gobierno municipal y la oposición en el pleno del Ayuntamiento sobre la reforma de la avenida resultó caótico y evidenció la clave electoral en la que se mueve todo el proceso de la Diagonal y todos los partidos. Ni siquiera el bipartito que gobierna la ciudad compartió postura, mientras que los tres partidos de la oposición mantuvieron, también, criterios diferentes. Eso sí, todos dicen estar a favor de cambiar la Diagonal porque la actual funciona muy mal con aceras atestadas de motos, carriles bicis compartiendo espacio con el peatón y con autobuses con la velocidad comercial más baja de la ciudad. Pero nadie define cómo la quiere. "El gobierno municipal apuesta por el tranvía y así se verá en las dos opciones, la A y la B, que se someterán a la consulta ciudadana. Ahora bien, ni la A ni la B hipotecan otra fórmula de transporte que puedan decidir los futuros gobiernos de la Generalitat y del Ayuntamiento". La explicación era del edil de Urbanismo, Ramón García Bragado, cuando expuso un informe en el pleno sobre la reforma de la Diagonal. La "otra fórmula de transporte" a la que se refería son los autobuses de gran capacidad o exprés. "Si gobernamos nosotros, seguiremos apostando por el tranvía, pero la cuestión es que las decisiones sobre el transporte se toman en la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)", añadió.

La Generalitat tiene la mayoría en la ATM. Con el tripartito actual, el tranvía podría tener el visto bueno. No se sabe, en cambio, qué pasará si hay un cambio de color político.

A juzgar por la argumentación de los socialistas en el pleno, lo que se somete a consulta de 1.400.000 barceloneses es sólo la forma de ordenar el espacio: los 50 metros de ancho de la avenida. De hecho, en el informe que presentaron se apunta las posibles evoluciones que pueden tener los modelos A y B. En alguna de ellas, por cierto, el tranvía desaparece y es sustituido por autobuses de gran capacidad.

CiU fue la formación que inicialmente defendió la unión de los dos tranvías, cuando los socialistas eran reacios a ello. Sin embargo, los argumentos que ayer expuso Xavier Trias, presidente del grupo nacionalista, tampoco contribuyeron a despejar cuál es su postura: “Sólo se habla de la A y la B y no dicen nada de la C —que es ninguna de las dos y que fue la que obligó a incluir CiU—, que significa hacer el cambio de forma progresiva. Esperar a ver cómo evoluciona el transporte público”. “Lo que ocurre es que ustedes dicen no a las dos y no presentan alternativas”, les recriminó García Bragado. En todo caso, Trias aclaró que si es alcalde respetará la opción que salga ganadora en la consulta.

Para Jordi Portabella (ERC) el error ha sido determinar que la columna vertebral de la futura Diagonal en las dos opciones sea el tranvía: “si se pone un sistema tan rígido como el tranvía se hipotecan otras posibilidades. Y no estamos de acuerdo en que las dos opciones partan del tranvía”.

Ricard Gomà (ICV), a diferencia de sus socios de gobierno, mantiene una férrea defensa del tranvía en la Diagonal: “las opciones A y B suponen el sí al tranvía en la Diagonal y la C el no”. Ni siquiera en eso están de acuerdo los partidos que gobiernan la ciudad: “el que no quiera el tranvía también podrá votar A o B porque en cualquiera de los dos casos es posible otro tipo de transporte”. El lío de las posiciones de los partidos fue tal que los ediles acabaron saliendo a los pasillos para intentar aclarar sus argumentos.

¿Y si sale la C, dejarla como está? “Cada vez habrá más barceloneses que se inclinarán por la C o que no votarán porque no entenderán nada”, aseguró Alberto Fernández Díaz (Partido Popular), quien calificó la consulta de “autobombo” del alcalde, Jordi Hereu, y de maniobra de marketing del PSC.

Al margen de la Diagonal, el pleno denegó de forma definitiva la licencia de obras para construir un colegio en el frente barcelonés de Collserola. Se trata de un centro escolar para 1.700 alumnas que promovía la organización ultracatólica Legionarios de Cristo dentro de la Fundación Real Monasterio de Santa Isabel. Es un proyecto que lleva años en liza y que, definitivamente, ha sido descartado, previa oposición de vecinos de esa zona de Sarrià y de grupos de defensa de la sierra de Collserola, por el impacto urbanístico que tendría y el de movilidad. Todos los grupos, salvo el PP, votaron a favor de denegar la licencia y de buscar otro suelo en Barcelona para levantar ese colegio.




* ELPAIS.com - 27.03.10
Foto: Barcelona , la Diagonal - ciutatdebarcelona.com

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Un informe constata que el 68% del primer kilómetro de la Costa del Sol está construido

MÁLAGAHOY* : Suspenso en ordenación del territorio para la Costa del Sol occidental. Las 11 localidades que componen la Mancomunidad de Municipios de la comarca y, en concreto, las ocho que lindan con el litoral, tienen edificado en un 68% el primer kilómetro de costa, tal y como se desprende del Informe de Sostenibilidad realizado por el Observatorio Medioambiental dependiente de la Diputación Provincial de Málaga.

De hecho, el diputado de Medio Ambiente, Miguel Esteban, reconoció la "necesidad de empezar a planificar con criterios de sostenibilidad y conforme a la capacidad de carga del territorio". Y es que no es sólo la ocupación de la franja litoral. En cuanto a consumo energético, cada habitante gasta a la hora una media de seis megavatios, lo que sitúa a la comarca a la cabeza de la provincia en esta materia.

Como eximente de estas circunstancias está el hecho de que en la Costa del Sol el número de habitantes ha crecido un 53% entre 2000 y 2009. También es la comarca con mayor densidad de población, alcanzando los 547 habitantes por metro cuadrado.

Otro dato aportado por el informe es la calidad del aire, "mala o muy mala" el 17% de los días del año, "debido a los altos niveles de contaminación por el tráfico", explicó el diputado, que estuvo acompañado de la presentación del estudio comarcal por el presidente de Mancomunidad, Juan Sánchez. En lo que sí aprueban los municipios de la Costa del Sol es en la gestión de residuos. Se ha reducido la producción de residuos (4,63% entre 2007 y 2008), así como un progresivo desacoplamiento entre el incremento población y la generación de residuos.




* Málaga Hoy - 26.03.10
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)

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Convocan a una concentración en contra del “Pelotazo en el Plan General de Urbanismo de Alpedrete”

DIARIODELASIERRA/Madrid* : Alpedrete sostenible ha convocado el próximo sábado, a las 12 horas frente a la sede provisional del Ayuntamiento, a una concentración en contra del “Pelotazo en el Plan General de Urbanismo de Alpedrete.“En abril de 2005 el principal constructor de Alpedrete y varios familiares del entonces concejal de urbanismo, Vicente Guillén (entre ellos el actual concejal de urbanismo, Tomás Carrión Guillén, su sobrino) firmaban un acuerdo por el que cerraban una opción de compra de terrenos rústicos a precio de terrenos urbanizables, acuerdo que basaba sus precios en un Plan de Urbanismo que estaba aún por elaborar”, afirman desde Alpedrete Sostenible.

Agregan que “varios meses después, el avance del PGOU, aprobado gracias al voto de Vicente Guillén, proponía convertir los terrenos objeto del acuerdo en el lugar donde construir más de 800 viviendas: un típico pelotazo de aquellos años dorados de la especulación y la burbuja inmobiliaria. Cinco años después, cuando el acuerdo se hace público, la sociedad de Alpedrete se escandaliza. En estos cinco años la conciencia ciudadana acerca de las turbias componendas del urbanismo salvaje ha cambiado mucho, y ya no se consienten estos tejemanejes propios de repúblicas bananeras, porque, más acá de posibles responsabilidades penales, lo que ha quedado demostrado es que este Plan de Urbanismo no fue concebido por el bien común de Alpedrete, sino para el enriquecimiento inmoral de unos pocos, muy pocos, como Alpedrete Sostenible viene sosteniendo desde hace unos años. Es un Plan política y éticamente corrupto, y cualquier solución que no pase por su retirada inmediata es inadmisible”.

Subrayan que “es un Plan que pretende continuar la política del ladrillo que ha llevado al desastre a la economía española, destruyendo el tejido productivo, produciendo empleo precario primero y millones de parados después, cuando la burbuja pinchó. Empecinarse en que la construcción inmobiliaria siga siendo la base de la economía municipal (y nacional) sólo cabe en mentes con muy poca imaginación política, o interesadas en seguir especulando. Y ello a costa de degradar las mejores zonas del municipio, de masificar nuestro entorno y de multiplicar la contaminación de todo tipo: atmosférica, electromagnética, lumínica, sonora, etc. Las cifras de tráfico y ruido que se barajan en los avances del Plan son espeluznantes”.

“Las Excusas”

“El equipo de gobierno pretende justificar su huida hacia delante con dos excusas muy débiles. El municipio, dicen, necesita terrenos dotacionales; y, añaden, hay necesidad de viviendas sociales. Acerca de lo primero no hay más que recordar lo que pasó con el anterior Plan, las Normas de 1994. Tras su desarrollo, la población había aumentado en unas 8.000 personas y no había manera de cubrir los servicios necesarios. Ahora sucedería lo mismo: un aumento de población de unas 6.000 personas a las que habría que proporcionar servicios. Al final, los terrenos dotacionales que prevé el nuevo Plan no serían suficientes para la nueva demanda. Y habría que volver a empezar. ¿Hasta dónde?”, se preguntan.

En cuanto a la vivienda social, “el Ayuntamiento ha tenido posibilidad de desarrollarla a través de un convenio suscrito con la Comunidad de Madrid en el año 2006, en terrenos ya urbanizables actualmente. ¿Por qué no lo ha hecho? No responden. Hay terreno urbanizable suficiente en Alpedrete para hacer vivienda social, lo cual sería positivo si dicha vivienda fuese realmente social, y no un medio de subvencionar a los constructores en tiempos de vacas flacas (¿quién se acordaba de la vivienda social en los tiempos de la burbuja inmobiliaria?) y de añadir leña al fuego de la especulación, como en realidad suele suceder”, han denunciado.

“La Situación actual”

Indican: ”A principios de julio de 2009 la CM recoge en un solo documento, el Informe de Impacto Territorial, todos los informes de los diversos organismos sobre el avance del PGOU. Todos y cada uno de ellos imponen cambios y restricciones, y hacen severas críticas al Plan redactado, demostrando que se trataba de un Plan chapucero, técnicamente deficiente, lleno de datos erróneos e incompletos y de imprevisiones. El equipo de gobierno, a finales de julio, hace aprobar en Pleno municipal un nuevo Avance en el que simplemente se indica que se seguirán las instrucciones hechas por la CM: una auténtica tomadura de pelo para los alpedreteños si no fuera porque Tomás Carrión Guillén, concejal de urbanismo, vota en ese Pleno, tras haber ocultado en su declaración de bienes sus intereses directos en el Plan, y su voto es clave para la aprobación. Ello convierte la tomadura de pelo del Pleno en una irregularidad manifiesta que habla muy a las claras de la falta de escrúpulos de los promotores de este Plan”.

“Ahora, Tomás Carrión Guillén se ve obligado a abstenerse en las próximas votaciones del Plan, lo cual hace que el PP pierda la mayoría, a falta de un solo voto. Según parece, han empezado las negociaciones con concejales de PSOE y UNPA para que el pelotazo de Los Llanos-Sur no se vaya al traste, y, por lo que ha declarado en su blog Juan Aragoneses, concejal del PSOE y ex secretario de la agrupación local, recientemente dimitido, él está muy de acuerdo en que se recalifique ese sector, convalidando así la corrupción ética y política que subyace a este PGOU. Los miembros regionales de su partido que componen ahora la gestora que rige el PSOE local aseguran que el voto será negativo. ¿Votarán los concejales del PSOE en contra de lo manifestado por el partido? Y en cuanto a UNPA, que tiene dos concejales: ¿seguirá en su línea de oposición a un PGOU marcado por la falta de participación, como han declarado?”, enfatizan.

“En Alpedrete Sostenible confiamos en que los concejales de la oposición sean fieles a las ideas que han venido expresando a lo largo de la legislatura y que no se dejen tentar por presiones de intereses particulares. Es cierto que hay muchos millones en juego y no debe de ser fácil resistir esas presiones, pero, justamente por ello, si ahora cambiasen repentinamente su voto, no sería ilícito pensar que se han avenido a alguna turbia componenda y dudar de su honestidad. Para Alpedrete Sostenible, cualquier concejal que en estos momentos refrende el pelotazo de Los Llanos-Sur puede ser considerado en connivencia con la especulación”, concluyen.




* Diario de la Sierra - 23.03.10
Foto: diariodelasierra.es

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