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ELPAÍS/Galicia* : Nació en 2007 como una agencia independiente para poner coto al urbanismo desaforado y al enjambre de grúas que acechaba la costa gallega en pleno boom immobiliario. Un freno al "ti vai facendo" que presidió durante décadas las relaciones entre algunos alcaldes y promotores, certificación última del todo vale que ha imperado en la construcción.
Con ese objetivo, el Gobierno de Emilio Pérez Touriño creó en 2007 la Axencia de Protección da Legalide Urbanística (APLU). El bipartito se valió entonces de los mismos técnicos que ya trabajaban para Alberto Núñez Feijóo en su etapa como vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Política Territorial. Pero decidió blindar las competencias de este organismo y poner el trabajo de los inspectores a salvo de las presiones del poder político y de los alcaldes.
Los estatutos establecían que los sucesivos directores de la APLU tendrían mandatos asegurados de cuatro años. Como la agencia arrancó en 2007 no coincidirían con las legislaturas del Gobierno de turno. Era la excusa perfecta para que ningún conselleiro tuviera la tentación de influir sobre el trabajo de los inspectores urbanísticos. Ese estatus especial y sobre todo la rigurosa defensa del territorio que llevó a la agencia a multiplicar los expedientes por infracciones nunca contó con el respaldo de los alcaldes. Sólo 45 de los 315 municipios se adhirieron durante estos tres años voluntariamente a la agencia, pensada también para tutelar las competencias urbanísticas en los ayuntamientos más pequeños que apenas cuentan con medios para hacerlo.
La desconfianza de los alcaldes (de todos los partidos) fue a más cuando la APLU empezó a instruir expedientes y a revisar licencias urbanísticas con sus inspectores sobre el terreno. El caso más paradigmático fue el de Barreiros, en la Mariña lucense, que desembocó en 44 recursos por la vía de lo contencioso-administrativo que el bipartito presentó contra cada una de las licencias otorgadas por el alcalde Alfonso Fuente Parga, para edificar 3.174 viviendas en suelo sin urbanizar.
En virtud de un convenio que Manuel Fraga firmó aún como presidente en 2004 con el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, Xunta y ministerio público se comprometían a intercambiar información sobre hechos presuntamente delictivos. Esa declaración de intenciones derivó en un acuerdo de colaboración entre la APLU y el ministerio público suscrito el pasado septiembre para colaborar en la persecución de delitos relacionados con la construcción. La nueva fórmula irritó al conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández, que ya entonces mostró en público su contrariedad por el acuerdo. Hernández supo entonces que la Justicia pondría el punto de mira sobre la forma de entender el urbanismo de varios alcaldes, algún histórico del PP, pero también socialistas y nacionalistas.
El conselleiro temía -porque había visto la espectacular foto aérea de Barreiros que ocupaba toda una pared en la sede de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística con las edificaciones irregulares marcadas en rojo- que este alcalde de la Mariña lucense podría ser el primero en entrar en los juzgados. No se equivocaba. La denuncia contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, la firmó el fiscal jefe de Lugo a mediados de diciembre pasado y toma como base los informes de la APLU.
El ministerio público acusa al regidor y a tres de sus concejales, así como a la arquitecta municipal, de prevaricación urbanística, por conceder a lo largo de todo el año 2006 los permisos pese a los informes contrarios de la secretaria del Ayuntamiento y el requerimiento de la anterior Consellería de Política Territorial para que no lo hiciese.
Son varios los funcionarios consultados que afirman que entonces se fraguó la destitución de Hipólito Pérez como director de la axencia. No era ningún secreto, porque por aquel entonces, finales de diciembre, principios de enero, un importante alto cargo de la consellería de Territorio se permitía admitir en público que tal vez Pérez fuese "demasiado estricto" para ese puesto.
La destitución del que había sido subdirector de Disciplina Urbanística con Feijóo hasta 2005 se fraguó el jueves 11 de marzo en el Consello de la Xunta, sin que el presidente comunicase la decisión a la prensa. Hernández explicó después que la incorporación de María Martínez Allegue, ex secretaria de los ayuntamientos de Mos y Tui, al puesto en sustitución de Hipólito Pérez buscaba fomentar "la cooperación con los ayuntamientos". Pese a esa declaración, tanto Henández como el presidente de la Federación de Municipios e Provincias, el socialista Carlos Fernández, se apresuraron a desmentir que los alcaldes hubieran presionado para relajar el control de la agencia, a la que el propio Fernández, regidor de Ames, siempre se negó a adherirse.
Una semana más tarde, fue el propio Feijóo quien reconoció que su Gobierno decidió modificar los estatutos para que el director de la agencia no tuviese "especifidades" respecto a otros directores generales. Dicho en lenguaje llano: la inspección, el control urbanístico y la potestad de sancionar vuelven a depender directamente del poder político.
La purga en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística había comenzado meses antes. Con el director, desde la llegada del PP a la Xunta, han caído su segunda, Isabel García, y tres de los cuatro jefes de servicio provinciales, a excepción del de Ourense. Además de descabezar el equipo que había puesto en marcha este organismo, la nueva relación de puestos de trabajo que está elaborando la dirección del ente prescinde de 16 técnicos (dos inspectores, ocho subinspectores, tres jefes de sección y tres auxiliares administrativos) que previsiblemente pasarán a depender directamente de la consellería.
El cambio de los estatutos de la APLU operado por el departamento de Hernández le sirvió además para hacerse con competencias hasta ahora en manos de la agencia: desde ahora el poder para autorizar obras y usos en los primeros 100 metros de la costa recaerá también sobre la consellería. El conselleiro de Territorio recupera la potestad para autorizar paseos marítimos municipales, chiringuitos, aparcamientos e incluso infraestructuras para piscifactorías en la zona de servidumbre.
* ELPAIS.com - 28.03.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
La Xunta quita competencias y personal a la agencia de legalidad urbanística
Baleares: La lista de nunca acabar
DIARIODEMALLORCA* : Más de 5,4 millones de euros. Si mañana el juez ratifica la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imponer una caución de 3 millones de euros a Jaume Matas, esa será la suma de las principales fianzas a políticos de Balears imputados por delitos de corrupción. A día de hoy, el global ya supera los 2,4 millones de euros. De no haberlos abonado en los respectivos juzgados, hoy tendríamos a una docena de políticos entre barrotes, a la espera de los pertinentes juicios. Otros han sido ya condenados, y cumplen sus penas por haber desviado fondos públicos a sus bolsillos particulares.
La cifra da una idea del volumen de casos que azotan a las islas, donde todavía está por analizar si el fenómeno de la corrupción está inserido en el ADN de la clase política autóctona, o si aflora gracias al ingente trabajo –tras un cambio de actitud hace sólo unos años– de la Justicia local.
Ninguna otra Comunidad Autónoma ha batido el récord: El ex president del Govern, dos ex presidentes del Parlamento, cinco ex consellers, el presidente del Consell de Ibiza, varios ex consellers del Consell de Mallorca, varios diputados, directores generales y concejales están acusados de prevaricar, malversar caudales públicos, cobrar sobornos, falsear documentos públicos y otros delitos asociados a prácticas corruptas.
Por su notoriedad, sin duda encabezan el ranking Jaume Matas y Maria Antònia Munar. Ostentaron el poder en la pasada legislatura, y con pocos días de diferencia han tenido que sentarse delante de un juez para dar cuenta de sus presuntos enriquecimientos ilícitos, amén de la financiación irregular del PP y UM, sus respectivos partidos. Su futuro judicial es incierto, de momento sobre la segund
· Colabora, pero sigue imputado. El ex conseller de Medio Ambiente de UM colaboró con la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el caso Maquillaje, y apuntó hacia su anterior jefe Miquel Nadal, con el que tuvo un careo. Con todo, el juez le mantiene la imputación a pesa la mayor fianza penal de las impuestas hasta ahora: 350.000 euros, pero mañana puede quedar a años luz de la de Matas.
En el segundo escalafón están cinco ex consellers del Govern, tanto de UM como del PP. Otra consellera del actual Ejecutivo, Joana Barceló (PSOE), ha declarado recientemente por una querella interpuesta por un particular en Menorca, al igual que su compañero socialista Marc Pons, presidente del Consell de Menorca, también imputado por el mismo caso.
En las imágenes que acompañan este artículo se muestran los principales políticos baleares encausados hasta el momento por delitos de corrupción. El caso Palma Arena es el que acarrea un mayor número de imputados. Aparte de Matas y el resto de cargos más conocidos, también fueron arrestados y prestaron declaración el ex director insular de Deportes del Consell, Antoni Palerm, acusado de facturar empresas suyas para las obras del velódromo, y el encargado de la construcción, Jorge Moisés, ambos del PP. El jefe de prensa del partido y ex director general de Comunicación, Joan Martorell, también está imputado en una pieza separada por la supuesta financiación irregular del PP.
En la operación Peaje, que trata de dirimir si hubo desvío de caudales públicos de la carretera Palma-Manacor, la Fiscalía Anticorrupción también se ha querellado contra el ex conseller insular de Obras Públicas, Antoni Pascual (UM), que podría finalmente ser imputado, si bien no ha sido citado a declarar por ahora.
Uno de los principales imputados por la operación Maquillaje, que investiga si UM regó con subvenciones desde el Consell de Mallorca a una red de empresas afines, es Alfredo Conde, ex director de la emisora radiofónica Ona Mallorca y presunto testaferro del ex diputado de UM Bartomeu Vicens.
La comisionada para la reforma de la Playa de Palma, Margarita Nájera (PSOE), sigue estando imputada por la presunta venta a bajo precio de un solar a su ex marido por parte del ex recaudador municipal de Calvià, al que ella como alcaldesa subió el sueldo. Esta causa se ha archivado y reabierto en varias ocasiones, y ahora el fiscal estudia el sobreseimiento.
JAUME MATAS
¿Se enriqueció con fondos públicos?. Al ex presidente del Govern del PP se le investiga por el presunto desvío de más de 50 millones de euros públicos durante la construcción del velódromo Palma Arena, por presunto enriquecimiento ilícito y financiación irregular del PP.
MARIA A. MUNAR
¿Se enriqueció con fondos públicos?. La ex presidenta del Parlamento y de UM está acusada de seis delitos, entre ellos malversación, delito electoral y cohecho. Está imputada en el caso Can Domenge y en libertad bajo fianza de 350.000 euros por la caso Maquillaje.
MIQUEL NADAL
Poliimputado. El ex conseller de Turismo de UM, en libertad bajo fianza de 100.000 euros, sufragó presuntamente su campaña electoral en Palma con fondos del Consell de Mallorca. También está encausado en la operación Voltor y en el caso Can Domenge.
FRANCESC BUILS
Sin pasaporte. El también ex conseller de Turismo de UM tuvo que abonar recientemente 100.000 euros para eludir la prisión provisional, y está sin pasaporte a la espera de juicio. Se le acusa de haber amañado concursos públicos previo cobro de 30.000 euros como mínimo.
MIQUEL À. GRIMALT
Colabora, pero sigue imputado. El ex conseller de Medio Ambiente de UM colaboró con la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el caso Maquillaje, y apuntó hacia su anterior jefe Miquel Nadal, con el que tuvo un careo. Con todo, el juez le mantiene la imputación.
JOSÉ JUAN CARDONA
Entramado. Al ex conseller de Comercio e Industria del PP se le investiga por haber dirigido un presunto entramado de corrupción en el consorcio CDEIB. Como diputado autonómico, tiene condición de aforado, por lo que instruye su causa el Tribunal Superior.
JAUME FONT
Plan Territorial. Fue conseller de Medio Ambiente del PP y ahora es el portavoz de ese partido en el Consell de Mallorca. Lleva meses imputado y sin novedades por el caso Plan Territorial, que investiga supuestos pelotazos urbanísticos en connivencia entre políticos y empresarios.
MAXIMILIANO MORALES
Son Oms. Como presidente del Parlamento, fue la segunda autoridad de Balears de 1999 a 2003, y uno de los principales barones de UM. Está acusado de haber cobrado comisiones a cambio de lograr que se recalificara el actual polígono de Son Oms, en Palma.
BARTOMEU VICENS
Condenado. Al igual que Nadal, el ex conseller insular de Ordenación del Territorio de UM está imputado en varios casos –Son Oms, Can Domenge y Plan Territorial–. Está condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación, a la espera de lo que diga el Supremo.
DAMIÀ NICOLAU
Condenado. El ex secretario general de UM y ex alto cargo del actual Govern también ha sido condenado a dos años y tres meses por el mismo delito que Vicens –malversar 12.000 euros públicos–, y está ahora pendiente de que el Tribunal Supremo confirme o revoque el fallo.
J. RODRIGO DE SANTOS
Condenado. Fue el máximo responsable del Urbanismo de Palma, y teniente de alcalde del PP. Está en la cárcel después de que se le condenara a dos años por malversar más de 53.000 euros públicos en prostíbulos y a 13 años y medio por abuso sexual de menores.
EUGENIO HIDALGO
Condenado. El ex alcalde de Andratx del PP cumple condena en prisión después de que el Supremo ratificara el pasado diciembre la pena de 4 años de privación de libertad por un chalé en suelo protegido. Pero aún le quedan por afrontar varias decenas más de juicios.
JAUME MASSOT
Condenado. La máxima autoridad urbanística de Balears con el Govern del PP está encarcelado desde el pasado 28 de diciembre, cuando el Supremo ratificó la condena dictada por la Audiencia de Palma de tres años y medio contra él, por delito de prevaricación y urbanístico.
LLUC TOMÀS
Condenado. En septiembre de 2008, el ex alcalde de Llucmajor del PP fue condenado a 3 años de cárcel y 8 de inhabilitación por consentir el desvío de un millón de euros del Ayuntamiento a su edil Joaquín Rabasco. El Supremo revisa ahora el fallo, pero el fiscal ha pedido incluso mayor pena.
JOAQUÍN RABASCO
Condenado. El ex concejal de la Agrupación Social Independiente (ASI) de Llucmajor está condenado a 6 años de prisión y 8 de inhabilitación, al igual que su pareja, María del Mar Aldao. Ambos montaron un entramado de empresas para saquear el consistorio de su municipio.
ANTÒNIA ORDINAS
El triste capítulo del Cola-Cao. Durante años fue mujer de confianza de Jaume Matas, que la colocó al frente del consorcio CDEIB. Ha confesado que se apropió de más de 200.000 euros públicos que enterró en una lata de Cola-Cao en su jardín, y de haber recibido comisiones. Está a la espera de juicio.
KURT VIAENE
Comisiones. El ex director general de Promoción industrial del Govern del PP continúa en libertad bajo fianza de 100.000 euros, imputado por el mismo caso que Antònia Ordinas. Se le acusa de cobrar comisiones y de dirigir una trama para el desvío de fondos públicos del CDEIB.
DAMIÀ VIDAL
Bitel II. Con el Govern de Matas, fue el director-gerente de la empresa pública de informática Bitel. La policía le detuvo por una presunta malversación de 700.000 euros públicos. En su defensa, alegó que "no sabía decir que ´no´ al alto tren de vida" que llevaba él y su familia.
MIQUEL À. BONET
Ibatur. Ha podido eludir temporalmente la cárcel gracias a que en su día pagó 85.000 euros de fianza. Estuvo al frente del Instituto balear de Turismo (Ibatur) con el PP y UM, y al parecer se quedó con dinero del ente público mediante facturas falsas a nombre de familiares suyos.
XICO TARRÉS
Ibiza centro. El presidente del Consell de Ibiza y diputado del PSOE está acusado de participar en una trama de financiación irregular de su partido, desvelada antes de las últimas elecciones. Fue precisamente un dirigente socialista, Roque López, quien le implicó mediante unas grabaciones.
MARINA SANS
Caso Funeraria. La ex presidenta de la funeraria municipal de Palma devolvió 6.800 euros que había cargado a la empresa para viajes particulares suyos y de su familia. Sigue como concejala del PP en la oposición en Cort, y está imputada al igual que el ex gerente Óscar Collado.
RAFAEL DURÁN
Palma Arena. Dimitió hace poco como concejal del PP en la oposición en el Ayuntamiento de Palma. Está imputado por el caso Palma Arena, ya que formaba parte del consorcio para la construcción del velódromo que duplicó su coste. Está en libertad bajo fianza de 15.000 euros.
PEDRO ÁLVAREZ
Palma Arena. El conseller del PP en la oposición en el Consell de Mallorca participó durante su etapa como concejal de Cort en la pasada legislatura en la construcción del velódromo, por lo que está ahora imputado.
ANTONI SERRA
Palma Arena. El diputado del PP en el Parlamento balear era miembro, al gual que sus compañeros Durán y Álvarez, del consorcio para la construcción de la pista ciclista cubierta, cuyo elevado desfase se está investigando.
´PEPOTE´ BALLESTER
Palma Arena. José Luís Ballester, más conocido como ´Pepote´, fue mano derecha de Matas, que le nombró su director general de Deportes para que supervisara el día a día de las obras del velódromo, por el que está imputado.
FERNANDO RUBIO
Can Domenge. El portavoz adjunto del PP en el Consell está imputado por la finca que la institución vendió por la mitad de su valor de mercado, y cuya adjudicataria ha confesado que tuvo información privilegiada.
MIQUEL À. FLAQUER
Voltor. Ex presidente de UM y ex conseller de Economía del Consell, está imputado por el caso Can Domenge y por la operación Voltor, que investiga una red de UM para beneficiar a empresas afines. En libertad bajo fianza.
ANTONI OLIVER
Voltor. El ex alto cargo de UM en la conselleria de Turismo ha conseguido eludir la prisión con una fianza de 100.000 euros. El ´pollencí´ está acusado de conceder contratos a empresarios afines al partido.
JOAN SASTRE
Voltor. Al ex director general de Promoción turística se le imputan los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, al igual que sus compañeros de UM Flaquer, Oliver, Álvaro Llompart y Antoni Rebassa.
JUAN F. GÁLVEZ
Turismo Joven. En la pasada legislatura fue el director general de Juventud del PP. Está acusado, junto a Juan Francisco Gosálbez, gerente del consorcio Turismo Joven, del desvío de fondos en el ente público para fines privados.
DAMIÀ AMENGUAL
Turismo Joven. Sobre los papeles era el gerente del consorcio saqueado, aunque en la práctica era Gosálbez quien lo dirigía. Se hizo célebre cuando declaró ante el juez que lo de comer langosta con cargo al Govern era normal.
GONZALO AGUIAR
Carretera de Manacor. Ha sido el director insular de Carreteras, y está imputado por las obras del desdoblamiento de la vía Palma-Manacor, pues la Fiscalía sospecha que se hincharon facturas y hubo pago de comisiones.
* Diario de Mallorca - 28.03.10
Foto: Palma, palau consell insular Mallorca - trivago.com
Las urbanizaciones de Vélez se rebelan
SUR/Málaga* : Vivir fuera de los cascos urbanos consolidados tiene ventajas, pero también inconvenientes. Uno de ellos, en Vélez-Málaga, es la obligación que tienen los propietarios de constituirse en Entidades Urbanísticas de Conservación para garantizar el mantenimiento de viales, aceras, sistemas de alumbrado y zonas verdes, además del mobiliario urbano.
Esta obligación ha provocado el rechazo de los vecinos afectados por esta figura recogida en el PGOU de 1996, al entender que supone una discriminación para los titulares de viviendas fuera de los cascos urbanos consolidados.
Colectivos como la asociación de vecinos de Chilches han iniciado una recogida masiva de firmas en contra de estas entidades, y están manteniendo contactos con otros colectivos afectados por la medida con el fin de hacer un frente común ante el Consistorio. «Queremos el mismo trato que cualquier otro vecino del centro de Vélez o Torre del Mar. Lo que no puede ser es que el Ayuntamiento nos grave por recibir los mismos servicios que el resto», señala el presidente de la asociación de Chilches, Francisco Malpartida.
La movilización de los 31 sectores afectados en el municipio ha llevado al equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE, GIPMTM e IU) a paralizar la puesta en marcha de las entidades. Según el edil de Urbanismo, Salvador Marín (IU), porque se han observado grandes diferencias entre la realidad actual y el PGOU.
Así las cosas, el gobierno ha anunciado que habrá reuniones con los vecinos de cada urbanización para ver caso por caso, y que se estudiarán los criterios acordados en su día.
Vivir a un lado de la calle
En Vélez son 31 los sectores que están obligados a constituirse en Entidades Urbanísticas de Conservación, algunos separados del casco urbano por una simple calle o una avenida. En esta situación se encuentran sectores como Vélez-Málaga 7 y 8, conocidos también como nuevo ensanche de Vélez. Los vecinos con viviendas en el lado derecho de la calle no tienen que pagar nada para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras, en cambio de los de la margen izquierda sí.
E l presidente de la asociación de vecinos Velis, Fernando Mata, se pregunta en concepto de qué pagan entonces el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el resto de impuestos y tasas municipales.
Según Malpartida, los propietarios de viviendas en los sectores obligados a convertirse en Entidades Urbanísticas de Conservación, ademas de tener que hacer frente a las cuotas de sus comunidades de vecinos tendrán la obligación de afrontar con derramas extraordinarias las cantidades que sean necesarias para reparar cualquier avería.
«Lo que quiere el Ayuntamiento es desentenderse del mantenimiento. Es un chollo, porque por un lado ingresan los impuestos y por otro no atienden los gastos que genera el mantenimiento y conservación de las infraestructuras», señala.
El asunto ha llegado incluso a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que en julio admitió a trámite la queja planteada por un grupo de vecinos de Chilches contra el acuerdo del pleno municipal acordando los criterios generales para exigir la creación de estas entidades.
Para el colectivo, el Consistorio no es competente para regular esta figura. Además asegura que lo que hace el Ayuntamiento se eximirse de cumplir las competencias que la Ley Reguladora de Bases Régimen Local le obliga en cuanto a la prestación de los servicios municipales mínimos. «La Oficina del Defensor del Pueblo ha calificado al consistorio como Ayuntamiento entorpecedor porque no contesta los requerimientos que realiza sobre esta cuestión», afirma Malpartida.
Para esta asociación, la LOUA sólo obliga a crear estas entidades urbanísticas de conservación durante el periodo de su transformación a suelo urbano recepcionable por el Ayuntamiento. Asimismo consideran que se vulnera el principio constitucional de igualdad, a la vez que hace caso omiso al artículo 4.1 de la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía sobre la obligación de los ayuntamientos de garantizar el mismo nivel de prestación de servicios en todo su territorio.
Según Mata, sólo en Vélez ciudad se ven afectadas zonas como la situada al norte del Polideportivo, la comprendida entre la avenida La Pasionaria y el Camino de Remanente, La Mata y El Limonar, así como las situadas entre el colegio Zona Norte y el arroyo del Cementerio. Por su parte en Torre del Mar, entra la zona nueva de la Azucarera y el ensanche al oeste.
El consistorio veleño, según los criterios aprobados por el pleno, se comprometía a pagar el consumo eléctrico del alumbrado público de estas entidades, a la vez que el mantenimiento de los viales estructurales, sistemas generales y equipamientos públicos, algo que los vecinos consideran insuficiente.
* SUR - 28.03.10
Foto: En la avenida de las Naciones de Vélez sólo los vecinos de la margen izquierda, que es el nuevo ensanche de la ciudad, deben crear las entidades de conservación. :: EVA GUZMÁN, diariosur.es
El juez ve posible prevaricación en el acuerdo de Paterna con Siro
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LEVANTE/Valencia* : La magistrada del juzgado de instrucción nº1 de Paterna ha dictado un auto para que se siga el procedimiento judicial por un supuesto delito de prevaricación en el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Paterna y la mercantil Galletas Siro, del que serían presuntos responsables el ex concejal, Domingo Rozalén (EU), el arquitecto municipal y el jefe de la sección de Planeamiento Urbanístico, así como el ex gerente de la empresa municipal Sumpa.
La querella que presentó en 2005 el empresario Jorge Cubells, afectado por la reparcelación del sector 9 también era contra el ex alcalde socialista Francisco Borruey, pero al fallecer el pasado año se declara sobreseído el proceso.
La querella concluía que el plan parcial y el proyecto de reparcelación del polígono l'Andana se realizaron "a la medida" de un convenio del consistorio con la mercantil Siro para que ésta pudiera disponer, tras una permuta, de unos terrenos de 20.000 metros cuadrados en el sector para una fábrica, tras cerrar Galletas Río.
El auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, indica que de las actuaciones practicadas se desprende que los "hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación" por los imputados, por lo que da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la práctica, excepcional, de diligencias complementarias.
Según el auto, la reparcelación adjudicó al ayuntamiento una parcela de 20.000 metros cuadrados, mientras que a la empresa del denunciante Cubells, que tenía dos con más de 15.000 metros donde ahora se ubica la fábrica de Siro, se la desplazó a otro lugar. Un último informe pericial, de julio de 2009, constata que la superficie total de esas parcelas era de casi 15.000 metros, por lo que no debieron desplazarla, pues la mínima edificable era de 14.000 metros. Otro perito declaró que al afectado se le sumó una superficie de 13.502 metros de forma manual y "sin ser resultado de ningún cálculo aritmético". Asimismo el querellante aportó como prueba un contrato de 16 de julio de 2003, firmado por Productos Alimenticios La Familia, de la que Siro es la única accionista, con una constructora para hacer una fábrica en los terrenos que meses después se le adjudicaron. Los representantes legales de las sociedades declararon que existía un error en la fecha ya que la correcta era julio de 2004.
Posteriormente a la reparcelación, también recurrida en un contencioso administrativo, el anterior gobierno PSPV-EU aprobó el convenio con Siro, el 18 de mayo de 2005, que establecía la permuta de terrenos para instalar la nueva fábrica en la parcela de 20.000 metros y la aprobación del PAI del sector Río donde se ha localizado la villa romana. Un informe de la secretaria municipal desaconsejó la permuta porque la reparcelación estaba en los tribunales. El PP se abstuvo y UV votó en contra.
* Levante-EMV - 28.03.10
Foto: PAI de la antigua galletas Río donde ha aparecido la Villa Romana. levante-emv
Los técnicos dicen 'no' al urbanismo de Logroño
LARIOJA* : El enfermo tiene cáncer y se le puede tratar con quimioterapia o con morfina». «Nosotros creemos que es necesaria la 'quimio', pero los políticos insisten en la droga». Así de gráfico se expresa Miguel Ángel Prieto, arquitecto que coordinó la comisión de colegios profesionales encargada por el Ayuntamiento para incorporar sus opiniones al avance del Plan General Municipal (PGM) de Logroño, el instrumento urbanístico que planificará la ciudad para los próximos treinta años y que actualmente está en tramitación.
El informe entregado por los técnicos (colegios de Arquitectos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos Industriales y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) dista, como la noche al día, de la propuesta de avance de José María Ezquiaga, a quien el Ayuntamiento encargó la redacción del nuevo PGM.
Incluidas las viviendas pendientes en los suelos urbanos (casi 12.000), el llamado 'plan puente' -aquel acuerdo político para clasificar suelo urgente para 10.000 viviendas que se ha solapado con la propia revisión-, el propio avance del PGM y la 'ecociudad', programada por su cuenta y riesgo por el Gobierno regional, está programada la construcción de 46.000 viviendas en la capital riojana para los próximos 30 años.
Cifras «irreales» para los colegios profesionales riojanos que, en contra del planteamiento de delimitar todo el suelo urbanizable de Logroño, apuestan por un urbanismo mucho más conservador: «No decimos que no haya que hacer casas nuevas -explica Prieto-, pero las cifras distan mucho de la realidad». «Hemos pasado del 'boom' al colapso de la actividad y ni habrá el flujo inmigrante de años atrás ni la vivienda, al menos en mucho tiempo, volverá a ser el refugio inversionista más rentable, es decir, la iniciativa privada no resolverá el problema y ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos».
El informe de los colegios técnicos sugiere incluso -aunque se eliminó la referencia expresa al término en el escrito- la necesidad de que las administraciones se planteen expropiaciones de suelo en manos de promotores privados que no podrán llevar a cabo los milenarios desarrollos de viviendas programados: «La expropiación se entiende bien para carreteras o pantanos, pero la vivienda también es interés público», recuerda Prieto.
El arquitecto tiene claro que la situación de hoy «nada tiene que ver con la de hace dos años»: «Sí hay compradores potenciales de vivienda, pero las entidades de crédito no están dispuestas a financiar a jóvenes con limitados recursos créditos por valor de 40 millones de pesetas», indica. «Esas hipotecas son las famosas 'subprime' que nos han llevado hasta aquí y que, lógicamente, no se van a repetir».
La conclusión de los técnicos es clara: ninguno, o casi ninguno, de los sectores del 'plan puente' o del avance del PGM tienen visos de salir adelante en los próximos años: «¿Para quién serán las viviendas?; ¿quién las podrá comprar?; ¿van a conceder los bancos las hipotecas?», se pregunta Miguel Ángel Prieto.
Cifras contundentes
El discurso de los colegios profesionales se acompaña de cifras: Las 46.000 viviendas programadas permitirían edificar a una media de 1.500 anuales durante los próximos treinta. El año pasado, Logroño visó únicamente 277.
Otro dato importante es la estadística demográfica. El INE prevé para el año 2019 que la población riojana crecerá el 3,01%. Aplicado ese porcentaje a Logroño, supondría un aumento de población de unas 4.500 personas en diez años. En el mismo periodo, se habrían construido en Logroño casi 15.000 viviendas nuevas. Y más cifras. De las 77.000 viviendas que hay censadas hoy en la capital riojana, 16.000 de ellas (el 21%) están vacías.
Desarrollos insostenibles
La realidad es que mientras los técnicos reclaman al Ayuntamiento en el avance del PGM la recuperación de conceptos como el crecimiento sostenido y la renovación urbana, con la rehabilitación y la mejora del equipamiento dotacional de las zonas céntricas y de las nuevas creadas en los últimos años, éste insiste en programar enormes desarrollos residenciales periféricos que responden, al menos ahora mismo, más a intereses económicos que urbanísticos, como reconoce la propia patronal del sector. La 'voz' urbanística del Ayuntamiento es la del PR, mientras el PSOE hace seguidismo en contra de lo que pregonó en la oposición. Un ejemplo es la defensa a ultranza del sector Sur, con 6.000 viviendas aisladas hasta el límite con la autopista. Por su parte, quien ahora está fuera del equipo de gobierno, el PP, tampoco tiene una visión urbanística demasiado diferente. Ahí está el caso de la 'ecociudad', un proyecto del Gobierno regional, que suma otras 3.000 viviendas en un núcleo aislado.
Ambos desarrollos ('ecociudad' y Sur) son citados por los técnicos como «insostenibles» en su informe. «El Ayuntamiento y los partidos -afirma Miguel Ángel Prieto- deben decidir: o apoyan a un sector con intereses particulares o a los colegios profesionales». «Un barrio dormitorio -concluye- no es ciudad; Logroño necesita alma».
LAS CIFRAS
46.000
Son las viviendas nuevas por desarrollar y planificadas en Logroño. 11.784 quedan por hacer en el suelo urbano; 5.805 ya han sido delimitadas por el llamado 'plan puente'; 25.500 están pendientes entre los sectores aún no aprobados (Sur y Ramblasque) y el resto del avance del PGM; mientras que otras 3.000 se añaden al margen del Plan General Municipal con la 'ecociudad'.
16.198
de las viviendas construidas, de las 77.406 que hay en Logroño en los sectores urbanos consolidados, están vacías. En cifras relativas, el 21% de los pisos de la capital están vacíos.
* La Rioja - 28.03.10
Foto: Logroño, PGM - larioja.com
Chile: Políticas urbanas y de vivienda: falta diseño, control público y participación ciudadana
ALFREDO RODRÍGUEZ/Sur* : Las políticas urbanas y de vivienda de los gobiernos de la Concertación tuvieron durante sus 20 largos años una aparente continuidad. Los resultados son algo más que cifras abstractas, se trata de efectos observables en todas las ciudades del país. Son las casas, calles, y barrios; con personas, familias que se trasladan, viven, trabajan…
LA PROMESA.- Al fin de la dictadura, la situación social, económica y política en las ciudades era incierta. El déficit habitacional era muy grande, con muchas familias allegadas; también estaba el temor a las tomas de terrenos.
La opción de la Concertación fue acercar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a los pobladores; el ministro Etchegaray visitó cada uno de los campamentos y comités de allegados del país, explicando las dificultades y ofreciendo una respuesta: El subsidio habitacional. Su esfuerzo tuvo éxito. La cantidad de postulantes con cuotas de ahorro se triplicó en poco más de un año, llegando a 1,2 millones de familias, comenzando la producción masiva de casas.
En adelante la preocupación de cada Ministro fue superar cada año el número de viviendas construidas. Desde 1990 a 2006 se construyeron más de 2 millones de unidades. Fueron financiadas bajo diversas modalidades del subsidio habitacional, todas sustentadas en la triada ahorro de las familias, préstamo hipotecario bancario o Serviu, y subsidio otorgado por el Ministerio. Con esta propuesta, en sus distintas variables y que se perfeccionaron a lo largo del tiempo, se logró una respuesta cuantitativa impresionante a las necesidades de vivienda social de los sectores de más bajos ingresos.
EL BALANCE
A 20 años, se puede concluir que lo realizado en términos de unidades construidas, de saneamiento ambiental, dotación de agua potable fue positivo, pero insatisfactorio. Efectivamente hubo una política amplia de construcción de viviendas sociales: los pobres tienen techo. Mi punto es que ese techo, que algunos leen como una reducción del déficit habitacional, nos oculta cuatro resultados que muestran el agotamiento de la política que le dio origen:
1. Los deudores habitacionales son muchos, y no son producto de crisis económicas globales. Entre 2005 y 2006 se condonaron las deudas a 181.538 deudores del Servivio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), y a la fecha se mantienen 204.000 deudores del Programa Especial de Trabajadores (PET). El Informe de la Cámara de Diputados sobre deudas históricas (31/07/2009), señala que las deudas PET se originaron en “la inexistencia de la obligatoriedad de una calificación socioeconómica de los postulantes”; y en “la posibilidad de acreditar los ingresos mediante una declaración jurada sin documentación de respaldo que avalara el monto, la periodicidad y la estabilidad de los beneficiarios en el cumplimiento de sus obligaciones”.
2. Las viviendas sociales construidas hasta el 2006 son de mala calidad en cuanto a tamaño, materiales de construcción, diseño, equipamientos urbanos y ubicación en la ciudad. Nunca se contempló su ampliación de acuerdo con pautas incorporadas al diseño de cada unidad y de la totalidad del conjunto habitacional, lo que ha sido enfrentado por los residentes a través de todo tipo de ampliaciones informales y peligrosas.
3. Los conjuntos se han construido en los terrenos de menor precio, muchas veces aislados y desconectados de los lugares centrales de la ciudad, creándose verdaderos guetos dentro de las ciudades.
4. En Santiago, desde el año 2000, prácticamente no se han construido conjuntos de viviendas sociales, ni al interior de la ciudad, ni en su periferia. Hoy, se los expulsa hacia zonas alejadas de las áreas metropolitanas, como Colina, Talagante o Buin.
NUEVAS RESPUESTAS
En entrevista a El Mercurio (28/05/2006), la ministra Patricia Poblete, dijo que “no queremos que los próximos gobiernos tengan que deshacer lo que nosotros hicimos mal ahora en vivienda, del mismo modo como nosotros estamos recuperando barrios porque antes no se pensó en ellos”. Dicho reconocimiento llevó a que las propuestas del Minvu, desde el 2006 en adelante, incluyera cambios en las políticas futuras y el reparar deficiencias del pasado reciente.
1. En los nuevos conjuntos de vivienda social, el tamaño de las unidades de vivienda ha aumentado de 33 o 36 metros cuadrados, a más de 50. También hay en ellos preocupación por la calidad, y en algunos casos, como en Elemental, la incorporación de diseño arquitectónico y facilidades para el crecimiento de las viviendas.
2. En los antiguos conjuntos de viviendas sociales, en 186 de ellos (unas 500 mil personas), se puso en marcha el Programa Quiero Mi Barrio, una de las iniciativas más innovadoras en la historia del Minvu, consistente en mejorar el espacio público de los conjuntos y estimular en ellos la organización y participación vecinal.
A CONSIDERAR:
Para concluir este somero balance, quiero destacar tres temas que ofrecen algunos criterios para una política urbana que responda a las realidades actuales, diferentes a las de los 90:
* De la vivienda insuficiente al diseño suficiente: La autoconstrucción. La respuesta al déficit habitacional es habitualmente construir más viviendas nuevas. Esto a veces puede ser erróneo: las necesidades de las familias podrían ser satisfechas con la ampliación de sus actuales viviendas; no hay que confundir allegamiento (una dimensión solidaria) con hacinamiento (una dimensión física). Elemental ha recuperado, desde una aproximación de diseño arquitectónico y a la vez empresarial, la autoconstrucción.
Sus proyectos demuestran que la única salida no es una escalada de los montos de los subsidios (hasta 750 UF en algunos casos), sino un buen diseño, la construcción de parte de las viviendas que asegure su crecimiento; y la posterior autoconstrucción de las ampliaciones. Esto puede complementarse con la producción de componentes que los usuarios utilicen en sus ampliaciones y con asistencia técnica.
* Del mercado desregulado a las reglas y control públicos. Tal como lo señala el Informe de la Cámara de Diputados citado, el origen de las deudas PET es que se otorgaron subsidios y préstamos sin ningún control público: Lo que importaba era construir. Pero no eran operaciones entre privados en las cuales el sector público no tuvo injerencia. Un buen control público hubiera permitido reducir los casos riesgosos y el costo político posterior.
* Ciudad y ciudadanía son temas ausentes. Lo que ha estado presente en la agenda pública ha sido el financiamiento de la producción de viviendas. De los resultados se comprueba que el lugar en donde se construyen las viviendas no es un asunto indiferente: El barrio, la articulación de barrios, la ciudad, son muy importantes. El eje de toda política urbana moderna, avanzada, está en la producción del suelo urbano con miras a la equidad social. Esto implica contar con terrenos para viviendas de sectores de bajos ingresos, y la construcción de instrumentos que reduzcan su especulación y la apropiación de plusvalías.
En eso radica, tal vez, el punto más insatisfactorio de las políticas actuales. Y en la falta de participación ciudadana. Los procesos educativos, informativos, deliberativos que puedan impulsar los municipios son importantes para que la población tenga una perspectiva de los problemas urbanos. Pero son sólo procesos informativos: El plebiscito de Vitacura demostró que los procesos de consulta o son vinculantes o no son participativos. También en este sentido, las políticas urbanas han carecido de una visión urbanística, lo que es definido por Jordi Borja como “la posibilidad de poner orden democrático en el territorio”.
* El autor es directivo de SUR, Corporación de Estudios Sociales y Educación.
* El Ciudadano (Chile) - 16.03.10
Ibiza: Los vecinos exigen a Sant Josep que cumpla la sentencia de Cala Pinet
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DIARIODEIBIZA* : A pocos días de que venza el plazo concedido por un juzgado de Palma para que el Ayuntamiento de Sant Josep restablezca la legalidad jurídica infringida en el Residencial Cala Pinet, en la bahía de Portmany, los vecinos de la zona anunciaron que tienen previsto pedir a dicho juzgado que empiece a aplicar las sanciones de 1.000 euros mensuales con que amenazó al alcalde si no ponía fin a la situación de estos apartamentos.
El plazo de cuatro meses otorgado por el juez vencerá la próxima semana y los vecinos aseguran que de momento no se ha cumplido el auto del 24 de noviembre –notificado pocos días después– en el que se ordenaba cumplir una sentencia anterior de 2006. Ese fallo declaraba ilegal parte de esos apartamentos y emplazaba a restablecer la legalidad, incluyendo, si fuera el caso, la posible demolición.
«El juez lo que dice es que el Ayuntamiento tiene que tramitar un expediente de disciplina urbanística de forma inmediata y, en cambio, lo que está haciendo el Consistorio es todo lo contrario, pues llevan retrasando este tema cerca de un año», afirmó Eduard Clavell, abogado que representa a los afectados.
Clavell afirmó que sus clientes prefieren que se derribe lo afectado por la sentencia –parte de cuatro apartamentos de este grupo residencial–, pero reiteró que en cualquier caso el Ayuntamiento debe abrir un expediente «con la máxima urgencia».
Una de las vecinas explicó a este periódico que el equipo de gobierno «ha demostrado una desidia total, porque el auto dice que tenían que llamar a las partes y no ha habido ninguna reunión».
«Quieren legalizar algo ilegalizable, pero les ha pillado el tiempo y se les ha terminado», afirmó la misma afectada.
* Diario de Ibiza - 27.03.10
Foto: Los apartamentos se encuentran en Cala Pinet, en la bahía de Portmany. MIQUEL PASCUAL, diariodeibiza.es
El fiscal atribuye a dinero "ilegal" el patrimonio injustificado de Matas
ELPAÍS/Palma* : Los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach sostienen que Jaume Matas ha logrado un aumento injustificado y más que evidente de su patrimonio a base de compras y operaciones realizadas con dinero "de procedencia ilegal". El juez José Castro retiró ayer el pasaporte al ex presidente del PP, que gobernó en Baleares entre 2003 y 2007. Matas se enfrenta a una acusación por 12 figuras delictivas de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Palma Arena, por la ejecución de un macropolideportivo público, concebido como su proyecto estrella.
Ahora, la trama urdida y los desvíos de fondos por más de 41 millones en la obra le pueden suponer a Matas una condena de hasta 24 años de cárcel.
Este lunes, el juez decidirá sobre la petición de los fiscales para que Matas ingrese en prisión preventiva o deposite una fianza de tres millones de euros por el riesgo de fuga e impedir que dificulte la investigación. Ésta es una de las fianzas más altas reclamadas en España a políticos supuestamente corruptos. El PP, ni en Baleares ni en Madrid, salió en defensa de su ex líder. Tampoco le censuró. Tras la decisión el lunes del juez se actuará.
Matas se fijó durante su gestión una divisa: actuar "rápido y sin miedo" para ejecutar grandes infraestructuras públicas y dejar con ellas una huella de su gestión. Una de sus iniciativas puede ser su tumba como figura pública.
El ex presidente balear y ex ministro de Medio Ambiente con José María Aznar (2000-2003), que ha vivido y trabajado en los últimos años en EE UU, deberá presentarse cada 15 días ante el juez, si éste acepta las tesis de la acusación. Al apoderado de Matas, su cuñado Fernando Areal, que era gerente del PP balear, se le solicita la retirada del pasaporte y la personación judicial.
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desgranado los movimientos inmobiliarios, obras y adquisiciones de bienes suntuarios, en especial, las tres casas que Matas disfruta en Palma, Madrid y Sa Colònia, valoradas en más de cuatro millones, y todo ello se relaciona un posible delito de blanqueo de capitales. La defensa de Matas rechaza de plano la acusación de los fiscales y solicita que ni se le impongan medidas cautelares pecuniarias ni se le retire el pasaporte porque se atentaría contra su medio de vida. Matas se incorporó a la consultora PwC en Nueva York.
La obra del velódromo del Palma Arena se ejecutó, para los fiscales, con tal cúmulo de ilegalidades y atropellos administrativos, favoritismos y conciertos con empresas que se alcanzó en su conjunto una malversación de fondos públicos por desvíos sin justificar de hasta 41 millones por los sobrecostes en un gasto de 110 millones. Algunos sobreprecios fueron de hasta el 400%.
La fiscalía documenta indicios de falsificaciones de actas de consorcios y fundaciones públicas, firmas ficticias, simulación de contratos, adjudicaciones amañadas, facturas falsas, cobro de comisiones y sobornos, pagos de facturas falsas de la campaña electoral del PP y cohechos directos. Matas y sus supuestos brazos ejecutores, el ex director general José Luis Pepote Ballester y el ex gerente Jorge Moisés, protagonizaron la gestión directa del Palma Arena -un velódromo sin pista homologada, repleto de deficiencias-, en cuyo proceso se ven indicios de presuntos delitos continuados de falsedad en documento oficial; dos delitos continuados de prevaricación; otro de fraude; tres figuras de malversación de caudales públicos; un delito electoral, y otro de blanqueo de capitales.
* ELPAIS.com - 27.03.10
Foto: Palma, palacete de Matas - elmundo.es
Caos sobre la futura Diagonal
ELPAÍS/Barcelona* : La duda planea sobre la futura transformación de la Diagonal y de si, de verdad, el tranvía la atravesará o no en su tronco central, entre Francesc Macià y la plaza de las Glòries. Las dos opciones de cambio que se someterán a consulta ciudadana entre el 10 y el 16 de mayo dibujarán el tranvía ya sea en el modelo bulevar o el de rambla -la tercera es que se quede como está- pero la decisión final igual es otra.
El debate de ayer entre el gobierno municipal y la oposición en el pleno del Ayuntamiento sobre la reforma de la avenida resultó caótico y evidenció la clave electoral en la que se mueve todo el proceso de la Diagonal y todos los partidos. Ni siquiera el bipartito que gobierna la ciudad compartió postura, mientras que los tres partidos de la oposición mantuvieron, también, criterios diferentes. Eso sí, todos dicen estar a favor de cambiar la Diagonal porque la actual funciona muy mal con aceras atestadas de motos, carriles bicis compartiendo espacio con el peatón y con autobuses con la velocidad comercial más baja de la ciudad. Pero nadie define cómo la quiere. "El gobierno municipal apuesta por el tranvía y así se verá en las dos opciones, la A y la B, que se someterán a la consulta ciudadana. Ahora bien, ni la A ni la B hipotecan otra fórmula de transporte que puedan decidir los futuros gobiernos de la Generalitat y del Ayuntamiento". La explicación era del edil de Urbanismo, Ramón García Bragado, cuando expuso un informe en el pleno sobre la reforma de la Diagonal. La "otra fórmula de transporte" a la que se refería son los autobuses de gran capacidad o exprés. "Si gobernamos nosotros, seguiremos apostando por el tranvía, pero la cuestión es que las decisiones sobre el transporte se toman en la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)", añadió.
La Generalitat tiene la mayoría en la ATM. Con el tripartito actual, el tranvía podría tener el visto bueno. No se sabe, en cambio, qué pasará si hay un cambio de color político.
A juzgar por la argumentación de los socialistas en el pleno, lo que se somete a consulta de 1.400.000 barceloneses es sólo la forma de ordenar el espacio: los 50 metros de ancho de la avenida. De hecho, en el informe que presentaron se apunta las posibles evoluciones que pueden tener los modelos A y B. En alguna de ellas, por cierto, el tranvía desaparece y es sustituido por autobuses de gran capacidad.
CiU fue la formación que inicialmente defendió la unión de los dos tranvías, cuando los socialistas eran reacios a ello. Sin embargo, los argumentos que ayer expuso Xavier Trias, presidente del grupo nacionalista, tampoco contribuyeron a despejar cuál es su postura: “Sólo se habla de la A y la B y no dicen nada de la C —que es ninguna de las dos y que fue la que obligó a incluir CiU—, que significa hacer el cambio de forma progresiva. Esperar a ver cómo evoluciona el transporte público”. “Lo que ocurre es que ustedes dicen no a las dos y no presentan alternativas”, les recriminó García Bragado. En todo caso, Trias aclaró que si es alcalde respetará la opción que salga ganadora en la consulta.
Para Jordi Portabella (ERC) el error ha sido determinar que la columna vertebral de la futura Diagonal en las dos opciones sea el tranvía: “si se pone un sistema tan rígido como el tranvía se hipotecan otras posibilidades. Y no estamos de acuerdo en que las dos opciones partan del tranvía”.
Ricard Gomà (ICV), a diferencia de sus socios de gobierno, mantiene una férrea defensa del tranvía en la Diagonal: “las opciones A y B suponen el sí al tranvía en la Diagonal y la C el no”. Ni siquiera en eso están de acuerdo los partidos que gobiernan la ciudad: “el que no quiera el tranvía también podrá votar A o B porque en cualquiera de los dos casos es posible otro tipo de transporte”. El lío de las posiciones de los partidos fue tal que los ediles acabaron saliendo a los pasillos para intentar aclarar sus argumentos.
¿Y si sale la C, dejarla como está? “Cada vez habrá más barceloneses que se inclinarán por la C o que no votarán porque no entenderán nada”, aseguró Alberto Fernández Díaz (Partido Popular), quien calificó la consulta de “autobombo” del alcalde, Jordi Hereu, y de maniobra de marketing del PSC.
Al margen de la Diagonal, el pleno denegó de forma definitiva la licencia de obras para construir un colegio en el frente barcelonés de Collserola. Se trata de un centro escolar para 1.700 alumnas que promovía la organización ultracatólica Legionarios de Cristo dentro de la Fundación Real Monasterio de Santa Isabel. Es un proyecto que lleva años en liza y que, definitivamente, ha sido descartado, previa oposición de vecinos de esa zona de Sarrià y de grupos de defensa de la sierra de Collserola, por el impacto urbanístico que tendría y el de movilidad. Todos los grupos, salvo el PP, votaron a favor de denegar la licencia y de buscar otro suelo en Barcelona para levantar ese colegio.
* ELPAIS.com - 27.03.10
Foto: Barcelona , la Diagonal - ciutatdebarcelona.com
Un informe constata que el 68% del primer kilómetro de la Costa del Sol está construido
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MÁLAGAHOY* : Suspenso en ordenación del territorio para la Costa del Sol occidental. Las 11 localidades que componen la Mancomunidad de Municipios de la comarca y, en concreto, las ocho que lindan con el litoral, tienen edificado en un 68% el primer kilómetro de costa, tal y como se desprende del Informe de Sostenibilidad realizado por el Observatorio Medioambiental dependiente de la Diputación Provincial de Málaga.
De hecho, el diputado de Medio Ambiente, Miguel Esteban, reconoció la "necesidad de empezar a planificar con criterios de sostenibilidad y conforme a la capacidad de carga del territorio". Y es que no es sólo la ocupación de la franja litoral. En cuanto a consumo energético, cada habitante gasta a la hora una media de seis megavatios, lo que sitúa a la comarca a la cabeza de la provincia en esta materia.
Como eximente de estas circunstancias está el hecho de que en la Costa del Sol el número de habitantes ha crecido un 53% entre 2000 y 2009. También es la comarca con mayor densidad de población, alcanzando los 547 habitantes por metro cuadrado.
Otro dato aportado por el informe es la calidad del aire, "mala o muy mala" el 17% de los días del año, "debido a los altos niveles de contaminación por el tráfico", explicó el diputado, que estuvo acompañado de la presentación del estudio comarcal por el presidente de Mancomunidad, Juan Sánchez. En lo que sí aprueban los municipios de la Costa del Sol es en la gestión de residuos. Se ha reducido la producción de residuos (4,63% entre 2007 y 2008), así como un progresivo desacoplamiento entre el incremento población y la generación de residuos.
* Málaga Hoy - 26.03.10
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
Convocan a una concentración en contra del “Pelotazo en el Plan General de Urbanismo de Alpedrete”
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DIARIODELASIERRA/Madrid* : Alpedrete sostenible ha convocado el próximo sábado, a las 12 horas frente a la sede provisional del Ayuntamiento, a una concentración en contra del “Pelotazo en el Plan General de Urbanismo de Alpedrete.“En abril de 2005 el principal constructor de Alpedrete y varios familiares del entonces concejal de urbanismo, Vicente Guillén (entre ellos el actual concejal de urbanismo, Tomás Carrión Guillén, su sobrino) firmaban un acuerdo por el que cerraban una opción de compra de terrenos rústicos a precio de terrenos urbanizables, acuerdo que basaba sus precios en un Plan de Urbanismo que estaba aún por elaborar”, afirman desde Alpedrete Sostenible.
Agregan que “varios meses después, el avance del PGOU, aprobado gracias al voto de Vicente Guillén, proponía convertir los terrenos objeto del acuerdo en el lugar donde construir más de 800 viviendas: un típico pelotazo de aquellos años dorados de la especulación y la burbuja inmobiliaria. Cinco años después, cuando el acuerdo se hace público, la sociedad de Alpedrete se escandaliza. En estos cinco años la conciencia ciudadana acerca de las turbias componendas del urbanismo salvaje ha cambiado mucho, y ya no se consienten estos tejemanejes propios de repúblicas bananeras, porque, más acá de posibles responsabilidades penales, lo que ha quedado demostrado es que este Plan de Urbanismo no fue concebido por el bien común de Alpedrete, sino para el enriquecimiento inmoral de unos pocos, muy pocos, como Alpedrete Sostenible viene sosteniendo desde hace unos años. Es un Plan política y éticamente corrupto, y cualquier solución que no pase por su retirada inmediata es inadmisible”.
Subrayan que “es un Plan que pretende continuar la política del ladrillo que ha llevado al desastre a la economía española, destruyendo el tejido productivo, produciendo empleo precario primero y millones de parados después, cuando la burbuja pinchó. Empecinarse en que la construcción inmobiliaria siga siendo la base de la economía municipal (y nacional) sólo cabe en mentes con muy poca imaginación política, o interesadas en seguir especulando. Y ello a costa de degradar las mejores zonas del municipio, de masificar nuestro entorno y de multiplicar la contaminación de todo tipo: atmosférica, electromagnética, lumínica, sonora, etc. Las cifras de tráfico y ruido que se barajan en los avances del Plan son espeluznantes”.
“Las Excusas”
“El equipo de gobierno pretende justificar su huida hacia delante con dos excusas muy débiles. El municipio, dicen, necesita terrenos dotacionales; y, añaden, hay necesidad de viviendas sociales. Acerca de lo primero no hay más que recordar lo que pasó con el anterior Plan, las Normas de 1994. Tras su desarrollo, la población había aumentado en unas 8.000 personas y no había manera de cubrir los servicios necesarios. Ahora sucedería lo mismo: un aumento de población de unas 6.000 personas a las que habría que proporcionar servicios. Al final, los terrenos dotacionales que prevé el nuevo Plan no serían suficientes para la nueva demanda. Y habría que volver a empezar. ¿Hasta dónde?”, se preguntan.
En cuanto a la vivienda social, “el Ayuntamiento ha tenido posibilidad de desarrollarla a través de un convenio suscrito con la Comunidad de Madrid en el año 2006, en terrenos ya urbanizables actualmente. ¿Por qué no lo ha hecho? No responden. Hay terreno urbanizable suficiente en Alpedrete para hacer vivienda social, lo cual sería positivo si dicha vivienda fuese realmente social, y no un medio de subvencionar a los constructores en tiempos de vacas flacas (¿quién se acordaba de la vivienda social en los tiempos de la burbuja inmobiliaria?) y de añadir leña al fuego de la especulación, como en realidad suele suceder”, han denunciado.
“La Situación actual”
Indican: ”A principios de julio de 2009 la CM recoge en un solo documento, el Informe de Impacto Territorial, todos los informes de los diversos organismos sobre el avance del PGOU. Todos y cada uno de ellos imponen cambios y restricciones, y hacen severas críticas al Plan redactado, demostrando que se trataba de un Plan chapucero, técnicamente deficiente, lleno de datos erróneos e incompletos y de imprevisiones. El equipo de gobierno, a finales de julio, hace aprobar en Pleno municipal un nuevo Avance en el que simplemente se indica que se seguirán las instrucciones hechas por la CM: una auténtica tomadura de pelo para los alpedreteños si no fuera porque Tomás Carrión Guillén, concejal de urbanismo, vota en ese Pleno, tras haber ocultado en su declaración de bienes sus intereses directos en el Plan, y su voto es clave para la aprobación. Ello convierte la tomadura de pelo del Pleno en una irregularidad manifiesta que habla muy a las claras de la falta de escrúpulos de los promotores de este Plan”.
“Ahora, Tomás Carrión Guillén se ve obligado a abstenerse en las próximas votaciones del Plan, lo cual hace que el PP pierda la mayoría, a falta de un solo voto. Según parece, han empezado las negociaciones con concejales de PSOE y UNPA para que el pelotazo de Los Llanos-Sur no se vaya al traste, y, por lo que ha declarado en su blog Juan Aragoneses, concejal del PSOE y ex secretario de la agrupación local, recientemente dimitido, él está muy de acuerdo en que se recalifique ese sector, convalidando así la corrupción ética y política que subyace a este PGOU. Los miembros regionales de su partido que componen ahora la gestora que rige el PSOE local aseguran que el voto será negativo. ¿Votarán los concejales del PSOE en contra de lo manifestado por el partido? Y en cuanto a UNPA, que tiene dos concejales: ¿seguirá en su línea de oposición a un PGOU marcado por la falta de participación, como han declarado?”, enfatizan.
“En Alpedrete Sostenible confiamos en que los concejales de la oposición sean fieles a las ideas que han venido expresando a lo largo de la legislatura y que no se dejen tentar por presiones de intereses particulares. Es cierto que hay muchos millones en juego y no debe de ser fácil resistir esas presiones, pero, justamente por ello, si ahora cambiasen repentinamente su voto, no sería ilícito pensar que se han avenido a alguna turbia componenda y dudar de su honestidad. Para Alpedrete Sostenible, cualquier concejal que en estos momentos refrende el pelotazo de Los Llanos-Sur puede ser considerado en connivencia con la especulación”, concluyen.
* Diario de la Sierra - 23.03.10
Foto: diariodelasierra.es
La fiscalía pedirá medidas cautelares para Matas por corrupción
PÚBLICO/Palma* : Los fiscales anticorrupción pedirán mañana medidas cautelares para el ex presidente de Baleares Jaume Matas y su cuñado Fernando Areal por delitos de corrupción, según fuentes jurídicas. Los fiscales no pedirán medidas cautelares para la esposa de Matas, Maite Areal, y su amigo y supuesto testaferro Barlomeu Reus, también imputados en el caso. La declaración del ex presidente de Baleares ha concluido esta medianoche después de más de quince horas de comparecencia.
Cercado por las demoledoras escuchas policiales destapadas el martes por el juez José Castro, Jaume Matas se aferró hasta el final a que la responsabilidad sobre el dispendio del velódromo Palma Arena fue de otros.
Exactamente, de su ex director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester, a quien el ex presidente del archipiélago definió ayer ante el juez, con rotundidad autoexculpatoria, como un "ministro" plenipotenciario que hizo y deshizo y, por supuesto, disparó los costes del velódromo desde los 41 millones presupuestados hasta los 110 que finalmente desembolsó el Ejecutivo. Según medios de la isla, Ballester padece una grave enfermedad.
La prolija investigación desarrollada, primero, por los fiscales anticorrupción de Baleares y, luego, por el juez José Castro, ha puesto a Matas contra la pared. Sobre la mesa, la acusación que pesa sobre Matas de haberse lucrado utilizando dos fuentes de captación de sobornos: Pepote Ballester y la agencia Nimbus, que organizó la campaña electoral del PP balear en 2007.
A Matas se le preguntó por el "trato de favor" que el Gobierno balear habría otorgado a Nimbus durante su segundo mandato, en el cuatrienio 2003-2007. El ex presidente negó la mayor: no hubo trato de favor, enfatizó. Por negar, negó incluso la menor relación con el contrato a dedo de los arquitectos Jaime y Luis García Ruiz, que cobraron ocho millones de euros por el proyecto del Palma Arena sin que mediara adjudicación por concurso.
El abogado de un imputado de segunda fila (hay más de 30 en el caso) contó luego a este periódico que él mismo había visto a Matas "a pie de obra" en compañía de los García Ruiz.
Matas llevaba 16 horas declarando ante el juez. Fuentes jurídicas aseguran que el antaño todopoderoso presidente balear intentó demorar todo lo que pudo el momento en que debían comenzar las preguntas más aciagas: las relativas a su patrimonio. Y, dentro de ese capítulo, las preguntas más difíciles son las vinculadas con la compra y reforma, en 2004, del palacete de Palma, por el que Matas asegura haber pagado sólo un millón de euros, casi un tercio de lo que, según Hacienda, costaba realmente.
La Policía, y así lo ha publicado la prensa local, cree que Matas gastó en cinco años entre 2002 y 2007 cuatro millones de euros. La sesión de la mañana, que había comenzado con la exigencia de un cambio de sala so pretexto de que en la habitual podía haber micrófonos, se convirtió "en un frontón", en expresión literal de un abogado de las defensas: el juez leía las declaraciones de testigos y de la treintena de imputados, formulaba las preguntas y estas rebotaban contra el muro de Matas.
En un momento dado, llegó a afirmar que era "imposible" que en la construcción del Palma Arena se hubieran quebrado los mecanismos de control administrativo. En realidad, se quebraron estrepitosamente, como lo demuestra la elección a dedo de los arquitectos García Ruiz. De hecho, fue una auditoría del nuevo Gobierno socialista balear la que destapó el caso y puso en marcha los mecanismos de la investigación judicial.
Ayer, la publicación por el Diario de Mallorca de nuevos fragmentos de la transcripción de las escuchas esclareció aún más que el desorbitado incremento patrimonial constituye el talón de Aquiles de Matas, cuya esposa se negó el miércoles directamente a declarar.
En una de esas grabaciones, captada el 12 de diciembre de 2009, la esposa de Matas corrige al abogado Perera cuando este, de modo automático, habla del piso de lujo que la familia posee en el madrileño barrio de Salamanca. Perera dice: "Que el piso tuyo", y Maite Areal responde así: "De Reus, no mío, Rafael, nos tendremos que ir acostumbrando". Es decir, y eso se desprende de la conversación, todos tendrían que acostumbrarse a sostener públicamente que el piso pertenece no a los Matas sino a Bartomeu Reus, presunto testaferro del ex presidente balear y a cuyo nombre se escrituró esa vivienda.
Otro de los pinchazos, este realizado el 21 de marzo, dos días antes de la fecha fijada desde noviembre para la comparecencia de Matas como imputado, apunta al núcleo duro de la cuestión: Matas y su abogado Rafael Perera hablan sobre el informe económico redactado por el primero de ellos para intentar justificar su vertiginoso tren de vida. Ambos comentan un problema de última hora: el perito que iba a firmar el informe se resiste a hacerlo. Y Perera empuja a Matas para que convenza al perito de rubricar el documento. ¿Por qué? Porque ese informe "es el tema rey".
Nadie a quien culpar
En efecto, si en lo concerniente al Palma Arena Matas puede echar balones fuera culpando a sus subordinados, en el caso del palacete, el piso de Madrid y una tercera vivienda a nombre de la madre del imputado no hay nadie a quien culpar. Los ingresos de Matas como cargo público nunca excedieron de 100.000 euros al año, en números redondos.
Decidido a terminar anoche el interrogatorio de Matas e, incluso, a fijar las medidas cautelares, el caso entra ahora en una fase de consecuencias todavía imprevisibles. Fuentes cercanas al caso admitieron que sería "chocante" que el juez fijara para Matas una fianza inferior a la que ya pesa sobre otros imputados. Por ejemplo, la fianza penal (para evadir la prisión), más alta impuesta en este caso hasta ahora es la de 250.000 euros que abonó el periodista Antonio Alemany, al que se retiró el pasaporte. Pero, la fianza civil (para cubrir responsabilidades económicas) más elevada es la de un millón impuesta a los arquitectos García Ruiz. En el caso de Matas, la gran incógnita reside en el pasaporte: si se le retira, no podrá volver a EEUU, donde trabaja. El ex presidente y ex ministro de Aznar ha contratado también al letrado Manuel Ollé, experto en derecho internacional.
* Público - 26.03.10
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com
Las Asociaciones de Vecinos piden al Ayuntamiento de Valencia un uso público del circuito urbano
EUROPAPRESS* : Las Asociaciones de Vecinos del Litoral de Valencia están a la espera de mantener una reunión con el Ayuntamiento de la ciudad en la que pretenden obtener un "compromiso" del consistorio para que el circuito urbano de Fórmula 1 tenga un uso público. Asimismo, desean la puesta en marcha de medidas que logren "minimizar" los "impactos negativos" de las carreras sobre los barrios del entorno.
Las agrupaciones de vecinos Amics de la Malva, Cabanyal, Grau-Port, Natzaret y Pinedo, en la reunión de la Comisión del Litoral del pasado 27 de enero, pidieron a dos representantes de la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia que solicitara una reunión con el consistorio, explicaron en un comunicado.
Sin embargo, las Asociaciones de Vecinos del Litoral lamentaron que, a tres meses de la tercera edición de la Fórmula 1 en Valencia, que se celebrará del 25 al 27 de junio de 2010, siguen "a la espera" de tener una reunión con el Ayuntamiento de Valencia para.
En este encuentro, los vecinos pretenden obtener un "compromiso de uso público" del circuito urbano-portuario de Fórmula 1. Al respecto, criticaron que el circuito "sólo esta abierto en la zona portuaria y sigue cerrado y abandonado en la parte de competencia municipal del Grau".
Además, destacaron que "se ha convertido en una nueva barrera urbanística que separa aún más a los barrios situados a ambos lados del viejo cauce". Por ello, reivindican la apertura de la pasarela peatonal conectada con un itinerario para comunicar el Grau y Cantarranas con Moreras y Natzaret.
Por otro lado, las asociaciones vecinales persiguen la puesta en marcha de medidas que permitan "minimizar" los "impactos negativos" de las carreras sobre los barrios del entorno. Entre estos "impactos", citaron los ruidos, la contaminación atmosférica, el aislamiento de barrios y los desvíos de tráfico.
Además, señalaron el "grave riesgo de colapso circulatorio" que se produce al coincidir los preparativos del evento y los cortes de calles y accesos con la tradicional presencia de "cientos de miles" de personas en el litoral en la Nit de Sant Joan, que se celebra el 23 de Junio.
* Europa Press - 25.03.10
Foto: Valencia, circuito F1 cerrado y abandonado - levante-emv.com
La Muela pide la dimisión de su alcaldesa, imputada por once delitos
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ABC/Zaragoza* : Ha pasado un año desde que se destapara la «Operación Molinos», una presunta trama de corrupción urbanística que salpicó a la localidad zaragozana de La Muela. En el caso hay 36 imputados, entre ellos la alcaldesa del municipio, Maria Victoria Pinilla, y dos de sus concejales. A la primera se le imputan once delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, estuvo en prisión preventiva durante cuatro meses, sin embargo sigue estando al frente de la Alcaldía.
En un encuentro informal con los medios de comunicación, aseguró que «si tuviera alguna duda de haber hecho una gamberrada por mis hijos y mi pueblo me hubiera retirado, pero hoy por hoy soy inocente».No ve razones para dimitir y por eso piensa seguir al frente de la Alcaldía.
Su decisión tiene dividido al pueblo. Cientos de vecinos de la localidad se han vuelto a echar a la calle para exigir su dimisión, piden que abandone su puesto y sea una gestora la que se encargue de dirigir el Ayuntamiento hasta que se convoquen elecciones. No es la primera vez que sus propios vecinos piden su dimisión. De hecho, el pasado mes de agosto, los vecinos entregaron en el Registro General del Gobierno de Aragón más de 9.000 firmas en favor de la disolución del Ayuntamiento.
Un pueblo dividido
Sin embargo, Pinilla dice sentirse arropada. Hay otros muchos que la apoyan. Y es que desde que saliera a la luz la presunta trama de corrupción en el pueblo se han creado dos bandos: por un lado los detractores de Pinilla, que no cesan en su intento de que abandone su sillón al frente de la Alcaldía; por otro sus defensores, familiares y amigos que, a pesar de los once delitos que se le imputan siguen defendiendo su gestión al frente del Ayuntamiento.
El ambiente es cortante, está enrarecido y las diferencias parecen casi insalvables. Cada uno de los actos públicos que celebra el municipio se convierten en la excusa para que unos y otros midan sus fuerzas. Los plenos son un ejemplo de ello. En el último, celebrado la semana pasada, los aplausos y abucheos fueron una constante tras las intervenciones de la alcaldesa.
Por eso, son muchos los ciudadanos que piensan que esta situación se acabaría con la salida de Pinilla del Ayuntamiento. Hace un año, esta localidad se vio invadida por medios de comunicación y decenas de agentes de la Guardia Civil. En apenas unas horas este pequeño municipio zaragozano saltó a primera línea de la actualidad y durante varios días copó gran parte del interés mediático. El caso salpicó a empresarios y miembros del Ayuntamiento. La investigación judicial continúa en su fase de instrucción y, tras un año de indagaciones, el juez que instruye el caso, Alfredo Lajusticia, ha acumulado casi 50.000 folios.
Pinilla defiende su gestión
«Hace23 años en La Muela había una iglesia medio caída, un frontón en ruinas y las casas de los vecinos». Hoy en día hay cinco colegios, infraestructuras culturales, deportivas y equipamientos sociales, todo ello fruto del esfuerzo, explicó la alcaldesa. En «Zaragón —forma irónica con la que Pinilla se refiere a Zaragoza y a Aragón— molesta que alguien trabaje y se deje en evidencia a otros políticos».
De ahí que asegurara que su situación actual se debe a una «persecución política» para acabar con su carrera. Según ella, el día en el que una encuesta la situó como posible cabeza de lista del PAR en Zaragoza fue consciente de que «iban a ir por mí». Por eso, «esperaba de alguna manera» el momento de su detención. «Había metralletas apuntando a La Muela», concluyó.
* ABC - 25.03.10
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
Cangas otorgó 69 licencias de actividad a locales comerciales en situación ilegal en el último año
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FARODEVIGO* : Las inspecciones del Concello de Cangas han conseguido regularizar en el último año la situación de 69 locales con actividad comercial que presentaban algún tipo de anomalía, como carecer de certificado final de obra, licencia de apertura, de actividad o, en varios casos, tener orden de cierre por incumplir los requisitos. En el listado hay desde oficinas bancarias hasta floristerías, pasando por tiendas de muebles, salones de belleza, comercios de ropa, librerías, despachos de pan, farmacias, fruterías, bares, panaderías, estancos, ferreterías, video-clubes, carnicerías, gabinetes psicológicos o apartamentos turísticos, entre otros.
Los controles municipales han logrado poner al día la situación, que en algunos casos acumulaba irregularidades desde hace casi una década, ya que hay expedientes abiertos desde 2002. Tres son de ese año; cuatro, de 2004; 11 de 2005; 13 de 2006; ocho de 2007, cuatro de 2008 y uno de 2009, a los que hay que sumar los tramitados en lo que va de 2010.
La inspección incluyó 215 establecimientos, y en uno de cada cuatro la situación no estaba en regla. El Concello optó por comunicar la situación a los propietarios y darles un plazo para subsanar las deficiencias, que se produjo en la gran mayoría de los casos, lo que evitó que se aplicaran sanciones económicas y el precinto de locales en los casos más graves. Desde la alcaldía, que asumió hace meses todas las competencias en materia de Urbanismo, se insiste en que la finalidad de las actuaciones no es recaudatoria, que, en general, ha habido colaboración de los propietarios para poner al día la documentación y que ese paso les servirá también para acceder a diferentes líneas de ayudas y subvenciones de la Administración, de las que hasta ahora quedaban excluidos por estar en situación irregular.
Además de la campaña para que los establecimientos comerciales se pongan al día, desde el Concello se ha actuado también en la inspección de locales nocturnos con el fin de obligarlos a instalar limitadores de sonido. La medida se amplió a otros establecimientos hosteleros, aunque son los primeros los que acumulan más irregularidades. Desde octubre son nueve los locales con limitadores de sonido precintado: Clip, Templo, Electra, Belle Epoque, Fotogramas, Calle Baja, Boxes, Rocasoula y Cangaceiro. Cuatro siguen pendientes: Ambigú, Lúpulo, Oasis y Square. En algunos casos, el plazo para presentar alegaciones aún no finalizó. También se precintaron dos establecimientos nocturnos por incumplir la legalidad.
"Desde hai anos, moitos veciños presentan denuncias polos ruidos que padecen nos edificios; sobre todo nos pisos que están enriba dese tipo de locais", explica la alcaldesa, e incide en que la normativa limita a 80 decibelios el ruido máximo permitido. "Houbo que poñer precintos porque, con moita frecuencia, os responsables dos locais subían ou baixaban o volume para esquivar as inspeccións da Policía Local". Con los limitadores precintados se evita que éstos puedan ser manipulados sin que lo perciban los inspectores municipales.
Otra de las cuestiones que se está certificando es que la actividad realizada coincida con la licencia concedida. La irregularidad que más se repite es ofrecer música en locales registrados como cafetería, donde sólo se permite la señal de televisión. El Concello ya ha actuado contra los dueños de algunos en los que se han producido denuncias reiteradas. Es el caso de un local de la Avenida de Marín donde el ruido de los billares y futbolines molestaba a los vecinos, que pidieron la intervención municipal para solucionarlo. Los plazos concedidos se agotaron y el Concello precintó el establecimiento hasta que se retiraron las fuentes de ruido.
* Faro de Vigo - 26.03.10
Foto: Cangas(Pontevedra)- farodevigo.es
Cercle Obert de Benicalap denuncia al Ayuntamiento de Rita Barberá y al Valencia club de fútbol
KAOSENLARED* : Cercle Obert de Benicalap EXPONE: Que el concejal de Grandes Proyectos Sr. Grau ha manifestado reiteradamente a los medios de comunicación, que los retrasos en la transferencia de los solares que debe recibir el Ayuntamiento de la empresa privada Valencia club de fútbol, se deben a problemas en la inscripción de las escrituras en el Registro, dado que al parecer la propiedad de algunos de estos solares (la mayoría correspondientes a zonas de huerta, donde existen alquerías, algunas de ellas protegidas e inventariadas) no estaba debidamente acreditada con documentos.
Por tanto, nuestra entidad quiere destacar que se está incumpliendo de forma manifiesta el artículo 113 del Reglamento de Bienes de los Entes Locales que obliga a que “Antes de iniciarse los trámites conducentes a la enajenación del inmueble se procederá a depurar la situación física y jurídica del mismo, practicándose su deslinde si fuese necesario, e inscribiéndose en el Registro de la Propiedad si no lo estuviese”
¿Cómo se ha aprobado la permuta de unos bienes inmuebles entre el Ayuntamiento y el Valencia club de fútbol si parte de estos últimos no constaban inscritos a favor del citado Club?
La Junta de Gobierno Local en sesión de 27 de Julio 2007 aprobó la permuta del solar de la Avenida de las Cortes, con las fincas que el Valencia club de fútbol había propuesto (por valor del 61,5% del valor total de la parcela municipal), más la cantidad de algo más de 17 millones de euros hasta completar el precio total de la parcela de la Avenida de las Cortes/Doctor Nicasio Benlloch.
Nuestra entidad quiere saber si ya se ha ingresado ya la citada cantidad económica a favor del Ayuntamiento?
También queremos saber si se ha concedido un aplazamiento o fraccionamiento del pago de dicha cantidad?
Cercle Obert de Benicalap, ante los años transcurridos y la falta de transparencia en todo el proceso de permuta suscrito entre el Ayuntamiento de Valencia y la empresa privada Valencia club de fútbol, quiere formular las siguientes preguntas a las autoridades locales, dado que la corporación local no vela ni le interesa atender las necesidades de los ciudadanos que habitan en la ciudad de Valencia
¿Se ha solicitado su afianzamiento y/o exigido intereses? Si no se ha ingresado dicha cantidad (17 millones de euros) ni se han entregado todos los solares ¿se ha formalizado la escritura de permuta? ¿Debe entenderse que la parcela de la Avenida de las Cortes/Doctor Nicasio Benlloch es todavía propiedad del Ayuntamiento de Valencia? ¿Cuál es la situación registral actual de dicha parcela? ¿Se ha segregado la porción a permutar?
Y si la aprobación de la permuta era preceptiva para obtener la licencia de obras ¿por qué se ha concedido la misma si el terreno es todavía municipal?
Si la empresa privada Valencia club de fútbol no va a proceder a la entrega de los terrenos ni al ingreso de los 17 millones que adeuda desde hace ya 5 años a la corporación local, ¿por qué el Ayuntamiento de Valencia, en vista del tiempo transcurrido, no denuncia ese incumplimiento por la vía judicial?
Desde Cercle Obert de Benicalap, consideramos que han pasado muchos años desde que la empresa privada Valencia club de fútbol y el Ayuntamiento de Valencia, tuvieron a bien suscribir un convenio que no han cumplido, atentando contra el interés general y vulnerando la ley en numerosos puntos.
La permuta no se ha perfeccionado y se han cometido numerosas y gravísimas irregularidades e ilegalidades visibles, por parte de ambas entidades, que afectan muy negativamente al bienestar general de los valencianos.
Cercle Obert de Benicalap quiere recordar a las autoridades locales y a la directiva del Valencia, que tampoco se ha construido el polideportivo público prometido en reiteradas ocasiones por la corporación local y la entidad deportiva privada, denominada Valencia club de fútbol.
La construcción del estadio “Nuevo Mestalla” se encuentra desde hace más de un año parado, gracias a los graves problemas económicos que padece el club de fútbol, Valencia SAD, fruto de su mala gestión.
El Plan Director de Instalaciones Deportivas 2000, aprobado por el Ayuntamiento de Valencia nunca se ha llevado a efecto, a pesar de ser aprobado por unanimidad por la corporación local, Plan que estimamos fundamental para potenciar y favorecer el deporte como un factor de integración y salud entre los ciudadanos.
El fútbol es un deporte importante, pero también lo es velar por los intereses generales y por la transparencia en la gestión pública, aspectos que son descuidados de forma visible por la administración local, tal y como estamos comprobando en el tema del convenio que suscribieron hace tiempo el Valencia club de fútbol y el Ayuntamiento de Valencia.
Ante la gravedad del tema y ante los incumplimientos efectuados por ambas entidades, Cercle Obert de Benicalap
SOLICITA:
La intervención urgente de la Fiscalía Anticorrupción y el inicio de las investigaciones pertinentes.
Queremos resaltar que, los terrenos donde hoy se construye el estadio denominado “Nuevo Mestalla”, en vista de las declaraciones efectuadas por el concejal Grau, son de titularidad municipal, al haberse incumplido el convenio.
Por tanto, la corporación local tenía el deber y la obligación de denunciar a la empresa privada, Valencia club de fútbol, exigiéndole y reclamándole la entrega de los terrenos y los millones de euros que adeuda a la ciudad de Valencia, más los intereses producidos por el retraso. Nuestra asociación tampoco puede olvidar que el equipo deportivo privado debe construir un polideportivo público a los vecinos de la zona, en compensación por unas recalificaciones innecesarias y que atentan contra el bienestar general, la convivencia y el futuro de los valencianos.
Como el Ayuntamiento de Valencia no quiere defender los intereses de los ciudadanos, dado que ha ignorado nuestras peticiones, denuncias e iniciativas, la entidad Cercle Obert de Benicalap, solicita la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para que incoe diligencias de instrucción penal y proceda a investigar la no perfección de la permuta y los reiterados y visibles incumplimientos del convenio suscrito entre el Valencia club de fútbol y el Ayuntamiento de Valencia.
Valencia, a 24 de marzo de 2010
CERCLE OBERT DE BENICALAP
* Kaos en la Red - 24.03.10
Foto: EL NUEVO MESTALLA, UNA DE LAS MAYORES ESTAFAS COMETIDAS CONTRA LOS CIUDADANOS - kaosenlared.net
La Lei do Solo y la trampa
XOSÉ MANUEL PEREIRO/Galicia* : El tiempo deja a cada uno en su sitio, y al año justo de gestión de la actual Xunta los hechos desmienten a los que sostenían que este Gobierno no hacía nada (entre ellos yo). Pero el equipo de Feijóo, al igual que quebró las cadenas de la imposición lingüística y devolvió la paz del consenso a las aulas otrora enfrentadas, ahora -pero más calladamente y ni siquiera con la excusa de tener que cumplir una promesa electoral- avanza a marchas forzadas en la restitución del urbanismo de toda la vida: el caos. La construcción ad lib con sus aspectos creativos (aunque incómodos para todos) y enriquecedores (muy enriquecedores, aunque no para todos).
Sobre las consecuencias del caos no hará falta que me extienda, porque están a la vista (Advertía George Sand, hace casi dos siglos, que los médicos pueden enterrar sus equivocaciones, pero un arquitecto sólo puede aconsejar a su cliente plantar hierba. Un urbanista, ni eso). El big bang, el caos anárquico y desorganizado, surgió en el desarrollismo, propiciado por la necesidad de tener una vivienda y/o deshacerse de la vieja, y amparado por el incumplimiento general de la normativa. Después, en los viejos buenos tiempos del fraguismo, le sucedió el caos orientado según las normas: en los años 90 se centralizó la gestión en la Administración autonómica (para dejar claro quién mandaba), y a la vez se descentralizaba hacia las administraciones locales (para que pudiesen hacer favores). La normativa urbanística era la más cumplida del mundo, o al menos a los tribunales no llegaban casos, con lo que o no funcionaban las leyes o funcionaban las trampas. La Ley Cuiña de 2002 fue un intento de frenar el libertinaje constructivo, y el Gobierno de PSdeG-BNG pretendió delimitar algo más tanta erección creativa y enriquecedora.
Ahora, la nueva Lei do Solo alarma formalmente por permitir la construcción en zonas rurales y protegidas, pero el fondo es peor. No sólo "suaviza" la, al parecer, ruda y áspera normativa bipartita, sino que desmonta los organismos de control de su cumplimiento y permite fijar las excepciones a los ayuntamientos. La elaboración de la nueva normativa ha estado pastoreada por el responsable de urbanismo en aquella década prodigiosa (1990-1997) que, en otra demostración de la creativa y enriquecedora permeabilidad de lo público y lo privado, después se dedicó a defender en los tribunales a los infractores de aquellas leyes que habría tenido que hacer cumplir. En la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística no sólo se deshacen del director, un técnico tan radical que había sido subdirector general con Feijóo de conselleiro, sino que se prevé una drástica reducción del cuerpo de inspectores. Casi todo -o al menos la Lei- con la sorprendente anuencia del PSdeG, confirmando la vuelta a los buenos viejos tiempos en los que en el partido mandaban los alcaldes (pero ahora ni siquiera los de las ciudades, sino los de los pueblos dormitorio).
Desmantelar la APLU no obedece al viejo buen principio liberal de "menos Estado", sino al más viejo pero menos bueno de no pisarse la cola entre leones. La Axencia Urbanística fue el organismo público que puso en conocimiento de la fiscalía barbaridades como las de Barreiros, un ayuntamiento de 3.000 habitantes en el que se otorgaron licencias para construir otras tantas viviendas (más). Obnubilados por lo creativo y enriquecedor de esa cementorrea, las autoridades locales no se pararon a ver si donde dejaban construir era rústico o urbano, terreno firme consolidado o marisma edificable, y tampoco se acordaron de hacer o pedir a los constructores equipamientos como calles, agua, alcantarillado y otros detalles menos esenciales que los videoporteros, pero obligatorios desde el punto de vista legal. El alcalde ha argumentado que lo hizo por "el bien del ayuntamiento" y que "sus vecinos lo apoyan". Evidentemente, nadie hace nada en detrimento consciente de la institución que preside, y tampoco los cargos que dependen de los electores suelen dedicarse a enervarlos, pero esos argumentos servirían también para justificar desde el linchamiento a la exención de multas.
No hagamos leña del bosque erigido. Barreiros no es un caso único. En Muxía lo intentaron la pasada legislatura, sobre tierras propiedad de algunos concejales y con el compromiso por escrito del gobierno local de rebajar la línea de protección de la costa. Las trabas legales a estas operaciones de enriquecimiento creativo son las que intenta despejar esa callada labor de gobierno. Y mientras tanto, se retiran los recursos contra las infracciones. Una vez, un popular alcalde que ya no lo es (alcalde), en una de las sabrosas conversaciones que manteníamos a modo de tregua, se empeñó en convencerme de las virtudes del "municipalismo". Los ayuntamientos han hecho muchas cosas buenas y satisfecho demandas ciudadanas que tendrían que haber atendido otros, pero no soy "municipalista" por las mismas razones que adujo James Joyce para negarse a la petición de un fan, que solicitaba besar la mano que había escrito Ulises: "No, ha hecho muchas otras cosas".
* ELPAIS.com - Opinión - 25.03.10
