ELMUNDO/Palma* : El juez sostiene que pudo lucrarse con el dinero desviado. Le imputan nueve delitos con penas de 30 años de cárcel. Jaume Matas ha llegado a los juzgados en torno a las 80.50 horas para prestar declaración por el caso Palma Arena. El ex presidente del Govern ha aparecido con aspecto tranquilo y sonriendo, en coche particular acompañado por su mujer, Maite Areal, y su abogado, Rafael Perera, y no ha querido hacer declaraciones al nutrido grupo de medios de comunicación que se agolpan en las puertas de los juzgados de la Vía Alemania.
Matas, que llegó ayer a la capital balear tras un intenso fin de semana de reuniones en Madrid con sus abogados, Rafael Perera y Manuel Ollé a fin de preparar su defensa, ha entrado al edificio por la puerta trasera , donde varios ciudadanos le han recibido con abucheos y gritos de 'ladrón' y otros insultos.
Cinco minutos antes que Matas y Areal ya había llegado su presunto testaferro, Bartomeu Reus, que también ha sido recibido con gritos por parte de los ciudadanos allí concentrados. Al contrario les ha pasado a los fiscales anticorrupción, Joan Carrau y Pedro Horrach, que han levantado aplausos a su paso.
El juez que instruye el caso, José Castro, le interrogará sobre las decisiones que fueron adoptadas durante la construcción del velódromo palmesano y que derivaron en el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos, así como acerca de su incremento patrimonial supuestamente ilícito durante su segunda etapa como máximo mandatario de la Comunidad balear.
Una jornada en la que también han sido emplazados a declarar la mujer del ex jefe del Ejecutivo balear, Maite Areal, su cuñado y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, y el conseller de Obras Públicas en el primer Govern de Matas y presunto testaferro de éste, Bartomeu Reus, todos ellos como encausados dentro de este procedimiento que suma más de cuarenta imputados. Entre ellos, ex altos cargos del PP, empresarios, constructores y proveedores que participaron en las obras de la considerada infraestructura estrella de los 'populares' durante la pasada legislatura (2003-2007).
La de Matas, sin embargo, está prevista como la comparecencia más esperada en el marco de la instrucción del caso por cuanto han arrojado ante el juez imputados y testigos en referencia a la vinculación del ex dirigente 'popular' con las presuntas irregularidades cometidas a lo largo de la construcción y con el tren de vida que llevó durante el pasado mandato, una forma de vivir que, de acuerdo a las investigaciones, no se corresponde con los ingresos que obtenía. Ahora, alejado de la vida política y social española -en la actualidad reside en Nueva York-, Matas deberá explicarse ante la Justicia.
A tenor de las pesquisas realizadas, el titular del Juzgado de Instrucción número 3, encargado de instruir el desfase económico en la ejecución del Palma Arena y su posible conexión con el incremento de bienes de Matas, atribuye al ex ministro de Medio Ambiente un total de nueve tipos penales: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, un delito fiscal y otro electoral, castigados con penas que pueden alcanzar los treinta años de prisión.
El ex dirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros por el 'palacete' de la calle Sant Feliu
Es por todo ello que, después de que el ex presidente perdiera las elecciones en 2007 y con ello su condición de aforado, el magistrado podría solicitar medidas cautelares contra el inculpado en caso de que así lo soliciten la Fiscalía anticorrupción o la acusación particular tras la declaración que lleve a cabo el ex jefe del Ejecutivo, que prevé prolongarse durante dos o tres días. Está previsto, además, que Matas sea interrogado en el marco de la pieza abierta en relación a la presunta financiación irregular del PP durante los últimos comicios autonómicos y municipales.
Operación Buckingham
La investigación sobre el patrimonio de Matas fue iniciada por los fiscales anticorrupción de Baleares Juan Carrau y Pedro Horrach tras detectar posibles irregularidades en la compra de la vivienda que posee en la calle Sant Felio de Palma, conocida como palacete, por la que el ex dirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones. Según el Ministerio Público, el ex ministro pudo incurrir por este hecho en un delito de cohecho impropio y la rebaja en el precio habría supuesto "una dádiva o regalo en especie".
Sin embargo, no sólo esta mansión ha sido objeto de investigaciones, ya que la Guardia Civil emitió un informe relacionado con un piso situado en la calle Don Ramón de la Cruz, en el barrio de Salamanca de Madrid, que figura formalmente a nombre de Bartomeu Reus y quien según el Instituto Armado sería testaferro de Matas. Pese a que según el documento la familia Matas paga oficialmente al mes 2.500 euros por el alquiler del inmueble, el ex presidente del Govern y su esposa serían los propietarios reales de la vivienda.
Los arquitectos del velódromo acabaron percibiendo unos 9 millones de euros en concepto de honorarios
En el marco de estas investigaciones, conocidas como 'operación Buckingham', efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el palacete y donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, tal y como documentaron los agentes. Sin embargo, todo ello no impidió que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.
Castro judicializa las actuaciones
Así, fue dos meses después cuando el juez Castro decidió incorporar al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al observar indicios de su presunta relación con la presunta trama de corrupción en torno al velódromo. A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la reforma del palacete y propietarios de varias tiendas, interrogados por el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia Matas, aseguraron haberse embolsado del ex presidente más de 300.000 euros en dinero negro u opaco al fisco.
Ante este cúmulo de circunstancias, el 15 de octubre el juez comunicó a Matas su citación como imputado, cinco meses antes de la fecha prevista para su declaración, lo que a juicio de su abogado, Rafael Perera, "le causa un perjuicio innecesario" al considerar que durante los meses restantes para el interrogatorio Matas vería "en entredicho, por lo menos mediáticamente, la limpieza de su actuación". En este contexto, el letrado rechazó "cuantas imputaciones pudiesen formularse" contra su patrocinado, al tener su origen en "informaciones sesgadas, parciales o abiertamente erróneas".
Por su parte, uno de los letrados personados en el caso, Gregorio San José, solicitó el pasado mes de diciembre la nulidad de las investigaciones sobre los bienes de Matas en el marco de este procedimiento, al preconizar la falta de indicios de que parte del sobrecoste en las obras acabase engrosando el patrimonio del ex presidente. Ante esto, el juez desestimó la petición mediante un contundente auto donde considera el patrimonio del ex líder del PP "uno de los principales destinos" de los 50 millones de euros desviados en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas.
Entre algunas de estas supuestas irregularidades se encuentra la contratación 'a dedo' de los arquitectos Luis y Jaime García-Ruíz, quienes sustituyeron al arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, y acabaron percibiendo unos nueve millones de euros en concepto de honorarios, según las investigaciones, que se centran en averiguar el motivo por el que se rescindió el contrato al experto alemán y quién ordenó contratar a los dos hermanos. Los García-Ruíz aseguraron ante el juez que fue Matas quien les llamó personalmente por teléfono para pedirles que continuasen con las obras.
Asimismo, otro de los testimonios que implican al ex presidente es el arrojado por Jane King, la primera imputada del caso que se ha prestado a confesar de cara a lograr futuras atenuantes. La que fuese número dos de la ex vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, aseguró ante el juez que cuando advirtió a Matas de que el coste de la infraestructura "se estaba disparando", éste le respondió que "había que acabarlo como fuera", escudándose en que la infraestructura debía estar finalizada para la celebración del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007. Días después, su propia ex jefa de gabinete, Dulce Linares, aseveró que las decisiones "más importantes" adoptadas durante la construcción "venían avaladas por Matas".
* El Mundo - 23.03.10
Foto: Palma, palacete de Matas - elmundo.es
Matas, abucheado a su llegada a los juzgados por el caso 'Palma Arena'
Marbella: Hacienda señala los convenios del promotor de La Cañada con Jesús Gil y Roca
MÁLAGAHOY* : El cabo suelto que conduce la trama de presunta corrupción política y urbanística del caso Malaya hasta la familia Gil tiene uno de sus episodios más singulares en el centro comercial La Cañada, un espacio de ocio tan contundente como popular y que, a la luz del informe realizado por la Agencia Tributaria, estuvo plagado de sombras desde el primer minuto de su historia.
El empresario murciano Tomás Olivo, a través de la sociedad Emasa Constructora, logró en mayo de 1994 que el Ayuntamiento de Marbella firmara un convenio por el que le cedía 119.235 metros de terreno rústico de propiedad municipal, al que le cambiaría la calificación urbanística para que pudiera levantar un centro comercial. El acuerdo fijaba el precio de la finca en 600 millones de pesetas, cantidad que Olivo debía devolver en obras a realizar en un futuro por importe de 360 millones y el resto a la firma del convenio, la obtención de la licencias de obras y el permiso de primera ocupación.
Ese convenio inicial, sin embargo, se modificó y amplió a través de otros tres acuerdos, de tal modo que al final Tomás Olivo no sólo no le debía nada al Ayuntamiento de Marbella, sino que se había convertido en su acreedor. Esa deuda se canceló el 30 de agosto de 2000 a través de otro convenio más, este de dación de pago, por el que el municipio le entregaba a la sociedad General de Galerías Comerciales, propiedad de Olivo, varios inmuebles valorados en 13,3 millones de euros.
Estos hechos fueron puestos al descubierto en uno de los informes que realizó el Tribunal de Cuentas que dieron origen a una querella de la Fiscalía Anticorrupción que originó la apertura de las diligencias previas 3210/2006 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella.
De acuerdo con la documentación investigada por la Agencia Tributaria el día anterior a la firma del primer convenio, Olivo libró tres cheques por importe de 540.910 euros cada uno para que "a través de un negocio simulado con el concurso de una sociedad de los procesados Carlos Sánchez y Andrés Liétor denominada Roadhouse España, dichos fondos terminaran beneficiando a Juan Antonio Roca y los fallecidos Jesús Gil y José Luis Jiménez".
Para los investigadores estos 1,6 millones de euros (270 millones de pesetas) fueron puestos "en fondo común" por el presunto cerebro de Malaya, el ex alcalde de Marbella y el gerente de Contratas 2000, José Luis Jiménez. El dinero supuestamente se inyectó en Spanish Learning Friends, una sociedad de la que la familia Gil era socia mayoritaria al disponer del 50% de sus participaciones, a través de Gestión Inmobiliaria Mizar, una firma de la que todavía ahora es administradora única María Ángeles Gil Marín. Otro 25% lo poseía Gestión Saciso, mercantil participada por los hijos y la esposa de José Luis Jiménez, uno de los hombres fuertes de Gil en la primera mitad de los 90 al frente de Contratas 2000. Roca disponía del 25% restante a través de Inmuebles Direla.
Parte de los 1,6 millones de euros fueron invertidos en comprar un suelo rústico en primera línea de playa de Estepona, donde ya gobernaba Jesús Gil Marín. Estos 18.000 metros de suelo pasaron rápidamente a ser urbanizables.
Pero el historial del centro comercial La Cañada no se circunscribe a este episodio inicial. Su andadura ha estado siempre rodeada de la polémica y la sospecha. Tomás Olivo, murciano como Juan Antonio Roca y del que se cuenta que en 1974 expendía gasolina en una estación de servicio de su tierra, abordó enseguida una pequeña ampliación del complejo. La fase inicial constaba exclusivamente de un hipermercado y unos cines. Los tiempos reclamaban más comercio y más ocio. Esa segunda ampliación se saldó con una multa de 600.000 euros impuesta por la Junta de Andalucía que resultó histórica en aquellos tiempos porque carecía del preceptivo informe de la Consejería de Economía. El empresario pagó y siguió adelante. En 2002 emprendió la tercera ampliación. En diciembre de aquel año el entonces alcalde, Julián Muñoz, aprobó por decreto licencia para que levantara nueve naves comerciales. La Junta impugnó el acuerdo porque el proyecto carecía de informe de impacto ambiental y requirió la paralización de las obras, circunstancia que no se produjo. La Junta, entonces, optó por denunciar a Julián Muñoz ante la Fiscalía, que pidió para él dos años de prisión por un delito continuado contra la ordenación del territorio.
En esas tuvo lugar la moción de censura, la ex alcaldesa hoy procesada en el caso Malaya, Marisol Yagüe, llegó a la Alcaldía de Marbella y dictó un decreto de paralización de las obras a requerimiento de la Consejería de Obras Públicas, pero nunca se lo comunicó al promotor. Hubo que esperar a la disolución del Ayuntamiento y al gobierno de la Gestora que dirigió Marbella hasta las últimas elecciones municipales para que, en julio de 2006, se le notificara la orden de suspender las obras. Las nueve naves se quedaron a medio levantar.
Tomás Olivo es, de las decenas de empresarios procesados en el caso Malaya, el que muestra menos síntomas de noqueo. Se le atribuye capacidad para "seguir haciendo buenos negocios en Marbella" a pesar de la crisis que azota el sector inmobiliario. En primer lugar ha logrado salvar La Cañada. El plan general de ordenación urbana (PGOU) de Marbella contempla su regularización y consolidación como gran centro comercial. A cambio, deberá entregar terrenos para el futuro recinto ferial del municipio, donde deberá ejecutar obras por valor de 2,5 millones de euros, frente a los cuatro inicialmente previstos, además de ceder los viales y aprovechamientos urbanísticos correspondientes.
En segundo lugar, el Ayuntamiento le concedió a finales del año pasado licencia para edificar en la antigua sede de Radio Nacional de España en el municipio con arreglo al PGOU de 1986, de modo que no deberá hacer cesiones al municipio y podrá destinar el 60% de los más de 7.000 metros a uso residencial.
Incluso logró que el gobierno de la popular Ángeles Muñoz otorgara una licencia provisional para que una casa automovilística de lujo celebrara un evento en las naves y suelos de la tercera ampliación de La Cañada que están a medio construir.
* Málaga Hoy - 22.03.10
Foto: Marbella, centro comercial La Cañada - andalucia-travelguide.com
Salvemos el Ensanche
ALEJANDRO LILLO/Valencia* : La arquitectura y el urbanismo obedecen a unos intereses que no son neutros. A mediados del siglo XIX los potentados que gobernaban Valencia impulsaron la apertura de la calle de la Paz. Deseaban mejorar la vida en la ciudad, sí, pero tomaron esa decisión porque resultaba favorable a sus intereses. Querían descongestionar el centro urbano del tráfico creciente y agilizar la circulación de productos entre el Mercado Central y el puerto porque eran comerciantes e industriales, porque necesitaban que las mercancías fluyeran rápido para abaratar los costes. El plan preveía el derribo de la Torre de Santa Catalina y de cuantos edificios se interpusieran en su camino. Por fortuna, varios factores impidieron la realización del proyecto según el esbozo original, quedando conformada esta calle tal cual la podemos apreciar hoy.
Pasado siglo y medio de aquel proyecto, los líderes del PP en Valencia parecen no haber aprendido nada. Están dispuestos a repetir unas prácticas más propias del Ochocientos que del democrático siglo XXI en el que nos hallamos: me refiero a la decisión que han adoptado con respecto al barrio de El Cabanyal y su derribo. Si de lo que se trata es de repetir los usos burgueses del XIX no habrá inconveniente en que hablemos de lucha de clases.
Supongamos que, dada la excesiva afluencia de tráfico que soporta el centro de la ciudad, un grupo de ciudadanos propusiera la demolición de las viviendas que lindan con la Gran Vía para ampliarla en uno o dos carriles. Si se lo planteáramos al Ayuntamiento seguro que le parecería un despropósito, como también me lo parece a mí. Lo que sucede es que proponer la destrucción de El Cabanyal para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez es una barbaridad de similares dimensiones. Las razones que nuestros munícipes arguyen para llevar a cabo el derribo de este humilde barrio de pescadores podríamos utilizarlas también para reivindicar la demolición de algunas de las mansiones burguesas que limitan con la Gran Vía y la zona del Ensanche. Sería una medida que también nos beneficiaría a todos, ¿no les parece?
Entre el derribo de El Cabanyal y la hipotética ampliación de la Gran Vía no hay tantas diferencias. Ambos espacios se crean hacia finales del siglo XIX, y ambos reflejan una determinada realidad de la historia y la sociedad valencianas. El Cabanyal ha sido y es un humilde barrio de trabajadores, mientras que la zona de la Gran Vía y el Ensanche han sido y en parte siguen siendo hoy un barrio de casas lujosas y familias acomodadas. Si alguno de esos dos espacios desapareciera estaríamos falseando y destruyendo la historia viva de nuestra ciudad, esa ciudad que algunos dicen amar tanto.
En cambio, Rita Barberá Nolla, descendiente de aquellos potentados del XIX y del XX, los Nolla y Sagrera, está decidida a destruir ese humilde barrio mientras que seguro rechazaría la idea -igual de disparatada, repito- de ampliar la Gran Vía a costa de las majestuosas viviendas de la zona.
El Ayuntamiento y la Generalitat dicen actuar conforme a los intereses de los valencianos, pero los proyectos siempre los plantean para beneficiar a su gente. La polémica de El Cabanyal es sólo una manifestación visible de esos intereses y de esas políticas de clase que parecían ya relegadas al pasado pero que por desgracia están bien presentes en nuestros días. El PP valenciano viene actuando así desde hace tiempo, lo que pasa es que lo hace de forma silenciosa, sin el aspaviento y la publicidad que le dedican a otras cosas. En la superficie todo son fiestas y glamour, fórmulas uno y copas del América, pero en la trastienda la enseñanza y la sanidad, patrimonio de todos los ciudadanos, están siendo privatizadas. Así como los vecinos de El Cabanyal denuncian el abandono al que el Ayuntamiento ha sometido al barrio para justificar después su derribo, la enseñanza y la sanidad públicas están siendo desatendidas por nuestros dirigentes para justificar así su privatización.
En Valencia capital los colegios religiosos están subvencionados. En vez de promover una educación pública e igual para todos, el gobierno valenciano invierte nuestro dinero en escuelas católicas o ultracatólicas, algunas pertenecientes a la prelatura del Opus Dei, en las que además se fomenta una educación sexista. Entretanto, muchos centros de enseñanza públicos imparten las clases en barracones, con unas condiciones materiales deplorables.
Con la sanidad pasa lo mismo. El último centro inaugurado en la provincia, el hospital de Manises, lo lleva una empresa privada. La sanidad de todos deja de estar en manos públicas para pasar a gestión privada como un primer paso a su privatización definitiva. La salud de nuestros hijos y nietos entendida como una forma más de ganar dinero. Un modelo que se repite en Alzira, Torrevieja, Dénia, Elche y ya veremos si en el nuevo hospital La Fe.
Así es la política que lleva a cabo el PP en Valencia. La polémica de El Cabanyal sólo es una de las medidas más visibles que están dispuestos a tomar para lograr sus objetivos. Es un asalto a los derechos, los logros y la historia de los trabajadores de esta tierra; unos trabajadores que han luchado para conseguir que el Estado garantice unos servicios mínimos a los ciudadanos con independencia de su posición social y del dinero que ganen; un Estado del Bienestar que unos pocos están desmantelando para su propio beneficio. Si esto no son intereses de clase que baje Dios y lo vea.
* Alejandro Lillo es historiador.
* ELPAIS.com - Opinión - 22.03.10
Un láser barre toda España metro a metro
ELPAÍS* : Casi cada metro cuadrado de España está bajo el escrutinio de un láser aéreo. Desde 2009, el Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento, cartografía desde el aire el país para realizar el mapa topográfico más preciso jamás realizado. Al menos cada 1,4 metros cuadrados, el láser determinará la altura de ese punto con una precisión de 10 centímetros.
La principal aplicación es detectar zonas inundables, pero esta tecnología permite medir la altura de casi cada árbol y a partir de ella se puede calcular cuánto CO2 y cuánta madera almacena cada bosque.
José Carlos García, director de Dielmo, una de las empresas contratadas por el Instituto Geográfico Nacional, explica que "hasta ahora el mapa topográfico más preciso tenía una curva de nivel cada 10 metros". La tecnología Lidar (acrónimo de Laser Imaging Detection and Ranging) multiplica esa exactitud. "Con una precisión de 15 centímetros se sabrá la altura de cada punto", añade.
Un láser colocado en un avión va lanzando pulsos sobre el terreno. "El láser viaja a la velocidad de la luz y vuelve al punto de partida. En función de lo que tarde en regresar se puede conocer la altura del terreno", señala Diego Cuasante, director de Ingeniería y Medio Ambiente de la filial española de Blom, una empresa noruega. El avión vuela a unos 1.200 metros y barre el terreno. En función de la velocidad del vuelo puede lanzar hasta 15.000 pulsos por minuto. Si en alguna zona se quiere hacer un estudio aún más detallado se puede volar en helicóptero.
García señala que la principal aplicación es servir de base para "el plan de zonas inundables. Sirve para tener una buena precisión de las alturas del terreno y a partir de ahí, si se conocen los caudales que suelen tener los ríos, se puede ver la probabilidad de que se inunde el terreno". Pero las posibilidades son mucho mayores, como añade Cuasante. "En una zona boscosa, por ejemplo, parte del láser rebota en la copa de los árboles y parte sigue, así que también permite saber la altura de los árboles", señala Cuasante, que es ingeniero de Montes en la sede de la empresa en Madrid.
Por la pantalla del ordenador desfilan imágenes de una precisión asombrosa. Casi cada uno de los pinos piñoneros de un pinar de Córdoba aparece con un color distinto en función de su altura. Cuasante detalla que las posibilidades que abre el sistema son enormes.
Los inventarios forestales se hacen actualmente midiendo sobre el terreno. Se mide cuántos pies hay en una determinada zona y se estima a partir de ella cuántos hay en todo el bosque. "Con este sistema se acabó ir al campo, porque con un avión se puede conocer cuántos hay con precisión", repite Cuasante. A partir de esa imagen se puede deducir cuánta biomasa almacena una zona forestal, cuánto CO2, cuáles son las zonas más propensas para la propagación de un incendio...
José Carlos García muestra orgulloso cómo en su web ya se pueden consultar los resultados de 44.000 kilómetros cuadrados de Valencia (http://www.dielmo.com/Servidor_lidar_VALENCIA_IGN.php). Cada edificio de la ciudad aparece en la imagen con una altura y la herramienta permite ver el perfil entre dos puntos cualquiera. "En un congreso en Denver (EE UU), mostramos esta web y se quedaron muy sorprendidos", añade García.
La tecnología no es novedosa, pero los costes se han reducido tanto que ahora ya no es inviable medir toda España. El vuelo cuesta unos 14 euros por cada kilómetro cuadrado, con lo que por unos siete millones de euros se puede cubrir todo el país.
Este año estará prácticamente concluida toda la Península tras completar Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. El Instituto Geográfico Nacional ha optado por hacer todos los vuelos de una vez y luego publicar los datos en sus distintas aplicaciones en vez de ir encargando estudios parciales.
Hasta ahora muchos departamentos encargaban distintos estudios sin coordinación. Sólo Andalucía, que no ha firmado el convenio con el ministerio, queda fuera de la cobertura (aunque sí se ha hecho algún ensayo, como el de Córdoba). La Junta andaluza tiene las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir, así que el Gobierno espera que sea esa administración la que cartografíe sus zonas inundables.
* ELPAIS.com - 20.03.10
Foto: España, mapa topografico - campusvirtual.unex.es
Mil personas de 'Galiza non se vende' se manifiestan en Santiago contra la "privatización" del litoral y la especulación
20MINUTOS* : Unas 1.000 personas de la red de colectivos 'Galiza non se vende' se manifestaron hoy en Santiago por la defensa del territorio y contra la "privatización" del litoral, —unas 500 según fuentes de la Policía Local de Compostela—. Así lo explicó en declaraciones a Europa Press, el representante del Foro Social de Cangas, Santiago Pérez, quien señaló que la manifestación de hoy tuvo lugar para denunciar la destrucción de los sectores primarios y defender la soberanía alimentaria energética de Galicia.
En este sentido, denunció que la clase política gallega "está trabajando indiscriminadamente por los intereses de la grandes empresas y financieras", a lo que añadió que "los sectores primarios están siendo machacados totalmente por el sistema político".
En este sentido, lamentó la "destrucción" de la flota de bajura y la "destrucción de los valores" naturales. "Precisamente lo que nos metió en la crisis actual está siendo vendido todavía como receta", recalcó Pérez.
En la manifestación se encontraban representantes de más de 60 colectivos como Verdegaia, Payasos en Rebeldía, Amarante, SOS Courel o Amigos da Terra, así como de partidos políticos como Esquerda Unida-Izquierda Unida o miembros del Sindicato Labrego.
En declaraciones a Europa Press la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego, Carmen Freire, criticó las "agresiones" que se están llevando a cabo en Galicia como la situación de la minería en A Terra Chá o la situación del plan acuícola que, a su juicio, "comprometen la situación de toda la gente que vive en Galicia". Asimismo, subrayó el apoyo a propuestas como 'Galiza non se vende' por su lucha para "vivir de los medios de producción propios".
Durante la manifestación se pudieron escuchar diversas críticas en clave de humor contra el "Bloque Socialista Popular"; así, se realizó una peculiar subasta en la que se podía adquirir la Catedral de Santiago "sin andamios", el conjunto de las Illas Atlánticas con puertos deportivos o un Audi presidencial blindado. Junto a esto, se pudieron ver reivindicaciones a favor del gallego con pancartas que rezaban "un museo para o galego" ("un museo para el gallego") o "en Galiza en esperanto".
Por otra parte, a las 17.00 horas de hoy tendrán lugar en la Sala Nasa de Santiago un concierto con motivo de esta reivindicación en la que participarán entre otros grupos O Sonoro Maxín, Sacha na Horta, Pandereteiras Bouba así como representantes de Payasos en Rebeldía.
"avaricia" política
En declaraciones a Europa Press uno de los representantes de esta red de colectivos, Suso Ríos, criticó el "exceso de avaricia" que está llevando a acabar con puestos de trabajo mediante "un proceso permanente de apropiación indebida de lo que es público para ponerlo al servicio de las grandes empresas".
La última gran manifestación de 'Galiza non se vende' tuvo lugar durante el Gobierno bipartito (PSdeG y BNG) y a la hora de analizar la actuación del actual Gobierno gallego en manos del Partido Popular, señaló que la "situación no es ni mejor ni peor" porque, a su juicio, "se están siguiendo las mismas políticas".
Asimismo, recalcó que este problema ocurre igual con todos los partidos, "que el PP es el diablo ya lo sabíamos", el problema, a su juicio, es que los demás "no han hecho nada por cambiarlo". NORMATIVA
Uno de los temas sobres los que se hizo hincapié fue el de la modificación de la Ley del Suelo, al que Santiago Pérez definió como "una carta blanca para el capitalismo más salvaje".
Asimismo, explicó que la actual polémica sobre la instalación de una planta acuícola en Cabo Touriñán es un "ejemplo más" del "déficit" de espacios protegidos. "Cada vez existe una explotación en menos manos", sentenció.
En esta línea, lamentó que Galicia pase de ser una zonas con más territorio protegido del Estado a contar con ataques a puntos concretos como O Courel, así como planes de acuicultura o puertos deportivos.
En este sentido, llamó la atención sobre la necesidad de unas Directrices de ordenación del territorio que "estén pensadas para el bien común y que no defiendan una serie de intereses concretos de empresas".
* 20 Minutos - e.p. - 23.03.10
Foto: Manifestaron contra la destrucción del territorio- PATRICIA SANTOS, elpais.com
El juez anula la primera de las 44 licencias de Barreiros
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ELPAÍS/Lugo* : La batalla judicial que el bipartito emprendió para poner freno al caos urbanístico de Barreiros, donde el alcalde Alfonso Puente Parga, del PP, otorgó permisos para construir 5.800 viviendas en un municipio de 3.300 habitantes, ya conoce la primera sentencia. El juzgado de lo contencioso administrativo nº1 de Lugo ha anulado la licencia concedida a la sociedad Promociones Nordes, SL, en julio de 2006 para levantar cuatro edificios y 173 pisos en el lugar de San Miguel de Reinante, dentro del municipio de la Mariña lucense, por "no ser conforme a derecho".
Dicha urbanización fue una de las 44 que motivaron una segunda denuncia, esta penal, que la fiscalía basó en un informe de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adscrita a la Consellería de Territorio. En ella se acusa de prevaricación urbanística al regidor, a tres concejales y a la arquitecta municipal, Marta Geada, por amparar la mayoría de edificaciones pese a contar con el informe contrario de la secretaria municipal. Este segundo litigio se dirime en los juzgados de Mondoñedo después de que el ministerio público presentase denuncia el pasado 17 de diciembre.
Seis días antes, el 11 de diciembre, el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Lugo había dictado sentencia, la primera de una larga batería de recursos que la Xunta anterior interpuso contra los permisos concedidos por el Ayuntamiento de Barreiros. El fallo supone a la vez un grave contratiempo para el Gobierno de Feijóo, que pretendía legalizar todas esas urbanizaciones con un coste para la Xunta de siete millones de euros.El convenio para legalizar las urbanizaciones ilegales de Barreiros llevará la firma del alcalde del municipio de A Mariña, la Diputación de Lugo y la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Ese acuerdo permitiría dotar de servicios básicos (agua, luz y saneamiento) a las polémicas edificaciones, con una inversión global de 14 millones de euros, de los que la Xunta aportaría siete y los promotores inmobiliarios la otra mitad. La propuesta de convenio ha coincidido con el cese de Hipólito Pérez, anterior director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, instructora del expediente que motivó muchas de las denuncias.
Desde que se dio a conocer el acuerdo, el presidente de la Xunta repite que su Ejecutivo no está dispuesto a "amparar ilegalidades". El pasado jueves sin ir más lejos, Feijóo fue tajante tras la reunión semanal de Gobierno: "No vale todo en materia de urbanismo y mientras yo sea presidente de la Xunta los expedientes de disciplina urbanística seguirán tramitándose. No se puede construir en leiras sino en solares, y no se puede hacer lo que uno quiere sino lo que queremos todos a través de una ordenación y planificación urbanística".
El fallo que el juez de lo contencioso en Lugo emitió en diciembre no puede ser más tajante: en el momento en que concedió la licencia, el suelo donde el Ayuntamiento de Barreiros autorizó la construcción de los cuatro edificios "no tiene la condición de solar ni puede llegar a serlo si no es a través de un proceso de urbanización que supera la consideración de obras de pequeña entidad". Y continúa: "Debe recordarse que los solares cumplen entre otros unos requisitos, a saber: acceso por vía pública pavimentada, el agua abastecida que debe ser potable, la evacuación de aguas tendrá que realizarse a la red de saneamiento, el suministro de energía eléctrica y el alumbrado público deberán tener condiciones de caudal y potencia adecuada a los usos permitidos".
El fallo del juez, que cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, concluye: "La licencia impugnada no debió otorgarse pues era exigible que los terrenos donde estaban proyectadas las construcciones de las viviendas hubiesen, previamente, asumido un proceso de urbanización para la dotación de los servicios urbanísticos a que se vino haciendo mención".
En los fundamentos de derecho alude al informe de la secretaria municipal de Barreiros que pidió, sin éxito, al alcalde Alfonso Fuente Parga la suspensión del permiso que iba amparar la edificación de 173 pisos en San Miguel de Reinante.
El pasado jueves, el presidente de la Xunta dio a entender que los tribunales se pondrían de parte del Gobierno municipal de Barreiros en los litigios que le enfrentan a la Xunta. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de Gobierno, Feijóo aseguró que, por la información que maneja, los jueces están dando la razón al alcalde de Barreiros. "De momento, por lo que yo sé, las sentencias las está ganando todas el Ayuntamiento de Barreiros", defendió el presidente. Hasta ahora ningún juzgado avaló las decisiones del regidor popular Alfonso Fuente Parga.
* ELPAIS.com - 22.03.10
Foto: Barreiros (Lugo) - lavozdegalicia.es
El urbanismo de Orpesa en los tribunales
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LEVANTE/Castelló* : Orpesa lleva más de dos décadas viviendo una convulsa planificación urbanística, como se desprende de las numerosas denuncias recibidas por los tribunales por esas irregularidades urbanísticas. Unas anomalías que pueden costarle caro al contribuyente local. El detonante fue el caso del edificio París y tras él siguieron los Sol d´Or y Bernat, cuya irrupción en primera línea de la playa de Morro de Gos conllevó acusaciones de irregularidades en los procesos de concesión de licencias y constructivos, dirimidos en los tribunales, con sentencias negativas para el consistorio.
La última, de 2007 refrendada en enero de 2010 obliga a demoler el Bernat y anula la modificación puntual del PGOU que en 2000 pretendía legalizar la construcción de estos bloques de apartamentos en la playa.
No son casos aislados, porque en el otro arenal, la Concha, el edificio Porto Mar también tiene una sentencia pendiente de ejecutar que ordena el derribo. Y en el entorno de Morro de Gos, se extiende la Albufera o lo que queda de ella, atravesada y partida por la avenida de Barcelona, que también registró denuncias jurídicas tanto en el proceso de construcción del vial sobre un humedal como por las desecaciones y aterramientos efectuados para poder construir en el interior de esa zona húmeda.
La sentencia del TSJ ordenando el derribo del Bernat, a la par que apercibía al alcalde, Rafael Albert (PP) de que debía pagar 1.000 euros semanales desde el 1 de febrero, si incumplía el fallo o no adjudicaba el plan de derribo, devolvió al primer lugar de la actualidad el modelo de urbanismo orpesino. El mismo que obligó a indemnizar con tres millones de pesetas para evitar el derribo del edificio Sol d´Or, idéntica solución aplicada en el caso del París -con sentencias condenatorias del Supremo-.
En los tres casos, el consistorio intentó adaptar la ilegalidad a la legalidad, mediante la modificación puntual del PGOU en la zona noroeste. Sin éxito, puesto que el TSJ y el Supremo anularon la medida, que había sido aprobada también por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput).
Deficiencias por todo el término
Las huellas de las anomalías del urbanismo orpesino se reparten por todo el término. Así, las urbanizaciones de Torre Bellver, Tossal Natural, la Renegà, o Els Quarts tienen pendiente de normalizar deficiencias urbanísticas. En el caso de los dos primeros, se reduce el ámbito de protección de dos BIC, las torres Colomera y Corda para urbanizar. Para ello se reduce esa zona acotada, atendiendo a los intereses de las empresas constructoras que impulsan un hotel y una urbanización, respectivamente, ante el mar.
Son algunas, que no todas, de las muestras de un urbanismo atípico, como apuntan los expertos, y confirman las sentencias judiciales que pueden llevar al municipio «a una quiebra, si tenemos que indemnizar», apunta el edil del Bloc, Josep Lluís Romero. El mismo que recuerda que en múltiples ocasiones alertó a los gobernantes de los problemas que derivarían de sus votos en las actuaciones urbanísticas ahora cuestionadas por la justicia.
* Levante-EMV - 22.03.10
Foto: Orpesa (Castelló), playa de Morro de Gos - mma.es
Galicia: Adega afirma que la Lei do Solo supondrá más especulación
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FARODEVIGO* : La Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega) ha asegurado hoy que la reforma de la Ley del Suelo que saldrá adelante la próxima semana en el Parlamento gallego supone "más especulación, impunidad y desastre ambiental". Según apunta esta organización en un comunicado, la Xunta persiste en los "errores" e "infla de nuevo la burbuja inmobiliaria a base de suelo rústico, más desprotección y discrecionalidad".
Adega argumenta que incrementar las oportunidades para la especulación urbanística y dar mayor cobertura a la discrecionalidad no es lo que Galicia precisa.
Además, según este colectivo, "no es el modo ni el momento" para la modificación de esta ley, ya que, a su juicio, "no hay razones que justifiquen la urgencia y la prepotencia de su imposición".
Adega sostiene que "lo verdaderamente urgente" es la elaboración de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) que sirvan de base para el desarrollo de los Planes Sectoriales y de Ordenación, así como para cualquier modificación de la Ley del Suelo.
También considera Adega que esta reforma no es un "buen precedente" para el Plan de Ordenación del Litoral (POL).
La asociación ecologista compromete su apoyo para el desarrollo de unas nuevas DOT y se declara en contra de quedarse "callada" y de ser "cómplice" de la "involución territorial" que se pretende perpetrar con la modificación de la Ley del Suelo, "un de los mayores atentados cometidos nunca contra la esencia misma de Galicia".
* Faro de Vigo - EFE - 21.03.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
El modelo inmobiliario español y sus consecuencias
J.M.NAREDO* : El contexto general en el que se inserta este Coloquio viene marcado por el pasado boom inmobiliario, que alcanzó en España una intensidad y duración sin precedentes, originando una crisis económica también sin precedentes. Y junto con este boom también culminó y entró en crisis el modelo inmobiliario que lo había propiciado. Pues este modelo acentuó el comportamiento cíclico de la actividad inmobiliario-constructiva, haciendo que las burbujas inmobiliarias condicionaran la marcha de la economía española con mucha más intensidad que en los otros países europeos. El creciente peso del negocio inmobiliario y de la construcción de viviendas e infraestructuras, colaboradora necesaria de ese negocio, corrió en paralelo con el desmantelamiento industrial y agrario observado tras la adhesión de España a la UE.
La construcción se erigió, así, en la verdadera industria nacional, cuyo peso económico se elevaba bien por encima de la media europea, pese a que en España se contara ya con más viviendas y kilómetros de autopista per capita que en los otros países de la UE. Y, finalmente, la sobredimensión de la actividad inmobiliario-constructiva hizo que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria fuera mucho más traumático en España que en otros países europeos. Pues la financiación de un stock de viviendas tan sobredimensionado, exigió tasas de endeudamiento de los hogares y las empresas del sector muy superiores a las de los países de nuestro entorno. El “efecto riqueza” derivado de las plusvalías inmobiliarias y la pujante actividad constructiva, acentuaron la euforia consumista y el déficit exterior de la economía española. Si a esto se añade el notable déficit y endeudamiento público ocasionado por las políticas “anti-cíclicas”, tenemos que la economía española sufre desequilibrios sin precedentes cuyo saneamiento le exige ahora la disciplina del euro.
- Marco conceptual
La especie humana es la única a la que no le bastan los instintos para orientar su comportamiento, sino que tiene que acudir a esquemas simbólicos o culturales que den sentido y otorguen racionalidad a lo que hace. Y entre las creaciones de la mente humana que hoy gobiernan nuestra existencia destaca cada vez más la idea usual de lo económico (Naredo, J.M., 2003), con la convención social del dinero que le da vida y sus afanes de crecimiento permanente, con evidente incidencia en el territorio, el urbanismo y la construcción. La globalización económica, al proyectar sobre el patrimonio inmobiliario su reduccionismo monetario, tiende a unificar también, sin decirlo, los modelos de orden territorial, urbano y constructivo.
Desde hace tiempo vengo señalando que las reglas del juego económico habitual, guiado por la brújula del lucro, promueven modelos territoriales, urbanos y constructivos específicos, salvo que existan barreras mentales e institucionales que se lo impidan. Cuando estas barreras se diluyen dejando que el afán de lucro ordene y construya a su antojo la ciudad y el territorio, se observan dos fenómenos solidarios. En primer lugar, tienden a desatarse patologías de crecimiento que fuerzan la expansión de los procesos de urbanización y sus servidumbres territoriales a ritmos muy superiores a los del crecimiento de la población y de su renta disponible. En segundo lugar estos procesos se ajustan implícitamente a los siguientes modelos de orden territorial, urbano y constructivo: 1º) se impone un modelo territorial que polariza el espacio en núcleos atractores de población, capitales y recursos, y áreas de abastecimiento y vertido, con sus redes y servidumbres; 2º) se impone el modelo urbano de la conurbación difusa (urban sprawl) que separa y expande por el territorio las distintas piezas de la ciudad, requiriendo potentes infraestructuras de transporte para conectarlas y asegurar su funcionamiento; y 3º) se impone como único modelo constructivo un estilo universal, que separa las partes del edificio, empezando por la estructura, convertida en un esqueleto de vigas y pilares, para abordar después la cubierta, el cerramiento, …y la climatización, haciendo abstracción de las condiciones y los materiales del entorno.
La expansión urbana apoyada en estos modelos requiere consumos de territorio y de recursos muy superiores a los que demandaba la arquitectura vernácula y la ciudad clásica o histórica, que inducen a considerar a la especie humana como una especie de patología terrestre. Hern, W.M. (1990), médico de profesión, apreció una fuerte analogía entre la evolución del melanoma y la patológica incidencia de la especie humana sobre el territorio. Este autor enumeró las siguientes características de los procesos cancerígenos: 1- Crecimiento rápido e incontrolado. 2- Indiferenciación de las células malignas. 3- Metástasis en diferentes lugares. 4- Invasión y destrucción de los tejidos adyacentes. A mi juicio, existe un paralelismo todavía más marcado que el indicado por este autor entre las características mencionadas y el modelo territorial, urbano y constructivo que se deriva de las reglas del juego económico dominantes (Naredo, J.M. 2005 y Naredo, J.M. y Gutiérrez, L. (Eds.), 2005).
El “crecimiento rápido e incontrolado” de la urbanización opera al verse movido por afanes de posesión y lucro ilimitados. La “indiferenciación de las células malignas” ofrece clara similitud con el predominio de un único modelo constructivo: el que hemos denominado “estilo universal”, que dota a los edificios de un esqueleto de vigas y pilares (de hierro y hormigón) independiente de los muros, por contraposición a la arquitectura vernácula, que construía los edificios como un todo indisoluble adaptado a las condiciones del entorno y utilizando los materiales de éste (Naredo, J.M., 2005). A la vez que la aparición de “metástasis en diferentes lugares” encaja como anillo al dedo con la naturaleza del nuevo modelo de urbanización: el de la “conurbación1 difusa”, que separa además las distintas funciones de la ciudad, por contraposición a la “ciudad clásica” o “histórica”, más compacta y diversa. Pero aquí ya no son los canales linfáticos del organismo enfermo los que permiten la extensión de las metástasis, sino el viario y las redes que el propio sistema construye a propósito, para posibilitar su difusión hasta los lugares más recónditos.
En lo que concierne a la “invasión y destrucción de los tejidos adyacentes”, las tendencias indicadas no ayudan a mejorar los asentamientos y edificios anteriores, sino que, en ausencia de frenos institucionales que lo impidan, los engullen y destruyen, para levantar sobre sus ruinas los nuevos e indiferenciados modelos urbano-constructivos. Además, las expectativas de urbanización contribuyen a desorganizar los sistemas agrarios próximos, a la vez que las demandas en recursos y residuos que plantea el nuevo modelo de urbanización extienden la “huella” de deterioro ecológico hacia puntos cada vez más alejados.
El resultado conjunto de estas tendencias es la creciente exigencia en recursos naturales y territorio, que acentúan las servidumbres indirectas que tal modelo comporta, unidas a la evolución simplificadora y esquilmante de los propios sistemas agrario-extractivos. Los procesos indicados están produciendo un cambio de fase (Margalef, R., 2004) en el modelo territorial que denota la extensión de la dolencia descrita en las zonas más densamente pobladas: se está pasando de un mar de ruralidad o naturaleza poco intervenida con algunos islotes urbanos, hacia un mar metropolitano con enclaves de campo o naturaleza cuyo deterioro se trata, en ocasiones, de proteger de la patología en curso.
* José Manuel Naredo se doctoró en economía en la Universidad Complutense de Madrid y se formó también en Estadística e Historia de la estadística, campo en el que desarrolló una labor considerable.
www. sinpermiso.info
* Rebelión - sinpermiso.info - 7.03.10
NOTA: El artículo entero, muy interesante, se ha incluido en la Biblioteca Digital del menú de este blog.
Más de 4.000 personas tomaron Palma para manifestarse contra la corrupción
DIARIODEMALLORCA* : Más de 4.000 personas se concentraron ayer en la plaza de España y recorrieron las principales calles de Palma para manifestarse contra los numerosos casos de corrupción que están azotando a la política balear. La Plataforma contra la Corrupció i la Dignificació de la Democràcia, formada per unas cien entidades ciudadanas, sindicatos y asociaciones ecologistas, fue la organizadora del acto que culminó con la lectura de un manifiesto en la plaza de Cort.
Desde la organización hablaron de cerca de 8.000 personas, pero la Policía creía que no superaban las 4.000.
A lo largo del recorrido, desde la plaza España, pasando por las calles Olmos, Sant Miquel y la plaza Mayor, se escucharon numerosos cánticos contra la corrupción política. El más unánime fue el de "ladrones y corruptos a la cárcel". También hubo gritos exigiendo la devolución de los dineros malversados en las diferentes tramas destapadas por la justicia.
Los manifestantes portaron numerosas pancartas, todas ellas alusivas a los casos como Maquillaje, Palma Arena, Andratx, Can Domenge y el Scala, entre otros. La mayoría de pancartas llevaban los logotipos del PP y de UM. Desde la organización obviaron nombrar a ningún partido político, lo que sí dijeron era que "todo el mundo ya sabe quienes son".
Contra la Corrupción: Participación Ciudadana fue el título del manifiesto donde los convocantes exigieron una "profunda regeneración de la clase política balear y que se dignifiquen y protejan nuestras instituciones de corruptos y corruptores". Asimismo abogaron por "acabar con las políticas que utilizan el poder para imponer intereses privados frente a intereses colectivos y no defienden ni el territorio ni la cultura".
Durante toda la marcha de protesta, tambores y cornetas acompañaron a los manifestantes y amenizaron el recorrido. Mucha gente se sumó a la cadena humana llenando por competo la plaza de Cort y las calles contiguas.
La manifestación se desarrolló sin incidentes. Los únicos momentos de tensión se produjeron en la plaza de España cuando los integrantes del Círculo Balear, entidad que al final no se adhirió a la protesta contra la corrupción organizada por la Plataforma, fueron silbados por los manifestantes al desplegar unas grandes pancartas desde un edificio. En las pancartas se podía leer el nombre de Círculo Balear y llevaban sujetas la bandera española y la mallorquina.
Entre los políticos que participaron en la manifestación cabe destacar al portavoz del Bloc en el Parlament, Gabriel Barceló; el diputado por esta misma formación, Miquel Àngel Llauger; y la consellera de Asuntos Sociales, Josefina Santiago. Por parte del PSOE se pudo ver al también diputado Miquel Àngel Coll.
ANECDOTARIO
· Un paso de Semana Santa se sumó a la manifestación– Pocos minutos antes de arrancar la manifestación, en plena plaza de España, apareció un paso de Semana Santa con sus correspondientes costaleros. La gente pensó que también se sumaban al acto reivindicativo, pero al percatarse los costaleros cambiaron de ruta.
· El Círculo Balear irrumpió y saludó en la plaza España– Desde un edificio de la plaza España se desplegaron las dos grandes pancartas del Círculo Balear construidas de forma vertical. En los balcones se pudo ver a sus dirigentes saludando a la gente de la calle, mientras se escuchó una sonora pitada de los manifestantes.
· Aclaraciones y gritos de "racistas"– Durante los Parlamentos, el portavoz de la Plataforma, Tomàs Balaguer, lanzó una proclama contra "los que vienen de fuera y nos roban el dinero". Esta proclama no sentó muy bien a algunos de los presentes y lanzaron gripos de "racistas". Acto seguido Balaguer aclaró el entuerto explicando que el acto era para revindicar el cese de la corrupción, tanto de los de fuera como de los políticos de aquí.
· Pancarta con la cara de Matas– Una de las pancartas era con la cara de Matas en situación comprometida y que lo culpaba de todos los desmanes de corrupción acaecidos en las islas. Evidentemente otras se acordaron de Munar, pero sin reproducir su rostro.
* Diario de Mallorca - 21.03.10
Foto: Imagen de la pancarta que encabezó la manifestación entrando en la plaza de Cort. - Miquel Massutí, diariodemallorca.es.jpg
La corrupción complica la vida al PNV
ELPAÍS/Bilbao* : Nunca en los 30 años de historia de la democracia, la corrupción había acechado tan de cerca a cargos del PNV, el partido mayoritario en Euskadi que siempre ha apelado a "la honradez" como una de sus señas de identidad en su centenaria trayectoria. "Aquí no ha salido ningún caso, nadie del PNV que haya metido la mano en el cajón", señalaba ufano, hace unas semanas, un alto cargo público peneuvista vizcaíno. Para su intranquilidad, el PNV encara la incómoda situación que siempre supone ver cómo se resuelven imputaciones de corrupción contra cargos suyos en cada uno de los tres territorios históricos, surgidos en apenas medio año.
Episodios turbios ha habido en estas tres décadas, el más sonado el de las tragaperras, que en los años 80 relacionó la financiación del PNV con el dinero obtenido en la concesión de licencias para las máquinas de juego. Lo que ha cambiado es la concentración de escándalos, que empezaron hace tres años en Guipúzcoa con el caso Jauregi -el candidato elegido a diputado general y que se quedó en el camino tras descubrirse que no había declarado a Hacienda parte de sus ingresos-, siguieron con las irregularidades en el futuro Museo Balenciaga que afectan directamente al ex alcalde jeltzale Mariano Camio, hasta llegar al caso Bravo, el ex senador peneuvista implicado por recibir 1,4 millones de una sociedad a la que ayudó a defraudar cuando era director de la Hacienda foral. Jauregi ha mantenido el tipo al seguir como hombre de confianza de Joseba Egibar en la dirección del PNV guipuzcoano, y consejero de Kutxa, mientras Camio y Bravo esperan aún la resolución de sus respectivos procesos judiciales.
Pero la bola se ha extendido al resto de territorios. Y, además, con rapidez: desde el sonado episodio de esta semana en Álava al ser imputados por corrupción ocho significados militantes del PNV a la apertura en Vizcaya por parte de la Fiscalía de una investigación sobre la recalificación de terrenos a la familia de la alcaldesa de Lezama, ocho meses después de haber firmado su venta por 6 millones.
Gran parte de los escándalos surgidos pueden quedar sustanciados, de hecho, a pocos meses de las elecciones forales y municipales de 2011. Y, además, su aparición viene a coincidir con el momento de mayor desventaja para el PNV, al verse fuera por vez primera de la Lehendakaritza. Por si fuera poco, la presunta trama de corrupción en él ámbito de la Diputación de Álava ha afectado a dirigentes del partido, otro hecho insólito hasta ahora en la formación nacionalista.
DIPUTACION DE ÁLAVA La trama de comisiones
Es el último y, en principio, el caso de mayor gravedad, al encontrarse implicados nada menos que un ya ex diputado foral, Alfredo de Miguel, y siete destacados miembros del PNV en el territorio alavés. Los escasos datos que han trascendido, al encontrarse la investigación judicial bajo secreto de sumario, indican que existe una red para el cobro de comisiones ilegales en la compraventa de terrenos en el Parque Tecnológico de Miñano, en las afueras de Vitoria, pero también en otros negocios, que se canalizaban a través de la empresa Kataia Consulting, creada en 2005 y dirigida al asesoramiento, entre las que figuran como administradoras Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu y Araceli Bajo, las esposas, respectivamente de Alfredo de Miguel,
Koldo Otxandiano y Aitor Tellería, todos imputados. La sociedad está registrada en el local de la sociedad gastronómica Etxezarra, donde De Miguel, que ha negado todos los posibles cargos al tiempo que denuncia la indefensión de que ha sido objeto, acostumbraba a reunirse con sus amigos para cerrar acuerdos, según la investigación. Los primeros datos conocidos revelan que esta empresa sería la caja de recaudación de la trama.
Los hechos, si los confirma la investigación emprendida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, dejan muy tocada a la dirección peneuvista, especialmente porque De Miguel era el principal candidato a liderar al PNV en Álava en 2012, al igual que se había especulado con la posibilidad de que Alfonso Arriola, otro de los imputados, fuera el próximo candidato jeltzale al Ayuntamiento de Vitoria.
Nunca tampoco hasta ahora había sido detenido un cargo peneuvista de tal rango, un diputado foral. Pero en el resto de investigados no hay personas irrelevantes: el actual dirigente del ABB Aitor Tellería; el ex director del Parque Tecnológico Alfonso Arriola, actual asesor en el Tribunal Vasco de Cuentas de Eusebio Melero, miembro a propuesta del PNV, o la candidata del PNV en las elecciones al Parlamento Iratxe Gaztelu.
Todo apunta a que las presuntas irregularidades se canalizaban a través de la empresa Kataia. La investigación está todavía en una fase inicial, según fuentes judiciales, con lo que el caso puede convertirse en un purgatorio para el PNV precisamente en Álava, donde es la tercera fuerza política y se arriesga a seguir perdiendo influencia en favor del PSE y el PP.
AYUNTAMIENTO DE LEZAMA La recalificación
Unos días antes de lo ocurrido en Vitoria, se destapó el escándalo en el pequeño municipio de Lezama, de apenas 2.400 habitantes, que ha motivado la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía de Vizcaya. No hay ningún cargo de peso del PNV implicado, pero la documentación existente es de la mayor relevancia conocida hasta ahora en una presunta corrupción en un ayuntamiento.
La Fiscalía maneja ya el acuerdo privado firmado en febrero de 2007 entre seis familiares (padre, tía y cuatro primos) de la alcaldesa de Lezama, Alaitz Etxeandia (PNV), por el que vendían terrenos a dos constructoras a cambio de seis millones de euros. Un pacto suscrito ocho meses antes de que todo el plan urbanístico de Lezama se aprobara definitivamente (fue en octubre de 2007), lo que significó que ese suelo, que estabacalificado desde 1993 por el Gobierno de urbano inundable (que sólo permitía en este caso obras de saneamiento o la creación de una zona verde), se recalificara para un uso residencial. Lo llamativo es que el acuerdo, que especifica el cobro y sus condiciones, está plasmado en un auto judicial, lo que ha permitido destapar el escándalo. ¿Por qué? La familia de la alcaldesa demandó a las constructoras por un supuesto incumplimiento del contrato y finalmente se llegó a un nuevo acuerdo que fijaba la compraventa en 5,3 millones, de los que los Etxeandia han percibido 2,2 millones.
En esta historia llama la atención que la eliminación de la calificación de inundable la adoptó la Dirección de Aguas del Gobierno en junio de 2007 basándose en un informe presentado por el Ayuntamiento sólo cuatro días antes de que el Gobierno decidiera, como es preceptivo, sobre el plan urbanístico de Lezama. Aguas admite que el informe "sólo ha podido ser analizado con premura" pero lo acepta, cuando hasta ahora el criterio del Ejecutivo ha sido siempre aumentar, y no reducir, las manchas de inundabilidad en los municipios.
A esto se añade que el plan urbanístico por Lezama está anulado desde junio por el Tribunal Superior y que la alcaldesa ha votado hasta tres veces en el impulso del proyecto urbanístico de su familia, incumpliendo la Ley de Procedimiento Administrativo que le obliga a abstenerse.
DIPUTACIÓN DE VIZCAYA Los bonos del 'ferry'
Por vez primera en sus 30 años de historia, las Juntas Generales de Vizcaya van a constituir una comisión de investigación. El asunto es también indagado desde octubre por la Fiscalía y se refiere a la desaparición de más de 35.000 bonos del ferry Pride of Bilbao, que la Diputación compró en 1995 a la naviera. Formaban parte de los más de 46.500 billetes que adquirió como ayuda al servicio marítimo, que la UE declaró luego ilegal al considerarla una ayuda de Estado. Ello se tradujo en la devolución de 13 millones de euros de la empresa a la Diputación; ésta abonó a la compañía 3,2 millones por 10.700 bonos utilizados hasta 2007, pero luego debió pagar otros 9,7 millones más por los 35.700 restantes, ya que no se encontraban. El Tribunal Vasco de Cuentas ha constatado que hubo una pérdida patrimonial de esos 9,7 millones y el PP, que tramitó la denuncia, apunta a los responsables del PNV. "Sólo hay tres opciones: la destrucción de manera negligente, el robo o la desaparición deliberada para dar una ayuda de Estado ilegal", dice el portavoz del PP Carlos Olazabal. El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha afirmado que " nadie se ha llevado a casa un euro de los bonos del ferry".
HACIENDA DE GUIPÚZCOA El caso Bravo
Todavía sigue bajo investigación el presunto trato a favor de Víctor Bravo, ex director de la Hacienda de Guipúzcoa y ex senador del PNV, a un grupo empresarial (el catalán Glass Costa Este Salou). Se le acusa de haber recibido 1,4 millones de esta compañía a cambio de colaborar en que dicha firma falseara su domicilio fiscal, y disfrutar ilegalmente así de una tributación más ventajosa. Este escándalo se suscitó después de que dos años antes se imputara a su hermano José María Bravo, cuando era director de la oficina de la Hacienda en Irún, haber defraudado 8,1 millones al fisco y apropiarse de 1,7 millones de deudas de contribuyentes morosos.
GETARIA El Museo Balenciaga
Fue en 2008 cuando la Fiscalía de Guipúzcoa presentó una querella criminal contra el ex alcalde de Getaria, Mariano Camio, por falsificación de documentos, engaño y uso indebido de dinero en la construcción del Museo Balenciaga. Se refería a que Camio, quien fue alcalde del PNV entre 1983 y 1999, año que lo dejó para dirigir la Fundación Balenciaga, cometió desvíos de fondos, que llevaron a triplicar el presupuesto del museo hasta los 18 millones de euros.
El ex alcalde ocultó documentos, según la comisión de investigación del Parlamento, y benefició al otro imputado, su compañero sentimental el arquitecto cubano Julián Argilagos, en paradero desconocido, lo que ha paralizado la investigación judicial.
* ELPAIS.com - 21.03.10
Foto: Vitoria , sede Diputación foral - portalviajar.com
La herencia de Marbella echa raíces
SUR/Málaga* : La semana ha mostrado dos expresiones de la falta de rumbo en la política urbanística. EL problema de establecer espacios de impunidad en relación con hechos del pasado no es tanto la falta de justicia sobre lo ya sucedido, sino los precedentes que condicionan lo que habrá de suceder. La legalización masiva de pisos irregulares en Marbella ha tenido su repercusión: todos quienes han construido al margen de las normas quieren sumarse a la ola del indulto general amparados en el irrefutable argumento de por qué ellos sí y yo no.
De poco sirve explicar que en Marbella sólo se podrá legalizar a través de compensaciones porque el argumento no es atendido. Hubiera sido más creíble la imagen pedagógica de alguna estructura reducida a escombros que explicara que esto no es una amnistía general.
El razonamiento es más o menos el siguiente: si en Marbella -donde hubo una organización que permitía construir a cambio de pagar comisiones y cuyo funcionamiento quedó reflejado en una investigación policial que desveló una contabilidad minuciosa de cobros de empresarios y pagos a concejales y conexiones con jueces, funcionarios y policías corruptos, donde el legado es más de 16.500 viviendas que se regularizan, y donde se ha aceptado sin más la condición de víctimas de los compradores de esas viviendas- no se ha visto una sola piqueta ¿con qué autoridad moral se quiere ahora impartir justicia urbanística en cualquier otro rincón no ya de la provincia sino de todo el litoral español?
La polémica del urbanismo tuvo esta semana dos episodios. Por un lado, la manifestación de residentes extranjeros , mayoritariamente de La Axarquía, no pidiendo sino exigiendo la legalización de sus viviendas. Por el otro, la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de un reglamento que refuerza las competencias municipales a la hora de imponer la disciplina urbanística. Se trata de dos expresiones de lo que se podría denominar la herencia del caso Marbella.
Ya llamó la atención anteriormente en Marbella y ahora lo hace en la zona de La Axarquía, donde la barbarie urbanística no ha sido en vertical, sino de un modo que podría bautizarse como salpicado: las manifestaciones no son para que se castigue a los culpables, sino para pedir impunidad. Los compradores de viviendas levantadas al margen de la ley salen a la calle para exigir a las administraciones que les solucionen el problema, no para reclamar que se castigue a quienes los estafaron al venderles un inmueble ilegal o concediéndoles una licencia que no se podía conceder. Reclaman que los poderes públicos abdiquen del interés común y se conviertan en cómplices. Los beneficiarios de la barbarie urbanística tienen nombre y apellido, y resulta inexplicable que las víctimas no quieran ir contra ellos. Pero más inexplicable sería que se concediera la impunidad para evitar que las protestas acaben en un pedido de responsabilidades a quienes no ejercieron, o lo hicieron mal, la obligación de control.
La decisión de la Junta de dar a los ayuntamientos la potestad de llegar hasta el derribo de las viviendas irregulares cuando su legalización sea manifiestamente imposible no es más que una forma de reducir los plazos de manera que se dificulte la política de hechos consumados que tanto daño hizo en Marbella y que convirtió a los compradores-víctimas en rehenes de los promotores-victimarios, pero evita afrontar el asunto central: la proliferación de delitos urbanísticos nació de la corrupción en los propios ayuntamientos o, en el mejor de los casos, de la necesidad de las administraciones locales de financiarse a través del urbanismo. Quien autoriza o hace la vista gorda difícilmente va a echar mano del nuevo reglamento para derribar lo que acaba de permitir.
Todo esto lleva a reafirmar la convicción de que mientras no se haga un serio balance autocrítico de lo que sucedió en estos años, especialmente en Marbella pero no sólo en Marbella, será imposible coger el timón y enderezar el rumbo.
* SUR - 21.03.10
Foto: diariosur.es
Siguen aumentando las construcciones en cauces y en zonas de alto riesgo de inundación
En el Día Mundial de Agua, que se celebra el 22 de marzo, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* quiere llamar la atención sobre el estado de abandono en el que se encuentran nuestros cauces y riberas, en los que las diferentes administraciones siguen permitiendo que se construya y se lleven a cabo todo tipo de vertidos y demás deterioros ambientales.
Ecologistas en Acción estima que existen más de cuarenta mil construcciones situadas dentro del dominio publico hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación, siendo en su mayor parte viviendas, aunque también hay otro tipo de construcciones e instalaciones, como son polideportivos, campings, parques públicos, colegios, etc. Una parte de estas construcciones se encuentran situadas en zonas de muy alto riego para las personas, en el caso de que se produzca una avenida.
La responsabilidad de esta situación reside mayormente en las diferentes administraciones implicadas pues, aunque la legislación al respecto es bastante clara (artículo 28 del Plan hidrológico Nacional), exigiendo a las administraciones la eliminación de estas construcciones, lo cierto es que las mismas hacen caso omiso a lo establecido en la normativa, al considerar políticamente “incómodo” la eliminación de esas construcciones. Las administraciones implicadas, y por tanto con competencias en el tema, son las Confederaciones Hidrográficas, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, así como los gobiernos autonómicos y municipales, al depender de los mismos la actividad urbanística.
Ecologistas en Acción considera que esa dejación de funciones por parte de las administraciones responsables está favoreciendo que se sigan incrementando las construcciones en el dominio público hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación, por lo que el riesgo de que se produzcan sucesos como el del camping de Biescas o el de Cerro de Reyes en Badajoz, se incrementa día tras día. En este sentido, la organización ecologista hace responsables a las administraciones con competencias en el tema de que sucesos de estas características puedan volver a sucederse, dado que podrían evitarse, pues si bien es cierto que a medio plazo no se puede saber cuando, donde y cuanto va a llover, siempre se sabe por donde va a correr el agua.
Asimismo, Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre la falta de eficacia frente a avenidas de los encauzamientos de hormigón pues, a parte de suponer la destrucción del río, concentran los caudales, incrementando la velocidad del agua, a la vez que generan una sensación de falsa seguridad, favoreciendo la construcción en su entorno inmediato. Sin embargo, cuando el agua supera la capacidad del encauzamiento, ésta se desplaza sin ningún tipo de control (tanto en el camping de Biescas, como en el barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz, los cursos de agua se encontraban encauzados).
Por último, Ecologistas en Acción hace un nuevo llamamiento a las administraciones públicas para que, cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente, procedan a la eliminación de todas las construcciones y vertidos de todo tipo existentes sobre el dominio público hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación y que a continuación procedan a la restauración del bosque de ribera autóctono, cuya eficacia contra el riesgo de avenidas está sobradamente demostrada.
* Ecologistas en Acción - 20.03.10
Foto: Carros sumergidos en un hipermercado de Valencia (archivo) - elpais.com
Imputado el alcalde de Alhaurín de la Torre por vender a la baja fincas públicas
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ELPAÍS/Málaga* : El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP) tendrá que comparecer mañana lunes como imputado ante un juez de Málaga por un presunto caso de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la venta de unas parcelas municipales a unos promotores. Supuestamente, los terrenos -50 hectáreas en la zona de Tabico- se valoraron por el consistorio muy por debajo de su precio de mercado. Según la denuncia que ha dado origen a la investigación, el daño patrimonial a las arcas municipales se eleva a 2,4 millones de euros.
Además, en la demanda se relata un presunto pacto entre responsables municipales y los promotores, que permitió a éstos adquirir las parcelas antes de que se realizara el proyecto de reparcelación y la ordenación urbanística de la zona, lo que multiplicaría el valor de los terrenos.
Junto a Villanova, también están imputados en el caso el concejal de Urbanismo, Gerardo Velasco; el arquitecto municipal, Manuel Atienza; el asesor jurídico del consistorio Manuel González Lamothe; y los promotores beneficiados, Sergio Portales Ponce y Enrique Portales Sánchez.
Un portavoz del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha negado la existencia de irregularidades, y sostiene que toda la actuación municipal está avalada por informes jurídicos y técnicos, así como por tres tasaciones distintas de los suelos. Villanova insiste en que la denuncia forma parte de una campaña de desprestigio y una "vendetta" personal del denunciante, el ex portavoz del PSOE en el consistorio Roque Manchado, y del abogado de éste, que también lleva una causa contra el regidor por un caso de enchufismo en unas oposiciones.
* ELPAIS.com - 21.03.10
Foto: Alhaurín de la Torre (Málaga) - alhaurin.com
Ciudades sin alma
FRANCESC TORRALBA TORELLÓ* : Una de las constataciones que podemos reseñar cuando pensamos en las grandes ciudades del mundo es que, al contrario que las ciudades en un sentido tradicional, son espacios crecientemente problematizados. En ellas se concentra cada vez más pobreza, aumenta la población excluida y se evidencia la desigualdad social como nunca antes. Son el origen del cambio climático y de la insostenibilidad ambiental, en ellas se constatan la mayor tasa de suicidios y de enfermedades mentales. En ellas la soledad y la anomia atormenta a millones de personas y los síntomas de violencia urbana son crecientes.
¿Significa esto realmente la muerte de la ciudad tal y como vaticinaron los sociólogos de la década de los sesenta del siglo pasado? En parte la respuesta es afirmativa, pues estas grandes ciudades ya no son de hecho ciudades, sino macrourbes. Se pueden definir como no lugares, donde la gente se desencuentra, donde la movilidad motorizada se ha convertido en una obligación para muchos y es una de las causas que lleva a la vulnerabilidad y a la inaccesibilidad, donde la vivienda ha perdido su sentido de valor de uso sustituyéndose por su una naturaleza mercantil como valor de cambio, donde los espacios públicos se inutilizan, donde los servicios públicos se privatizan, donde los barrios pierden su variedad y riqueza urbana, donde se asienta la desconfianza y el miedo al otro.
Las grandes ciudades se han convertido en un gran contenedor desordenado, de espacios públicos, de barrios, de polígonos industriales, de viviendas, donde los tipos de espacio se separaron convenientemente con el triunfo del urbanismo funcionalista, convirtiendo a la ciudad en un tipo de anticiudad.
Frente a ello, se debe reivindicar el barrio, pues el barrio es la unidad básica para reconstruir la ciudad. La revalorización y reconocimiento del barrio viene a ser considerada como una escala adecuada para resolver los múltiples, graves y crecientes problemas de las grandes ciudades. El barrio es una escala fundamental para el análisis de los problemas económicos sociales, urbanos o ambientales de las ciudades, que pone en contacto las políticas con la realidad social y facilita la definición de soluciones. Hay que recuperar a éste, para igualmente recuperar la ciudad, pues la ciudad son sus barrios.
Ya hace tiempo que la vivienda ha perdido su función social, se ha tornado inaccesible para los grupos sociales más desfavorecidos y especialmente para los jóvenes. En nuestro país, las políticas de la vivienda se han orientado hacia su vertiente económica, obviando su vertiente más social. El marcado carácter económico otorgado a la vivienda se ha asentado en una estrategia desbocada hacia la producción de viviendas apostando, simultáneamente, por un régimen de propiedad de las mismas, lo que ha provocado un fuerte desequilibrio en el mercado inmobiliario.
Sobre el sobredimensionamiento del parque inmobiliario, se esconde una terrible paradoja: por un lado, la destrucción del territorio y un excesivo número de viviendas desocupadas y secundarias, y por otro, una inaccesibilidad para los jóvenes y los colectivos más vulnerables.
La ciudad, el barrio y la vivienda, son los espacios a considerar para aplicar las políticas sociales: políticas de ciudad, de barrio y de vivienda. No pueden obviarse y tampoco separarse, pero estamos instalados en una no-política que ha llevado a devastar nuestras ciudades, a la creación de barrios gueto y a la mercantilización de un bien básico como es el alojamiento. Frente a la crudeza de la situación, no podemos prescindir, como diría David Harvey, ni de los planes utópicos ni de los ideales de justicia.
* Fórum Libertas - Opinión - 19.03.10
La Línea: Los procesados en 'Roseworld' tienen un día para depositar fianzas millonarias
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DIARIODECÁDIZ* : Reclama al ex alcalde de La Línea y tres ediles del PP un total de 762.000 euros cada uno. La titular del juzgado nº1 de La Línea ha dictado un auto por el que ordena la apertura del juicio oral en el caso Roseworld y reclama a los procesados fianzas millonarias que deben depositar el próximo lunes.
Según el auto, que fue notificado ayer a las partes y al cual tuvo acceso este periódico, la juez acuerda iniciar la apertura del juicio oral y tiene por formulada la acusación contra el ex alcalde Juan Carlos Juárez Arriola, los concejales del PP Juan Montero, María Cruz Atienza y Francisco Muñiz; así como el ex secretario general del Ayuntamiento Agustín Sevillano y el ex interventor Sergio Gómez por los delitos de prevaricación, alteración de precios en concursos y/o subastas públicas, estafa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.
Cada uno de ellos tiene un día, que cumple el próximo lunes, para pagar una fianza de 762.666 euros y asegurar así las responsabilidades pecunarias que se les pudieran imponer con el apercibimiento de que si no lo hacen se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.
El que fuera coordinador de Urbanismo Carlos Ruiz Calama está acusado de los delitos de prevaricación, alteración de precios en concursos y/o subastas, estafa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, asociación para delinquir y dos delitos contra la Hacienda Pública. Calama debe aportar el lunes una fianza de 1.673.358 euros.
Anil Thakurdas, administrador de Roserworld, está acusado de los delitos de alteración de precios en concurso y/o subastas, estafa, fraude, cohecho, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, asociación para delinquir y falsedad documental. Kevin Phelan será juzgado por los delitos de alteración de precios, estafa, fraude, blanqueo de capitales, asociación para delinquir, falsedad documental y cohecho. A cada uno de ellos se les reclama una fianza de 810.666 euros.
Rafael de los Reyes Medina, administrador de Abuztúa, la empresa que compró luego los terrenos a Roseworld, está acusado de los delitos de estafa, fraude, receptación, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. En este caso es la fianza más alta que se solicita ya que está cifrada en 33.381.33 3 euros.
Asimismo y según consta en el citado auto judicial, se requiere a los acusados y a Lábaro Grupo Inmobiliario y Abuztúa, en calidad de responsables civiles subsidiarios, a que en un día presenten una fianza de forma conjunta y solidaria cifrada en 16.333.333 euros en concepto de indemnización al Ayuntamiento de La Línea.
La juez también declara que el órgano competente para el conocimiento y el fallo de la presente causa es al Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Algeciras. Además, informa que una vez desingados los abogados, tienen diez días para presentar su escrito de defensa aportando las pruebas de que intenten valerse. Señala que contra este auto judicial no cabe presentar recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma ante el citado juzgado en el plazo de tres días y si no fuese estimado, el de queja ante la Audiencia.
La juez decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto de los procesados por el delito de tráfico de influencias y señala que los responsables civiles subsidiarios son Lábaro y Abuztúa. Además, ratifica la intervención y depósito del precio pactado en la operación de venta de Roseworld y Abuztúa sobre las fincas vendidas, el bloqueo y embargo de cuentas bancarias y cualquier otro tipo de producto financiero hasta el límite de dos millones de euros cuya titularidad corresponda a Calama; y el embargo de una finca para cubrir 2,6 millones de euros como fue acordado en dos autos de 2007 y una providencia del mismo año.
* Diario de Cádiz - 21.03.10
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz) - mma.es
Campos del Río: El juez tumba la recalificación de Trampolín
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LAVERDAD/Murcia* : A perro flaco todo son pulgas. Si algo les faltaba ya a los cientos de compradores de una vivienda en la urbanización Trampolín Hills Golf Resort de Campos del Río, que ni tienen casa ni han recuperado el dinero que entregaron a cuenta, era que la justicia declarara nula la recalificación urbanística de los terrenos sobre los que se iba a construir esa urbanización.
Y eso es precisamente lo que acaba de hacer el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Murcia, José Miñarro, que acaba de establecer la nulidad de los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Campos del Río, celebrado el 26 de mayo del 2005 y en el que se aprobó el convenio urbanístico entre la mercantil Trampolín Hills y el Consistorio, así como la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en el paraje de 'El Barril'.
Traducido a un lenguaje menos técnico, ello supone que el juez ha tumbado la recalificación de los terrenos por parte del Ayuntamiento, además del acuerdo que firmó con el promotor Antonio Martínez y por el que éste, en concepto de compensación por dejarle urbanizar, se comprometía a construir un nuevo edificio consistorial con una inversión de 2,5 millones de euros.
La sentencia es consecuencia del recurso que interpuso el Partido Popular en el año 2007, al considerar que el acuerdo del Pleno se había realizado vulnerando la legalidad. Así, el letrado José Antonio Izquierdo, actuando en representación de ese partido, ponía de manifiesto que el Grupo Socialista, con el entonces alcalde Ricardo Valverde al frente, había aprobado la recalificación sin haber contado con el preceptivo informe financiero sobre el proyecto. Un documento este absolutamente necesario, tratándose de un proyecto como el de Trampolín Hills, que podría llegar a doblar la población de Campos del Río y exigir una previsión de servicios públicos para los que quizá no estaba preparada la administración local.
Además, reseñaba que el Ayuntamiento había pactado 'contra legem' la construcción de una nueva casa consistorial, por importe de 2,5 millones de euros, olvidando las prescripciones de la Ley de Contratos, que exige que la adjudicación de una obra de esa envergadura se atenga al principio de concurrencia, y no se otorgue mediante pacto.
También señalaba que no se había dado publicidad a los actos administrativos aprobados.
El magistrado Miñarro ha dado ahora la razón al PP y, debido a esos errores cometidos en su día por el equipo de gobierno socialista, deja sin efecto la recalificación de los terrenos y el acuerdo con el grupo promotor Trampolín Hills.
Varapalo para los clientes
La resolución judicial supone en la práctica un varapalo para los compradores de las viviendas de ese resort, ya que complica sobremanera las posibilidades de que un día lleguen a recuperar todo o parte del dinero que entregaron a cuenta y que, según admite la propia promotora, alcanzó un importe total de más de 52 millones de euros.
En concreto, tanto el empresario Antonio Martínez como los compradores confiaban en que los terrenos de 'El Barril', que suman unos dos millones de metros cuadrados, pudieran ser vendidos por una elevada cantidad de dinero, al estar recalificados urbanísticamente, y que ello permitiera devolver parte de lo adeudado. No en vano, la promotora esgrimía un informe reciente de una auditora, que cifraba el valor de la finca en unos 87 millones de euros.
Si la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, que puede ser recurrida, llegara a ser ratificada y se convirtiera en firma, los terrenos perderían la calificación de urbanizables y, con ello, admiten fuentes del proceso, la mayor parte de su valor. Y las posibilidades de alcanzar una solución satisfactoria se reducirían al mínimo.
* La Verdad - 19.03.10
Foto: Afectados de Trampolín Hills, frente a las oficinas de la promotora en Campos del Río. :: JUAN LEAL. laverdad.es
Los comerciantes encabezan la rebelión contra la nueva la Diagonal
ELPAÍS/Barcelona* : Los comerciantes se han erigido en la voz más crítica ante la transformación de la Diagonal que promueve el Ayuntamiento de Barcelona. El secretario general de la Confederación de Comercio de Cataluña, Miquel Fraile, se mostró ayer radicalmente contrario: "La obra no es necesaria". No es que no les guste más el bulevar, la primera opción, o la rambla, la segunda. Es que ni siquiera están de acuerdo en que se lleve a cabo una reforma.
Considera Fraile que la opinión del sector del comercio es "básica" para una transformación de esta envergadura. En cualquier caso, si el proyecto tiene que ejecutarse, Fraile demanda que se tenga muy en cuenta el vehículo privado. "Antes de decidir nada nos faltan dos informaciones básicas: la gestión de la movilidad en las calles adyacentes a la Diagonal y la calidad de la ejecución de las obras".
El principal objetivo de la transformación que impulsa el Consistorio es dar prioridad al peatón y al transporte público frente al uso del vehículo privado. Una combinación que, precisamente, ha sido decisiva para impulsar los ejes comerciales de la ciudad. Empezando por Barna Center -con una férrea oposición inicial de los comerciantes a la peatonalización del Portal de l'Àngel- y siguiendo en cualquiera de los ejes de la ciudad: Gràcia, Sant Andreu, Sarrià, Poblenou, entre otros. Ahora, ninguno de ellos aceptaría un proceso a la inversa.
Con todo, la explicación de las dos opciones de transformación de la Diagonal presentadas el jueves pasado por el alcalde, Jordi Hereu, ha dejado tantos cabos sueltos que incluso las voces que están a favor piden más información. Y sorprende que un colectivo tan implicado en todo proceso de transformación de ciudad como es el de los arquitectos no haya querido pronunciarse. Un portavoz del Colegio de Arquitectos de Barcelona puntualizó que la institución organizará debates, pero declina exponer su posición. Una exposición que se abrirá la semana próxima en los Jardinets de Gràcia aportará más información sobre la reforma que se pretende y con el mismo fin se organizarán debates y charlas. El Ayuntamiento de Barcelona teme ahora que la falta de información decante a la mayoría por la tercera opción (que la Diagonal se quede como está) en la consulta que se realizará en mayo.Éstas son algunas de las opiniones recogidas a propósito de la transformación de la ciudad:
- Ole Thorson, ingeniero de caminos y experto en Movilidad. "Me decanto directamente por la opción del paseo central, la de la rambla, porque es la que mejor trata al peatón con aceras más anchas y una calzada menos contundente. Durante mucho tiempo, las ciudades han dado la prioridad al vehículo y ha llegado el momento de invertir el orden. En las dos opciones es importante que se dé prioridad al tranvía. Una prioridad que también se deberá producir en el paso semafórico". Para Thorson, la evidencia de que a la Diagonal le sobran coches es que es una vía con muchos accidentes de tráfico.
- Oriol Bohigas, arquitecto y ex responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. "No tengo una visión demasiado precisa de los proyectos y para poder opinar sobre si es mejor el bulevard o la rambla, dos soluciones previsibles, me faltaría conocer datos significativos sobre la circulación y el funcionamiento de cada uno. Es un tema muy complejo y me angustia pensar qué podrá opinar la ciudadanía cuando ya es difícil decirlo desde el punto de vista profesional. Creo que en este debate quienes tendrían que opinar son los técnicos".
- Miquel Nadal, director de la Fundación del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC). "Nosotros sí creemos que a la Diagonal le hace falta una reforma. La cuestión es saber de qué tipo. Tocar esa vía es tocar algo básico. A ver si vamos a hacer cambios para encontrar soluciones a unas cosas y acabamos estropeando otras", plantea Nadal. "Tengo dudas sobre si el Eixample absorberá sin problemas el tráfico que se elimine de la Diagonal. Hace falta estudiar más a fondo las posibilidades. Nos parece complicado que, tal como se ha planteado, no genere problemas de tráfico", explica. El tranvía es para ellos el punto más escabroso. No creemos que esté suficientemente justificado todavía como para tomar la decisión de llevar a cabo el tranvía. "Que sea una propuesta abierta, para más adelante", apunta.
- Carme Pinós, arquitecta y vecina de la Diagonal. "Me falta información, pero he vivido en la Diagonal desde siempre y me apunto a que se haga algo para reducir el tráfico. No es de recibo que haya una autopista en medio de la ciudad. Sobre las dos soluciones, aunque me faltan datos, me inclino por el bulevar porque pienso que da más vida a los vecinos y los comercios. En todo caso, lo que está claro es que se precisa repensar el Eixample porque asume demasiada circulación rápida. Es demasiado duro".
- Jordi Giró, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Está radicalmente en contra de la tercera opción, de no intervenir en la Diagonal: "No puede ser que la principal vía de la ciudad vaya hacia el colapso y el conflicto por no intervenir. Entre las dos opciones, las dos cumplen con lo que entedemos que son requisitos imprescindibles: pacificación del tráfico, tranvía y más transporte público, recuperación del espacio para el peatón, mejores condiciones para la actividad comercial y mantener el arbolado. Pero hace falta más información de algunos de esos aspectos; por ejemplo, cómo se resuelven los apeaderos del tranvía y la separación del carril bici, para inclinarse entre uno y otro.
- Carles Ferrater, arquitecto y reciente premio Nacional de Arquitectura. "No conozco los proyectos con profundidad, pero siempre he sido contrario a la idea del tranvía en la Diagonal. No me parece el transporte adecuado para un área metropolitana de tres millones de personas. Creo que se puede suavizar el tráfico actual, peatonalizar un poco más, poner un poco más de verde y, claramente, apostar por el metro".
- Carmen Izquierda, representante de las asociaciones de comerciantes del Cor del Eixample. "Nosotros siempre defenderemos que haya aceras más anchas. Lo importante es que la gente pasee cerca de las tiendas. Por eso, en principio, de las propuestas que hay, el boulevar nos parece lo más interesante". Aunque le ve ventajas al primer modelo, tampoco quiere casarse de lleno con él. Las restricciones al coche, en cambio, no las ve: "El transporte privado es básico para que la gente pueda ir de tiendas".
* Esta información ha sido elaborada por Blanca Cia, Cristina Delgado y Catalina Serra.
* ELPAIS.com - 20.03.10
Foto: Un ciclista circula por el carril bici de la Diagonal.- CARMEN SECANELLA, elpais.com
Los jueces siguen anulando licencias que el nuevo PGOU de Marbella ya ha legalizado
ELCONFIDENCIAL* : En la historia del urbanismo de nuestro país no existen precedentes de una situación tan enmarañada como la de Marbella. La última sentencia de los tribunales, en la que se anula una licencia por la que se construyeron cuarenta y ocho viviendas en la zona de Elviria, emitida por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, supone un nuevo choque entre el PGOU de Marbella y las ilegalidades urbanísticas cometidas durante un largo periplo en la ciudad.
Muchos de estos desbarajustes urbanísticos han sido aprobados por el plan actual. Sin embargo, ahora los juzgados, cada cierto tiempo, van ilegalizando con sus providencias edificaciones del nuevo planeamiento de la ciudad que tanto Ayuntamiento como Junta de Andalucía decidieron regularizar en medio de este embrollo. Los tribunales aún tienen mucho que decir y los jueces están llamados a tener un papel determinante en la ejecución del nuevo PGOU.
Así, se da la paradoja de que la sentencia condena a Julián Muñoz a un año de cárcel en una operación urbanística que la nueva normativa da por buena. El nuevo PGOU ha legalizado los inmuebles a cambio de una cesión de 650 metros cuadrados.
Con todo y con eso, la resolución judicial no afectará ya ni a Julián Muñoz ni a los seis concejales también imputados en la firma. En su día, la Fiscalía y los ex ediles llegaron a un acuerdo a cambio de que no se celebren los numerosos juicios por causas urbanísticas en las que estaban imputados. Los permisos, aprobados en julio de 2000 y abril de 2003, se concedieron “a sabiendas” de que eran contrarios a la normativa urbanística vigente, un hecho que pusieron de manifiesto los informes técnicos aportados a los expedientes. La promoción se levantó además con exceso de edificabilidad.
Casos en los tribunales
La ampliación del Centro Comercial la Cañada, Banana Beach, los locales comerciales de Plaza de Mar, La Terraza de Marbella, Belmonsa, o el Residencial Las Flores, son solo algunos nombres de la larga lista de las edificaciones ilegales construidas antes de la aprobación del nuevo PGOU, materia de diferentes litigios judiciales en las vías contenciosa, civil y penal.
Estas construcciones están ahora en los tribunales y tienen la licencia anulada por la Justicia. Deberán ser los magistrados quienes determinen cómo se ejecutan las sentencias, así como decidir los intereses de todas las partes implicadas.
La concesión de licencias para más de 18.000 viviendas contrarias a la normativa, con todas las irregularidades marcadas en los convenios urbanísticos, tendrán ahora que ser reguladas, además de determinarse la postura de los tribunales en cuanto a si revisarán las órdenes de demolición que ya habían emitido sobre algunas promociones que el plan ya ha normalizado.
También está la incógnita de lo que va a suceder con aquellos procedimientos abiertos por denuncias de situaciones ilegales que el plan considera legalizables, muchas de ellas formuladas por la Junta, es decir, la administración que ha dado el visto bueno definitivo al PGOU.
Denuncia por edificar en un parque publico
El fantasma del pasado vuelve a planear sobre la ciudad. Ahora son los vecinos del Parque de la Constitución los que se han personado esta semana en los juzgados de Marbella para denunciar la construcción de un conservatorio en un suelo calificado como parque publico (que no admite usos educativos). Igual que hay concejales del GIL con condenas de prisión por dar licencia para construir en suelos calificados como parque público, ahora los vecinos piden explicaciones al Ayuntamiento sobre esta edificación.
“Están destrozando el único pulmón verde que tiene Marbella, talando masivamente árboles, destrozando vegetación y construyendo un edificio en suelo verde… Por mucho que se amparen en un nuevo PGOU, no pueden hacer lo que están haciendo” denuncia Piedad Jiménez, una de las afectadas.
El edificio que se está construyendo para ubicar el Conservatorio de Música se ha ubicado en las dependencias del anfiteatro del parque de la Constitución. Contará con 1.400 metros cuadrados repartidos en tres plantas: un sótano de 600 metros cuadrados, una planta primera con la misma superficie y un segundo piso con otros 200 metros cuadrados. Las obras se financiarán con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía.
Los vecinos están solicitando información para invocar el incumplimiento del propio ayuntamiento de la ordenanza municipal de protección de zona verde y ajardinada, para talar estos árboles, “ya que tendría que haber un informe previo de la delegación de parques y jardines del ayuntamiento que lo autorizara y de momento nadie nos lo ha presentado”.
* El Confidencial - 20.03.10
Foto: Marbella - agenda21malaga.org
