La herencia de Marbella echa raíces

SUR/Málaga* : La semana ha mostrado dos expresiones de la falta de rumbo en la política urbanística. EL problema de establecer espacios de impunidad en relación con hechos del pasado no es tanto la falta de justicia sobre lo ya sucedido, sino los precedentes que condicionan lo que habrá de suceder. La legalización masiva de pisos irregulares en Marbella ha tenido su repercusión: todos quienes han construido al margen de las normas quieren sumarse a la ola del indulto general amparados en el irrefutable argumento de por qué ellos sí y yo no.

De poco sirve explicar que en Marbella sólo se podrá legalizar a través de compensaciones porque el argumento no es atendido. Hubiera sido más creíble la imagen pedagógica de alguna estructura reducida a escombros que explicara que esto no es una amnistía general.
El razonamiento es más o menos el siguiente: si en Marbella -donde hubo una organización que permitía construir a cambio de pagar comisiones y cuyo funcionamiento quedó reflejado en una investigación policial que desveló una contabilidad minuciosa de cobros de empresarios y pagos a concejales y conexiones con jueces, funcionarios y policías corruptos, donde el legado es más de 16.500 viviendas que se regularizan, y donde se ha aceptado sin más la condición de víctimas de los compradores de esas viviendas- no se ha visto una sola piqueta ¿con qué autoridad moral se quiere ahora impartir justicia urbanística en cualquier otro rincón no ya de la provincia sino de todo el litoral español?
La polémica del urbanismo tuvo esta semana dos episodios. Por un lado, la manifestación de residentes extranjeros , mayoritariamente de La Axarquía, no pidiendo sino exigiendo la legalización de sus viviendas. Por el otro, la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de un reglamento que refuerza las competencias municipales a la hora de imponer la disciplina urbanística. Se trata de dos expresiones de lo que se podría denominar la herencia del caso Marbella.
Ya llamó la atención anteriormente en Marbella y ahora lo hace en la zona de La Axarquía, donde la barbarie urbanística no ha sido en vertical, sino de un modo que podría bautizarse como salpicado: las manifestaciones no son para que se castigue a los culpables, sino para pedir impunidad. Los compradores de viviendas levantadas al margen de la ley salen a la calle para exigir a las administraciones que les solucionen el problema, no para reclamar que se castigue a quienes los estafaron al venderles un inmueble ilegal o concediéndoles una licencia que no se podía conceder. Reclaman que los poderes públicos abdiquen del interés común y se conviertan en cómplices. Los beneficiarios de la barbarie urbanística tienen nombre y apellido, y resulta inexplicable que las víctimas no quieran ir contra ellos. Pero más inexplicable sería que se concediera la impunidad para evitar que las protestas acaben en un pedido de responsabilidades a quienes no ejercieron, o lo hicieron mal, la obligación de control.
La decisión de la Junta de dar a los ayuntamientos la potestad de llegar hasta el derribo de las viviendas irregulares cuando su legalización sea manifiestamente imposible no es más que una forma de reducir los plazos de manera que se dificulte la política de hechos consumados que tanto daño hizo en Marbella y que convirtió a los compradores-víctimas en rehenes de los promotores-victimarios, pero evita afrontar el asunto central: la proliferación de delitos urbanísticos nació de la corrupción en los propios ayuntamientos o, en el mejor de los casos, de la necesidad de las administraciones locales de financiarse a través del urbanismo. Quien autoriza o hace la vista gorda difícilmente va a echar mano del nuevo reglamento para derribar lo que acaba de permitir.
Todo esto lleva a reafirmar la convicción de que mientras no se haga un serio balance autocrítico de lo que sucedió en estos años, especialmente en Marbella pero no sólo en Marbella, será imposible coger el timón y enderezar el rumbo.




* SUR - 21.03.10
Foto: diariosur.es