El modelo inmobiliario español y sus consecuencias

J.M.NAREDO* : El contexto general en el que se inserta este Coloquio viene marcado por el pasado boom inmobiliario, que alcanzó en España una intensidad y duración sin precedentes, originando una crisis económica también sin precedentes. Y junto con este boom también culminó y entró en crisis el modelo inmobiliario que lo había propiciado. Pues este modelo acentuó el comportamiento cíclico de la actividad inmobiliario-constructiva, haciendo que las burbujas inmobiliarias condicionaran la marcha de la economía española con mucha más intensidad que en los otros países europeos. El creciente peso del negocio inmobiliario y de la construcción de viviendas e infraestructuras, colaboradora necesaria de ese negocio, corrió en paralelo con el desmantelamiento industrial y agrario observado tras la adhesión de España a la UE.

La construcción se erigió, así, en la verdadera industria nacional, cuyo peso económico se elevaba bien por encima de la media europea, pese a que en España se contara ya con más viviendas y kilómetros de autopista per capita que en los otros países de la UE. Y, finalmente, la sobredimensión de la actividad inmobiliario-constructiva hizo que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria fuera mucho más traumático en España que en otros países europeos. Pues la financiación de un stock de viviendas tan sobredimensionado, exigió tasas de endeudamiento de los hogares y las empresas del sector muy superiores a las de los países de nuestro entorno. El “efecto riqueza” derivado de las plusvalías inmobiliarias y la pujante actividad constructiva, acentuaron la euforia consumista y el déficit exterior de la economía española. Si a esto se añade el notable déficit y endeudamiento público ocasionado por las políticas “anti-cíclicas”, tenemos que la economía española sufre desequilibrios sin precedentes cuyo saneamiento le exige ahora la disciplina del euro.

- Marco conceptual

La especie humana es la única a la que no le bastan los instintos para orientar su comportamiento, sino que tiene que acudir a esquemas simbólicos o culturales que den sentido y otorguen racionalidad a lo que hace. Y entre las creaciones de la mente humana que hoy gobiernan nuestra existencia destaca cada vez más la idea usual de lo económico (Naredo, J.M., 2003), con la convención social del dinero que le da vida y sus afanes de crecimiento permanente, con evidente incidencia en el territorio, el urbanismo y la construcción. La globalización económica, al proyectar sobre el patrimonio inmobiliario su reduccionismo monetario, tiende a unificar también, sin decirlo, los modelos de orden territorial, urbano y constructivo.

Desde hace tiempo vengo señalando que las reglas del juego económico habitual, guiado por la brújula del lucro, promueven modelos territoriales, urbanos y constructivos específicos, salvo que existan barreras mentales e institucionales que se lo impidan. Cuando estas barreras se diluyen dejando que el afán de lucro ordene y construya a su antojo la ciudad y el territorio, se observan dos fenómenos solidarios. En primer lugar, tienden a desatarse patologías de crecimiento que fuerzan la expansión de los procesos de urbanización y sus servidumbres territoriales a ritmos muy superiores a los del crecimiento de la población y de su renta disponible. En segundo lugar estos procesos se ajustan implícitamente a los siguientes modelos de orden territorial, urbano y constructivo: 1º) se impone un modelo territorial que polariza el espacio en núcleos atractores de población, capitales y recursos, y áreas de abastecimiento y vertido, con sus redes y servidumbres; 2º) se impone el modelo urbano de la conurbación difusa (urban sprawl) que separa y expande por el territorio las distintas piezas de la ciudad, requiriendo potentes infraestructuras de transporte para conectarlas y asegurar su funcionamiento; y 3º) se impone como único modelo constructivo un estilo universal, que separa las partes del edificio, empezando por la estructura, convertida en un esqueleto de vigas y pilares, para abordar después la cubierta, el cerramiento, …y la climatización, haciendo abstracción de las condiciones y los materiales del entorno.

La expansión urbana apoyada en estos modelos requiere consumos de territorio y de recursos muy superiores a los que demandaba la arquitectura vernácula y la ciudad clásica o histórica, que inducen a considerar a la especie humana como una especie de patología terrestre. Hern, W.M. (1990), médico de profesión, apreció una fuerte analogía entre la evolución del melanoma y la patológica incidencia de la especie humana sobre el territorio. Este autor enumeró las siguientes características de los procesos cancerígenos: 1- Crecimiento rápido e incontrolado. 2- Indiferenciación de las células malignas. 3- Metástasis en diferentes lugares. 4- Invasión y destrucción de los tejidos adyacentes. A mi juicio, existe un paralelismo todavía más marcado que el indicado por este autor entre las características mencionadas y el modelo territorial, urbano y constructivo que se deriva de las reglas del juego económico dominantes (Naredo, J.M. 2005 y Naredo, J.M. y Gutiérrez, L. (Eds.), 2005).

El “crecimiento rápido e incontrolado” de la urbanización opera al verse movido por afanes de posesión y lucro ilimitados. La “indiferenciación de las células malignas” ofrece clara similitud con el predominio de un único modelo constructivo: el que hemos denominado “estilo universal”, que dota a los edificios de un esqueleto de vigas y pilares (de hierro y hormigón) independiente de los muros, por contraposición a la arquitectura vernácula, que construía los edificios como un todo indisoluble adaptado a las condiciones del entorno y utilizando los materiales de éste (Naredo, J.M., 2005). A la vez que la aparición de “metástasis en diferentes lugares” encaja como anillo al dedo con la naturaleza del nuevo modelo de urbanización: el de la “conurbación1 difusa”, que separa además las distintas funciones de la ciudad, por contraposición a la “ciudad clásica” o “histórica”, más compacta y diversa. Pero aquí ya no son los canales linfáticos del organismo enfermo los que permiten la extensión de las metástasis, sino el viario y las redes que el propio sistema construye a propósito, para posibilitar su difusión hasta los lugares más recónditos.

En lo que concierne a la “invasión y destrucción de los tejidos adyacentes”, las tendencias indicadas no ayudan a mejorar los asentamientos y edificios anteriores, sino que, en ausencia de frenos institucionales que lo impidan, los engullen y destruyen, para levantar sobre sus ruinas los nuevos e indiferenciados modelos urbano-constructivos. Además, las expectativas de urbanización contribuyen a desorganizar los sistemas agrarios próximos, a la vez que las demandas en recursos y residuos que plantea el nuevo modelo de urbanización extienden la “huella” de deterioro ecológico hacia puntos cada vez más alejados.

El resultado conjunto de estas tendencias es la creciente exigencia en recursos naturales y territorio, que acentúan las servidumbres indirectas que tal modelo comporta, unidas a la evolución simplificadora y esquilmante de los propios sistemas agrario-extractivos. Los procesos indicados están produciendo un cambio de fase (Margalef, R., 2004) en el modelo territorial que denota la extensión de la dolencia descrita en las zonas más densamente pobladas: se está pasando de un mar de ruralidad o naturaleza poco intervenida con algunos islotes urbanos, hacia un mar metropolitano con enclaves de campo o naturaleza cuyo deterioro se trata, en ocasiones, de proteger de la patología en curso.


* José Manuel Naredo se doctoró en economía en la Universidad Complutense de Madrid y se formó también en Estadística e Historia de la estadística, campo en el que desarrolló una labor considerable.

www. sinpermiso.info



* Rebelión - sinpermiso.info - 7.03.10

NOTA: El artículo entero, muy interesante, se ha incluido en la Biblioteca Digital del menú de este blog.

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Más de 4.000 personas tomaron Palma para manifestarse contra la corrupción

DIARIODEMALLORCA* : Más de 4.000 personas se concentraron ayer en la plaza de España y recorrieron las principales calles de Palma para manifestarse contra los numerosos casos de corrupción que están azotando a la política balear. La Plataforma contra la Corrupció i la Dignificació de la Democràcia, formada per unas cien entidades ciudadanas, sindicatos y asociaciones ecologistas, fue la organizadora del acto que culminó con la lectura de un manifiesto en la plaza de Cort.

Desde la organización hablaron de cerca de 8.000 personas, pero la Policía creía que no superaban las 4.000.

A lo largo del recorrido, desde la plaza España, pasando por las calles Olmos, Sant Miquel y la plaza Mayor, se escucharon numerosos cánticos contra la corrupción política. El más unánime fue el de "ladrones y corruptos a la cárcel". También hubo gritos exigiendo la devolución de los dineros malversados en las diferentes tramas destapadas por la justicia.
Los manifestantes portaron numerosas pancartas, todas ellas alusivas a los casos como Maquillaje, Palma Arena, Andratx, Can Domenge y el Scala, entre otros. La mayoría de pancartas llevaban los logotipos del PP y de UM. Desde la organización obviaron nombrar a ningún partido político, lo que sí dijeron era que "todo el mundo ya sabe quienes son".
Contra la Corrupción: Participación Ciudadana fue el título del manifiesto donde los convocantes exigieron una "profunda regeneración de la clase política balear y que se dignifiquen y protejan nuestras instituciones de corruptos y corruptores". Asimismo abogaron por "acabar con las políticas que utilizan el poder para imponer intereses privados frente a intereses colectivos y no defienden ni el territorio ni la cultura".
Durante toda la marcha de protesta, tambores y cornetas acompañaron a los manifestantes y amenizaron el recorrido. Mucha gente se sumó a la cadena humana llenando por competo la plaza de Cort y las calles contiguas.
La manifestación se desarrolló sin incidentes. Los únicos momentos de tensión se produjeron en la plaza de España cuando los integrantes del Círculo Balear, entidad que al final no se adhirió a la protesta contra la corrupción organizada por la Plataforma, fueron silbados por los manifestantes al desplegar unas grandes pancartas desde un edificio. En las pancartas se podía leer el nombre de Círculo Balear y llevaban sujetas la bandera española y la mallorquina.
Entre los políticos que participaron en la manifestación cabe destacar al portavoz del Bloc en el Parlament, Gabriel Barceló; el diputado por esta misma formación, Miquel Àngel Llauger; y la consellera de Asuntos Sociales, Josefina Santiago. Por parte del PSOE se pudo ver al también diputado Miquel Àngel Coll.


ANECDOTARIO
· Un paso de Semana Santa se sumó a la manifestación– Pocos minutos antes de arrancar la manifestación, en plena plaza de España, apareció un paso de Semana Santa con sus correspondientes costaleros. La gente pensó que también se sumaban al acto reivindicativo, pero al percatarse los costaleros cambiaron de ruta.

· El Círculo Balear irrumpió y saludó en la plaza España– Desde un edificio de la plaza España se desplegaron las dos grandes pancartas del Círculo Balear construidas de forma vertical. En los balcones se pudo ver a sus dirigentes saludando a la gente de la calle, mientras se escuchó una sonora pitada de los manifestantes.

· Aclaraciones y gritos de "racistas"– Durante los Parlamentos, el portavoz de la Plataforma, Tomàs Balaguer, lanzó una proclama contra "los que vienen de fuera y nos roban el dinero". Esta proclama no sentó muy bien a algunos de los presentes y lanzaron gripos de "racistas". Acto seguido Balaguer aclaró el entuerto explicando que el acto era para revindicar el cese de la corrupción, tanto de los de fuera como de los políticos de aquí.

· Pancarta con la cara de Matas– Una de las pancartas era con la cara de Matas en situación comprometida y que lo culpaba de todos los desmanes de corrupción acaecidos en las islas. Evidentemente otras se acordaron de Munar, pero sin reproducir su rostro.




* Diario de Mallorca - 21.03.10
Foto: Imagen de la pancarta que encabezó la manifestación entrando en la plaza de Cort. - Miquel Massutí, diariodemallorca.es.jpg

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La corrupción complica la vida al PNV

ELPAÍS/Bilbao* : Nunca en los 30 años de historia de la democracia, la corrupción había acechado tan de cerca a cargos del PNV, el partido mayoritario en Euskadi que siempre ha apelado a "la honradez" como una de sus señas de identidad en su centenaria trayectoria. "Aquí no ha salido ningún caso, nadie del PNV que haya metido la mano en el cajón", señalaba ufano, hace unas semanas, un alto cargo público peneuvista vizcaíno. Para su intranquilidad, el PNV encara la incómoda situación que siempre supone ver cómo se resuelven imputaciones de corrupción contra cargos suyos en cada uno de los tres territorios históricos, surgidos en apenas medio año.

Episodios turbios ha habido en estas tres décadas, el más sonado el de las tragaperras, que en los años 80 relacionó la financiación del PNV con el dinero obtenido en la concesión de licencias para las máquinas de juego. Lo que ha cambiado es la concentración de escándalos, que empezaron hace tres años en Guipúzcoa con el caso Jauregi -el candidato elegido a diputado general y que se quedó en el camino tras descubrirse que no había declarado a Hacienda parte de sus ingresos-, siguieron con las irregularidades en el futuro Museo Balenciaga que afectan directamente al ex alcalde jeltzale Mariano Camio, hasta llegar al caso Bravo, el ex senador peneuvista implicado por recibir 1,4 millones de una sociedad a la que ayudó a defraudar cuando era director de la Hacienda foral. Jauregi ha mantenido el tipo al seguir como hombre de confianza de Joseba Egibar en la dirección del PNV guipuzcoano, y consejero de Kutxa, mientras Camio y Bravo esperan aún la resolución de sus respectivos procesos judiciales.

Pero la bola se ha extendido al resto de territorios. Y, además, con rapidez: desde el sonado episodio de esta semana en Álava al ser imputados por corrupción ocho significados militantes del PNV a la apertura en Vizcaya por parte de la Fiscalía de una investigación sobre la recalificación de terrenos a la familia de la alcaldesa de Lezama, ocho meses después de haber firmado su venta por 6 millones.

Gran parte de los escándalos surgidos pueden quedar sustanciados, de hecho, a pocos meses de las elecciones forales y municipales de 2011. Y, además, su aparición viene a coincidir con el momento de mayor desventaja para el PNV, al verse fuera por vez primera de la Lehendakaritza. Por si fuera poco, la presunta trama de corrupción en él ámbito de la Diputación de Álava ha afectado a dirigentes del partido, otro hecho insólito hasta ahora en la formación nacionalista.

DIPUTACION DE ÁLAVA La trama de comisiones

Es el último y, en principio, el caso de mayor gravedad, al encontrarse implicados nada menos que un ya ex diputado foral, Alfredo de Miguel, y siete destacados miembros del PNV en el territorio alavés. Los escasos datos que han trascendido, al encontrarse la investigación judicial bajo secreto de sumario, indican que existe una red para el cobro de comisiones ilegales en la compraventa de terrenos en el Parque Tecnológico de Miñano, en las afueras de Vitoria, pero también en otros negocios, que se canalizaban a través de la empresa Kataia Consulting, creada en 2005 y dirigida al asesoramiento, entre las que figuran como administradoras Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu y Araceli Bajo, las esposas, respectivamente de Alfredo de Miguel,

Koldo Otxandiano y Aitor Tellería, todos imputados. La sociedad está registrada en el local de la sociedad gastronómica Etxezarra, donde De Miguel, que ha negado todos los posibles cargos al tiempo que denuncia la indefensión de que ha sido objeto, acostumbraba a reunirse con sus amigos para cerrar acuerdos, según la investigación. Los primeros datos conocidos revelan que esta empresa sería la caja de recaudación de la trama.

Los hechos, si los confirma la investigación emprendida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, dejan muy tocada a la dirección peneuvista, especialmente porque De Miguel era el principal candidato a liderar al PNV en Álava en 2012, al igual que se había especulado con la posibilidad de que Alfonso Arriola, otro de los imputados, fuera el próximo candidato jeltzale al Ayuntamiento de Vitoria.

Nunca tampoco hasta ahora había sido detenido un cargo peneuvista de tal rango, un diputado foral. Pero en el resto de investigados no hay personas irrelevantes: el actual dirigente del ABB Aitor Tellería; el ex director del Parque Tecnológico Alfonso Arriola, actual asesor en el Tribunal Vasco de Cuentas de Eusebio Melero, miembro a propuesta del PNV, o la candidata del PNV en las elecciones al Parlamento Iratxe Gaztelu.

Todo apunta a que las presuntas irregularidades se canalizaban a través de la empresa Kataia. La investigación está todavía en una fase inicial, según fuentes judiciales, con lo que el caso puede convertirse en un purgatorio para el PNV precisamente en Álava, donde es la tercera fuerza política y se arriesga a seguir perdiendo influencia en favor del PSE y el PP.

AYUNTAMIENTO DE LEZAMA La recalificación

Unos días antes de lo ocurrido en Vitoria, se destapó el escándalo en el pequeño municipio de Lezama, de apenas 2.400 habitantes, que ha motivado la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía de Vizcaya. No hay ningún cargo de peso del PNV implicado, pero la documentación existente es de la mayor relevancia conocida hasta ahora en una presunta corrupción en un ayuntamiento.

La Fiscalía maneja ya el acuerdo privado firmado en febrero de 2007 entre seis familiares (padre, tía y cuatro primos) de la alcaldesa de Lezama, Alaitz Etxeandia (PNV), por el que vendían terrenos a dos constructoras a cambio de seis millones de euros. Un pacto suscrito ocho meses antes de que todo el plan urbanístico de Lezama se aprobara definitivamente (fue en octubre de 2007), lo que significó que ese suelo, que estabacalificado desde 1993 por el Gobierno de urbano inundable (que sólo permitía en este caso obras de saneamiento o la creación de una zona verde), se recalificara para un uso residencial. Lo llamativo es que el acuerdo, que especifica el cobro y sus condiciones, está plasmado en un auto judicial, lo que ha permitido destapar el escándalo. ¿Por qué? La familia de la alcaldesa demandó a las constructoras por un supuesto incumplimiento del contrato y finalmente se llegó a un nuevo acuerdo que fijaba la compraventa en 5,3 millones, de los que los Etxeandia han percibido 2,2 millones.

En esta historia llama la atención que la eliminación de la calificación de inundable la adoptó la Dirección de Aguas del Gobierno en junio de 2007 basándose en un informe presentado por el Ayuntamiento sólo cuatro días antes de que el Gobierno decidiera, como es preceptivo, sobre el plan urbanístico de Lezama. Aguas admite que el informe "sólo ha podido ser analizado con premura" pero lo acepta, cuando hasta ahora el criterio del Ejecutivo ha sido siempre aumentar, y no reducir, las manchas de inundabilidad en los municipios.

A esto se añade que el plan urbanístico por Lezama está anulado desde junio por el Tribunal Superior y que la alcaldesa ha votado hasta tres veces en el impulso del proyecto urbanístico de su familia, incumpliendo la Ley de Procedimiento Administrativo que le obliga a abstenerse.

DIPUTACIÓN DE VIZCAYA Los bonos del 'ferry'

Por vez primera en sus 30 años de historia, las Juntas Generales de Vizcaya van a constituir una comisión de investigación. El asunto es también indagado desde octubre por la Fiscalía y se refiere a la desaparición de más de 35.000 bonos del ferry Pride of Bilbao, que la Diputación compró en 1995 a la naviera. Formaban parte de los más de 46.500 billetes que adquirió como ayuda al servicio marítimo, que la UE declaró luego ilegal al considerarla una ayuda de Estado. Ello se tradujo en la devolución de 13 millones de euros de la empresa a la Diputación; ésta abonó a la compañía 3,2 millones por 10.700 bonos utilizados hasta 2007, pero luego debió pagar otros 9,7 millones más por los 35.700 restantes, ya que no se encontraban. El Tribunal Vasco de Cuentas ha constatado que hubo una pérdida patrimonial de esos 9,7 millones y el PP, que tramitó la denuncia, apunta a los responsables del PNV. "Sólo hay tres opciones: la destrucción de manera negligente, el robo o la desaparición deliberada para dar una ayuda de Estado ilegal", dice el portavoz del PP Carlos Olazabal. El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha afirmado que " nadie se ha llevado a casa un euro de los bonos del ferry".

HACIENDA DE GUIPÚZCOA El caso Bravo

Todavía sigue bajo investigación el presunto trato a favor de Víctor Bravo, ex director de la Hacienda de Guipúzcoa y ex senador del PNV, a un grupo empresarial (el catalán Glass Costa Este Salou). Se le acusa de haber recibido 1,4 millones de esta compañía a cambio de colaborar en que dicha firma falseara su domicilio fiscal, y disfrutar ilegalmente así de una tributación más ventajosa. Este escándalo se suscitó después de que dos años antes se imputara a su hermano José María Bravo, cuando era director de la oficina de la Hacienda en Irún, haber defraudado 8,1 millones al fisco y apropiarse de 1,7 millones de deudas de contribuyentes morosos.
GETARIA El Museo Balenciaga

Fue en 2008 cuando la Fiscalía de Guipúzcoa presentó una querella criminal contra el ex alcalde de Getaria, Mariano Camio, por falsificación de documentos, engaño y uso indebido de dinero en la construcción del Museo Balenciaga. Se refería a que Camio, quien fue alcalde del PNV entre 1983 y 1999, año que lo dejó para dirigir la Fundación Balenciaga, cometió desvíos de fondos, que llevaron a triplicar el presupuesto del museo hasta los 18 millones de euros.

El ex alcalde ocultó documentos, según la comisión de investigación del Parlamento, y benefició al otro imputado, su compañero sentimental el arquitecto cubano Julián Argilagos, en paradero desconocido, lo que ha paralizado la investigación judicial.




* ELPAIS.com - 21.03.10
Foto: Vitoria , sede Diputación foral - portalviajar.com

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La herencia de Marbella echa raíces

SUR/Málaga* : La semana ha mostrado dos expresiones de la falta de rumbo en la política urbanística. EL problema de establecer espacios de impunidad en relación con hechos del pasado no es tanto la falta de justicia sobre lo ya sucedido, sino los precedentes que condicionan lo que habrá de suceder. La legalización masiva de pisos irregulares en Marbella ha tenido su repercusión: todos quienes han construido al margen de las normas quieren sumarse a la ola del indulto general amparados en el irrefutable argumento de por qué ellos sí y yo no.

De poco sirve explicar que en Marbella sólo se podrá legalizar a través de compensaciones porque el argumento no es atendido. Hubiera sido más creíble la imagen pedagógica de alguna estructura reducida a escombros que explicara que esto no es una amnistía general.
El razonamiento es más o menos el siguiente: si en Marbella -donde hubo una organización que permitía construir a cambio de pagar comisiones y cuyo funcionamiento quedó reflejado en una investigación policial que desveló una contabilidad minuciosa de cobros de empresarios y pagos a concejales y conexiones con jueces, funcionarios y policías corruptos, donde el legado es más de 16.500 viviendas que se regularizan, y donde se ha aceptado sin más la condición de víctimas de los compradores de esas viviendas- no se ha visto una sola piqueta ¿con qué autoridad moral se quiere ahora impartir justicia urbanística en cualquier otro rincón no ya de la provincia sino de todo el litoral español?
La polémica del urbanismo tuvo esta semana dos episodios. Por un lado, la manifestación de residentes extranjeros , mayoritariamente de La Axarquía, no pidiendo sino exigiendo la legalización de sus viviendas. Por el otro, la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de un reglamento que refuerza las competencias municipales a la hora de imponer la disciplina urbanística. Se trata de dos expresiones de lo que se podría denominar la herencia del caso Marbella.
Ya llamó la atención anteriormente en Marbella y ahora lo hace en la zona de La Axarquía, donde la barbarie urbanística no ha sido en vertical, sino de un modo que podría bautizarse como salpicado: las manifestaciones no son para que se castigue a los culpables, sino para pedir impunidad. Los compradores de viviendas levantadas al margen de la ley salen a la calle para exigir a las administraciones que les solucionen el problema, no para reclamar que se castigue a quienes los estafaron al venderles un inmueble ilegal o concediéndoles una licencia que no se podía conceder. Reclaman que los poderes públicos abdiquen del interés común y se conviertan en cómplices. Los beneficiarios de la barbarie urbanística tienen nombre y apellido, y resulta inexplicable que las víctimas no quieran ir contra ellos. Pero más inexplicable sería que se concediera la impunidad para evitar que las protestas acaben en un pedido de responsabilidades a quienes no ejercieron, o lo hicieron mal, la obligación de control.
La decisión de la Junta de dar a los ayuntamientos la potestad de llegar hasta el derribo de las viviendas irregulares cuando su legalización sea manifiestamente imposible no es más que una forma de reducir los plazos de manera que se dificulte la política de hechos consumados que tanto daño hizo en Marbella y que convirtió a los compradores-víctimas en rehenes de los promotores-victimarios, pero evita afrontar el asunto central: la proliferación de delitos urbanísticos nació de la corrupción en los propios ayuntamientos o, en el mejor de los casos, de la necesidad de las administraciones locales de financiarse a través del urbanismo. Quien autoriza o hace la vista gorda difícilmente va a echar mano del nuevo reglamento para derribar lo que acaba de permitir.
Todo esto lleva a reafirmar la convicción de que mientras no se haga un serio balance autocrítico de lo que sucedió en estos años, especialmente en Marbella pero no sólo en Marbella, será imposible coger el timón y enderezar el rumbo.




* SUR - 21.03.10
Foto: diariosur.es

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Siguen aumentando las construcciones en cauces y en zonas de alto riesgo de inundación

En el Día Mundial de Agua, que se celebra el 22 de marzo, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* quiere llamar la atención sobre el estado de abandono en el que se encuentran nuestros cauces y riberas, en los que las diferentes administraciones siguen permitiendo que se construya y se lleven a cabo todo tipo de vertidos y demás deterioros ambientales.

Ecologistas en Acción estima que existen más de cuarenta mil construcciones situadas dentro del dominio publico hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación, siendo en su mayor parte viviendas, aunque también hay otro tipo de construcciones e instalaciones, como son polideportivos, campings, parques públicos, colegios, etc. Una parte de estas construcciones se encuentran situadas en zonas de muy alto riego para las personas, en el caso de que se produzca una avenida.

La responsabilidad de esta situación reside mayormente en las diferentes administraciones implicadas pues, aunque la legislación al respecto es bastante clara (artículo 28 del Plan hidrológico Nacional), exigiendo a las administraciones la eliminación de estas construcciones, lo cierto es que las mismas hacen caso omiso a lo establecido en la normativa, al considerar políticamente “incómodo” la eliminación de esas construcciones. Las administraciones implicadas, y por tanto con competencias en el tema, son las Confederaciones Hidrográficas, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, así como los gobiernos autonómicos y municipales, al depender de los mismos la actividad urbanística.

Ecologistas en Acción considera que esa dejación de funciones por parte de las administraciones responsables está favoreciendo que se sigan incrementando las construcciones en el dominio público hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación, por lo que el riesgo de que se produzcan sucesos como el del camping de Biescas o el de Cerro de Reyes en Badajoz, se incrementa día tras día. En este sentido, la organización ecologista hace responsables a las administraciones con competencias en el tema de que sucesos de estas características puedan volver a sucederse, dado que podrían evitarse, pues si bien es cierto que a medio plazo no se puede saber cuando, donde y cuanto va a llover, siempre se sabe por donde va a correr el agua.

Asimismo, Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre la falta de eficacia frente a avenidas de los encauzamientos de hormigón pues, a parte de suponer la destrucción del río, concentran los caudales, incrementando la velocidad del agua, a la vez que generan una sensación de falsa seguridad, favoreciendo la construcción en su entorno inmediato. Sin embargo, cuando el agua supera la capacidad del encauzamiento, ésta se desplaza sin ningún tipo de control (tanto en el camping de Biescas, como en el barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz, los cursos de agua se encontraban encauzados).

Por último, Ecologistas en Acción hace un nuevo llamamiento a las administraciones públicas para que, cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente, procedan a la eliminación de todas las construcciones y vertidos de todo tipo existentes sobre el dominio público hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación y que a continuación procedan a la restauración del bosque de ribera autóctono, cuya eficacia contra el riesgo de avenidas está sobradamente demostrada.




* Ecologistas en Acción - 20.03.10
Foto: Carros sumergidos en un hipermercado de Valencia (archivo) - elpais.com

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Imputado el alcalde de Alhaurín de la Torre por vender a la baja fincas públicas

ELPAÍS/Málaga* : El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP) tendrá que comparecer mañana lunes como imputado ante un juez de Málaga por un presunto caso de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la venta de unas parcelas municipales a unos promotores. Supuestamente, los terrenos -50 hectáreas en la zona de Tabico- se valoraron por el consistorio muy por debajo de su precio de mercado. Según la denuncia que ha dado origen a la investigación, el daño patrimonial a las arcas municipales se eleva a 2,4 millones de euros.

Además, en la demanda se relata un presunto pacto entre responsables municipales y los promotores, que permitió a éstos adquirir las parcelas antes de que se realizara el proyecto de reparcelación y la ordenación urbanística de la zona, lo que multiplicaría el valor de los terrenos.

Junto a Villanova, también están imputados en el caso el concejal de Urbanismo, Gerardo Velasco; el arquitecto municipal, Manuel Atienza; el asesor jurídico del consistorio Manuel González Lamothe; y los promotores beneficiados, Sergio Portales Ponce y Enrique Portales Sánchez.

Un portavoz del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha negado la existencia de irregularidades, y sostiene que toda la actuación municipal está avalada por informes jurídicos y técnicos, así como por tres tasaciones distintas de los suelos. Villanova insiste en que la denuncia forma parte de una campaña de desprestigio y una "vendetta" personal del denunciante, el ex portavoz del PSOE en el consistorio Roque Manchado, y del abogado de éste, que también lleva una causa contra el regidor por un caso de enchufismo en unas oposiciones.




* ELPAIS.com - 21.03.10
Foto: Alhaurín de la Torre (Málaga) - alhaurin.com

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Ciudades sin alma

FRANCESC TORRALBA TORELLÓ* : Una de las constataciones que podemos reseñar cuando pensamos en las grandes ciudades del mundo es que, al contrario que las ciudades en un sentido tradicional, son espacios crecientemente problematizados. En ellas se concentra cada vez más pobreza, aumenta la población excluida y se evidencia la desigualdad social como nunca antes. Son el origen del cambio climático y de la insostenibilidad ambiental, en ellas se constatan la mayor tasa de suicidios y de enfermedades mentales. En ellas la soledad y la anomia atormenta a millones de personas y los síntomas de violencia urbana son crecientes.

¿Significa esto realmente la muerte de la ciudad tal y como vaticinaron los sociólogos de la década de los sesenta del siglo pasado? En parte la respuesta es afirmativa, pues estas grandes ciudades ya no son de hecho ciudades, sino macrourbes. Se pueden definir como no lugares, donde la gente se desencuentra, donde la movilidad motorizada se ha convertido en una obligación para muchos y es una de las causas que lleva a la vulnerabilidad y a la inaccesibilidad, donde la vivienda ha perdido su sentido de valor de uso sustituyéndose por su una naturaleza mercantil como valor de cambio, donde los espacios públicos se inutilizan, donde los servicios públicos se privatizan, donde los barrios pierden su variedad y riqueza urbana, donde se asienta la desconfianza y el miedo al otro.

Las grandes ciudades se han convertido en un gran contenedor desordenado, de espacios públicos, de barrios, de polígonos industriales, de viviendas, donde los tipos de espacio se separaron convenientemente con el triunfo del urbanismo funcionalista, convirtiendo a la ciudad en un tipo de anticiudad.

Frente a ello, se debe reivindicar el barrio, pues el barrio es la unidad básica para reconstruir la ciudad. La revalorización y reconocimiento del barrio viene a ser considerada como una escala adecuada para resolver los múltiples, graves y crecientes problemas de las grandes ciudades. El barrio es una escala fundamental para el análisis de los problemas económicos sociales, urbanos o ambientales de las ciudades, que pone en contacto las políticas con la realidad social y facilita la definición de soluciones. Hay que recuperar a éste, para igualmente recuperar la ciudad, pues la ciudad son sus barrios.

Ya hace tiempo que la vivienda ha perdido su función social, se ha tornado inaccesible para los grupos sociales más desfavorecidos y especialmente para los jóvenes. En nuestro país, las políticas de la vivienda se han orientado hacia su vertiente económica, obviando su vertiente más social. El marcado carácter económico otorgado a la vivienda se ha asentado en una estrategia desbocada hacia la producción de viviendas apostando, simultáneamente, por un régimen de propiedad de las mismas, lo que ha provocado un fuerte desequilibrio en el mercado inmobiliario.

Sobre el sobredimensionamiento del parque inmobiliario, se esconde una terrible paradoja: por un lado, la destrucción del territorio y un excesivo número de viviendas desocupadas y secundarias, y por otro, una inaccesibilidad para los jóvenes y los colectivos más vulnerables.

La ciudad, el barrio y la vivienda, son los espacios a considerar para aplicar las políticas sociales: políticas de ciudad, de barrio y de vivienda. No pueden obviarse y tampoco separarse, pero estamos instalados en una no-política que ha llevado a devastar nuestras ciudades, a la creación de barrios gueto y a la mercantilización de un bien básico como es el alojamiento. Frente a la crudeza de la situación, no podemos prescindir, como diría David Harvey, ni de los planes utópicos ni de los ideales de justicia.




* Fórum Libertas - Opinión - 19.03.10

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La Línea: Los procesados en 'Roseworld' tienen un día para depositar fianzas millonarias

DIARIODECÁDIZ* : Reclama al ex alcalde de La Línea y tres ediles del PP un total de 762.000 euros cada uno. La titular del juzgado nº1 de La Línea ha dictado un auto por el que ordena la apertura del juicio oral en el caso Roseworld y reclama a los procesados fianzas millonarias que deben depositar el próximo lunes.

Según el auto, que fue notificado ayer a las partes y al cual tuvo acceso este periódico, la juez acuerda iniciar la apertura del juicio oral y tiene por formulada la acusación contra el ex alcalde Juan Carlos Juárez Arriola, los concejales del PP Juan Montero, María Cruz Atienza y Francisco Muñiz; así como el ex secretario general del Ayuntamiento Agustín Sevillano y el ex interventor Sergio Gómez por los delitos de prevaricación, alteración de precios en concursos y/o subastas públicas, estafa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Cada uno de ellos tiene un día, que cumple el próximo lunes, para pagar una fianza de 762.666 euros y asegurar así las responsabilidades pecunarias que se les pudieran imponer con el apercibimiento de que si no lo hacen se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

El que fuera coordinador de Urbanismo Carlos Ruiz Calama está acusado de los delitos de prevaricación, alteración de precios en concursos y/o subastas, estafa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, asociación para delinquir y dos delitos contra la Hacienda Pública. Calama debe aportar el lunes una fianza de 1.673.358 euros.

Anil Thakurdas, administrador de Roserworld, está acusado de los delitos de alteración de precios en concurso y/o subastas, estafa, fraude, cohecho, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, asociación para delinquir y falsedad documental. Kevin Phelan será juzgado por los delitos de alteración de precios, estafa, fraude, blanqueo de capitales, asociación para delinquir, falsedad documental y cohecho. A cada uno de ellos se les reclama una fianza de 810.666 euros.

Rafael de los Reyes Medina, administrador de Abuztúa, la empresa que compró luego los terrenos a Roseworld, está acusado de los delitos de estafa, fraude, receptación, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. En este caso es la fianza más alta que se solicita ya que está cifrada en 33.381.33 3 euros.

Asimismo y según consta en el citado auto judicial, se requiere a los acusados y a Lábaro Grupo Inmobiliario y Abuztúa, en calidad de responsables civiles subsidiarios, a que en un día presenten una fianza de forma conjunta y solidaria cifrada en 16.333.333 euros en concepto de indemnización al Ayuntamiento de La Línea.

La juez también declara que el órgano competente para el conocimiento y el fallo de la presente causa es al Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Algeciras. Además, informa que una vez desingados los abogados, tienen diez días para presentar su escrito de defensa aportando las pruebas de que intenten valerse. Señala que contra este auto judicial no cabe presentar recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma ante el citado juzgado en el plazo de tres días y si no fuese estimado, el de queja ante la Audiencia.

La juez decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto de los procesados por el delito de tráfico de influencias y señala que los responsables civiles subsidiarios son Lábaro y Abuztúa. Además, ratifica la intervención y depósito del precio pactado en la operación de venta de Roseworld y Abuztúa sobre las fincas vendidas, el bloqueo y embargo de cuentas bancarias y cualquier otro tipo de producto financiero hasta el límite de dos millones de euros cuya titularidad corresponda a Calama; y el embargo de una finca para cubrir 2,6 millones de euros como fue acordado en dos autos de 2007 y una providencia del mismo año.




* Diario de Cádiz - 21.03.10
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz) - mma.es

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Campos del Río: El juez tumba la recalificación de Trampolín

LAVERDAD/Murcia* : A perro flaco todo son pulgas. Si algo les faltaba ya a los cientos de compradores de una vivienda en la urbanización Trampolín Hills Golf Resort de Campos del Río, que ni tienen casa ni han recuperado el dinero que entregaron a cuenta, era que la justicia declarara nula la recalificación urbanística de los terrenos sobre los que se iba a construir esa urbanización.

Y eso es precisamente lo que acaba de hacer el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Murcia, José Miñarro, que acaba de establecer la nulidad de los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Campos del Río, celebrado el 26 de mayo del 2005 y en el que se aprobó el convenio urbanístico entre la mercantil Trampolín Hills y el Consistorio, así como la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en el paraje de 'El Barril'.
Traducido a un lenguaje menos técnico, ello supone que el juez ha tumbado la recalificación de los terrenos por parte del Ayuntamiento, además del acuerdo que firmó con el promotor Antonio Martínez y por el que éste, en concepto de compensación por dejarle urbanizar, se comprometía a construir un nuevo edificio consistorial con una inversión de 2,5 millones de euros.
La sentencia es consecuencia del recurso que interpuso el Partido Popular en el año 2007, al considerar que el acuerdo del Pleno se había realizado vulnerando la legalidad. Así, el letrado José Antonio Izquierdo, actuando en representación de ese partido, ponía de manifiesto que el Grupo Socialista, con el entonces alcalde Ricardo Valverde al frente, había aprobado la recalificación sin haber contado con el preceptivo informe financiero sobre el proyecto. Un documento este absolutamente necesario, tratándose de un proyecto como el de Trampolín Hills, que podría llegar a doblar la población de Campos del Río y exigir una previsión de servicios públicos para los que quizá no estaba preparada la administración local.
Además, reseñaba que el Ayuntamiento había pactado 'contra legem' la construcción de una nueva casa consistorial, por importe de 2,5 millones de euros, olvidando las prescripciones de la Ley de Contratos, que exige que la adjudicación de una obra de esa envergadura se atenga al principio de concurrencia, y no se otorgue mediante pacto.
También señalaba que no se había dado publicidad a los actos administrativos aprobados.
El magistrado Miñarro ha dado ahora la razón al PP y, debido a esos errores cometidos en su día por el equipo de gobierno socialista, deja sin efecto la recalificación de los terrenos y el acuerdo con el grupo promotor Trampolín Hills.
Varapalo para los clientes
La resolución judicial supone en la práctica un varapalo para los compradores de las viviendas de ese resort, ya que complica sobremanera las posibilidades de que un día lleguen a recuperar todo o parte del dinero que entregaron a cuenta y que, según admite la propia promotora, alcanzó un importe total de más de 52 millones de euros.
En concreto, tanto el empresario Antonio Martínez como los compradores confiaban en que los terrenos de 'El Barril', que suman unos dos millones de metros cuadrados, pudieran ser vendidos por una elevada cantidad de dinero, al estar recalificados urbanísticamente, y que ello permitiera devolver parte de lo adeudado. No en vano, la promotora esgrimía un informe reciente de una auditora, que cifraba el valor de la finca en unos 87 millones de euros.
Si la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, que puede ser recurrida, llegara a ser ratificada y se convirtiera en firma, los terrenos perderían la calificación de urbanizables y, con ello, admiten fuentes del proceso, la mayor parte de su valor. Y las posibilidades de alcanzar una solución satisfactoria se reducirían al mínimo.





* La Verdad - 19.03.10
Foto: Afectados de Trampolín Hills, frente a las oficinas de la promotora en Campos del Río. :: JUAN LEAL. laverdad.es

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Los comerciantes encabezan la rebelión contra la nueva la Diagonal

ELPAÍS/Barcelona* : Los comerciantes se han erigido en la voz más crítica ante la transformación de la Diagonal que promueve el Ayuntamiento de Barcelona. El secretario general de la Confederación de Comercio de Cataluña, Miquel Fraile, se mostró ayer radicalmente contrario: "La obra no es necesaria". No es que no les guste más el bulevar, la primera opción, o la rambla, la segunda. Es que ni siquiera están de acuerdo en que se lleve a cabo una reforma.

Considera Fraile que la opinión del sector del comercio es "básica" para una transformación de esta envergadura. En cualquier caso, si el proyecto tiene que ejecutarse, Fraile demanda que se tenga muy en cuenta el vehículo privado. "Antes de decidir nada nos faltan dos informaciones básicas: la gestión de la movilidad en las calles adyacentes a la Diagonal y la calidad de la ejecución de las obras".

El principal objetivo de la transformación que impulsa el Consistorio es dar prioridad al peatón y al transporte público frente al uso del vehículo privado. Una combinación que, precisamente, ha sido decisiva para impulsar los ejes comerciales de la ciudad. Empezando por Barna Center -con una férrea oposición inicial de los comerciantes a la peatonalización del Portal de l'Àngel- y siguiendo en cualquiera de los ejes de la ciudad: Gràcia, Sant Andreu, Sarrià, Poblenou, entre otros. Ahora, ninguno de ellos aceptaría un proceso a la inversa.

Con todo, la explicación de las dos opciones de transformación de la Diagonal presentadas el jueves pasado por el alcalde, Jordi Hereu, ha dejado tantos cabos sueltos que incluso las voces que están a favor piden más información. Y sorprende que un colectivo tan implicado en todo proceso de transformación de ciudad como es el de los arquitectos no haya querido pronunciarse. Un portavoz del Colegio de Arquitectos de Barcelona puntualizó que la institución organizará debates, pero declina exponer su posición. Una exposición que se abrirá la semana próxima en los Jardinets de Gràcia aportará más información sobre la reforma que se pretende y con el mismo fin se organizarán debates y charlas. El Ayuntamiento de Barcelona teme ahora que la falta de información decante a la mayoría por la tercera opción (que la Diagonal se quede como está) en la consulta que se realizará en mayo.Éstas son algunas de las opiniones recogidas a propósito de la transformación de la ciudad:

- Ole Thorson, ingeniero de caminos y experto en Movilidad. "Me decanto directamente por la opción del paseo central, la de la rambla, porque es la que mejor trata al peatón con aceras más anchas y una calzada menos contundente. Durante mucho tiempo, las ciudades han dado la prioridad al vehículo y ha llegado el momento de invertir el orden. En las dos opciones es importante que se dé prioridad al tranvía. Una prioridad que también se deberá producir en el paso semafórico". Para Thorson, la evidencia de que a la Diagonal le sobran coches es que es una vía con muchos accidentes de tráfico.

- Oriol Bohigas, arquitecto y ex responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. "No tengo una visión demasiado precisa de los proyectos y para poder opinar sobre si es mejor el bulevard o la rambla, dos soluciones previsibles, me faltaría conocer datos significativos sobre la circulación y el funcionamiento de cada uno. Es un tema muy complejo y me angustia pensar qué podrá opinar la ciudadanía cuando ya es difícil decirlo desde el punto de vista profesional. Creo que en este debate quienes tendrían que opinar son los técnicos".

- Miquel Nadal, director de la Fundación del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC). "Nosotros sí creemos que a la Diagonal le hace falta una reforma. La cuestión es saber de qué tipo. Tocar esa vía es tocar algo básico. A ver si vamos a hacer cambios para encontrar soluciones a unas cosas y acabamos estropeando otras", plantea Nadal. "Tengo dudas sobre si el Eixample absorberá sin problemas el tráfico que se elimine de la Diagonal. Hace falta estudiar más a fondo las posibilidades. Nos parece complicado que, tal como se ha planteado, no genere problemas de tráfico", explica. El tranvía es para ellos el punto más escabroso. No creemos que esté suficientemente justificado todavía como para tomar la decisión de llevar a cabo el tranvía. "Que sea una propuesta abierta, para más adelante", apunta.

- Carme Pinós, arquitecta y vecina de la Diagonal. "Me falta información, pero he vivido en la Diagonal desde siempre y me apunto a que se haga algo para reducir el tráfico. No es de recibo que haya una autopista en medio de la ciudad. Sobre las dos soluciones, aunque me faltan datos, me inclino por el bulevar porque pienso que da más vida a los vecinos y los comercios. En todo caso, lo que está claro es que se precisa repensar el Eixample porque asume demasiada circulación rápida. Es demasiado duro".

- Jordi Giró, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Está radicalmente en contra de la tercera opción, de no intervenir en la Diagonal: "No puede ser que la principal vía de la ciudad vaya hacia el colapso y el conflicto por no intervenir. Entre las dos opciones, las dos cumplen con lo que entedemos que son requisitos imprescindibles: pacificación del tráfico, tranvía y más transporte público, recuperación del espacio para el peatón, mejores condiciones para la actividad comercial y mantener el arbolado. Pero hace falta más información de algunos de esos aspectos; por ejemplo, cómo se resuelven los apeaderos del tranvía y la separación del carril bici, para inclinarse entre uno y otro.

- Carles Ferrater, arquitecto y reciente premio Nacional de Arquitectura. "No conozco los proyectos con profundidad, pero siempre he sido contrario a la idea del tranvía en la Diagonal. No me parece el transporte adecuado para un área metropolitana de tres millones de personas. Creo que se puede suavizar el tráfico actual, peatonalizar un poco más, poner un poco más de verde y, claramente, apostar por el metro".

- Carmen Izquierda, representante de las asociaciones de comerciantes del Cor del Eixample. "Nosotros siempre defenderemos que haya aceras más anchas. Lo importante es que la gente pasee cerca de las tiendas. Por eso, en principio, de las propuestas que hay, el boulevar nos parece lo más interesante". Aunque le ve ventajas al primer modelo, tampoco quiere casarse de lleno con él. Las restricciones al coche, en cambio, no las ve: "El transporte privado es básico para que la gente pueda ir de tiendas".


* Esta información ha sido elaborada por Blanca Cia, Cristina Delgado y Catalina Serra.



* ELPAIS.com - 20.03.10
Foto: Un ciclista circula por el carril bici de la Diagonal.- CARMEN SECANELLA, elpais.com


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Los jueces siguen anulando licencias que el nuevo PGOU de Marbella ya ha legalizado

ELCONFIDENCIAL* : En la historia del urbanismo de nuestro país no existen precedentes de una situación tan enmarañada como la de Marbella. La última sentencia de los tribunales, en la que se anula una licencia por la que se construyeron cuarenta y ocho viviendas en la zona de Elviria, emitida por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, supone un nuevo choque entre el PGOU de Marbella y las ilegalidades urbanísticas cometidas durante un largo periplo en la ciudad.

Muchos de estos desbarajustes urbanísticos han sido aprobados por el plan actual. Sin embargo, ahora los juzgados, cada cierto tiempo, van ilegalizando con sus providencias edificaciones del nuevo planeamiento de la ciudad que tanto Ayuntamiento como Junta de Andalucía decidieron regularizar en medio de este embrollo. Los tribunales aún tienen mucho que decir y los jueces están llamados a tener un papel determinante en la ejecución del nuevo PGOU.

Así, se da la paradoja de que la sentencia condena a Julián Muñoz a un año de cárcel en una operación urbanística que la nueva normativa da por buena. El nuevo PGOU ha legalizado los inmuebles a cambio de una cesión de 650 metros cuadrados.

Con todo y con eso, la resolución judicial no afectará ya ni a Julián Muñoz ni a los seis concejales también imputados en la firma. En su día, la Fiscalía y los ex ediles llegaron a un acuerdo a cambio de que no se celebren los numerosos juicios por causas urbanísticas en las que estaban imputados. Los permisos, aprobados en julio de 2000 y abril de 2003, se concedieron “a sabiendas” de que eran contrarios a la normativa urbanística vigente, un hecho que pusieron de manifiesto los informes técnicos aportados a los expedientes. La promoción se levantó además con exceso de edificabilidad.

Casos en los tribunales

La ampliación del Centro Comercial la Cañada, Banana Beach, los locales comerciales de Plaza de Mar, La Terraza de Marbella, Belmonsa, o el Residencial Las Flores, son solo algunos nombres de la larga lista de las edificaciones ilegales construidas antes de la aprobación del nuevo PGOU, materia de diferentes litigios judiciales en las vías contenciosa, civil y penal.

Estas construcciones están ahora en los tribunales y tienen la licencia anulada por la Justicia. Deberán ser los magistrados quienes determinen cómo se ejecutan las sentencias, así como decidir los intereses de todas las partes implicadas.

La concesión de licencias para más de 18.000 viviendas contrarias a la normativa, con todas las irregularidades marcadas en los convenios urbanísticos, tendrán ahora que ser reguladas, además de determinarse la postura de los tribunales en cuanto a si revisarán las órdenes de demolición que ya habían emitido sobre algunas promociones que el plan ya ha normalizado.

También está la incógnita de lo que va a suceder con aquellos procedimientos abiertos por denuncias de situaciones ilegales que el plan considera legalizables, muchas de ellas formuladas por la Junta, es decir, la administración que ha dado el visto bueno definitivo al PGOU.

Denuncia por edificar en un parque publico

El fantasma del pasado vuelve a planear sobre la ciudad. Ahora son los vecinos del Parque de la Constitución los que se han personado esta semana en los juzgados de Marbella para denunciar la construcción de un conservatorio en un suelo calificado como parque publico (que no admite usos educativos). Igual que hay concejales del GIL con condenas de prisión por dar licencia para construir en suelos calificados como parque público, ahora los vecinos piden explicaciones al Ayuntamiento sobre esta edificación.

“Están destrozando el único pulmón verde que tiene Marbella, talando masivamente árboles, destrozando vegetación y construyendo un edificio en suelo verde… Por mucho que se amparen en un nuevo PGOU, no pueden hacer lo que están haciendo” denuncia Piedad Jiménez, una de las afectadas.

El edificio que se está construyendo para ubicar el Conservatorio de Música se ha ubicado en las dependencias del anfiteatro del parque de la Constitución. Contará con 1.400 metros cuadrados repartidos en tres plantas: un sótano de 600 metros cuadrados, una planta primera con la misma superficie y un segundo piso con otros 200 metros cuadrados. Las obras se financiarán con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía.

Los vecinos están solicitando información para invocar el incumplimiento del propio ayuntamiento de la ordenanza municipal de protección de zona verde y ajardinada, para talar estos árboles, “ya que tendría que haber un informe previo de la delegación de parques y jardines del ayuntamiento que lo autorizara y de momento nadie nos lo ha presentado”.




* El Confidencial - 20.03.10
Foto: Marbella - agenda21malaga.org

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Un 'kosovo' en el corazón de Ferrol

ELPAÍS/A Coruña* : Patrimonio niega protección cultural al casco histórico ante su fuerte deterioro. Sobre el barrio más antiguo de Ferrol se diría que ha caído una bomba de tiempo y abandono. "Es como nuestro pequeño Kosovo", resume Alberto Saavedra, presidente de la asociación de vecinos del barrio. No exagera. Por cada vivienda habitada hay otras dos tapiadas o en ruinas.

Los tejados de muchas casas se han desplomado por completo dejando al aire vigas de madera podrida y grietas tan profundas que dejan pasar la luz. Los árboles han colonizado el suelo de lo que en otro tiempo fueron habitaciones y cocinas, y las ramas se asoman por las ventanas enredándose en los postes de la luz junto al parque infantil de la Praza Vella, a 50 metros del puerto. Degradado, despoblado y bordeando la marginalidad. Con este panorama urbanístico, el ayuntamiento ferrolano se ha topado esta semana con la negativa de la Xunta a reconocer el barrio como Bien de Interés Cultural (BIC). Esta catalogación abre las puertas a la obtención de nuevas ayudas. El chasco para el gobierno local y los vecinos, que promovieron la iniciativa, ha sido monumental. "Es una bofetada moral" admitió el alcalde, Vicente Irisarri, del PSOE, que recurrirá la "caprichosa" decisión de la Consellería de Cultura confiado en que el Gobierno gallego "tendrá que rectificar".

La Dirección Xeral de Patrimomio se aferró al único de los tres informes que desaconsejaban la catalogación de Ferrol Vello y desechó los dos que abogaban por la protección del barrio. "Los argumentos son débiles y fácilmente rebatibles", apunta el regidor. Defiende que en el barrio se cuentan decenas de viviendas con más de 200 años que deben formar parte de un conjunto monumental junto con el Arsenal Militar, los castillos y el barrio modernista de A Magdalena, que aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. "Ya está bien de que Galicia sea tan tacaña consigo misma", protesta Irisarri, que advierte al PP que el barrio "no se abrirá a la especulación urbanística".

Asomado a la ría y pegado al muelle, Ferrol Vello fue el asentamiento primigenio de la ciudad, que fue creciendo en torno a un castro. Conserva parte de su estructura medieval del siglo XIII con media docena de calles semicirculares ordenadas de forma concéntrica mirando al mar. Como en cualquier barrio portuario, proliferaron pensiones y tabernas, hoy abandonados. No hay supermercados ni cajeros. Apenas sobreviven una docena de bares, una tienda de barrio y un par de estancos con suvenirs de la posguerra.

Los bajos conservan los rótulos de licorerías y negocios muy antiguos, y sólo un par de tascas abren sus puertas hasta la madrugada. De los 36 inmuebles de la calle Carmen Curuxeiras, por donde discurre el Camino Inglés a Compostela, sólo 11 están habitados. De una sus casas de tres plantas y completamente derruida, cuelga el cartel de "se vende" por 70.000 euros.

Desde la asociación vecinal calculan que en todo el distrito de Ferrol Vello están censadas poco más de 2.000 personas de los 74.696 habitantes que tiene el municipio. "El 35% de las casas están habitadas y el 65%, abandonadas o en ruinas", apunta Saavedra. Los vecinos denunciaron "solares que parecían selvas" llenos de ratas. La singularidad del barrio llamó la atención de los Callejeros de Cuatro, que lo patearon de casa en casa esquivando cascotes. Los bomberos se aburren de apuntalar viviendas y de sofocar pequeños conatos de incendio, y la policía, de encontrar indigentes durmiendo entre cartones bajo estructuras que amagan con desplomarse en cuanto sopla el viento.

Desde que se inició el expediente para la catalogación del barrio como BIC, en abril del año pasado, todas las licencias quedaron en suspenso. Hay trece viviendas con la obra de rehabilitación paralizada, y los vecinos se quejan de infinitas trabas administrativas "para poner un ascensor o cambiar un azulejo". Reparten la responsabilidad entre todas las corporaciones que en las tres últimas décadas se cruzaron de brazos viendo "morir el barrio".

Las ayudas del Ministerio de Vivienda y de la Xunta para rehabilitar la ciudad en 2010 fueron tacañas: menos de 50.000 euros a repartir entre 30 intervenciones en A Magdalena, A Graña y Ferrol Vello. En los últimos meses, el municipio ejecutó mejoras en la Praza Vella, la Praza de Carbón y las calles Virxe, Merced o San Antonio que no han logrado cambiarle la cara al barrio. Sin embargo, Ferrol Vello tiene otra oportunidad este año con una partida de los presupuestos participativos de la ciudad. También le corresponden fondos europeos para la recuperación los casos históricos.




* ELPAIS.com - 20.03.10
Foto: Una de las casas al borde la ruina en el casco histórico de Ferrol.- Gabriel Tgizón, elpais.com

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¿Cuánto vale mantener las calles?

CARME MIRALLES-GUASCH* : En un momento en el que las administraciones públicas buscan estrategias para acomodar sus gastos a sus menguantes ingresos, es oportuno hacerse la siguiente pregunta: ¿cuánto le cuesta al erario público mantener las calles, conservar la red de aguas y de saneamiento, el alumbrado público, la urbanización, la limpieza o el transporte? Esta cuestión depende del modelo urbano que se haya optado en el municipio. El coste de mantener el espacio público en condiciones aceptables obedece a cuestiones de índole urbanística y, especialmente, a la densidad urbana.

En los últimos años, en muchas ciudades se ha optado por construir urbanizaciones de carácter disperso, caracterizadas por la producción de espacios residenciales de baja densidad y con tipologías de vivienda de tipo unifamiliar. Los conjuntos de casas aisladas y adosadas muestran el alcance de un paisaje residencial ajeno a los procesos urbanizadores de antaño, definidos por la contigüidad y su carácter compacto.
En muchas ocasiones, esta expansión residencial de baja densidad selecciona lugares en función de la accesibilidad a la red de autopistas y a la alta velocidad ferroviaria, especialmente en las estaciones intermedias del recorrido. Además, lo hace en unas proporciones hasta ahora desconocidas en España y no sólo como segunda residencia, sino como vivienda principal. De hecho, en los últimos diez años, estas zonas residenciales han llegado a representar en muchas ciudades más del 50% de las nuevas construcciones.
Sin embargo, el problema de estas tipologías urbanas de baja densidad aparece cuando las construcciones están terminadas y sus nuevos habitantes ya viven en ellas. Es entonces cuando el municipio empieza a ser realmente consciente de los costes públicos que supone mantener sus calles y plazas, ya que estos pueden ser mucho más altos respecto a las calles de densidades medias y de urbanización compacta. Así, por ejemplo, el mantenimiento de la red de aguas y del alcantarillado se duplica, y el mantenimiento de la urbanización y de la limpieza se cuadriplica. Unos costes diferenciales que difícilmente repercuten en la misma proporción a los vecinos de estas viviendas y que tienen un coste vivienda/año siete veces mayor en baja densidad que en un bloque de viviendas.
Los modelos urbanos, que son opciones elegidas por los gobiernos municipales y se aprueban en pleno, repercuten directamente en los presupuestos municipales y, más concretamente, en los gastos corrientes y obligados por ley. Sin embargo, al iniciar una nueva promoción de viviendas, en muy pocas ocasiones se contabiliza el aumento de estos gastos corrientes que tendrá que sufragar el erario público en relación al aumento de ingresos, que en bajas densidades siempre es menor.
En una época en la que los presupuestos públicos son cada vez más difíciles de nivelar, especialmente los de las administraciones locales, es imprescindible pensar qué modelo de ciudad se prefiere y cómo se va a sufragar. Pensar en todo el ciclo y no sólo en los beneficios a corto plazo forma parte de la nueva economía.


* Profesora de Geografía Urbana


* Público - Del Consejo editorial - 19.03.10

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Almuñécar: El TSJA decreta ilegales las 51 viviendas de Los Pinos cuya licencia fue concedida por PSOE y PP en el año 2002

COSTATROPICAL/Granada* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia fechada el 15 de marzo de 2010, rechazando la causa de inadmisibilidad aducida por las partes demandadas, Ayuntamiento de Almuñécar y la mercantil “Playa Costa Tropical S.L.”, estimando el recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la Junta de Andalucía en marzo de 2002, contra el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar el 14 de enero de 2002...
... -durante el gobierno tripartito PSOE-PP-PILH, siendo alcalde Juan Luis González y concejal de Urbanismo el socialista Antonio Manuel Rebollo- otorgando a la mercantil “Playa Costa Tropical S.L.” licencia para la construcción de 51 viviendas en la Urbanización Los Pinos.

La base del recurso estima que la licencia concedida por el Tripartito, “incumplía las previsiones del PGOU en cuanto a zonificación y edificabilidad, pues, mediante la aprobación del Estudio de Detalle aprobado por el Ayuntamiento de Almuñécar el 20 de diciembre de 2001, a cuyo amparo se concedió la licencia, se ha producido una diferente zonificación de la zona verde privada y de la zona residencial, así como un aumento de la edificabilidad prevista en el PGOU, lo que supone una modificación del Planeamiento General que no está permitida al Estudio de Detalle”.

Tras una amplia argumentación técnica basada en el uso del suelo y los niveles de edificabilidad, el TSJA considera que el recurso de la Junta “debe ser estimado” y en consecuencia “anulado el acto de concesión de la licencia”. Así mismo, el fallo anula el acto impugnado por “no ser conforme a derecho”, aclarando que contra la sentencia cabe interponer “Recurso de Casación” en el plazo de 10 días, plazo tras el cual se “llevará a efecto la resolución impugnada”.

Concesión de la licencia
El acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 20 de diciembre de 2001, bajo la presidencia del alcalde Juan Luis González Montoro, siendo concejal de Urbanismo el ex alcalde del PSOE Antonio Rebollo -quienes compartieron alcaldía en la citada legislatura- señala en el punto 18 que se somete a aprobación el “Proyecto de Compensación en Los Pinos” presentado por la mercantil “Playa Costa Tropical S.L.”. Del mismo modo, aparece indicado que el Ayuntamiento Pleno celebrado dos meses antes, el 9 de octubre de 2001, acordó por mayoría la aprobación inicial de las figuras urbanísticas de “Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en Los Pinos”.

Sometido el punto a votación, el Ayuntamiento Pleno por mayoría de once votos a favor de los concejales del PP, PSOE e independentista, y siete votos en contra del Partido Andalucista, acuerda desestimar las alegaciones presentadas, argumentando que “pretenden invalidar una escrupulosa tramitación urbanístico-administrativa con apelaciones a la ética”, añadiendo que el procedimiento seguido para la formulación y tramitación del proyecto de compensación que se trata, “se ajusta plenamente a la legislación urbanística vigente, a la normativa del PGOU vigente y a la forma de aplicarla”, resultando aprobado definitivamente el Proyecto de Compensación en la citada urbanización.

Seguidamente, el punto 19 somete a aprobación el Estudio de Detalle en los Pinos presentado por la misma mercantil para la ordenación de volúmenes. Del mismo modo y con la misma votación, contando de nuevo con el voto en contra de los concejales del Partido Andalucista, el gobierno del Tripartito desestima las alegaciones presentadas en base a los mismos argumentos anteriores, resultando igualmente aprobado.

Igual resultado alcanza el punto 20 que somete a aprobación la Delimitación Poligonal en Los Pinos, quedando rechazadas las alegaciones presentadas en los mismos términos que los anteriores puntos, resultando finalmente aprobada con el voto en contra de los andalucistas “la delimitación de la Unidad de Ejecución promovida por la mercantil Playa Costa Tropical S.L.”

Cabe señalar que el acta acara que al citado Pleno no asiste el concejal andalucista Manuel Novo Guerrero y que el concejal del PILH, Juan Mora Barbero, se ausenta de la sesión durante el desarrollo de los citados puntos 19 y 20.

Valoración de la sentencia del Equipo de Gobierno de Convergencia Andaluza
El portavoz del Equipo de Gobierno, Jesús García Alabarce, ha manifestado que “pese a que en este asunto, gestionado y aprobado por el Tripartido PSOE – PP – PILH, nosotros votamos en contra en los tres puntos que afectaban a aprobación de la citada licencia, nos preocupa que ocho años después de su concesión se dicte sentencia en contra de la misma, a sabiendas de que esas viviendas están habitadas en su práctica totalidad por vecinos de Almuñécar y algunos residentes, que ahora ven peligrar su estabilidad familiar, sus casas y su economía”.




* Costa Tropical - 19.03.10
Foto: Almuñécar (Granada), viviendas los pinos - costatropicalinformacion.info

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Alerta: el agua siempre vence al ladrillo

ELPAÍS* : La construcción salvaje en zonas inundables suma víctimas o daños en Madeira, el Guadalquivir o La Rochelle. Las vidas de Nicolas Sarkozy y Verónica Monges no tienen nada que ver, pero en las últimas semanas se han enfrentado a un enemigo común. El presidente francés visitó La Rochelle el pasado 1 de marzo tras la tormenta Xynthia, que se llevó la vida de medio centenar de personas mientras dormían tranquilamente en sus casas. "No se puede transigir con la seguridad. Debemos reflexionar sobre los planes urbanísticos para que esta catástrofe no vuelva a suceder", dijo Sarkozy.

Monges vive en el asentamiento de casas ilegales en la ribera del río Guadarrama, en el municipio madrileño de Móstoles. "Los días que llueve mucho, esto se inunda y nos vamos a la casa de un familiar unas calles más arriba. Hace dos semanas, tuvimos que sacar agua con cubos del salón de una vecina", cuenta desde la puerta mientras trata de que su hija no moleste al niño más pequeño. "¿Que si tenemos miedo de que aquí un día pase algo? Pues claro que sí", responde sin dudar.

La catástrofe de La Rochelle se cimentó en un cóctel formado por vientos de más de 150 kilómetros por hora, subida de la marea y lluvias torrenciales. Los problemas de Monges se deben, sin embargo, a la posible crecida del río que ve cada mañana desde su casa. Pero tanto en un caso como en otro -así como en las lluvias de Madeira, que a finales de febrero dejaron una cuarentena de muertos, o las crecidas del río Guadalquivir, sin víctimas mortales pero con cuantiosos daños materiales- la construcción de viviendas en zonas peligrosas es el gran problema. La proliferación de un urbanismo que ha ignorado los caminos del agua suscita un debate que enfrenta la seguridad de los ciudadanos con el derecho de esas personas a seguir viviendo en su propia casa. Ninguna solución -expropiaciones, obras de ingeniería...- dejará contento a todo el mundo.

El fenómeno se ha extendido en estos años en los que el ladrillo se convirtió en la herramienta más fácil y más rápida de los ayuntamientos para hacer caja. No hay cifras oficiales, pero las de los ecologistas asustan. "Estimamos en 40.000 las construcciones en dominio público hidráulico, la gran mayoría viviendas, pero también cámpings, polideportivos, residencias de ancianos, colegios, restaurantes...", sostiene Santiago Martín Barajas, autor de un informe de Ecologistas en Acción. Los responsables políticos prefieren, sin embargo, quitar hierro. "Me parece una cifra exagerada, algo alarmista", responde Jesús Yagüe, subdirector de Dominio Público Hidráulico del Ministerio de Medio Ambiente. "Estamos realizando la cartografía de zonas inundables, que estará plenamente operativa en 2012", añade.

Tras años de mirar hacia otra parte, la radiografía del problema dio un salto de gigante en 2007, con la directiva de la Comisión Europea que daba de plazo hasta 2013 para que los Estados detecten en mapas sus áreas con riesgo de inundación. "La reforma de la Ley del Suelo de 1998 ya estableció que había que declarar como no urbanizable el suelo que conllevara riesgos, pero ese artículo nunca se cumplió", recuerda el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Jorge Olcina. "Como no había mapas de riesgo, se construía. Durante el boom inmobiliario nadie quería mirar hacia un problema en el que se está jugando con vidas humanas", concluye Olcina, que estima en 300 las muertes causadas por inundaciones en España en los últimos 15 años.

Vidas como las de los 87 veraneantes que murieron el 7 de agosto de 1996 en Biescas (Huesca). Fueron 87 cuerpos arrastrados por una riada que arrasó un cámping construido en el curso de un torrente, cerca de un barranco. Los informes técnicos que desaconsejaban la ubicación del establecimiento en ese lugar no sirvieron para nada.

Tras un suceso que dejó en shock a todo un país -y que obligó a las administraciones a pagar 11,2 millones de euros por no haber evitado un suceso previsible-, el Senado creó una comisión que sacara conclusiones de la tragedia. "Dieron unas recomendaciones de enorme interés pero que no se pusieron en práctica. Han tenido que pasar más de 10 años para que volvamos a retomar esas conclusiones", añade el catedrático de la Universidad de Alicante. Es probable que catástrofes como la de Biescas no hubieran pasado antes porque a nadie se le habría ocurrido levantar un cámping en el curso de un torrente cerca de un barranco. "Hemos perdido la memoria del territorio. Antes se elegían los lugares donde asentarse con un cierto conocimiento del territorio. La moderna promoción de viviendas ha olvidado estas enseñanzas, por lo que se hace imprescindible un estudio científico riguroso del suelo", asegura el premio Nacional de Urbanismo José María Ezquiaga.

Los estragos del agua tampoco son baladíes desde el punto de vista económico. Se trata del riesgo natural que más daños causa en España al año: un 0,1% del producto interior bruto, es decir, unos 1.000 millones de euros. Y puede ir a más. Porque a medida que el cambio climático se haga más presente, será necesario reevaluar los riesgos que conlleva. "Aumentarán, por ejemplo, los problemas de inundación en áreas costeras, hasta ahora muy poco importantes en España", pronostica Ezquiaga.

El mapa que prepara el ministerio en colaboración con las comunidades autónomas, del que ya ha dibujado más de 60.000 kilómetros, permitirá poner en marcha una política preventiva para evitar licencias de obras en zonas de riesgo. Además del mapa, el Gobierno ha invertido en cuatro años más de 300 millones en conservación y limpieza de cauces y ha puesto en marcha el Sistema Automático de Información Hidrológica para prevenir las avenidas de agua. Las inundaciones de la costa mediterránea, donde son más habituales, no suelen causar muchos daños a pesar de ser una de las zonas más vulnerables por su alta densidad de población. "Las grandes inundaciones, normalmente originadas por lluvias continuadas, son menos usuales y se suelen localizar en Andalucía o Extremadura", explica la profesora de meteorología Carmen Llasat.

Ahora bien, una vez detectadas las áreas peligrosas, ¿qué se hace con las personas que viven en esas decenas de miles de casas ya construidas? "Es la pregunta del millón", reconoce el alto cargo del ministerio. "Tendremos que ver qué medidas adoptamos. Los propietarios deberán fomentar los seguros frente a inundaciones. Y es necesario abrir un debate público sobre la expropiación", añade Yagüe. Francia forma parte de la avanzadilla en este sentido: ha dibujado un mapa con tres niveles de riesgo, y se reserva la expropiación sólo para las áreas más peligrosas.

"No caben más que dos alternativas. O se inician obras hidráulicas muy costosas que, si se hacen con fondos públicos, implicarán transferencias de rentas a los que en muchos casos construyeron ilegalmente. O se reubican estas urbanizaciones. A pesar de que sea una medida muy impopular y que plantea muchos interrogantes, creo que habrá que avanzar en este camino", señala el urbanista José María Ezquiaga. Como un primer paso, el Gobierno ha comenzado en los últimos cuatro años a recuperar terrenos para dar más espacio al río. El alto coste de estas expropiaciones, más enfocadas en la mejora medioambiental que en la seguridad, provoca que se hagan muy lentamente.

Se adopte la decisión que se adopte, será un camino lento, caro y que no cubrirá todos los flancos. Por eso el profesor de geología de la Universidad de Barcelona Joan Manuel Vilaplana insiste en la educación. "Las canalizaciones son necesarias, pero no suficientes. Dan una falsa sensación de seguridad. Creo en el ejemplo francés, que implica planes de prevención para sensibilizar a la población. Hay que enseñar a la gente a convivir con el riesgo y no hablar sólo de esto cuando hay una tragedia. Las administraciones públicas han escondido la cabeza el resto del tiempo", dice Vilaplana.

Pero no todos se esconden. El Ayuntamiento de Móstoles lleva años pidiendo a la Confederación Hidrográfica del Tajo y al Gobierno central la demolición de los dos centenares de viviendas en el cauce del río Guadarrama. "Antes de que haya una tragedia humana, como la de Biescas", decía el alcalde, Esteban Parro, hace ya dos años y medio.

Este poblado nació en los años sesenta del siglo pasado. Las viviendas que en un principio se utilizaban para el descanso de fines de semana se convirtieron en residencias habituales. Este conglomerado de casas al margen de la legalidad recibió más tarde población gitana e inmigrante, principalmente marroquí. Algunos llegaron a tiempo para ver con sus propios ojos la inundación de 1989 y la menos importante de 1995. "No es para tanto. Aquí ya no hay ningún peligro", dice Rebeca, detrás de la barra de uno de los dos bares del lugar, que no ve con buenos ojos la presencia de periodistas por ahí. "Luego decís que esto está fatal y no es verdad", protesta. Durante estas últimas semanas, tras el febrero más lluvioso de los últimos 30 años, los responsables del municipio de Móstoles hicieron llegar a todos los que querían escucharles su preocupación por la posibilidad de que se desencadenara una tragedia en el lugar. Finalmente, no ocurrió nada. Habrá que ver qué pasa la próxima vez.

Las grandes inundaciones

- Bastó con 10 minutos de lluvias para acabar con las casas de cientos de vecinos de Badajoz el 7 de noviembre de 1997. Fallecieron 18 personas. Cinco, de una misma familia.

- El 7 de agosto de 1996 murieron 87 personas en el camping de Biescas (Huelva), construido en el cauce de un torrente cercano a un barranco.

- Bilbao sufrió la peor inundación de su historia durante las fiestas del verano de 1983. En las 24 horas del 26 de agosto cayeron 1.500 toneladas de agua. Hubo 34 muertos y cinco desaparecidos.

- Unas lluvias torrenciales que en algunos puntos superaron los 500 litros por metro cuadrado lograron borrar del mapa un pueblo entero del Pirineo. Entre el 6 y el 9 de noviembre de 1982 murieron por la inundación 14 personas.

- La presa de Tous, incapaz de contener la crecida del Júcar, se vino abajo el 20 de octubre de 1982. La catástrofe se saldó con una treintena de muertos y más de 5.000 damnificados en 32 poblaciones distintas.

- La crecida de un río insignificante, el Ripoll, causó el 25 de septiembre de 1962 una de las mayores tragedias del agua de la historia de España. En el Vallès murieron unas mil personas en unas pocas horas.





* ELPAIS.com - Reportaje - 19.03.10
Foto: Una lancha navega entre parcelas inundadas por la crecida del Guadalquivir en febrero en Córdoba.- F. J. V. elpais.com

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Málaga: Gena considera que el “derribo exprés” no detendrá el urbanismo ilegal

INFOAXARQUÍA* : El Gabinete de Estudios para la Naturaleza de la Axarquía (Gena–Ecologistas en Acción) ha rechazado el reglamento de disciplina urbanística aprobado por la Junta de Andalucía conocido ya como “derribo exprés”. La asociación considera que si bien la medida acelera la tramitación de las demoliciones de las viviendas ilegales ya que se faculta a los ayuntamientos a ello, han sido éstos los que “han mostrado sobradamente a lo largo de los últimos años una negativa expresa a erradicar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable”.

Además, la medida, según ha expuesto el colectivo, supone trasladar a los ayuntamientos “una responsabilidad que sin duda tiene consecuencias políticas”, ya que “al afectar a las tramas inmobiliarias creadas en los municipios, la impopularidad de las medidas de demolición acarreará una pérdida de votos que pondría en peligro la perpetuación en el poder de los partidos políticos gobernantes en dichos ayuntamientos”.

Para el portavoz de Gena, Rafael Yus, es impensable, que “las mismas instituciones que han consentido o alentado la construcción de viviendas en suelo no urbanizable ahora vayan a utilizar esta poderosa herramienta cuando lo que está en peligro, desde su punto de vista, es el desarrollo de su municipio y el apoyo social a la formación política gobernante”.

Así, la asociación ha calificado la medida de insuficiente y considera que la alternativa debe estar en eliminar la competencia urbanística en el suelo no urbanizable de todos los municipios de Andalucía “pues ninguno ha demostrado saber, poder o querer gestionarla”.

También proponen crear una estructura, dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, con carácter provincial, desvinculada de los ayuntamientos y suficientemente equipada de técnicos apropiados, para diligenciar los expedientes de ilegalidad y demolición conforme a este Reglamento de Disciplina Urbanística. La última medida que sugiere el colectivo es solicitar la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente el SEPRONA y la Policía Autonómica, así como la ciudadanía, para la detección de las infracciones.




* InfoAxarquía - 17.03.10
Foto: Axarquía (Málaga) - infoaxarquia.es

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La Vila modifica el plan general y avala el exceso del hotel Atrium

ELPAÍS/Alicante* : El pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa aprobó ayer por unanimidad la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el cómputo de la edificabilidad en las parcelas hoteleras, que permitirá otorgar a los hoteles de cuatro y cinco estrellas entre un 50% y un 70% más de superficie destinada a habitaciones.

En la práctica, la primera consecuencia de la medida es que da cobertura legal definitiva al hotel Atrium Beach, en la playa de la Cala, y el hotel Elbim de la playa Centro. Ambos sufrieron la paralización de las obras por incumplir el proyecto original y sobrepasar la edificabilidad autorizada por el planeamiento, y fueron regularizados mediante un Plan de Reforma Interior y Mejora. En el caso del hotel Atrium, el exceso de obra que oficialmente reconoció el Consell fue de 53.000 metros cuadrados.

El concejal de Urbanismo, Jerónimo Lloret, del PP, admitió tras el pleno que ambos hoteles saldrán favorecidos por el cambio en la normativa urbanística del municipio. "Aunque no hemos hecho números", puntualizó. Lloret, sin embargo, defiende que los cambios en el PGOU van más allá del intento de eliminar cualquier duda sobre la legalidad de ambos hoteles y aseguró que el objetivo "es estimular la inversión hotelera y contribuir a la dinamización de la economía local". "No sólo sale beneficiado el constructor y el hotelero, sino que también lo hará el mismo Ayuntamiento en el momento de la recaudación por metros construidos y, sobre todo, los restaurantes, bares y pubs de la zona y todo el comercio vilero, generando esto una espiral de empleo en todo el municipio", añadió.

Pero el Ayuntamiento de La Vila ha tomado esta decisión en plena crisis económica, cuando algunos hoteleros de la comarca están incluso invirtiendo en el extranjero y después de que en 35 años sólo se hayan iniciado las obras de los dos hoteles paralizados de un total de 11 que preveía el PGOU de 1998 repartidos a lo largo de la fachada litoral de municipio.

Siete años después de la paralización de las obras del hotel Atrium que se levantaba en primera línea de la playa de La Vila Joiosa a raíz de la muerte de tres albañiles, la polémica sobre el complejo hotelero sigue viva. La paralización de los trabajos por la muerte de los operarios destapó que el proyecto vulneraba el PGOU del municipio al superar la volumetría autorizada. El exceso de obra se fijó finalmente en 53.000 metros cuadrados (equivalente a 11 alturas), según la resolución última del Consell.

La Generalitat, no obstante, sólo obligó al dueño del hotel a tirar 14.700 metros, además de imponerle una sanción de 12 millones de euros. La multa no se ejecutó. Una sentencia del Tribunal Superior anuló la sanción por un defecto de forma. Y tampoco, según un informe de un técnico municipal, el promotor llegó a echar a tierra el exceso de volumetría. El promotor, en cambio, mantiene que sí demolió lo exigido y el hotel es plenamente legal, con independencia del acuerdo del pleno de ayer que aumenta la edificabilidad del suelo para uso hotelero.

El concejal de Urbanismo, Jerónimo Lloret, reconoció ayer la existencia de un informe urbanístico que sigue detectando casi 3.000 metros cuadrados de exceso de obra en hotel Atrium. Pero el vicepresidente de la empresa promotora, Javier García, insiste en que el hotel está ya regularizado y en que la licencia de obras que obtuvo del consistorio el 18 de diciembre de 2006 está en vigor.

Mientras, el hotel Elbim, el primero en el caso urbano de La Vila en mitad de la playa Centro, inició las obras en 1998. También sufrió una paralización por exceso de edificabilidad y no retomó las obras hasta el 2008, tras serle aprobado en 2006 un PRIM que no ha cumplido. Además, los promotores del hotel deberán devolverle al consistorio la parcela contigua que compraron, una zona verde de titularidad pública que fue vendida ilegalmente por el anterior propietario aprovechando que seguía a su nombre en el Registro de la Propiedad.

En ambos casos, los promotores confiaron en la aprobación del premio hotelero del que disfruta Benidorm para incentivar la construcción de hoteles de cuatro y cinco estrellas, pero el Gobierno valenciano lo denegó para La Vila con el argumento de avanzar en una legislación autonómica igual para todos los municipios turísticos que nunca se desarrolló.

Los dos hoteles pretenden ser de cuatro estrellas, así que en función de su grado de eficiencia energética, podrían acceder a una bonificación del 60% de la superficie de cada habitación que supere el mínimo legal de 16 metros. Y cuando se acojan a la bonificación, podrán levantar incluso una altura más y una planta técnica por encima de la baja. A efectos de cómputo, una habitación de 116 metros cuadrados sólo sumará 56 metros de edificabilidad, los 16 mínimos exigidos y 40 de los otros 100.

Aplicando este rasero, tanto el hotel Atrium, que ni siquiera está aún tabicado, como el Elbim, que está a punto de ser inaugurado y dispone de 106 habitaciones de entre 26 y 52 metros, verán legalizada definitivamente su situación.

La modificación del planeamiento de La Vila Joiosa deberá estar un mes expuesto al público y pasar el filtro de la consejería de Urbanismo. El gobierno de La Vila considera que la modificación aprobada afecta sólo a la ordenación pormenorizada del Plan General y no necesita el visto bueno autonómico, pero es el Consell quien deberá decidir si es una modificación estructural del planeamiento, lo que condicionaría su entrada en vigor a la aprobación de la comisión territorial de Urbanismo de Alicante.




* ELPAIS.com - 19.03.10
Foto: La estructura del Hotel Atrium, todavía sin tabicar, ayer.- Rosa Fuster, elpais.com

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Los tribunales anulan una licencia por la que se construyeron 48 viviendas en Elviria

SUR/Marbella* : La vía judicial y la tramitación del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella no discurren, por el momento, por caminos paralelos. Los tribunales disponen de un tempo propio y mantienen su empeño en dejar constancia, en forma de sentencias, de las ilegalidades urbanísticas cometidas durante varios lustros en el municipio, ajenos a lo que pueda ocurrir tras la entrada en vigor del nuevo planeamiento de la ciudad.

La última resolución en este sentido procede del Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, que ha decretado la nulidad de las licencias de obras que permitieron la edificación de 48 viviendas unifamiliares en la zona de Elviria.
La sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, condena al ex alcalde Julián Muñoz y a seis ex concejales del Ayuntamiento marbellí a penas de entre nueve meses y un año de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. En el caso del ex regidor, a doce meses de cárcel. La resolución judicial se ha dictado con la conformidad de los acusados, dado que es fruto del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los ex ediles por el que estos ingresaron en prisión a cambio de que no se celebren los numerosos juicios por causas urbanísticas en las que estaban imputados.
El tribunal establece como hechos probados que los condenados concedieron licencias de obras a los proyectos básico y reformado presentados por la empresa Holanda En Nueva Andalucía SL para la construcción de 48 viviendas con una edificabilidad de 2.300 metros cuadrados en una parcela de Elviria. Los permisos, aprobados en julio de 2000 y abril de 2003, se concedieron «a sabiendas» de que eran contrarios a las normativa urbanística vigente, un hecho que pusieron de manifiesto los informes técnicos aportados a los expedientes.
La promoción se levantó además con exceso de edificabilidad y el área de chalés dibujada sobre plano se convirtió en un poblado marinero de ocho bloques. Su regularización, sin embargo, está prevista en el sistema de compensaciones que recoge el PGOU para la normalización de inmuebles ilegales. Para ello, la promotora deberá ceder 654,32 metros cuadrados de suelo de una parcela calificada como parques y jardines y situada en la misma zona de Elviria, al sur del complejo inmobiliario.





* SUR - 18.03.10
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)

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Urbanismo religioso

ÓSCAR CELADOR* : Uno de los grandes males que azota nuestra política es la corrupción urbanística, y los desmanes de algunos gobiernos municipales han jugado un papel capital en este contexto. El urbanismo desaforado no ha discriminado entre ideologías, ya que, cuando se habla de convenios, recalificaciones, contratos o adjudicaciones urbanísticas, ningún partido político puede decir aquello de que el que sea inocente que tire la primera piedra. Algunas confesiones religiosas se han beneficiado de la discrecionalidad administrativa, ya que gracias a la misma han conseguido que los ayuntamientos les cedan patrimonio de titularidad pública para fines privados.

Los ayuntamientos pueden entregar suelo o terrenos a las confesiones religiosas utilizando el paraguas del interés general sin tener que dar prácticamente ninguna explicación al respecto. Esto explica por qué Madrid es la única comunidad autónoma en la que existen más centros educativos de titularidad privada –en su mayoría escuelas concertadas con ideario católico– que públicos. La privatización del servicio educativo ha sido factible gracias a la connivencia entre el Gobierno regional y aquellos municipios que han cedido parcelas de suelo destinadas a fines educativos a empresas privadas, con las que posteriormente el Gobierno autonómico ha concertado el servicio educativo. De esta manera, en el suelo público se han construido escuelas que pertenecen a una empresa privada pero que son financiadas con fondos públicos.
La situación de los solares públicos destinados al culto religioso es igual de preocupante. Las confesiones religiosas pueden conseguir suelo para construir sus lugares de culto de diferentes maneras, bien mediante una cesión discrecional de suelo municipal o la concesión del derecho de superficie sobre dicho suelo, bien mediante una permuta, o bien comprando directamente el solar en el mercado inmobiliario. Sin embargo, la regla general es que, cada vez que se diseña un plan de ordenación urbanística, la Iglesia católica reciba de forma gratuita una o varias parcelas para construir sus iglesias, mientras que los demás grupos religiosos tienen que acudir al mercado libre, pese a la evidente discriminación que esta situación representa.
El convenio suscrito entre la corporación municipal y el Arzobispado de Madrid de 1997 ilustra esta situación, pues a través del mismo, el ayuntamiento cedió de un solo plumazo 41 parcelas a la Iglesia para la construcción de lugares de culto. Todo ello por no hablar de la reciente cesión de 25.000 metros cuadrados al arzobispado en el corazón histórico de la ciudad para la construcción de diversos edificios religiosos, pese al impacto medioambiental que supondrá la eliminación de zonas verdes y de ocio para los madrileños.
Los intereses religiosos no pueden financiarse con el dinero público, ya que se lesiona el principio de laicidad, y esto es lo que ocurre cada vez que los poderes públicos ceden suelo a una confesión religiosa. Pero además, en este caso concreto, los gobernantes están permitiendo que se expolie un patrimonio que pertenece a todos los españoles.


* Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas



* Público - Opinión - 18.03.10

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