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FARODEVIGO* : La condena de un año y medio de prisión y ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público que el Juzgado de lo Penal Nº3 de Vigo impuso al ex alcalde Carlos Silva y a los concejales de su junta de gobierno entre los años 2003 y 2007 por delitos de prevaricación urbanística podría incrementarse.
No sólo el anterior regidor y los ediles presentaron un recurso contra la sentencia que los culpa de haber concedido numerosas licencias urbanísticas con un PXOM anulado, en el que exigen la libre absolución, sino que la Fiscalía también lo hizo para solicitar un incremento de las penas, concretamente seis meses más sin poder ejercer un puesto en la Administración.
El Ministerio fiscal encuentra un error en el fallo judicial y alega que las inhabilitaciones por prevaricación, en caso de que se trate de delitos continuados, deben prolongarse un mínimo de ocho años y medio, según lo fija la ley. Así, el recurso solicita este incremento de la pena, pero no recupera la petición inicial de un año y medio de cárcel y diez años de inhabilitación que realizaba la Fiscalía.
Aclaración inicial
Tras conocerse la sentencia, que sólo rebajaba en dos años la inhabilitación solicitada, la fiscal presentó en un principio un recurso de aclaración para que se corrigiese el error, pero el juez contestó que la modificación del fallo excedía el trámite actual. Y es que el asunto ya ha sido trasladado a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que estudia los recursos tanto de la defensa como de la acusación.
De este modo, la Fiscalía recurrió hace un mes la sentencia con la intención de que se corrija el error y se impongan ocho años y medio de inhabilitación a Carlos Silva, José Luis Mosquera, Ángel Gregores, Abelardo Meneses, Jaime Rial, y José Misa. Esta alegación se retrasó cinco meses desde la publicación del fallo judicial debido a la corrección de errores en el texto del mismo, que se llevó a cabo a lo largo de ese tiempo. Al parecer, la sentencia presentaba imprecisiones cuya modificación era necesaria, pese a no afectar al fondo de la cuestión.
La resolución de los recursos se espera en breve, unos meses como máximo, dado que la Sección Quinta de la Audiencia no presenta saturación de procesos y ya han pasado seis meses desde que se hizo pública la sentencia.
En caso de que el tribunal provincial desestime el recurso de la defensa del ex alcalde y su equipo, tanto Carlos Silva como Ángel Gregores tendrían que abandonar la Corporación municipal, ya que ambos ocupan en la actualidad sendos puestos de concejales en la Corporación municipal de Gondomar. Forman parte del grupo mayoritario de la oposición, el del PP, que recientemente negoció sin éxito con PSOE y Move Gondomar una moción de censura contra el gobierno del BNG.
* Faro de Vigo - M.F./N.P. - 2.06.09
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Gondomar: La Fiscalía pide medio año más de inhabilitación para Silva y sus cinco ediles
Los promotores construyen 385.000 pisos que agravarán el exceso de oferta
ELPAÍS* : El parque de viviendas sin vender, que en 2008 subió un 50%, llegará al millón - A este ritmo serán necesarios tres años y medio para absorber el 'stock'. La bolsa de viviendas que acumulan los promotores y para la que no encuentran comprador se ha convertido en el problema número uno de los antes llamados señores del ladrillo. A la imposibilidad de colocar estos pisos se une la dificultad añadida que genera la falta de estadísticas fiables que cuantifiquen el fenómeno.
Un informe interno del Ministerio de Vivienda pone por primera vez números no sólo al stock de casas listas para ser vendidas, sino a las que están en proceso de construcción. La cifra es redonda: en total un millón de viviendas están disponibles en el mercado libre o saldrán próximamente; 997.562 es el número exacto.
El informe al que ha tenido acceso este periódico aporta una infinidad de datos sobre el pasado inmediato y el poco esperanzador futuro que aguarda al sector inmobiliario. En un momento en el que la demanda está ahogada por la dificultad de acceso al crédito, el aumento exponencial del paro y la expectativa de que los precios de los pisos sigan bajando, el mercado se ha paralizado. Y la parálisis ha disparado el número de viviendas libres terminadas con el cartel de Se vende. A finales de 2007, el stock superaba por poco las 400.000. Pero a lo largo de 2008, el año en el que la burbuja del ladrillo explotó violentamente, este parque aumentó hasta las 613.512 unidades. Es decir, un incremento de un 51% en tan sólo 12 meses. De toda esta marea de cemento, casi la mitad se concentra en la costa mediterránea.
Los promotores lo tienen muy difícil para deshacerse de las casas que en la época dorada del ladrillo se vendían sobre plano. E iniciativas gubernamentales como las facilidades para que estos pisos pasen a considerarse como protegidos no están funcionando. Pero si ahora tienen problemas, en breve les van a llegar más. Porque la mayor parte de los pisos que estaban en construcción a lo largo de 2008 se encuentran en su fase más avanzada, lo que significa que saldrán pronto al mercado. De las 626.000 casas en obra -de las cuales 243.000 ya están vendidas-, más del 71% están inmersas en el proceso de colocar la fachada o los acabados. Sólo el 6% está en fases iniciales, como la cimentación o la estructura.
Y así se llega a la cifra redonda del millón de viviendas. Sumando las 613.000 ya terminadas a las 385.000 en construcción y que no han sido vendidas. La falta de financiación que sufre el sector y las muy poco optimistas perspectivas hará que muchas de estas promociones en marcha no se terminen; pero es de esperar que las más afectadas por la paralización sean las que están en una fase de construcción menos avanzada, y no las que están a punto de ser terminadas.
El informe de Vivienda es relevante por varios aspectos. Uno de ellos es que permite hacer prospecciones sobre la travesía que tendrá que hacer el sector inmobiliario para salir del atolladero en el que se encuentra. En las conversaciones privadas con los constructores, lo primero que comentan es que el requisito sine qua non para salir de la crisis es la absorción del stock de viviendas sin vender. Pero si el mercado sigue tan parado como lo ha estado el último año, este proceso tardará por lo menos tres años y medio.
El año pasado los promotores vendieron 285.000 pisos. Si esta tendencia se mantuviera, serían necesarios tres años y medio para colocar el millón de casas pendientes de encontrar comprador. Y los expertos del sector señalan que ni siquiera ese plazo servirá para poner el contador a cero. Porque muchas de esas casas no se van a colocar nunca. "Algunas promociones no se venderán ni en 15 ni en 20 años. Habrá que tirarlas porque mantenerlas será demasiado costoso", señala el asesor inmobiliario José Barta. "¿Quién va a comprar una casa a El Pocero en Seseña en los próximos años?", se pregunta un hombre ligado al sector del ladrillo que prefiere no decir su nombre. Y, acto seguido, se responde a sí mismo: "Nadie".
La encuesta del ministerio muestra el aluvión de casas nuevas que va a llegar en los próximos meses al mercado, pero también presagia una paralización a medio plazo. Porque durante el año pasado sólo se iniciaron 210.000, de las que casi 70.000 ya están vendidas.
Castellón, a la cabeza de casas vacías por persona
El monstruo urbanístico de Marina d'Or ha catapultado a Castellón a la cúspide de las zonas con más casas vacías por habitantes. Es la primera vez que una provincia logra el dudoso honor de superar el índice de 30 pisos sin vender por cada 1.000 habitantes. Tan sólo un año atrás, esta proporción se quedaba en 23. La media de toda España escaló a finales del año pasado hasta los 13,3 por cada 1.000 personas. Y es seguro que hoy mismo esta cifra habrá aumentado.
Se sitúan en cabeza las provincias costeras, como Almería, Santa Cruz de Tenerife o Alicante, u otras limítrofes de Madrid, como Ávila, Zamora y Ciudad Real. En todas ellas, la proporción se eleva por encima de 20.
Tras Castellón, Toledo se queda con el segundo puesto. Y aquí es responsable la urbanización que Francisco Hernando, más conocido como Paco El Pocero, levantó en Seseña.
En la cola de la lista se sitúan provincias como Cáceres, Cantabria, Vizcaya y Ceuta y Melilla, donde la proporción queda por debajo de cinco viviendas por 1.000 habitantes. En un sector tan diverso como el inmobiliario, estas zonas son las que lo tienen más fácil para salir cuanto antes de la crisis que explotó el año pasado.
* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 01/06/2009
Foto: elpais.com 15-01
Galicia: Crece el número de personas sin recursos viviendo de ‘okupas’
ELCORREOGALLEGO* : De una hipoteca a ocupar una vivienda ajena o a vivir en un piso patera sólo media el paro de larga duración. Todavía no existen estadísticas oficiales, pero los expertos en integración social ya han detectado que en ciudades como Vigo o A Coruña crece el número de personas y de familias que se ven abocadas a abandonar su residencia habitual por ser incapaces de hacer frente a las deudas, aunque vivan en un piso de promoción pública, y acaban residiendo en infraviviendas o compartiendo espacio doméstico.
Con la crisis en plena ebullición, lo peor esta por venir, asegura el experto Santiago González Avión, al indicar que será en 2010 ó 2011 el momento en que se registrará el estallido social de la pérdida de residencia por parte de las personas que hayan agotado todos los subsidios y se vean obligadas a abandonar sus propiedades y buscar alternativas. Señala que en la actualidad se observan los problemas de la primera ola del paro de 2007 y 2008 por lo que en un futuro próximo se registrarán numerosos casos.
La cadena ha empezado a romperse por los más débiles, por quienes ahora ya no acceden a la vivienda de propiedad al tiempo que observan como en dos años el precio de los alquileres está por las nubes. A partir de ahí sólo hay dos caminos: o reunirse con más personas para compartir piso por las carísimas exigencias de los propietarios u ocupar inmuebles, sea cual sea el estado en que se encuentren, porque lo importante es encontrar un techo. Así lo constata Santiago Gómez Avión, responsable de la Fundación del Secretariado Gitano en Vigo. Explica que se constata una cascada de ocupaciones por los precaristas porque "el sistema va empujando a los más débiles".
Desde el observatorio social que significa el secretariado gitano aseguran haber detectado el incremento de los problemas de familias que hasta ahora contaban con medios suficientes para hacer frente a sus compromisos hipotecarios y que han empezado a no poder afrontar los pagos con la amenaza que significa carecer de perspectiva para encontrar un trabajo y ver como su situación económica se deteriora.
Resulta llamativo que al tiempo en que en Galicia se reduce el chabolismo gitano en un 5%, con 700 familias en 39 núcleos, se observa como crece la residencia en infraviviendas.
* El Correo Gallego - M. GIMENO/P. HERMIDA/ M. GIL • VIGO/FERROL/NOIA - 31.05.09
Foto: Antiguas caravanas de campin que han sido reconvertidas como “residencia” de jóvenes y de parejas sin posibilidad de vivienda - elcorreogallego.es
Un ‘pelotazo’ urbanístico en L'Hospitalet salpica a Joan Laporta, presidente del Barça
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ELCONFIDENCIAL* : La recalificación de una de las últimas zonas verdes en la localidad de L'Hospitalet de Llobregat, lindante con Barcelona, se ha convertido en un culebrón que día a día adquiere tintes más espectaculares y que amenaza con convertirse en un escándalo donde se combinan aspectos empresariales, deportivos y políticos. Y ello porque una empresa vinculada al presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, se encuentra en el ojo del huracán.
En 2004, Laporta compró 20 hectáreas de terreno en la zona a través de la compañía Hakerson International. En esta empresa figuran también su socio de despacho Xavier Arbós; su hermano, Xavier Laporta; el actual vicepresidente institucional y de patrimonio del F.C. Barcelona y ex concejal de Urbanisno de Sant Cugat, Joan Franquesa; la Inmobiliaria Godall, propiedad de Alfons Godall, vicepresidente primero del Barça; y Anna Maria Lloveras, esposa del actual alcalde convergente de Sant Cugat, Lluís Recoder.
Precisamente, Laporta fue el pregonero en la fiesta mayor de Sant Cugat el pasado verano. El presidente del Barça también compartió responsabilidades como administrador en Hakerson con Pedro Luis Mellado, abogado del FC Barcelona, que fue quien llevó el pleito contra Baena, jugador no profesional que el pasado otoño rescindió el contrato que tenía con el Barça pagando la penalización de 30.000 euros prevista en el mismo y fichó por el R.C.D. Espanyol. Aunque el Barça le pedía más de 3 millones de euros como indemnización, Baena fue condenado el pasado mes de enero a pagar 500.000 euros al club azulgrana como compensación por su formación durante cinco años.
El terreno comprado tiene una masía del siglo XVIII llamada Can Masover Nou, en estado ruinoso a pesar de estar catalogada en el inventario del Patrimonio Arquitectónico de la Generalitat. La zona total a recalificar dispone de tres de estas construcciones -Cal Masover Nou, Cal Trabal y Ca l’Esquerrer-, todas centenarias, de las que sólo la segunda se encuentra bien conservada y rodeada de campos de cultivo.
La intención del Ayuntamiento de L'Hospitalet es recalificar los terrenos, lo que supondría la urbanización de la zona, preservando las masías. "Lo que hemos hecho es un pre-proyecto para la reordenación de la zona y construir un área de servicios con oficinas y un gran parque ciudadano", señalaron a El Confidencial fuentes del Ayuntamiento de la ciudad. Según los detractores de la recalificación, lo que se pretende hacer es construir siete edificios de oficinas, un concesionario de coches de alta gama, un supermercado e incluso se habla de un hotel de lujo. En otras palabras: un pelotazo urbanístico.
300 millones de inversión
El proyecto redactado por el Ayuntamiento, al que ha tenido acceso este diario, detalla que la zona que se pretende urbanizar está divivida entre los ayuntamientos de L'Hospitalet y El Prat de Llobregat. Al primero pertenecen casi 403.000 metros cuadrados, mientras que del segundo quedarían afectados casi 136.000 metros cuadrados. En ellos, se ha establecido un techo edificable de 51.865 metros cuadrados para industrias y 217.000 metros cuadrados para el sector terciario, es decir, para servicios.
El parque ciudadano que se pretende habilitar tendría 21,6 hectáreas. Este parque "recreará el uso agrícola actual y añadirá nuevos elementos, como itinerarios verdes que aseguren el acceso y el uso ciudadano". El informe municipal es detallado en las cifras: "La parte de suelo actual que se podría ejecutar como zona verde es realmente de 201.495,9 metros cuadrados", de los que 186.000 son de L'Hospitalet y el resto, de El Prat.
Según el consistorio, la zona "es compatible con las propuestas de la Agenda 21" y no se encuentra incluida en la Red Natura 2000 ni en ningún plan similar. La inversión prevista es de 58,5 millones de euros, aunque esta cifra corresponde sólo a la "urbanización", que engloba la viabilidad, el parque, los soterramientos eléctricos y algunos ajustes. Fuentes de la oposición cifran la inversión total -sumando la compra de terrenos, la construcción y la comercialización de los edificios- en un volumen muy superior: 300 millones de euros.
El asunto ya ha sido enviado a la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat para que emita un informe medioambiental, paso previo a plantear la recalificación en el pleno municipal. Si el informe de la Generalitat es positivo, los terrenos se recalificarán sin problema, puesto que el consistorio tiene 17 concejales del PSC frente a cinco del PP, tres de CiU y 12 de ICV.
Los socialistas también dejaron en manos del concejal de ICV Francisco Salmerón las responsabilidades medioambientales del consistorio, lo que no deja de ser paradójico, porque ICV, como partido, se opone a la recalificación. ERC también se ha posicionado en contra del pelotazo, lo mismo que CiU, cuya cabeza visible en L'Hospitalet es Meritxell Borràs, hija de Jacint Borràs, directivo culé y presidente del Barça Atlétic.
También la Federación de Asociaciones de Vecinos de L'Hospitalet está en contra del proyecto de urbanización de lo que consideran "la última zona agrícola del municipio". "Es cierto que es de los últimos reductos agrícolas, aparte de algunos huertos diseminados, pero también es verdad que tras la reordenación tendremos el mayor parque de la ciudad para disfrute de sus ciudadanos", afirman desde el Ayuntamiento.
La irrupción de Laporta
De diferente opinión es Antoni Garcia, portavoz de Els Verds Esquerra Ecologista, la organización que se opone con más fuerza a la recalificación. "Hace 10 años, el Ayuntamiento se comprometió a que esta zona sería el oasis agrícola de la ciudad", señaló Garcia a El Confidencial. "Luego, después de que Laporta comprase 20 hectáreas, cambió de opinión”.
Los ecologistas sospechan que la operación de compraventa se llevó a cabo con la intención de sacar provecho económico, ya que desde la compra no se restauró la masía que tiene en su interior, a pesar de estar catalogada, ni se realizó ninguna mejora, presumiblemente a la espera de poder venderlos ante una recalificación de los terrenos. Esta recalificación se intentó realizar ya en septiembre del año pasado, pero se paralizó ante la movilización ciudadana.
Els Verds Esquerra Ecologista también acaba de denunciar a los propietarios de Cal Masover Nou ante la Consejería de Cultura de la Generalitat por incumplir la Ley de Patrimonio Cultural Catalán, que manifesta que "los propietarios han de preservar y mantener la integridad de su valor cultural y arquitectónico". Según la denuncia, la masía, de estilo barroco, está incluida en el Plan de Protección Arquitectónica (PEPPA) de L'Hospitalet de Llobregat "con nivel C de protección, que significa que el propietario ha de proteger la fachada y la volumetría del edificio". Las asociaciones de vecinos, diversas entidades y sindicatos y organizaciones ecologistas han constituido también la Plataforma Salvem la Zona Agrícola de L’Hospitalet, que el 25 de mayo realizó su primera manifestación contra el proyecto, con la asistencia de 600 personas.
Ajeno a estas reivindicaciones, un informe encargado por el Ayuntamiento señala en sus conclusiones que "el ámbito complementario de La Marina [una de las zonas afectadas], situado en el término municipal de El Prat, queda incluido dentro del régimen inicial de suelo no urbanizable y se transforma, a efectos de la gestión de los correspondientes polígonos de actuación, el sector de suelo urbanizable de Cal Masover Nou". Y añade más adelante que la ordenación del área de esta masía, con casi 363.000 metros cuadrados de suelo urbanizable "se desarrollará mediante un plan parcial urbanístico". Es decir, justamente los terrenos propiedad de Hakerson International, que además de sus 20 hectáreas tiene derecho preferencial de compra sobre parte de los terrenos colindantes, propiedad de agricultores de la zona. El tercer sector, perteneciente a la masía Can Trabal, tiene sólo 175.902 metros cuadrados de suelo urbano.
5.400 puestos de trabajo
La zona, cercana al aeropuerto, al río Llobregat y a la residencia de Bellvitge es, urbanísticamente hablando, un caramelo, aunque para los Verdes "no beneficiará a la ciudad, sino todo lo contrario. Quieren hacer varios edificios de oficinas cuando en otras zonas los edificios que se han construido están vacíos, como en la plaza Europa, cerca de la Feria de Barcelona".
En el Ayuntamiento difieren de esta tesis y afirman que con la urbanización del terreno se dará impulso a la economía de la ciudad y que en sus equipamientos se pueden generar 5.400 puestos de trabajo.
Para las asociaciones de vecinos, la zona tiene un valor histórico, patrimonial, ecológico y natural. Y lo mismo asegura el sindicato agrario Unió de Pagesos. Especialmente combativa con el proyecto es la Asociación de Vecinos de Bellvitge, que no quiere más edificios y sí preservar el espacio natural. Desde el Ayuntamiento se justifica el proyecto diciendo que su recalificación "se discute en el Consejo de Medio Ambiente", del cual forman parte plataformas ciudadanas y el propio consistorio. Pero desde la oposición se temen que, "conforme van los plazos, y a punto de concluir el informe de la Generalitat, se aproveche el mes de agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones, para proceder a la recalificación".
* El Confidencial - Antonio Fernández.- 01/06/2009
Foto: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) -Pz. Ajuntament. - wikipedia.org
Cómo denunciar en Europa problemas de medio ambiente
CONSUMER* : La conservación del medio ambiente depende en gran medida de la Unión Europea, ya que sus responsables crean las leyes que afectarán al resto de las legislaciones medioambientales de los Estados miembros. Además de votar, los europeos tienen otra forma activa de participar en esta institución: denunciar problemas que afectan a su entorno natural. La Comisión de Peticiones es uno de los instrumentos de denuncia que se encuentran al alcance de todos los consumidores, y los españoles destacan entre los ciudadanos más activos de la UE en cuanto a su utilización.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) es una de las vías de denuncia más directas para los consumidores. En concreto, puede hacer uso de este procedimiento cualquier ciudadano de la UE o residente en la misma, y ya sea de manera individual o en asociación con otros, así como cualquier empresa, organización o asociación con sede social en la UE.
Esta comisión estudia las peticiones de los ciudadanos sobre cualquier asunto de interés público o privado, siempre que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la UE. Las denuncias relacionadas con el medio ambiente son cada vez más numerosas: durante 2008 se recibieron desde todos los países miembros un total de 309 peticiones relacionadas con el medio ambiente, de un total de 1.886. España es uno de los países más activos en este ámbito, ya que según datos de la propia comisión, origina un 20% de las denuncias medioambientales que llegan a la comisión de peticiones.
En cuanto a las características de las peticiones más comunes relacionadas con el medio ambiente, destacan las que afectan a la normativa europea, como la directiva de las aves (BIRDS), el tratamiento de aguas, la red Natura 2000 o normas sobre contratación pública.
La petición puede ser una solicitud particular, una queja u observación relativa a la aplicación del derecho comunitario, o un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo para que se posicione ante un asunto concreto. La petición se puede presentar por correo postal o mediante formulario vía Internet. Los miembros de la comisión recomiendan detallar toda la información de forma clara, evitando los detalles superfluos, si bien se puede añadir un resumen.
Una vez recibida, la Comisión de Peticiones, que generalmente se reúne cada mes, salvo en agosto, informará de la decisión adoptada al responsable de la petición. Los interesados pueden seguir los debates de la Comisión de Peticiones a través de la web del PE. Además, los peticionarios están informados en todo momento por carta o correo electrónico de las decisiones que toma dicha comisión parlamentaria, así como de los resultados de las investigaciones de la Comisión Europea (CE).
Si la Comisión de Peticiones considera que se produce una infracción de la legislación comunitaria, admite a trámite la petición. Posteriormente, la CE investiga a fondo el asunto y los diputados de peticiones debaten la cuestión. Si se decide que en efecto se infringen las normas, se puede llevar al país al Tribunal de Justicia de la UE, o los propios países pueden tomar las acciones que consideren oportunas contra las entidades infractoras.
El PE agradece estas peticiones, ya que suponen una buena oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro o cualquier otra autoridad.
Críticas al sistema
Una de las críticas más comunes hacia la UE suele ser su presunta incapacidad a la hora de tomar medidas concretas. En el caso concreto de la Comisión de Peticiones, sus detractores aseguran que se trata de un proceso lento que puede durar meses y hasta años hasta que se consigue, en su caso, algún resultado positivo. Asimismo, si bien cualquier persona puede escribir una petición, es recomendable conocer a fondo la legislación europea para redactar la petición conforme a las leyes comunitarias y tener así más oportunidades de que sea aceptada a trámite.
En este sentido, conviene tener muy claro que la petición pertenece al ámbito de actividades de la UE. Por ejemplo, si un asunto es competencia y responsabilidad del Estado miembro, la petición será declarada improcedente. En tal caso, la comisión puede sugerir al responsable de la petición que se dirija a una autoridad nacional o a otro organismo no perteneciente a la UE.
Los miembros de la comisión recuerdan también que el PE no es una autoridad judicial, por lo que no puede dictar sentencias, ni revocar decisiones de los tribunales de justicia de los Estados miembros, ni sustituir a los procedimientos judiciales incoados en los países miembros. Asimismo, los asuntos relacionados con la mala administración en las instituciones u órganos de la UE no son competencia de la Comisión de Peticiones, sino del Defensor del Pueblo Europeo.
Desde el Parlamento Europeo defienden las instituciones europeas al recordar que la UE puede actuar y sancionar a los países que no respetan la legislación comunitaria sobre medio ambiente o que no garantizan su cumplimiento. Estas medidas se realizan por medio del Tribunal de Justicia de la Unión y gracias, en muchas ocasiones, a la participación activa de los ciudadanos europeos en el procedimiento de control democrático.
Otras fórmulas de denuncia e información
La Comisión de Peticiones es el sistema creado para enviar una denuncia al PE más común, pero no es el único. El Correo del Ciudadano es un buzón electrónico para formular al Parlamento Europeo preguntas, pedir información o presentar propuestas referidas a asuntos pertenecientes a los ámbitos de actividad de la UE. Una vez recibido el mensaje, los responsables del Correo del Ciudadano transmitirán en un plazo razonable las respuestas que reciban de los otros servicios del PE.
Asimismo, la CE también tiene mecanismos de protección de los derechos de los consumidores. Por ejemplo, en la web "Consumidores" se ofrece información y asesoramiento sobre diversos aspectos que afectan en general a los derechos de los consumidores, y en particular a su relación con el medio ambiente y la salud, como los juguetes infantiles, los productos peligrosos y las sustancias químicas, la energía, las compras o las vacaciones.
* Consumer.es - ALEX FERNÁNDEZ MUERZA - 27.05.09
Rebelión contra el "desastre ambiental" en Castilla y León
PÚBLICO* : Nunca había ocurrido en la España de las autonomías. Un total de once ONG han pedido al Gobierno que retire las competencias en materia ambiental a la Junta de Castilla y León, del PP, porque creen que ha sobrepasado el límite de lo permisible: envenenamiento masivo de fauna, explotación urbanística de ecosistemas protegidos, reiterados incumplimientos judiciales...
La lista de agravios a la naturaleza es larga y muy grave. Y ante ella y la consiguiente denuncia de las organizaciones, la Junta no quiere hacer comentarios a este periódico.
La Constitución prevé garantías excepcionales para el caso de que una comunidad autónoma no cumpliera sus obligaciones de protección de medio ambiente. Se requiere, en todo caso, la aprobación por mayoría absoluta del Senado para poder retirar las competencias. Pero para los denunciantes, la última demostración de los desmanes de la Junta ha sido la aparición, en abril, de un nuevo cadáver de un oso en el Parque Natural de Fuentes Carrionas, en Palencia. "Es el decimotercero en diez años", explica Roberto Hartasánchez, presidente del FAPAS (Fondo para la protección de animales salvajes), quien califica a Castilla y León de "sumidero para los osos". A pesar de que es Asturias la comunidad con mayor presencia de este plantígrado, Castilla y León se anota diez de las trece muertes ocurridas desde 2000.
La última prueba de la polémica gestión de la Junta es el documento interno que acaba de salir a la luz, firmado por el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, en el que se autoriza el uso de lazos en plena zona osera durante todo 2008. Es un sistema prohibido tanto por la legislación europea como por la española y que "puede resultar mortal para el oso", puntualiza Hartasánchez, quien sospecha "que ese permiso se haya dado para otras zonas oseras. Todos tenemos presente la búsqueda del oso que arrastró un lazo durante el verano pasado en Páramo del Sil. Siempre pensamos que era un lazo furtivo, pero ahora tenemos dudas", sentencia.
Más trampas
No es la primera vez que Castilla León autoriza lazos para cazar. Ya existe una sentencia condenatoria de los tribunales europeos por la utilización de trampas en zona de nutria en 2006, en Ávila y Salamanca.
Un portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica considera "escandaloso" que parte de la cúpula de la Dirección General de Medio Natural esté imputada por delitos contra el medio ambiente. El actual director, José Ángel Arranz, lo está por la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués. Pero las imputaciones por el mismo caso alcanzan también a su predecesor en el cargo, Mariano Torre, quien a pesar de ello ha sido promovido ahora a máximo responsable de medio ambiente en León. La cadena no termina aquí, pues Torre sustituye en León a otro imputado más, José Luis Blanco, acusado de prevaricación por el incumplimiento del cierre de la mina Feixolín. "¿Es que es indispensable estar imputado para ejercer un cargo de medio natural en Castilla León?", se pregunta el portavoz.
Recientemente, el ex consejero de Medio Ambiente (1991-1999) Francisco Jambrina, ha sido denunciado por el Seprona tras ser sorprendido con una rapaz protegida que había caído en un cepo ilegal en su coto de caza.
Para todas las asociaciones, sin embargo, la principal responsable es la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, la única que, no obstante, ha salido indemne de las imputaciones judiciales. "Tiene una política basada en la explotación de los recursos naturales para favorecer a los grandes intereses y no a los ciudadanos" afirma Javier Escudero, de Ecologistas en Acción. Escudero recuerda la Ciudad del Medioambiente de Soria, aprobada por ley, y lo describe como "un proyecto especulativo de nombre engañoso para urbanizar un soto protegido por la Unión Europea". A su juicio, este precedente está dando alas a la Junta para repetir un esquema similar en San Glorio y construir una macroestación de esquí en una zona también protegida por sus valores naturales.
Un portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica considera "escandaloso" que parte de la cúpula de la Dirección General de Medio Natural esté imputada por delitos contra el medio ambiente. El actual director, José Ángel Arranz, lo está por la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués. Pero las imputaciones por el mismo caso alcanzan también a su predecesor en el cargo, Mariano Torre, quien a pesar de ello ha sido promovido ahora a máximo responsable de medio ambiente en León. La cadena no termina aquí, pues Torre sustituye en León a otro imputado más, José Luis Blanco, acusado de prevaricación por el incumplimiento del cierre de la mina Feixolín. "¿Es que es indispensable estar imputado para ejercer un cargo de medio natural en Castilla León?", se pregunta el portavoz.
Recientemente, el ex consejero de Medio Ambiente (1991-1999) Francisco Jambrina, ha sido denunciado por el Seprona tras ser sorprendido con una rapaz protegida que había caído en un cepo ilegal en su coto de caza.
Para todas las asociaciones, sin embargo, la principal responsable es la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, la única que, no obstante, ha salido indemne de las imputaciones judiciales. "Tiene una política basada en la explotación de los recursos naturales para favorecer a los grandes intereses y no a los ciudadanos" afirma Javier Escudero, de Ecologistas en Acción. Escudero recuerda la Ciudad del Medioambiente de Soria, aprobada por ley, y lo describe como "un proyecto especulativo de nombre engañoso para urbanizar un soto protegido por la Unión Europea". A su juicio, este precedente está dando alas a la Junta para repetir un esquema similar en San Glorio y construir una macroestación de esquí en una zona también protegida por sus valores naturales.
Cinco agresiones contra el medio ambiente
Los topillos
La Junta llevó a cabo tres campañas de envenenamiento entre 2006 y 2007 para atajar la plaga de topillos. Un estudio del CSIC revela que, además de los topillos, se vieron afectadas numerosas especies. Los autores encontraron clorofacinona en el 98% de las palomas analizadas. El veneno se usó en cinco zonas de especial protección para las aves.
Los parques eólicos
La Junta ha reducido los filtros ambientales para permitir la instalación de más de 300 aerogeneradores en Omaña (León), uno de los últimos reductos del urogallo. Un juez paralizó hace un año la construcción del primero de los 17 parques previstos advirtiendo de que no se pueden fragmentar los proyectos para enmascarar su impacto.
La mina Feixolín
Más de 10 años de sentencias firmes de cierre de la explotación de Villablino (León) se han estrellado contra los oídos sordos de la administración autonómica, que sigue permitiendo la actividad ilegal de la mina. El ex jefe del servicio territorial de Medio Ambiente en León, José Luis Blanco, está imputado por un presunto delito de prevaricación.
La Ciudad del Golf
Una sociedad creada en 2000 por la Junta compró en Las Navas del Marqués un pinar protegido. El objeto declarado de esa sociedad era la conservación de los montes. Sin embargo el pinar fue recalificado y vendido para la construcción de 1.600 chalets y un campo de golf. Por estos hechos está imputado el director de Medio Natural, José Ángel Arranz.
Esquí en San Glorio
A pesar del empeño de la Junta, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dejado claro, por tres veces, que no puede construirse una estación de esquí en el puerto de San Glorio, entre León y Cantabria. Las leyes europeas, nacionales e incluso autonómicas protegen el enclave por sus valores naturales y la presencia de oso.
«El Gobierno no puede seguir inhibiéndose»
WWF se ha sumado a las críticas del resto de ONG. “La actuación de la Junta denota falta de interés por la conservación”, señala un portavoz. “El Gobierno no puede seguir inhibiéndose. La función de la Administración central es garantizar el cumplimiento de la leyes básicas”, añade.
Las ONG firmantes son Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, FAPAS, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, Asociación de Naturalistas Palentinos, Federación de Ecologistas en Acción-Castilla y León, Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, Plataforma Filón Verde, Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza (URZ), Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y Asociación Ecologista La Braña.
* Público - M. FERNÁNDEZ / B. MARÍN - MADRID - 31/05/2009
Foto: público.es
El urbanismo salvaje se estrelló en el Parlamento Europeo
ELPAÍS/Valencia* : Ha sido la legislatura en que Europa ha condenado la legislación y las prácticas urbanísticas en el territorio valenciano. Hasta tres informes ha debatido y aprobado -por abrumadora mayoría- el Parlamento Europeo (PE) tras recibir miles de quejas sobre abusos urbanísticos cometidos al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y, después, de la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Otras poblaciones de Andalucía, Madrid o Murcia se han visto sometidas al mismo escrutinio, pero el número de denuncias llegadas desde otros lugares de España ha sido mucho menor que las de residentes en la Comunidad Valenciana.
Aunque estos informes no son vinculantes, la Eurocámara pidió a la Generalitat -si bien el interlocutor oficial es el Gobierno español- que eliminase de sus leyes los artículos que provocan indefensión entre los afectados por un plan urbanístico e incluso que se paralizasen los que no se han tramitado con todas las garantías. La presión ha sido grande y la polémica en torno al urbanismo valenciano se ha saldado, además de con los informes, con una denuncia contra España por la falta de transparencia en los procesos de contratación pública. El asunto está pendiente en el tribunal europeo.
De todo esto, o no aparece nada o muy poco en los programas de los grandes partidos que se presentan a las elecciones europeas del 7 de junio. "El urbanismo es una competencia de cada Estado miembro, por tanto, es difícil que aparezca delimitado en los programas. Pero sí se habla de una economía verde, de que Europa debe avanzar en todos los órdenes, también en el urbanístico, hacia la sostenibilidad", apunta el candidato valenciano del PP, José Manuel García Margallo.
Los socialistas hablan de "dar un giro hacia el color verde de nuestro sistema productivo y nuestra forma de vida". Añaden, para evitar equívocos, que en su manifiesto-programa no se alude expresamente al modelo de urbanismo porque es un programa consensuado entre todos los socialistas europeos y no baja hasta el detalle. "Pero está en el espíritu del texto que defendemos la sostenibilidad", precisan. En las candidaturas a las que pertenecen Esquerra Unida, el Bloc Nacionalista Valencià-Coalició per Europa, por citar otros ejemplos, se apela al ecologismo y a la preservación del territorio frente a la especulación. Nadie se sale del guión verde.
Los enfrentamientos a cara de perro entre los eurodiputados españoles del PP y los del resto de fuerzas políticas que se han visto en el pleno del PE o en su Comisión de Peticiones -órgano anejo a la Eurocámara- quedan en tiempo de campaña para el cuerpo a cuerpo en los debates electorales y para los mítines.
El PP acusa al PSOE de "ensuciar" la imagen de la Comunidad Valenciana por apoyar con sus votos los dos primeros informes, ambos críticos con el modelo urbanístico valenciano. El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, lo hizo en el mitin que ofreció el pasado 24 de mayo en Alicante. Pero, de puertas adentro, la desesperación de los eurodiputados españoles del PP ha sido tal, que han exigido a la Generalitat que solucione el problema porque su posición dentro de la Eurocámara era insostenible. Incluso los populares de otros países votaron a favor de estos informes.
Los socialistas se defienden. "Queremos un urbanismo que se rija por el criterio de la demanda, no de la oferta", subraya el número 10 de la lista del PSOE a las elecciones del 7-J, el valenciano Andrés Perelló, en alusión a la política de manga ancha que el Consell de Francisco Camps ha dado a los promotores inmobiliarios.
Sólo formaciones como Esquerra Unida o el Bloc-Coalició per Europa arrojan a la cara de los dos grandes partidos, PP y PSOE, que se opusieran al informe Auken, el último y más crítico votado en el PE. "Estamos hablando de políticas económicas basadas en el ladrillo, en las que han estado en connivencia política, tanto las administraciones gobernadas por el PP como por el PSOE", criticó la candidata de Izquierda Unida, Esther López, en un debate televisado.
Enric Nomdedéu, candidato del Bloc, remata esta idea. "Hemos visto cómo el modelo económico potenciado desde el sector público ha girado en torno a un urbanismo durísimo y depredador, que ha recibido un informe muy severo del PE. Un documento que PP y PSOE han criticado y que el Bloc aplaude".
Los socialistas, que apoyaron los dos primeros informes y rechazaron el tercero, niegan que exista un cambio de posición. "No ha habido tal giro. Lo que no podíamos permitir es que se ponga en duda a las altas instituciones del Estado o se castigue a España con la congelación de fondos europeos, cuando el problema tiene responsables y nombre y apellidos", remacha Perelló.
Desde el PP se aboga por un pacto entre partidos para no utilizar el PE como tercera cámara -tras las Cortes Valencianas y las Cortes Generales- y, sobre todo, para no erosionar la imagen de la comunidad autónoma. Los socialistas están abiertos a un acuerdo urbanístico con el Consell, pero no a la trágala.
La polémica urbanística en Europa
- Tres informes y una denuncia. El Parlamento Europeo ha aprobado tres informes críticos con las leyes urbanísticas valencianas. La Comisión Europea llevó además a España al Tribunal de Justicia europeo a cuenta de las leyes urbanísticas valencianas. Los informes no son vinculantes y la denuncia está pendiente de fallo.
- Miles de supuestos abusos. Hasta la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han llegado miles de denuncias de residentes en la Comunidad Valenciana -muchos de ellos extranjeros- por supuestos abusos urbanísticos cometidos al amparo de la legislación valenciana.
- Informe Auken. Es el tercero y el más duro. Lo elaboró la diputada verde danesa Margrete Auken y fue aprobado el pasado mes de marzo por 349 votos a favor, 110 votos en contra y 114 abstenciones. Eurodiputados socialistas y populares españoles intentaron sin éxito suavizarlo.
- Algunas de las frases más severas. Auken propone que se congelen los fondos europeos a España por no atender las recomendaciones del Parlamento Europeo. Hace
responsable, por acción u omisión, a las tres administraciones -estatal, autonómica y local- del desbarajuste y alude al conchabeo entre concejales, agentes urbanizadores, promotores inmobiliarios e instituciones financieras, que estarían al tanto de las irregularidades. Cuestiona la justicia española como medio para obtener reparación y justicia.
* ELPAIS.com - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 31/05/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
El fiscal de Medio Ambiente cree que es necesario demoler para atajar el urbanismo ilegal
LAVOZDIGITAL* : El fiscal de Medio Ambiente en Cádiz cree que la intervención del derecho penal para los atentados más graves del urbanismo ilegal es "estrictamente necesaria" y ha abogado por sentencias que obliguen a la demolición porque, además de castigar al infractor, tienen una finalidad "preventiva". En una entrevista con Efe, Núñez ha afirmado que el derecho administrativo "ha demostrado su incapacidad para solventar el problema de las construcciones ilegales". Ángel Núñez se incorporará el lunes como asesor del Ministerio de Justicia para la reforma del Código Penal, reforma que ha calificado como de "gran calado".
Ha explicado que en esta reforma se traspondrán algunas directrices europeas al derecho penal español y se incluirán nuevas figuras como la libertad vigilada o la responsabilidad penal para las personas jurídicas. En este proceso Núñez asesorará no sólo sobre delitos medioambientales, "aunque en esta materia es donde seré más útil porque puedo aportar un mayor conocimiento".
El urbanismo ilegal es uno de los delitos que Núñez considera que debería tipificarse de otra manera en el nuevo Código Penal y ha declarado que, aunque no sabe si la reforma irá en este sentido, "sería positivo porque actualmente los tipos penales complican que estos casos se lleven por la vía penal hasta las sentencias de demolición".
No obstante, Núñez asegura que estas sentencias de demolición son cada más habituales y que gracias a ellas "comienza a desaparecer la sensación de impunidad de estos infractores frente a la sociedad".
"En los casos en los que no hay demolición se permite que el infractor se quede con el beneficio de su acción, la casa, y esto en otros tipos penales es impensable ya que un ladrón nunca se podría quedar con lo robado", argumenta Núñez.
El asesor del Ministerio de Justicia aboga también por las sentencias de demolición porque "además de castigar al infractor, tienen una finalidad preventiva con respecto a terceras personas a las que se está disuadiendo de construir ilegalmente".
Núñez denuncia que los ayuntamientos no ejercen sus competencias a la hora de imponer la disciplina urbanística como debieran "bien sea por falta de medios o de voluntad política dados los costes electorales que tienen estas medidas que todavía son impopulares, o bien por corrupción".
* La Voz Digital - 28.05.09
La juez ve indicios de prevaricación en el alcalde y cinco ediles de San Miguel
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INFORMACIÓN/Alicante* : La titular del juzgado de Instrucción nº3 de Torrevieja ha dictado un auto contra seis miembros de la anterior Corporación de San Miguel de Salinas, de los cuales cuatro (del PP) continúan en esta legislatura -entre ellos el alcalde- al considerar que hay indicios de un delito de prevaricación en la aprobación, el 26 de abril de 2007, de un convenio urbanístico con la mercantil Urbanizadora Villamartín pese a existir "informes en contra tanto de los técnicos municipales como de la secretaria interventora", recoge la resolución.
Según el auto, los técnicos y la fedataria municipal estaban en contra de esta aprobación, y así lo reflejaron en sus informes, porque el sector urbanístico, propiedad de la Urbanizadora Villamartín y que aparecía en el convenio -y conocido como SUS-16 "Entrenaranjos"- tenía que ser previamente desarrollado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que aún no estaba aprobado. Es decir, los técnicos consideraban que no se podía hacer un convenio si antes no se aprobaba el PGOU que lo permitía. Así, el auto judicial recoge que sin existir aún el Plan General "no hay garantía de que el PAI (Plan de Actuación Integral) se vaya a desarrollar en el futuro", pero además añade que "no ha mediado concurso público ni subasta en la compraventa directa del 10% de obligatoria cesión municipal".
Ilegalidad
El procedimiento se dirige contra el regidor, Ángel Sáez Huertas, y contra los entonces concejales Inmaculada Hernández Valero, Nuria del Rosario Colomina, Juan Román Patiño (los tres del PP y que siguen en esta legislatura), además de Andrés Joaquín Martínez, y Manuel Pérez (que eran independientes y ya no siguen en el Ayuntamiento). Todos ellos, según la magistrada, votaron a favor del citado convenio urbanístico, en su condición de ediles, pese a que "conocían expresamente la tacha de ilegalidad que la secretaria del Ayuntamiento había formulado".
La decisión adoptada por la magistrada Beatriz Escobar Bosch pone fin a la fase de diligencias previas y abre el procedimiento abreviado, algo que la legislación sólo ve preceptivo para el caso de que la instructora vea indicios de delito tras la práctica de la prueba (declaraciones, documentos,...).
La magistrada ha dado un plazo de diez días a las partes: las defensas, la Fiscalía y la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel que ejerce la acusación particular, para que soliciten la apertura de juicio oral contra los imputados o bien soliciten el sobreseimiento de las actuaciones. El delito conlleva penas de prisión de hasta 9 años por lo cual de llegar el procedimiento a juicio éste tendría que abrirse ante la Audiencia, en Elche.
Archivo previo
Se da la circunstancia de que este asunto se archivó durante sus inicios y fue reabierto por recursos. El sobreseimiento judicial se acordó con base a que dicho convenio no se había llegado a ejecutar, por lo cual se entendía que el delito como tal no se había perpetrado. La Fiscalía entendía que sí, concretamente el día que votaron en el pleno a favor del convenio a sabiendas de los informes técnicos negativos y que ésto es independiente de que se llegue a ejecutar el mismo.
El pacto que iba a llevar agua potable a 3.000 vecinos
El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas justificó el polémico convenio con la promotora en que resolvería el grave problema de suministro de agua potable que arrastran más de 3.000 vecinos de la urbanización Blue Lagoon, que tienen prohibido desde hace cinco años el consumo del agua que reciben de pozos contaminada con nitratos. La mercantil adelantaba 3 millones de euros al Ayuntamiento para la ejecución de la tubería que iba a resolver el problema de Blue Lagoon a cuenta de la cesión municipal del 10% del plan urbanístico de la promotora que ni se contemplaba en el Plan General. El promotor aprovechaba esa tubería para dotar a las viviendas que iba a promover en un futuro y, con el adelanto económico, condicionaba a su favor el visto bueno municipal a la urbanización.
* Información - D.P. - 31.05.09
Foto: San Miguel de Salinas (Alicante), ayuntamiento - san-miguel-de-salinas.com
La Audiencia declara ilegales las casas de madera en suelo rústico
ELCORREODEANDALUCÍA/Sevilla* : La Audiencia Provincial lo advierte con una nueva sentencia contra las casas de madera en la sierra: esta fórmula barata para tener una segunda residencia en el campo puede salir muy cara porque se considera tan ilegal levantarlas en rústico como un chalé de cemento.
Así, un matrimonio ha sido condenado por delito urbanístico tras instalar una casita de madera en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos. La sentencia considera que la cabaña se trata de una “edificación” con vocación de permanencia y que sirve para habitación humana.
La Audiencia anula una sentencia favorable a la pareja emitida por el Juzgado de lo Penal no11 de Sevilla, que los absolvió por la “pasividad” del Ayuntamiento ante esos comportamientos y las “costumbres relajadas” –en temas urbanísticos– que imperaban en la zona.
La Sección Tercera de la Audiencia ha rechazado todos esos argumentos y establece que el concepto edificación incluye las casa prefabricadas y que, a efectos penales, se aplica la norma de planeamiento vigente en el momento del hecho, no la que en el futuro pueda llegar a aprobarse.
El matrimonio compró la parcela e instaló en ella una cabaña de madera, una caseta destinada a trastero y una piscina de poliéster. Tomaban la luz mediante un enganche con la parcela colindante y el agua de un pozo instalado en la caseta, explicaron a la agencia Efe fuentes judiciales.
La Audiencia determina que es irrelevante que el entorno de Las Minas o cualquier otro esté ya degradado, pues eso se agrava por la conducta de los acusados, y añade que es también irrelevante que previamente hubiera levantadas otras construcciones, porque no existe “derecho a la igualdad en la ilegalidad”.
No más manga ancha. En cuanto a la supuesta pasividad municipal, dicen los jueces que no justifica la actuación de los acusados y ni tampoco la creencia de que en el futuro todo puede ser legalizado. Por ello, la Audiencia ordena la demolición de la casa, la caseta y la piscina aunque exista un avance de PGOU en Castilblanco que las puede legalizar.
* El Correo de Andalucía - Sevilla - 30.05.09
Foto: CAMPO. Las casas de madera proliferan en el ámbito natural. / SUR
Galicia: Los juicios por delitos urbanísticos y contra el territorio se duplicaron en 2008
FARODEVIGO* : La crisis económica e inmobiliaria no ha sido suficiente para atajar la escalada de delitos urbanísticos en la comunidad. Si en su memoria de 2007 la Fiscalía gallega alertaba del espectacular y preocupante aumento de las denuncias por actuaciones relacionadas con el urbanismo, el año pasado la tendencia se mantuvo generando prácticamente las mismas diligencias de investigación que el ejercicio anterior.
El dato más llamativo, con todo, es el notable incremento de los juicios por delitos urbanísticos y de ordenación del territorio, un capítulo que se duplicó respecto a 2007 al contabilizarse 123 procedimientos judiciales frente a los 58 celebrados un año antes.
La delincuencia urbanística, de hecho, ocupa el segundo lugar en importancia dentro de las actuaciones incoadas por la Fiscalía gallega especializada en Medio Ambiente y Urbanismo desde su creación, en el año 2005. Sólo los incendios forestales generan más trabajo en materia medioambiental que las actividades ilícitas relacionadas con la construcción, algo lógico en una comunidad que cada año concentra más de la mitad de los incendios de todo el país.
Y es que entre denuncias de particulares y actuaciones de oficio los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia abrieron el año pasado 129 diligencias de investigación. Es una cifra similar a la del último ejercicio (128) aunque lo más llamativo es que se mantiene la tendencia ascendente desde que se creó la fiscalía especializada ya que en 2006 sólo hubo 100 diligencias.
Este importante número de diligencias incoadas –la cuarta cifra más alta de España– guarda una relación directa con los cientos de infracciones contra el territorio que cada año se producen en la comunidad. A falta de que se cierren aún los datos del año pasado, durante 2007 el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) detectó 560 infracciones urbanísticas en Galicia, una actividad delictiva que sólo superaron Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha.
De hecho, el incremento de las diligencias abiertas por la Fiscalía ha sido sustancial en todo el país, hasta el punto de que 2008 se cerró con un 21% más de investigaciones sobre urbanismo.
No obstante, el dato en el que Galicia realmente sobresale por encima de la media nacional es en el número de juicios tramitados por delitos urbanísticos: 123 frente a los 58 del año anterior. El espectacular incremento de este tipo de procedimientos en la comunidad destaca incluso sobre el conjunto de España, donde los juicios iniciados para perseguir este tipo de infracciones aumentaron un 36,8%. Las dificultades para reunir pruebas contra los presuntos responsables de delitos urbanísticos, unida a la compleja y lenta tramitación de este tipo de procedimientos, que suelen tener múltiples implicaciones y partes personadas, ayudan a explicar por qué sólo se lograron 11 sentencias condenatorias en Galicia el año pasado.
Es una tónica común a toda España, donde únicamente se consiguieron 301 condenas por delitos urbanísticos, ocupando Galicia el tercer lugar del ranking nacional con más sentencias de este tipo. Sólo Andalucía, una comunidad en la que la corrupción urbanística ha alcanzado niveles escandalosos en los últimos años, y Murcia consiguen un número de condenas superior. De los 887 procedimientos judiciales que se tramitaron en toda España, 236 –el 26,6%– se saldaron con sentencia de culpabilidad en Andalucía.
Las penas que establece el Código Penal para estos delitos son de seis meses a tres años de cárcel, multas de 12 a 24 meses e inhabilitación de seis meses a tres años para los constructores, promotores o técnicos implicados. La ley también contempla la demolición de las obras construidas ilegalmente con el objetivo de restaurar la zona afectada, aunque esta decisión queda en todo caso a criterio del juez.
* Faro de Vigo - M. VÁZQUEZ - 31.05.09
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Valadolid: Derriban las dos fachadas del 37 y el 39 de Labradores pese a estar protegidas
NORTECASTILLA* : La llegada de la maquinaria pesada al mediodía de ayer para proceder a la demolición de los ilustres edificios de los números 37 y 39 de la calle Labradores, declarados en ruina el pasado lunes, obligó a la Policía Municipal a cortar la calle, incluido el acceso al centro por el túnel desde Delicias, con los consiguientes atascos de circulación por los cuatro puntos cardinales en torno al subterráneo.
Los operarios de la empresa palentina de demoliciones Sierra montaron en cuatro horas un gigantesco brazo mecánico de 27 metros terminado en una pinza con el que a las 16.00 horas, en punto, comenzaron a demoler las casas. Y lo hicieron sin miramientos y haciendo caso omiso al decreto municipal que obligaba a conservar las dos fachadas de centenario ladrillo caravista -los edificios fueron construidos en el siglo XIX-. De ambas sólo quedaba el recuerdo en apenas dos horas.
¿Quién dijo miedo?, debieron pensar los operarios y el director facultativo de la demolición a la hora de afrontar unos trabajos que comenzaron con la enorme pinza articulada propinando un primer empujón a la vetusta fachada catalogada del número 37, que la hizo desaparecer en apenas segundos en medio de una gran polvareda.
«Sin demoler las fachadas es imposible proceder a la demolición interior de los edificios con unas mínimas garantías de seguridad para los trabajadores», justificaba a pie de obra el director facultativo, un arquitecto contratado por la promotora Euro Cosmos 21, propietaria de sendos inmuebles.
El mismo responsable ahondó en que esa misma mañana comunicaron a Urbanismo las condiciones en las que se iba a proceder a la demolición y, siempre según su versión, «ellos mismos reconocen en su declaración de ruina que no se puede hacer desde el interior con garantías de seguridad dado el estado que presenta por dentro».
Hasta 300.000 euros
Tan claro no lo debían tener los técnicos municipales habida cuenta de que la propia concejal de Urbanismo, Cristina Vidal, mostró su sorpresa a media tarde por la demolición, para entonces inevitable, de las fachadas. «A nosotros no nos han comunicado nada, al menos hasta las tres menos cuarto, y ahora mismo voy a enviar a un técnico para valorar la situación dado que la declaración de ruina recogía expresamente la obligación de proteger las fachadas y de proceder a la demolición del interior», anticipó a las 18.30.
Del informe que emita el arquitecto municipal dependerá la apertura o no de un expediente administrativo, con la correspondiente sanción, por incumplimiento del artículo 122 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece la obligación de los dueños de conservar las fachadas catalogadas con un grado P4 de protección ambiental, como era el caso. La multa por una infracción, en principio grave, oscilaría entre los 10.000 y los 300.000 euros, según contempla la Ley de Urbanismo.
Pero eso es historia y la política de hechos consumados llevada a cabo ayer sobre el terreno por los obreros impedirá la conservación de un solo ladrillo. El derribo comenzó sin que los operarios hicieran siquiera ademán de asegurar las fachadas -no trajeron material para ello- y con la actuación de la citada máquina arremetiendo sin piedad, con una precisión quirúrgica, eso sí, contra los inmuebles para evitar derrumbes en las medianerías de los edificios contiguos. El del número 41, en la esquina con la calle Niña Guapa, y el del lado de Nicolás Salmerón.
Los trabajos continuarán a lo largo del fin de semana con la intención de reabrir hoy al tráfico, al menos, un carril en cada sentido cuando finalicen las labores del brazo mecánico. Después comenzará la demolición de los restos de las edificaciones, con maquinaria más ligera, y las tareas de desescombro, en principio, este lunes.
El corte total de Labradores, entre Niña Guapa y Nicolás Salmerón, se produjo a las 12.00 horas y enseguida comenzaron a formarse los primeros atascos después de que los policías municipales cortaran el acceso desde Delicias y desviaran la circulación -incluidas seis líneas de Auvasa- por el paseo de San Vicente rumbo a San Isidro y la Circular. En estas tres vías, además de los ya de por sí saturados paseos de Farnesio y de Juan Carlos I por el corte del carril de entrada a la ciudad de la carretera de Madrid, se formaron los mayores atascos en hora punta.
Un lustro deshabitados
La declaración de ruina inminente de los edificios demolidos ayer se produjo el lunes, tres días después de que un primer derrumbe interior, al que siguió otro el domingo, obligará a intervenir a los Bomberos. Los técnicos municipales visitaron ese día los edificios y constataron su mal estado por culpa de dos boquetes en la cubierta que dejaron pasar la lluvia durante meses. El agua fue minando la estructura de madera hasta dejarla al límite del desplome.
Las deficiencias de sendos inmuebles comenzaron hace más de un lustro, cuando abandonaron las casas del número 37 los últimos inquilinos de renta antigua -sus vecinos del 39 hicieron lo propio cinco años antes-. Después, sólo los indigentes se cobijaron en el 37 hasta que el último derrumbe lo dejó inhabitable el viernes.
* El Norte de Castilla - J. SANZ - 30.05.09
Foto: Las fachadas de los números 37 y 39, a punto de ser demolidas./ R. G. , nortecastilla.es
V de Vivienda 'clausura' el Salón Inmobiliario de Madrid
MADRIDIARIO* : Un grupo de activistas de la asamblea 'V de Vivienda' clausuró este sábado de forma simbólica el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) con un acto con el que quisieron denunciar el "exceso de especulación en el sector de la construcción" y la "necesidad de apostar por un marco regulatorio que haga efectivo el derecho a la vivienda a través del Alquiler Social Universal".
Según informó este colectivo, el acto consistió en un pasacalles festivo que recorrió el pabellón 4 de Ifema, que acogía la feria. Así, los activistas portaron pancartas con lemas como 'Que no te enreden: la vivienda es un derecho', 'La vivienda fuera del mercado. Alquiler Social Universal', o 'Yo no soy tonto y en SIMA no compro'.
Además, durante el recorrido, los participantes pararon en varios puntos de la feria, en los stands de Sacyr Vallehermoso, Metrovacesa, SEPES Ministerio de Vivienda, Banco Santander, Caja Madrid con El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En estas paradas se leyeron textos de denuncia de la situación del derecho a la vivienda, y se abogó por el Alquiler Social Universal, un programa de medidas que 'V de Vivienda' reivindica para garantizar el acceso a la vivienda.
Tras la lectura del último comunicado, a la entrada de recinto, los activistas lanzaron ovillos de lana para simular una red que clausuraba la feria, plasmando así "que no te enreden, que la vivienda es un derecho y no un negocio".
* Madridiario - 30-05-2009 - MD0/EP
Foto: Kike Rincón
En prisión el ex teniente de alcalde de Arrecife y el asesor del Patronato de Turismo
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ELMUNDO/Lanzarote* : El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Arrecife ha ordenado el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, por supuestos delitos de cohecho del ex primer teniente de alcalde de Arrecife, Ubaldo Becerra Robayna, y el asesor del Patronato de Turismo de Lanzarote Matías Curbelo Luzardo.
Así lo informó en un comunicado esta madrugada el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en relación a las declaraciones que se realizan en Arrecife en el marco de la "Operación Unión", contra una trama de corrupción municipal y urbanística destapada en la isla.
El TSJC comunicó horas antes que el juez ha dejado en libertad con el cargo de cohecho a uno de los primeros detenidos, Alfredo Santiago Rodríguez, trabajador del Patronato de Turismo de la isla.
Este imputado fue detenido en la primera fase de la operación, desarrollada el pasado lunes y que se saldó con once detenciones tras el registro del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, mientras que el jueves se produjeron otras siete detenciones al hilo de otro registro en el Ayuntamiento de Yaiza, un municipio del sur de la isla.
Continúan las declaraciones
Durante esta madrugada ha seguido declarando el ex concejal de Urbanismo, Economía y Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, de cuya situación procesal y personal se informará en las próximas horas.
El juez ha informado que en la mañana de hoy tomará declaración al líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín Martín, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de ocho años, y ha recordado que sigue decretado el secreto de sumario.
La "Operación Unión", en la que han sido detenidos cargos públicos, funcionarios, empresarios e intermediarios de Lanzarote implicados en una trama para el cobro de comisiones ilegales, se desencadenó a raíz del pago de una de las supuestas comisiones cobradas, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.
* El Mundo - EFE . 30.05.09
Foto: Arrecife (Lanzarote) - flickr.com
El fiscal acusa al alcalde de Vilaller de ‘pelotazo’ urbano en la nave de Monthidro
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LAMAÑANA/Lleida* : El fiscal de la Seu d’Urgell considera, después de haber realizado la instrucción del caso, que el alcalde de la localidad de Vilaller, Jaume Monsó, ha incurrido en un delito de prevaricación urbanística y en otro de tráfico de influencias en relación a los terrenos de la nave de Monthidro, de propiedad municipal, en la que se disponía de una licencia para construir un centro de día y en su lugar se intentaron levantar 36 viviendas con sus respectivas zonas de aparcamiento.
Dentro de este mismo proceso, también considera que han cometido los dos mismos delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias el concejal de Cultura del consistorio, Marc Moreno, y el asesor del Ayuntamiento, así como los administradores de dos empresas.
La investigación de este presunto pelotazo urbanístico partió a instancias de la Fiscalía de la Seu d’Urgell, después de que un total de 48 vecinos de los bloques de Mercè y Lavaix de Vilaller denunciaran los hechos en el juzgado.
Según esta misma denuncia, en mayo de 2006 el Ayuntamiento aprobó una licencia urbanística en la que se aprobaba la permuta y segregación de los terrenos de la nave de Monthidro de propiedad municipal. Esta nave es una zona de equipamiento y estaba destinada a hacer un centro de día, pero gracias a esta licencia pretendía no sólo ampliar la zona de equipamientos, sino construir un bloque de viviendas. Presuntamente, según la denuncia presentada en su día la obra ilegal habría sido adjudicada a una empresa y ésta a su vez las había subcontratado a un constructor que trabajaba con el concejal de Cultura.
Esta causa ya ha sido calificada por el fiscal de la Seu d’Urgell y tan solo queda que esta próxima semana formule el escrito de acusación ante el juez que lleva el caso.
Separar las causas
El lunes, 1 de junio, el fiscal de la Seu también solicitará al juez que segregue la segunda causa que se unió a este primer procedimiento, otro presunto delito urbanístico que fue denunciado al considerar que se había vulnerado la ley en la edificación de unos pisos de cuatro plantas en la avenida de Catalunya.
Según explicaron a este diario fuentes judiciales, esta segunda causa, cuyo delito urbanístico se habría cometido en octubre de 2005, todavía está pendiente de la inclusión de diversas diligencias, lo que provocará una demora en la formulación del escrito de acusación cuyo tiempo se desconoce. Para evitar esta demora del primer proceso, que ya está calificado, se solicitará que se abra este segundo procedimiento como totalmente independiente del primero, aunque afecta también en buena medida al alcalde de Vilaller y a la mayoría de los concejales del consistorio.
En esta causa de la avenida Catalunya de la localidad todavía quedan que practicar varias diligencias como es las declaraciones de algunos de los imputados, la declaración de la votación y el informe de la Comisión de Urbanismo.
En esta segunda causa, al parecer, el Ayuntamiento de Vilaller otorgó la licencia para la construcción de un bloque de pisos de cuatro plantas en la avenida de Catalunya de la localidad, contraviniendo la normativa urbanística del municipio.
El edificio se construyó en un solar donde estaba situado un viejo almacén de una sola altura. Al parecer, la parcela que ocupa el bloque pertenece al núcleo antiguo, donde la normativa preve sólo la rehabilitación de inmuebles y la construcción de nuevos edificios que no pueden superar los volúmenes que había anteriormente en el solar. El edificio, según constaba en la denuncia, supera en cuatro veces la autorizada.
El alcalde de Vilaller, Jaume Monsó, siempre ha manifestado a este rotativo que se encuentra tranquilo, “no he cometido ningún delito y sólo soy una cabeza de turco”.
* La Mañana - Vilaller - Felicidad Pérez - 2009-05-30
Foto: Vilaller (Lleida) - vilaller.ddl.net
Andratx: La jueza ordena el derribo de una veintena de apartamentos en Cala Llamp
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DIARIODEMALLORCA* : Nuevo golpe al urbanismo salvaje y la corrupción urbanística en Mallorca.Una jueza ha ordenado la demolición de una veintena de apartamentos en la zona de Cala Llamp (Andratx). La jueza ha declarado nula la concesión de la licencia de edificación de las citadas viviendas que en su día denunció el Grup Balear d´Ornitologia (GOB). El Ayuntamiento de Andratx otorgó esta licencia a la empresa Marmacén Sol SL.
El grupo ecologista interpuso en julio de 2006 un recurso contencioso administrativo contra la concesión por parte del consistorio andritxol de una licencia de obras para construir un bloque de viviendas en Cala Llamp. Según argumentaba el GOB, se permitió a la empresa Marmacén Sol SL levantar las edificaciones en suelo rústico protegido, según se contempla en el Plan Territorial de Mallorca.
La Justicia ha dado ahora la razón a los ecologistas, quienes en su día denunciaron que el bloque de apartamentos estaba situado en una zona que "curiosamente es la única parcela no edificable de la cala". El GOB explicaba en su día a este diario que "prácticamente todo Cala Llamp está clasificado como suelo urbano, a excepción de una pequeña zona que la normativa urbanística de Andratx clasificaba como rústica y el Plan Territorial de Mallorca como área de transición-harmonización".
La licencia municipal puesta en entredicho por el GOB tiene el número de expediente 135/05 del 23 de diciembre de 2005 y el nombre de la constructora que ejecutaba las obras es la denunciada Marmacén Sol SL. Los ecologistas consideraron que el Ayuntamiento no podía otorgar esta licencia ni por el tipo de zona que es ni por el tipo de edificación que se construía.
La jueza reconoce ahora en su sentencia que en la citada parcela "no se cumplían los requisitos necesarios para ser calificado el suelo como urbano,(...) al no cumplirse los requisitos previos (...) siendo por tanto aplicable a las normas del PTM y por todo ello debo declarar y declaro nula la licencia concedida". Por esta razón, la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número dos de Palma da la orden al Consistorio de Andratx de proceder a la demolición de las obras realizadas con motivo de la concesión de esa licencia "para la restauración del orden urbanístico infringido".
* Diario de Mallorca - 30.05.09
Foto: Andratx - solares_Cala_Llamp - A.M. (El País)
Valladolid: Urbanismo dará licencia a otra tanda de 60 casas ilegales en Puente Duero
NORTECASTILLA* : El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, anunció ayer el Ayuntamiento prepara la modificación del Plan General para legalizar la última tanda de viviendas sin licencia de Puente Duero. El regidor, quien presidió en este barrio el primer concejo abierto de la capital después de 17 meses, advirtió que serán las últimas, siempre y cuando la operación cuente con el respaldo de la Junta, y que no se admitirá «ni una más».
Fuentes de la asociación de vecinos explicaron que en un primer momento se legalizaron cerca de 40 viviendas y quedarían por contar con las bendiciones municipales otras sesenta. Los propietarios de estas casas deberán pagar entre 3.000 y 4.000 euros para conseguir los papeles.
El primer edil atendió ayer a las demandas de esta zona residencial, con 1.163 vecinos, en un clima cordial. Entre las peticiones más urgentes, Juan Carlos Prieto, presidente de la organización vecinal, reclamó al Consistorio que actúe con los dos propietarios que se niegan a desmantelar los jardines de sus casas que invaden la calle Real, ahora en proceso de remodelación. El alcalde reconoció que se está ocupando claramente la vía pecuaria y dijo que se urbanizarán esos dos terrenos. «Únicamente no se hará, si me lo impide un juez», dijo. El máximo responsable municipal destacó que la obra en la travesía supondrá «un antes y un después para este barrio», que contará con un moderno bulevar de 750 metros con jardines, zonas para el paseo y juegos infantiles. «Los fondos provienen del Gobierno de España, pero quien decide dónde gastarlos es este equipo de gobierno», subrayó ante un auditorio de más de cien personas.
Asimismo, León de la Riva destacó la inversión de más de diez millones de euros de la Junta para construir un emisario que llevará las aguas sucias hasta la depuradora del Camino Viejo de Simancas.
Otras peticiones pasaron a la carpeta de 'se estudiará'. La más importante, el aumento de las frecuencias de los autobuses urbanos por la mañana para que pasen de una hora a treinta minutos. León de la Riva recordó el gran déficit que arrastra Auvasa y aclaró que, con los estudios técnicos en la mano, el número de usuarios no permitiría incrementar los autobuses. No obstante, se comprometió a darle una vuelta.
Respecto a la petición para buscar un aparcamiento para camiones, el alcalde avanzó que se está estudiando habilitar una explanada junto al campo de fútbol, siempre que la Consejería de Medio Ambiente lo autorice.
* El Norte de Castilla - J. ASUA - 29.05.09
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Arca presenta alegaciones a la modificación de las NUR y acusa a Mazón de "fomentar la especulación urbanística"
EUROPAPRESS/Cantabria* : La asociación ecologista Arca ha presentado alegaciones a la propuesta del Gobierno de Cantabria para modificar las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) ya que, a su entender, "todas" las modificaciones planteadas implican un aumento de las posibilidades de construir en suelo rústico en los municipios del interior de la región.
En este sentido, ha denunciado el "interés" del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Ejecutivo autonómico, José María Mazón, de "fomentar la especulación urbanística" en la Comunidad.
En concreto, el presidente y vicepresidente de Arca, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, respectivamente, acusaron a Mazón de pretender, con la modificación de las NUR, y también, con la modificación de la Ley del Suelo, "trasladar la interior" de la región la "especulación urbanística que ya ha destruido bueno parte del litoral" de Cantabria.
En rueda de prensa, Canales precisó que dichas modificaciones permiten aumentar las alturas de las edificaciones, pasando de 6,5 a 7 metros; que los sótanos no computen como superficie construida por lo que, por tanto, "se podrá construir mucho más"; que las cubiertas y los tejados se alteren "como se quieran"; construir buhardillas debajo de los tejados; o construir sótanos en aquellas viviendas que no dispongan de ellos.
Asimismo, con las modificaciones del Ejecutivo se permite aumentar la edificabilidad del 0,2 al 0,3%, pasando la ocupación del 20 al 30%. A esta modificación, "a cara perro y directa", se añade una última por la que se reducen las distancias de las edificaciones a los linderos, a los ejes de los viales y de éstos a los cierres de las parcelas.
Según el presidente de Arca, estas siete modificaciones van a tener "una gran trascendencia" en el mundo rural ya que van a "desfigurar completamente" los núcleos tradicionales rurales.
También dijo que estas modificaciones no se basan en "ningún estudio técnico", sino que son "modificaciones políticas" conforme a lo que "están pidiendo" los alcaldes de los municipios del interior de la región.
Respecto al informe de evaluación ambiental --creado a partir de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anuló las NUR por carecer de dicho estudio--, Canales indicó que si bien se ha realizado, es un informe "a la carta".
EL PROT, "ABANDONADO"
Frente a todo ello, Herrera señaló por su parte que el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) "ha quedado abandonado", pese al anuncio del consejero de que en 2009 se aprobaría dicho instrumento.
A este respecto, recordó que Mazón hizo esta "promesa" a principios de 2008, en base a una encuesta elaborada por la propia Consejería según la cual los cántabros pedían, de forma "aplastante", que se proteja el paisaje y se actúe contra la especulación urbanística. Así, Herrera hizo un llamamiento al consejero para que "cumpla la promesa adquirida con los cántabros".
"EN DIRECCIÓN CONTRARIA"
Por último, Arca sostuvo que la gestión del consejero "va en dirección contraria" a las medidas que se pusieron en marcha en la anterior legislatura en relación a la Ordenación del Territorio y Urbanismo.
"Primero modifican la Ley del Suelo para poder construir en el suelo rústico, para hacer habitables todas las cabañas. El segundo paso, dar mayor edificabilidad en ese suelo rústico y en los suelos rurales", advirtieron, al tiempo que señalaron que "se demuestra claramente que el señor Mazón por lo que apuesta es por la especulación urbanística en Cantabria".
* Europa Press - Santander - 29.05.09
Foto: Cantabria, vista - wikipedia.org
El juez envía a prisión a Segundo Rodríguez, ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote
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LAPROVINCIA* : El ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote Segundo Rodríguez González ingresó ayer en prisión incondicional en la cárcel de Tahíche, por orden del juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Arrecife, que investiga la supuesta trama de corrupción urbanística dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. A Rodríguez se le imputa un delito de cohecho y, además, fue suspendido el pasado lunes, cautelarmente, de militancia en el PSC.
Por otro lado, el magistrado ha decretado la puesta en libertad de la empresaria de un grupo de comunicación de Lanzarote, María José García Acosta, con los cargos de cohecho y tráfico de influencias; el presidente de los Jóvenes del PIL, Dayrán Jesús Muñoz Armas, con el cargo de cohecho; y el empresario Jorge Ramón Álvarez Pérez, gerente de la empresa de recogida de basura domiciliaria en los municipios de Tías, San Bartolomé, Teguise y Tinajo, así como en los colegios de Arrecife, con el cargo de cohecho. Los tres han quedado en libertad sin fianza. El pasado martes la que quedó en libertad, con cargos, fue Elena Martín, jefa de Contratación de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife.
Asimismo, cabe destacar que al empleado del Cabildo y persona de confianza de Dimas Martín y Matías Curbelo, Alfredo Rodríguez, también implicados en el caso y miembros del PIL, se le ha prorrogado su detención, por lo que tendrá que declarar en las próximas horas. Cerca de la media noche de este jueves el magistrado tomaba declaración a Matías Curbelo, asesor del Patronato de Turismo, por lo que al cierre de esta edición estaban pendientes de determinar los delitos que se le imputan.
El magistrado ha confirmado que durante la jornada de hoy seguirán prestando declaración los restantes imputados del caso, que sigue bajo secreto de sumario. Aún no han acudido ante el juez instructor Dimas Martín, Rafael Arrocha, Ubaldo Becerra ni José Miguel Rodríguez.
* La Provincia - A. F. - ARRECIFE - 29.05.09
Foto: Arrecife (Lanzarote) - EDDC.NET
La Fiscalía de Alicante, colapsada por los delitos urbanísticos
ELPAÍS* : El aluvión de denuncias, la mayoría relacionadas con la delincuencia urbanística (tramas político-empresariales gestadas a la sombra del boom del ladrillo) ha acabado por desbordar el destacamento de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, puesto en marcha a finales de 2004.
Desde esa fecha, y de manera ascendente, el departamento ha recibido una media de 100 denuncias anuales, lo que materialmente incapacita a su titular, Felipe Briones, para realizar una "supervisión con detenimiento" antes de enviarlas a los juzgados para iniciar la correspondiente investigación.
Esta "ingente" carga de trabajo de Anticorrupción, según fuentes de la Fiscalía de la Audiencia de Alicante, ha llevado al fiscal-jefe, Juan Carlos López Coig, a replantearse esa área. La primera iniciativa pasa por el aumento de fiscales en esta área, "uno como mínimo, aunque lo deseable serían dos dedicados exclusivamente a Anticorrupción", precisan fuentes del ministerio público. López Coig ya ha cursado esa demanda al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Y mientras llega la respuesta de la Fiscalía General del Estado, López Coig ya ha dado algunos pasos para conseguir "aligerar" de trabajo a Briones. Una de las primeras decisiones ha sido designar un fiscal de apoyo en los partidos judiciales de Orihuela y Torrevieja (estos dos núcleos urbanos de La Vega Baja centraron la investigación de Anticorrupción en sus dos primeros años de andadura). Otra medida, en este caso para el resto de partidos judiciales de la provincia, es repartir las denuncias propias del destacamento entre los fiscales de la zona, estén o no especializados la materia.
La precariedad de medios del destacamento de Anticorrupción es tan severa, que incluso el despacho carece de rotulación identificativa.
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante se puso en marcha a finales de 2004 con el primitivo objetivo de luchar contra las redes mafiosas instaladas en la provincia, y en especial en la comarca de La Vega Baja. En esa zona anidaban grupos organizados criminales relacionados con el tráfico de drogas y la prostitución que blanqueaban sus ilícitos beneficios mediante el negocio inmobiliario.
Sin embargo, pronto el fondo de las denuncias presentadas ante el destacamento que dirige el fiscal Felipe Briones derivó hacia tramas político-empresariales vinculadas, básicamente, con programas urbanísticos municipales. En la actualidad, según mantiene la Fiscalía Anticorrupción, el grueso de las denuncias que tramita incluye siempre presuntos delitos de cohecho y prevaricación relacionados con el urbanismo.
La creación de este departamento de anticorrupción, según fuentes de la Fiscalía, actuó como incentivo ante los ciudadanos y los partidos políticos para sacar a la luz supuestas tramas corruptas, ante la garantía de que sus denuncias iban a ser canalizadas por un fiscal con dedicación exclusiva.
Briones estima que anualmente su departamento recibe un centenar de denuncias. La cifra multiplica por diez las diligencias que tramitan los destacamentos homólogos que operan en el resto de España, donde las diligencias que incoan los correspondientes titulares apenas superan la decena.
El volumen de denuncias, según fuentes de la Fiscalía, frustra, primero, una investigación detallada de los casos antes de ser remitidos a los juzgados y, en segundo término, el seguimiento de la instrucción en primera persona del fiscal Briones.
De las cerca de 500 denuncias que han llegado al departamento desde su creación, Briones sólo está presente a título personal en la instrucción y en calidad de acusador público en 40 causas. Las demás están en manos de los fiscales de los distintos departamentos. Este dato, derivado la falta personal, "desvirtúa" la naturaleza de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del ministerio público.
Solo en dos de los 40 sumarios, la intervención de Briones ha obedecido a una orden expresa de la Fiscalía General del Estado. Se trata de las causas del supuesto desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercalicante y de la denuncia por supuestos delitos urbanísticos y contables en el Ayuntamiento de Orihuela.
Al primer sumario, y por lo que respecta a uno de los primeros implicados, el ex alcalde de Alicante y diputado autonómico Luis Díaz Alperi, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de echarle el cierre definitivo. El alto tribunal ha rechazado el último recurso, presentado por el PSPV, contra la exculpación del ex regidor alicantino.
Mientras, el segundo sumario, desglosado en 16 causas (la principal contra el ex alcalde José Manuel Medina, del PP, por el uso de bienes de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales) prosigue una cansina instrucción en las distintas oficinas judiciales del palacio de justicia oriolano. La causa que afecta al ex alcalde ha sido archivada inicialmente por el juez y está pendiente del recurso de apelación ante la Audiencia.
Al caso Orihuela, en La Vega Baja se suma el sumario abierto al actual alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, por supuesto tráfico de influencia en la compraventa de una finca, el falso soborno de San Fulgencio y el cohecho y cuatro delitos urbanísticos del ex alcalde socialista de Bigastro.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 29/05/2009
Foto: Alicante, vista - J.Navarro, diarioinformacion.com
