El Parlamento europeo destapa nuestras vergüenzas

COTIZALIA* : Nuestros políticos nos han vuelto a defraudar. Una vez más nos han abochornado. Esta vez en Europa. La novedad es que ha sido de forma consensuada. Los eurodiputados europeos, exceptuando los españoles, opinan de forma generalizada que en España nos hemos pasado, que nuestras instituciones no funcionan. Los nacionales han respondido que no, también de forma consensuada. Se han unido por una vez –por qué no lo harán para algo bueno- para intentar tapar sus (nuestras) vergüenzas. El consenso, aunque por razones opuestas, ha sido absoluto por ambas partes.

El pasado 26 de marzo la Eurocámara aprobó un texto en el que se denunciaban las arbitrariedades y abusos urbanísticos y medioambientales cometidos en España. Como muestra, un botón de la declaración:

“S. Considerando que se han dado muchos casos en que todas las administraciones, central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas,



U. Considerando que existen cada vez más pruebas de que las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en muchas zonas costeras, en particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos quienes, por sus acciones, han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos de la UE, que han conllevado daños irreparables a la biodiversidad y la integridad medioambiental de muchas regiones de España; considerando que el Parlamento ha observado, sin embargo, en respuesta a estas acusaciones, que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos, y que ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española; considerando que debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la instancia de recurso procedente, una vez agotadas las vías nacionales, es el Tribunal de Derechos Humanos,



V. Considerando que esta actividad extendida que respaldan las autoridades locales y regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa, como lo ha hecho la aplicación laxista de las legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes en las Comunidades Autónomas españolas en algunas actuaciones urbanizadoras, así como la aparición de algunos casos relevantes de corrupción ocasionados por ellas,



W. Considerando que los Defensores del Pueblo regionales han intervenido frecuentemente, en circunstancias muy difíciles, para defender los intereses de los ciudadanos de la UE en casos relacionados con abusos urbanísticos, aunque en general, las autoridades regionales han desoído sus esfuerzos,”



Ha sido contundente el Parlamento Europeo. Aunque no queramos asumirlo, eso es lo que piensan en Europa de nosotros, por abrumadora y democrática mayoría: 349 votos a favor, 110 en contra (nuestros representantes en pelotón), 114 abstenciones.

Resumámoslo:

* Nuestro modelo de desarrollo –afortunadamente ya quebrado- es insostenible. Ha tenido y está teniendo gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas.

* Ha producido daños irreparables a la biodiversidad y la integridad medioambiental de muchas regiones de España.

* Nuestra legislación es inadecuada y en ocasiones injustificada, especialmente la autonómica.

* Nuestra justicia peca de falta de actuación, es parcial y de una lentitud desmedida.

* Ha habido una aplicación laxista de las legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes en las Comunidades Autónomas españolas.

* Estamos invadidos de funcionarios locales corruptos, y no solo locales.

* Son responsables del desaguisado tanto las autoridades nacionales, como las autonómicas y locales.

* No distingue entre partidos: es generalizado.

En definitiva, Europa está señalando con el dedo a los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nos debería hacer recapacitar. ¿O es que acaso toda Europa nos tiene manía?

Si los partidos políticos españoles han sido capaces de ponerse de acuerdo para intentar tapar las vergüenzas mutuas, para avergonzar a cualquier europeo de bien, deberían ser capaces de ponerse de acuerdo en acabar con la corrupción, con el cochambroso pesebre nacional, autonómico y local; la subasta a la baja de la naturaleza y el medio ambiente, el destrozo a manos de intereses mezquinos de todo paraje que merece la pena conservar y cuidar, nuestras costas y árboles; de proteger los intereses de muy pocos en contra de los de la mayoría; de los nombramientos digitales de ministros, consejeros, asesores, directores, expertos o secretarios inoperantes; esa caterva de personajes de dudosa moralidad y profesionalidad que justifican y amparan las chapuzas y las corruptelas. ¿Y se llaman a sí mismo demócratas? ¿Es esa la igualdad que predican?

Hay que empezar a crear una legislación adecuada y coherente; un sistema lógico y transparente de gestión y toma de decisiones que beneficie a los ciudadanos, un consenso a favor de todos; una justicia que funcione; un reparto de competencias sensato.

Acabar con las políticas de hechos consumados que ponen en manos de la justicia –o lo que queda de ella- asuntos que saben muy bien que no se resolverán hasta dentro de diez o quince años, mientras tanto se consuma el desaguisado y sus responsables siguen disfrutando de la poltrona; que se resolverán –si alguna vez se hace- cuando el daño ya está hecho, cuando ya no se puede volver atrás. Tropelías que se podrían haber evitado si habitásemos un auténtico Estado de Derecho.

Aunque aquí todavía tengamos la boina, la chapela o la barretina bien calada, el resto de los europeos tienen todo el derecho del mundo, y hacen muy bien, en decirnos lo que hacemos mal; una versión postmoderna del Traje nuevo del Emperador, el maravilloso cuento de Andersen que nos descubre que estamos desnudos de decencia, de profesionalidad, de sentido común y de honestidad. Es lo que tiene ser europeos.

Y nosotros, los ciudadanos españoles y de tantas micronaciones que la contienen, seguimos sin querer enterarnos; nos hemos convertido, por nuestra desidia y comodidad, en cómplices necesarios de tales abusos.

Hoy quería haber continuado hablando de los biocombustibles o de cualquier otro tema, pero a veces la triste actualidad se impone. Lo dejaremos para otro día.

Señores políticos: ¿podrían por favor dejar de avergonzarnos de una vez?

Ciudadanos, ¿no deberíamos regenerar y cuidar entre todos nuestra todavía joven –tantos sudores costó- pero ya agónica democracia? ¿Poner coto a tanto desmán? Poco futuro podremos construir con instituciones que no funcionan.

Dentro de poco son las elecciones europeas. ¿Serán nombrados candidatos dignos ciudadanos, esos primus inter pares de cualquier democracia que se precie? ¿O seguirá siendo cementerio de dinosaurios políticos y otros especímenes depredadores al calor de suculentos ingresos?

Es tiempo de reflexión.






* Cotizalia.com - José M. de la Viña - 16/04/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org

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Costas derriba una edificación ilegal en la playa de Chipiona

DIARIODECÁDIZ* : El conocido Bar 'Eduardo' situado en la playa de las Tres Piedras de la localidad de Chipiona ha sido derribado hoy tras decretar la Demarcación de Costas de Andalucía Artlántico su demolición por estar situado en dominio público marítimo-terrestre y considerarlo «ilegal».

La maquinaria de derribo ha comenzado a trabajar a las diez de la mañana y las tareas de demolición del popular chiringuito playero se han llevado a cabo con total normalidad.

El propietario del Bar Eduardo se ha trasladado a otras instalaciones cercanas, a escasos treinta metros, que ya no se encuentran dentro del dominio público marítimo-terrestre, desde donde seguirá ofreciendo servicios de hostelería.

Según anunció ayer la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico el derribo conlleva también la restitución ambiental de una zona de aparcamiento que se encuentra cerca del establecimiento.

Con este acto se culmina un expediente resuelto el 14 de noviembre de 2007, al carecer el interesado de título alguno que le habilitara para ocupar el dominio público, según establece el artículo 31.2 de la Ley de Costas.

Indica la fuente que durante todo el procedimiento, la Demarcación de Costas concedió al propietario del establecimiento todos los cauces establecidos por la Ley para la resolución del mismo conforme a derecho, existiendo, por tanto, una aceptación por parte del ocupante de la instalación de la norma aplicada.






* Diario de Cádiz - EFE - 15.04.09
Foto: Familiares de Eduardo observan el derribo del bar ubicado en la playa de las Tres Piedras de Chipiona. /Borja Benjumeda, diariodecadiz.es

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La denuncia que inició el caso de La Muela desveló obras millonarias sin pasar por el pleno

HERALDO/Zaragoza* : Obras municipales por valor superior a tres millones de euros sin pasar por el pleno, saldos de cantidades similares sin justificar, contrataciones a dedo de personal y de trabajos y venta de suelo público sin la preceptiva autorización. Estos son los principales hechos que desencadenaron la Operación Molinos y que culminaron con la detención de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, y de dieciocho personas más, así como con la imputación de otras siete.

La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por una mujer ante la fiscalía en octubre de 2007, por presuntos delitos de prevaricación y defraudación de caudales públicos. Ante la documentación aportada por la denunciante, la Fiscalía recabó la colaboración del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior para investigar los hechos y, al concluir que podía haber indicios de delito, remitió el caso al Juzgado Decano de Zaragoza, para su reparto. Las diligencias le tocaron a Instrucción 4, el cual se inhibió a favor de los juzgados de La Almunia, competentes del partido judicial de La Muela.



Entre los hechos que denunció la que ahora es uno de los dos testigos protegidos que hay en la causa, figura el hallazgo de asientos contables sospechosos en la Sociedad Urbanística La Muela S. A. Esta sociedad municipal (gestionada por Aranade, cuyo presidente está imputado y en libertad bajo fianza) presentó al cierre del ejercicio de 2005 unas cuentas en las que se recogían importes de más de tres millones de euros por ejecuciones de obras sin que existiera encargo del Ayuntamiento.



También un saldo a favor de la sociedad municipal por otros tres millones en obras sin reconocer por el Consistorio al no estar presupuestadas. Según fuentes cercanas al caso, estos apuntes podrían tratarse de anotaciones ficticias con el objeto de maquillar presuntamente las cuentas.



Además, a la fiscalía se le aportó documentación que hablaba de que se había enajenado suelo municipal sin autorización del pleno del Ayuntamiento de La Muela, así como que se habían hecho numerosas contrataciones a dedo de empresas, así como de personas que han accedido a puestos de trabajo sin pasar por ninguna prueba.



El juez comenzó su investigación a partir de estos hechos, que luego se ha ido alimentando con otros nuevos surgidos al hilo tanto de los datos aportados por la Policía, como de escuchas telefónicas y comprobaciones de empresas, patrimonios, cuentas y adquisiciones de los principales imputados.



Tres de ellos, la alcaldesa, María Victoria Pinilla y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, ambos del PAR, y el empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado, se encuentran en prisión provisional desde que comparecieran ante el juez del caso.



Tanto el abogado de la primera edil, Javier Notivoli, como el del empresario, Carlos Pardo, han solicitado la libertad de sus clientes mientras que el letrado del concejal, Fernando Lacruz, espera a conocer el contenido de las diligencias para conocer en detalle las pruebas que pesan sobre él.







* Heraldo - MARTA GARÚ. Zaragoza - 15.04.09
Foto: La Policía llevaba casi 18 meses investigando el caso cuando se produjeron las detenciones. - ROGELIO ALLEPUZ, elperiodicodearagon.com

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La Guardia Civil entrega a la Fiscalía las conclusiones del caso de Colmenar

MÁLAGAHOY* : Los agentes consideran que hay indicios de que el alcalde, que no está imputado como por error publicó este periódico el domingo, podría haber incurrido en prevaricación. La Fiscalía de Medio Ambiente ya tiene en sus manos las conclusiones de la investigación abierta por la Guardia Civil al Ayuntamiento de Colmenar por haber concedido una licencia de primera ocupación a una construcción convertida en vivienda cuando sólo tenía permiso para la ejecución de una nave agrícola.

Tras el cierre de las diligencias, será el Ministerio Público el que decida si ha existido algún tipo de delito por parte de los implicados en la tramitación de la licencia.

De momento, según fuentes cercanas al caso, hay nueve personas investigadas. Entre ellas, están el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández Palomo (PSOE), por un presunto delito de prevaricación, aunque no está imputado como por error publicó este periódico el pasado domingo, ya que será la Fiscalía la que determine su situación legal.

También aparecen en la investigación la ex arquitecta municipal, A. B. A. -esposa del jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, José Mora, quien está en prisión por su presunta implicación en la trama Arcos de Alcaucín-, a quien los agentes aprecian indicios de presunta prevaricación. Junto a éstos, han sido investigados dos promotores y otro arquitecto por un presunto delito de falsedad documental.

Los hechos denunciados se remontan al año 2003 cuando el Ayuntamiento de Colmenar emitió un informe favorable, en contra de lo señalado por el secretario municipal, para permitir la construcción de una vivienda en un solar donde estaba autorizado una nave agrícola. La presunta irregularidad fue detectada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que inspeccionó el inmueble advirtiendo anomalías en el expediente.

El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, dio su respaldo al alcalde y negó que pueda compararse un presunto delito de prevaricación con uno de corrupción urbanística. A este respecto, recordó que su formación ha expulsado de sus filas a todos los regidores que han resultado imputados por esta causa, a diferencia de lo hecho por el PP.






* Málaga Hoy - Mayte Cortés · S. S.- 14.04.09

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La Comunidad aceptó recalificar suelo a Roca junto a las salinas de La Manga

LAVERDAD/Murcia* : La Comunidad Autónoma dio su visto bueno en el año 2003 a la petición del constructor Mariano Roca Meroño, uno de los dueños de las salinas de Marchamalo, de recalificar 18 hectáreas de suelo agrícola junto a ese humedal, protegido por varias leyes ambientales.

A través de la empresa Unisur SA, el promotor de Pozo Estrecho planteó a la Dirección General del Medio Natural la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo para poder construir una «urbanización de baja densidad».
El entonces director general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, respondió a la alegación presentada por Roca al citado PORN dando su «criterio favorable» al cambio de uso del suelo.
Esa decisión, comunicada a Unisur el 17 de octubre del 2003 (según la documentación en poder de La Verdad) sigue en vigor, ya que el PORN sigue en fase de tramitación. Eso sí, Brugarolas no llegó a remitir a la empresa el «certificado medioambiental» que ésta le pidió para conocer las características de las edificaciones permitidas. Se remitió a la tramitación del PORN.
El visto bueno a estas pretensiones adquiere ahora mayor relevancia, después de que este diario ha revelado que otra empresa de Roca (Salinas de La Manga SL) recibió de la Comunidad Autónoma 135.000 euros del año 2004 al 2007 por conservar las salinas mediante la extracción de sal, a pesar de que la compañía no tuvo actividad industrial.
Lo Poyo y Novo Carthago
La organización ecologista Anse, que exige la devolución de las ayudas públicas por fraude, viene denunciando el presunto interés del constructor en «dejar que las salinas se sequen» para conseguir su recalificación urbanística.
Según los cálculos de los naturalistas, sólo junto a las salinas Unisur SL podría construir de 1.500 a 2.000 viviendas, lo que supondría «un impacto brutal sobre una zona de gran valor paisajístico y de fauna y flora del entorno del Mar Menor».
La petición de Roca a la Comunidad se basó en un informe de «mejora ambiental de la unidad ecológica» de las salinas elaborado por la empresa Ambio SA.
Ésta es la misma compañía que redactó el estudio de impacto ambiental a las promotoras de las macrourbanizaciones de Lo Poyo, anulada por el Gobierno regional por la conexión de la compraventa de los terrenos con el caso Malaya, de corrupción urbanística en Marbella; y de Novo Carthago, que investiga la Fiscalía.
La tramitación de esta última urbanización, de 5.000 viviendas y un campo de golf, sigue adelante.






* La Verdad - 15.04.09 -JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ| CARTAGENA
Foto: El humedal, con varias charcas con la sal sin recoger, hace unos días. / J. C. CAMPOY / AGM

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Continuar, satisfactoriamente, en la crisis

ORIOL BOHIGAS* : Si uno deja de mirar la triste realidad y atiende sólo a los frívolos textos periodísticos y a los dictámenes de las otras frivolidades, se puede casi afirmar que esa crisis financiera y económica tan cacareada es, de momento, un paso positivo para la mejora cotidiana de nuestra sociedad. Nos hemos pasado años construyendo una línea de batalla progresista contra el abuso depredador del turismo, contra las incomodidades circulatorias y contaminantes de los automóviles, contra las fórmulas abusivas del consumismo, contra la destrucción urbanística de nuestras costas y de nuestras periferias urbanas.

Y ahora vemos como, de golpe, todo ello se está superando, no precisamente por el éxito de unas políticas sociales sensatas o unos programas económicos radicales, sino gracias a la inesperada maldición de una crisis que ha caído como una plaga universal. Una plaga cuyas consecuencias parecen ser teóricamente positivas o, por lo menos, indicadoras de un momentáneo triunfo de aquella línea de batalla. Las fábricas de automóviles cierran o reducen sus producciones; el turismo decae y empieza a liberar calles, playas y hoteles; el consumo y la inflación caen en picado; la construcción en los paisajes de la costa y en los suburbios se para radicalmente y deja vacías y disponibles más de un millón de viviendas. Redondeando el panorama esperanzador, los gobiernos ofrecen, para reducir el paro obrero, unos grandes programas de obra pública que seguramente solucionarán definitivamente buena parte de los déficit de nuestras viejas y pobres infraestructuras. Finalmente, incluso alguien anuncia la guinda del pastel, la del buen gusto: el secretario de una entidad empresarial alarmaba hace días a la ciudadanía diciendo que si no se superaba la crisis, las empresas no podrían participar en los habituales servicios colectivos como, por ejemplo, los vomitivos adornos luminosos de las fiestas navideñas. Una ganancia para el buen gusto colectivo y una elegante reducción de la euforia consumista. Con este panorama, parece que hay que persistir en esta crisis que, por sí sola, enfoca tantos temas recurrentes pero a menudo olvidados en tantas campañas electorales que abanderan el progresismo ecológico y sostenible.

Dejando aparte las exageraciones y los sarcasmos de las paradojas, hay que reconocer algunas lecciones de cierta trascendencia en la experiencia de esta crisis. La primera va dirigida a los ciudadanos conservadores, a los que directa o indirectamente esperan y apoyan la continuidad de un sistema que, para simplificar, podemos considerar presidido por el mercado y por la potencia del consumo. Estos ciudadanos entenderán ahora, definitivamente, que no se pueden permitir veleidades reformistas. Si quieren recuperar el éxito del sistema, deben dejar de preocuparse por la polución de los automóviles, por la mutilación del paisaje y por la invasión de un turismo bárbaro que anula realidades sociales y culturales. Deben aceptar, sin coqueteos humanistas, las consecuencias negativas más aparentes del sistema, porque son indispensables en su misma formulación. Si no quieren crisis, que se conformen con los inconvenientes del consumo. Ya se está viendo de qué manera los políticos y los economistas apoyan ahora la fabricación de automóviles como una de las bases indispensables de la recuperación. Ni siquiera los ecologistas y los ambientalistas, las izquierdas del verde y la sostenibilidad, se atreven a contradecirlo: salen de una campaña a favor de un urbanismo que limite la circulación rodada o de un sistema de infraestructuras de acero, contra las de goma y asfalto, y ya tienen que aceptar que, sin proteger a fondo la industria del automóvil, la economía internacional no funciona. Si esto es así, que lo reconozcan en sus programas políticos y que no hablen más a través de dos altavoces contradictorios.

Otra lección de la crisis, completamente opuesta, puede ser recogida por los ciudadanos que, sinceramente, esperan algún cambio: la crisis, bien interpretada y bien encauzada y asumida, puede ser el principio de una gran experiencia de transformación. Nunca habíamos tenido la industria del automóvil tan dispuesta a aceptar una caída irreversible; nunca la construcción había llegado a tal envejecimiento económico y productivo; nunca el turismo había anunciado una tal necesidad de remodelación; nunca había habido tantas viviendas vacías destinadas al abandono o a un aprovechamiento social anticomercial de urgencia; nunca ha habido una inflación tan baja. Es la misma crisis, pues, la que ofrece los instrumentos para un cambio radical. ¿Sabremos aprovecharlos? Depende de su persistencia y del acierto de las intervenciones correctivas. De momento, quizá convenga estabilizarse en ella y cambiar costumbres y energías en cualquiera de los dos bandos: o dejar de criticar los embotellamientos, el bajo turismo y la bárbara mutilación de las costas -entre muchos más problemas de índole parecida- para aceptarlos como base de estructuración de un sistema incorregible, o reclamar la puesta al límite de las condiciones revolucionarias que ofrece la crisis. Pero me temo que no ocurrirá ni lo uno ni lo otro. Quizá el único gesto eficaz será la guinda del buen gusto que anunciaba aquel empresario: un par de años sin los abominables adornos navideños, un par de años con menos exhibición consumista que señalarán tímidamente los gestos de una revolución inevitable pero todavía lejana.



* Oriol Bohigas es arquitecto.





* ELPAIS.com - Opinión - 15.04.09


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Barcelona: Ciudad de cemento

ADN* : A Barcelona le faltan zonas verdes. No sólo por comodidad, calidad de vida o estética. También para preservarla salud de sus ciudadanos. La capital catalana cuenta con una media de 6,6 m2 de superficie verde urbana por habitante, lejos de los parámetros que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera "imprescindibles", que se sitúan entre 10 y 15 m2 de zona verde urbana por habitante.

Vitoria, la más 'verde'

En España, según los datos recogidos por el Observatorio de la Sostenibilidad en el estudio Sostenibilidad local. Una aproximación urbana y rural, sólo siete ciudades superan este umbral: Cáceres, Girona, Cádiz, Logroño, San Sebastián, Madrid y Vitoria. La capital alavesa, con 39 m2 por habitante, es la ciudad española con más verde urbano. Madrid, con 17 m2, es la única de más de 500.000 residentes que está en los niveles de la OMS, casi triplicando a Barcelona.

En el caso de la capital catalana, la ciudad cuenta con 68 parques que suman 559 hectá reas. La estadística no tiene en cuenta las zonas forestales, que suponen 1.795 hectáreas, correspondientes a Collserola.

El primer gran parque, la Ciutadella, se creó en 1873. Fue en la primera mitad del siglo XX cuando se extendieron las principales zonas verdes, como los jardines de Montjuïc (1929), el Turó Park, la Font del Racó o los jardines del Palau de Pedralbes. La Guerra Civil frenó esta expansión verde y en la posguerra sólo se crearon los parques de Cervantes y la Guineueta, aunque se compraron fincas para abrirlas al uso público. Fue el caso de la Villa Amèlia, l'Oreneta, Les Aigües y el laberinto de Horta.

Ya con la democracia, se crearon el Parc Miró y la Espanya Industrial pero la presión urbanística ha frenado nuevos espacios, a excepción delos interiores de manzana en el Eixample. Desde 2003 no ha variado la superficie de zona verde por habitante.






* ADN - Lluis Tusell Coloma - 14.04.09
Foto: Barcelona, eixample - es.geocities.com

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Las ruinas del narcotráfico

ELPAÍS/Galicia* : Lujosas mansiones, veloces planeadoras, barcos nodriza y todo tipo de costoso mobiliario embargados en los últimos cinco años a las redes del narcotráfico que operan en las rías gallegas y con un valor total de unos 30 millones de euros, sucumben al paso del tiempo y la ruina. Una situación de abandono que supera a los juzgados, impotentes para garantizar que estos bienes adquiridos con el dinero de la droga puedan revertir al Estado.

Nadie se atreve a cuantificar las pérdidas surgidas tras largos años de embargos preventivos porque son incalculables si la estadística se remonta al principio de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó en Galicia en 1990 con la Operación Nécora. La falta de una legislación específica ha provocado que decenas de narcobuques hayan acabado devorados por el salitre, en el fondo del mar o incluso como refugio de personas sin techo. Algunos puertos, como el de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), se han convertido en cementerios marinos.

En los depósitos de Aduanas y en las comandancias de Marina se amontonaron durante años planeadoras y lanzaderas, con todos sus instrumentos de navegación, que utilizaban contrabandistas de tabaco y narcotraficantes, y en las comisarías de policía, vehículos de todas las gamas se fueron aparcando hasta convertirse en chatarra.

Tampoco han corrido mejor suerte muchas de las propiedades embargadas por la Audiencia Nacional en la década de los 90. Algunas que pertenecieron al famoso clan de Los Charlines fueron saqueadas o acabaron arruinadas. Sólo llegó a venderse en 2008, por 15 millones de euros, el Pazo de Baión, la mansión de Laureano Oubiña, 12 años después de ser incautado.

Los legisladores no tuvieron capacidad de reacción ante la sucesión de redadas antidroga y de todo lo que estaba por llegar con el nuevo milenio en operaciones contra el blanqueo de dinero. Sólo a partir de 2006, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitió enajenar bienes que fueran objeto o instrumento de delito. Un año antes, otra normativa dejó vía libre a las autoridades portuarias para disponer, siempre que lo autorizase un juez, de los barcos fondeados, ante el enorme riesgo que suponía su atraque sine die. Pero en la práctica la norma es insuficiente. La saturación impide vender o sacar a subasta todos los bienes.

Así proliferan casos como el de los 50 inmuebles embargados a Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, un camarero de Ribeira (A Coruña) convertido en narcotraficante. Están abandonados a su suerte y sin administración judicial desde hace cinco años. Un hotel a pie de la playa, chalés con piscinas climatizadas, enormes pantallas de plasma, frigoríficos de última generación y todo tipo de lujoso mobiliario se devalúan cada día. Además, comunidades de vecinos reclaman los gastos de algunos de los 20 pisos embargados que Pelopincho tenía a nombre de otros tantos testaferros.

El fiscal especial Antidroga de Pontevedra, Marcelo de Azcárraga, admite que la Justicia aún se ve impotente mientras se repite la situación de abandono de barcos y propiedades equipadas sin reparar en gastos. Azcárraga afirma que la incautación y la gestión de los patrimonios siguen huérfanos de una regulación específica, y que no existe una cultura judicial de la enajenación anticipada, ni los que deben instarla están mentalizados para ello, porque en contados casos se aplica la normativa. "Y es precisamente a través de esta medida cómo el ciudadano percibe que la Justicia actúa, produciendo un efecto ejemplarizante y también de alivio al comprobar que el delincuente no desarrolla su actividad impunemente. Estos datos deberían constituir suficiente acicate para que el legislador regulara con eficacia y precisión unas medidas de efectos tan notables", explica.

Desde el principio de su dilatada carrera contra el narcotráfico, Azcárraga dice que ha captado una permanente reticencia, tanto por parte de jueces como de fiscales, a la hora de incautar bienes, a pesar de su evidente deterioro y del elevado coste de su custodia. "Es el encorsetamiento burocrático que envuelve la instrucción penal y que resulta más llamativo, si cabe, cuando al titular de los bienes se le han intervenido los teléfonos, se le detiene, se allana y se registra su domicilio y, por último, ingresa en prisión por tráfico de drogas, mientras la embarcación en la que había portado la droga queda amarrada en un puerto hasta convertirse en chatarra", señala.

Además de la creación de un depósito general de bienes embargados, el fiscal propone crear un organismo dedicado a esta tarea. "Es decir, eliminar las reticencias de jueces y fiscales, encomendándoles la labor estrictamente jurisdiccional, y obtener los mejores rendimientos económicos del patrimonio incautado, que implica una mayor financiación para el desarrollo de políticas sociales de los drogodependientes. Es el Plan Nacional sobre Drogas el que dispone de los medios adecuados para asumir estas funciones porque es el último destinatario de los decomisos y el más interesado en recibirlos. Para ello bastaría la reforma de su normativa reguladora", apunta.

La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional está diseñando fórmulas para la incautación de bienes que estarían reguladas en un convenio que implique a varios ministerios.

Las últimas fortunas por salvar

Desde 2004, la fiscalía de Pontevedra ha emprendido su propia cruzada contra el blanqueo de dinero cuya cuenta de resultados no tiene parangón. Sólo en dos investigaciones de la Agencia Tributaria, la valoración de los bienes incautados supera los 35 millones de euros. En fianzas -algunas de dos millones de euros- y en dinero decomisado -2,8 millones de euros- la caja general de depósitos arroja superávit.

En algunos casos, la administración judicial recurre a empresas privadas para llevar a cabo la compleja gestión de estos bienes, como es el caso del holding inmobiliario que el narco vigués Juan Carlos González Martín, Culebras, utilizaba para blanquear dinero. Su yate Neitiños (valorado en medio millón de euros) sigue atracado en el puerto de Baiona esperando un nuevo dueño. El barco, que tiene muchos pretendientes, ha tenido que ser reparado después de sufrir daños en el casco durante un temporal, pero el juzgado de Vigo, saturado de asuntos, aún no ha podido venderlo.

Recientemente, otros obstáculos se abren ante la nueva tecnología que utilizan los narcos. Los juzgados tienen que enfrentarse a la destrucción de enormes y veloces planeadoras intervenidas porque carecen de documentación y han sido construidas en astilleros ilegales. Además de costoso, este proceso exige múltiples gestiones burocráticas porque son de poliéster, un material muy contaminante, y su incineración tiene que cumplir requisitos medioambientales.

Aún no se sabe qué pasará con la última lancha confiscada, valorada en más de 1,5 millones de euros, una fórmula 1 para el transporte de cocaína que ha dejado a los investigadores boquiabiertos.

Coste incalculable

- La Administración admite que es imposible cuantificar las pérdidas en bienes embargados desde la Operación Nécora, en 1990.

- Existen decenas de buques devorados por el salitre, y parte del patrimonio de Los Charlines ha sido saqueado.

- Medio centenar de inmuebles, entre ellos chalés de lujo, están abandonados.

- El fiscal Antidroga de Pontevedra propone que los patrimonios los gestione el Plan Nacional sobre Drogas.






* ELPAIS.com - ELISA LOIS - Vilagarcía de Arousa - 14/04/2009
Foto: Pazo Villa Real, en Vilanova de Arousa, Pontevedra, expropiado al narcotraficante Manuel Charlín y que está semiabandonado.- ANDRÉS FRAGA, elpais.com


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El fiscal pide inhabilitar a alcalde de Burguillos por una licencia "caprichosa"

DIARIODESEVILLA* : El fiscal ha pedido este lunes nueve meses de cárcel y ocho de inhabilitación para cargo público para el alcalde de Burguillos, José Juan López (PSOE), por dar una licencia "manifiestamente ilegal" y que "corre el riesgo de ser llamada caprichosa".

En el juicio que ha celebrado el juzgado penal 12 de Sevilla, el fiscal ha destacado que la licencia concedida en agosto de 2006 tenía los informes en contra de dos técnicos municipales, uno de los cuales llegó a advertir al alcalde de que podría incurrir en responsabilidad penal.

La licencia autorizó a la empresa Castillo de Lennen construir unas viviendas en la calle Real de la localidad con una planta más de las previstas en las normas urbanísticas vigentes entonces en el municipio.

El alcalde ha aprovechado su derecho a la última palabra para defender que cuando otorgó la licencia "había un vacío jurídico rotundo" y "no existía legalidad urbanística sino seis o siete leyes distintas".

Ha dicho a la juez que es alcalde desde 1995 y que su pueblo ha experimentado en los últimos años "una transformación sin precedentes", por lo que lo único que tuvo claro es que "era un momento en que había que ofrecer viviendas al mercado y aquel era un proyecto de desarrollo".

No ha opinado así el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, quien ha recordado que la licencia tenía dos informes técnicos "claramente desfavorables", y por ello la normativa vigente "no se puede sustituir por un difuso interés público o general", que "se presta a interpretaciones personalistas".

Además, ha señalado que el decreto del alcalde que otorgó la licencia no tenía ninguna referencia a dicho interés general, no motivó la discrepancia respecto a los informes técnicos y tampoco la concedió condicionándola a la futura aprobación del PGOU, como ha hecho este lunes en el juicio.

Este caso fue denunciado por el PP municipal, cuyo letrado, Luis García Navarro, ha elevado hoy su petición de condena a dos años de cárcel y diez de inhabilitación para cargo público.

La defensa del alcalde, que ejerce el letrado José María del Nido, ha afirmado que la acusación particular pretende conseguir del juzgado la inhabilitación del alcalde "que no ha conseguido en las urnas" y ha insistido en que la concesión de licencia en un suelo que no está protegido, sino que es urbano residencial consolidado, está despenalizado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Además, cuando la licencia tiene unos fines sociales, se requiere "un dolo al cuadrado" y que la actuación sea "clamorosamente ilegal", lo que no ha sucedido en este caso, según el abogado.

Teniendo en cuenta el principio de intervención mínima del derecho penal, ha dicho del Nido, autorizar una planta más en un edifico "no puede ser considerado delito de prevaricación urbanística, eso sería criminalizar la vida política y administrativa".






* Diario de Sevilla - EFE - 13.04.09
Foto: Burguillos (Sevilla), ayuntamiento - wikipedia.org

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Urbanizadores que compran derechos de agua son socios de un cargo de los regantes

ELPAÍS/Alicante* : El jefe de explotación del Consorcio de Aguas de La Marina Baixa, Gabriel Francisco Santiago Andrés ocupa también la vicepresidencia de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y es socio de dos de los urbanizadores de los PAI de la Serreta y Pie de Monte en La Nucia. Según el registro mercantil, Santiago es consejero delegado de Algeps Construcciones SL, dedicada a los negocios inmobiliarios.

De la misma empresa son presidente y consejero delegado Gerardo Martínez Riquelme y Antonio Rocamora, que también aparecen en las empresas a las que les fue adjudicada la condición de agente urbanizador en los PAI la Serreta y Pie de Monte de La Nucia, Cases del Pinar y Montemar La Nucia, respectivamente.

Según publicó EL PAÍS el 25 de marzo, los urbanizadores del PAI de la Serreta - de 2,8 millones de metros-, que lidera el grupo Ballester e incluye un campo de golf y 3.400 viviendas, han comprado derechos de riego durante los dos últimos años para más de 7,7 millones de metros cuadrados de superficie de regadío fuera del perímetro de las comunidades de regantes, con aportaciones de más de 600.000 euros anuales. El consistorio de La Nucia está estudiando el proyecto de reparcelación de la Serreta, pese a que no tiene el informe de suficiencia hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El objetivo de estas aportaciones a la Comunidad General de Regantes, que no tiene derechos de riego y está controlada por el ayuntamiento nuciero, es cambiar el uso del agua cuando se acabe de instalar el riego por goteo en todo el término municipal para poder abastecer el desarrollo urbanístico del municipio. Esta operación ya se hizo con la Comunidad de Regantes del Canal Baix del Algar, que da servicio a todos los municipios costeros de La Marina Baixa, sin conocimiento de la Confederación Hidrográfica.

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó está presidida por Andrés Martínez, que ha actuado como ariete del PP valenciano en la defensa de los postulados en política hídrica del Consell, sobre todo del trasvase del Ebro. Santiago, además, es una persona de absoluta confianza del consejero de Urbanismo, José Ramón García Antón. Ambos coincidieron en el ayuntamiento de Benidorm antes de que García Antón fuese reclamado por Eduardo Zaplana para la administración autonómica.

El cuarto socio de Algeps Construcciones es José Luis Martínez Andreo, un abogado que está vinculado societariamente al anterior jefe del departamento de urbanismo de Altea, Ángel Pérez Iniesta. Este abogado fue uno de los redactores del plan parcial Puentes del Algar y participa en diversas sociedades con José María Comín, gerente de la empresa Altea Futura SA, del grupo Ballester, a la que se le adjudicó el PAI, que contemplaba la construcción de 5.775 viviendas y otro campo de golf. Este plan parcial, de 2,5 millones de metros, estaba previsto que se desarrollara sobre terrenos inundables según el Patricova y de alto valor ecológico.

Algeps Construcciones declaró en 2005 más de 4 millones de ingresos y el último año que depositó las cuentas, el 2006, una facturación de 776.820 euros, pero sólo unos beneficios de 6.908, el 0,9% de su volumen de negocio. La sociedad fue adquirida a Ramón Cerdá, que figuraba en 2003 como administrador único. Cerdá es un abogado que anuncia sus servicios en internet, entre los que se encuentra la venta de sociedades limitadas llave en mano dispuestas para ser activadas de inmediato. Dos de esas sociedades, Good and Better y Easy Concept Comunicación, facturaron al Ejecutivo de Esperanza Aguirre 562.000 euros entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 gracias a la adjudicación directa de 76 contratos menores.






* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 13/04/2009
Foto: la Nucía (Alicante) - diarioinformacion.com

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Ecologistas critican que Ayuntamiento de L'Hospitalet quiere destruir la zona de Can Trabal

EUROPAPRESS/Barcelona* : La Asociación Els Verds-Esquerra Ecologista de Catalunya criticó hoy el proyecto del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de construir un hotel, oficinas y una zona industrial en Can Trabal --última zona agrícola de L'Hospitalet--, y amenazó con llevar el caso a la Unión Europea (UE) y a la Fiscalía de Medio Ambiente "por delito ecológico".

El grupo consideró este proyecto un "atentado ecológico", ya que Can Trabal --con más de 40 hectáreas-- es la última zona agrícola de L'Hospitalet y "conforma un conjunto de gran valor natural con el río Llobregat".

El portavoz de la Asociación Els Verds Esquerra Ecologista, Antoni García, explicó en un comunicado que el proyecto es un caso de "destrucción del patrimonio natural y agrícola similar a muchos proyectos especulativos que ha denunciado la UE en su informe contra especulación urbanística en España".

Según la asociación, el actual gobierno de L'Hospitalet --formado por la coalición PSC y ICV-EUiA-- defiende recalificar los terrenos agrícolas por terrenos terciarios e industriales para que la empresa constructora "pueda construir un hotel, diferentes bloques de oficinas y un concesionario de coches".

El grupo afirmó que dicha empresa tiene conocidos miembros entre sus accionistas, entre otros, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta; el ex-teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sant Cugat Joan Franquesa, y la esposa del alcalde de Sant Cugat, Anna Maria Loveras.






* Europa Press - 13.04.09
Foto: zona Can Trabal. Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat. 09/07/2008 - flickr.com

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Valladolid favoreció a un imputado del 'caso Gürtel'

PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Valladolid, que el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta desde 1995, ha favorecido en varias adjudicaciones al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en el caso Gürtel, la trama delictiva dirigida por Francisco Correa que operaba básicamente en feudos del PP como Madrid, Valencia y Castilla y León.

El Grupo Begar, que preside Ulibarri, es la constructora más beneficiada por las adjudicaciones del Ayuntamiento, cuyo alcalde, Francisco Javier León de la Riva, se jacta de ser amigo del empresario. Desde 2003, Begar ha recibido concesiones del consistorio vallisoletano por valor de 22,4 millones de euros.

Algunas de estas adjudicaciones reúnen aspectos anómalos. El Ayuntamiento de Valladolid no ha contestado a las preguntas de Público, que le fueron formuladas el viernes 3 de abril.

La contratación más importante obtenida por Begar, con un precio de licitación de 11,15 millones de euros, es la gran obra para canalizar las aguas residuales en la margen izquierda del río Pisuerga. La obra fue adjudicada por la Junta de Gobierno, donde sólo está presente el PP, el 18 de mayo de 2007 apenas 10 días antes de las últimas elecciones municipales y en contra del informe elaborado por los técnicos del propio consistorio.

El documento de los técnicos apostaba por la oferta presentada por la empresa Teconsa y colocaba a Begar en segundo lugar.

El informe, al que ha tenido acceso Público, fue entregado el 25 de enero de 2007 y lleva la firma de tres profesionales cuyo campo está relacionado directamente con la obra: un arquitecto Pablo Gigosos, un ingeniero de obras públicas (Eduardo Encabo) y otro ingeniero de caminos, canales y puertos (Francisco Pérez).
Contrainforme

Sin embargo, según consta en un acta del 21 de marzo de 2007, el entonces concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca hoy fuera del consistorio e imputado en una causa por falsedad en documento público y manipulación del plan general de ordenación urbana, encargó otro informe, que asumió una única persona: el arquitecto Luis Álvarez Aller, de la más estricta confianza del alcalde, Francisco Javier León de la Riva.
La mayor obra fue concedida en contra de la opinión de un informe técnico

El nuevo informe, en cuya redacción ya no participa ningún ingeniero, se entregó el 2 de mayo de 2007, justo antes de las elecciones municipales, y altera el orden de las empresas. En el nuevo documento, Begar, que se presenta al concurso asociado a Corsán-Corviram, se sitúa en cabeza al primarse el criterio del precio ofertado para construir la obra: "Salvo el criterio del precio, las otras tres ofertas restantes [Sacyr, FCC Construcción y Teconsa] acreditan de forma suficiente su capacidad técnica y viabilidad de sus propuestas", concluye Luis Álvarez Aller para enmendar la propuesta de los tres técnicos del consistorio.

El 18 de mayo, ya en plena campaña electoral, la Junta de Gobierno materializa la adjudicación, en una orden que lleva la firma del concejal de Urbanismo y que ignora el informe inicial de los técnicos.

Las cuatro ofertas aludidas en el contrainforme se situaban por debajo del precio de licitación, en una horquilla que va de 7,2 a 7,9 millones de euros. Begar logró el contrato en contra del criterio inicial de los técnicos por ser su propuesta la más barata, pero al final facturará una cifra muy superior a lo acordado.

La obra aún no ha concluido, pese a que debía finalizar el pasado noviembre. Y el alcalde ya ha advertido públicamente que debido a "imprevistos" la construcción se encarecerá al menos el 25% con respecto a la oferta de Begar.

El criterio de primar la oferta más económica no ha sido precisamente una constante en el Ayuntamiento de Valladolid. Más bien al contrario: el Grupo Begar se ha beneficiado de varios contratos en los que su oferta era de las más caras.

Un ejemplo es la adjudicación, en 2006, de las instalaciones generales del servicio de limpieza del consistorio, que asumió a Begar por 5,42 millones de euros. Los otros tres candidatos presentaron proyectos más económicos: el de Acciona era de 5,12 millones, el mismo precio que el de la Unión Temporal de Empresas ACR-Viveros Gimeno, mientras que el presentado por Indeza rebajaba el presupuesto a 4,65 millones. En el informe municipal, Begar escaló posiciones al valorarse elementos más subjetivos, como la calidad del proyecto.

Algo parecido sucede en otras adjudicaciones recientes, en las que la oferta de Begar es más cara que la de sus competidores y, sin embargo, logra la concesión en base a la supuesta calidad de su proyecto, que no se acredita documentalmente.

El proyecto y obra del polideportivo Parquesol, adjudicado a Begar el 14 de enero de 2009 siete meses después de la licitación es emblemático en este sentido. Al concurso se presentaron 22 empresas y la oferta de Begar es de las más caras: con 2,85 millones de euros, ocupa el lugar 15º del listado. Y es la más costosa del selecto grupo que tiene posibilidades reales de obtener el contrato: de los seis proyectos que superaron los 80 puntos en el informe de evaluación, el de Ulibarri era el más caro.
Puntuación sospechosa

Pese a ello, Begar obtiene el contrato al lograr extraordinarias puntuaciones en aspectos de nuevo subjetivos como "criterios de diseño" y "criterios constructivos".

En este último apartado Begar obtiene la máxima puntuación (20 sobre 20) a pesar de que en el proyecto que entrega incluso deja en blanco, sin detallar, muchos aspectos que en cambio sí concretan sus competidores: no hay propuesta por escrito de Begar en "Calefacción pista" ni en "Calefacción vestuarios" ni en "Equipamiento". Y, sin embargo, de nuevo logra la máxima puntuación, lo que le permite superar a sus rivales en el cómputo final pese a que su precio es el más caro.

El fenómeno se repite en otras obras, como la de la construcción de la piscina cubierta en el antiguo mercado central, en 2003, o la de remodelación de la cubierta del polideportivo Huerta del Rey, adjudicada el 21 de julio de 2008. Para esta última hay cinco candidatos y la propuesta de Begar 780.100 euros es la más cara. Los "materiales de construcción" y los "criterios estéticos" son los que le sirven una vez más a la empresa de Ulibarri para dar la vuelta a la clasificación.

Un empresa en crecimiento vertiginoso

Años provechosos
El Grupo Begar ha tenido un crecimiento vertiginoso desde 2003, cuando facturaba 197 millones de euros. En 2006, el volumen de negocio ascendía a 614 millones de euros.

Diversificación
El 65% de la facturación total del grupo procede de la construcción, pero ha ido entrando en nuevos negocios. Sobre todo, limpieza y mantenimiento y seguridad.

Dueño de los medios
El grupo ha mimado sus inversiones en medios de comunicación: controla la Televisión de Castilla y León, participa en Punto Radio y gestionará la futura televisión autonómica de Castilla y León. También es el propietario del ‘Diario de León’, ‘Diario de Soria’ y ‘El Correo de Burgos’ y del ‘Semanal Digital’. Cuenta además con televisiones locales y de TDT en Valencia.






* PÚblico - PERE RUSIÑOL - 13.04.09
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org

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“Informe Auken”: España vive en una situación de corrupción endémica

PERIODISTADIGITAL* : Los acontecimientos que han llevado a la intervención de Caja Castilla-La Mancha y a la destitución de Hernández Moltó y del resto de los consejeros, hicieron pasar casi inadvertidamente un acontecimiento de notable importancia. Como explica Notitia Criminis, el pasado 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó definitivamente, con el voto a favor de todos los parlamentarios salvo el de los españoles, tanto de PSOE como de PP, el llamado «Informe Auken».


En resumen, lo que viene a decir el Informe aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo es que en España vivimos sumergidos en una situación de corrupción endémica favorecida por la ineficacia judicial, por la ambigüedad perversa y querida de la legislación aplicable, y por la generalización de la figura del Agente Urbanizador, utilizada por promotores, funcionarios y políticos corruptos, para el expolio generalizado del suelo.

También hace referencia a la responsabilidad de las Administraciones españolas, central, autonómica y local, por la puesta en marcha de «un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias» y añade que existen pruebas de que «las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante el reto...

En particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos quienes, por sus acciones, han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos de la UE» pero que, sin embargo, «los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse deforma que compensen a las víctimas de tales abusos» por lo que se ha «reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española».

Advierte que «la Comisión, a instancias de la Comisión de Peticiones, ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes en materia de agua y de cuencas fluviales y que pueden por tanto situar los proyectos en contravención de la Directiva Marco del Agua, particularmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia».

Y esto, teniendo en cuenta que durante las sucesivas visitas realizadas por la Comisión de Peticiones en el curso de su investigación, se ha puesto de manifiesto que «la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor» y que todas estas cuestiones «conforman los abusos a los que están sometidos miles de ciudadanos de la UE, quienes, como consecuencia de los planes elaborados por los agentes urbanizadores, no sólo han perdido sus bienes legítimamente adquiridos, sino que se han visto obligados a pagar el coste arbitrario de proyectos de infraestructuras a menudo no deseadas e innecesarias que afectaban directamente a sus derechos a la propiedad y que han acabado en catástrofe financiera y emocional para muchas familias» todo ello «principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se han exportado».

Así, por todos los puntos considerados, se pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas, una profunda revisión de oda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares. Expresamente se solicita que se «deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador» y que suspendan y revisen «todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario».

No se quedan aquí las cosas, pues el informe continúa manifestando su «preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades jurídicas y judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva» y «considera alarmante la falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español» y muestra especial «preocupación por la ausencia de una transposición correcta de las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE sobre blanqueo de dinero... Lo que ha limitado la transparencia y las acciones judiciales contra la circulación ilegal de capital financiero».

Por todo ello, en el punto 18 del informe, se afirma que a consecuencia de «la falta de claridad, precisión y certidumbre respecto a los derechos de propiedad individual contemplados en la legislación en vigor y la falta de aplicación adecuada y sistemática de la legislación en materia de medio ambiente... Combinado con cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción de la que, otra vez, la principal víctima es el ciudadano»

De todo ello ha resultado que «los derechos de los propietarios se han podido ver afectados, bien por haber sido infravalorados por el agente urbanizador, bien por tener que asumir unas cargas de urbanización impuestas unilateralmente por el mismo y a veces excesivas» sin que el Estado haya «acotado en la legislación urbanística en vigor... La definición de “interés general”, amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles».

Como medidas a tomar, para hacer efectivo lo solicitado en el informe, se recuerda que la Comisión Europea está facultada por el art. 91 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 «a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo 92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE»

Igualmente se recuerda que «el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesaria para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y de los principios que está obligado a respetar».

Finalmente, «reitera las conclusiones recogidas en sus resoluciones previas que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona» y «condena con firmeza la práctica ilícita por la que ciertos promotores socavan mediante subterfugios la propiedad legítima de bienes de los ciudadanos de la UE».

Entre los puntos de especial interés, el Informe considera, en alusión directa a la figura del Agente Urbanizador, que «la obligación de ceder propiedad privada adquirida legítimamente... Así como la obligación de pagar costes arbitrarios por el desarrollo de infraestructuras no solicitadas y a menudo innecesarias, constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de la persona en virtud del CEDH y a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».







* Periodista Digital - 12.04.09
Foto: notitia-criminis.blogspot.com

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El alcalde de Colmenar es imputado por prevaricación urbanística

MÁLAGAHOY* : El urbanismo de la comarca de la Axarquía malagueña vuelve a estar en el punto de mira sólo un mes después de que se destapara el caso de corrupción urbanística en Alcaucín. La Guardia Civil está investigando al Ayuntamiento de Colmenar por haber concedido certificados de licencia de primera ocupación para una nave agrícola cuando en realidad se trataba de viviendas.

El alcalde del municipio, el socialista Pedro Fernández Palomo, y la ex arquitecta municipal están imputados por un presunto delito de prevaricación urbanística, mientras que a otras tres personas, entre ellos un arquitecto y dos promotores, se les acusa de un presunto delito de falsedad documental.

Los hechos se remontan a 2003. Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, la entonces arquitecta del Consistorio emitió un informe favorable para construir una vivienda en este municipio a pesar de que el proyecto urbanístico presentado por un arquitecto contemplaba una nave agrícola.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constataron esta irregularidad durante una inspección en el inmueble que contaba tanto con la licencia urbanística como la de primera ocupación.

Pero al cotejarlo con el expediente abierto por el Ayuntamiento, descubrieron que el proyecto para construir la nave agrícola no estaba visado y que la licencia de primera ocupación había sido concedida sin el informe pertinente.

Al igual que la arquitecta municipal, el alcalde socialista de Colmenar también está imputado por un presunto delito de prevaricación urbanística ya que, según las mismas fuentes, hizo caso omiso a un informe del secretario municipal en el que advertía de las anomalías que se estaban produciendo.

La Guardia Civil también acusa a un arquitecto de Sevilla de falsificar el certificado final de obra que presentó al Ayuntamiento de Colmenar sobre el proyecto aprobado inicialmente para construir una nave de aperos.

Los dos promotores imputados en esta nueva trama admitieron además que cuando se aprobó la certificación había una vivienda y no una nave agrícola, para lo que habían hecho coincidir en los planos la distribución y la superficie de la vivienda con la nave que se suponía que se iba a construir.

Según apuntaron las mismas fuentes, ambos habían inscrito en 2004 la vivienda en el registro de la propiedad con un informe del arquitecto también imputado de que la obra tenía más de cinco años. Pero los agentes del Seprona comprobaron mediante las fotos realizadas y los certificados concedidos por el Ayuntamiento de Colmenar entre los años 2001 y 2002 que la licencia municipal otorgada era para una nave agrícola y fue autorizada en mayo de 2003, por lo que los dos promotores están acusados de falsificar el certificado de antigüedad de la vivienda.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no se ha producido ninguna detención.

El alcalde de Colmenar, Pedro Fernández Palomo, se enteró ayer de su imputación por un presunto delito de prevaricación por este periódico, y aseguró que "nadie me ha comunicado nada todavía". Sin embargo, el regidor socialista manifestó sentirse "muy tranquilo" porque en este Ayuntamiento "todo lo que se ha hecho siempre, se ha hecho con papeles". Fernández Palomo es alcalde del municipio de Colmenar desde 1999.







* Málaga Hoy - R. Garrido / málaga - 12.04.09
Foto: Vista general del municipio de Colmenar (Málaga).- malagahoy.es

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Canarias: La moratoria contradice al Gobierno al permitir ocupar nuevo suelo turístico

LAPROVINCIA* : La Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo abre la puerta a la ocupación de nuevo suelo turístico a pesar de que el Gobierno insiste en que no habrá más consumo de territorio para la actividad turística en el periodo 2008-2012. Bajo la premisa de elevar la calidad de la oferta se permite el incremento de nuevas camas por cada plaza que se renueve y se obliga a dotar a los nuevos alojamientos turísticos de equipamientos de ocio, deportivos, culturales o de salud ligados a la oferta, lo que conduce a una ocupación de suelo superior a la que había en la zona turística en declive.

Esto quiere decir, por ejemplo, que si se traslada un complejo que se derriba en una zona antigua a un nuevo suelo, el nuevo alojamiento tendrá que tener como mínimo una categoría de cuatro estrellas si es un hotel o tres llaves si son apartamentos y se podrá construir un campo de golf, un área comercial, un complejo deportivo o un spa, infraestructuras que no había anteriormente y que requieren un mayor consumo de suelo.


La ley introduce dos excepciones a la limitación de ocupar nuevo suelo en el artículo 12. En el primer caso sería por un cambio en el modelo territorial que requiera trasladar la actividad turística a otra zona, mientras que en el segundo sería por una reforma interior o sustitución de edificaciones en zonas turísticas antiguas. En ambos casos se abre la puerta a una mayor extensión en la ocupación de nuevo suelo al cambiarse los parámetros de calidad de la oferta, incremento de camas y construcción de nuevos equipamientos.


En el artículo 13 se desarrolla los convenios de sustitución y los incentivos que se les ofrece a los promotores para sustituir un complejo antiguo por uno nuevo. Las enmiendas introducidas en el Parlamento al proyecto de ley reduce las nuevas camas por cada plaza sustituida y se pasa de hasta siete camas nuevas a cuatro, pero se añade que las nuevas plazas alojativas no podrán tener categoría inferior a cuatro estrellas en el caso de los hoteles o de tres llaves en el caso de los apartamentos turísticos y deberán disponer de equipamientos de ocio, deportivos, culturales o de salud. La ley no habla de crecer en altura sino de una "edificabilidad similar" lo que, unido a los equipamientos, puede dar lugar a ocupar más superficie que la desclasificada o sustituida.







* La Provincia - RUBÉN ACOSTA - 12.04.09

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Los casos de corrupción colapsan la actividad judicial de Balears

DIARIODEMALLORCA* : Ejercen o han desarrollado su trabajo en el Parlament, en el Consell o al frente de un Ayuntamiento pero su trayectoria acabó topándose con la justicia. Y es que más de una veintena de políticos se encuentran imputados en numerosos casos de corrupción que han desbordado la actividad judicial de Baleares, principalmente ante el aluvión de denuncias registradas contra delitos relacionados con el urbanismo ilegal y el desvío de caudales públicos a intereses privados.

Causas que en su mayoría se encuentran inmersas en pleno proceso de instrucción, frente a otras cuyas investigaciones están en su fase más inicial y algunas esperan en breve a ser enjuiciadas. Tres de ellas se perfilan como las próximas que irán a juicio oral e implican al ex concejal de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, y al ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, ambos a punto de sentarse en el banquillo de los acusados -éste último por tercera vez dentro del caso Andratx-.

Todo se desató cuando la Operación Voramar puso en jaque, por primera vez en los últimos años, a los responsables políticos de las islas. La Fiscalía Anticorrupción impulsó el 27 de noviembre de 2007 una gran investigación contra la corrupción urbanística, el mismo día en el que precisamente fueron detenidos el ex alcalde de la localidad mallorquina, Eugenio Hidalgo, y Jaume Massot, principales imputados dentro de una compleja causa dividida en casi setenta piezas.

De este procedimiento ya se han celebrado dos vistas orales y en la tercera que hay prevista Massot será el único acusado. Una vivienda en suelo protegido -la de Hidalgo-, un restaurante ilegal de su hermano Carlos, y el asesoramiento urbanístico presuntamente fraudulento desde la sociedad Territorio Asesores por parte de Massot centran cada una de estas tres piezas.

Otro de los principales casos en manos de la justicia es el de Son Oms, en el que se encuentra imputado el diputado y ex portavoz parlamentario de UM, Bartomeu Vicens, y por el que se investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono industrial palmesano, llevado a cabo en los noventa, se cometieron delitos de alcance millonario mediante el cobro de hasta un 15 por ciento de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a urbanizable.

Sin embargo, ésta no es la única causa en la que Vicens está imputado. También lo está en el caso Can Domenge, que ha regresado a la actualidad a raíz de la reciente imputación del conseller de Turismo, Miquel Nadal (UM). Un procedimiento puesto en marcha debido a la querella presentada por Núñez i Navarro para denunciar un presunto delito de malversación, después de que la UTE adjudicataria del solar en el concurso convocado por el Consell de Mallorca pagase 30 millones de euros por los terrenos, la mitad del precio máximo de tasación.

La tercera causa en la que Vicens está implicado es la relativa al Plan Territorial de Mallorca, donde también estaría implicado el diputado del PP y ex conseller de Medio Ambiente, Jaume Font. Las investigaciones del Juzgado de Instrucción número 6 giran en torno a una supuesta trama de corrupción que habrían generado "pelotazos" por valor de unos 300 millones de euros, derivados de las plusvalías de la compraventa de terrenos.

Mientras tanto, el último caso que ha salido a la luz es la denominada Operación Peaje, por la que han sido detenidas 18 personas y en la que han sido imputados el vicepresidente del Consell, Antoni Pascual, el director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, y dos funcionarios de la Institución insular por la presunta trama urdida la legislatura pasada en torno a la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, mediante el desvío de dinero público a obras privadas facturadas como si formasen parte de los trabajos de construcción.

Y si a número de implicados se refiere, el caso Scala es uno de los que cuenta con más imputados -más de veinte-, entre ellos el diputado del PP Josep Juan Cardona, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la ex gerente del disuelto Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), dependiente del Govern, Antònia Ordinas. La operación investiga la presunta trama dirigida por Ordinas para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.

Más recientemente arrancó la instrucción judicial en torno a las irregularidades cometidas por el ex secretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miquel Ángel Bonet, a quien se le imputan los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental por haber defraudado unos 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 desde la empresa pública, pese a haber confesado ante el juez que la cantidad desviada asciende a 85.000 euros.

Por otro lado, también el Juzgado de Instrucción número 6 se encarga del caso por las presuntas irregularidades cometidas la pasada legislatura desde el consorcio Turisme Jove, que podrían suponer un fraude de tres millones de euros, un procedimiento en el que se encuentran imputados el ex gerente Damià Amengual, el ex jefe de obras y mantenimiento del consorcio, Juan Francisco Gosálbez, y el ex director general de Juventud, Francisco Gálvez.

Cabe recordar asimismo la detención el pasado año del ex gerente de Bitel, Damià Vidal, por una presunta malversación de 700.000 euros. El juez le dejó en libertad bajo fianza de 200.000 euros, la más alta impuesta para eludir el ingreso en prisión junto a la que se le decretó a Massot, que salió de la cárcel tras abonar la misma cantidad.

Ya en ámbito municipal, destaca la implicación de Rodrigo de Santos en tres procedimientos por presuntos abusos sexuales a menores -sumario que se encuentra pendiente de juicio y por el que el ex concejal salió recientemente de prisión, en la que se encontraba de forma provisional sin fianza-; por malversar más de 50.000 euros de las arcas públicas en locales de alterne masculinos -caso que está a la espera de que se convoque un jurado popular para su inminente enjuiciamiento-, y por la adjudicación irregular de un castillo infantil del Parque de Sa Riera.

En Ibiza se investiga el caso Eivissa Centre, en el que está imputado el presidente del Consell Insular, Xicu Tarrés. Algunos socialistas ibicencos habrían aceptado el presunto pago de comisiones ilegales por parte de la constructora Brues a cambio de adjudicarle la ejecución del proyecto urbanístico Eivissa Centre, para la remodelación urbanística del centro de la ciudad.

Otros políticos ya han conocido su sentencia, después de años de instucción de sus respectivos procesos. Tal es el caso del ex concejal de Llucmajor, Joaquín Rabasco -condenado el pasado año a seis años de prisión- y el ex alcalde del municipio, Lluc Tomàs -sobre quien pesan tres años de cárcel dentro del mismo caso-, pese a que la resolución no es firme y ha sido recurrida. Mientras tanto, doce dirigentes y ex cargos del PP de once Consistorios mallorquines han sido finalmente absueltos dentro del caso Caballistas, tras tres años de investigaciones y un juicio con hasta 14 acusados.






* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS - 10.04.09
Foto: Andratx (Mallorca) - Antoni Sureda (wikipedia.org)

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El diputado trabajó desde otra empresa en obras adjudicadas por su consellería

ELPAÍS/Santiago* : Lo anuncia la propia empresa, Prethor SL, en su página web. El currículum de la firma "especializada en prefabricados para obra civil y edificación" -en la que Agustín Hernández fue consejero hasta marzo de 2008- cita las vigas que construyó para dos autovías, Santiago-Brión y el desdoblamiento de la vía del Salnés, adjudicadas por la Consellería de Política Territorial cuando Hernández era director xeral de Obras Públicas.

Según consta en el Registro Mercantil, Hernández entró como consejero en Prethor, la filial de Puentes y Calzadas, el mismo día en que se creó, el 12 de septiembre de 2006. Desempeñó el cargo hasta el 28 de marzo de 2008, fecha en que se incorporó como alto cargo a la Diputación de Pontevedra, de la mano de su presidente, Rafael Louzán.

Durante la estancia de Hernández en Prethor SL, la firma suministró los prefabricados a las concesionarias de la vía del Salnés y de la autovía Santiago-Brión, dos adjudicaciones que el Gobierno de Fraga dejó cerradas antes de perder el poder, cuando Hernández presidía la Dirección Xeral de Obras Públicas en la Consellería de Política Territorial de Alberto Núñez Feijóo. Según ha comprobado este periódico, en las obras de desdoblamiento de la vía del Salnés -acometidas por una UTE (unión temporal de empresas) integrada por Copasa, Puentes y Calzadas y Caixanova- Prethor vendió las vigas para los puentes en los enlaces de la vía con las localidades de Mosteiro, Meis, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo y también con la AP-9.
Prohibición de dos años

Desde que la Consellería de Presidencia decidió abrir un expediente a Hernández la pasada semana por considerar que su actividad privada vulneró la ley de incompatibilidades para los altos cargos de la Xunta, Hernández siempre ha negado que tuviese alguna relación desde las empresas con los expedientes que había tramitado en el Gobierno. Esa era precisamente la limitación que la ley de 1996 establecía para los representantes del Ejecutivo y que regía hasta que en 2008, el bipartito aprobó un decreto más restrictivo. La norma vigente en el caso de Hernández no impedía su marcha desde la Administración a sociedades con intereses en el mismo sector. El texto legal sí prohíbe a conselleiros y directores generales, entre otros altos cargos de la Administración autonómica, "realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hubieran dictado resolución en el ejercicio del cargo durante los dos años siguientes a la fecha de su cese". Este diario intentó ayer sin éxito recabar la versión de Hernández.







* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 12/04/2009
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org

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Las construcciones sin licencia de obra proliferan en la Sierra de Santa Bárbara

HOY/Plasencia* : Están a la vista de todos. Cualquiera que recorra la Sierra de Santa Bárbara o que la otee desde algún lugar de la ciudad puede comprobar que la construcción no cesa en esta parte de la capital del Jerte, al otro lado del río. La Sierra suma ya cerca del millar de casas y, en la actualidad, se están edificando medio centenar aproximado. Las construcciones sin licencia de obra proliferan en Santa Bárbara.

El equipo de gobierno conoce la situación y la alcaldesa está firmando ya los primeros decretos de paralización. Pero las obras siguen su curso, a pesar de todo, porque existe el convencimiento ciudadano de que al final la legalización llegará. Ahora más pronto que tarde. La revisión del Plan General Municipal (PGM) está detrás posiblemente de la proliferación, porque una de las tareas que quiere acometer es la reordenación de la Sierra.

La idea generalizada en la ciudad es que tras la aprobación definitiva del nuevo planeamiento urbanístico de Plasencia, Santa Bárbara se incluirá formalmente en la ciudad. Si bien lo único que hasta la fecha se recoge en el avance del PGM, cuya exposición pública y periodo de sugerencias ya ha finalizado, es la legalización de los núcleos consolidados de viviendas, por lo que no da respuesta a las casas aisladas que decoran la Sierra.

Y establece que sean los propietarios de las casas sitas en los núcleos consolidados los que asuman el coste de su urbanización. Un salto tímido, en definitiva, al río porque no establece la inclusión real de Santa Bárbara en Plasencia, con una solución a medias que no abarca al conjunto de viviendas ya levantadas.

En realidad el avance del PGM recoge poco más que el plan especial que la hoy concejala de Urbanismo y socia de gobierno del PSOE por UPEX, Victoria Domínguez, elaboró en la legislatura 1999-2003, cuando desempeñó la misma competencia que ahora con el gobierno del PP y con José Luis Díaz de alcalde. Un plan especial como una medida para iniciar la reordenación de la Sierra, desde el que poco se ha avanzado hasta la fecha y que parece, si no se perfila más la medida del PGM, que poco se avanzará.

Poner límites

Victoria Domínguez espera que la revisión del planeamiento urbanístico, que continúa ahora con encuentros técnicos, detalle más las medidas para reordenar Santa Bárbara, que atienda por tanto las sugerencias y alternativas presentadas tanto por particulares como por la asociación de vecinos de la zona. Unas propuestas para conseguir que la reordenación que se quiere acometer abarque al conjunto de la Sierra y no se quede sólo en los núcleos consolidados.

«Las sugerencias presentadas piden la reordenación para toda la zona y yo creo también que la regularización debe ser más detallada que la planteada hasta el momento por el avance», declara la delegada de Urbanismo.

De ahí que la asociación de vecinos de Santa Bárbara, que preside Julián Burgos, haya propuesto una alternativa -avalada con más de 400 firmas- que pretende «incorporar de verdad la sierra a Plasencia, el área que se encuentra entre la carretera de Malpartida y la de Jaraíz», matizó ayer el líder vecinal.

Una reordenación a muy largo plazo es la apuesta de Santa Bárbara. Una medida que «ponga orden y control en la sierra, que delimite actuaciones y viales, para evitar que esos espacios se ocupen por nuevas construcciones que en el futuro impedirán el desarrollo». Una reordenación en definitiva para el conjunto de la Sierra es lo que quiere la asociación vecinal, para lo que ha presentado una alternativa que confía en que sea atendida por el Ayuntamiento, y que suponga en la práctica límites a las construcciones sin licencia de obra que proliferan en la actualidad. «Si el plan marca un vial, ya se sabe que ahí no se puede levantar nada», concluye Julián Burgos.






* Hoy - Cáceres - ANA B. HERNÁNDEZ - 11.04.09
Foto: Panorámica de parte de Dierra de Santa Bárbara, donde se sigue construeyendo sin licencia de obra.|PALMA, hoy.es

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La Muela: El hijo imputado de la alcaldesa cobró como trabajador de la concesionaria municipal del agua

HERALDO/Zaragoza* : El hijo imputado de la alcaldesa de La Muela en la Operación Molinos, Víctor Embarba Pinilla, estuvo a nómina de la concesionaria del servicio municipal de aguas al menos dos años, pero parte de la plantilla no llegó ni a verlo. Fuentes de la empresa Gestión de Aguas de Aragón reconocieron ayer a este diario que Víctor Embarba cobraba un sueldo desde 2002, aunque oficialmente su antigüedad se remonta a 2004, sin que llegara a trabajar más allá de unos pocos meses antes de que se rescindiera el contrato en 2006.

Personal vinculado al propio Ayuntamiento recordó que al hijo de la alcaldesa no se le podía llamar, aunque era encargado en La Muela, "y había que contactar con el de Épila para solventar cualquier problema que se registrara en el municipio".


La versión oficial apunta a que Víctor Embarba Pinilla trabajó solo unos meses y luego concatenó bajas laborales, que acabaron motivando su despido. "Se le acabó despidiendo, aunque se llegó a un acuerdo con él", señalaron desde Gestión de Aguas de Aragón.


A los pocos meses de que Víctor Embarba abandonara la concesionaria, el Ayuntamiento rescindió el contrato a la empresa (cuando aún le quedaba un año de servicio) para adjudicárselo a Ente Gestor de Nuevas Tecnologías del Agua. Su gerente, Antonio F. G., también está imputado en la trama de corrupción urbanística de La Muela por un presunto cohecho.


HERALDO ha tenido acceso a las nóminas del hijo de la alcaldesa que prueban su relación laboral con Gestión de Aguas de Aragón, en las que consta que cobraba un sueldo neto de 990,22 euros a mediados de 2006. Su antigüedad se remonta al 27 de febrero de 2004, aunque varias personas de la empresa aseguraron que ya cobraba en 2002. "Entonces sí que ejercía junto a otro compañero en las reparaciones e incidencias que se detectaban en la red de suministro de la localidad", explicaron.


Víctor Embarba formaba parte del grupo profesional 2 de Gestión de Aguas de Aragón, correspondiente a las categorías de "oficial tercera, oficial segunda y oficial primera de taller y depuradora y subcapataz". Su salario base era de 1.205 euros y cobraba un plus de antigüedad de 24,11 euros, que tras aplicarle las retenciones y sus bases de cotización se le quedaba en 990 euros que le ingresaban en una cuenta de una entidad financiera aragonesa. Con esta misma caja de ahorros ha financiado al menos su última promoción de viviendas, que ha levantado entre las calles de Juan Carlos I y de Gil Tarín.


Personal de la concesionaria de aguas señaló que se llegó a dar el caso de que Víctor Embarba encargara a la empresa en la que teóricamente trabajaba la acometida de aguas para una de sus primeras promociones, junto a la calle de La Iglesia, que levantó con Olvic 2005. Esta firma la constituyó ese mismo año con su pareja. "Estaba a nómina, pero se dedicaba a su negocio como promotor durante el mismo horario laboral que debía cumplir. Y antes, se encargó de levantar su chalé", recordaron.


Eso sí, Víctor Embarba no tuvo un trato especial por ser hijo de la alcaldesa ni por ser un teórico empleado de Gestión de Aguas. Tuvo que asumir la misma tasa municipal que el resto de vecinos.


Ningún directivo de la época continúa en el grupo Aguas de Barcelona, al que pertenece la firma Gestión de Aguas, por lo que nadie supo explicar las razones que llevaron a contratar a uno de los tres hijos de la alcaldesa, María Victoria Pinilla.


A los pocos meses de su despido, en el verano de 2007, el pleno de La Muela revocó la concesión aduciendo un "incumplimiento" en el servicio de abastecimiento de agua y vertido. Sin embargo, no medió ningún requerimiento, sanción o advertencia desde que se le prorrogó la contrata en 1998.


La concesionaria interpuso un recurso contra el acuerdo de revocación, que el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza anuló en septiembre porque el Ayuntamiento incumplió el procedimiento de resolución.






* Heraldo - JORGE ALONSO - 11.04.09
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org

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Ferrol: La ruina de las 1.000 'casas baratas'

ELPAÍS/A Coruña* : Rehabilitación o derribo. El futuro del barrio ferrolano de Recimil, puerta de entrada a la ciudad, es escenario de una batalla política sobre dos modelos urbanísticos que enfrentan al PP, partidario de construir viviendas nuevas, con PSdeG y BNG, que apuestan por su regeneración integral. El relevo en San Caetano reabre el interrogante sobre el destino de 1.029 viviendas de titularidad municipal y renta antigua -de tres a seis euros mensuales-, construidas en los años 40 y que acumulan décadas de deterioro pese a estar protegidas por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta.

En la vecindad de las Casas Baratas, como se conoce popularmente a la barriada, son mayoría las personas mayores que aterrizaron en las viviendas hace seis décadas. Unos pocos quieren quedarse. Para otros, el barrio "no vale nada". Los nuevos arrendatarios, muchos de ellos familias gitanas, son los más proclives al derribo. Todos, 2.500 vecinos, reclaman inversiones urgentes para adecentar unas viviendas semiruinosas.

"El barrio está en ruina técnica", afirma categórico Jesús Caselas, presidente de la asociación vecinal El Pilar. "Los tejados están apolillados y las canalizaciones anticuadas, por no hablar de la instalación eléctrica" explica. Entre mantenimiento y reparaciones, Recimil consume unos 300.000 euros del presupuesto municipal cada año. "Los jóvenes quieren irse, los mayores quedarse", resume Caselas, que acusa al ayuntamiento de "desinterés y desidia" con "el problema urbano más importante que tiene Ferrol". En la última década, cada una de las tres corporaciones municipales de Ferrol -BNG, PP y PSdeG sucesivamente- han trazado su propio plan para el barrio. Cada cambio de gobierno ha truncado ese proceso y frustrado las expectativas. Y el reciente desembarco de Núñez Feijóo en la Xunta no parece ser excepción.

El popular Juan Juncal planeó durante su mandato (2003-2007) derribar Recimil para edificar torres de viviendas. La Xunta bipartita lo impidió y la llegada del socialista Vicente Irisarri a la alcaldía, en 2007, encarriló lentamente la rehabilitación con el apoyo de la Consellería de Vivenda (BNG). Ya en funciones, el departamento de Teresa Táboas dio luz verde a un convenio del Instituto Galego da Vivenda e o Solo (IGVS) dotado con 43.000 euros a fin de redactar un proyecto piloto para el barrio. El gobierno en minoría de Irisarri se alió con el BNG e IU para refrendar el documento, el pasado 31 de marzo.

Fuentes municipales lo interpretaron como una maniobra para embarcar a Feijóo en la rehabilitación de Recimil. Irisarri anunció que buscará el respaldo económico de la nueva Xunta, pero se comprometió a financiarlo con fondos propios si Feijóo se opone. Desde el ejecutivo local defienden la rehabilitación del barrio como "una oportunidad histórica" para regenerar este espacio urbano. Han destinado 2,1 millón de euros del Fondo Estatal anticrisis a reparar aleros, cubiertas y pintar fachadas.

El PP acusa al alcalde de reducir Recimil a "un problema estético" y se muestra partidario del derribo. Vecinos del barrio fundaron la Asociación San Fernando para defender el patrimonio, temerosos de un derribo auspiciado por "las fabulosas posibilidades especulativas".






* ELPAIS.com - LORENA BUSTABAD - Ferrol - 10/04/2009
Foto: La ruina amenaza a 2.500 vecinos de Ferrol- GABRIEL TIZÓN, elpais.com

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