ELPAÍS* : El hotel Papagayo Arena es ilegal por una sentencia del Tribunal Superior de Canarias. El cabildo de Lanzarote lo califica como "el ejemplo más grave de edificación ilegal desde el punto de vista jurídico". No sólo su licencia vulneraba las normas urbanísticas de la isla sino que la construcción "impide el acceso público al mar y el tránsito por la costa", según admite el Ministerio de Medio Ambiente. Aun así, la dirección general de Costas ha paralizado el expediente de expropiación forzosa que el equipo de Narbona aprobó en febrero de 2007 para derribar el hotel.
Lo llaman el Algarrobico canario y pertenece a la veintena de hoteles declarados ilegales en Lanzarote. Su licencia es nula, según falló el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 18 de julio de 2007. Según un informe del aparejador citado en la sentencia, "el hotel, de 12 plantas, proyectado en primera línea de playa", superaba el número de plantas autorizado e "invadía y eliminaba por completo el acceso público al mar". El Ministerio de Medio Ambiente admite que "la estructura e instalaciones del hotel dificultan e impiden el acceso público al mar y el tránsito por la costa", algo prohibido por la Ley de Costas, de 1988.
El hotel, cuya licencia es de 1998, muy posterior a la Ley de Costas, está en la cala de las Coloradas (Yaiza), "en una playa natural encajada (de las mayores de la costa sur de Lanzarote)", según una nota que Medio Ambiente ha remitido a este diario. Tiene 747 camas y, según el cabildo, linda con el espacio natural protegido de Los Ajaches. No es fácil encontrar un caso tan extremo.
El 23 de febrero de 2007, el Consejo de Ministros declaró "de utilidad pública" el terreno del Papagayo "para su incorporación al dominio público". El objetivo era expropiarlo, demolerlo y recuperar el paisaje. El Gobierno destacó entonces que su objetivo era "ensanchar en lo posible la franja del dominio público para asegurar una mayor disponibilidad de terrenos libres junto al mar".
Dos años después poco queda de esas intenciones. El expediente está paralizado. El abogado de la empresa, José Luis de Tomás, asegura que no ha recibido noticias del Gobierno en más de un año y que por eso ha pedido la caducidad del expediente: "El expediente de expropiación ha caducado, ya que no han movido un papel ni nos han notificado nada desde entonces".
Una portavoz de Medio Ambiente considera que el expediente formalmente no está cerrado y que el ministerio aún "está estudiando los efectos" de la sentencia de ilegalidad, dictada hace más de un año y siete meses. En realidad, fuentes próximas al ministerio aseguran que el expediente está paralizado y que el hotel está, en la práctica, indultado.
El caso es similar al del hotel de El Algarrobico (Carboneras, Almería). El mismo Consejo de Ministros que ordenó expropiar el Papagayo aprobó la del de Carboneras, que está paralizado por orden judicial, pero cuya sentencia está recurrida.
Tras las elecciones generales de hace un año, el equipo que dirige Elena Espinosa paralizó la expropiación. El ministerio afirmó el pasado 12 de febrero que lo hacía porque así se lo recomendó el abogado del Estado el 11 de noviembre. La abogacía consideraba que expropiar un hotel que podía ser declarado ilegal supondría malgastar dinero público, ya que se podría tirar sin dinero público. El argumento choca con la respuesta que el pasado 2 de febrero Medio Ambiente dio al diputado de ICV, Joan Herrera. En ella afirmaba que la expropiación "se seguía tramitando". En el caso del Papagayo, la sentencia sí es firme, pero Medio Ambiente no ha pedido la demolición.
En Lanzarote hay una veintena de hoteles en la misma situación, ilegales porque la licencia municipal incumple el plan insular para controlar el urbanismo. La Fundación César Manrique ha pedido la ejecución de siete de las sentencias que ha ganado. La fundación ha pedido que el juez aclare si hoteles de lujo como el Princesa Yaiza o el Meliá Volcán deben ser demolidos o pueden ser legalizados. El Papagayo no está en esa lista ya que en ese caso no está personada la fundación, según su portavoz, Carlos Meca.
Además, el Cabildo de Lanzarote anunció el jueves pasado que impulsará una ley para legalizar los hoteles, aunque su presidenta, la socialista Manuela Armas, aseguró que no todos los complejos podrían ser legalizados. El cabildo considera que el Papagayo es el que más incumple la ley y confiaba en que Costas lo derribara.
El bloqueo del expediente llega en plena presión sobre la Ley de Costas y después de que los grupos ecologistas criticasen que el Gobierno está suavizando esa norma y su aplicación. En Canarias, Costas tramita el derribo de Tufia, un poblado de pescadores, y en octubre pasado demolió Cho Vito. Coalición Canaria y el PP han respondido con una ley para salvar cientos de viviendas construidas en la playa por su "valor etnográfico".
Los socialistas sostienen que esta ley invade competencias, pero también esperaban del Ministerio de Medio Ambiente una actuación ejemplar sobre algún gran edificio para contrarestar la imagen de que Costas sólo actúa contra los pequeños propietarios. Ese edificio emblemático no parece que vaya a ser el Papagayo.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 09/03/2009
Foto: Yaiza (Lanzarote), Playa Blanca, Hotel Papagayo Arena - panoramio.com
Lanzarote: Costas frena el derribo de un hotel ilegal que impide el acceso a la playa
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Un consejero de Camps dio 200 obras a una empresa con la que está vinculado
ELPAÍS/Valencia* : Serafín Castellano, consejero de Gobernación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, adjudicó, cuando estaba al frente del Departamento de Sanidad, unas 200 obras a la firma Construcciones Taroncher y Asociados, con la que está vinculado. La empresa, que sigue trabajando para la Generalitat, ha facturado desde 2000 a la Administración valenciana siete millones de euros.
Castellano tiene una finca en el término municipal valenciano de Llíria de la que son copropietarias su esposa, Nuria Rioja, y la dueña de Construcciones Taroncher, María Ángeles González García, que además tienen una cuenta bancaria común. La finca y el préstamo que solicitaron para adquirir los terrenos (82.600 euros) se escrituraron el 25 de abril de 2008. El consejero ha reconocido una estrecha amistad tanto con esta mujer como con su esposo y apoderado de la empresa, José Miguel Pérez Taroncher.
Castellano y Taroncher comparten partidos de pelota y cacerías, lo que choca frontalmente contra la ley, que establece que la autoridad que disfrute de la potestad de otorgar un contrato público "debe abstenerse" cuando concurra el supuesto de "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los aspirantes a obtener el contrato".
En 1996, el consejero contrató a la dueña de la empresa como auxiliar administrativo del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes valencianas, donde todavía trabaja por las mañanas. Fue cinco meses después de comenzar a trabajar en ese puesto, cuando María Ángeles González, creó la empresa, que ha facturado desde el año 2000 más de siete millones de euros, en su mayoría en obras para la Generalitat. De éstos, entre las obras menores, los procedimientos negociados y los contratos públicos, la constructora habría facturado unos dos millones de euros coincidiendo con el mandato de Castellano al frente de Sanidad y Gobernación. En su primera comparecencia pública, éste reconoció haber otorgado obras a esta empresa por unos 600.000 euros. El consejero se ha negado a dimitir por este asunto y ha asegurado, tras admitir a este periódico su amistad con el apoderado y la dueña de la empresa, que cumple la ley "a rajatabla".
La constructora, con apenas cinco empleados, se benefició de adjudicaciones directas y sin concurso, de obras en el hospital universitario La Fe de Valencia por más de 1,6 millones de euros, según cálculos de este diario. Por otra parte, la mayoría de los más de 200 arreglos, contratos menores [inferiores a 50.000 euros y para los que no se requiere concurso público] y procedimientos negociados [inferiores a 100.000 euros] facturados por la empresa a la Generalitat van desde los 400 a los 60.000 euros y se llevaron a cabo entre el 22 de mayo de 2000 y el 21 de junio de 2003, cuando Castellano dirigía Sanidad.
Los contratos a dedo y por procedimiento negociado otorgados por el consejero durante su etapa en Sanidad incluyen toda clase de obras y reformas en el hospital valenciano: implantación de la unidad de psiquiatría infantil, acondicionamiento de habitaciones, laboratorio de hormonas en la Escuela de Enfermería. La constructora sigue realizando obras para el hospital La Fe, como el refuerzo de los pilares del pabellón general, por la que facturó en 2007 más de un millón de euros.
Castellano fue nombrado consejero de Gobernación en junio de 2007. Desde entonces, el alto cargo ha encargado a Construcciones Taroncher varios contratos, incluyendo la remodelación de su propio despacho. Los trabajos han tenido lugar en la planta donde trabaja el consejero y en el Centro de Emergencias 112 de L'Eliana, dependiente de esa consejería.
A veces, las propuestas presentadas por la constructora, tanto en Sanidad como en Gobernación, concurrían con las de un albañil y un escayolista, que en ocasiones trabajan para esa empresa. Ambos aseguran que lo hicieron por su cuenta y al margen de Construcciones Taroncher y no para que figurase la concurrencia de tres ofertas.
El 17 de febrero, después de que EL PAÍS revelara la relación entre el consejero de Camps y la citada empresa, el primero se comprometió a facilitar la relación de contratos menores otorgados durante sus diez años como consejero de Sanidad, de Justicia y Administraciones Públicas y al frente de Gobernación, pero todavía no lo ha hecho. Fuentes de su consejería aseguran que se trabaja en la búsqueda de ellos.
La celeridad con la que Taroncher cobra las obras contrasta con las reiteradas quejas de atrasos en los pagos que denuncian otros constructores valencianos.
Reforma de la casa de campo
La familias Castellano y Pérez Taroncher están unidas por una estrecha amistad y por unos terrenos de dos hectáreas y media adquiridos el 25 de abril de 2008 por las esposas de ambas en Liria (Valencia). El consejero de Camps paga junto a ellas un crédito de 82.000 euros con el que se adquirió la finca cuya propiedad es indivisa, según consta en las escrituras.
La finca de naranjos adquirida por la esposa del político y por la dueña de la constructora tiene una casa de campo que ha sido reformada por trabajadores de Construcciones Taroncher y en cuya mejora y acondicionamiento se han invertido más de 20.000 euros, según estimaciones de este periódico. En la finca hay instalado un arte tradicional de caza de pájaros con un parany, una modalidad cinegética prohibida por la ley de la Comunidad Valenciana. José Miguel Pérez Taroncher, apoderado de la constructora, y Serafín Castellano frecuentan juntos esta casa, pero el consejero asegura que nunca ha cazado con parany, que es una trampa para pájaros especialmente cruel, porque los animales se quedan pegados a las ramas de los árboles y son rematados cuando caen al suelo.
Los implicados
- Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación. El 25 de abril de 2008 firmó un préstamo de 82.600 euros con su esposa, Nuria Rioja, y con María Ángeles González, dueña de Construcciones Taroncher para la compra de una finca rústica en Llíria (Valencia). Desde que es consejero, la empresa ha facturado siete millones a la Generalitat.
- Nuria Rioja. Esposa del consejero. Adquirió en 2008 la finca de naranjos, de más de dos hectáreas y media, con María Ángeles González. El precio en la escritura es de 130.392 euros. Rioja está casada en régimen de gananciales por lo que el consejero es también propietario de los terrenos.
- María Ángeles González. Ha recibido obras de equipamientos sanitarios cuando Castellano fue consejero de Sanidad y para obras en dependencias de Gobernación, ahora que es titular de este área.
- José Miguel Pérez Taroncher. Marido de María Ángeles González, apoderado de la constructora. Amigo personal del consejero.
* ELPAIS.com - JOSÉ MARÍA IRUJO - Madrid - 09/03/2009
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
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Un informe de la ONU relaciona la crisis con malas políticas de vivienda de los estados
EUROPAPRESS* : La relatora especial de Naciones Unidas (ONU) por el derecho a la vivienda, Raquel Rotnik, lamentó hoy las políticas públicas que han hecho los estados en vivienda, sobre todo durante los dos últimos años, y consideró que han contribuido a "desencadenar la crisis económica global".
"Han priorizado la atracción de capitales internacionales y se han olvidado de regular el mercado de la vivienda", criticó la relatora, en una rueda de prensa desde Barcelona, el día antes de que presente su informe en el consejo de la ONU.
Según Rotnik, "en vez de políticas de vivienda, se han dado políticas de capital financiero para los bancos". Por ello, emplazó a los estados a "cambiar" sus estrategias, aprovechando el contexto de crisis económica, ya que su política en vivienda "no ha funcionado".
El último informe sobre la vivienda que hizo la relatora de la ONU ya provocó una gran polémica en España, ya que diagnosticó la "especulación urbanística desenfrenada" de los últimos años. En este caso, la crítica que hace el informe no es únicamente al Estado español, sino a escala internacional.
VIDA COMO "BIEN DE CONSUMO"
"Vivir ha dejado de ser un derecho básico y se ha convertido en una inversión financiera, en un bien de consumo", lamentó Rotnik. Esto ha hecho que grupos sociales con pocas posibilidades "se hayan visto obligados a adquirir una casa por encima de sus posibilidades" y el mercado financiero haya creado productos financieros como las hipotecas 'subprime' en Estados Unidos, "casi impuestos a la gente", explicó.
La relatora criticó las decisiones de los estados porque "han dejado la responsabilidad de proveer la vivienda al mercado. El estado sólo se ha preocupado de crear un marco financiero", lo que ha provocado un gran agujero entre ingresos y precios de las viviendas, precisó.
La gente que "no puede pagar" sus hipotecas no es un problema sólo de España sino que es "una cuestión internacional", según ha podido constatar Rotnik a través de sus diferentes estudios sobre la materia durante el último año.
Los relatores son miembros nombrados por el consejo de las Naciones Unidas, pero con carácter independiente, y tienen que presentar un informe temático anual. Rotnik escogió el de la vivienda por "el gran impacto" que ha tenido en la crisis económica global.
"El origen --de la crisis-- está relacionado con malas políticas de vivienda", en referencia a las hipotecas concedidas a "gente que ya se sabía que no podría pagarlas", agregó.
* Europa Press - BARCELONA, 8 Mar 2009
Foto: Viviendas, bloques - EFE
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Los vecinos piden que el Consell retorne avales millonarios del PAI Mestrets tras el fallo del TSJ
LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia anuló el PAI de Mestrets por cargar ilegal e injustamente a los vecinos. Posteriormente el Tribunal Supremo (TS) aseguró que no ha admitido a trámite los recursos del ayuntamiento y la Generalitat, por lo que las actuaciones en urbanísticas en la zona deben paralizarse. Tanto el consistorio dirigido por Alberto Fabra como la Generalitat continúan con las reparcelaciones forzosas desoyendo la sentencia y al TS. Los vecinos, con la ley en la mano, piden ahora que se les devuelvan los avales.
Los vecinos afectados por el PAI Mestrets piden la restauración de sus derechos después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anula el plan urbanístico y han comenzado a pedir a la Generalitat que devuelva los avales millonarios que se vieron obligados a pagar por los costos de urbanización, según confirmaron ayer fuentes del colectivo Mestrets-Borriolench.
Las mismas fuentes precisaron que algunos de los mencionados avales pueden alcanzar los 80.000 euros y se corresponden con las cantidades que el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) exigió a los vecinos afectados por la reparcelación forzosa del PAI Mestrets.
Por lo pronto, fuentes próximas al Consell precisaron que se han recibido al menos tres solicitudes en registro, aunque se desconoce el número total de reclamaciones.
Asimismo, la asociación explicó que a estas reclamaciones cabría sumar las que puedan interponer aquellos propietarios que pagaron al agente urbanizador (IVVSA) un aval cuantificado en terrenos. Las reclamaciones llegan después de más de cinco años de litigio judicial y movilizaciones vecinales contra la modificación número 6 del PGOU, dentro de la cual se enmarca el PAI Mestrets.
Esta planificación urbanística preveía desalojar a 40 familias del Camí de Els Mestrets y cargaba a los vecinos con el coste de obtener suelo para construir 4.500 viviendas protegidas, el Espai Comercial de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló (unión del polideportivo Chencho con el Sindical) y la ronda oeste de circunvalación.
Los mencionados proyectos suponen una inversión de más de 100 millones de euros que queda ahora en la incertidumbre después de que el Tribunal Superior de Justicia haya considerado que el plan carga injusta e ilegalmente a los vecinos afectados. En este contexto, el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, aseguró la semana pasada en rueda de prensa que seguirá adelante con la reparcelación forzosa del PAI Mestrets tras alegar que el Tribunal Supremo había admitido a trámite un recurso del Consell y el ayuntamiento.
Posteriormente, el Supremo desmintió al alcalde y constató que no ha admitido a trámite los recursos y que la decisión puede prolongarse varios meses.
Mientras tanto, el TSJ sigue sosteniendo que la sentencia prohíbe que la Generalitat y el ayuntamiento ejecuten el plan urbanístico hasta que el Supremo resuelva los recursos de casación. Durante este periodo, que suele demorarse una media de 5 años, la resolución judicial sólo permitiría desarrollar el programa si las dos administraciones implicadas depositan un aval millonario.
El escenario expuesto por el tribunal implica que el Consell debería interrumpir la cuarta reparcelación forzosa que el pasado mes de enero notificó a los vecinos de Mestrets.
* Levante-EMV - Nacho Martín - 8.03.09
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Martinsa se lucró con el suelo que adjudicó Arganda
PÚBLICO/Madrid* : El juez Baltasar Garzón tiene indicios de que la inmobiliaria Martinsa, que ha protagonizado la mayor suspensión de pagos de la economía española, "habría satisfecho comisiones a Francisco Correa" para "conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos" del hasta ayer alcalde de Arganda del Rey, Ginés López.
En 2004, el Ayuntamiento de este municipio madrileño adjudicó a Martinsa terrenos para desarrollar 2.400 viviendas y dos años después la promotora vendió un tercio de estos suelos por 73 millones de euros, con lo que ingresó casi el triple de lo que había pagado por ese tercio (25 millones).
Son datos que constan en el informe sobre la empresa elaborado por los supervisores judiciales de Martinsa y en otros informes públicos del grupo.
La adjudicación la realizó la empresa del Ayuntamiento Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, que dirigía el ahora implicado en la trama de corrupción Benjamín Martín Vasco, quien, según indica el juez Garzón en su auto, recibía "comisiones por favorecer los intereses de Correa".
Martinsa fue la adjudicataria única del concurso que el Consistorio de Arganda convocó para comprar los terrenos de la zona de expansión del municipio, denominada "área de centralidad de Arganda" o "unidad de ejecución 124", con un precio cerrado de 77 millones. La inmobiliaria acordó con el Ayuntamiento de Ginés López un pago de unos 66 millones en metálico y otros 11 millones en obras de equipamiento para la zona, según fuentes del Ayuntamiento conocedoras del convenio.
Plusvalías y la partida Varios
Así, Martinsa se hizo con más de 10 hectáreas en las que iba a promover 1.000 pisos y que luego pasaron a 2.400 porque aumentó la edificabilidad permitida por el ayuntamiento.
Dos años después de adjudicarse los terrenos, la promotora de Fernando Martín, ex presidente del Real Madrid, decidió deshacerse de una tercera parte del total y logró que Espais Promocions Inmobiliaries y la cooperativa Pradera de San Isidro le pagaran por dos lotes casi el triple de lo que le costaron. De los 73 millones que ingresó, la inmobiliaria admite que 48 millones fueron plusvalías (ganancias extra), lo que supone una rápida revalorización del suelo en dos años. Una pequeña parte de esa subida la logró la propia promotora al aumentar un 7% el valor de los terrenos en 2005 por gastos que imputó a esos suelos. Entre ellos, hay 203.000 euros en pagos que no especifica y que anota en la partida de "Varios", además de unos "Gastos de gestión" de 35.000 euros.
De los 77 millones, Martinsa aún debe 8,6 millones al Ayuntamiento de Arganda por los convenios urbanísticos. El proyecto, que debía estar acabado en 2008, aún está en construcción. Un portavoz de Martinsa afirmó ayer que el grupo "ha cumplidoestrictamente la legalidad".
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arganda, Victoria Moreno, denunció ayer la "total falta de transparencia" del alcalde en la gestión de suelo. De hecho, este partido denunció en 2007 la "ausencia total de información" sobre los terrenos de Martinsa ante el fiscal el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pero se desestimó.
* Público - SUSANA R. ARENES - MADRID - 07/03/2009
Foto: La inmobiliaria Martinsa vendió con grandes plusvalías parte de los terrenos adjudicados en Arganda. - publico.es
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Un alto cargo de Boadilla cobró 660.000 euros tras adjudicar un gran proyecto
LEVANTE/Madrid* : El proyecto constructor más grande en la historia de Boadilla del Monte tiene una cara opaca en su historia. Según la investigación de la policía, un asesor de confianza del ex alcalde de esta localidad madrileña -imputados ambos por el juez Garzón en el caso Gürtel-, cobró alrededor de 660.000 euros de la red liderada por el empresario Francisco Correa pocos días después de adjudicar, en contra de los técnicos municipales, un megaproyecto urbanístico de 30 millones de euros.
Un cargo de confianza del ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, -uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón a raíz de la Operación Gürtel-, recibió un total de 660.000 euros de la red de corrupción presuntamente liderada por el empresario Francisco Correa, tan sólo 15 días después de de que cerrase una adjudicación para una megaproyecto urbanístico de casi 30 millones de euros en la localidad madrileña, según consta en el auto de Garzón y según informó ayer la Cadena Ser.
Se trata de un macroproyecto que el Ayuntamiento de Boadilla diseñó para su municipio, el llamado "Parque del Deporte y la Salud" que ha costado al consistorio de casi 30 millones de euros. No fue hasta el 10 de mayo de 2007 cuando se adjudicó esa obra a la constructora "Hispánica". Para ello se realizaron dos informes, uno elaborado por un equipo de técnicos del consistorio, y un segundo realizado por un cargo de confianza del ex alcalde González Panero.
De nada sirvió finalmente la opinión de los técnicos municipales, que incluso optaban por una empresa distinta y mejor valorada para la ejecución de la obra, ya que pudo más la opinión de ese cargo de confianza.
Pagos a posteriori
De hecho, tan sólo 15 días después de que "Hispánica" se llevase esa adjudicación, Tomás Martín Morales, también cargo de confianza del ex alcalde de Panero, y también imputado por el juez Garzón, recibió 660.000 euros en tres pagos de la red de Correa, según consta en el auto de la Audiencia Nacional.
Los socialistas también denuncian que tan sólo seis meses después de aquella operación, el cargo de confianza del alcalde, que realizó el informe que primó en la adjudicación, consiguió una plaza de funcionario en el consistorio de Boadilla.
La polémica por el alcance de la Operación Gürtel y por la presunta red de espionaje en el seno del PP de Madrid también tuvo ayer su eco en la arena política. La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró que la presunta trama de espionaje a altos cargos en la región y las "filtraciones interesadas" del sumario del caso Gürtel' "se han convertido en un estímulo" para que los votantes de la formación se hayan convencido de que el PP es un partido "honrado" y les ha permitido dar el triunfo a Alberto Núñez Feijóo en Galicia y la llave del Gobierno vasco a Antonio Basagoiti.
Aguirre carga contra el PSOE
"Nuestros adversarios tenían la mala esperanza de que con las filtraciones interesadas de un sumario declarado secreto se iba a disimular y se iba a conseguir ocultar a los ojos de los gallegos la nefasta gestión de José Luis Rodríguez Zapatero, pero ni el montaje los supuesto espionajes ni el de las filtraciones de Garzón les han sido útiles a los socialistas. Creo que les ha ido en contra de sus propias tretas", afirmó Aguirre.
Durante su intervención en un acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la jefa del Ejecutivo madrileño aseveró que "la actitud de los adversarios" del PP se ha convertido "en un estímulo" para los votantes de la formación, que han visto que el PP es un partido "honrado". No obstante, apuntó que dentro del partido ha podido haber gente que habrá "obrado mal". "Esas personas, inmediatamente, están fuera cuando se pruebe, si se prueba, que han hecho algo, porque nosotros defendemos la presunción de inocencia", apostilló.
Por su parte, la secretaria de Organización del PP, Ana Mato, aseguró ayer que los populares "no van a aceptar ni una sola lección de honradez por parte del PSOE, que ha sido condenado por temas de financiación ilegal", al tiempo que afirmó que tampoco consentirán "que nadie utilice los poderes del Estado para atacar al PP. Y lo digo porque lo que esté pasando en España con el uso partidario de la Justicia no ha pasado con ningún Gobierno, ni con Suárez, ni con Calvo Sotelo, ni con González ni, por supuesto, con Aznar", concluyó Mato.
* Levante-EMV - Efe/ EP/ OTR/Press, Madrid
Foto: Boadilla (Madrid), locales comerciales - elpais.com
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Tema: NOTICIAS Madrid
Ofensiva de la Fiscalía contra el 'mobbing' salvaje en viviendas del Raval
ELMUNDO* : El fiscal antimobbing inmobiliario de Barcelona, Fernando Rodríguez Rey, ha presentado una querella contra siete personas que trabajaban en cinco sociedades a las que acusa de haber acosado a los inquilinos de 166 pisos de Barcelona -todos ellos situados en el barrio del Raval- con graves artimañas para hacer insoportable su vida y conseguir que abandonasen sus viviendas, "afectando de forma grave a su libertad y seguridad". Se trataba en su mayoría de personas "vulnerables por su edad, poca formación y escasos recursos económicos".
En su escrito, el fiscal se refiere a 10 edificios de esta zona, propiedad de las empresas Quoty List, Ulist y London Homes; y cuya administración corría a cargo de las otras dos sociedades investigadas, Vermicela y Flountrade. Todas ellas, gestionadas por los hermanos Salvador B.V. y Miguel B.V., y en las que trabajaban José María S.S., Antonio M.A., Joaquín M.C., José G.C. y José Antonio G.V, contra los que dirige la querella.
Se les acusa de crear una trama empresarial dedicada no sólo a torturar a los vecinos eludiendo hacer obras en las fincas, sino también de coaccionarles contratando a falsos funcionarios del Ayuntamiento. También pesa sobre ellos el presunto blanqueo de fondos ilícitos obtenidos por el alquiler de los pisos que controlaban a proxenetas y prostitutas del Raval, a los que introducían en las finca, logrando crear un "ambiente hostil" en las escaleras.
La investigación comenzó en el momento en el que culminó una macrorredada antiprostitución y contra el tráfico de personas que tuvo lugar en este barrio de Barcelona en año pasado. A partir de entonces, la Fiscalía se centró en "esclarecer el entramado económico y mercantil que sustentaba tal supuesta red organizada". Las fincas víctimas de estos acosos son el número 12 de la calle Lancaster, el 41 de Ferlandina, el 27 de Valldonzella, el 6 de Vistalegre, el 9 de Corretger, el 8 de Cardona, el 14 de Metges, el 51 de Besalú, el 28 de Lluna y el 33 de Robadors.
El fiscal ha analizado la trama y debido a "la intensidad y reiteración de las conductas desarrolladas y a los concretos medios empleados", considera que se ha cometido un delito de mobbing a gran escala. Los querellados, según su relato, compraron los 166 inmuebles de los 10 edificios, en gran parte ocupados por inquilinos de renta antigua, de bajos alquileres. Una vez adquiridas las fincas, dice que el objetivo de este entramado de empresas fue "intentar desalojar por todos los medios a estos inquilinos" que, por ser de renta antigua, proporcionan a la propiedad un rendimiento económico inferior a los precios actuales del mercado.
Entre las estrategias utilizadas para el desalojo destaca "presiones y engaños" a los alquilados para hacerles creer que existía una obligación de sustituir los anteriores contratos de arrendamiento por otros nuevos con aumento de renta, e incluso "enviaban a personas que simulaban ser funcionarios del Ayuntamiento que les inducían a aceptar las propuestas de la propiedad". También creaban "desconcierto e incertidumbre" en los inquilinos sobre dónde y cómo realizar el pago de la renta, y provocar un "aparente impago de la misma en la que sustentar acciones de desahucio". Para ello, "han aparentado ante los inquilinos una inexistente disputa, incluso judicial, en torno a la titularidad de las fincas".
Empleaban, también, "expresiones verbales amenazantes y actitudes coactivas dirigidas personalmente contra los inquilinos directamente por los querellados o a través de terceras personas por su encargo"; y cometían "omisiones graves e intencionadas" de los deberes legales de conservación, reparación y mantenimiento de los inmuebles. Les cortaban la luz y el agua, creando "un ambiente hostil e inadecuado para el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda", y encima introducían en los inmuebles a "personas que desarrollaban actividades claramente molestas y perjudiciales" para el resto de los inquilinos, como son la "prostitución, sobreocupación, pensiones ilegales, supuesto tráfico de drogas", según el fiscal.
Los investigadores dieron con la trama a raíz de la declaración de una de las personas que trabajaba en esta red, que explicó que Miguel B.V. alquilaba preferentemente a rumanos para que en los pisos se ejerciera la prostitución, ya que entonces pasaba de cobrar 650 euros mensuales a cantidades que oscilaban entre los 1.200 y los 1.500 euros.
* El Mundo - Xiana Siccardi - 7.03.09
Foto: Número 28 de la calle Lluna del Raval, uno de los sometidos a coacciones | C. Maury, elmundo.es
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La justicia investiga el urbanismo de 18 de los 29 alcaldes de la Axarquía
ELPAÍS/Málaga* : El descontrol urbanístico de La Axarquía sobrecarga el trabajo de los juzgados de la provincia de Málaga. La desmesurada construcción de viviendas en suelos rústicos no urbanizables en la comarca y las numerosas denuncias al respecto formuladas en los últimos años han deparado la apertura ya de un buen cúmulo de procedimientos judiciales.
Las investigaciones abiertas por la Fiscalía o por los distintos juzgados de la provincia de Málaga afectan al menos a 18 de los 29 municipios de la comarca en no menos de 70 diligencias por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
El grueso de los casos de momento está pendiente del pronunciamiento de la Fiscalía sobre si procede o no la apertura de una causa judicial.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, informó anteayer de que los inspectores de Urbanismo autonómicos han emitido en los últimos dos años 62 informes a requerimiento de jueces y fiscales.
Además, por propia iniciativa, la Dirección General de Inspección Urbanística ha formulado siete denuncias en Fiscalía.
Los municipios que han sido objeto de alguna pesquisa judicial por irregularidades urbanísticas son Alcaucín, Alfarnate, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Algarrobo, Cómpeta, Macharaviaya, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Vélez Málaga y Viñuela. La mayoría de estos municipios están gobernados por el PSOE (12), que es hegemómico en la comarca; tres por el PA, dos por el PP y uno por IU; aunque ése es el mapa actual, en algunos de ellos ha habido alternativas a lo largo de los años.
Pese a que la construcción de viviendas en suelo no urbanizable
es un fenómeno común en la comarca, las irregularidades con alcance judicial no se reparten en todos por igual. Alcaucín, Viñuela y Cómpeta son los municipios que más han requerido la atención de la Fiscalía y que tienen procedimientos judiciales más avanzados.
La Junta estimó hace cinco años que en la comarca existen unas 10.000 viviendas en suelo rústico, cifra que el Gabinete de estudios de la Naturaleza de La Axarquía (Gena) eleva a 21.000 en el conjunto de los 29 municipios de ámbito del Plan de Ordenación del Territorio (POT) más Rincón de la Victoria y Totalán.
Según este censo, tras Vélez Málaga y Torrox, ciudades con un término municipal mucho más grande que ocupan también costa, Alcaucín y Cómpeta son los dos municipios con más casas en situación irregular (1.420 y 1.392, respectivamente).
De momento la única condena por prevaricación urbanística en La Axarquía es para un alcalde del PP, Leovigildo López, que ha sido regidor de los dos municipios gobernados por esta formación que figuran en la lista de los investigados: Canillas de Albaida y Cómpeta. Cuando ya había abandonado la política, en marzo de 2008, fue condenado a siete años de inhabilitación por haber dado una licencia en 2001 en suelo no urbanizable en Cómpeta.
Éste es el municipio sobre el que más informes han requerido los órganos judiciales a los inspectores de Urbanismo, 14 de los 62 realizados en la comarca, según los datos facilitados el jueves por Juan espadas.
Con más de medio centenar de impugnaciones de licencias, el nuevo alcalde de Cómpeta, José Luis Torres, que hasta 2007 fue su párroco, ha sido uno de los primeros ediles de la comarca que solicitó a la Junta acogerse al plan de inspección para poner en orden su urbanismo.
El alcalde de Viñuela, Juan Millán (PSOE), será juzgado en breve por dar tres licencias en suelo no urbanizable por las que el ministerio público le solicita un año y medio de prisión.
Millán se enfrentó a la Junta en octubre de 2007 al dar por aprobado por silencio administrativo un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contemplaba un crecimiento muy superior al permitido por la normativa autonómica.
El alcalde ignoró que el trámite había sido suspendido por una resolución de la Junta, que impugnó la aprobación del plan en lo contencioso.
Pero el alcalde de Viñuela tiene ahora en su haber haber sido el primer munícipe de La Axarquía en ordenar el derribo de una construcción ilegal. También colabora con la Junta en el plan de revisión.
Mención aparte es el caso de Alcaucín, cuyo alcalde José Manuel Martín Alba, ha traspasado con su actuación el ámbito del ordenamiento urbanístico y ha protagonizado el primer caso de corrupción.
Martín Alba, que dimitió la noche del martes poco antes de ingresar en prisión, está acusado de haber cobrado comisiones a cambio de recalificaciones y licencias de obras en el municipio. Antes de destaparse este caso por el que han sido detenidas otras 12 personas en la operación Arcos, los juzgados ya instruían alguna causa por prevaricación urbanística contra Martín Alba. Los inspectores de Urbanismo han redactado seis informes sobre el municipio a requerimiento judicial.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 07/03/2009
Foto: axarquia.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Murcia: Marqués escondía 43.000 euros, en billetes de 500, en el trastero de su casa
LAVERDAD* : La Policía halla documentos sobre varias sociedades del ex consejero en el extranjero, y abre una nueva vía de investigación. Ni la moneda se libra del racismo. El dinero blanco, lícito, limpio, reside en modernas y funcionales oficinas bancarias y no tiene pudor alguno en desfilar ante los ojos de cualquiera. El dinero negro, ilícito, vive en ratoneras, en agujeros, bajo los colchones de munícipes de respetable apariencia..., y le teme a la luz tanto como un vampiro.
Lo saben, por supuesto, los agentes de la Policía Nacional especializados en perseguir la corrupción, el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pública... De ahí que el miércoles por la noche le pidieran a Francisco Marqués, ex consejero de Sanidad y de Industria y Medio Ambiente, ex delegado del Gobierno e imputado en varios delitos por el caso Zerrichera, que les facilitase las llaves del trastero de su casa. Intuían que lo que estaban buscando, si es que tal cosa existía, no lo iban a encontrar reflejado en las anotaciones de sus cartillas de ahorro.
Perfectamente escondido, metido en un agujero como una pequeña alimaña, los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal, brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) hallaron un fajo de billetes, todos ellos de 500 euros, que sumaban 43.000 euros. Algo más de siete millones de pesetas.
«Lógicamente, lo primero es sospechar que el dinero no tiene un origen muy lícito, pues de lo contrario no estaría escondido en un trastero», indicaron fuentes próximas a la investigación.
Nuevos hilos de los que tirar
Ésa -la procedencia del dinero- es una de las cuestiones que el ex alto cargo del PP, quien este miércoles fue detenido en Madrid como imputado en supuestos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, tendrá que explicar al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, que es quien coordina la investigación sobre el caso Zerrichera.
También tendrá que aclarar, si es que no se acoge a su derecho a no declarar, como ayer hizo ante la Policía, de dónde procede el dinero en metálico -en cantidades que rondarían los 200.000 euros- con el que ha comprado alguna vivienda y que, según las gestiones de la UDEF-BLA, no habrían dejado rastro en las cuentas bancarias de Marqués.
Fuentes cercanas al caso han confirmado que, al margen del hallazgo de los 43.000 euros, los registros realizados en seis domicilios vinculados al ex consejero (piso en Madrid, domicilio de Murcia, casa en Campoamor, apartamento en Águilas y dos viviendas en Valencia, que eran examinadas ayer tarde) han sido «muy positivos» para la investigación.
Así, los agentes han intervenido gran cantidad de documentación sobre sus propiedades y, algo que se considera de especial interés, sobre su participación en diversas sociedades, tanto en España como en el extranjero. La Policía Nacional ya ha iniciado gestiones para tratar de determinar qué hay detrás de esas mercantiles. Las fuentes citadas han eludido confirmar si las sociedades están radicadas en países de la Unión Europea o si alguna de ella está vinculada con paraísos fiscales.
Segunda noche entre rejas
A la espera de que sea conducido a presencia del juez Alcázar, el ex consejero del Gobierno de Valcárcel completó esta madrugada su segunda noche entre rejas. Marqués permanece recluido en las dependencias que el Cuerpo Nacional de Policía tiene en la Plaza Ceballos, y ayer tarde estaba previsto que empezara a ser interrogado por los agentes anticorrupción.
Sin embargo, fuentes próximas al asunto indicaron que se habría negado a declarar ante los policías, aunque se habría manifestado dispuesto a hacerlo ante el juez.
Por su parte, los policías de la UDEF-BLA se afanan en clasificar y filtrar la ingente documentación obtenida en los hasta ahora seis registros domiciliarios que han practicado, con el fin de separar el grano de la paja y poner en marcha las averiguaciones y comprobaciones más urgentes. Entre esta documentación hay pocos soportes informático, pues Marqués no es muy ducho con los ordenadores.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 6.03.09
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Tema: NOTICIAS Murcia
La Fiscalía denuncia al alcalde de Torre Pacheco por otorgar 40 contratos ´a dedo´
LAOPINIÓN/Murcia* : El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, se enfrenta a una nueva acusación ante la Justicia. En esta ocasión, la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma cree que el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, otorgó varios contratos "a dedo" y ha presentado una denuncia ante el juzgado para que se investigue. Además del alcalde, la denuncia presentada por el ministerio público incluye a dos concejales de este ayuntamiento. Se trata, en concreto, de los ediles de Urbanismo, Santiago Meroño, y de Deportes, José Saura.
En esta ocasión, la investigación se centra en varias decenas de contratos -cerca de cuarenta en el periodo comprendido entre finales del año 2005 y el año 2006- otorgados, presuntamente, de forma irregular. La cuantía total de estas adjudicaciones de proyectos de obra pública en el municipio superaría los 750.000 euros. Al parecer, las adjudicaciones no se hicieron de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esta norma obliga a que todos los contratos que superen un mínimo legal -fijado en los 12.000 euros- tengan que ser sometidos a un concurso público.
Según fuentes próximas a la investigación, muchos de los contratos superan este límite legal, llegando a haber incluso contratos por valor de 60.000 euros. Otros, al parecer, están fraccionados en varios contratos para no superar los 12.000 euros que obligarían a convocar un concurso público, algo que está expresamente prohibido en la legislación.
La gran mayoría de estas adjudicaciones iban a parar siempre al mismo estudio de arquitectos y a una empresa constructora. Ahora, los investigadores tratan de determinar la relación entre este arquitecto, Francisco C., y el alcalde, cuya firma figuraría en un tercio de los contratos presuntamente irregulares.
La investigación se inició hace unos meses en la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma tras la denuncia de un particular. El fiscal anticorrupción, José Luis Díaz Manzanera, se hizo cargo del caso y presentó, a finales de febrero, una denuncia por un delito continuado de prevaricación ante los juzgados de San Javier.
El caso ha recaído ahora sobre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de San Javier, que tendrá que valorar la legalidad de esos contratos y determinar si los concejales y el alcalde -licenciado en Derecho y que trabajó como abogado- conocían los límites marcados en la Ley de Contratos. De momento, según fuentes próximas al caso, los mismos podrían considerarse nulos desde el punto de vista administrativo, independientemente del curso que tome la investigación judicial.
* La Opinión de Murcia - DAVID CANELLADA - 6.03.09
Foto: Torre Pacheco, ayuntamiento - lomejordemurcia.com
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Tema: NOTICIAS Murcia
El escándalo alcanza a otros dos alcaldes del PP en Madrid
ELPAÍS* : Garzón imputa a los regidores de Arganda y Pozuelo, y a cuatro cargos más. Hasta que el juez Baltasar Garzón hizo público su auto ayer por la tarde, sólo dos altos cargos del PP madrileño estaban imputados en el caso Gürtel, y a los dos les ha abierto expediente su partido: el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero (dimitido a raíz del escándalo) y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (que ocupaba un cargo de gerente en el Gobierno de Esperanza Aguirre y dimitió también).
Anoche se sumaron nueve implicados más: son otros dos alcaldes, dos ex concejales (familiares de un eurodiputado del PP), un ex consejero de Aguirre, un responsable de una empresa municipal de suelo y tres diputados autonómicos. A estos últimos -Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- no los imputa Garzón porque tienen condición de aforados: sobre ellos tendrá que decidir el Tribunal Superior de Madrid. El resto sí están imputados desde ayer. Son los siguientes:
- Ginés López Rodríguez. Conocido, según el auto, como El Gafitas, Ginés López es desde hace seis años el alcalde de Arganda del Rey, municipio madrileño de 50.000 habitantes. También preside el PP de Arganda y es miembro del comité ejecutivo del PP madrileño. Según Garzón, durante su mandato en la alcaldía "se ha producido la entrada de las empresas de Francisco Correa en dicho municipio mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept Comunicación, SL durante los años 2005 a 2007, como así pone de manifiesto Isabel Jordán en su declaración".
Isabel Jordán es una de las empresarias imputadas, y en varias grabaciones se refiere a la actuación de cargos públicos de los municipios en los que operaba la presunta trama corrupta.
El juez subraya que López "aparece desarrollando acciones de intermediación para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, que habría satisfecho comisiones a Francisco Correa por esta labor". Y recuerda que en ese mismo municipio "la organización trabajaba con Benjamín Martín Vasco [diputado autonómico] al que pagaban comisiones por favorecer los intereses de Correa".
El alcalde de Arganda, prosigue el auto, "disponía de un archivo personal con apuntes contables dentro del sistema de contabilización de las operaciones realizadas con la caja B". "Ginés López consta dentro de un esquema de distribución de dinero B", insiste el juez. Y acompaña una relación de anotaciones sobre "facturas de los años 2004 a 2008 por distintos conceptos: billetes de avión, estancia en hoteles, alquiler de coches y tres entregas en efectivo" en esa supuesta cuenta de dinero negro. Todo eso suma 1.315.427 millones de euros que López habría recibido de la trama. Es, de todos los imputados, el que más dinero cobró, según el auto.
- Jesús Sepúlveda Recio. Alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.000 habitantes) desde 2003, presidente del PP local y miembro del comité ejecutivo del PP regional. Sepúlveda "aparece en la contabilidad B del grupo empresarial investigado", dice el auto de Garzón. A veces son cantidades "entregadas en sobre a JS" pero también hay, por ejemplo, un "ingreso en cuenta en el BBVA, por cuenta de PC" -a quien el juez identifica como Paco Correa- "para cancelar una factura de Pasadena Viajes con cargo a Jesús Sepúlveda". "La cantidad total que resultaría a favor de Jesús Sepúlveda sería de 422.992 euros", resume Garzón. Y añade: "Previamente a que el señor Sepúlveda fuera alcalde de Pozuelo era una de las personas que organizaban los eventos del PP y ofertó a Francisco Correa que fuera su empresa Special Events la que llevara esos eventos. Una vez que Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para ese municipio".
- Carlos Clemente Aguado. Fue viceconsejero de Inmigración de Madrid hasta el 23 de octubre de 2008 y, según el juez, recibió al menos 16.000 euros de la trama en 2006, mientras ocupaba su cargo. Uno de los pagos está reflejado en la cuenta B y el otro ha sido desvelado por la empresaria Isabel Jordán. En el auto no consta a cambio de qué recibió ese dinero.
El consejero de Inmigración de Madrid, superior inmediato de Carlos Clemente, es Javier Fernández Lasquetty, uno de los consejeros más próximos a Aguirre y procedente de La Moncloa, donde trabajó en el Gabinete de José María Aznar.
- Tomás Martín Morales. Vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, cobró al menos 378.172 euros por intervenir a favor de diversas adjudicaciones de ese Ayuntamiento, según el auto. Martín Morales, miembro del comité ejecutivo del PP de Boadilla y persona de confianza del ex alcalde Arturo González Panero (también imputado), participó, sostiene Garzón, en la adjudicación directa de contratos a Down Town Consulting, SL, actual Easy Concept Comunicación, SL. También en la adjudicación directa de una parcela a la empresa UFC, propiedad de José Luis Ulibarri, tras la intervención de Francisco Correa, entre otras.
En la documentación intervenida constan apuntes de los pagos reiterados a Martín Morales. En unas ocasiones aparece su nombre y en otras las iniciales TM. Por ejemplo, figura un apunte de fecha de 16 de junio de 2006 en concepto de entrega de un sobre a Tomás Martín por importe de 30.000 euros.
- José Galeote Rodríguez. Padre del eurodiputado Gerardo Galeote, fue durante 12 años concejal en Boadilla del Monte. En septiembre de 2002 era concejal de Relaciones Institucionales. En 2004 fue nombrado gerente del consorcio deportivo y de servicios de la zona noroeste de Madrid. En la contabilidad de la caja B de la sede de Special Events aparece un apunte de marzo de 2002 de 111.206 euros entregados a José Galeote cuando era concejal de Boadilla. El juez detalla cómo los distintos pagos pasan por Francisco Correa. En total, el ex concejal habría recibido 612.506 millones de euros.
- Ricardo Galeote Quecedo. Hijo del anterior, ex gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades recreativas en el Ayuntamiento de Estepona y concejal del PP tras las elecciones 2007 en esa localidad malagueña. Aparece en la contabilidad de la empresa de Correa como beneficiario de varios pagos de 1.500 a 2.900 euros entre enero y agosto de 2001. En la caja B consta un pago de 6.000 euros. Sumando una tercera cuenta, la cantidad total percibida por Galeote es de 42.469 euros.
* ELPAIS.com - Madrid - 06/03/2009
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Tema: NOTICIAS Madrid
Garzón destapa sobornos a Camps y una red de corrupción masiva en Madrid
ELPAÍS* : Una decena larga de altos cargos del PP colaboró, a través de Administraciones públicas donde gobernaban en las comunidades de Madrid y Valencia, con una trama de corrupción masiva liderada por Francisco Correa, el empresario que durante los años de mandato de José María Aznar montó la mayoría de los actos del partido y que participó como testigo en la boda de la hija del ex presidente del Gobierno con Alejandro Agag, del que era amigo personal.
Dirigentes públicos del Partido Popular en Madrid y Valencia concedieron trato de favor a las empresas de Correa a cambio de participar en los beneficios que estas sociedades obtenían por los contratos públicos logrados.
La investigación del juez Baltasar Garzón, que tuvo que interrumpir ayer para inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia al haber diputados implicados, detalla las conductas supuestamente delictivas que salpican a más de diez altos cargos del PP.
En Valencia, la investigación implica al presidente, Francisco Camps; al secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; a un ex vicepresidente del Gobierno autónomo y ex secretario de organización, José Víctor Campos Guinot, y al director del gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. Todos ellos se beneficiaron de numeroso vestuario (trajes a medidas, chaquetas y pantalones, cinturones de piel, chalecos y otras prendas) que pagaban las empresas de la red corrupta a través de un mecanismo de facturas falsas para no dejar pistas. El juez Garzón detalla en su auto las pruebas recabadas para sostener la acusación: hay facturas de las dos tiendas de ropa donde se adquirían los trajes para Camps y los otros tres altos cargos valencianos; hay declaraciones del sastre, José Tomás, que se encargaba de suministrar la mercancía a los implicados e incluso de acudir a sus despachos a tomarles las medidas; y hay grabaciones de los principales jefes de la red corrupta donde hablaban de estos regalos a los altos cargos valencianos.
Garzón vincula estos supuestos sobornos con la adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros en los últimos cuatro años a las empresas de Correa en la Comunidad Valenciana.
Garzón recuerda en su auto que, aunque el valor de los trajes regalados por la trama corrupta a Camps y otros tres cargos valencianos no sea elevado -35.000 euros probados documentalmente-, "no puede eludirse la investigación penal en cumplimiento del principio de legalidad". En su auto, el juez también apunta a la posible financiación ilegal del PP -al menos 420.000 euros- recogida en la contabilidad de las empresas corruptas. Garzón aclara que la investigación sobre este aspecto de la trama no ha finalizado.
En el caso de Madrid, el relato del juez apunta a una trama de corrupción masiva de la que participaron hasta cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey), varios cargos municipales (generalmente vinculados a empresas de suelo y vivienda) y tres diputados autonómicos, uno de ellos Alberto López Viejo, consejero de Esperanza Aguirre hasta hace unos días, cuando fue destituido tras estallar el escándalo. López Viejo, según el relato judicial, cobró hasta 563.000 euros de la trama corrupta a cambio de adjudicarles la inmensa mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta autonómica.
La investigación ha acreditado pagos de entre 250.000 y 1,25 millones de euros a cada uno de los implicados madrileños. Según la investigación judicial, alcaldes, diputados autonómicos y cargos municipales favorecían a la trama corrupta en la adjudicación de contratos a cambio de comisiones.
Implicados del PP
- Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana.
- Ricardo Costa, secretario general del PP en Valencia.
- José Víctor Campos, ex secretario de organización del PP valenciano.
- Rafael Betoret, director del gabinete de la Consejería de Turismo.
- Benjamín Martín Vasco, parlamentario autonómico de Madrid.
- Alberto López Viejo, parlamentario de Madrid y ex consejero de Deportes.
- Alfonso Bosch, diputado autonómico de Madrid.
- Ginés López Rodríguez, alcalde de Arganda (Madrid).
- Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo (Madrid).
- Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid).
- Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid).
- Tomás Martín Morales, director general de Gestión Urbanística de Boadilla.
- Clemente Aguado, ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
- José Galeote, ex concejal de Boadilla.
- Ricardo Galeote, ex concejal de Estepona (Málaga).
* ELPAIS.com - MANUEL ALTOZANO - Madrid - 06/03/2009
Foto: Juzgados Plaza Castilla (Madrid) - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana , NOTICIAS Madrid
El Tribunal Supremo suspende la modificación del PGOU de Palma para construir Son Espases
DIARIODEMALLORCA* : El Tribunal Supremo ha acordado la suspensión de la modificación puntual de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma que hizo posible el proyecto de construcción del hospital de Son Espases.
Según ha informado hoy en un comunicado los denunciantes de dicho proyecto, la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones y la Asociación de Vecinos del Secar de la Real, la suspensión dictada por el Tribunal Supremo afecta al cambio en el PGOU de Palma para "la implantación de un sistema general de equipamiento comunitario sanitario supramunicipal, denominado Son Dureta II, en la finca de Son Espases Vell".
El auto indica que el Tribunal Supremo suspende dicha modificación puntual "mientras se sustancia el proceso, sin necesidad de prestar caución".
"Debemos acceder a la suspensión preventiva, hasta tanto se dicte sentencia en la instancia de la ejecutividad de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Palma", dice.
La sentencia señala que "no cabe duda de que el hospital proyectado, para cuya ejecución exclusivamente se ha aprobado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, lo es sobre suelo rústico y en las proximidades de unos bienes declarados de interés cultural, cuya protección constituye también un interés general".
Según el tribunal, en el caso enjuiciado "están en conflicto dos intereses generales, el uno representado por la nueva instalación hospitalaria de referencia para las islas Baleares, y en el otro por la protección del suelo rural, en el que, en principio, no cabe tal tipo de instalaciones salvo que fuesen declaradas de interés general".
Añade que la petición de protección de interés general no se puede desestimar por el hecho de que "no se hubiese tenido tanto esmero en reaccionar frente a otras actuaciones urbanísticas anteriores que igualmente los hubiesen podido afectar".
El Tribunal Supremo considera "una equivocación" de los juzgados de primera instancia considerar que el interés general de la instalación sanitaria es superior al que esgrime la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de defender los patrimonios rural y cultural de la zona.
"Nos parece que tal juicio de ponderación no es correcto jurídicamente", dice el auto.
Según el Tribunal Supremo, hay "flagrantes conculcaciones" en el procedimiento para modificar el PGOU de Palma, como "la falta de declaración de interés general por el órgano competente (el Govern) a fin de poder llevar a cabo la instalación del hospital en suelo rústico".
También cita "la inexistencia del preceptivo estudio de alternativas técnicamente viables, plan de vigilancia y documento de síntesis en la documentación sometida a información pública y la manifiesta falta de contenido medioambiental del necesario dictamen de impacto ambiental".
El tribunal considera que, en el procedimiento, no aparece como prevalente "el interés general" de la construcción del hospital, "respecto del también interés público en proteger los patrimonios rural y cultural de las Islas Baleares".
La Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones y la Asociación de Vecinos del Secar de la Real han manifestado su "satisfacción por esta sentencia del Tribunal Supremo, que no hace más que ratificar los argumentos esgrimidos" por ambos.
Según han indicado, el auto es "un toque de atención a todos aquellos que amparados en un falso interés general y sin hacer caso de la legislación vigente, pensaron que podían pasar por encima del derecho constitucional que asiste a todo ciudadano a ejercitar la acción popular".
"No teníamos la menor duda de que tarde o temprano, la justicia pondría a cada cual en su sitio, lamentando únicamente que dicha justicia no se haya conseguido dentro de nuestra comunidad y que esta sentencia del Supremo llegue en un momento en el que la construcción del hospital se encuentra en una fase tan avanzada", han señalado desde la asociación vecinal.
El pleito lo interpuso la congregación religiosa, y según la asociación vecinal, la sentencia es "un triunfo de la participación ciudadana, que durante más de cinco años ha utilizado todos los instrumentos legales a su alcance con perseverancia y coherencia, para conseguir la protección del entorno rural y patrimonial del monasterio de La Real".
* Diario de Mallorca - EFE - 5.03.09
Foto: Obras Son Espases - diariodemallorca.es
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Tema: NOTICIAS Baleares
Canarias tramita una norma para burlar la Ley de Costas estatal
ELPAÍS* : La rebaja de la Ley de Costas por la puerta trasera está en marcha 21 años después de la aprobación de la norma. Primero fue Galicia que, a propuesta de PSOE y BNG, reformó en diciembre su Ley de Vivienda para salvar cientos de casas de primera línea. Lo hizo a la vez que el Ministerio de Medio Ambiente coló en una ley que no tenía nada que ver una reforma para permitir vender las concesiones de las casas construidas sobre la arena. Ahora es el Parlamento de Canarias el que planea aprobar en un mes, gracias a la mayoría de Coalición Canaria (CC) y PP, una ley autonómica para salvar los núcleos con "valor etnográfico" que incumplen la ley.
Las autonomías sufren las quejas de los afectados por la Ley de Costas y empiezan a suavizar la norma. CC presentó el pasado 22 de enero en el Parlamento autónomo una reforma legal para evitar la demolición de los "núcleos inmemoriales representativos de los valores culturales y etnográficos propios de las islas" aunque estén levantados en la playa, que es dominio público.
El portavoz de CC en el Parlamento, José Miguel Barragán, señala que su intención es "defender una historia y una tradición": "Hay pueblos de pescadores construidos en dominio público que no deben ser destruidos". Canarias vivió una enorme movilización contra la demolición del poblado costero de Cho Vito, en Tenerife, el pasado octubre. Barragán afirma que la ley autonómica -prevé que esté aprobada en abril- sirva para que Costas no pueda derribar las casas de Tufia, un antiguo poblado en primera línea.
La Ley de Costas, de 1988, establece que la playa es dominio público y que allí no hay propiedad privada. Las casas construidas legalmente allí antes de 1988 pasaron a ser una concesión. Eso permitía a sus dueños disfrutarlas durante 30 años (ampliables a 60). A las construidas sin permiso o con posterioridad a la ley les esperaba la demolición.
Pero Canarias alega que muchos de sus núcleos rurales costeros no estaban inscritos aunque existieran antes de la ley. Con su reforma, el Ejecutivo autónomo decidirá cuáles de estos núcleos tienen "valor etnográfico", aunque el dominio público es competencia del Gobierno central. El PSOE ha presentado enmiendas para que el Gobierno participe en ese censo en el que figurarán las casas de "valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco" y que se salvarán por "interés público". El diputado socialista en Canarias Manuel Fajardo critica que se haga una reforma para cada comunidad y apuesta por realizar un censo de las casas que estaban construidas en 1988 en la playa y salvar esas, pero no las levantadas después.
La norma puede invadir competencias estatales. Por eso, si el Ministerio de Medio Ambiente no la recurre al Tribunal Constitucional, puede sentar un precedente para otras autonomías.
Además, la ley canaria establece que la comunidad decidirá en qué lugares se puede construir a 100 metros del mar y en cuáles a sólo 20, según la situación que tenía el terreno en 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas.
Este aspecto es similar a la que aprobó el Parlamento gallego y que contaba con el visto bueno del ministerio. Con este texto, Galicia salvaba cientos de viviendas en Marín (Pontevedra) y además conseguía miles de metros cuadrados de terreno urbanizable junto al mar. Al PP le pareció poco y presentó iniciativas que recortaban mucho más la ley, por lo que ahora con la mayoría absoluta podrá presentarlas.
Medio Ambiente sostiene que aún no ha decidido si la reforma gallega es inconstitucional, aunque fuentes próximas al departamento que dirige Elena Espinosa afirman que se inclina por no recurrirla. El portavoz popular en el Parlamento gallego la pasada legislatura, Manuel Ruiz Rivas, afirma que esta reforma es muy parecida a un decreto que aprobó el PP en 2004 y que entonces recurrió el ministerio que dirigía Cristina Narbona.
Barragán, ponente de la ley canaria, compara: "Nuestra ley es similar a la gallega, ya que ellos la copiaron. Si el Gobierno no recurre ésa no podrá hacerlo con ésta".
El abogado de la plataforma de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, admite que la ley canaria "plantea problemas de competencias" pero sostiene que es "la expresión de la desesperanza que ha cundido en Canarias con la aplicación estricta de la Ley de Costas".
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 05/03/2009
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Tema: NOTICIAS Canarias , NOTICIAS URBANISMO
El juez atribuye nuevos delitos a Roca y Muñoz e imputa a otras 17 personas
MÁLAGAHOY* : El número de procesados en el caso Malaya contra la corrupción urbanística supera ya el centenar. El titular del Juzgado de Instrucción nº5 de Marbella, Óscar Pérez, ha dictado un auto de procesamiento en el que imputa a otras 17 personas en el procedimiento, por lo que serían ya 103, y atribuye nuevos delitos a otros catorce encausados, entre los que se encuentran el ex asesor urbanístico y principal imputado Juan Antonio Roca o el ex alcalde Julián Muñoz.
En el auto, que consta de un centenar de folios y al que ha tenido acceso este diario, el instructor del caso determina el procesamiento de los imputados en cuatro piezas separadas de la causa principal, así como de más de una decena de personas relacionadas con el supuesto entramado societario de Roca, entre las que se encuentran empresarios, abogados y asesores fiscales. Entre ellos, el constructor Máximo Filipa, los letrados Antonio y Eduardo Abril Cumpián o la veterinaria y apoderada de la ganadería Marqués de Velilla. El juez imputa a la mayoría de estos procesados un delito de blanqueo de capitales.
Entre los nuevos encausados se encuentran también el empresario Javier Arteche, el tasador José Mora o la ex edil del Ayuntamiento de Marbella Marisa Alcalá. Su procesamiento se corresponde con la pieza separada en relación con las operaciones urbanísticas de Ave María y Francisco Norte. El juez imputa a Arteche los delitos de cohecho, cooperación al fraude y cooperación a la prevaricación, mientras que a Mora le atribuye un delito de falsedad documental. Alcalá está imputada, junto con otros cuatro ex concejales que ya estaban procesados en el "caso Malaya", por un delito de fraude.
El último de los nuevos procesados es José María Mellado, cocinero y presunto testaferro de Roca en la explotación del Hotel La Malvasía al que el juez imputa un delito de blanqueo de capitales.
En el auto de procesamiento, Pérez imputa al ex asesor urbanístico ocho nuevos delitos: tráfico de influencias, inducción a falsedad documental, cohecho, fraude, prevaricación, un delito fiscal y dos de blanqueo de capitales. Roca se encuentra presente como procesado en cuatro de los cinco capítulos establecidos en la resolución judicial, salvo en la pieza separada que se incorpora a la causa principal relativa al delito de tenencia ilícita de armas imputado al ex jefe de la Policía Local de Marbella Rafael del Pozo.
El juez imputa al ex alcalde Julián Muñoz los delitos de fraude, cohecho y prevaricación respecto a las operaciones urbanísticas Ave María y Francisco Norte, hechos sobre los que también procesa nuevamente al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes por un delito de falsedad documental. El ex primer teniente de alcalde Pedro Román, el abogado Juan Germán Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito completan las imputaciones del auto de procesamiento en relación con otra pieza separada sobre delitos fiscales. En el caso de Román, el magistrado le atribuye cinco delitos de este tipo.
* Málaga Hoy - Hugo Simón / Marbella - 5.03.09
Foto: Marbella - elpais.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
'Cazología' - Forges
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Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
Detenido el ex consejero de Medio Ambiente de Murcia por corrupción urbanística
ELPAÍS* : Agentes de la Policía Nacional han detenido hoy en Madrid el ex consejero de Medio Ambiente de Murcia y ex delegado de Gobierno Francisco Marqués por los delitos de prevaricación y cohecho en el caso Zerrichera, paraje calificado como Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), ubicado en el municipio murciano de Águilas.
Otras nueve personas están imputadas por el juez tras la denuncia presentada por el fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal.
En este terreno protegido el empresario Trinitario Casanova Abadía, ahora retirado, promovía la construcción de más de dos mil viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 250 hectáreas de la sierra de La Almenara, parte de las cuales cuentan con la protección medio ambiental de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la detención de Francisco Marqués se ha producido a última hora de esta mañana en Madrid, cuando se encontraba de viaje de trabajo, por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que lleva el caso de La Zerrichera y que ha decretado parcialmente el secreto de las actuaciones judiciales, según informa EFE.
Marqués fue consejero de Sanidad del Gobierno murciano (1999-2003), delegado del Gobierno en Murcia (2004) y consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2004-2006)
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 04/03/2009
Foto: La Zerrichera - ecologistasenaccion.org
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Tema: NOTICIAS Murcia
"Roselló me ha dicho que tenemos una obra importante en Calp"
ELPAÍS/Alicante* : "Prepárate, que Juan Roselló me ha dicho que tenemos una obra importante que hacer en Calp". De este modo, Francisco Artacho, cuñado del concejal de Aguas del PP en Calp y diputado provincial Juan Roselló, le habría ofrecido al propietario de la mercantil Montubo, Salvador Ibarra, la ejecución real de las obras de la red transversal del abastecimiento de ese municipio un mes antes de que el Ayuntamiento aprobara el proyecto y procediera a su adjudicación.
En su declaración como imputado ante la juez que investiga el caso, Ibarra aseguró que Artacho le hizo ese ofrecimiento durante una reunión en el Salón del Agua y el Medio Ambiente celebrado en Zaragoza en febrero de 2004 a la que también acudió el gerente de Aguas de Calpe, José Alberto Mut. Sin embargo, el pleno de Calp no aprobó el proyecto con los votos solitarios del PP hasta el 17 de marzo de aquel año, adjudicando las obras a la empresa mixta Aguas de Calpe, que a su vez las subcontrató nueve días después a Obras Hidráulicas del Levante, la firma de Artacho dedicada al buzoneo. Finalmente, esta última mercantil volvió a subcontratar los trabajos a la empresa de Ibarra, Montubo, que fue la que realmente los acometió.
De ahí que la declaración de Ibarra tenga una importancia capital para esclarecer cómo se urdió la trama, sobre todo porque el empresario añadió ante la juez que su mercantil debía percibir por los trabajos un total de 2,4 millones de euros. Pero la adjudicación a Aguas de Calpe ascendía a casi 3,4 millones, con lo que el sobrecoste de las actuaciones se elevaría a un millón de euros pagado por obras que en realidad no se hicieron y que se habrían perdido en el tortuoso camino de las subcontratas. No obstante, según la Universitat de València, las actuaciones ni siquiera valdrían a precio real de mercado esos 2,4 millones que se le debían pagar a Ibarra, sino apenas 1,7, con lo que el sobrecoste aún pudo ser mayor.
El propietario de Montubo aseguró en su declaración que aún le adeudaban por los trabajos unos 980.000 euros.El propietario de Montubo también desveló en su declaración ante la magistrada instructora que la sociedad Obras Hidráulicas, la firma de Artacho, "era una empresa interpuesta solo por cobrar sin hacer nada". Ante el grosor de estas afirmaciones, la juez dictó el pasado 21 de enero una providencia que de hecho reactiva un caso que lleva en los juzgados desde 2005 y en la que le exige a Ibarra el contrato firmado entre Obras Hidráulicas y Montubo para poder verificar ese sobrecoste, en su día detectado tanto por la universidad como por la Consejería de Comercio. La juez también solicita un informe pericial sobre los gastos bancarios en la red transversal e insta a la policía a que localice al técnico de Aguas de Valencia que redactó el proyecto para que declare como testigo. Esa última mercantil participa en Aguas de Calpe junto a la Diputación de Valencia y otras empresas, si bien el Ayuntamiento es propietario de un 40% de las acciones.
En el sumario están imputados, además de Juan Roselló, Artacho, Ibarra y Mut, el gerente de Aguas de Valencia, Francisco Zorrilla, y el administrador de Obras Hidráulicas, Jesús Lara de Santamaría. Se les imputa los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionario.
Cuando en marzo de 2004 Obras Hidráulicas suscribió el acuerdo con Aguas de Calpe, que se realizó sin ningún tipo de concurso, la firma del cuñado de Roselló todavía se denominaba Buzoneo IRD, SL -no se cambió el nombre hasta mayo-, su única actividad conocida era el reparto de propaganda, solo disponía de un trabajador -el encausado Lara Santamaría- y su capital social era de poco más de 3.000 euros.
Por otra parte, el concejal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Orihuela, Montserrate Guillén, denunció ayer un presunto trato de favor en varias adjudicaciones de obras municipales a favor de la empresa ROIN'S 2, de Roberto Pertegal, miembro de la ejecutiva del PP y cuñado de la edil de Cultura, Josefina Ferrando. En enero de 2007 y noviembre de 2008 se contrataron obras menores, por valor de 110.000 euros, y otra en de septiembre de 2008 por otros 100.000 euros. Todas las adjudicaciones se hicieron por procedimiento negociado sin publicar, ya que se trataba de obras menores o mantenimiento de edificios. "El procedimiento es legal, pero es irregular, poco ético y amoral que siempre estas obras beneficien a los amigos del PP", dijo el concejal, quien considera que estos nuevos pagos confirman "la forma caciquil que tiene el PP de gobernar su cortijo". La oposición volvió a pedir ayer a la alcaldesa, Mónica Lorente, la creación de una comisión informativa especial sobre estas contrataciones y las realizadas con otra empresa del socio del también edil del PP, José Manuel Cutillas, por 120.00 euros.
La concejal Josefa Ferrando declinó ayer comentar la denuncia de Los Verdes a la espera de "conocer los detalles", aunque sí admitió que Roberto Pertegal es su cuñado y, además, militante del PP.
Mientras, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Xàtiva, Roger Cerdà, pidió ayer la creación de una comisión informativa para esclarecer "posibles responsabilidades políticas" por el presunto trato de favor del gobierno, del PP, a una empresa local, Sarri-Hogar, SL, informa Xavier Aliaga. Según el PSPV, El Ayuntamiento adjudicó en 2008 de forma directa un total de 222 actuaciones por valor de 1,26 millones de euros. La empresa, cuyo propietario mantiene públicos vínculos de amistad con varios de los concejales populares, entre ellos el también diputado autonómico Vicente Parra, ha facturado 5,6 millones de euros desde 1999.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 04/03/2009
Foto: Calpe - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La juez envía a prisión al alcalde de Alcaucín por corrupción
LAOPINIÓN/Málaga* : La instructora le imputa los delitos de cohecho, prevaricación urbanística, falsedad y blanqueo. También decreta cárcel sin fianza para el jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora. El regidor socialista firmó ayer su renuncia al acta de concejal.
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Vélez Málaga acabó ayer con el suspense. Así, a las 22.30 horas de la noche, decretó prisión incondicional y sin fianza para el alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín, tras tomarle declaración a lo largo de toda la tarde.
La instructora le imputa los supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación simple, prevaricación urbanística y falsedad documental. También envió a la cárcel de forma preventiva al jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, José Francisco Mora, al que le acusa de los supuestos delitos de cohecho, falsedad y prevaricación urbanística.
La jornada volvió ayer a ser maratoniana. El primero del día en declarar fue el asesor jurídico P. J. G., quien quedó en libertad con cargos, sin fianza y bajo la prohibición de abandonar el país. Está imputado por tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.
Poco después, fue trasladado al juzgado por la Guardia Civil José Francisco Mora. Al contrario de lo que hicieron los demás encausados, éste llegó a dependencias judiciales sin cubrirse el rostro y visiblemente tranquilo pasado el mediodía. Antes también había comparecido el ex aparejador municipal y ahora empresario F. L. M., quien salió en libertad sin fianza imputado por prevaricación urbanística.
Vistilla. El alcalde dio su versión de los hechos ante la juez durante tres horas y, probablemente, con mejor ánimo que en los tres días anteriores, ya que sus conciudadanos le brindaron un sonoro aplauso cuando llegó a la sede judicial. Muchos decían saber que era inocente. Después, la juez hizo una vistilla y, casi con seguridad, un careo entre el alcalde, el aparejador y el arquitecto, tras lo que tomó las decisiones expuestas.
El regidor firmó ayer su renuncia al acta de concejal, según informaron fuentes socialistas. Ya fue expulsado el pasado viernes por el PSOE, nada más desatarse la trama. Hoy, uno de sus allegados entregará su renuncia en el Registro de Entrada del Consistorio, a la espera de que se celebre un pleno extraordinario para asegurar la gobernabilidad del municipio.
El desarrollo de estos interrogatorios no ha estado extento de polémica, como ya ocurriera con los de ´Malaya´ o ´Ballena Blanca´. El abogado del jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación fue muy duro al respecto en sus declaraciones a los periodistas. Para José Carlos Aguilera, "estos hechos no son de hoy, son de hace años, y por supuesto hay un responsable de que estos problemas no se hayan resuelto en su debida forma y hace mucho tiempo. En la provincia, los responsables de la disciplina urbanística son los técnicos de la Junta de Andalucía".
Derechos fundamentales. "Tengo la impresión de que o es falta de competencia o a veces se mira para otro lado o no se hace lo que se debe. Mil viviendas en la Axarquía no se construyen de un año para otro", recalcó, al tiempo que indicó: "Siempre que se desarrollan estas operaciones todo se hace a costa de los derechos fundamentales".
El letrado se refirió así al hecho de que, a pesar de ser detenidos el viernes, durante el fin de semana no se les tomó declaración y los acusados han estado bajo arresto durante cuatro días. "Esta detención prolongada es simplemente porque hemos planificado mal la operación". También atacó duramente las filtraciones a la prensa de este sumario.
De los trece arrestados en esta operación el pasado viernes, tres quedaron en libertad a lo largo del fin de semana tras declarar en la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga: una de las hijas del alcalde de Alcaucín, la hija de un constructor y la secretaria del jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación.
Los otros seis detenidos declararon el lunes ante la instructora del caso, tras lo que quedaron en libertad, aunque imputados de diferentes delitos. La otra hija del alcalde, Sonia Martín, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la magistrada cuando sea requerida y está procesada por un presunto delito de blanqueo de capitales. La hija del propietario de la inmobiliaria Crocasa, V. LL., está en libertad acusada de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.
A los empresarios F. LL., M. T. y J. M. R., este último de Huelva, la instructora les impuso el lunes sendas fianzas de 120.000 euros y tienen diez días hábiles para depositarlas. Se les prohíbe salir del país. La fianza más baja, de 30.000 euros, fue señalada para L. E. C., yerno del primero de los constructores. Todos ellos están libres, aunque se les imputan diversos cargos. F. LL. y L. E. C. están imputados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, mientras que a J. M. R. y M. T. se les endosan todos los ilícitos anteriores menos el tráfico de influencias.
* La Opinión de Málaga - F. EXTREMERA / J. A. SAU - 4.03.09
Foto: Alcaucín - telecinco.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Ley de Costas: veinte años de papel mojado
DIAGONAL* : El 12 de febrero una comisión de la UE denunciaba que “las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva”, a pesar de tener una de las leyes de costas más avanzadas de Europa, según los grupos ecologistas. Érase una vez una ley promulgada para proteger a la costa del ladrillo y del hormigón. Más de 20 años después, ¿cuál ha sido su resultado?
Entre 1987 y 2000, las construcciones tomaban 73.000 m2 de costa al día. En los cinco años siguientes, la cifra de metros cuadrados urbanizados en los dos primeros kilómetros de litoral escaló a los 140.044, según el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento. Entre 2000 y 2005 se construyó una cuarta parte de lo edificado en toda la historia. Si el ritmo no para, todo el litoral estará urbanizado en 2071.
En el Estado español se “ha desarrollado una forma endémica de corrupción”, denunciaba el 12 de febrero la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo con la aprobación del Informe Auken. Una valoración justificada, especialmente, por la “destrucción masiva” en las islas y zonas costeras mediterráneas a través del “cemento y el hormigón” y las “ganancias excesivas” del sector de la construcción. El informe, incluso, exige la retirada de fondos de cohesión para proyectos urbanísticos. Pero, aunque sea aprobado por el Pleno el 26 de marzo, este documento no es vinculante. Una resolución que los europarlamentarios populares y socialistas no han conseguido frenar. El desarrollo costero ha producido la pérdida del 75% de los sistemas dunares en el Mediterráneo y la alteración del 70% de los humedales, según denuncia WWF España. Mientras tanto, en el Congreso se presentaban enmiendas al Proyecto de Ley de Navegación Marítima que el Consejo de ministros aprobó a primeros de diciembre y que prevé “regular la transmisión por actos inter vivos de los títulos de ocupación y aprovechamiento del dominio público otorgados al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas”.
Esta ley responde a la catalogación, según la Constitución, de la ribera del mar y las playas como bienes del dominio público marítimo- terrestre. “La forma de modificación habla muy mal de la transparencia del Gobierno, ni siquiera se discutió en el Congreso antes de su aprobación en Consejo de ministros”, denuncia Jorge Saenz, coordinador de Litoral de Ecologistas en Acción (EeA). Aunque no es la primera vez que la Ley de Costas es modificada de forma indirecta: en 2002, con Aznar en la Moncloa, se hizo lo mismo con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales (ver recuadro).
“Con esta reforma se permite la venta de las casas construidas antes de la Ley desde la ribera del mar hasta la línea de dominio marítimo-terrestre y que son propiedad del Estado. Sus usuarios tenían un periodo de 30 años, prorrogable por otros 30, para su disfrute. Así se revalorizan y dificultan su adquisición pública”, explica Pablo Sánchez, también de EeA. Un análisis similar realiza Carlos Vázquez, de la Asociación de Afectados de la Playa de Cabanas, “se permitirá vender esos terrenos y se fomentará la especulación”. Esta asociación pertenece a la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que estima las construcciones previas a la ley de 1988 en 45.000 edificaciones, de las cuales según Vázquez sólo el 10% cumplirían los requisitos para ser legales, como estar inscritas en el Registro de la Propiedad y estar en suelo urbano, entre otras.
Construcciones ilegales
Desde 1988 se ha deslindado el 83% de la costa española, determinando así qué construcciones eran legales y cuáles no. Un proceso que vivió un importante incremento con la gestión de Cristina Narbona, a partir de 2004 en Medio Ambiente, en el anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero. Esto, a pesar de que el deslinde entre lo que es espacio público y privado debería haber terminado en 1993. Pero la ministra, calificada como heroína por Time por su labor en favor del medio ambiente, y su director general de Costas, José Fernández, no continúan en el actual Gobierno, ya que sus actuaciones provocaron una importante oposición popular. Además, el nuevo cambio ministerial trajo, según las grandes organizaciones ecologistas, la “absorción” del Ministerio de Medio Ambiente por el de Agricultura y, por tanto, la imposición de posturas más productivistas frente a las conservacionistas.
El Gobierno se siente acosado, especialmente porque Estados como Alemania o Inglaterra no han entendido que aquí se expropie sin indemnización, afirmaba la Plataforma de Afectados tras conocer la nueva modificación de la ley. Aunque remarcan que la actual propuesta de reforma es tímida, mínima e insuficiente.
“El problema no es tanto la Ley de Costas, sino su aplicación, porque en realidad se han permitido muchas construcciones nuevas y se tiran las antiguas”, denuncia Vázquez, de la Asociación de Afectados de la Playa de Cabanas. Vázquez sabe que su restaurante desaparecerá, pero a la misma distancia del litoral se permite la construcción de una zona residencial en Illa de Arousa, donde José Blanco, número dos del PSOE, Manuel Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente o Ricardo Varela, conselleiro de Trabaillo habrían adquirido una vivienda.
A pesar de que desde Ecologistas en Acción, Adega o Arca y otras organizaciones ecologistas valoran positivamente la labor de Narbona, también reconocen que “se ha empezado con pequeños núcleos y casas tradicionales dejando al margen las grandes zonas hoteleras y edificios”, como explica Sánchez a DIAGONAL.
Ni Fernández ni Narbona se atrevieron con el hotel Oliva Beach (Fuerteventura), a pesar de aparecer en un listado ministerial de edificios a demoler. El Ministerio y su propietario, Riu Hoteles, llegaron a un acuerdo para ampliar la concesión a cambio de la titularidad de la isla de Lobos (Parque Natural). Por otro lado, mientras que en La Safor (Valencia) se derruía una casa de más de 50 años, en La Barceloneta se permitía la construcción del hotel Vela a menos de 20 metros del mar. O el intento de derribo del poblado Cho Vito (ver DIAGONAL nº 87) en Tenerife mientras las Teresitas, las Américas o Los Cristianos presumen de sus resorts a pie de playa. Además, los vecinos de Cho Vito denunciaban el 10 de febrero que las administraciones implicadas en el derribo no facilitan información al Defensor del Pueblo.
Un hotel que, por el momento, no ha recibido la visita de los turistas, es el del Algarrobico en el cabo de Gata (Almeria). A finales de diciembre la Audiencia Nacional confirmaba la franja de servidumbre de la zona en cien metros, por lo que declara la ilegalidad de este macro hotel de 20 plantas. Aunque según hizo público Greenpeace el 12 de febrero, existe un informe del Ministerio de Medio Ambiente dirigido a la Abogacía del Estado que “aboga por abandonar el proceso de expropiación”.
Ante el cambio climático
En 1988 la Ley reconocía como zona pública el área hasta donde habían llegado los mayores temporales. Con la actual previsión de crecimiento del nivel de mar, entre otros efectos del cambio climático, “el retranqueo de las construcciones costeras se hace obligatorio. Hay que adaptarse poco a poco, porque en décadas será una realidad”, alerta Pablo Sánchez de Ecologistas, organización que también denuncia el gran gasto público que supone la adaptación del litoral a construcciones artificiales con especial interés turístico. En Barcelona, para mantener los ocho diques sumergidos que filtran el oleaje que inciden en sus playas artificiales, hay que verter arena casi todos los años y la inversión media anual es de diez millones, además de los gastos producidos por la llegada de fuertes temporales.
* Diagonal - Héctor Rojo Letón (Redacción) - Del 19 de febrero al 4 de marzo de 2009
Foto: diagonalperiodico.net
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