Los vecinos piden que el Consell retorne avales millonarios del PAI Mestrets tras el fallo del TSJ

LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia anuló el PAI de Mestrets por cargar ilegal e injustamente a los vecinos. Posteriormente el Tribunal Supremo (TS) aseguró que no ha admitido a trámite los recursos del ayuntamiento y la Generalitat, por lo que las actuaciones en urbanísticas en la zona deben paralizarse. Tanto el consistorio dirigido por Alberto Fabra como la Generalitat continúan con las reparcelaciones forzosas desoyendo la sentencia y al TS. Los vecinos, con la ley en la mano, piden ahora que se les devuelvan los avales.

Los vecinos afectados por el PAI Mestrets piden la restauración de sus derechos después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anula el plan urbanístico y han comenzado a pedir a la Generalitat que devuelva los avales millonarios que se vieron obligados a pagar por los costos de urbanización, según confirmaron ayer fuentes del colectivo Mestrets-Borriolench.
Las mismas fuentes precisaron que algunos de los mencionados avales pueden alcanzar los 80.000 euros y se corresponden con las cantidades que el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) exigió a los vecinos afectados por la reparcelación forzosa del PAI Mestrets.
Por lo pronto, fuentes próximas al Consell precisaron que se han recibido al menos tres solicitudes en registro, aunque se desconoce el número total de reclamaciones.
Asimismo, la asociación explicó que a estas reclamaciones cabría sumar las que puedan interponer aquellos propietarios que pagaron al agente urbanizador (IVVSA) un aval cuantificado en terrenos. Las reclamaciones llegan después de más de cinco años de litigio judicial y movilizaciones vecinales contra la modificación número 6 del PGOU, dentro de la cual se enmarca el PAI Mestrets.
Esta planificación urbanística preveía desalojar a 40 familias del Camí de Els Mestrets y cargaba a los vecinos con el coste de obtener suelo para construir 4.500 viviendas protegidas, el Espai Comercial de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló (unión del polideportivo Chencho con el Sindical) y la ronda oeste de circunvalación.
Los mencionados proyectos suponen una inversión de más de 100 millones de euros que queda ahora en la incertidumbre después de que el Tribunal Superior de Justicia haya considerado que el plan carga injusta e ilegalmente a los vecinos afectados. En este contexto, el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, aseguró la semana pasada en rueda de prensa que seguirá adelante con la reparcelación forzosa del PAI Mestrets tras alegar que el Tribunal Supremo había admitido a trámite un recurso del Consell y el ayuntamiento.
Posteriormente, el Supremo desmintió al alcalde y constató que no ha admitido a trámite los recursos y que la decisión puede prolongarse varios meses.
Mientras tanto, el TSJ sigue sosteniendo que la sentencia prohíbe que la Generalitat y el ayuntamiento ejecuten el plan urbanístico hasta que el Supremo resuelva los recursos de casación. Durante este periodo, que suele demorarse una media de 5 años, la resolución judicial sólo permitiría desarrollar el programa si las dos administraciones implicadas depositan un aval millonario.
El escenario expuesto por el tribunal implica que el Consell debería interrumpir la cuarta reparcelación forzosa que el pasado mes de enero notificó a los vecinos de Mestrets.






* Levante-EMV - Nacho Martín - 8.03.09

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