Ley de Costas: veinte años de papel mojado

DIAGONAL* : El 12 de febrero una comisión de la UE denunciaba que “las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva”, a pesar de tener una de las leyes de costas más avanzadas de Europa, según los grupos ecologistas. Érase una vez una ley promulgada para proteger a la costa del ladrillo y del hormigón. Más de 20 años después, ¿cuál ha sido su resultado?

Entre 1987 y 2000, las construcciones tomaban 73.000 m2 de costa al día. En los cinco años siguientes, la cifra de metros cuadrados urbanizados en los dos primeros kilómetros de litoral escaló a los 140.044, según el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento. Entre 2000 y 2005 se construyó una cuarta parte de lo edificado en toda la historia. Si el ritmo no para, todo el litoral estará urbanizado en 2071.

En el Estado español se “ha desarrollado una forma endémica de corrupción”, denunciaba el 12 de febrero la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo con la aprobación del Informe Auken. Una valoración justificada, especialmente, por la “destrucción masiva” en las islas y zonas costeras mediterráneas a través del “cemento y el hormigón” y las “ganancias excesivas” del sector de la construcción. El informe, incluso, exige la retirada de fondos de cohesión para proyectos urbanísticos. Pero, aunque sea aprobado por el Pleno el 26 de marzo, este documento no es vinculante. Una resolución que los europarlamentarios populares y socialistas no han conseguido frenar. El desarrollo costero ha producido la pérdida del 75% de los sistemas dunares en el Mediterráneo y la alteración del 70% de los humedales, según denuncia WWF España. Mientras tanto, en el Congreso se presentaban enmiendas al Proyecto de Ley de Navegación Marítima que el Consejo de ministros aprobó a primeros de diciembre y que prevé “regular la transmisión por actos inter vivos de los títulos de ocupación y aprovechamiento del dominio público otorgados al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas”.

Esta ley responde a la catalogación, según la Constitución, de la ribera del mar y las playas como bienes del dominio público marítimo- terrestre. “La forma de modificación habla muy mal de la transparencia del Gobierno, ni siquiera se discutió en el Congreso antes de su aprobación en Consejo de ministros”, denuncia Jorge Saenz, coordinador de Litoral de Ecologistas en Acción (EeA). Aunque no es la primera vez que la Ley de Costas es modificada de forma indirecta: en 2002, con Aznar en la Moncloa, se hizo lo mismo con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales (ver recuadro).

“Con esta reforma se permite la venta de las casas construidas antes de la Ley desde la ribera del mar hasta la línea de dominio marítimo-terrestre y que son propiedad del Estado. Sus usuarios tenían un periodo de 30 años, prorrogable por otros 30, para su disfrute. Así se revalorizan y dificultan su adquisición pública”, explica Pablo Sánchez, también de EeA. Un análisis similar realiza Carlos Vázquez, de la Asociación de Afectados de la Playa de Cabanas, “se permitirá vender esos terrenos y se fomentará la especulación”. Esta asociación pertenece a la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que estima las construcciones previas a la ley de 1988 en 45.000 edificaciones, de las cuales según Vázquez sólo el 10% cumplirían los requisitos para ser legales, como estar inscritas en el Registro de la Propiedad y estar en suelo urbano, entre otras.

Construcciones ilegales

Desde 1988 se ha deslindado el 83% de la costa española, determinando así qué construcciones eran legales y cuáles no. Un proceso que vivió un importante incremento con la gestión de Cristina Narbona, a partir de 2004 en Medio Ambiente, en el anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero. Esto, a pesar de que el deslinde entre lo que es espacio público y privado debería haber terminado en 1993. Pero la ministra, calificada como heroína por Time por su labor en favor del medio ambiente, y su director general de Costas, José Fernández, no continúan en el actual Gobierno, ya que sus actuaciones provocaron una importante oposición popular. Además, el nuevo cambio ministerial trajo, según las grandes organizaciones ecologistas, la “absorción” del Ministerio de Medio Ambiente por el de Agricultura y, por tanto, la imposición de posturas más productivistas frente a las conservacionistas.

El Gobierno se siente acosado, especialmente porque Estados como Alemania o Inglaterra no han entendido que aquí se expropie sin indemnización, afirmaba la Plataforma de Afectados tras conocer la nueva modificación de la ley. Aunque remarcan que la actual propuesta de reforma es tímida, mínima e insuficiente.

“El problema no es tanto la Ley de Costas, sino su aplicación, porque en realidad se han permitido muchas construcciones nuevas y se tiran las antiguas”, denuncia Vázquez, de la Asociación de Afectados de la Playa de Cabanas. Vázquez sabe que su restaurante desaparecerá, pero a la misma distancia del litoral se permite la construcción de una zona residencial en Illa de Arousa, donde José Blanco, número dos del PSOE, Manuel Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente o Ricardo Varela, conselleiro de Trabaillo habrían adquirido una vivienda.

A pesar de que desde Ecologistas en Acción, Adega o Arca y otras organizaciones ecologistas valoran positivamente la labor de Narbona, también reconocen que “se ha empezado con pequeños núcleos y casas tradicionales dejando al margen las grandes zonas hoteleras y edificios”, como explica Sánchez a DIAGONAL.

Ni Fernández ni Narbona se atrevieron con el hotel Oliva Beach (Fuerteventura), a pesar de aparecer en un listado ministerial de edificios a demoler. El Ministerio y su propietario, Riu Hoteles, llegaron a un acuerdo para ampliar la concesión a cambio de la titularidad de la isla de Lobos (Parque Natural). Por otro lado, mientras que en La Safor (Valencia) se derruía una casa de más de 50 años, en La Barceloneta se permitía la construcción del hotel Vela a menos de 20 metros del mar. O el intento de derribo del poblado Cho Vito (ver DIAGONAL nº 87) en Tenerife mientras las Teresitas, las Américas o Los Cristianos presumen de sus resorts a pie de playa. Además, los vecinos de Cho Vito denunciaban el 10 de febrero que las administraciones implicadas en el derribo no facilitan información al Defensor del Pueblo.

Un hotel que, por el momento, no ha recibido la visita de los turistas, es el del Algarrobico en el cabo de Gata (Almeria). A finales de diciembre la Audiencia Nacional confirmaba la franja de servidumbre de la zona en cien metros, por lo que declara la ilegalidad de este macro hotel de 20 plantas. Aunque según hizo público Greenpeace el 12 de febrero, existe un informe del Ministerio de Medio Ambiente dirigido a la Abogacía del Estado que “aboga por abandonar el proceso de expropiación”.

Ante el cambio climático

En 1988 la Ley reconocía como zona pública el área hasta donde habían llegado los mayores temporales. Con la actual previsión de crecimiento del nivel de mar, entre otros efectos del cambio climático, “el retranqueo de las construcciones costeras se hace obligatorio. Hay que adaptarse poco a poco, porque en décadas será una realidad”, alerta Pablo Sánchez de Ecologistas, organización que también denuncia el gran gasto público que supone la adaptación del litoral a construcciones artificiales con especial interés turístico. En Barcelona, para mantener los ocho diques sumergidos que filtran el oleaje que inciden en sus playas artificiales, hay que verter arena casi todos los años y la inversión media anual es de diez millones, además de los gastos producidos por la llegada de fuertes temporales.







* Diagonal - Héctor Rojo Letón (Redacción) - Del 19 de febrero al 4 de marzo de 2009
Foto: diagonalperiodico.net