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ELPERIÓDICO* : Seis alcaldes o exalcaldes extremeños, todos de la provincia de Cáceres, están imputados por la Fiscalía Superior de Extremadura por la presunta comisión de delitos urbanísticos. Se trata de los alcaldes de Ceclavín -Pedro Martín González Mirón (PSOE)-, Talayuela -Raúl Miranda Manzano (PP)- y Brozas -José Félix Olivenza Pozas (PSOE)-; y los exalcaldes de Coria -Joaquín Hurtado Simón (Centro Obrero Empresarial Cauriense)-, Guijo de Santa Bárbara -José Mariano Pizarro (IU)-, y Casas del Castañar -Pedro Vega García (PSOE)-.
En el caso de este último su responsabilidad penal, de existir, ha extinguido por su fallecimiento.
Ninguno de los ediles citados anteriormente están imputados por un asunto similar al de la mujer del alcalde de Villanueva de la Serena, que se construyó, y más tarde tiró, una casa en terreno protegido en el pantano de Orellana, sino por ilegalidades urbanísticas cometidas en sus respectivos municipios, a las que no habrían hecho frente, como marca la ley. Así, la Fiscalía investiga presuntos delitos de prevaricación urbanística "por la concesión de licencias claramente contrarias a la ley; por la autorización de palabra para la construcción de viviendas ilegales; o por la falta de actuación una vez conocida la infracción de la legalidad, colocando incluso en eventual riesgo a los particulares por la construcción en zonas inundables de ríos", recoge el avance de la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Cáceres correspondiente al pasado año.
El último de los supuestos mencionados se registra de forma especial y bastante generalizada en Coria, posiblemente el municipio cacereño donde se contabilizan más infracciones urbanísticas. Así lo reconoce la fiscal delegada de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Cáceres, Olga Suárez, que señaló a este diario que el urbanismo de la zona de Coria es el que les está dando más volumen de trabajo, al ser este área de la provincia cacereña, junto con la del Valle del Jerte, la que tiene más edificaciones ilegales.
"Y no son ilegales solo por la zona en la que están, o por carecer de licencias y permisos..., es que en Coria hay además algunos supuestos en los que las edificaciones están en zonas inundables del río, lo que puede entrañar incluso riesgo para las personas. Además, en algún caso la situación de ilegalidad era conocida directa y personalmente por el ayuntamiento y el alcalde", especificó Suárez.
Es precisamente por esta razón por la que en una de las causas, concretamente en la que existen construcciones en zona inundable del río Alagón, está imputado Joaquín Hurtado, que fuera alcalde de la localidad, por el grupo independiente Centro Obrero Empresarial Cauriense (CEOEC) en coalición con el PP, del 2003 al 2007. La fiscal aclaró que ésta "es una causa que se está tramitando y en la que está llamado a declarar como imputado el que era alcalde de Coria cuando se inició, aunque esta declaración aún no se ha producido".
RESPONSABILIDAD Los seis ediles antes citados están imputados, como se ha indicado, por delitos urbanísticos cometidos en sus municipios, pero ¿cuál es la responsabilidad municipal en este tipo de delitos? La fiscal delegada de Urbanismo en Cáceres explicó al respecto que los alcaldes "tienen la obligación de hacer guardar la disciplina urbanística en cuanto a expedientes, y la mayor parte de las conductas delictivas de éstos es por no hacer nada, por hacer la vista gorda, pero esto es igualmente delictivo, porque los delitos se pueden cometer por acción (por algo que haces mal), y por omisión (por algo que dejas de hacer)".
En el caso concreto en el que está imputado el exalcalde de Coria es porque los técnicos de la mancomunidad --son los que cuando ven que hay alguna construcción ilegal tienen la obligación de comunicárselo al consistorio-- ya le habían dicho a él personalmente que esas construcciones eran ilegales y que había que hacer algo, "pero no hizo nada". Es por esto por lo que, en este caso, la imputación al exedil de Coria es por omisión.
Pero es que existen otros casos en Coria, añadió Suárez, en los que aún siendo ilegales, las viviendas cuentan con agua y luz. "Esto significa que desde el ayuntamiento, y pese a ser ilegales, se ha tenido que certificar la licencia; o bien se ha dado la cédula de habitabilidad a unas viviendas que no son legales". Esta, explicó la fiscal, es la otra modalidad de la actuación ilegal de un ayuntamiento, pues "¿cómo certifican a las empresas suministradoras de luz que una vivienda está en condiciones para recibir luz si es ilegal?".
Existe además una tercera modalidad, añadió, que es conceder una licencia pese a que los técnicos estén advirtiendo de que esa licencia es contraria al ordenamiento, que es por lo que en la Fiscalía hay abiertas diligencias previas de investigación contra, por ejemplo, el alcalde de Ceclavín o el exalcalde de Guijo de Santa Bárbara.
Finalmente, otros delitos que habitualmente también se imputan a los responsables de los ayuntamientos son por ejecutar o no ejecutar obras de demolición. Así, por ejemplo, señaló Suárez, hay diligencias abiertas contra el alcalde de Brozas por haber autorizado la demolición de parte de una edificación que está en trámite de ser catalogada como bien cultural, lo que requiere pedir autorización a Patrimonio, "diligencias éstas que aún están en estudio".
NINGUNO EN BADAJOZ Frente a lo que ocurre en la provincia de Cáceres, en la de Badajoz no figuran como imputados en ninguna de las causas incoadas el año pasado por este tipo de delitos ni alcaldes ni ayuntamientos. Lo confirmó así el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia pacense, Agustín Manzano, quien añadió que solo hubo una, que fue instruida anteriormente y que concluyó en el 2008 con una sentencia absolutoria, en la que estuvo implicado el Ayuntamiento de Almendralejo por unos vertidos de residuos sin depurar al río. Matizó, no obstante, que en algunas de las causas iniciadas el año pasado sí figuran los ayuntamientos, pero como ordenantes de derribos o emisores de exhortos anunciando sanciones de persistir las situaciones irregulares.
También reconoció Manzano que las causas relativas a la ordenación del territorio se incrementaron notablemente el año pasado con respecto al anterior, algo que según señaló es debido a las relacionadas con las construcciones ilegales en la zona de Orellana, que se instruyen en el Juzgado de Villanueva de la Serena. Pero insistió en que en ninguna de estas causas --en una de ellas está imputada la esposa del alcalde de Villanueva de la Serena-- están imputados ni ayuntamientos ni alcaldes.
* El Periódico de Extremadura - 22.02.09
Foto: Coria (Cáceres) , ayuntamiento - picasaweb.google.com
La Fiscalía imputa a 6 alcaldes extremeños por delitos urbanísticos en sus municipios
El Consell contrató a dedo a Orange Market entre tres ofertas del mismo gerente
LEVANTE/Valencia* : Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de empresas de Francisco Correa que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción, logró una adjudicación de la Generalitat en 2004 que dinamitó toda la arquitectura normativa. Vaersa le dio a dedo una campaña de 138.678 euros saltándose la publicidad y concurrencia que exige la ley.
Se "consultaron" tres empresas y todas estaban gestionadas por el imputado Luis de Miguel, uno de los expertos fiscales de la trama.
La empresa Orange Market, contratista de referencia del PP valenciano y pieza clave en la tela de araña de presunta corrupción que tejió Correa, encontró en sus primeros pasos en el mercado la misma buena acogida en la Generalitat que la que tenía en el partido que la gobierna. La firma que hoy preside Álvaro Pérez y a la que entonces ya estaba ligado laboralmente, logró en noviembre de 2004 un contrato a dedo de la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), una sociedad 100% pública presidida entonces por Rafael Blasco, por su cargo de conseller de Territori, departamento del que depende la firma.
Juan Miguel Bellver era gerente de la empresa que adjudicó por 138.678 euros una campaña de comunicación y sensibilización sobre el correcto uso del contenedor amarillo. Pese a que la Ley de Contratos de la Administración Pública (LCAP) y la propia normativa interna de esta empresa obligan a respetar los principios de publicidad y concurrencia de ofertas en el proceso, por la cuantía de ese contrato (disposición adicional sexta del Texto Refundido de esa ley), en este caso se saltaron todos los preceptos al optar por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. La necesaria concurrencia de ofertas fue muy "sui generis". Porque la preceptiva invitación a tres empresas del sector para que presentaran propuestas fue técnicamente un paripé. Además de Orange Market, se pidió presupuesto a Boomerangdrive S. L. y a Down Town Consulting. El administrador único de la primera era Luis de Miguel Pérez. El de la segunda, también. ¿Y quién gestionaba la tercera? Pues el mismo. En el caso de Orange Market, el gerente era también cofundador de la sociedad -en escritura otorgada el 24 de julio de 2003- y prácticamente dueño único, al haber suscrito 3.005 acciones. Todas menos una, que se la quedó, por un euro, Pablo Crespo, quien ahora duerme en prisión.
Down Town Consulting no es otra cosa que el anterior nombre de Easy Concept Comunication. De Miguel, especialista en fiscalidad considerado como uno de los cerebros del entramado societario que ahora se investiga, administraba esta empresa desde hacía seis meses, según documentación mercantil a la que ha tenido acceso este diario.
Las propuestas económicas recabadas ni siquiera fueron validadas en el registro de entrada. Tampoco constan en el expediente del procedimiento, lo que abunda en las irregularidades de esta adjudicación. Y ahí no acaban las anomalías de una contrata que, en la lectura más laxa y amable de la normativa para el Consell, debería haber sido negociado con publicidad, según expertos consultados. Sin embargo, no hubo ninguna licitación publicada en el DOCV, como obliga el propio reglamento de la entidad pública Vaersa, ni siquiera un anuncio en prensa. Al Diario Oficial no acudió la Generalitat ni antes ni después porque la identidad de la contratista también se cubrió de un manto de silencio. Para justificar la adjudicación del contrato se argumentó, como única razón para elegir a Orange Market, la experiencia. Era difícil saber si esa variable pesaba poco o mucho porque los criterios establecidos para seleccionar la empresa no constaban en ningún pliego de condiciones ni en informe técnico alguno.
El propio contrato mercantil, firmado el 12 de noviembre de 2004, presentaba más anomalías, como para batir récords. Una de las más flagrantes: no constaba en ningún sitio que se le hubiera exigido fianza o garantía de cumplimiento del contrato a la empresa adjudicataria. El aval u otro tipo de garantía es uno de los requisito básicos en cualquier encargo de este tipo. En la letra gorda y en la pequeña hubo descuidos en la que fue una de las primeras experiencias de la empresa hoy presidida por Álvaro Pérez con la Generalitat del PP. Por ejemplo, el DNI que consta en el documento no se correspondía con el del representante legal de la empresa, sino con el de la apoderada de la mercantil dedicada al montaje de eventos, saraos y a la publicidad.
* Levante-EMV - Francesc Arabí - 22.02.09
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
Imputan a la alcaldesa de Valls d’Aguilar por un presunto delito urbanístico
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LAMAÑANA/Lleida* : La Fiscalía de la Seu d’Urgell ha imputado a la alcaldesa de Valls d’Aguilar por un presunto delito urbanístico, después de que hayan detectado irregularidades en el cambio de ubicación para la construcción de los nuevos depósitos de agua municipales del núcleo de Noves de Segre.
El pasado miércoles, día 18, la primera edil de Valls d’Aguilar, María Dolores Vidal Guiu, prestó declaración, en calidad de imputada y en presencia de su abogado, en las dependencias de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Seu d’Urgell, quedando posteriormente en libertad. En el transcurso de la declaración, la alcaldesa manifestó que “todo el proceso administrativo para la realización de la obra había sido correcta, que estaba tranquila y que todo se trataba de una maniobra de la oposición”.
Las investigaciones de las presuntas irregularidades comenzaron hace unos meses cuando los tres concejales de CiU del Ayuntamiento -actualmente en la oposición- presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Lleida, quien tras admitirla a trámite ordenó el procesamiento al fiscal de la Seu d’Urgell y éste a su vez a la Guardia Civil.
Todas las pesquisas realizadas, según fuentes cercanas al caso, apuntaban a el Ayuntamiento había cambiado la ubicación de los nuevos depósitos del agua sin la preceptiva licencia medioambiental. Según estas mismas fuentes, la tramitación administrativa había sido correcta, pero el cambio de ubicación de los depósitos se ejecutó sin contar con Medio Ambiente, máxime cuando la zona donde se ha construido en segunda opción es un paraje forestal.
La investigación sigue abierta y ahora las pesquisas van dirigidas a determinar si pudo haber algún tipo de lucro ilícito con este cambio de ubicación, lo que la haría incurrir en un delito de prevaricación.
La alcaldesa de Valls d’Aguilar, María Dolores Vidal, explicó a este diario que en todo momento se siente tranquila y que “todo esto ha sido una maniobra de la oposición, que viene actuando así ,de manera destructiva”.
La primera edil explicó que “en un principio se pensó ubicar los nuevos depósitos en la zona alta del pueblo, donde estaban los viejos, pero el geólogo municipal nos lo desaconsejó por seguridad”.
Fue a partir de ese momento cuando el equipo de gobierno decide darle otra ubicación, “un lugar que tenía la cualificación urbanística correcta, por lo que se podía construir por ley”. Vidal aseguró que poseen todos los permisos, “incluido el medioambiental para la nueva ubicación y lo que quiere es que todo se aclare porque aquí con esto no se ha beneficiado nadie”.
Las obras de los nuevos depósitos empezaron en septiembre y ya están acabados y dando servicio al pueblo.
* La Mañana - Felicidad Pérez 2009-02-21
Foto: Valls d'Aguilar (Lleida) - flickr.com
La Justicia ordena al Concello que derribe ya uno de los bloques de pisos más grandes de Vigo
LAVOZDEGALICIA* : Una larguísima batalla judicial que cubre casi veinte años podría estar en su fase terminal tras la decisión adoptada días atrás por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordena al Concello vigués la demolición total o parcial del edificio conocido como Piricoto. Se trata de un inmueble rodeado de polémica desde su inicio por su proximidad al pazo Quiñones de León y a los jardines que lo rodean.
La licencia para construirlo fue concedida hace veinte años y provocó una gran protesta vecinal en la parroquia de Castrelos. Durante su construcción e incluso para obtener la licencia de primera ocupación se sucedieron las movilizaciones, pese a lo cual se ocuparon las 104 viviendas que incluye.
Más tarde, la reclamación de un grupo de vecinos logró una sentencia inicial de derribo del Tribunal Superior, que años después ratificaba el Supremo. A partir de ese momento se inició una segunda pugna que todavía no ha concluido sobre la ejecución de la sentencia. El Concello ha intentado por todos los medios evitar su cumplimiento ya que el edificio fue construido con licencia y forzosamente tendría que hacerse cargo de las indemnizaciones.
Sin embargo, el TSXG acaba de rechazar el proceso de restauración presentado por el Concello y ordena al concejal de Urbanismo «que en el plazo de un mes se inicien las actuaciones necesarias para la debida ejecución de la sentencia en orden a la demolición total o parcial del inmueble». El tribunal exige que en dicho plazo se redacte el correspondiente proyecto de demolición, del que deberá dar cuenta a la sala de lo Contencioso-Administrativo junto con las medidas que se vayan adoptando.
En un primer momento el Concello había propuesto al tribunal construir una pantalla verde delante del edificio para aislarlo del pazo de Castrelos. Esta iniciativa no fue aceptada por lo que el actual gobierno municipal planteó a los jueces de la incongruencia de derribar este edificio cuando el nuevo Plan Xeral permite construir otros similares o incluso de mayor altura en la misma zona.
Nuevamente la respuesta del tribunal ha sido que no cabe otro cumplimiento de la sentencia del Supremo que no sea demoler «una edificación ilegal».
* La Voz de Galicia - Juanma Fuentes - 20.02.09
Foto: El inmueble construido junto al pazo de Castrelos tendrá que ser derribado total o parcialmente - M. MORALEJO, lavozdegalicia.es
Sant Antoni: Un juez embarga el sueldo al alcalde hasta que derribe una vivienda ilegal
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ELMUNDO/Ibiza* : El alcalde 'popular' del municipio ibicenco de Sant Antoni, José Sala, verá a partir de ahora cómo su nómina se reduce en 1.000 euros al mes por decisión judicial. El titular del juzgado de lo contencioso administrativo nº1 de Palma ha decidido embargar esta cantidad del sueldo del primer edil -perteneciente al Partido Popular- desde el 1 de marzo de este año y hasta el 1 de Julio. A partir de entonces, la cantidad varía, pasando a ser de 600 euros semanales.
El juez fundamenta su decisión en el hecho de que todavía no se ha derribado un inmueble de la localidad conocido como Can Cretu, propiedad del músico Michel Cretu. La condena permanecerá vigente hasta que se derribe el inmueble. Por su parte, el ayuntamiento de Sant Antoni alega que todavía no ha procedido a su derribo debido a los problemas que está teniendo con el propietario para echarlo abajo.
El pasado mes de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) rechazó la posibilidad de legalizar la mansión del músico y denegó la prórroga para su demolición solicitada por el ayuntamiento de Sant Antoni, por lo que reiteró que el derribo debía estar finalizado antes del 1 de noviembre, aunque finalmente no fue así.
El Ayuntamiento de Sant Antoni se dirigió en septiembre al juzgado de lo contencioso para plantear la necesidad de una prórroga por la "enorme complejidad técnica y la envergadura considerable del proyecto" para demoler la residencia de Cretu.
* El Mundo - Ricardo F. Colmenero - 20.02.09
Foto: Sant Antoni (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza.es
6 meses de prisión y 7 años de inhabilitación a la ex alcaldesa de Chipiona
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DIARIODECÁDIZ* : El Juzgado de lo Penal nº3 de Cádiz ha condenado a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación a Dolores Reyes Ramos, ex alcaldesa socialista de Chipiona. La sentencia estima probado que Reyes concedió una licencia para construir una nave industrial en suelo no urbanizable y especialmente protegido.
La resolución absuelve al actual concejal de Urbanismo, José Moreno Duque, y a las ex concejalas María del Valle Romero y María Luisa Gallego, quienes votaron favorablemente la concesión de la licencia en una Comisión Municipal de Gobierno extraordinaria y urgente.
La pena impuesta por la sentencia coincide con lo solicitado por el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, quien rebajó su petición inicial al admitir que hubo dilaciones indebidas en la causa. El fiscal partía con una solicitud en su calificación provisional de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Cádiz. La licencia que ha llevado Dolores Reyes al banquillo fue aprobada, pese a que había informes contrarios a su concesión, el 23 de mayo de 2003, dos días antes de las elecciones municipales de ese año. Reyes fue en esos comicios como cabeza de lista del PSOE en Chipiona. Ganó las elecciones, continuó como alcaldesa y en octubre de 2004 dimitió. Actualmente es funcionaria del Ayuntamiento de Chipiona y trabaja en el Negociado de Estadística.
La licencia urbanística para construir la nave la solicitó en febrero de 2003 la empresa Ingeniería Flozaga Guterh S.L., que pretendía levantar en el punto kilométrico 0,700 de la carretera Chipiona-Sanlúcar una instalación para fabricar y reparar maquinaria agrícola.
El fiscal explicaba en su escrito de acusación que seis días después, el 12 de febrero, el Ayuntamiento ya tenía un informe sobre la solicitud elaborado por un ingeniero técnico municipal. Ese informe dictaminaba que no procedía la concesión de la licencia y argumentaba que, conforme al vigente Plan General de Ordenación Urbana, la empresa solicitante pretendía levantar la nave en suelo no urbanizable afectado por el Plan de Transformación en Regadíos Costa Noroeste de Cádiz. Agregaba que conforme al nuevo plan, en proceso de aprobación provisional, la clasificación del suelo era la de "no urbanizable, especialmente protegido, litoral y agrícola intensivo".
El mismo ingeniero emitió un nuevo informe en marzo del mismo año porque lo reclamó una colindante afectada. El fiscal señala que hizo constar en él que, además de lo ya dicho, la cimentación de la obra no cumplía con la separación mínima que marcaban los referidos planes, por lo que no procedía otorgar la licencia.
El concejal José Moreno Duque se mostró ayer satisfecho con la decisión judicial que lo ha absuelto y comentó que él votó a favor de la licencia porque se trataba de un bien de interés social. En aquella época, explicó el edil, en Chipiona no había suelo industrial disponible y el municipio tenía pendiente la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
* Diario de Cádiz - R. Romero/T. Ramos - 18.02.09
Foto: Chipiona (Cádiz) - uca.es
El TSJ rechaza su propio informe pericial para condenar al Ayuntamiento de Sueca
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LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de Sueca por autorizar en 2004 la construcción de 25 adosados en la urbanización Bega de Mar sobre una parcela que era edificable, aunque dos meses después de concederse la licencia de obra fue incluida en los límites protegidos del parque natural de la Albufera.
El gobierno local suecano (integrado por concejales del Bloc, PSPV e Iniciativa) ha recurrido la sentencia ya que se da la paradoja de que, para condenar al consistorio, el tribunal ha tenido que rechazar su propio informe pericial. El fallo también contradice una sentencia del juzgado de instrucciòn número 1 de Sueca, que rechazó hace un año la querella presentada por el PP contra el ex alcalde Salvador Gil (PSPV).
Las pruebas periciales solicitadas por la misma Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV "introducen un excesivo grado de duda privando de trascendencia", alegan los magistrados. El juzgado contencioso número 2 no tuvo en cuenta las pruebas solicitadas por ellos mismos para dar la razón a la Conselleria de Territorio y Vivienda, órgano que denunció al Ayuntamiento de Sueca al considerar que el solar se encontraba dentro del Parque Natural de la Albufera.
La sentencia ha caído como un jarro de agua fría el gobierno suceano, que considera que es "injusta y arbitraria", según el alcalde, Joan Baldoví (Bloc). "La acusación no tiene fundamentos, el mismo TSJCV pidió unas pruebas periciales que luego no admiten", opina Baldoví. "Recurriremos donde haga falta porque sabemos que tenemos la razón", señala el alcalde, "y si hace falta recurrir al Tribunal Europeo lo haremos", zanja el primer edil. El ayuntamiento sostiene que el solar donde iban a ubicarse los 25 adosados se encuentra "fuera del ámbito de suspensión del Parque Natural de la Albufera".
De confirmarse esta resolución, el Ayuntamiento de Sueca podría ser obligado a desembolsar de varios centenares de miles de euros en concepto de indemnización a la empresa constructora. En este sentido, Baldoví asevera que "esta injusta sentencia perjudica seriamente los intereses de la localidad".
La promoción inmobiliariade Andián S.L. se concibió en los lindes del paraje natural por lo que desde el Departamento Municipal de Urbanismo tuvieron que presentar varios informes para corroborar que las obras se encontraban en suelo urbano. El actual alcalde defiende la actuación de los técnicos municipales, de los cuales asegura que "hicieron un trabajo impecable" en la anterior legislatura, en la que el Bloc se encontraba en la oposición. En aquella ocasión, el consistorio interpretó que el solar se encontraba en una zona de edificación abierta aunque la Generalitat se acogió al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y al Plan Rector de Usos y Gestiones (PRUG) del Parque.
El juzgado archivó la querella
contra Gil
El juzgado de instrucción número 1 de Sueca archivó hace ahora un año la denuncia que interpuso el PP contra el ex alcalde Salvador Gil por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente y prevaricación. Aquella querella también era por la polémica urbanización en Bega del Mar. Los populares recurrieron al juzgado en octubre de 2006 por la licencia de obra concedida por Gil para construir 25 viviendas en la urbanización Bega del Mar. Sin embargo, el juez vio legal la licencia de obras ya que, aunque actualmente los terrenos forman parte del espacio protegido del parque natural de l'Albufera, cuando se concedió el permiso de obras dicho suelo tenía la calificación de urbano residencial. El Ministerio Fiscal también solicitó el archivo del caso y el PP decidió no recurrir la sentencia.
* Levante-EMV - Xavier Bosch - 20.02.09
Foto: Sueca (Valencia), ayuntamiento - wikipedia.org
Un juez tumba el proyecto de urbanización del polígono de O Pino
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ELPAÍS/A Coruña* : Junto a otras decenas de asociaciones, un grupo de vecinos recorrió el pasado domingo las calles de Santiago con sus sábanas reivindicativas. "O Pino tampoco se vende", gritaron junto al resto de enfadados con la política medioambiental de la Xunta, en total 3.000 personas.
Su lucha, en varios frentes, empieza a dar frutos en los juzgados donde los propietarios del polígono empresarial han presentado denuncias por la vía contencioso- administrativa y penal. Se sabe, porque así lo confirmó el Jurado de Expropiación de Galicia, que el alcalde Manuel Taboada, del PP, recomendó a sus vecinos vender las tierras para un parque empresarial a seis euros el metro, cuando costaba 18. El polígono ocupa más de un millón de metros cuadrados así que los dueños de las fincas pleitean por 12 millones de euros, contra el regidor al que acusan de prevaricar en favor de la promotora Martinsa heredera de Fadesa.
Después de varias victorias parciales, el Juzgado contencioso administrativo número tres de A Coruña acaba de echar abajo el proyecto de urbanización del polígono. La sentencia atiende parcialmente la reivindicación de un grupo de vecinos e invalida la controvertida tramitación administrativa del Gobierno de O Pino, que aprobó la licencia definitiva el mismo día en que recibió una orden de la Xunta que exigía paralizar el proyecto. El fallo no entra a juzgar qué fue antes, si la comunicación del Gobierno gallego al Ayuntamiento, o la decisión municipal de validar el proyecto urbanizador, algo que dirime en otra causa el juzgado de Arzúa.
"Retraso injustificado"
Pero reprocha al mismo alcalde que logró reunir en una sola mañana cinco informes para dar luz verde al polígono no haber sido tan diligente a la hora de "impedir que su resolución fuera eficaz". "Nada le impedía reaccionar", escribe la sentencia, que también achaca a Taboada "un injustificado retraso del ente local a la hora de notificar la resolución a los afectados". Los propietarios de los terrenos del polígono también han interpuesto otro recurso contencioso contra la negativa del alcalde de O Pino a resolver el concurso que adjudicó el proyecto a Fadesa. El pliego de condiciones exige la "resolución del contrato" en caso de que el adjudicatario -en este caso- Martinsa Fadesa- incurra en "suspensión de pagos".
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 20/02/2009
Foto: Maquinaria para labores de destierre en el polígono industrial de O Pino.- ANXO IGLESIAS, elpais.com
Premio Nacional de Arquitectura para un bloque condenado a derribo
ELPERIÓDICO/Barcelona* : El edificio de alquiler para jóvenes no se puede habitar por un recurso vecinal que ganó un juicio. Los seguidores del realismo mágico, un género de la literatura latinoamericana que funde la realidad narrativa con elementos fantásticos, ya tienen en Barcelona un tema de inspiración para futuras novelas: el edificio fantasma que acumulaba premios.
La acción se situaría en una isla de pisos sociales y equipamientos construida por el ayuntamiento en el 2006 en una manzana del Eixample --delimitada por las calles de Londres, Villarroel, París y Urgell-- y el nudo es tan real y actual que ayer mismo vivió su penúltimo capítulo. Los autores del proyecto, los arquitectos Jaime Coll y Judith Leclerc, recibieron en Madrid el Premio Nacional de Arquitectura, pese a que recae sobre su obra una sentencia en firme de derribo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, entre otras cosas, impide habitar las viviendas.
La oposición al plan de un grupo de vecinos y la pugna judicial que mantienen con el ayuntamiento ha transcurrido de forma paralela a la consecución de galardones por su innovador diseño formal y funcional. Desde que se entregó el complejo, formado por 45 viviendas de alquiler para jóvenes, un colegio, una guardería, un párking y la recuperación de un interior de isla, este ha ganado el Premi Ciutat de Barcelona del 2006; el de la novena Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo del 2007, y el Nacional de Arquitectura del Ministerio de Vivienda.
VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA
Esta última distinción, pese a que se entregó ayer, corresponde a la edición del 2006 en la categoría de Vivienda de Promoción Pública, y lo compartieron los arquitectos y la empresa pública del distrito, ProEixample, como promotora del plan.
El desenlace sigue siendo una incógnita, aunque el área municipal de Urbanismo abrió ayer una puerta a la esperanza al avanzar que estudia un cambio de usos del edificio residencial. La solución se basa en el principio seguido por el juez a la hora de dictar el fallo en favor de las denuncias vecinales contra la vulneración de la antigua ley catalana de urbanismo. En esta no se consideraba a los pisos de alquiler para jóvenes y ancianos como equipamientos. Posteriormente, la normativa aprobada en el 2004 aceptó esa definición alegando que son promociones de carácter social.
MÁS ZONAS VERDES
El problema para el ayuntamiento es que la reforma urbanística de la isla se aprobó en el 2002 y, según los vecinos, la ley obligaba entonces a construir junto a las viviendas más zonas verdes y menos equipamientos. Aunque el equipo municipal de gobierno no quiso concretar la fórmula a seguir, a la espera de cumplir los trámites preceptivos, la idea pasaría por dar un nuevo uso a lo pisos que esté todavía más vinculado a su función de equipamiento.
La sentencia del TSJC, conocida en marzo del año pasado, causó ya una importante conmoción al ordenar el derribo no solo del bloque de viviendas, sino también de la actual sede del CEIP Mallorca.
* El Periódico - ALBERT OLLÉS - 19.02.09
Foto: El edificio de viviendas, el primero por la derecha, junto al del CEIP Mallorca, de color verde, ayer. - JOAN CORTADELLAS, elperiodico.com
Una concejalía de Madrid amañó en 2004 un concurso a favor de Correa
ELPAÍS* : El 27 de mayo de 2004, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, adjudicó un contrato de 153.000 euros para el diseño, montaje y mantenimiento del stand municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, el hombre que montaba los actos del PP durante el mandato de José María Aznar.
Se presentaron al concurso 10 empresas y, supuestamente, la firma vinculada a Correa quedó en segundo lugar. Pero se llevó el contrato porque se consideró que la primera clasificada incurría en "baja temeraria", es decir, que su oferta económica era poco creíble por demasiado barata.
Ésta es la información que contenía el expediente original de adjudicación que se aprobó en el Consejo de Administración de la EMV y que el ayuntamiento facilitó la semana pasada a este periódico.
Pero en 2004, cuando Alberto Ruiz-Gallardón llevaba ya un año como alcalde, la actual Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo estaba dividida en tres áreas: Suelo, Vivienda y Urbanismo. En cada una de ellas quedó una copia del expediente con una inquietante diferencia que apunta a que el concurso estuvo amañado para dárselo a Correa.
El informe técnico de las propuestas que se presentó en el consejo de la EMV, en cuya votación participaron PSOE e IU, venía firmado por cuatro funcionarios y estaba acompañado de un cuadro con la puntuación obtenida por cada empresa. Sin embargo, en el documento que sirvió para la adjudicación definitiva no había ninguna rúbrica de empleados públicos.
La suma de resultados obtenidos por su diseño, conocimiento y experiencia, colocó a Special Events en segundo lugar y en virtual ganadora del concurso. Pero en el cuadro que consta en el expediente hallado posteriormente, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el cuadro de puntuación, que está vez sí estaba firmado por los funcionarios que realizaron el informe, contenía unos datos distintos que dejaban a Special Events en quinto lugar y, por tanto, sin ninguna opción de obtener el contrato.
El apartado que puntuaba la oferta económica estaba intacto. Pero en las áreas en las que el criterio podía ser más arbitrario, como el diseño o la experiencia, las cifras eran distintas. Los cuatro funcionarios que firmaron el documento bueno confirmaron ayer que no son los autores de la valoración aprobada. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo no encuentran explicación técnica posible a las diferencias aparecidas en el mismo expediente. Consideran que es factible que el cuadro original fuera destruido y reemplazado por otro más favorable a Special Events. La sospecha es que se amañó el concurso.
Por ello, el ayuntamiento ha presentado una denuncia al juzgado de guardia y ha abierto un expediente informativo a José Luis Gómez, funcionario y ex gerente de la empresa pública que firmó la propuesta que se llevó entonces al consejo de la EMV.
"Nosotros respaldamos lo que los técnicos nos elevan al consejo de administración. Yo no sé qué es lo que han archivado. Sé lo que voté, pero no conozco la existencia de otros documentos", declaró ayer el ex concejal de Vivienda, que además indicó que nunca tuvo relación profesional con Correa.
Herráez fue hombre de confianza del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano y miembro del clan Becerril, un grupo de jóvenes promesas del PP que, agrupados por Alejandro Agag y bendecido por el entonces presidente, José María Aznar, se reunía en la sierra de Madrid para hablar de política. A las reuniones acudieron en alguna ocasión los imputados por Garzón, Francisco Correa, Álvaro Pérez o Jacobo Gordon. Además, era asiduo el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, recién dimitido por su presunta vinculación con la trama corrupta.
De concejal a constructor
Sigfrido Herráez (Madrid, 1964), arquitecto de formación, fue un hombre de José María Álvarez del Manzano. De su mano llegó al Ayuntamiento de Madrid en 1991, al cargo de concejal de Latina y, en 1995, el de Vivienda. Lo dejó en 2005 con el siguiente alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando éste colocó por encima de él a la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.
Sólo una semana después, fichó como vicepresidente de la constructora Rayet, que realizaba un proyecto en el Ensanche de Vallecas, una zona directamente administrada por Herráez como concejal al presidir su junta de Compensación. Legalmente no había incompatibilidad, pero todos los partidos, incluido el gobierno de Gallardón, quedaron escandalizados. Hoy preside dicha firma.
Esperanza Aguirre le prestó su apoyo en aquella decisión y le mantuvo como responsable de Vivienda del partido. Herráez se había significado por la candidatura de Aguirre como presidenta del PP de Madrid, en detrimento de Manuel Cobo, vicealcalde y hombre de Ruiz-Gallardón. "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio", declaró Aguirre. Pero un mes más tarde, promovió su dimisión del cargo en el PP.
Herráez perteneció al clan Becerril, un grupo de promesas del PP agrupados por Alejandro Agag que se reunían en la sierra para, según el yerno de José María Aznar, formar "el banquillo del banquillo" del partido. Pertenencieron al núcleo de ese grupo José Ignacio Echaniz, Alejandro Ballesteros o Lucía Figar.
Por otro lado, su mujer, María Gálvez, es consejera de Ploder, una constructora que junto al grupo Begar (entre otras), propiedad del imputado por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri, obtuvo la concesión para la construcción del nuevo Hospital de Vallecas de la Comunidad de Madrid.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 19/02/2009
Cien de las 5.000 viviendas ilegales que hay en Telde ya tienen abierto un expediente para su demolición
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El Gobierno de Canarias tiene en marcha en la actualidad un centenar de expedientes que incluyen, entre sus medidas, la demolición de otras tantas construcciones ilegales en Telde, un municipio en el que el portavoz de la comisión que aglutina a los propietarios de viviendas levantadas en suelo rústico, Isaac Florido, calcula que ya existen unas 5.000 casas clandestinas.
Los propietarios de estas residencias siguen con el miedo en el cuerpo después de que, durante los últimos meses, el Ejecutivo autónomo no haya cedido en su política de imposición de multas y advertencias de demoliciones y la intermediación de la Concejalía de Urbanismo de Telde no esté respondiendo a las expectativas generadas.
Medio millar de estos afectados acudieron el pasado día 13 a una multitudinaria asamblea informativa a la que asistieron los ediles José Antonio Perera y Guillermo Reyes y en la que se volvió a exigir al consistorio de Telde que agilice los trámites para regularizar, en el Plan General de Ordenación, la situación de al menos 1.520 de estas construcciones.
Florido estima que en todo el municipio hay unas 5.000 casas ilegales, y que al menos 3.000 de estas son "las que corren más peligro al haberse construido a partir de los años 80 y tras el cambio de legislación".
El respaldo municipal se antoja como muy necesario para intentar conseguir que, en una segunda fase, la administración regional conceda una amnistía a muchas de estas residencias, por lo que también se ha solicitado a Perera que envíe al Gobierno de Canarias la documentación necesaria para congelar las órdenes de demolición o, en su defecto, proponga al pleno municipal la aprobación de una resolución en este sentido.
"No soportamos un día más la agonía de no saber si dentro de 15 días o un mes nos vamos a quedar sin vivienda o sin tendremos que hacer frente a multas desorbitadas y que oscilan entre los 60.000 y los 300.000 euros. Todo ello por la ineficacia municipal", apuntó el también presidente de la asociación vecinal Hespérides, en Montaña Las Palmas, donde se contabilizan varias casas precintadas.
Florido comparte la opinión de que, sin ser determinante, el apoyo del consistorio es fundamental para lograr el indulto del Ejecutivo autónomo.
* La Provincia - ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ - 19.02.09
Foto: Telde (Gran Canaria) - tiempoocio.com
La fiscalía implica al presidente valenciano, Francisco Camps, en la trama corrupta
ELPAÍS* : Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón.
En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).
El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación.
En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
Es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos.
La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado "cientos de miles de euros" a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.
Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia:
- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero.
Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.
Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año.
El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones.
- Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...".
En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".
Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio.
- Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 19/02/2009
Foto: Francisco Camps, el martes, en Benidorm (Alicante).- EFE
El suelo urbanizable creció más del doble de lo necesario en nuestro país entre 2001 y 2007
ELMUNDO* : El crecimiento urbano en España es completamente "insostenible", según el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE). Este organismo ha revelado que entre 2001 y 2007 el suelo de naturaleza urbana (terreno urbano y urbanizable) creció más del doble de lo necesario.
El informe denuncia que el planeamiento urbano y la ordenación del territorio dejan mucho que desear en España y que el crecimiento urbano está "claramente desvinculado" de la necesidad de vivienda. Según el estudio, en 29 de las 50 capitales de provincia estudiadas, el terreno de naturaleza urbana creció una media del 39%, lo que supone seis veces más que el aumento poblacional.
En algunas ciudades, puntualiza el informe, el crecimiento ha sido "espectacular", como en Murcia, que ha llegado al 216%, Toledo (135%), Salamanca o Barcelona, mientras que en otras, como Granada, pese a que la población ha decrecido el 2,22%, el terreno urbanizable ha aumentado un 14%.
También en el periodo 2001-2007, el valor catastral creció una media del 25% en todas las ciudades estudiadas, un valor que se duplicó en Murcia (160%), Madrid (143%) y Barcelona (118%) principalmente por el aumento del patrimonio urbanizable.
En el caso de Murcia, la revalorización catastral se debe a una "reclasificación masiva" del terreno, en Madrid a las grandes bolsas de suelo urbanizable, y en Barcelona a la revalorización de los inmuebles del centró urbano, puntualiza el OSE.
En cuanto a la sostenibilidad local, el informe destaca que casi la mitad de los municipios estudiados tiene planes asociados a la Agenda 21 Local, un compromiso universal, acordado en la cumbre de Río de Janeiro (1992), para hacer compatible el progreso con el respeto al medio ambiente. Sin embargo, según el estudio, aunque en la práctica los municipios cuenten con estos planes, en la realidad, no se ponen en marcha porque carecen de presupuesto.
El informe recuerda que cumplir este compromiso es tan fácil como rehabilitar las ciudades "en clave energética". Eso sería no sólo un elemento de futuro y de desarrollo sostenible, sino "una respuesta a la crisis actual" y a la falta de empleo y de dinamización de la economía.
Por último, el OSE advierte de que los principales riesgos del mundo rural son el despoblamiento y abandono, que conducen a la falta de infraestructuras y servicios, y reducen la calidad de vida de sus habitantes (el 20 por ciento de la población española). No obstante, destaca que, en sustitución de la agricultura tradicional, el mundo rural puede encontrar nuevas oportunidades en los cultivos ecológicos, los biocombustibles y las políticas ligadas al cambio climático.
* El Mundo - EFE - 17.02.09
Foto: Terrenos aún por edificar | Carlos Alba, elmundo.es
Las denuncias vecinales revelan planes urbanísticos sin estudio de inundabilidad
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LEVANTE* : La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana paralizando la construcción de 300 pisos sobre suelo inundable de Peñíscola ha puesto de relieve la existencia de grietas por las que se está esquivando la aplicación del Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundación (Patricova), un instrumento pionero en España.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, con competencias sobre el dominio público hidráulico que gestiona la Comisaría de Aguas, y la Conselleria de Agua, Medio Ambiente y Urbanismo, promotora y responsable de la aplicación del Patricova, coinciden en la validez de este instrumento. No obstante, aquí acaban las coincidencias.
Fuentes de Medio Ambiente dijeron que el Plan de Reforma Interior (PRI) anulado por el TSJ afectaba a suelo urbano "consolidado". Las fuentes ignoran por qué el Ayuntamiento de Peñíscola, que ayer anunció oficialmente que no continuará con el proyecto, no exigió el informe de inundabilidad y la razón de que la Comisión Territorial de Urbanismo no lo demandó.
Por su parte, fuentes de la Comisaria de Aguas del Júcar confirmaron que "nadie" había solicitado a este organismo que informara, como es preceptivo por la Ley de Aguas, el por otra parte inexistente estudio de inundabilidad en Peñíscola.
Las fuentes admitieron que si un ayuntamiento o las comisiones territoriales de urbanismo no piden a la Comisaria de Aguas que informe un estudio de inundabilidad, ellos no intervienen y, por tanto, la carencia no consta en este organismo. Según estas fuentes existe un número "indefinido" de actuaciones urbanísticas a las que no se ha aplicado el Patricova y ponen como ejemplo que en tan solo una semana se han conocido dos casos en Peñíscola y en Utiel que tienen su origen en denuncias vecinales.
Según estas fuentes, la Comisaría de Aguas solo informa sobre la corrección del estudio que normalmente le remiten los ayuntamientos o la conselleria y que elaboran los promotores de suelo, ya sea una corporación municipal o una empresa privada.
"Nosotros determinamos si ese informe está bien hecho y si se han considerado todos los elementos. Sí es así, el estudio cuantifica el riesgo: calado y duración de la inundación y periodo de recurrencia y generalmente propone medidas correctoras. Sin embargo, la responsabilidad de exigir que se cumplan estos requisitos que hacen posible urbanizar suelo calificado a priori como inundable recae en los ayuntamientos y nosotros solo intervenimos si existe afección al dominio público, que por otra parte debe quedar fuera de cualquier proceso urbanizador", dijeron.
Un PAI paralizado en Utiel
Las denuncias de los vecinos de una orilla del río Magro en Utiel han logrado paralizar las obras de un PAI que se estaba desarrollando justo al otro lado del río. El PAI se llama Sector-3 Barrio de San Isidro, tiene 42.600 metros cuadrados y está previsto que se edifiquen 170 viviendas de tipo unifamiliar.
La actuación, pese a levantarse sobre suelo inundable, no dispone del estudio de inundabilidad que regula el Patricova y que si fue solicitado sin embargo para una actuación similar situada justo al lado de la denunciada. Sin embargo, la paralización no se produce técnicamente porque el proyecto urbanístico carezca de estudio de inundabilidad al que obliga el Patricova.
Fue la denuncia de los vecinos la que alertó a la guardería fluvial, que comprobó que algunos viales y el alcantarillado invadían la zona de policía del cauce, donde además se estaba sobreelevando el terreno, lo que traslada el riesgo a los vecinos situados al otro lado del río.
* Levante-EMV - José Sierra, Valencia - 18.02.09
Foto: Peñíscola (Castellón), terreno inundable paralizado - levante-emv.com.
El jefe del Plan Forestal de la Comunidad, imputado por presunta prevaricación
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ELMUNDO/Madrid* : El juzgado de instrucción nº6 de Collado Villalba, que investiga la construcción de un hotel de lujo en suelo protegido en Cercedilla, ha citado a declarar, en calidad de imputado, a Pablo Sanjuanbenito García, jefe de Área de Desarrollo del Plan Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, por un presunto delito de prevaricación.
Deberá declarar el 9 de marzo.
A través de un auto con fecha 4 de febrero, el Juzgado admite la ampliación de denuncia presentada por Ecologistas en Acción y asciende a cinco personas las imputadas en las Diligencias Previas abiertas.
El pasado 8 de octubre ya declararon como imputados el arquitecto municipal de Cercedilla, José María Pérez Poza; el presidente de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, José Luis Hurtado Alemán; la presidenta de la empresa promotora de las obras Chalet Peñalara de Fuenfría SL.Julia Castelo Berástegui y al arquitecto redactor del proyecto del nuevo hotel, Fernando Venero Frieben.
Los hechos que se denuncian se iniciaron en 2006, cuando el arquitecto municipal de Cercedilla informó favorablemente sobre la construcción de un hotel de lujo en suelo especialmente protegido, en un monte de utilidad pública, aprovechando la existencia de un edificio ruinoso que sirvió de refugio-albergue de montaña.
Este refugio fue autorizado en 1917 como concesión para el uso y disfrute de los socios de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. El edificio fue abandonado a mediados de los años noventa y quedó en estado ruinoso.
"Desde el inicio de las obras y hasta 2008, los agentes forestales llegaron a interponer hasta seis denuncias que nunca fueron tramitadas por la Consejería de Medio Ambiente. Ante la pasividad de esta administración los hechos se denunciaron en los juzgados de Collado Villalba", señala Ecologistas en Acción.
La Comunidad no había tomado una decisión
La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid subrayó que el jefe de Área de Desarrollo del Plan Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Pablo Sanjuanbenito García, no ha recibido notificación de su supuesta imputación en un caso de prevaricación, al tiempo que apuntó que la decisión sobre esta operación no ha sido tomada todavía por el Gobierno regional.
Así, fuentes de Medio Ambiente señalaron que Sanjuanbenito no ha sido informado sobre la denuncia, ni ha sido convocado todavía para prestar declaración. En cuanto al fondo del asunto, "lo único que ha hecho es abrir un expediente tras la propuesta de la Real Sociedad Alpina Peñalara, que tiene el derecho de uso del albergue, de cambio de su titularidad".
El responsable de Medio Ambiente "se ha limitado a recibir la propuesta para estudiarla y solicitar un informe al servicio jurídico de la Consejería para determinar si puede realizarse", señalan las mismas fuetnes. "Por lo tanto no hay decisión tomada por parte de la Consejería", subrayan desde la Consejería, donde apuntan que se están planteando la posibilidad de denunciar a Ecologistas en Acción.
* El Mundo - Europa Press - 17.02.09
Foto: Cercedilla (Madrid), hotel denunciado - Ecologistas en Acción
Residentes británicos piden a su primer ministro que los proteja frente a la ley urbanística
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LASPROVINCIAS/Valencia* : El International Herald Tribune, uno de los diarios con mayor prestigio en Europa, publicaba en su edición del martes un artículo crítico sobre el urbanismo español. El periódico recogía la noticia de que medio millar de ciudadanos británicos residentes en España van a dirigir al primer ministro inglés, Gordon Brown, para que intervenga ante el Gobierno español ante los "abusos" urbanísticos que se están cometiendo en España y la Comunitat.
Los ciudadanos británicos se hacen eco del Informe Auken aprobado el pasado miércoles por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. El documento denuncia la situación de "corrupción endémica" generada en España por los abusos urbanísticos ante la pasividad de las autoridades españolas.
El eurodiputado popular español José Manuel García Margallo indicó que es la evidencia más clara del "daño" que este tipo de informes pueden hacer a la imagen de España y la Comunitat Valenciana en uno de sus principales mercados turísticos.
García Margallo recordó que el informe que tiene que debatirse en el pleno de la Eurocámara del 26 de marzo no es vinculante, "pero daña la imagen de España".
El artículo explica que medio millar de ciudadanos británicos residentes en España pedirán antes de que acabe el mes a Brown que haga de "voz" de los afectados por los "abusos". Entre todos ellos tienen propiedades en España por un valor superior a los 13 millones de euros. "El 24% han cerrado acuerdos sobre propiedades ilegales, que no pueden ser devueltas y se enfrentan a una posible demolición", resalta.
Los ciudadanos británicos acusan a los abogados españoles de no haberles dado "una correcta representación legal". Los peticionarios esperan que si fuerzan la intervención de Gran Bretaña y la Unión Europea, "se hará justicia".
Mientras, la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo está preparando un documento sobre la situación del urbanismo valenciano alternativo al Informe Auken. El conseller José Ramón García Antón explicó ayer que su departamento está confeccionando un informe que mejorara la visión del urbanismo en España y sobre todo en la Comunitat, dibujado por la eurodiputada danesa.
La intención de la Conselleria es que los europarlamentarios españoles lo incorporen a la resolución alternativa que tienen prevista en el pleno del Parlamento Europeo del próximo 26 de marzo, donde se tiene que votar el informe Auken.
Tras la aprobación del informe Auken, los representantes españoles del PP y el PSOE en la Eurocámara anunciaron la presentación de resoluciones alternativas con el objeto de suavizar las conclusiones del documento elaborado por la eurodiputada danesa.
El conseller de Medio Ambiente mostró su extrañeza por la dureza del informe redactado por Margrete Auken. García Antón recordó que mantuvo un encuentro con la eurodiputada danesa en el que se le explicó la labor que estaba realizando su departamento para reunificar la legislación y mejorarla. "Llegamos a enseñarle planes que íbamos a aprobar y se mostró favorable", recalcó el representante del Gobierno valenciano.
En cualquier caso, García Antón explicó que desde la Conselleria se estaba trabajando de forma conjunta con el PSOE para consensuar un pacto urbanístico en la Comunitat que permita superar el conflicto abierto con el urbanismo.
El conseller recordó que fueron los socialistas los que llevaron a Europa el urbanismo valenciano, "y ahora parece que se han dado cuenta de que lo mejor es que algunos problemas se resuelvan internamente". "Obviamente han cambiado de postura, aunque no ha sido suficiente para frenar el informe", puntualizó.
* Las Provincias - 18.02.09 -
J. SANCHIS
Foto: Benissa (Alicante), urbanizaciones - lasprovincias.es
Madrid: Un paisaje en peligro
ELPAÍS* : El Arzobispado quiere construir una 'ciudad de la Iglesia' en la cornisa occidental de Madrid. El mejor paisaje de Madrid peligra. La línea de cornisa que dibuja en cuatro escalones geológicos la hasta ahora arbolada fachada occidental de la ciudad, la misma que perfilaran en sus grabados y dibujos Teixeira, Winthuysen y Francisco de Goya desde la Pradera de San Isidro, va a recibir en las próximas semanas, si nadie lo remedia, hasta 28.604 metros cuadrados de construcciones de nueva fábrica.
El promotor de la obra, con la oposición vecinal y municipal desde que se pergeñara el proyecto hace una década, es el Arzobispado de Madrid, que ha elegido este talud histórico, enclavado entre Las Vistillas y el ábside de la basílica de San Francisco el Grande, para edificar su compacta Ciudad de la Iglesia, con un edificio de fachada de hasta 140 metros.
La Comisión de Urbanismo, que precede al próximo Pleno municipal de fin de febrero, se apresta hoy a desechar las alegaciones vecinales en contra y a dar su luz verde a un proyecto denominado de Plan Parcial de Reforma Interior de la Cornisa del río Manzanares, del Arzobispado de Madrid.
El proyecto consiste en levantar sobre este espacio -tan unido a la imagen de la ciudad y de su paisaje- una Casa de la Iglesia, uno de cuyos edificios cuenta con 140 metros de fachada y 14.000 metros cuadrados de superficie, con su correspondiente estacionamiento para 200 plazas y cuatro plantas; además, una residencia de sacerdotes, con 3.147 metros cuadrados de superficie y tres plantas, más un centro integrado para mayores, de 5.557 metros cuadrados de superficie sobre la actual zona que ocupan la ermita de Santa María de la Cabeza y un hogar para indigentes en la esquina de la calle de Segovia y la ronda de igual nombre; más una biblioteca diocesana de San Dámaso, de 6.000 metros cuadrados, una calle abierta al tráfico en zona verde y otra, de igual apertura, con 1.600 metros cuadrados, que dividirá el llamado parque de la Cornisa, como la vía anterior, para uso particular del Arzobispado, según denuncia la Asociación Vecinal del Parque de la Cornisa.
Durante los últimos años, el Arzobispado de Madrid planeó ubicar su biblioteca diocesana de San Dámaso en el interior de la capilla del Obispo, en la plaza de la Paja, cerrada por obras desde hace una década. Es, con los Jerónimos, el único vestigio del estilo gótico tardío de la ciudad y una de las escasísimas joyas arquitectónicas medievales.
De prosperar este proyecto arzobispal, la ciudad de Madrid perderá también 15.000 metros cuadrados de zonas verdes, donde crecen hoy al menos quinientos chopos, abetos y otros árboles sobre frondosas praderas que tapizan el talud. El proyecto, ideado por el Arzobispado desde hace años y modificado en numerosas ocasiones desde 1997, ha sido objeto de una dura impugnación vecinal así como transacciones políticas entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento, que dice recibir a cambio una escuela infantil de 1.001 metros cuadrados, con dos plantas, y una instalación de uso deportivo público de 5.213 metros cuadrados de superficie distribuidos en dos alturas.
Según la denuncia vecinal, la ejecución de este plan implicará la pérdida de la traza de la Cerca histórica de Felipe IV, tapial presente en toda la planimetría de Madrid desde el siglo XVII, así como la de los jardines tardorrománticos, herederos de los renacentistas que circundaban el palacio de los príncipes de Mélito desde 1570, legados a los Duques de Osuna y referencia de los jardines de El Capricho, en la Alameda de Osuna. De ellos quedan aún vestigios en el jardín del Seminario diocesano, un imponente edificio decimonónico de ladrillo que domina esta zona occidental de Madrid y que hoy se encuentra semivacío por falta de vocaciones sacerdotales. El seminario se erigió sobre el antiguo palacio ducal.
Una mera prospección arqueológica permitiría hallar los vestigios de este enclave renacentista, del que quedan todavía dentro del jardín del seminario una antigua fuente junto a una columna de orden toscano, además de numerosas escaleras de piedra para cubrir los desniveles de esta zona ataludada.
Para la paisajista Ángela Souto, "esta cornisa es el rasgo de identidad paisajística más singular de la ciudad". Souto, profesora de Paisaje en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, remarca que "la cornisa se asienta sobre un escarpe o promontorio geológico que da su personalidad a la ciudad; se trata de un paisaje de una enorme fragilidad visual que hoy, ante este proyecto, se ve seriamente amenazado". Souto subraya además la presencia sobre la cornisa madrileña de "hitos, siluetas y torres, además de una base vegetal arbórea en los jardines del seminario". Y sentencia: "Todo este paisaje, si se construye sobre él, va a quedar destruido".
El arquitecto Vicente Patón resalta lo que define como "el macizamiento al que va a quedar sometida esta zona impar de Madrid". Y explica que "en su perímetro interior, esta zona contigua a San Francisco el Grande alberga hasta seis monumentos, entornos o elementos arquitectónicos catalogados como Bienes de Interés Cultural, es decir, que deberían gozar de la máxima protección urbanística reconocida por ley". Sin embargo, agrega el arquitecto, "tras sucesivos cambios en el Plan General de Ordenación Urbana, se van a imponer a toda la zona unos volúmenes de edificabilidad desmesurados e irreversibles, que implicarán además patios perimetrales para ventilarlos y elementos de cubierta con una presencia visual muy impactante". Y añade: "Todas las alegaciones que desde el Colegio de Arquitectos y desde la Comisión de Patrimonio se formularon en su día contra esta desmesura rebotaron en el Ayuntamiento", destaca Patón, "menos una que criticaba el primer proyecto arzobispal que consistía en colocar ahí un enorme adefesio de cristales".
"El área de la cornisa ha sufrido del olvido por verse encerrada en una bolsa incomunicada con la ciudad", se lamenta desde Viena Álvaro Bonet, que realiza en la capital austríaca una estadía de Arquitectura y Paisajismo. "Sin embargo, su valor patrimonial histórico y medioambiental es enorme", añade. "Ya el proyecto del arquitecto Juan Navarro Baldeweg de 1982 se proponía integrar el área en la ciudad y hacía un cosido que convertía la zona del seminario en un jardín público". Por cierto, Las Vistillas y el Seminario, pese a hallarse incomunicadas, se conectan con un vínculo visual potente.
Para Milagros Hernández, concejal de Izquierda Unida, "el equipo de Gobierno municipal cede aquí suelo público urbano a una institución privada como la Iglesia católica, que quiere levantar sobre un espacio de todos su Vaticano particular". Francisco de Santiago, asesor del Arzobispado consultado ayer al respecto, remitió al ingeniero Ramón Colsa para ampliar la información del proyecto. Sin respuesta.
* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS - MADRID - 18/02/2009
Foto: 'La pradera de San Isidro' por Goya- MUSEO DEL PRADO, elpais.com
"Goberne quen goberne, Galiza non se vende"
El pasado domingo 15 de febrero tuvo lugar en Compostela una manifestación denunciando la destrucción del territorio, de la biodiversidad, de los recursos naturales, y del patrimonio cultural de Galiza; denunciando la actitud continuísta neoliberal del gobierno galego (PSOE y BNG) respecto a las políticas anteriores del PP; y apostando por proyectos basado en la sostenibilidad ecológica y la justicia social.
¿Qué es Galiza Non Se Vende? Difundimos un breve acercamiento a esta plataforma y la cobertura de su última manifestación.
La plataforma Galiza Non Se Vende se presentó públicamente en noviembre del 2007. 57 colectivos componen dicha plataforma que denuncia la destrucción del territorio y exige un cambio inmediato que "ponga la sostenibilidad ecológica y la justicia social en el centro de las políticas" con el objetivo de construir "una Tierra viva y una vida digna para todos"
Los colectivos parte son organizaciones y asociaciones políticas, sociales, ecologistas, culturales y vecinales. De la red no formarán parte fuerzas políticas y sindicales. La red será horizontal y con una estructura mínima, y el protagonismo será de los colectivos integrantes.
Las mobilizaciones convocadas por la plataforma surgen como una reacción y denuncia contra la destrucción del territorio, del paisaje, de la biodiversidad, de los recursos naturales, y del patrimonio cultural. Contra el empeoramiento de la calidad de vida y la hipoteca que se impone a las generaciones futuras para enriquecer a una minoría. Contra la extensión de un modelo económico insolidario y depredador al servicio de los intereses capitalistas y especulativos. Contra el neoliberalismo y por un desarrollo sostenible.
Galiza No Se Vende sitúa entre los principales problemas de Galiza el plan acuícola elaborado por la Xunta que implica la devastación de espacios protegidos poniéndolos en manos de multinacionales del pescado, la Ley de Minería, la Ley de Puertos Deportivos, el urbanismo salvaje, la destrucción del litoral y de las rías, la instalación de industrias peligrosas y contaminantes como Reganosa y Ence, la eucaliptización de los montes galegos, la falta de un proyecto de desarrollo agrario, así como la destrucción del entorno provocada por los parque eólicos y la contaminación generada por las centrales térmicas.
Los objetivos de la plataforma son:
- Intercambiar información y experiencias entre personas y colectivos en defensa del patrimonio natural, social y cultural de Galiza y de sus valores ambientales proponiendo alternativas de conservación y restauración que mantengan su integridad. La red Galiza Non Se Vende actuará de multiplicadora de los esfuerzos destinados a generar alternativas y cambios en el modelo de gestión del territorio.
- Apoyar las mobilizaciones sociales en defensa de los valores del territorio y actos de protesta por la represión e injusticia (denuncias, juicios) contra personas y colectivos que pacificamente están ejerciendo el derecho libre a defenderlo y de su legalidad, difundiendo alertas y convocatorias de mobilización.
- Difundir las noticias de los colectivos, logrando que trasciendan del ámbito local, convirtiendo la red Galiza Non Se Vende en una herramienta de amplificación de la problemática del territorio galego y permitiendo adoptar una visión de conjunto de las agresiones a nuestro patrimonio natural.
- Aumentar la sensibilización social mediante la divulgación y concienciación de la ciudadanía ofreciendo un canal de denuncia y participación activa.
- Generar sinergias que permitan mejorar la capacidad de presión sobre gobiernos y empresas sumando las fuerzas de los colectivos integrantes.
- Alcanzar un gestión más sostenible y solidaria de los recursos naturales de Galiza y una ordenación del territorio racional y socialmente justa.
Más información: Galiza Non Se Vende: Manifesto por un Litoral Vivo
2ª Manifestación nacional: "Goberne quen goberne, Galiza non se vende"
El pasado domingo 15 de febrero, Galiza Non Se Vende convocó su segunda manifestación nacional, el lema "Goberne quen goberne, Galiza non se vende". Miles de personas -la cifras rondan las 6.000 personas- se acercaron a Compostela para manifestarse.
La manifestación partió de la Alameda al mediodía, recorrió las principales calles del casco histórico de Compostela y concluyó en la Praça da Quintá, donde se leyó el manifiesto consensuado por la totalidad de las organizaciones convocantes de la mobilización
Un manifiesto que denuncia la actitud continuísta neoliberal del gobierno galego (PSOE y BNG) respecto a las políticas anteriores del PP, "cayendo en manos del capitalismo más depredador"
Un manifiesto que incide en las nefastas políticas ambientales que devastan los recursos naturales de Galiza y alimentan un orden social injusto e insostenible.
Texto íntegro del comunicado[Traducción]
Compañeros y compañeras:
Volvemos hoy aquí, un año después de la última cita, porque sobran los motivos.
Las personas que gritamos GALIZA NON SE VENDE expresamos nuestra más enérgica protesta ante el panorama que deja este gobierno disfrazado de progresista con sus políticas ambientales y sociales que están destruyendo los recursos naturales de Galiza, su biodiversidad y su patrimonio humano y cultural. Políticas ambientales y sociales que significan la continuación de las de gobiernos anteriores en el triste camino de entregar el país a las grandes empresas multinacionales y a los grandes intereses económicos, utilizando el gasto público para alimentar este obsoleto e injusto modelo económico y social.
Políticas que, ciegas y sordas ante las profundas crisis económica, energética y ambiental que vivimos, pretenden seguir, como si nada pasara, en la senda imposible del “crecimiento económico continuo e ilimitado”. En la trastornada senda de destruír más, para producir más, para consumir más.
La lista de los objetivos y puntos de denuncia es, por desgracia, larga y variada. Se centran en el corazón dañado de nuestra realidad natural y social: Denunciamos el proceso de marbellización de nuestro litoral. Especulación y paseos de hormigón. Niveles de contaminación de nuestras rías que las hacen incompatibles con la pesca y el marisqueo. Un Plano de Puertos Deportivos que pretende multiplicar por cuatro los que ya existen, enmascarando urbanizaciones y apropiación privada del litoral, buscando tan sólo un buen negocio a cuenta de nuestra costa.
Denunciamos un Plano Acuícola devastador de las zonas mejor conservadas del litoral para provecho de las empresas transnacionales. Un plano acuícola que ameaza Corrubedo, Quilmas, Corcubión, Merexo, Camelle, Arou, Seráns, Oia, Lira, Camariñas, Muros, Malpica, Valdoviño, Ribadeo… y hasta 12 lugares más.
Denunciamos un Plano Eólico caótico que no tiene en cuenta áreas de alto valor ecológico, arqueológico, ni las zonas protegidas, que agasalla con nuestros montes a las compañias privadas de electricidad: Serra da Groba, Serra do Xistral, Serra de Careón, Serra do Suído, Os Ancares y tantos otros lugares.
Denunciamos un Plan de Minería, que es un triste modelo de expoliación del territorio, zonas de gran riqueza natural: A Serra do Courel, a Terra Cha y muchas otras comarcas de Galiza.
Todos estos planes y deshechos se camuflan bajo la mentirosa cantinela de una supuesta creación de puestos de trabajo. Una cuenta que sólo cuantifica los puestos que se crean y nunca tiene en cuenta los que se destruyen, tanto en la pesca como en el marisqueo, como en la agricultura, en la pequeña industria, en el comercio tradicional y en el turismo rural y cultural. Defendemos la pesca artesanal, totalmente desamparada en el camino programado hacia su extinción.
Denunciamos la continuidad del modelo de concentraciones parcelarias destructoras de áreas de valor ambiental, agrícola y paisajístico, que ahondan en un modelo de agricultura industrial e insostenible.
Exigimos medidas que eviten el progresivo abandono del rural y del agro, que nos hace ser dependientes, teniendo que importar los productos más básicos y, por la contra, fomenta la introdución de los peligrosos transgénicos y de los cultivos energéticos.
Nuestros ríos están completamente contaminados y la degradación y sobre-explotación hidroeléctrica está matando su biodiversidad. Los vertidos a los ríos Umia, Tambre, Sar, Gallo, Alvedosa, Lagares, Lengüelle o el desastre do Xallas, son sólo algunos ejemplos.
Nuestros montes están sufriendo un proceso de eucaliptización total, acabando con la biodiversidad autóctona, para beneficio exclusivo de las celulosas. Un proceso estrechamente ligado a los incendios forestales que genera mayor vulnerabilidad ante temporales como los que acabamos de padecer.
Industrias nocivas y peligrosas se esparcen por todo el país, como Reganosa, Ence, o el proyecto de Parque de Residuos en el Ribeiro… Denunciamos los lagos artificiales d´As Pontes y Meirama por el peligroso impacto ambiental y social y denunciamos el posible traslado de Ence a la localidad d´As Pontes.
Sufrimos un sistema de transportes que fomenta el uso del vehículo privado, significa la continua construción de carísimas autovías y supone un fuerte e irreversible impacto en el territorio. Un sistema que nunca resuelve definitivamente el problema de la saturación del tráfico sino que lo acrecenta. El Plan de Carreteras de Galiza o el de Vigo Íntegra son buenos ejemplos de malgasto del dinero público en la perpetuación de un sistema obsoleto e ineficaz, que lleva aparejado el abandono del transporte público, terrestre, marítimo y ferroviario.
El golpe de gracia a nuestra pobre red de ferrocarril viene ahora de la mano del AVE, que va a significar el cierre de docenas de estaciones y el desmantelamiento del precario sistema de trenes de proximidad, en aras de un negocio destructor del territorio, elitista y energéticamente insostenible. La legalidad urbanística, ambiental y de patrimonio son sistemática e impunemente vulneradas con la complicidade de las distintas administraciones, cuando no por su propia actuación e iniciativa. Los cascos viejos de las villas y ciudades, nuestro patrimonio histórico, arqueológico y natural son presa de la destrución más feroz, incluso los espacios que supuestamente están protegidos.
Proliferación de parques industriales desproporcionados y sin planificación; directrices de ordenación del territorio simplistas y de óptica meramente urbana; proyectos de áreas metropolitanas impactantes y centralizadoras, como las de Coruña-Ferrol o Vigo-Pontevedra; urbanismo masificador y salvage, campos de golf, depuradoras inoperantes, tratamiento de residuos ineficaz basado en la incineración contaminante y tantas cosas más…
Las personas que gritamos GALIZA NON SE VENDE expresamos nuestras ganas de vivir y de recuperar y potenciar los espacios y conocimientos que nos sirvieron durante siglos, para que nosotros y las personas que vengan después tengamos un futuro garantizado.
“Nosotros sabemos que la Tierra no nos pertence, sino que somos nosotros los que le pertencemos a la Tierra“. (1)
Por eso no la podemos vender.
Pertenecemos a una tierra antigua, montuosa y delicada, humanizada de hecho sostenible a lo largo de siglos. Una tierra donde casi cada lugar tuvo y tiene utilidad material y significado vital y que lleva asociado, por tanto, un importante patrimonio cultural, histórico, arqueológico y etnográfico. Es un importante patrimonio inmaterial que está inserto en la conciencia colectiva del País.
“Nosotros sabemos que el ser humano no creó el tejido de la vida, sino que es tan sólo un hilo de él. Y aquello que hagamos a ese tejido lo haremos también a nosotros“.(1)
Las personas que gritamos GALIZA NON SE VENDE tenemos muy claro que no vamos a quedar indiferentes ante falsos discursos de ciudadanías y democracias cuando se nos criminaliza por ser ciudadanos y ciudadanas y expresar lo que pensamos. No nos vamos a quedar indiferentes ante discursos que vacían de contenido las palabras, e ocultan detrás actuaciones llenas de parcialidad.
“Cómo se puede comprar el azul del cielo o el calor de la tierra? Quién puede vender el viento, las ondas del mar o la luz del amanecer? El ser humano no puede poseer la tierra, como tampoco puede ser amo del cielo, del frescor del aire o del brillo del agua. Nosotros somos una parte de la Tierra, y ella es una parte de nosotros”.(1)
Por eso estamos aquí, para mostrar que aún mantemos intacta nuestra dignidad de pueblo que no quiere morir. Para defender el paisaje, la naturaleza, la Tierra, nuestra identidad y nuestra forma de vida. Para reclamar nuestro derecho a una tierra viva y a una vida digna.
Para gritar una vez más, con voz unánime, fuerte y clara:
GOBERNE QUEN GOBERNE, GALIZA NON SE VENDE
Compostela, 15 de febreiro de 2009
(1) “Nosaltres som una part de la terra” Mensaje del Gran Jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos de América en el año 1855. J.J. Olañeta, editor. Palma de Mallorca 2002.
Fuente: Galiza Non Se Vende
* Nodo 50 - Martes 17 de febrero de 2009
Foto: Galiza Non Se Vende
Un conseller de Camps lleva 10 años adjudicando obras a la empresa de unos íntimos amigos
SER/Valencia* : Serafín Castellano ha adjudicado numerosas obras a la empresa de unos amigos personales, Construcciones Taroncher y Asociados SL. Con esos amigos comparte además intereses comunes, ya que su esposa y la administradora de Construcciones Taroncher y Asociados SL compraron unos terrenos en abril del año pasado. En la firma ante notario para formalizar la hipoteca de las tierras estuvo presente el propio Conseller, casado en gananciales con su esposa.
Durante 2008, la empresa de los amigos personales de Serafín Castellano, Conseller de Gobernación de la Comunidad Valenciana, Mari Ángeles García y José Miguel Pérez Taroncher, administradora y apoderado de Construcciones Taroncher y Asociados SL respectivamente, se ha encargado de distintas obras de la Generalitat.
En concreto ha llevado a cabo, por ejemplo, las obras de la sala de mando del Centro de Emergencias de la Comunidad Valenciana, la reparación del tejado del mismo centro, la instalación del sistema de detección de incendios y gran parte de la reforma del alumbrado. En todos los casos a través de contratos menores que evitan el concurso con otras compañías y que la adjudicación tenga que hacerse pública a través de los boletines oficiales. Según la documentación en poder de la Cadena Ser, la firma autorizando las obras es del propio Conseller de Gobernación.
Desde que Construcciones Taroncher y Asociados se crea, en septiembre de 1996, ha contratado con distintas administraciones de la Comunidad Valenciana, pero fundamentalmente con la Generalitat a partir de que Serafín Castellano se convierte en Conseller de Sanidad, en el año 2000.
Un año después, la constructora se hace con la adjudicación de las obras en el laboratorio de hormonas del Hospital Universitario La Fe de Valencia por 63. 523 euros. En el mismo año, la Consejería de Sanidad que dirige Serafín Castellano le adjudica la ampliación del centro de salud de Riba-Roja de Túria por 227.970 euros. Construcciones Taroncher y Asociados también se encargaría de las obras de rehabilitación de suelos y puertas en los quirófanos del hospital maternal y del hospital infantil del Hospital Universitario La Fe, por los que recibiría casi 100.000 euros.
Y a partir de ahí, cuando Serafín Castellano deja de ser Conseller de Sanidad para asumir la portavocía del Partido Popular en las Cortes, la Consellería de Sanidad seguirá usando los servicios de la constructora. Le adjudica otras reformas que se acometen en el Hospital Universitario La Fe y en otros centros, como las obras de acondicionamiento del Centro de Salud de Manises. En total, más de 800.000 euros.
Serafín Castellano ha reconocido en que es íntimo amigo de los dueños de esta empresa constructora. Admite también que firmaron juntos la compra de unos terrenos, pero no ve inconveniente alguno en que sean contratistas del departamento que el dirige. Ni siquiera en las obras encargadas sin concurso, las obras a dedo que él mismo autoriza con su firma.
Compra de terrenos
La esposa de Serafín Castellano, Nuria Fundamento Rioja, y Mari Ángeles García, propietaria de Construcciones Taroncher y Asociados desde que la funda en 1996, compran juntas en abril de 2008 unos terrenos de 27.000 metros cuadrados en Lliria, en Valencia. Para ello suscriben una hipoteca con el Banco Popular de la que son responsables solidarias. A la formalización del préstamo acuden el propio Conseller de Gobernación, su esposa, Nuria Fundamento Rioja y el matrimonio de Mari Ángeles García y José Miguel Pérez Taroncher.
Serafín Castellano, un zaplanista reconvertido
Serafín Castellano fue zaplanista hasta que se distanció del ex presidente de la Generalitat, como tantos otros, para acercar su postura a la de Francisco Camps, actual presidente autonómico. Castellano ha ocupado distintas consellerías del gobierno valenciano con los populares en el poder. En el año 1999 fue Conseller de Justicia y Administraciones Públicas hasta el año 2000, cuando pasa a ocupar la Consellería de Sanidad hasta el 2003. A partir de este año es el portavoz del Partido Popular en las Cortes y en el 2007 ocupa el cargo de Conseller de Gobernación, que ocupa en la actualidad.
Serafín Castellano es amigo personal de José Miguel Pérez Taroncher, con el que comparte cacerías y partidos de pelota.
* SER - 16.02.09
Garzón investiga una comisión de tres millones por un pelotazo inmobiliario
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ELPAÍS/Madrid* : Correa exigió cobrar una deuda de dos millones al Gobierno de Esperanza Aguirre. La promoción Boadilla Park, aprobada en 2006, es uno de los más lucrativos casos de supuesta corrupción que tiene bajo su lupa el juez Baltasar Garzón en relación con la trama vinculada al PP que dirigía Francisco Correa.
Los datos que obran en el sumario tienen el siguiente perfil acusatorio: UFC, constructora de José Luis Ulibarri, amigo de Correa, partió como claro caballo ganador en un concurso de suelo en Boadilla del Monte, un municipio madrileño donde el PP gobierna con amplia mayoría absoluta. Al concurso también se presentaron Nozar y Tecomsa, entre otras empresas constructoras.
Según fuentes conocedoras del sumario, la explicación que tiene Garzón en la denuncia que investiga sobre el desenlace del concurso es tan simple como explosiva: "Se adjudicó a UFC porque esta empresa pagó tres millones de euros [en comisiones ilegales]" a los responsables de adjudicar el concurso y a los que intermediaron en favor de Ulibarri. El concurso se adjudicó el 28 de octubre de 2006.
Según los testimonios obrantes en el sumario, dicha suma se la pagó el constructor José Luis Ulibarri, dueño de UFC, a Correa en su despacho profesional de Valladolid. La entrega fue en metálico. La denuncia señala que el chófer de Correa lo llevó en ese viaje. El chófer fue detenido ayer por la policía, que realizó registros relacionados con la operación, informa Efe. Además, hay testimonios que apuntan que tal suma fue posteriormente repartida con Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, del Partido Popular. González Panero lo niega tajantemente.
Reparto de dinero
En el sumario se han incorporado grabaciones donde se habla de una promoción en Boadilla, sin concretar cuál, donde Correa asegura que cobró el dinero por sus gestiones y luego lo repartió. Correa solía usar un discreto sistema para entregar sus sobornos o reparto de comisiones en metálico: lo hacía en el interior de cajas de zapatos que entregaba a cargos madrileños del PP.
Existe una singularidad en la oferta ganadora que UFC presentó al concurso del Ayuntamiento de Boadilla por 35 millones de euros: era tres millones más barata que la que perdió la adjudicación. Casualmente, la cifra ahorrada por Ulibarri para hacerse con la jugosa promoción inmobiliaria es idéntica a la suma presuntamente pagada en comisiones ilegales y sobornos a la trama de Correa y a los miembros del Ayuntamiento de Boadilla implicados.
UFC, a cambio de quedarse con el suelo, ofreció culminar el proyecto de construcción de 139 viviendas libres "de alto standing" en un tiempo récord doce meses, plazo que, según fuentes municipales de Boadilla del Monte, incumplió. Fue justamente el plazo de ejecución lo que inclinó la balanza a su favor en el fallo final del concurso. Un concejal independiente de Boadilla, Ángel Galindo, denunció en 2005 la irregularidad de esta operación inmobiliaria sobre suelo público.
Existe la sospecha, no verificada, y que consta en el sumario, de que hubo dos pagos por esta operación de 500.000 euros cada uno a una firma de Jacobo Gordon, amigo y ex socio del yerno de Aznar, Alejandro Agag.
En el negocio, según la denuncia que investiga Garzón, también estaba Alfonso Bosch, un alto cargo de Boadilla que hoy es diputado autonómico del PP. Sobre este presunto negocio bajo cuerda entre González Panero y Correa existe un precedente que facilitó su logro. Garzón posee testimonios sobre la existencia de un vídeo en el que González Panero cuenta dinero de una presunta comisión anterior rodeado de diversos cargos de su partido.
La grabación tuvo lugar, según los testimonios obrantes en el sumario, en el salón de la finca de Correa. Ese vídeo le sirvió a Correa, según se jactaba de contar a sus interlocutores íntimos, para presionar a González Panero y lograr sucesivos tratos de favor en el Ayuntamiento de Boadilla. González Panero jura ignorar la existencia de dicho vídeo y, por supuesto, niega dicha reunión.
El vídeo presuntamente comprometedor para el regidor de Boadilla también fue visionado por un alto cargo del Gobierno de Castilla y León. Es el vídeo por el que se jacta Correa de tener asegurado negocio en Boadilla por cuatro años. "Tuve que hacerle el vídeo para defender lo mío", se justifica Correa.
"Una empresa grande"
Correa no anda lejos de otro negocio que cobra inusitada turbidez: "Ibámos a adjudicar una cosa grande, una residencia de tercera edad en Boadilla; yo ganaba un pastón, la empresa era de un antiguo amigo mío de Córdoba". Lo decía Correa, sin cargo alguno en el Ayuntamiento de Boadilla, pero que figura como maestro que dirige no pocas operaciones municipales.
El chantaje parece haber sido un habitual método para conseguir contratos. Así, en relación con los contratos obtenidos a través de su trama de empresas, de modo directo o camufladas tras empresas blancas, Correa empezó a hacer llegar el siguiente mensaje a la Comunidad de Madrid: si no cobraba su deuda, que elevaba a más de dos millones de euros, difundiría que la Comunidad de Madrid había estado pagando facturas de actos del PP por la vía de abonar servicios no prestados a sus firmas.
El mensaje amenazador tenía como primer destinatario al entonces consejero de Deportes, Alberto López Viejo, destituido por Esperanza Aguirre sin haber detallado una sola de las decenas de irregularidades que ha dejado como herencia y a las que, el consejero de Hacienda, se esfuerza por depurar y buscar salida legal.
Legó un auténtico marasmo de facturas, ya que las asignaba a cada consejería organizadora de actos de Aguirre y las troceaba para adjudicar a dedo. López Viejo sigue siendo diputado autonómico, aunque Garzón posee datos de que recibió presuntos sobornos.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 17/02/2009
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
