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LEVANTE/Valencia* : La Plataforma Ciutadana de Paterna, una entidad recientemente constituida que agrupa a tres asociaciones vecinales, ha tildado de "escandaloso" que la Sociedad Urbanística Municipal (Sumpa) vaya a gastarse 6,1 millones de euros en la compra de una nueva sede en el Parc Tecnològic.
Estos colectivos opinan que "en tiempos de crisis y de austeridad presupuestaria" la compra es "contradictoria e innecesaria, así como presuntamente ilegal".
Las entidades critican que la adquisición "se va a realizar sin ningún tipo de concurso público, lo que permite albergar graves dudas sobre la idoneidad de la operación ante la falta de transparencia".
La plataforma ha criticado que la operación, aprobada por la unanimidad de todos los grupos municipales, "ha sido mantenida en secreto a la ciudadanía, ya que ni siquiera se informó al Consejo de Participación Ciudadana". Este consenso lo consideran "sencillamente escandaloso y de repugnante politiqueo a espaldas de los auténticos intereses de los vecinos".
Impedir la operación
Por todo ello, la Plataforma Ciutadana, que agrupa a entidades de La Canyada y Terramelar, insta "a los partidos de la oposición y al resto de las entidades responsables del municipio" a impedir que se consume la operación "que se ha fraguado de espaldas los intereses de los ciudadanos de Paterna".
* Levante-EMV - 21.12.2008
Foto: Paterna (Valencia) - uv.es
Asociaciones de Paterna critican que la empresa municipal gaste 6 millones en su sede
Los ecologistas respaldan el derribo de casas ilegales en Chipiona y Benaocaz
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DIARIODECÁDIZ* : Tres días después de que cientos de vecinos se manifestasen en Chipiona en contra del derribo de una veintena de casas ilegales y después de que la consejera de Medio Ambiente expresase su firmeza frente a un hotel rural levantado al margen de la ley en Tavizna (Benaocaz), en pleno parque natural de la Sierra de Grazalema, Ecologistas en Acción emitió ayer un comunicado en el que apoya las demoliciones y la restitución de la legalidad.
En el escrito, Ecologistas en Acción muestra públicamente su apoyo a dichas sentencias dictadas contra estas construcciones ilegales y advierte a las administraciones que los denunciaron (Ayuntamiento de Chipiona y Consejería de Medio Ambiente), que "su obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes".
Los conservacionistas estiman que los vecinos de Chipiona afectados por los derribos construyeron "sus viviendas ilegales a sabiendas de que lo eran, y no valen las consabidas comparaciones con otros términos municipales".
Por eso advierten que "la Justicia debe actuar en todos sitios, y lo está haciendo, existiendo ya un importante cúmulo de sentencias de demolición, las más importantes contra el hotel de Montenmedio (ya ejecutada) y contra el complejo turístico de Las Beatillas (El Puerto), pendiente de ejecución".
Los ecologistas recuerdan que en unas recientes Jornadas sobre delitos urbanísticos, los alcaldes de todos los partidos coincidieron en defender la legalidad urbanística. Y en que había que actuar desde el principio para prevenir la proliferación de construcciones ilegales, "exigiendo algunos más diligencia y contundencia a la Justicia".
Sin embargo -objeta la organización- "cuando tienen el problema en casa, actúan defendiendo a los infractores y delincuentes urbanísticos, asegurando que les legalizarán las casas, como está haciendo el alcalde de Chipiona, o poniendo trabas a la demoliciones, como ha hecho recientemente el alcalde de Benaocaz". Los conservacionistas argumentan que la Fiscalía de Medio Ambiente viene advirtiendo que los procesos de legalización de viviendas ilegales provocan "un efecto llamada", multiplicándose las urbanizaciones y parcelaciones ilegales ante la expectativa de nuevos procesos de "regularización".
Ecologistas en Acción manifiesta su firme intención de seguir apoyando a la Fiscalía de Medio Ambiente en sus denuncias contra todas las urbanizaciones y edificaciones ilegales, y pidiendo la demolición de todas ellas, como "única medida efectiva para atajar este cáncer que corroe la mayoría de nuestros municipios".
También espera el colectivo que la modificación del Código Penal de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, que incluye penas mayores e incorpora nuevos tipos penales -como el castigo del funcionario que "hubiere silenciado la infracción de las normas"-, sirva para acabar con la "connivencia" de áreas técnicas y políticas de "muchos Ayuntamientos" con estos delitos.
* Diario de Cádiz - 20.12.2008
Foto: Chipiona (Cádiz) - uca.es
Protesta contra el cierre de la M-50
MADRIDIARIO* : Medio millar de vecinos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes se han manifestado este sábado por las calles de ambos municipios para mostrar su rechazo al proyecto de ampliación y cierre de la M-50 a su paso por estas localidades.
Los participantes comenzaron la protesta a las puertas del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y finalizaron frente al de Alcobendas, atravesando la avenida de España al grito de "La M-50 la vamos a parar" y "No dejes que la M-50 te devore", y realizando varias sentadas en medio de la calle a lo largo del camino.
El portavoz de la Plataforma M-50 No, Rafael Herguezabal, ha señalado que la protesta ha surgido a raíz de su "insatisfacción" por la respuesta del Gobierno regional a las 4.500 alegaciones presentadas contra una propuesta que consideran tendrá un impacto medioambiental "muy grave" en la zona.
"Creemos que su ampliación es innecesaria porque no va a solucionar los problemas de movilidad que existen y, además, va a ser perjudicial para la calidad de vida de los vecinos, por su contaminación acústica y atmosférica", ha explicado Herguezabal. En concreto, desde la plataforma, formada hace tres meses por asociaciones vecinales, ecologistas y varios partidos políticos, se denuncia que el anteproyecto del cierre de la M-50, bautizado como M-61, afectaría a varios desarrollos urbanísticos ubicados en Dehesa Vieja, Tempranales y Fuentelucha.
Según Herguezabal, la futura carretera pasaría a escasos 50 metros de una parcela en Tempranales en la que se prevé la construcción de más de 400 viviendas de protección pública, a unos 100 de las ya construidas en Fuentelucha y a unos 30 metros de algunas instalaciones del polideportivo municipal de San Sebastián de los Reyes. Otra de las críticas vecinales es que la ampliación de la vía supondría la destrucción del nuevo parque de la Dehesa Vieja, unas 50 hectáreas de zona verde, recientemente inaugurado, en el que se han invertido más de 11 millones de euros.
La plataforma ha exigido durante la manifestación una reunión con los alcaldes de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, así como con el Gobierno regional, con el fin de obtener información sobre la situación del proyecto, y ha anunciado futuras movilizaciones frente a la sede de la Comunidad de Madrid si éste no se paraliza. Por su parte, el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, ha mostrado su apoyo al cierre de la M-50, al considerar que el proyecto "es la vía más natural para aliviar el tráfico en la zona norte" y ha señalado que el 80 por ciento del trazado a su paso por el municipio se va a soterrar.
Además, la concejala de Urbanismo de San Sebastián, Mar Escudero, ha calificado de "inoportuna" la manifestación convocada por la plataforma "cuando estamos en una fase de anteproyecto y el Ayuntamiento ha realizado alegaciones que se orientan a minimizar su impacto ambiental y que aún no han sido evaluadas definitivamente", ha señalado. Por otro lado, Juventudes Socialistas de Madrid (JSM) se ha sumado también a la protesta contra el cierre de la M-50, al considerar que afectará "gravemente" a los vecinos de ambas localidades y al medio ambiente.
El secretario general de JSM, Daniel Méndez, ha denunciado que esta ampliación atravesará zonas de un gran valor ambiental en la región como el parque forestal El Retamar, el Parque Nacional en la Sierra de Guadarrama o el entorno del Arroyo Quiñones.
* Madridiario - EFE - 20.12.2008
Foto: Madrid, M-50 - madridiario.es
La Vila dio al Atrium otra licencia con exceso de obra
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ELPAÍS/Alicante* : El marasmo burocrático que envuelve la construcción, ilegalización por exceso de obra y, de nuevo, autorización del hotel Atrium Beach proyectado en primera línea de la playa de La Vila Joiosa conoció ayer otro paradójico episodio. El PP de La Vila Joiosa entregó una nueva licencia a Hotel Luna, SA, promotora del Atrium Beach, el 18 de diciembre de 2006, que, según un informe de un técnico municipal, superaba la volumetría autorizada.
El documento, elaborado en octubre de 2007, revela que la promotora no llegó a demoler el primitivo exceso de obra. El informe fue realizado a petición del gobierno local del cuatripartito, pese a lo cual no adoptó ninguna iniciativa. El dueño del hotel niega la existencia del documento.
El informe resuelve, por un lado, que la superficie demolida es de 6.600 metros cuadrados de forjados, "es decir, sólo el 44% de la que debía ser [14.470 metros cuadrados]". Y en cuanto al análisis de la nueva licencia municipal sobre el proyecto del complejo hotelero, el técnico afirma que se ha aplicado la bonificación hotelera prevista por el PGOU de La Vila a las tres parcelas en las que se asienta el hotel, cuando una de ellas tiene uso residencial.
El ex concejal de Urbanismo y portavoz del Bloc, Vicent Serra, asegura que el informe lo encargó él al arquitecto municipal, Francisco de Asís, para conocer el estado real de la demolición, y figura en el expediente municipal. Serra matizó que su gobierno "no actuó" porque luego se elaboraron "otros informes". El nuevo edil del área, Jerónimo Lloret, del PP, manifestó que "el expediente del Atrium está aparcado".
Desde la promotora Hotel Luna, SA, su portavoz, Javier García, calificó de "obsoleto" el informe, y puso en duda que forme parte del expediente. Según García "con posterioridad" a esa fecha "se derribaron 50 metros cuadrados que sobresalían del sótano". Ese elemento "a efectos de cómputo equivale a toda la planta, 8.000 metros cuadrados", por lo que sí habría cumplido con las exigencias de la Consejería de Territorio. García descalificó los argumentos del informe sobre el exceso de edificabilidad en la nueva licencia. García aseguró: "Estamos convencidos de los intereses ocultos que encierran todas estas operaciones y hemos puesto el caso en manos de nuestros abogados". "Estamos muy tranquilos con nuestra licencia en la mano y todo el expediente resuelto", concluyó.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - 20.12.2008
Foto: Villajoyosa (Alicante), complejo hotelero Atrium - diarioinformacion.com
Los opositores al polígono de Villagodio reparten gratis dos mil kilos de patatas
LAOPINIÓN/Zamora* : El reparto gratuito de dos mil kilos de patatas en pleno centro de Zamora, en la plaza de Castilla y León, fue el reclamo elegido por la Plataforma para el mantenimiento agropecuario de Zamora para dar a conocer la campaña de recogida de firmas contra la construcción de un polígono industrial en Villagodio.
El portavoz de la Plataforma, Raúl Hernández, leyó un manifiesto que propone como idea central el desarrollo de polígonos industriales en terrenos poco productivos, como puede ser la ampliación de Los Llanos y salvar las mejores vegas junto al Duero. «Villagodio es un paisaje agrario de indudable valor. Sus fértiles tierras de regadío son un legado que debemos preservar para futuras generaciones», destacó Raúl Hernández, quien recordó que «en este espacio se asienta un desarrollo agrario consolidado: veintiún jóvenes en la actividad agraria, 7.400 ovejas, la modernización del regadío en marcha. Un agrosistema que funciona de forma sostenible». El municipio de Zamora, recordó, tiene 15.000 hectáreas, «buena parte de ellas amplias extensiones de terreno baldío e improductivo, adecuado para acoger una zona industrial. El anillo de autovías que rodeará la ciudad en 2009 permitirá alcanzar en cuestión de minutos cualquier punto al oeste de la capital». El portavoz mostró su convencimiento de que al barrio de Villagodio «actualmente abandonado a su suerte hay que potenciarlo por sí mismo y evitar la degradación residencial que supondría construir una zona industrial tan cerca de las viviendas. Accesos, infraestructuras, ordenación urbanística son inaplazables para el barrio, es decir, dotarlo de los servicios que tiene el resto de la ciudad». La Plataforma considera que «no se puede hacer desarrollo a costa de destruir la riqueza que ya existe, porque el verdadero desarrollo consiste en potenciar lo mejor de nuestra tierra y nuestra gente».
El concejal de Izquierda Unida, Francisco Guarido, señaló que sólo una movilización fuerte y constante puede evitar la construcción del polígono de Villagodio, ya que su tramitación como proyecto regional evitará a los promotores tener que sujetarse al Plan de Urbanismo. «Estamos en contra muchos partidos, organizaciones y colectivos sociales y a favor sólo el PP», señaló. Manuel Fuentes, del PSOE cree también que la tramitación como proyecto regional «es el truco que utiliza el PP para favorecer a sus amigos, como ocurrió con la planta de residuos de Fresno».
Algunos ciudadanos firmantes no entendían tampoco por qué se quieren eliminar tierras de labor cuando existen otros terrenos.
* La Opinión de Zamora - C.G. - 20.12.2008
Foto: La entrega de patatas se produjo de forma ordenada y sin aglomeraciones - Javier de la Fuente, laopiniondezamora.es
Los técnicos redactores del plan especial de Ribalta se niegan a incluir el paso del trolebús
LEVANTE/Castelló* : Los técnicos redactores del Plan Especial de Protección Ribalta-Tetuán se niegan a incluir el paso del trolebús y un vial dentro del parque protegido y han forzado al gobierno local a llevar al pleno de diciembre el documento sin contemplar una obra que ya ha sido licitada y cuyas catas arqueológicas ya se han acometido, según confirmaron ayer fuentes municipales.
No es el primer escollo que encuentra el Partido Popular para llevar adelante un proyecto que no cumplió el requisito legal de exposición pública y que tampoco contó con el preceptivo informe favorable de la comisión de patrimonio del ayuntamiento debido a la oposición del Colegio de Arquitectos de Castelló.
La legalidad de este transporte masivo dentro de un parque protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) también ha sido cuestionada por cinco dictámenes desfavorables distintos de cinco organismos consultivos de la Generalitat Valenciana (Consell Valencià de Cultura, Academia de Bellas Artes de San Carlos, Universitat Jaume I, Universitat de València y Universitat Politécnica).
El PP llevará al pleno de diciembre después de 3 años de bloqueo -y 20 de retraso- el dictamen técnico del plan especial de protección del parque Ribalta y remitirá a la Conselleria de Cultura un documento que finalmente no autoriza el paso del trolebús y que tampoco refleja las condiciones de mejora y peatonalización del entorno del jardín histórico.
Los informes técnicos del Plan Especial de Protección Ribalta-Tetuán evidencian que las alegaciones ya estaban resueltas en febrero de 2008 y que desde entonces se ha bloqueado un documento que prohibe cualquier alteración urbanística como la que significaría el paso de un transporte masivo.
Durante este periodo de paralización, el PP ha aprovechado para comenzar los primeros trabajos del proyecto del trolebús (Tram) por dentro de un parque protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).
El ayuntamiento y la Conselleria de Infraestructuras comenzaron en agosto las excavaciones arqueológicas en el parque con el aval de una autorización de la Conselleria de Cultura que permite el paso del trolebús con una serie de condiciones que tanto el ayuntamiento como Infraestructuras siguen sin cumplir.
La resolución exige que el paso del Tram se refleje previamente en un plan especial conjuntamente con diez medidas entre las que destacan la peatonalización de los viales adyacentes, la reconstrucción de la antigua pérgola y la reforestación del parque.
Ahora, el ayuntamiento aprobará en el pleno del próximo lunes el plan especial que será remitido a Cultura con la salvedad de que el documento ni contempla el paso del trolebús ni el resto de medidas exigidas por los técnicos de la Dirección General de Patrimonio.
En el caso de que Cultura lo ratifique, Ribalta quedará protegido por un plan especial que prohibe el trolebús con la paradoja de que los primeros trabajos de la obra ya han comenzado y el ayuntamiento no ha cumplido ni una sola de las condiciones ineludibles exigidas por Patrimonio, ni siquiera la de incluir la actuación del Tram dentro del plan especial. De hecho, este documento no puede contemplar el trolebús porque fue expuesto al público en el año 2005 y la propuesta final se ha mantenido sin incluir la obra del trolebús, dado que ello implicaría una nueva exposición pública y el correspondiente periodo de alegaciones.
* Levante-EMV - Nacho Martín - 21.12.2008
Foto: obra en el parque. Imagen aérea del proyecto del trolebús en Ribalta. - vicent gamir, levante-emv.com
Los jueces investigan el urbanismo pinteño
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ELPAÍS/Madrid* : En los juzgados de Parla se acumulan los legajos que hablan de la vecina localidad de Pinto (41.000 habitantes). Y una parte nada desdeñable están dedicados a operaciones urbanísticas llevadas a cabo en el municipio en los últimos años. Pertenecen a tres denuncias que investigan los juzgados 2 y 5, en las que se vincula a empresarios del Espacio del Motor, así como a otros relacionados con la Fundación Pinares, que preside el ex alcalde socialista, Antonio Fernández y que comparte sede con el PSOE local.
Tanto el proyecto del motor, como la fundación están en el punto de mira del PP. En ellos ven las razones a la moción de censura que el lunes les desalojará de la alcaldía a favor de PSOE, IU y Juntos por Pinto.
La primera de ellas se refiere al desarrollo urbanístico Punctum Millenium, que prevé levantar unas 10.000 viviendas. En 2005, el Ayuntamiento vendió su participación en la sociedad. Poseía la mitad del suelo y era la encargada de urbanizar. Según la denuncia, la venta de las acciones se hizo por un precio inferior al de mercado en alrededor de nueve millones de euros.
Además, los denunciantes alegan que, paralelamente, en la sociedad entran nuevos accionistas: cuatro empresas que se harían en conjunto con el mismo porcentaje que dejaba el Consistorio. En un escrito enviado al juez se identifican a las empresas beneficiarias, a las que califican de "afines al poder político y especialmente designados por el entonces alcalde de Pinto, Antonio Fernández". Una de ellas, hoy extinguida, era propiedad de Teodoro Martín, un promotor del Espacio del Motor. Otra de ellas pertenece a Antonio Rodilla, uno de los fundadores de la Fundación Pinares. Una tercera pertenece a la familia Carrero Manrique, relacionada con el portavoz de IU, Carlos Pénit.
El segundo caso tiene que ver con la permuta y posterior recalificación de una parcela municipal que se produjo hace dos mandatos. Según la denuncia que investiga el juez de Instrucción número 5 de Parla, el padre de un ex concejal del PSOE y socio fundador de la Fundación Pinares, Rafael Arellano, y otro empresario cambiaron al Ayuntamiento dos solares ocupados por un garaje y un antiguo cine a cambio de una parcela municipal en la que el Consistorio quería edificar un centro comercial. Tras la permuta, el Gobierno municipal, del PSOE, recalificó la parcela. Pasó a ser residencial y aumentó su edificabilidad.
Hay más. Los tribunales tienen también sobre la mesa el desarrollo residencial de La Tenería II. Allí el Ayuntamiento permutó en 2005 un suelo municipal por otro de propiedad de unos empresarios. La operación fue denunciada dos años después por el edil de Juntos por Pinto y firmante de la moción de censura que desalojará el lunes al PP del Ayuntamiento. En su denuncia se alegaba que la parcela municipal había sido valorada a la baja, mientras que se había inflado el valor del suelo privado, lo que había provocado al Ayuntamiento unas pérdidas cercanas a 1,5 millones de euros. Los beneficiarios de esa permuta eran varios miembros de la familia Carrero Manrique, vinculados al también firmante de la moción, Carlos Pénit.
* ELPAIS.com - J. S. DEL MORAL - Madrid - 20/12/2008
Foto: Pinto (Madrid), espacio del motor - pueblos-espana.org
Sólo once de 268 alcaldes han denunciado ante la Fiscalía construcciones ilegales
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ABC/Valencia* : Los ayuntamientos dan la espalda a la ley y miran para otro lado ante las viviendas ilegales que proliferan en sus términos municipales. Así se desprende de las estadísticas de la Fiscalía de Valencia correspondientes a 2008: en lo que va de año el Ministerio Público ha incoado 130 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio. Sólo 51 de ellas tuvieron su origen en un denuncia previa de algún consistorio.
La Ley Urbanística Valenciana (LUV) obliga a los ayuntamientos a dar traslado a la Fiscalía de aquellas infracciones en las que aparezcan indicios racionales de delito o falta. Sin embargo, son escasos los alcaldes que cumplen con esta obligación como lo demuestra el dato de que sólo once de los 268 municipios de la provincia de Valencia pusieron en conocimiento del Ministerio Público la existencia de construcciones que podrían vulnerar la normativa urbanística.
Se trata de los ayuntamientos de Pedralba, Cullera, Bétera, Bellús, Moncada, Alginet, Rotglá y Corberá y Benimodo. Cada uno denunció en una sola ocasión. Los consistorios más colaboradores son el de Chiva, con 27 denuncias, Llíria, con 13, y Picassent, con tres.
Esos once ayuntamientos acaparan las 51 denuncias, que dieron origen a otras tantas diligencias de investigación penal de la Fiscalía. En el resto de casos, hasta llegar a 183, la intervención del Ministerio Público se produjo a instancias de la Conselleria de Territorio (36), Seprona (16), particulares (22), ecologistas (1), partidos políticos (1) y de oficio (1).
«Algo falla»
Los datos de 2008 son mejores que los de 2007. Entonces se incoaron 111 diligencias de investigación penal por delitos contra la ordenación del territorio. La Fiscalía sólo recibió 35 denuncias procedentes de Ayuntamientos. Sólo seis municipios denunciaron. De ellos, sólo cuatro -Llíria, Albalat dels Tarongers, Picassent y Chiva-, lo hicieron más de una vez. Pese a ese ligero repunte en la colaboración municipal, el coordinador de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia, Joaquín Baños, es concluyente. «Algo falla». Baños Considera «escandaloso» que «estando en boca de todos la existencia de edificaciones ilegales en suelo no urbanizable sigan sin llegar denuncias a la Fiscalía», pese a que los Ayuntamientos, en muchos casos, tienen expedientes administrativos abiertos y, por tanto, conocen la existencia de esas irregularidades susceptibles de ser perseguidas como delito.
Es esta realidad que Baños califica de «chocante» la que ha obligado al Ministerio Público a intensificar la presión contra el urbanismo descontrolado y a solicitar a todos los ayuntamientos información relativa a los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde diciembre de 2004, fecha en la que entró en vigor la LUV.
El objetivo de la sección de Medio Ambiente es hacer un criba y asumir aquellos casos que, estando bajo la investigación de los ayuntamientos, han de traspasar la vía administrativa y ser asumidos por el Ministerio Público por existir indicios de delito. Hasta la fecha, apenas una decena de consistorios ha respondido al requerimiento de la Fiscalía.
Prevaricación por omisión
El Ministerio Público está convencido de que existe una «enorme bolsa de edificaciones ilegales susceptibles de ser calificadas como delictivas que no llegan a conocimiento de la Fiscalía»; mantiene que, el «goteo incesante de denuncias» oculta un problema más grave de «prevaricación urbanística» de alcaldes y cargos públicos por acción y omisión, por permitir las edificaciones o por no hacer nada para eliminarlas. El caso Zarra, dicen, es sólo la «punta del iceberg».
La Fiscalía busca respuesta al problema en el Código Penal. Propone multa, cárcel e inhabilitación por prevaricación tanto activa como omisiva. Y propone también imputar a los ediles por omisión del deber de perseguir delitos, que se castiga con inhabilitación de seis meses a dos años.
* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 20.12.2008
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es
El cerebro de Urbanismo de Matas, ingresado en la cárcel para "evitar su fuga"
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ELPAÍS/Palma* : La Audiencia de Palma mandó ayer a prisión a Jaume Massot, el que fue cerebro de Urbanismo del Gobierno balear de Jaume Matas (PP), "para evitar su posible evasión y fuga de la justicia". Cuenta con dos condenas que suman ocho años y seis meses de cárcel por corrupción urbanística, que recurrió ante el Tribunal Supremo. Los jueces le señalaron una fianza de 200.000 para eludir la prisión.
Massot fue sentenciado en las dos primeras vistas del caso Andratx, ligado al urbanismo salvaje, y tiene pendientes decenas de juicios. Es el quinto alto cargo de la época de Matas que pasa por la cárcel en el último año.
La Fiscalía Anticorrupción no solicitó ayer su ingreso en la cárcel pero si la acusación particular, la abogada del Ayuntamiento de Andratx, Isabel Fluxá. Como ex director general de Ordenación del Territorio de Baleares, Massot participó en el diseño de grandes operaciones urbanísticas.
Trato con el fiscal
Poseedor de claves y secretos de la política de los negocios de planes y leyes territoriales, Massot comenzó en noviembre a negociar con la Fiscalía Anticorrupción un posible pacto de la colaboración con la Justicia: desvelar detalles y tramas delictivos a cambio de un mejor trato penal. Al ser detenido en 2006, Massot estuvo en el calabozo dos noches mientras que sus compañeros de banquillo, el ex alcalde Andratx Eugenio Hidalgo y ex celador de obras Jaume Gibert, fueron encarcelados 60 días.
Los jueces de la Audiencia justifican la orden de prisión por las "serias e importantes dudas" sobre cuáles son sus "verdaderas intenciones" [de fuga]. Massot, aparejador y funcionario, tuvo una empresa de asesoría a urbanizadores mientras era director general. Está acusado de blanqueo de capitales y ha sido investigado por supuestos depósitos en paraísos fiscales, que él niega. Los magistrados sospechan que cuenta con "importantes y cuantiosos ingresos no declarados y ocultos" procedentes de actividades delictivas, que le concederían una "capacidad y posibilidades económicas que favorecerían su posible evasión y fuga de la justicia".
El ex hombre de confianza de Matas será juzgado en otros sumarios por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas. Los jueces suponen que habría obtenido "ingresos no declarados" por "comisiones ilegales o de asesoramiento con finalidad ilícita".
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma - 20/12/2008
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
Juez y Tribunal de Cuentas investigan el contrato de la cuarcita del Gaiás
ELPAÍS/Santiago* : La justicia ha entrado de lleno en el caso de la cuarcita de la Cidade da Cultura, en el monte Gaiás de Santiago. La Xunta de Manuel Fraga encargó la piedra a una empresa del ex alcalde de Ortigueira Antonio Campo, del PP, un año antes de sacar a concurso el suministro. Y se lo adjudicó, a pesar de que un informe encargado por la propia Fundación Cidade da Cultura alertaba de las "incertidumbres" de las reservas para el revestimiento de todos los edificios del complejo cultural.
El juzgado de instrucción número 1 de Santiago y el Tribunal de Cuentas investigan los hechos.
La Consellería de Cultura se ha visto obligada a buscar en Brasil una cuarcita de características similares a la que se extraía de Muras (Lugo), debido a que las reservas se confirmaron insuficientes y de mala calidad. La cantera se explotaba sin licencias de ningún tipo, por lo que la Consellería de Política Territorial acabó por dictar su cierre. La UTE formada por la empresa de Campo y otras dos compañías ha ingresado dos de los seis millones de euros del presupuesto consignado. La Xunta presentará una demanda para recuperar los dos millones y exigir daños y perjuicios.
El caso se ha judicializado después de que los hechos fueran incluidos en el informe del Consello de Contas sobre la Cidade da Cultura. El Tribunal de Cuentas ha actuado a instancias del consejo gallego. Mientras, la titular del juzgado número 1 de Santiago, Ana López Suevos, ha solicitado a la consellería toda la documentación disponible sobre la adjudicación de la cuarcita, en la que está centrando sus investigaciones sobre las irregularidades relacionadas con la Cidade da Cultura cometidas durante el Gobierno del PP.
El ex conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela, del PP, fue dejando abundantes pistas de su intención de adjudicar la cuarcita del Gaiás a Campo. En agosto de 2001 concertó una entrevista de los administradores de la empresa con el arquitecto del proyecto, Peter Eisenman. Un informe de la empresa Proesga iniciado en 2002 y cerrado el 25 de febrero de 2003, además, identificaba con precisión la piedra que se iba a instalar en el Gaiás, pese a que el anuncio del concurso público no se publicó hasta el 13 de junio de ese mismo año. Tal era la seguridad de que esa sería la cuarcita elegida que hasta existía un informe que advertía de las previsibles deficiencias de suministro, y recomendaba al Gobierno de Fraga que exigiera algún tipo de garantía formal.
"Las incertidumbres en cuanto a las reservas que en estos momentos presenta esta cantera aconsejan que el fabricante ofrezca algún tipo de garantía formal que le implique en el suministro", reza una de las recomendaciones del informe. La Xunta hizo caso omiso, pero las previsiones se cumplieron a rajatabla. Desde el primer día el suministro fue escaso y deficiente, lo que obligó a rechazar buena parte del material y a ralentizar la ejecución de las obras.
La situación se agravó con la orden de cierre de Política Territorial, dictada el 11 de diciembre de 2006 por la inexistencia de licencias municipal y autonómica, aunque hasta el verano del siguiente año, Campo siguió con las extracciones. El entonces alcalde incluso ofreció mantener el suministro con un sobreprecio de entre el 135% y el 166%.
La empresa sólo pudo entregar 30.000 de los 50.000 metros cuadrados de cuarcita que le habían sido encargados, con los que se cubrieron los edificios del Arquivo Nacional y la Biblioteca. Los restantes serán recubiertos total o parcialmente con el material procedente del Estado brasileño de Minas Gerais. Según la consellería que dirige Ánxela Bugallo, el color y las características son las mismas que la de la cuartica de Muras, por lo que no se apreciará la diferencia.
Esta vez no ha sido la Xunta, sino las empresas que construyen el complejo las que han contratado la piedra, como suele ser habitual en este tipo de obras. Del presupuesto sólo ha trascendido que de momento ya eleva en 400.000 euros el aprobado en 2003. Antonio Campo dimitió sorpresivamente como alcalde de Ortigueira el 4 de octubre de 2007, una semana antes de que comenzaran las comparecencias en la comisión parlamentaria de investigación de la Cidade da Cultura.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 20/12/2008
Foto: Obras de la Cidade da Cultura.- ANDRÉS FRAGA, elpais.com
El fiscal indaga al PP de Calp por una recalificación
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ELPAÍS/Alicante* : El gobierno local de Calp acumula más problemas en los juzgados. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias contra el líder del PP y primer teniente de alcalde, Javier Morató, por una recalificación de terrenos que gestionó en su etapa de alcalde en 2005 y que habría beneficiado al propietario al multiplicar por diez el valor de la parcela, al pasar de rústica a dotacional. Morató es ahora la mano derecha del alcalde, el nacionalista Ximo Tur.
La actuación fue denunciada a la Sindicatura de Comptes por el ex alcalde socialista Luis Serna a principios de octubre de este año, pocos días antes de la moción de censura firmada por BNV, PP y PSD que apartó del poder al PSPV. A su vez, la Sindicatura la remitió al Tribunal de Cuentas en Madrid, que ha puesto los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. El PSPV adjunta a la denuncia la grabación de un pleno celebrado en junio en el que Morató admite: "De la noche a la mañana, a la familia propietaria de esa parcela, que es muy conocida en Calp y con la que yo tengo relación desde hace muchos años, le tocó la lotería ya que con la nueva calificación aumentaban a 2.903 las unidades de aprovechamiento urbanístico a las que tenía derecho". Antes, a la parcela, de unos 14.000 metros cuadrados, solo le correspondían 290 unidades. El edil del PP añadió: "[A los dueños] les hemos hecho unos capitanes generales".
El PSPV sostiene que la operación se realizó con informes negativos de los técnicos y en contra de los "intereses del Ayuntamiento". El Consistorio negociaba con la propiedad la compra de la parcela para poder seguir instalando allí una carpa de fiestas y eventos que el gobierno del PP había ocupado sin el consentimiento de los dueños. El PSPV sostiene que los terrenos se deberían haber expropiado cuando eran rústicos, antes de que con la operación realizada por Morató su valor se disparara.
En el gobierno de Ximo Tur hay más concejales investigados por los juzgados: es el caso del segundo teniente de alcalde, Antonio Romera, del PSD, al que una asesora ha denunciado por coaccionarla, y del regidor del PP Juan Roselló, imputado en el caso Aguas de Calpe.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - 19.12.2008
Foto: Calp (Alicante) - elpais.com
Greenpeace presenta un recurso contra la "legalización encubierta" del hotel de El Algarrobico
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TELEPRENSA/Almería* : Greenpeace ha presentado hoy, 18 de dicembre, ante la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso(1) en el que demanda la anulación definitiva del último Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, aprobado por la Junta de Andalucía en febrero de 2008.
Previo al recurso, Greenpeace consiguió que la Sala decretara la suspensión cautelar del PORN, lo que constituye el primer paso para acabar con la legalización encubierta que pretende llevar a cabo la Junta del hotel que se asienta ilegalmente en el paraje de El Algarrobico.
En el nuevo PORN, El Algarrobico perdía su grado de protección y pasaba a ser calificado como "área degradada" lo que permitiría "nuevas edificaciones y la rehabilitación de las existentes para el desarrollo de actividades ligadas al turismo". El TSJA consideró que este cambio tendría un "efecto devastador" en la zona. Por su parte, la Junta de Andalucía se ha apresurado a recurrir esta decisión del Tribunal, defendiendo una vez más con argumentos ambiguos la legalidad de sus actuaciones. Unos argumentos que, durante 2008, varios tribunales se han encargado de desbaratar.
Todas las resoluciones judiciales existentes hasta la fecha son contrarias a la legalización del Hotel Azata del Sol. Cinco autos y seis sentencias, la última del día 17 de diciembre, de los diferentes tribunales han fallado en contra del hotel.
"Greenpeace espera que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía impida que todas las ilegalidades que han rodeado a este hotel queden impunes y que obligue a quienes las han cometido, como la Junta de Andalucía, a proteger el paraje de El Algarrobico y a cumplir su papel en defensa del interés general y del medio ambiente" ha declarado María José Caballero, responsable de campañas de Greenpeace.
— Greenpeace
Nota:
(1) En el recurso que ha presentado hoy la organización ecologista se hace un repaso a algunas ilegalidades cometidas en el transcurso de los años:
El Plan Parcial urbanístico debió de adaptarse a la Ley de Costas al haber sido aprobado definitivamente con posterioridad al 1 de enero de 1988. El Plan Parcial tuvo que ser revisado para ajustarlo al artículo 23 de la citada ley que fija una servidumbre de protección de 100 metros en vez de los 20 que figuran en el Plan Parcial.
El Plan Parcial se desarrolló cuando el espacio era protegido y no urbanizable y nunca fue adaptado al PORN publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en 1994. El sector donde se ubica el hotel de El Algarrobico dejó de ser urbanizable el mismo día que se publicó dicho PORN. Pero no sólo no se revisó el Plan Parcial, sino que, tres años después (en octubre de 1997), se aprobó el Proyecto de Urbanización.
Las Normas Subsidiarias (NN.SS) de Carboneras se aprobaron en 1998 sin tener en cuenta el PORN de Cabo de Gata. Al estar este Plan en vigor, dichas NN.SS. no podían, desde el punto de vista legal, clasificar el Algarrobico como urbanizable, de acuerdo con los artículos 5 y 19 de la Ley 4/89 sobre Espacios Naturales que daban prevalencia a los PORN sobre la normativa urbanística.
Los planos en los que El Algarrobico aparece como urbanizable, carecen de todo valor jurídico. La Consejería de Medio Ambiente modificó la planimetría del PORN para adaptarla a la de las NN.SS sin expediente alguno, sin exposición pública, sin previa consulta con los interesados, ni con los intereses sociales e institucionales afectados, ni con las asociaciones, sin publicarse en el BOJA y sin conocimiento de la Junta Rectora del Parque. La propia Consejería ha reconocido que esta modificación se hizo al margen de la legalidad y el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Almería ha encontrado indicios de presuntos delitos en esta alteración, tal y como ha quedado reflejado en varias sentencias.
La Consejería de Obras Públicas defiende en todos los foros que El Algarrobico es urbanizable y que la servidumbre de protección es de 50 metros (frente a los 100 que marca la Ley de Costas) para salvar la estructura del hotel, ya que así sólo habría que demoler las instalaciones anejas situadas junto a la servidumbre de tránsito. Tras un informe de esta Consejería recomendando que El Algarrobico fuera urbanizable, se produjo la modificación del PORN que eliminó el grado de protección que tenía el área y así facilitar la legalización del Hotel Azata del Sol.
La Junta de Andalucía no ha tenido en cuenta el informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Costas contrario a que El Algarrobico se califique como zona C3 ("áreas degradadas") dentro del PORN ya que esta calificación no garantiza el cumplimiento de la Ley de Costas al permitir cambios de uso del suelo en el futuro.
Se ha disminuido el nivel de protección de El Algarrobico con respecto al anterior PORN. La regulación aprobada, en vez de incluir El Algarrobico en las zonas de máxima protección que es la zonificación denominada "zonas de reservas", se le incluye en la escala de menor protección, denominada "zonas de regulación común", y dentro de ésta, a su vez en la del grado más bajo.
* Teleprensa - 18.12.2008
Foto: Actuación de Greenpeace en el Algarrobico - teleprensa.es
Arteixo: El Superior ordena derribar las obras ejecutadas en el polígono de Suevos
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la resolución de la Consellería de Política Territorial que ordenaba la demolición de las obras de urbanización ejecutadas el polígono de San Martín de Suevos por vulnerar la ley de costas. Este polígono industrial ocupa los terrenos del antiguo matadero de Mafriesa y su instalación fue posible a través de la tramitación de un plan especial de ordenación que calificaba como industriales los terrenos y que fue aprobado en el año 2003, época en la que ostentaba la Alcaldía el popular Manuel Pose.
La sentencia del TSXG no es firme y es susceptible de recurso de casación ante la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo.
La sentencia deniega a una de las empresas ubicadas en el polígono de Suevos su solicitud de impugnar la resolución de la Xunta del 25 de diciembre de 2005. Los demandantes aducían dos motivos para requerir su anulación. De una parte, apelaban a la prescripción del expediente de reposición de la legalidad urbanística de los terrenos ubicados al sur de punta de Aguadoce, actualmente clasificados como suelo rústico de protección de Costas. Por otra, aducían que los terrenos en los que se ubica el polígono estaban clasificados como suelo urbano en los informes del arquitecto municipal de 27 de enero de 2004 y del 25 de abril de 2005.
El TSXG desestimó ambos argumentos al considerar que, en el momento en que fueron concedidas las licencias, las normas subsidiarias clasificaban el suelo como no urbanizable. Las razones aducidas por los demandantes son similares a las que sostuvo, en su momento, el anterior regidor local, Manuel Pose. El ex alcalde defendió la legalidad de los permisos concedidos a dos empresas promotoras para ampliar y construir nuevas edificaciones en el parque empresarial de Suevos que, indicó, estaban avaladas por los preceptivos informes técnicos. El anterior mandatario aseguró que la ordenación urbanística municipal de los terrenos reconocía su uso industrial y la posibilidad de ampliar hasta en un 20% la superficie destinada a la actividad de las empresas.
Pose admitió que la instalación de un polígono industrial en el exterior del recinto de Mafriesa podía ser discutible al tratarse de una nueva actuación en un suelo protegido, pero incidió en que la calificación como suelo industrial del antiguo matadero estaba ya consolidada. Al tiempo, el ex alcalde aseguró que las obras se limitaron a la reconstrucción de las naves existentes y que no se incrementó el volumen de ninguno de los edificios ni se levantaron tampoco nuevas construcciones.
La Administración autonómica, sin embargo, interpretó que el viejo edificio de Mafriesa fue derruido y construido de nuevo, por lo que no puede considerarse suelo consolidado y, como tal, exento de las exigencias que establece la ley urbanística vigente.
La Consellería de Política Territorial abrió en 2005 un expediente de reposición de la legalidad urbanístico y ordenó, como medida cautelar, la paralización de las obras del parque de Suevos. En el momento en que se ordenó la suspensión de las obras, las promotoras que desarrollaban el polígono habían vendido ya la mayor parte de las parcelas del polígono. La Consellería de Política Territorial advirtió ya en aquel momento que, en el caso de que las empresas hubiesen sido adquiridas a pesar de la orden de paralización, las promotoras deberían ser quienes afrontasen la sanción.
* La Opinión Coruña - ANTARES PÉREZ - 19.12.2008
Foto: Parque empresarial de Suevos, ubicado en los terrenos del antiguo matadero de Mafriesa. / carlos pardellas, laopinioncoruna.es
Desahucio, demolición y a la calle
ELPAÍS/Málaga* : Apenas llegó la policía, las siete familias que habitaban el edificio de calle Calvo, 21, abandonaron sus casas sin oponer resistencia alguna. Pasaban pocos minutos de las ocho de la mañana. La última noche en el edificio en el que muchos de ellos han habitado desde hace más de 30 años fue de vigilia y angustia. Todo ha sido demasiado rápido.
El 17 de noviembre se cayó un trozo de un muro de medianería y los técnicos municipales certificaron que el edificio, una de las pocas casas que quedan en pie del antiguo Perchel, se encontraba en ruina y se decretó el desahucio.
La mayoría de los 21 vecinos sostienen que no saben dónde ir, ni lo que harán. Unos dicen haber encontrado acomodo provisional en casa de familiares, como Rocío y su marido, que tienen un niño de un año; otros en una pensión, y otros se encogen de hombros. La concejal de Asuntos Sociales, Mariví Romero, afirma sin embargo, que todos menos uno había informado que tenían un lugar donde vivir y que luego se retractaron, cuando los grupos políticos de la oposición "contactaron con ellos y les manipularon y convencieron de que podían obtener un piso". Sólo una mujer de los 21 residentes del inmueble aceptó la ayuda de 1.200 euros para un alquiler ofrecida por el Ayuntamiento. "Y con eso qué, cuando pasen dos meses qué pasa", pregunta una de las desahuciadas.
Los herederos de la propietaria se desentendieron del edificio hace 29 años y los vecinos se constituyeron en comunidad y han velado por él. En 2006 fue expropiado, y ha pertenecido a la Junta hasta que hace un 21 días lo permutó con el Ayuntamiento en un convenio sobre vivienda. Esa es la gran paradjoa, el edificio es de propiedad pública.
El Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, tiene un informe de un arquitecto que sostiene que el edificio no está en ruina y que se puede reparar el muro desprendido. Pero se queja: "Eso pasa a segundo plano. En primer plano está que es una vergüenza y lamentable que en menos de un mes, sin contestar un recurso y sin dar ninguna salida a los vecinos, se mande a la policía y unas máquinas para ponerlos en la calle".
A mediodía, cuando la excavadora ya habían reducido a escombros el edificio, los vecinos van al pleno municipal, donde el PP vota en contra de la propuesta del PSOE de realojarlos inmediatamente. Se indignan y los vecinos no entienden que la concejal de Asuntos Sociales les hable de que se han cumplido los protocolos. "Están en la calle y no tienen donde ir, el ayuntamiento tiene la obligación de darles una solución urgente", insiste la concejal del PSOE Mariluz Reguero.
Mariví Romero reprocha a Mariluz Reguero que se le quiebre la voz cuando habla del asunto, y la invita a pasar un día en su área para inmunizarse. "Evidentemente, somos distintas, mientras yo me emociono, usted firma documentos", le reprocha la socialista. Los vecinos explotan, gritan y el pleno se interrumpe porque es la hora de la copa de Navidad que la corporación ofrece a la prensa. "Demagogos", masculla repetidamente el alcalde ante los bancos socialistas.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 19/12/2008
Foto: Los vecinos contemplan la demolición de sus viviendas- JULIÁN ROJAS, elpais.com
Múgica denuncia la situación urbanística del puerto vigués
ELPAÍS* : El Defensor del Pueblo no ha ahorrado adjetivos para referirse a la situación urbanística del Puerto de Vigo, una institución que ha sido incapaz de tramitar en 16 años el Plan de Utilización de Espacios Portuarios al que le obliga la ley, de 1992. "Resulta lamentable", zanja Enrique Múgica, en respuesta a una queja formulada por el colectivo Bouzas-Móvete.
La comunicación del Defensor también denuncia que la Autoridad Portuaria de Vigo "ha continuado otorgando autorizaciones y concesiones" sin el denominado Plan de Usos. "Es indiscutible que para poder llevar a cabo proyectos, resulta obligado que se redacte, tramite y apruebe el preceptivo Plan de Utilización de Espacios Portuarios", señala.
Continúa Enrique Múgica con el aviso de que reanudará sus actuaciones "si a la fecha anunciada de finales del próximo año 2009" el Plan de Usos "aún estuviera pendiente de aprobación". El Defensor también informa de su intención de "dar cuenta a las Cortes Generales" de sus actuaciones, "dada la muy grave demora" del citado plan.
Múgica descarta en cambio la caducidad de proyectos en marcha. Entre ellos, el de mejora de la operatividad de los muelles comerciales, que contempla una gran ampliación mediante rellenos de las terminales portuarias, y el de almacenamiento de coches en altura en Bouzas. No obstante, se emplea con dureza contra una situación urbanística basada en "instrumentos más que insuficientes".
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - 19.12.2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
Las ciudades y los vecinos frente a la crisis
JOAN SUBIRATS* : La crisis golpea en todas partes, pero se deja notar con mayor fuerza en las ciudades, en esas tramas urbanas que han crecido con fuerza en los últimos años en España. Y en ese escenario cuenta cada vez más la capacidad de las comunidades locales para afrontar los problemas de la crisis cotidiana, con todos sus matices y recovecos. Los protagonistas de las cumbres de Washington o Bruselas sobrevuelan los problemas. Los alcaldes y los vecinos se los encuentran cada día cara a cara. No es lo mismo hablar de la crisis que padecerla cotidianamente al pagar el billete de metro, afrontar la factura del gas o del agua, o devanarse los sesos pensando cómo seguir pagando la hipoteca.
Los precios y tasas de los servicios públicos y sus mecanismos de actualización se fijaron en momentos muy distintos de los actuales. Y las perspectivas de aumento en algunas ciudades superan el 3% o el 4%. La tarjeta más usada en el transporte público de la conurbación metropolitana de Barcelona subió hace unos días más del 7%.
Por otro lado, la noticia de la reducción de la inflación y del índice de precios al consumo, aparentemente favorable para ese concepto impersonal que es la economía, ha provocado que la actualización automática de las pensiones (que se fija a partir de la variación del IPC interanual de cada mes de noviembre, este año un 2,4%) provoque una reducción drástica de las expectativas de contar con un poco más de recursos para los millones de personas que sólo tienen acceso a las pensiones más bajas. Para una viuda de más de 65 años, el aumento será sólo de 33 euros. Personas situadas en la escala más baja de prestaciones sociales no notarán para nada la reducción del IPC, basado esencialmente en la rebaja del precio del petróleo, y en cambio cada 10 céntimos de subida en los bienes básicos como alimentación, textil, vivienda o servicios esenciales como agua o transporte suponen un verdadero terremoto en sus frágiles economías. Y en esos aspectos la tendencia de los precios ha sido al alza (6,6% de aumento en los gastos asociados al hogar, un 3,2% en la alimentación). ¿Quiénes van a salir peor librados de esos ajustes? Está claro que van a ser los pensionistas, en especial las viudas, y los jóvenes, abrumadoramente precarios de trabajo discontinuo y, por tanto, los más afectados, junto con los inmigrantes, por el aumento del desempleo. Es evidente que la conflictividad va a ir en aumento, ya que el contraste entre planes millonarios de rescate por arriba y miserias por abajo no podrán soportarse por mucho tiempo.
¿Qué hacer ante ese panorama? Las respuestas de los Gobiernos apuntan a los grandes parámetros de actividad económica. Sus multimillonarios planes de rescate y ayuda se dirigen al sector bancario o algunos ámbitos industriales especialmente significativos por el impacto de la crisis y por su gran carga de puestos de trabajo directos o indirectos que suponen, como es el caso de la industria del automóvil. Mientras, vamos descubriendo nuevas estafas revestidas de honorabilidad financiera. En España, al margen de lo ya mencionado, destaca el acuerdo del pleno del Congreso del pasado 27 de noviembre, en el que el presidente Zapatero asumió la importancia de los gobiernos locales en los procesos de recuperación económica y estableció un significativo crédito para los municipios. Calificar ese plan de ayuda a los municipios como de "aspirina", como ha hecho Rajoy, demuestra hasta qué punto la necesidad de descalificar al Gobierno acaba por despreciar una de las pocas medidas concretas que pueden afectar directamente a la población en forma de puestos de trabajo, mejora de servicios y revitalización económica local.
Seguramente sería mejor que las ayudas no estuvieran tan condicionadas en tiempo y forma. Podemos caer fácilmente en el peligro de que "solución busque problema", y que para no perder las ayudas, se improvisen obras o se acometan construcciones que luego sean difíciles de mantener.
Pero el problema de las ciudades y de los ciudadanos no es sólo coyuntural, es estructural. Y lo es ya que la importancia de las ciudades y de los gobiernos locales en el bienestar y la supervivencia ciudadana no se corresponde con las estrecheces económicas en la que viven los ayuntamientos españoles. Las ciudades son hoy decisivas en el bienestar individual y colectivo. Y en cambio, las agendas locales siguen fuertemente condicionadas por las limitaciones que impone un porcentaje del gasto público que está lejos de la que es a la mayoría de países europeos.
Mientras las comunidades autónomas han pasado de no existir a controlar más de una tercera parte del gasto público, los municipios siguen anclados en cifras que rondan el 15% de ese gasto público total, lejos del 24% en que sitúa la media comunitaria. Para gastar, hay que recibir transferencias y recaudar. Y tanto en una cosa como en la otra, la rigidez de ingresos en la que se encuentran los municipios españoles es total.
Bienvenidos, pues, los miles de millones de euros que de manera extraordinaria y urgente se conceden ahora a los ayuntamientos, pero sería necesario que se aborde de manera más estructural el reforzamiento presupuestario ordinario de los gobiernos locales. Recordemos que quedan lejos las alegrías del boom inmobiliario que permitía disfrazar y atenuar las penurias de los presupuestos municipales y que provocaron fenómenos de desgobierno y corrupción, muy minoritarios, pero que perjudicaron seriamente la demostrada capacidad de gestión de muchos gobiernos locales.
Algunas ciudades empiezan a notar de manera clara los excesos de la época de vacas gordas. La deuda de los municipios españoles es, en algunos casos, francamente significativa. La deuda de Madrid representa la mitad del total de endeudamiento municipal, seguida a mucha distancia por Valencia, Barcelona, Zaragoza, Málaga o Sevilla. La Federación Española de Municipios y Provincias asegura que son miles de millones de euros los que se gastan los municipios españoles en tareas que no les corresponden legislativamente hablando, pero que asumen dado que (como decía un alcalde) "donde no llegan mis competencias, empiezan mis incumbencias". Y esas incumbencias crecen a medida que nos adentramos en la crisis y sus efectos en personas y familias.
Ha pasado la época de los fastos municipales. La época en que las ciudades competían para ver quién hacia el plan urbanístico más fantástico, el edificio o el puente más atrevido del arquitecto-estrella más de moda. La época en que contaba más la apariencia que la solidez social y la cohesión ciudadana. El gasto que dedican las ciudades a las políticas sociales, la capacidad de ayudar de manera concreta a los sectores y personas más vulnerables, será a partir de ahora la clave.
La vida de los ciudadanos está hoy más llena de incertidumbres y de dudas que hace unos años. Estas incertidumbres planean sobre la realidad social y afectan la vida de pueblos y ciudades. La política local tiene que ver hoy en día con cotidianeidad, estilos y formas de vida. Y son las ciudades y sus equipos de gobierno los que deben gestionar y tratar de implicar conjuntamente a la ciudadanía en la gobernación de la vida local. Hemos de aceptar que el bienestar individual y colectivo de los ciudadanos depende cada vez más de la capacidad de servicio y de la capacidad de gestionar servicios y recursos desde la cercanía de los gobiernos locales. Los problemas de la gente requieren sin duda planteamientos globales que busquen salidas estructurales a un capitalismo enfermo de sus propias dinámicas, pero requieren asimismo políticas pensadas y gestionadas desde la proximidad, con mecanismos y estilos de gobierno y gestión participativos.
En definitiva, necesitamos alcaldes y ciudades comprometidos con la solidaridad. Sin gobiernos y comunidades locales más fuertes no aseguraremos salidas a la crisis que consigan que sus costes sean los menos dramáticos posibles y que la nueva era pueda hacerse sobre nuevas bases de compromiso y responsabilidad compartida.
* Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.
* ELPAIS.com - Opinión - 18.12.2008
Un juez anula dos proyectos urbanísticos en La Vila
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ELPAÍS/Alicante* : El juzgado de lo contencioso administrativo nº3 de Alicante anula el acuerdo plenario de La Vila Joiosa de 16 de marzo de 2006 por el que se aprobó la cesión de la condición de Agente Urbanizador de los planes parciales conocidos como Xarco 1 y Xarco 2, a L'Illa de Naxos, SL. En estos dos sectores, en primera línea de playa, el PGOU de 1999 prevé la construcción de 1.200 viviendas unifamiliares.
La adjudicataria de estos dos sectores era en un primer momento Edificaciones Calpe, SA, del Grupo Ballester, mientras que la sociedad que obtuvo la cesión, L'Illa de Naxos, está participada por otras tres empresas.
El juez da la razón al concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, que pedía la impugnación del acuerdo por no ajustarse a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que exige que para la cesión esté ejecutado al menos el 20% del importe del contrato, así como la falta de clasificación para contratar con la Administración por parte de la cesionaria. Pedro Lloret mostró su satisfacción: "Hasta ahora a los aspirantes no se les requería acreditación de solvencia de los contratistas y control administrativo". Durante los anteriores gobiernos locales del PP "varios sectores del PGOU fueron adjudicados a mercantiles de nueva creación, con socios que no habían tenido antes nada que ver con la construcción".
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - 18.12.2008
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es
Un juez paraliza el nuevo 'cerco' a Numancia
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ELMUNDO* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Soria ha acordado la suspensión cautelar de la expropiación -aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Soria el pasado uno de agosto- de las 117 hectáreas de terreno en el entorno de los yacimientos de Numancia para la construcción del polígono Soria II, que promueve la empresa pública Gesturcal.
Un error en la notificación del Ayuntamiento de Soria a uno de los miembros de la familia Marichalar, propietaria de parte de los terrenos a expropiar, ha sido la causa de la suspensión.
Aunque el proyecto cuenta con el beneplácito de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Soria, numerosos colectivos han protestado contra la actuación, argumentando que afectaría no ya a los propios restos arqueológicos, sino al paisaje en el que se enmarcan.
Así, desde las inmediaciones del yacimiento se pueden divisar siete columnas que marcan los siete campamentos romanos que, al mando de Escipión el Africano, asediaron a la población celtíbera hasta que sus habitantes prendieron fuego a la ciudad. La panorámica quedaría truncada con la incorporación de las naves industriales, como se puede ver en la recreación de arriba.
Los afectados por las expropiaciones argumentan que nunca se ha justificado económicamente la construcción de un nuevo polígono industrial de semejante tamaño en una ciudad que demanda 1,5 hectáreas de suelo industrial al año y que tiene aún sin aprovechar tres kilómetros cuadrados de este suelo. También denuncian las irregularidades en la tramitación del proyecto, especialmente la ausencia de una memoria económica y un informe de sostenibilidad ambiental y estratégica.
El responsable del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO (ICOMOS, en sus siglas en inglés) visitó recientemente las ruinas para mostrar su rechazo a la construcción del proyecto. También la Real Academia de la Historia emitió un informe negativo: "Una intervención urbanística en este sentido en el paraje en cuestión entrañaría (...) un considerable impacto paisajístico y rompería la armonía del borde de la paramera. Ese detrimento vendría incrementado por el hecho de tratarse en una zona de tan gran interés cultural con toda la secuencia de puntos de interés histórico y arqueológico como son los que jalonan el Duero en este entorno".
Tras destacar el "gran valor paisajístico y cultural del entorno de la ciudad de Soria", la Real Academia de Historia afirmó a través de su informe que "puede llamar la atención el estrecho criterio paisajístico que se ha manejado, ajeno a toda la normativa reciente, tanto europea como española: en efecto, el paisaje no se circunscribe ni mucho menos a los elementos en sí, a un hito, a un paraje. Incorpora el sistema de vistas, panorámicas, cuencas visuales, posibilidad de impactos visuales, mayor o menor fragilidad".
Y, a continuación incluye la definición del Convenio Europeo del Paisaje, en vigor desde 2003: "Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/ o humanos".
Del mismo modo, la Academia de Bellas Artes de San Fernando también se manifestó en contra del polígono, en un dictamen de noviembre de 2007: "Esta Real Academia de Bellas Artes, sumándose a lo ya informado por la Academia de Historia, denunciará, ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Soria y ante la Junta de Castilla y León, la gravedad del impacto que el polígono industrial proyectado en El Cabezo supondrá para este paisaje histórico y cultural de singular belleza e interés, cuya protección debería mantenerse dentro del carácter rústico que contempla el plan general de ordenación urbana vigente para esta ciudad".
El auto del juez, hecho público el miércoles, atiende la medida cautelar solicitada por uno de los miembros de la familia, Ana Marichalar, al entender que "se ha vulnerado el derecho de la recurrente a ser notificado personalmente de los trámites esenciales de este procedimiento expropiatorio por tasación conjunta, y por tanto, el acuerdo municipal adolece de vicios invalidantes por no haberse observado el procedimiento, lo que conduce a la nulidad radical de dicho acuerdo definitivo de expropiación".
* El Mundo - VÍCTOR F. MORENO | DARÍO PRIETO - 18.12.2008
Foto: Numancia (Soria) - elimparcial.es
El Algarrobico era zona de especial protección antes de construirse el hotel
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ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : La Audiencia Nacional (AN) ha ratificado por tercera vez la "conformidad a derecho" de la orden ministerial de 8 de noviembre de 2005 que amplió hasta los 100 metros la zona de servidumbre en el paraje de El Algarrobico (Almería) en un fallo que señala, además, que los terrenos "en litigio" donde se asienta el hotel de Azata del Sol estaban clasificados como C1 -Áreas Naturales de Interés General- y contaban con figuras de protección LIC y ZEPA en la fecha en que fue aprobado el Plan Parcial frente a lo sostenido por Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, desestima el recurso interpuesto por la promotora del hotel en los mismos términos en los que se fundamentaron fallos precedentes de la AN contra las demandas del Ayuntamiento de Carboneras y un particular, que perdieron sus procesos febrero y julio de 2008, respectivamente.
La magistrada ponente, Elisa Veiga, considera probado que Plan Parcial del sector R-5 se aprobó en mayo de 1988 y, por tanto, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas por lo que, en este caso, sería de aplicación la Disposición Transitoria Tercera del la citada normativa que obliga a revisar y aplicar la servidumbre de 100 metros frente a los 20 metros inicialmente aprobados para la construcción del inmueble.
Rechaza, en esta línea, que el caso del hotel de Azata del Sol en El Algarrobico concurran los requisitos recogidos en la Disposición Transitoria Novena y va más allá de las sentencias precedentes que no consideran el paraje suelo urbano hasta el año 2003 al asegurar que, en realidad, cuando se implantó el deslinde en 2006 "los terrenos objeto de pleito aún no habían alcanzado tal clasificación".
Tras desgranar las pruebas documentales en las que sustenta y por las que deduce que el Plan Parcial del sector R-5 se ajustaba a la Ley de Costas y que las determinaciones en él incluidas permitían respetar los 100 metros de servidumbre de protección, la sentencia detalla un informe presentado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en que se sitúa el hotel en zona C1, según los planos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar publicados en BOJA en 1994.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la AN hace esta aseveración frente a la tesis sostenida por la Consejería de Medio Ambiente, que situaba la zona en litigio en área D2 -urbanizable- antes de aprobar un nuevo PORN en febrero de 2008, ahora suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en lo que se refiere al Algarrobico al considerar que la nueva protección podría suponer "un uso efectivo" del establecimiento hotelero.
El juez de Almería que ordenó en febrero de 2006 la paralización cautelar de las obras del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico (Carboneras) y declaró en septiembre nula la licencia municipal atribuyó a la Junta de Andalucía en su sentencia "una burda maniobra" para sustituir la planimetría del PORN publicada oficialmente en BOJA en 1994 por otra para "orillar la limitación que imponía" y "permitir de esta guisa" la obra del hotel en terrenos de especial protección.
Sin embargo, el nuevo PORN del parque natural Cabo de Gata-Níjar, según sostiene la Consejería de Medio Ambiente, desclasifica la totalidad del paraje de El Algarrobico (Carboneras), donde se levanta el hotel de Azata del Sol, como suelo urbanizable y lo sitúa bajo el grado de protección C3 como "núcleo habitado existente o zona transformada", que afecta a 269 hectáreas, un 0,5 por ciento del total de la superficie del espacio.
* Andalucía Información - Europa Press - 17.12.2008
Foto: Algarrobico (Almería), aérea - greenpeace.org
Vecinos dicen que el Ayuntamiento ‘adelanta el periodo de rebajas’ con la Operación Calderón
MADRIDDIGITAL* : Desde que el 30 de julio de 2007 el Ayuntamiento firmara con el club Atlético de Madrid y la empresa Mahou un protocolo de intenciones para el desarrollo urbanístico del ámbito “Mahou Vicente Calderón” y la cesión del Estadio de La Peineta, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Coordinadora Vecinal de San Blas se han mostrado contrarias a un plan negociado sin consultar ni tener en cuenta el parecer de los grupos políticos de la oposición municipal y de las asociaciones vecinales del ámbito afectado.
A juicio de la FRAVM, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid parece “haber adelantado el período de rebajas”, impulsando una operación urbanística que beneficia, principalmente a tres empresas privadas: la cesión de una instalación pública -La Peineta- que centenares de vecinos utilizaban desde hace años al club Atlético de Madrid; la recalificación de los terrenos de la Mahou, una empresa que abandonó Madrid en 1996 trasladando a Guadalajara a sus 1.000 empleados y cuyos terrenos Gallardón había prometido no recalificar siendo presidente del Gobierno regional, y la explotación de los derechos urbanísticos de la operación a FCC.
Según el Ayuntamiento, el Estadio de Madrid “pretende ser uno de los más modernos equipamientos deportivos de la ciudad (...) por sus condiciones de acceso”. Sin embargo, una de las cuestiones que, amén de la cesión del patrimonio público, más preocupan a las asociaciones vecinales del ámbito es, precisamente, los problemas de movilidad que el traslado del Atlético provocará en la zona.
Citan desde la sobresaturación de la M-40 hasta el desbordamiento de la capacidad de los accesos al distrito, como la avenida de Arcentales, la carretera de Vicálvaro y la calle de Hermanos García Noblejas; sin olvidar los problemas relativos al aparcamiento de vehículos o a la limitada capacidad de la oferta pública de transportes.
La FRAVM denuncia que el convenio firmado por el alcalde de Madrid con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo Torres, para el traslado del club al Estadio de Madrid, ha sido redactado “sin considerar el parecer de los grupos políticos de la oposición municipal y de las asociaciones radicadas en el ámbito afectado, lo que pone de manifiesto el interés del Ayuntamiento por privilegiar el proyecto olímpico sobre las necesidades y el bienestar de los vecinos”.
* Madrid Digital - 17.12.2008
Foto: madriddigital.info
