Vecinos de Schamann denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción la operación de Soria en el Canódromo

LAPROVINCIA/LasPalmas* : La asociación de vecinos de Ciudad Alta Avecalta presentará la próxima semana una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al considerar "un pelotazo" la operación por la que el Ayuntamiento que presidía José Manuel Soria (PP) permutó terrenos municipales a Urbacan, propietaria del suelo del actual parque del Canódromo.

La denuncia vecinal, la primera que se concretará en Anticorrupción pese a anuncios anteriores, incluirá sendos certificados del Registro de la Propiedad en los que se recoge que dos parcelas entregadas por el Ayuntamiento a Urbacan como compensación por la cesión de los 20.000 metros del parque, y tasadas en 5,5 millones de euros, fueron vendidas apenas unas semanas después por esta empresa a Realia por casi el triple, 14,5 millones.

La primera de estas parcelas permutadas es un suelo municipal situado en Las Torres, valorado en 3.043.405 euros y entregado a Urbacan en junio de 2002, empresa que sólo una semana después lo vendió a Realia por 7.518.661 euros. La otra parcela es la esquina del propio parque del Canódromo donde Realia construye actualmente las torres de 15 pisos. Ese suelo municipal fue valorado en 2003, con Pepa Luzardo (PP) ya en la Alcaldía, por 2.571.627 euros y entregado a Urbacan, que un mes después la vendió por 7.052.756 euros.

Existe una tercera parcela que se entregó como compensación a Urbacan en Almatriche, y que también se vendió a Realia, pero que los abogados de Avecalta no han podido localizar al carecer de número de registro pero que podría incrementar el montante de las operaciones de permuta y posterior venta. Estos abogados estiman que la enorme diferencia entre el valor del suelo cuando era de propiedad municipal y el precio final de la venta a Realia, con plazos tan cortos como seis días en uno de los casos, son suficientes para sospechar que la operación de permuta podría incurrir en irregularidades que supuestamente afectarían a los regidores municipales del PP. Por esta causa, los abogados de Avecalta denunciarán ante la Fiscalía la existencia de indicios de que se pudo cometer un delito de malversación de fondos y otro de maquinación para alterar el precio de las cosas.


AHORRO. El grupo municipal del PP, por su parte, defendió la limpieza de la operación de permuta de estos terrenos y avaló su legalidad. "El Ayuntamiento no pagó ni ingresó un euro por la diferencia en la valoración de ese suelo", aseguró el portavoz y ex concejal de Urbanismo, Felipe Afonso El Jaber, "y si triplicamos el valor de los 20.000 metros del parque del Canódromo, como pasó con las fincas vendidas, el Ayuntamiento tendría que haber desembolsado suelo a Urbacan por valor de casi 90 millones de euros, y no fue así, por lo tanto el Consistorio se ahorró un montón de dinero en la operación".

Afonso insistió en que nunca se le dio dinero a Urbacan sino aprovechamientos urbanísticos similares a los que habría obtenido de construir en Schamann. "Si el suelo que nosotros permutamos lo vendieron luego por más dinero es un asunto entre dos empresas privadas", añadió.






* La Provincia - RAÚL GIL - 16.10.2008
Foto: Las Palmas, torres Canódromo - canarias7.es

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El alcalde de Atarfe declara ante el juez que investiga si Medina Elvira fue legal

IDEAL/Granada* : Las sospechas sobre la legalidad de grandes operaciones urbanísticas planean sobre el Área Metropolitana de norte a sur. Después del Parque Nevada, cuyas supuestas irregularidades han enumerado hasta el infinito un grupo de peritos expertos en un informe reciente, es Atarfe quien protagoniza ahora las investigaciones judiciales en materia urbanística.

El complejo residencial y turístico Medina Elvira, promovido -entre otras- por Vladigolf, es esta vez el objeto de investigación penal. Y el alcalde de la localidad metropolitana, Víctor Sánchez, uno de los primeros imputados que comparece para someterse al preceptivo interrogatorio judicial.

La cita tiene lugar durante la mañana de hoy en el juzgado de Instrucción número 4 de Granada, cuyo titular inició las diligencias de investigación tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Granada.

El Ministerio Público, a raíz de los escritos presentados por colectivos ciudadanos e IU aludiendo a presuntas irregularidades, estudió los trámites que sirvieron para dar luz verde y construir el complejo de Medina Elvira Residencial, que contemplaba 3.500 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos, entre otros servicios.

Cuatro supuestos delitos

Finalmente, y contando con la defensa de la legalidad aportada por el Ayuntamiento de Atarfe para diversas cuestiones puestas en entre dicho, el fiscal consideró que había indicios suficientes para presumir la comisión de varios delitos por parte, tanto del alcalde, como de los representantes de dos promotoras principales, Nadasol y Vladigolf.

Según la denuncia de la Fiscalía, a la que tuvo acceso IDEAL, firmada el 10 de abril de 2008, los delitos supuestamente cometidos serían cuatro: de prevaricación administrativa y urbanística, así como falsedad y construcción ilegal. Los hechos se refieren a la zona denominada Regadíos del Cubillas, donde desde el año 2005 se construyen diversos edificios del citado proyecto.

Entre las presuntas irregularidades, destaca la consideración de «suelo no urbanizable especialmente protegido» que el POTAUG hace de unos terrenos en los que sí se ha edificado.

Las obras se amparan en proyectos que sí definían la zona como urbanizable algo que, según el fiscal, se logró «porque se falsificó la planimetría presentada por Vladigolf». Junto a ello, la licencia otorgada a la construcción de un hotel dentro del complejo que contraviene las normas del POTAUG.

Advertencias

En el pleno en el que se aprobó, cita el fiscal en su denuncia, ya se advirtió de la posible prevaricación cometida en este punto.

Entre la denuncia de la Fiscalía y la declaración del alcalde atarfeño hoy ante el juez ha pasado casi medio año. En este tiempo, el juzgado que abrió diligencias al recibir -tras el preceptivo reparto- el caso, ha esperado la llegada de varios informes periciales sobre la operación urbanística. Tanto de la tramitación de los convenios y su materialización, como de las normas del POTAUG supuestamente contravenidas con la construcción del complejo residencial y el campo de golf.

Hasta hace unas semanas, las diligencias realizadas en este caso han estado bajo el secreto de sumario dictado por el juez. El objeto de este celo en la investigación no era otro que evitar cualquier tipo de interferencia en la misma, ya que ninguna de las partes implicadas tenía acceso a los trabajos periciales elaborados.





* Ideal - 16.10.08 -R. MENDOZA Y Q. CHIRINO
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es

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El lento fin del mercado de La Cebada

ELPAÍS/Madrid* : El polideportivo que alberga, el único del distrito Centro, lleva cerrado dos meses. Cuando una delegación del COI viaje a Madrid el próximo mayo para evaluar la ciudad, es probable que el Ayuntamiento no les lleve a ver dónde practican deporte los vecinos de Centro. No lo harán porque no hay adonde.

El único polideportivo de ese distrito, el de La Cebada, que da servicio a 150.000 vecinos, lleva cerrado desde el 1 de agosto, supuestamente porque iban a empezar las obras de demolición y construcción de un nuevo centro deportivo y de un mercado. Pero los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón han aplazado el proyecto sin fecha.

El viejo mercado, un erial que funciona hoy al 50% de su capacidad (200 puestos), deberá continuar aguantando las embestidas del tiempo con lo puesto. El proyecto que el Ayuntamiento presentó para la reforma en mayo de 2007, dentro del plan de reconversión de los mercados municipales (ya se han remodelado cinco instalaciones), dibujaba un escenario moderno y competitivo. Un nuevo aparcamiento, un polideportivo renovado y un mercado mixto que combina un centro comercial y los puestos tradicionales.

"Tenemos que hablar con Urbanismo y buscar una fórmula de financiación para el proyecto. Tal y como está planteado, quedaría aplazado", explicó hace dos semanas a este periódico el concejal de Hacienda, Juan Bravo. Según el concejal de Hacienda hay tres posibilidades: "No hacer nada y que se quede como está; modificar el proyecto para que sea viable; o hacer el polideportivo solamente y renunciar al resto [remodelación del mercado] para la legislatura".

La Concejalía de Urbanismo tiene que proponer alguna modificación. Pero por ahora no se dan por aludidos. "En este momento se están ultimando aspectos técnicos y de tramitación, pero no se ha paralizado el proyecto", explican. Según una portavoz, las obras siguen adelante, pero matiza que "podrían comenzar en 2009", y no en 2008, como se dijo al presentarse el plan.

La obra tenía que comenzar en septiembre con la demolición de la parte del polideportivo, donde ahora se ubicaría el nuevo mercado. Una vez terminada esa fase, los tenderos se mudarían a la zona nueva y se derribaría el viejo mercado, donde se construiría el nuevo centro deportivo. Además, se construirán más aparcamientos para residentes y usuarios de las instalaciones.

Para los tenderos del mercado la situación no es tan desastrosa como para los usuarios del polideportivo o para las floristerías que fueron desalojadas de los bajos del edificio. "Nosotros, a esperar. Aquí seguimos vendiendo y de momento no nos afecta", explica el dueño de una de las fruterías de la planta baja del edificio.





* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 16/10/2008
Foto: Puestos cerrados del mercado de La Cebada- CRISTÓBAL MANUEL, elpais.com

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Condenado el ex alcalde de La Iruela por permitir urbanizaciones ilegales

IDEAL/Jaén* : Habrá quien diga que la condena de seis meses de inhabilitación al ex alcalde de La Iruela, Antonio C.L., y otros cuatro compañeros de Corporación (todos del PSOE) por delitos urbanísticos se queda en nada, pues ya ninguno ocupa cargo público. Sin embargo, la sentencia, que ya es firme pues se obtuvo por conformidad, marca un hito: por primera vez se condena a un responsable político en la provincia por permitir que en el territorio de su competencia proliferen urbanizaciones ilegales.

Y nada menos que en Arroyo Frío, pedanía de La Iruela y lugar de máxima proliferación del ladrillo en el parque natural señero de la provincia y uno de los más importantes por su valor ecológico de toda Andalucía.

Antonio C.L. y sus compañeros de Corporación miembros de la Comisión de Gobierno entre 1995 y 2001 Serafín V.T., José Ramón G.P., José Luis G.R. y Martín F.L. se declararon ayer culpables ante el magistrado José Antonio Lucini, titular del Penal 1. Así que admitieron que permitieron «a pesar de tener conocimiento» -según la acusación del Fiscal con la que se mostraron conformes- «la realización de todo tipo de construcciones con importantes irregularidades urbanísticas» en suelo especialmente protegido. Hay viviendas construidas sin proyecto, una urbanización de apartamentos y viviendas que se hizo en tres fases, otra urbanización de apartamentos y hasta un campamento juvenil.

Suavizó los cargos

El Fiscal pedía inicialmente dos años de inhabilitación para empleo o cargo público contra los acusados. Sin embargo, suavizó los cargos que presentaba para lograr una conformidad: eliminó de su escrito de acusación la referencia al artículo 74 del Código Penal que indicaba que los responsables políticos de La Iruela actuaron según «un plan preconcebido» a la hora de consentir las irregularidades urbanísticas. De forma que sólo dejó el reproche para la omisión de deber de vigilancia, sin considerarlo un delito continuado como sostenía en principio. Así que la pena que finalmente reclamó, y que fue aceptada por los condenados, fue de seis meses, la mínima que contempla el Código Penal para este tipo de conductas.

También se elimina de la sentencia cualquier responsabilidad civil que pudieran tener los acusados en la reparación del daño causado por su actuación (en este caso, por su no actuación). El fallo será comunicado a Medio Ambiente para que la Junta tome, si lo estima oportuno, medidas de reparación del daño causado a la naturaleza desde el ámbito administrativo.

En el mismo juicio fue absuelto Pablo B.S., técnico del Ayuntamiento, contra el que el Fiscal retiró los cargos por ser beneficiario junto a su esposa de la licencia para construir un hotel. El Ministerio Público modificó su escrito de acusación para afirmar que no queda acreditado que fuera funcionario público. Letrados del resto de acusados indican que estaba contratado por obra y servicio en el Ayuntamiento, pero que no incurrió en negociación prohibida a funcionario porque no era funcionario. Le pedían la condena más dura, de nueve meses de prisión.

INHABILITACIONES
• Primera condena a un alcalde por urbanismo: Lo más parecido fue la inhabilitación de Juan Ramón Romero (La Guardia) por prevaricación al modificar días antes de salir de la alcaldía un convenio urbanístico del Ayuntamiento con un histórico militante socialista.

• ¿Habrá más?: Media docena de alcaldes de la provincia han sido imputados en casos similares.






* Ideal - JUAN ESTEBAN POVEDA J. E. P - 16.10.2008
Foto: La Iruela (Jaén), ayuntamiento - cazorla.es

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Denuncian las intenciones del Gobierno de Canarias de liquidar la moratoria turística

Una vez obtenido el visto bueno del Parlamento de Canarias sobre el cumplimiento de todos los requisitos para la discusión sobre el trámite de la ILP presentada en marzo (avalándose casi 40.000 firmas de las 45.000 presentadas), Ben Magec – Ecologistas en Acción* denuncia que el Gobierno de Canarias pretende desvirtuar una vez más esta propuesta (recordar ILP Granadilla), y sustituirla por una Ley de Medidas Urgentes para la Ordenación del Turismo que pretende abrir las puertas a un incremento desaforado de las nuevas camas turísticas.

La propuesta del Gobierno de Canarias, que se ha tramitado con urgencia desconocida hasta el momento, es totalmente opuesta a la Iniciativa de Ley Popular presentada por la Federación ecologista. Además, tiene el dudoso mérito de haber sido rechazado por todos los agentes sociales (sindicatos, patronal turística, ecologistas...). Entre otras barbaridades, se puede llegar a cambiar una cama turística que se renueva por hasta siete nuevas (1x7), lo cual es una auténtica puñalada a la moratoria, que se ve acrecentada con la posibilidad de concesión de licencias a nuevos hoteles de cinco estrellas bajo la categoría de Hoteles Escuela, utilizando mano de obra en prácticas, con lo que además, abaratarán mucho sus costes de personal.

Por otra parte, se recoge la posibilidad de recalificar nuevo suelo o de ocupar suelo catalogado, pero no construido, si la ampliación resultante de las compensaciones por la renovación lo requiere. Esta medida significa que volverán a abrirse nuevos frentes en Islas ya saturadas de alojamientos turísticos, y con muy pocas zonas vírgenes o resguardadas del avance de la construcción.

Según Francisco Castro, portavoz de Ben Magec, “las Islas de La Palma y La Gomera fueron las que, porcentualmente, más apoyaron la Iniciativa de Ley, consecuencia del anhelo de otro modelo turístico que quiere la ciudadanía de estas islas, que sin embargo quedan fuera de l la propuesta que el Gobierno de Canarias quiere aprobar en vez de la propuesta ecologista, ya que las únicas restricciones (si es que se les puede llamar así) que hay, se seguirán aplicando a Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y se seguirán manteniendo los desproporcionados incrementos turísticos previstos para La Palma y La Gomera”.

Ben Magec – Ecologistas en Acción, quiere recordar a Paulino Rivero que, en su reunión mantenida con el Presidente y el Responsable de Organización de esta Federación, el día 24 de enero, se comprometió expresamente a llevar al debate parlamentario esta Ley, y que su intención era ser consecuente con su discurso de que el desarrollo de Canarias tiene que ir por “no consumir más suelo”.





* Ecologistas en Acción de Canarias - 14.10.2008

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Benitatxell avala un puerto privado en una zona protegida del litoral

ELPAÍS/Alicante* : Los votos del gobierno de Benitatxell, del Partido Independiente Democrático (Piddeb), sirvieron para que el pleno apoyara ayer el proyecto de una empresa privada de construir un puerto deportivo en los Penyasegats de la Marina, una de las escasas zonas vírgenes de la costa en esta comarca, formada por acantilados y cuevas marinas y protegida por la Unión Europa como Lugar de Interés Comunitario (LIC).

El Piddeb tomó esta decisión pese a que Bruselas ha advertido de que uno de los mayores riesgos para la preservación de este litoral son las instalaciones portuarias.

La oposición mostró su rotundo rechazo al proyecto, que prevé una zona comercial, un paseo marítimo y nuevos accesos a ejecutar con maquinaria pesada. "Es una amenaza para la riqueza económica y medioambiental que debemos legar a nuestros hijos", dijo el edil del BNV Josep Femenia, quien se refirió a "sospechosas casualidades" que explicarían el voto favorable del Piddeb. Reveló que la mercantil, denominada Real Club Náutico Pesquero y Deportivo de Benitatxell, SL, se constituyó como sociedad limitada el 5 de septiembre, el mismo día en que presentó el plan al Consistorio. Y se preguntó "por qué la mercantil ha acudido primero al Ayuntamiento cuando [un puerto deportivo] es una competencia del Consell y del Gobierno".

El alcalde, Juan Cardona, matizó que "es una propuesta inicial" que ven "con buenos ojos", pero que va a pagar la empresa y que no les "compromete a nada". El socialista Josep Colomer no estuvo de acuerdo: "El voto favorable del Piddeb ayudará a la mercantil a convencer al Consell o al Gobierno". PSPV y PP se negaron a votar el proyecto, y el Bloc lo hizo en contra.

El Piddeb utilizó también su mayoría para bloquear una propuesta del BNV que exigía formar una comisión de investigación sobre la detención el pasado 8 de julio de Cardona y de su primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, por pedir supuestamente 50.000 euros a un promotor para mantener urbanizables sus terrenos en el nuevo plan general. Cinco ediles independientes votaron contra la comisión, mientras la concejal Nieves García se abstuvo desmarcándose de su alcalde sin dar ninguna explicación oficial.





* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 15/10/2008
Foto: Benitachell (Alicante), costa - mma.es

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El fiscal asegura que el caso Huerta «no ha terminado» y anuncia que habrá más imputados

DIARIODEIBIZA* : El fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Eivissa, Antoni Torres, que ha impulsado las denuncias contra la trama de presunta corrupción urbanística del ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, afirmó ayer que todo lo sucedido hasta ahora con este caso podría ser sólo «el inicio de otras cosas», y consideró muy probable que haya nuevos imputados, dado que «se tendrá que tomar declaración a mucha gente».

«Se abre un abanico de posibilidades que puede dar lugar a nuevas actuaciones e intervenciones», señaló el fiscal.

«Esto no termina aquí; se seguirá investigando. Esto sólo es una fase más de lo que se ha hecho», recalcó Torres, quien añadió: «Es ahora cuando uno toma conciencia de que aquí puede haber una trama organizadísima y las sospechas se dirigen ahora a empresas, arquitectos, etcétera».

El fiscal subrayó que la investigación de la documentación, cuentas corrientes y soportes informáticos incautados durante los registros de la semana pasada llevará muchos meses de trabajo, de tal modo que no ve probable la celebración del juicio para antes de un año. «Me extrañaría que se pudiera celebrar dentro de un año», afirmó cuando fue preguntado al respecto.

Además de citar a nuevos imputados y de, probablemente, encargar pruebas caligráficas y otras periciales, «hay que abrir los paquetes y mirar lo que hay, se tienen que seguir investigando las cuentas y analizar los pagos sospechosos, y todo esto, aparte de pruebas periciales en proyectos concretos».

La investigación incluirá asimismo un estudio detallado de todos los proyectos en los que intervino Antonio Huerta Briz y los miembros de su trama familiar y profesional. «Si realmente era él quien estaba interesado [o implicado en estos proyectos] habría ilegalidades por un montón de sitios y los informes que hubiera hecho, pues pasarían de ser discutibles a ser sospechosos de prevaricación de una forma absoluta».

Por otra parte, los abogados de Antonio Huerta han presentado un recurso de reforma contra el auto de ingreso en prisión dictado por el juez Pablo Mendoza. Este recurso, que deberá ser resuelto por el mismo magistrado, considera injustificada esta orden y pide su anulación. En el previsible supuesto de que sea desestimado, puede recurrirse de nuevo en apelación ante la Audiencia Provincial de Palma.

Recurso contra el encarcelamiento de Huerta

Los abogados del ex arquitecto de Sant Josep han presentado un recurso contra el auto que ordenó su ingreso en prisión.





* Diario de Ibiza - JOAN LLUÍS FERRER - 15.10.2008
Foto: Sant Josep (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza.es

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El Ayuntamiento y el Valencia actualizan el 'pelotazo' de Mestalla

ELPAÍS* : El club planea pasar de nueve edificios de 16 alturas a tres de más de 30. El Valencia CF planea modificar, con la aprobación del Ayuntamiento de Valencia, el proyecto de recalificación de las parcelas del viejo Mestalla, en la avenida de Aragón. Se trata de actualizar el pelotazo urbanístico ideado por la anterior directiva -presidida por Juan Soler- para reflotar al club, con una deuda superior a 400 millones.

Adaptar el pelotazo a la situación económica para que no se vea tan afectado por la crisis inmobiliaria.

¿Cómo? El club trabaja en la posibilidad de reducir los nueve edificios proyectados -de 16 alturas- para alzar sólo tres o cuatro edificios que duplicarían en altura -al menos 30- el proyecto ya aprobado. "Serían edificios más esbeltos, más altos. Estarían alineados frente a Aragón y más alejados de la avenida de Suecia. Habrá mucho más espacio abierto", explican fuentes conocedoras de la operación. En lugar de las seis parcelas en que estaba dividido el solar, éste se vendería como un solar único con un "proyecto singular" para Valencia, afirman en el club.

En el momento en que se aprobó la recalificación de Mestalla "era fácil vender torre a torre", aseguran fuentes cercanas a la entidad. Pero pronto se reveló la dificultad. A 4.800 euros el metro cuadrado, el club fue incapaz de vender la primera de las parcelas que salió a subasta pública. El entonces presidente y máximo accionista, Juan Soler, tuvo que cumplir la promesa de adquirir el solar por 90 millones de euros. Si bien su salida de la entidad le libera de la compra.

Ahora, los nuevos gestores creen necesario un cambio que facilite la operación. "Si no, no habrá venta ni ahora ni en los próximos dos años", aseguran fuentes cercanas a la entidad. Un lavado de cara para el proyecto en el que ya están interesadas, al menos, tres empresas, según avanzó hace unas semanas el presidente de la entidad, Vicente Soriano, quien a su llegada al Valencia en junio ya aseguró que vendería Mestalla por al menos de 300 millones.

Para ello, el club necesitará el visto bueno del Ayuntamiento de Valencia, que se ha manifestado favorable a flexibilizar la normativa urbanística para aumentar las alturas. Aunque el Valencia no ha formalizado aún el proyecto ante el Consistorio, el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, afirmó el lunes que el aumento de la altura de las torres es "viable administrativa y legalmente", siempre que no se incremente la edificabilidad de los terrenos, algo que calificó de "impensable".

De hecho, la edificabilidad, de 1,82 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo, ya ha sido objeto de polémica. El grupo municipal socialista espera aún la resolución del Tribunal Superior de Justicia, pues recurrió el convenio de recalificación. Defiende que la edificabilidad debería responder al metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo. Además, critica que el Valencia tratara de inflar ese coeficiente al incluir en la parcela hasta los viales.

El nuevo proyecto exigiría una modificación del planeamiento aprobado para reconvertir las seis parcelas en una y poder concentrar la edificabilidad y duplicar las alturas. Pese a la opinión de Bellver, que declaró que esta propuesta de modificación "tampoco sería ninguna cosa extraordinaria", los vecinos de la zona tienen la palabra. No es la primera vez que un proyecto debe dar marcha atrás porque los vecinos se oponen a alturas mucho mayores a las de los edificios del entorno, de no más de 16 en este caso. Además, el plan de Mestalla queda enclavado en un espacio "consolidado urbanísticamente", recuerda el concejal socialista y actual responsable del PSPV en la Diputación, Rafael Rubio. También intervendrá en el asunto la federación vecinal, que ganó el recurso contra las obras de ampliación del Mestalla y se ha manifestado contraria a la construcción de rascacielos.





* ELPAIS.com - NADIA TRONCHONI - Valencia - 15/10/2008
Foto: Valencia, viejo campo Mestalla - espanja.org

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Vuelven las demoliciones a la Cañada Real Galiana

ELPAÍS/Madrid* : Las excavadoras han vuelto esta mañana al Sector V del megapoblado chabolista de la Cañada Real Galiana, la zona más próxima a Rivas Vaciamadrid, que ha sido acordonada por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional y agentes de la Guardia Civil, según ha denunciado uno de los párrocos de la Iglesia de San Carlos Borromeo, Javier Baeza.

El Ayuntamiento ha confirmado el derribo de cinco "infraviviendas deshabitadas y en construcción" y de una canalización ilegal para vertido fecales. Todo sin orden judicial, ya que, según una portavoz del consistorio, al estar vacías no es necesario. Los vecinos niegan este extremo. La zona, por segunda vez en 20 días, se convirtió el pasado fin de semana en un lodazal a consecuencia de las lluvias caídas en el sureste de la Comunidad de Madrid.

Baeza ha explicado que el derrumbamiento de las viviendas en esta vía pecuaria, donde viven unas 40.000 personas, ha comenzado sobre las 8.45 y que sus responsables están llevando a cabo un despliegue "mayor" que la última vez, en marzo, cuando se derribó un edificio ilegal donde estaban alojadas familias de origen boliviano. "En este caso, han tirado varias viviendas donde viven familias de marroquíes, muy próximas al edificio de los bolivianos que se derrumbó", ha indicado el párroco. A su juicio, esta entrada en la Cañada, pocas horas después de que la lluvia dejase destrozada toda la zona, llena de barro y de condiciones insalubres para los ciudadanos que habitan allí, está hecha "con mala leche".

Así, ha destacado que la Policía -protegidos con cascos y escudos- y la Guardia Civil, presentes en el lugar al tratarse de una zona rural, han acordonado la zona desde la M-50 y las excavadoras "han reventado y sacado todas las conducciones de agua". Asimismo, han obligado a los vecinos a que permanezcan en sus casas, algo que no han podido hacer, y se encuentran concentrados "expectantes" en el límite de la zona acordonada, "lejos pero viendo los derribos". Baeza está intentado ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo "porque la situación es una locura" mientras que espera a ver qué ocurre con los vecinos "y cómo sigue la situación", ha añadido el párroco, visiblemente preocupado por el curso que están tomando los acontecimientos, después de que la zona se haya vuelto a ver muy afectada por las lluvias que cayeron el pasado fin de semana.

Adiós a las tuberías de desagüe

Horas después, fuentes del Ayuntamiento de Madrid ha confirmado a esta web el derribo, a través del Servicio de Disciplina Urbanística, "de cinco infraviviendas ilegales que estaban en construcción y desocupadas", sin que se hayan producido incidentes. En la operación también se ha realizado "el desmontaje y la retirada de una canalización ilegal" que vertía aguas fecales sin ningún control sanitario en un arroyo público. Las mismas fuentes apuntan a que los derribos de hoy tratan de "evitar la multiplicación de edificaciones ilegales en una zona de dominio público y la llegada de nuevos ocupantes a un entorno inhabitable". Asimismo, las actuaciones tratan de evitar "las consecuencias que la ocupación de una vaguada natural de estas características produce en ocasión de fenómenos meteorológicos excepcionales", añade la corporación municipal, que ayer culpó a las chabolas de las inundaciones en Coslada, Rivas-Vaciamadrid y San Fernando. Una portavoz de Urbanismo ha negado cualquier relación entre la presentación de este informe, elaborado por Typsa, y los derribos de hoy.

"Es una medida rutinaria, una más de las que se están produciendo en los últimos meses, y habrá más, aunque todavía no tienen fecha", ha agregado. También ha confirmado que, al igual que las demoliciones precedentes, no contaban con el respaldo judicial. Según la portavoz, no es necesario pedir una orden de desahucio ya que "en ellas no vivía nadie". Sin embargo, Javier Baeza, y el vicepresidente del Sector V, Alí, han asegurado que cuatro de las cinco viviendas estaban habitadas. "Cuatro casas estaban ocupadas y uno de los propietarios afectados ha enseñado la hoja del padrón a la Policía para evitar

el derribo y le ha pedido la orden judicial correspondiente, pero no se la han enseñado", ha explicado.

Los últimos derribos se produjeron hace dos semanas, el día 1, pero en el Sector IV, donde el Ayuntamiento de Madrid derribó ocho casas también sin una orden judicial, la autorización indispensable para desalojar y demoler una vivienda. Un portavoz del Ayuntamiento reconoció la ausencia de la orden pero explicó que ésta no era necesaria porque las casas estaban inhabitadas. "Algunas estaban sin terminar de construir. Tenemos la seguridad de que allí no había nadie", señaló el mismo portavoz. Los vecinos negaron este extremo. "Tenemos la seguridad de que al menos cinco personas estaban empadronadas en algunas de las viviendas que se han derribado y lo vamos a demostrar", comentó Lidia, presidenta de la Asociación de Vecinos del Sector IV. Desde mayo, el Ayuntamiento de Madrid ha demolido en la Cañada 81 construcciones, 13 infraviviendas, un puente y una nave industrial. Desde hace unos 40 años, esta ciudad paralela a Madrid crece con la llegada de nuevos inmigrantes, sin que ni la Comunidad de Madrid, ni la Delegación del Gobierno, ni los cinco ayuntamientos implicados -Madrid, Getafe, Rivas Vaciamadrid, Coslada y San Fernando de Henares- encuentren una solución.

Aguirre pide a Interior que "extreme la prudencia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pedirá al Ministerio del Interior que "extreme la prudencia" para evitar que se produzcan nuevos asentamientos en la Cañada Real. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección mantenida esta mañana en la sede de Génova, Aguirre ha indicado que su Ejecutivo pedirá "al Ministerio del Interior que, si es verdad que hay nuevos asentamientos como parece, dado que es su competencia, extreme la prudencia para evitar los asentamientos en zonas que, luego, se pueden inundar". Además, ha dicho que, "al parecer", hace unos días se detectaron "un par de autobuses en la estación de Méndez Alvaro" con gente que luego habría ido a la Cañada a instalar sus hogares.





* ELPAIS.com - AGENCIAS - Madrid - 14/10/2008
Foto: Los bomberos trabajan para achicar agua en el poblado chabolista tas las inundaciones del fin de semana.- SAMUEL SÁNCHEZ, elpais.com

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Una juez investiga la legalidad de un centro de ocio en Loeches

ELPAÍS/Madrid* : La carretera entre Loeches y Campo Real (M-219), a unos 32 kilómetros de Madrid, está salpicada por un bosque de encinas y un coscojal, una masa de pequeños arbustos que produce bellotas, escasas en la geografía madrileña. En un recodo de esa carretera, protegido por las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Loeches (5.400 habitantes), se levanta un moderno centro de ocio.

El complejo está dotado con un campo de fútbol, minigolf, dos pistas de pádel, piscina y una casa de campo. Pero resulta que este club deportivo está ubicado en una zona protegida, en la finca de la Fontadela. Por eso, el 26 de junio de 2007 dos guardas forestales de la Comunidad de Madrid denunciaron la construcción ante la fiscalía.

El ministerio fiscal inició entonces un procedimiento por un delito contra la ordenación del territorio, imputando a Ángel Barral Corral, un industrial, muy popular en Coslada, que está siendo investigado por la Operación Bloque -una supuesta red de corrupción y extorsiones en la Policía Local-, según confirman fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Este empresario pertenece a una familia, los Barrales, con una gran influencia en el municipio del corredor del Henares. De hecho, en 1988 se levantó en una rotonda del municipio una escultura de piedra en la que estaban representadas ocho personas que sostenían los puntos cardinales con los cuatro símbolos de la localidad: la construcción, el comercio, el transporte y la industria. Todos en el pueblo sabían que esas ocho figuras representaban a los Barrales. La escultura no tardó en ser retirada, pero el rastro de poder del clan quedó marcado en el municipio.

Ahora, Gladys López Manzanares, magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Arganda del Rey, investiga si Ángel Barral ha cometido un delito contra el medio ambiente por construir el complejo deportivo en un bosque de encinas. A la denuncia de los guardas forestales se ha unido la personación de Ecologistas en Acción. Fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, que inició el proceso, confirmaron ayer los hechos y precisaron que el proceso penal está pendiente de la designación del juzgado correspondiente. La acusación presentada por Ecologistas considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito recogido en el Código Penal. Según el artículo 39 de este reglamento, "se impondrán penas a los constructores que lleven a cabo una construcción sin autorización en suelo [...] considerado de especial protección".

Las normas subsidiarias del municipio preservan la zona y la califican como suelo no urbanizable de especial protección "por sus características, diferencial y escasa representación", según pone en las normas que regulan el urbanismo de Loeches.

El abogado experto en asuntos ambientales Juan Manuel López asegura que la zona está habitada por verdejos y pequeñas rapaces, como cernícalos. "El hábitat de la zona es similar al del parque de la Cuenca Alta del Manzanares, que goza de la máxima protección. Está poblado por bosques de encinas y arbustivas".





* ELPAIS.com - J. S. G. - Madrid - 14/10/2008
Foto: Centro deportivo en la finca de la Fontadela, en Loeches- MANUEL ESCALERA, elpais.com

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Asturias: Acusan a los alcaldes de permitir que 4.000 edificios estén en zonas inundables

LAVOZDEAVILÉS* : «Por presiones empresariales y sindicales han puesto a miles de asturianos en peligro», censuran Los Verdes. Los técnicos alertan de que el cambio climático trae lluvias torrenciales «ante las que no valen las barreras actuales».

A mediados de febrero miembros de Protección Civil tuvieron que entrar en las casas de 40 familias de Langreo y llevárselas lejos para que no les ocurriera lo mismos que a las gallinas, pollos y conejos que murieron ahogados en sus propias jaulas. Uno de los temporales que azotan habitualmente al Principado logró aquel día que el río Nalón ascendiera un metro. Entre lamentos y quejas, los afectados recordaban que otras crecidas habían sido mucho mayores y no provocaron tantos peligros. ¿Qué había cambiado? El actual presidente de la actual Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), Jorge Marquínez, lanzó entonces un primer aviso: «En Asturias tenemos miles de edificaciones en zonas inundables, sería falso que diéramos un mensaje de tranquilidad».
Ahora el organismo hidrológico maneja cifras más precisas. La expansión urbanística de las últimas décadas ha permitido construir 4.000 edificios en áreas de desborde. «Antes no corríamos esos riesgos, respetábamos al río y a la gente no se le ocurría ponerse a vivir en las vegas porque sabía lo que pasaría», apunta Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecologista. «¿Qué ha pasado? Pues que muchos interesados presionaron para llevar el urbanismo a terrenos más baratos, pero que debían haberse respetado, y enfrente se encontraron con ayuntamientos 'consentidores'», concluye. «Hay que decirlo claro, por presiones empresariales y hasta sindicales, los alcaldes están poniendo en riesgo a miles de asturianos», abunda Joaquín Arce, de Los Verdes.
Lo cierto es que los consistorios no siempre contaron con una cartografía precisa de las áreas con riesgo de inundación. Sólo cuando en 2002 unas inundaciones anegaran ocho países europeos, la UE ordenó elaborar mapas de zonas inundables y planes que mitiguen los daños. Esa labor la está haciendo en Asturias la CHC quien, al ser el primero en conocer los riesgos que corren los asturianos, se ha propuesto como prioridad «frenar este coche que durante décadas iba cuesta abajo y sin frenos», explica Marquínez.
«Es verdad que lo están intentado, pero cada vez que se oponen a un polígono, se le echan encima las fuerzas vivas, los alcaldes, empresarios y sindicatos, y empiezan a presionar», advierte Fructuoso Pontigo. Todos los consultados coinciden en que las nuevas áreas industriales, con sus promesas de creación de empleo, están agravando la situación.
«Ahí el de Argame se lleva la palma», sostiene Arce. El polígono de Morcín captó fondos mineros y, para recibir los permisos pertinentes, exigió un relleno de varios metros que lo protegiera de las crecidas. «La consecuencia es que, en una riada, el caudal no podrá esparcirse por esa zona y por tanto atacará con más fuerza el núcleo urbano», exponen Los Verdes.
Riesgos mal calculados
La desagradable experiencia que vivieron aquellas 40 familias langreanas rescatadas a toda prisa de sus viviendas amenaza con hacerse cada vez más frecuente en Asturias. «El cambio climático ya lo estamos experimentando y los modelos indican que la pluviosidad anual disminuirá, pero con una atmósfera más caliente, las lluvias que tendremos serán más torrenciales», expone Ricardo Anadón, catedrático de Biología de la Universidad de Oviedo.
Esa manera de llover provoca sobre los pequeños ríos de las montañas asturianas las crecidas más peligrosas, las que se producen en pocos minutos y arrastran árboles y rocas. «Es un problema añadido», apunta el doctor en Geología Eduardo Menéndez: «Los actuales desagües, canalizaciones y barreras se construyen en base a los datos de pluviometría de los últimos 60 años; te preparas para lo peor ocurrido entonces, pero es que el cambio climático implica unos cambios bruscos ante lo que no valen esas prevenciones».




* El Comercio Digital - R. MUÑIZ, GIJÓN - 14.10.2008
Foto: El agua del Nalón rodeó varias viviendas el pasado mes de febrero. / E. C., elcomerciodigital.com


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Citan como imputada a una parlamentaria del PP de Lanjarón por prevaricación

IDEAL/Granada* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Órgiva ha citado como imputada para el próximo jueves 16 de octubre a la parlamentaria andaluza y concejal de Lanjarón por el Partido Popular Carmen Lidia Reyes en una causa judicial que se sigue por un presunto delito de prevaricación urbanística, han informado a la agencia Efe fuentes judiciales.

En la instrucción, que se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía, están imputados todos los miembros de la Corporación municipal que votaron a favor de una licencia urbanística.

Según la mismas fuentes, esta licencia urbanística habría sido apoyada por los citados miembros de la Corporación sin contar con el informe del secretario y con uno contrario del perito municipal que lo había analizado.

La causa podría pasar a ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una vez que la parlamentaria popular Carmen Lidia Reyes acredite su condición de aforada.





* Ideal - 14.10.08 - EFE
Foto: Lanjarón (Granada) - ideal.es

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Málaga derriba o deja pudrir su patrimonio

ELPAÍS* : Edificios históricos de la capital se vienen abajo ante la dejadez municipal. La demolición del caserón de la Virreina, en la mañana del 28 de agosto, cuando la ciudad de Málaga había cerrado por vacaciones tras nueve días de feria, ha reabierto el debate sobre la deficiente conservación del patrimonio arquitectónico de la capital.

El palacete, uno de los pocos ejemplos de arquitectura burguesa del siglo XIX que quedaban en Málaga y que pasó a propiedad municipal en junio de 2000, fue demolido por su estado de "ruina inminente", a pesar de que el PP se había comprometido a rehabilitarlo para darle un "uso social o de equipamiento". Cuando se adquirió el inmueble, los técnicos certificaron que la edificación era "sólida". Tras ocho años -dos mandatos municipales completos- de abandono, el consistorio optó por echarlo abajo.

El caserón será reconstruido de forma exacta, según el Ayuntamiento, pero es sólo un ejemplo más de edificios singulares de Málaga que se están viniendo abajo ante los ojos de los ciudadanos y las administraciones. "Otras haciendas rurales de la burguesía malagueña, como La Píndola, Los Remates o Colmenares están en estado de semi-ruina. En el nuevo plan general urbanístico, muchas han sido valoradas, pero en sus fichas se ha adoptado la fórmula de 'se intentará su protección', con lo que entramos en un círculo vicioso que puede acabar con el patrimonio de la ciudad", denuncia el concejal socialista Sergio Brenes.

Otros inmuebles en riesgo son:

- Cortijo Jurado: El aspecto fantasmagórico de este edificio del distrito de Campanillas lo ha convertido en un templo para los amantes de la parapsicología y los relatos de misterio. Tanto que hasta Iker Jiménez ha realizado reportajes en el cortijo, construido en el siglo XVIII por la familia Heredia. Sin embargo, su realidad es mucho menos literaria. En 2002, el Ayuntamiento firmó un convenio con el Grupo Mirador por el que la promotora convertiría el cortijo en un complejo hotelero de cuatro estrellas y 200 habitaciones. A cambio, Mirador levantaría un centro cultural y pagaría 900.000 euros al municipio. En 2003, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que siempre ha apoyado el proyecto, puso la primera piedra de las obras, que deberían haber terminado en 2005. Sin embargo, las dificultades financieras de Mirador, que incluyen el embargo del cortijo Jurado por impago de deudas, tienen paralizadas las obras. En el último pleno municipal, el concejal de IU Antonio Serrano, presentó una moción para que se dé por caducada la licencia hotelera, y se construya un centro social en un edificio. El equipo de gobierno lo rechazó.

- Casa natal de Cánovas: Situada en la calle Nuño Gómez, una de las zonas más deprimidas del centro, la casa de Antonio Cánovas del Castillo, fue adquirida por el Ayuntamiento en 2001. Parte de la casa del político conservador, una de las figuras más influyentes de la segunda mitad del siglo XIX, fue demolida en agosto de 2004 "por razones de seguridad". En abril de 2008, el Ayuntamiento anunció la rehabilitación del inmueble para convertirlo en un centro de documentación sobre el artífice de la Restauración. El proyecto, con un plazo de ejecución de año y medio y una inversión de 1,9 millones, todavía no ha empezado. El PSOE ha reclamado que al centro se le incorpore otro edificio para darle mayor entidad".

- Convento de San Andrés: Fue levantado por los carmelitas en el Perchel en 1584 y pasó a manos privadas en las desamortizaciones del siglo XIX. En 1999, Urbanismo otorgó una licencia de derribo, y las máquinas comenzaron su trabajo en junio de ese año. Sin embargo, la presión vecinal consiguió paralizar la demolición, pero el edificio quedó muy dañado. En 2001 la Junta inscribió el convento en el catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz y el pasado mayo instó al Ayuntamiento a que lo rehabilite y mantenga. El inmueble, donde el general Torrijos pasó su última noche, se encuentra en muy mal estado

- Casa de Gerald Brenan: La residencia del hispanista, en la barriada de Churriana, sigue deteriorándose. En enero pasado, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, anunció que en marzo o abril arrancarían las obras de rehabilitación para construir un museo dedicado a Brenan. La actuación todavía no ha comenzado, denuncia Sergio Brenes, concejal socialista.






* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 14/10/2008
Foto: Vista del Cortijo Jurado- JULIÁN ROJAS, elpais.com

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La Ley del Suelo permite construir en zonas de riadas, según el COAM

MADRIDIARIO* : Los vacíos existentes en la Ley del Suelo permiten una lectura por parte de los ayuntamientos que posibilita la construcción en zonas potencialmente peligrosas para la seguridad de los ciudadanos, según el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), como por ejemplo la Senda Galiana de Coslada, donde se produjo una riada mortal el pasado 22 de septiembre, o la avenida de Vicálvaro, en la misma localidad, donde el riesgo de riadas por la ruptura de un muro de contención obligó este domingo a desalojar a unas 70 familias.

Una aplicación más estricta de la Ley del Suelo por parte de los ayuntamientos y que las administraciones locales "no aprovechen los vacíos legales", es la apuesta del COAM para evitar fallos en la seguridad, como los detectados días atrás por las intensas lluvias.

"Los ayuntamientos se amparan en la Ley pero ésta tiene vacíos", explicó el vocal de Urbanismo del Colegio, Pedro Ortiz, a Europa Press. Es por eso que demandó "un debate urbanístico que posiblemente dejaría fuera de la legalidad mucho de lo construido". Los arquitectos defienden "una aplicación más estricta de la Ley del Suelo, antes que una modificación de la misma".

La madrugada de este domingo, las fuertes lluvias, que obligaron incluso a activar el nivel de alerta 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM), provocaron el desalojo de unas 70 familias de la avenida de Vicálvaro, en Coslada, ya que los muros de sus viviendas estaban amenazados por la riada que podría haber ocurrido si un muro de contención no hubiera aguantado la presión del agua.

Por su parte, el punto donde se produjo el siniestro de Coslada el pasado 22 de septiembre es colindante con los terrenos del desarrollo El Cañaveral, en el distrito madrileño de Vicálvaro, donde los taludes artificiales promovidos por la junta de compensación hace un año, en la que participa el Consistorio de la capital, podrían haber actuado de dique causante de la riada. A ello se suma la ubicación de la Senda Galiana, una zona baja en la que confluyeron las aguas desde la M-45 tras las intensas lluvias caídas arrastrando capas de lodo y provocando el resultado ya conocido: la muerte de una mujer.

El PP, en la oposición en el Ayuntamiento de Coslada, afirmó tras el incidente que la barriada se encuentra en "condiciones de irregularidad, sin ningún tipo de control técnico", lo que provocó que los muros anexos a la casa de la fallecida formaran "falsos diques que explotaron por el agua cuando venía la corriente". Esos fallos de seguridad, conocidos y permitidos por los ayuntamientos, es lo que llevó al vocal de Urbanismo del COAM a reclamar "un debate sobre lo que es bueno o malo urbanísticamente" y la necesidad de una aplicación más estricta de la legalidad por parte de los consistorios.






* Madridiario - 12-10-2008 - MD0 / EP
Foto: Gustavo San Miguel, madridiario.es

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Arona: Vecinos presentan una demanda contra la aprobación parcial del PGO

ELDÍA/Tenerife* : Más de un centenar de vecinos presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una demanda contra la aprobación parcial del Plan General de Ordenación (PGO) de Arona, acuerdo adoptado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) el pasado 20 de diciembre de 2006.

El motivo de la denuncia es que las aprobaciones parciales están permitidas cuando lo suspendido son "piezas aisladas que no afectan al modelo global del planeamiento municipal".

Éste no es el caso, según el abogado de los demandantes, Felipe Campos, puesto que "lo aprobado por la COTMAC es el 45 por ciento y lo suspendido, el 55 por ciento restante". Pormenorizando, afirma que el suelo urbano y urbanizable que quedó en suspenso asciende al 75% de lo propuesto en el PGO", porcentaje que se incremente hasta el 85% en el caso específico del suelo urbanizable, "que es realmente en el que se crea ciudad".

Campos insistió en que la parte suspendida por la COTMAC del planeamiento de Arona es la que afecta al "ciudadano de a pie", mientras que aquello que obtuvo el visto bueno "es lo que beneficia a los grandes empresarios del municipio".

En cualquier caso, llama la atención acerca de la demora de casi dos años que experimenta la entrada en vigor del Plan General, ya que lo aprobado solamente requería de la subsanación de 18 observaciones que introdujo la COTMAC. Desde el punto de vista del abogado, "tiene que haber secretos inconfesables que explicarían por qué está sucediendo eso".

En este sentido, Felipe Campos considera que "es absolutamente necesario e inexcusable que el alcalde de Arona y la Dirección General de Urbanismo explicaran la verdad de esa situación. El silencio hace que vuele la imaginación".

Cabe recordar que cuando fue aprobado el Plan General, el gobierno municipal de Arona del mandato anterior manifestó públicamente su alegría y expresó su satisfacción por tal hecho, negando sistemáticamente lo que ahora denuncian ante el TSJC más de un centenar de vecinos, muchos de los cuales residen en Parque de la Reina.





* El Día - MEDINA - 13.10.2008
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com

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Cádiz: La Fiscalía pide mano dura en los permisos falsos para casas ilegales

ELPAÍS* : Comprar una parcela, contratar a un arquitecto técnico para obtener un certificado falso de obra, construir una casa sin licencia en suelo no urbanizable y después revenderla conlleva penas que pueden alcanzar los ocho años de cárcel. Es lo que ya ha pedido la Fiscalía en uno de los primeros casos de este tipo detectados en la provincia de Cádiz.

Después de este vinieron más que la Guardia Civil agrupó bajo el nombre Operación Obra Nueva. La investigación para desmantelar una trama dedicada a la falsificación de certificados de obra con el objetivo de simular la legalidad de casas construidas sin permiso avanza en los despachos policiales y judiciales. La Fiscalía estudia la posible división del caso en varias piezas para tratar de agilizar su tramitación.

Uno de esos primigenios casos se juzgará el próximo 22 de octubre en la Audiencia Provincial de Cádiz. En el banquillo se sentarán seis personas, entre propietarios, arquitectos técnicos y constructores. Ocurrió en Chiclana en 2003. La propietaria de una constructora, María Ángeles G.U., vendió una finca en la zona conocida como Pago Melilla. Previamente había conseguido de un arquitecto técnico, Francisco Carlos T.S., una escritura en la que figuraba que en esa finca existía una construcción de cinco años de antigüedad. Algo, según la Fiscalía, completamente falso puesto que se trataba de un solar vacío.

De esa forma la promotora validaba la existencia de unas casas que construyó después, gracias a un constructor, José O.G., también imputado. Viviendas que se levantaron sin ningún permiso en suelo no urbanizable. Las nuevas casas contaron con un certificado de obra nueva de un ingeniero técnico industrial, Diego G.G., con lo que la apariencia de legalidad era absoluta.

Con todos esos papeles obtenidos de forma fraudulenta, según la Fiscalía, vendieron las casas a unos particulares, mayoritariamente extranjeros, quienes desconocían el origen ilícito de las casas. El Ministerio Público ha pedido penas para los seis acusados que oscilan entre los dos años y ocho años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio, falsificación de documentos oficiales y otro continuado de estafa. Los principales perjudicados son los compradores finales de las casas porque la Fiscalía pide también su derribo aunque, a cambio, solicita que se les indemnice con el dinero que pagaron y los intereses correspondientes.

Se trata del mismo modus operandi que el desvelado el año pasado por la Guardia Civil en la operación Obra Nueva que, de momento, lleva 38 implicados. Aquella investigación policial puso la lupa en operaciones ilícitas que se llevaban desarrollando de manera habitual desde hacía tiempo. Los trabajos del Instituto Armado desvelaron que en muchos de los casos detectados coincidían muchos nombres. Ahora el Ministerio Público estudia si pedirá mantener la unidad de todo el caso bajo una misma causa judicial o proponer su división en varias piezas.

"Todavía es pronto para tomar una postura", explica el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez. Con todo, resalta la ventaja que supone la división del caso. "No todos los hechos van al mismo tiempo. Así que a medida que se vayan terminando algunas investigaciones, podríamos ir cerrando algunas diligencias. En la medida de lo posible, desde luego, es conveniente la división para agilizar".





* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 13/10/2008
Foto: Chiclana (Cádiz), zona trama Obra Nueva - diariodecadiz.es

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Uno de cada tres planes urbanísticos investigados por la UE son alicantinos

LAVERDAD* : Los planes urbanísticos que tienen el discutible privilegio de estar incluidos en un listado que investiga la Unión Europea, a través de la propia Comisión (CE) con sede en Bruselas y a propuesta del comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy (que asumió a su vez una denuncia del eurodiputado valenciano de Los Verdes David Hammerstein), no entienden de color político ni de enclaves geográficos.

Del total de 129 planes, sobre los que el Gobierno de España debe informar en el plazo máximo de dos meses, 37 están aprobados (definitiva o provisionamente) y proyectados en zonas de la provincia de Alicante.

Entre todos los pueblos afectados por esta investigación comunitaria destaca Jijona, con seis planes urbanísticos cuestionados por carecer de agua o por no tener garantizado el recurso hídrico al cien por cien. Jijona y Alicante cobran notoriedad por la monumentalidad de sus megaproyectos.

Con campo de golf aparejado o sin él, en un entorno estrictamente rural o dentro del casco urbano. La CE ha puesto sus ojos en la provincia de Alicante para analizar si disponen de suficiente agua o si, además, penden sobre ellos informes negativos del organismo de cuenca correspondiente (en todos los casos investigados la Confederación Hidrográfica del Júcar).

La Comisión Europea se centra únicamente en lo planes urbanísticos que han sido aprobados en los años 2006 y 2007. Afectan a un total de 56 municipios, de los que 23 son alicantinos. Estos municipios, incluida la capital Alicante, proyectan miles de viviendas, zonas urbanizadas y campos de golf en torno a un total de 37 planes urbanísticos u homologaciones de los planes generales de ordenación urbana.

Bruselas quiere saber de primera mano si los planes fueron aprobados por la Administración autonómica y local sin tener garantizada el agua o incluso con un informe negativo, aunque se no vinculante, de la confederación hidrográfica de la cuenca correspondiente.

Aunque la provincia de Valencia es la más afectada, con el 50% de todos los planes investigados, la de Alicante destaca por la monumentalidad de las actuaciones urbanísticas previstas.

Rabasa, a punto

El controvertido Plan Rabasa, que está pendiente de la aprobación definitiva, la cual podría producirse en las próximas semanas, es uno de los planes investigados, según la información a la que ha tenido acceso este diario. Prevé la construcción de 12.000 pisos, de los que unos 7.000 serían de protección oficial. El programa de actuación se desarrollaría en su caso sobre una superficie superior a los cuatro millones de metros cuadrados en un enclave privilegiado, frente a la Universidad de Alicante, la Autopista del Mediterráneo y el área de expansión natural de Alicante por su zona noroeste, tal y como ya recoge el PGOU.

La Confederación del Júcar emitió en su día un informe contrario a esta actuación urbanística al alegar que no podía garantizar, a futuro, el agua necesaria para los nuevos moradores (una nueva pequeña ciudad de unos 50.000 habitantes). El conseller García Antón dijo en una entrevista a este diario hace tres semanas que discrepaba de dicho informe, que ha sido recurrido en los tribunales, pese a lo cual no bloqueará la tramitación administrativa en la Conselleria de Urbanismo. Antes de finalizar el año podría estar definitivamente ratificado, tras la aprobación por la Comisión Provincial de Urbanismo el pasado junio.

El otro PAI monumental estaba proyectado en Jijona, y lo sigue, pese al dictamen en contra de un juez de Alicante que bloqueó el proyecto en el paraje de El Espartal, conocido así porque allí crecen las esparteras y poco más debido a su climatología en proceso de desertificación. El juez tumbó el propósito de una promotora vinculada al empresario valenciano Bautista Soler debido a que no estaba justificado el «interés general».

Desde el Ayuntamiento y los colectivos vecinales se había cuestionado dicho PAI, entre otras razones, por no está garantizada el agua potable en un municipio que lleva desde 1996 con un decreto, en vigor, de sequía, después de que la Administración local interviniera total y parcialmente las dotaciones utilizadas por los regantes en aplicación de la Ley de Aguas para asegurar el abastecimiento público.

En el municipio turronero hay seis PAI investigados por la UE, uno de ellos aprobado definitivamente por todas las Administraciones y situado en otro paraje semi desértico conocido como El Vergeret.

Campos de golf

Tanto uno com otro plan urbanístico de Jijona está vinculado a campos de golf. No son los únicos casos. También destacan en esta misma línea el proyecto Pego Golf y el de la Serreta Golf en Novelda, así como Xirillent, en Alcoi, por lo que respecta a la provincia de Alicante. En el caso de Aigües, Bruselas cuestiona su plan de ordenación urbana y en Sanet i Negrals se plantea la modificación parcial o total de su PGOU por no estar garantizado el suministro hídrico.

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda aseguran que no les consta ningún listado concreto hacia dicha investigación, pero que «circulan» varias de esas listas negras. La Conselleria, no obstante, ya ha dicho que informará puntualmente al Gobierno de España.






* La Verdad - BERNAT SIRVENT - 13.10.2008
Foto: EN MARCHA. Un vecino observa una de las lagunas de Rabasa, incluida en el plan parcial adjudicado a Ortz e Hijos. / ÁLEX DOMÍNGUEZ, laverdad.es

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Un informe jurídico rechaza legalizar 300 viviendas costeras de Marín

ELPAÍS/Pontevedra* : La amenaza de derribo por el deslinde marítimo-terrestre pende sobre 300 viviendas repartidas en cinco núcleos de Marín, después de que el Consello Consultivo tumbara la pretensión de la Consellería de Política Territorial de legalizar su situación mediante la revisión de oficio de las normas subsidiarias de la localidad.

El informe del órgano asesor es concluyente: la pretendida revisión es en realidad "una modificación del planeamiento" urbanístico que, de llevarse a cabo, "puede dar lugar a consecuencias contrarias a la equidad entre los ciudadanos de Marín".

La consellería que dirige María José Caride dio por solucionado el conflicto en febrero de este año, cuando firmó la resolución por la que Urbanismo iniciaba el procedimiento de revisión de oficio del planeamiento de ese municipio. El objetivo consistía en que esos núcleos costeros -Loira, Aguete, A Teoira, Casás y Mogor- fueran reconocidos como suelo urbano, lo que permitiría reducir a 20 metros la zona de servidumbre de protección y, por lo tanto, legalizar las viviendas afectadas. La memoria de las normas subsidiarias de Marín, de 1978, reconoce expresamente los asentamientos como núcleos rurales, pero en los planos aparecen como zona litoral dentro del suelo no urbanizable.

El Consello Consultivo rechaza de plano que se solucione el limbo urbanístico de los cinco núcleos mediante la revisión de oficio de acto nulo de las normas subsidiarias. Este sistema "constituye una fórmula privilegiada y excepcional", dado que su fin es privar de toda eficacia decisiones anteriores "viciadas de nulidad". "No conviene olvidar que la facultad revisora de los actos declarativos de derechos se concibe como un procedimiento en el que interesa, ante todo, el restablecimiento de la legalidad quebrantada; sin embargo debe también cumplir una función de garantía", advierte el Consultivo.

En el caso de Marín, agrega el informe, "no se busca simplemente declarar nula la disposición o norma urbanística relativa a la clasificación como zona litoral en suelo no urbanizable", sino que se va "en la búsqueda de establecer una clasificación urbanística diferente". Se intenta "establecer una nueva ordenación urbanística" para los núcleos rurales, lo que significa que "la finalidad real perseguida en este caso es una alteración concreta de la ordenación urbanística".

"Pero eso es lo que se llama una modificación del planeamiento, finalidad que tiene establecido en el ordenamiento jurídico un procedimiento específico a tal fin", agrega el autor del informe, aprobado por unanimidad por el pleno del Consello Consultivo. Tras esta observación, el informe propone precisamente abordar los cambios en un nuevo plan general, "pues comprende las garantías precisas" para modificar la clasificación urbanística.

Otra de las razones del rechazo a la revisión de oficio es precisamente el proceso de elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Marín, aprobado inicialmente por el ayuntamiento el 26 de febrero de 2007. "La normativa vigente no permite la modificación del planeamiento cuando está en tramitación un nuevo plan general o su revisión", advierte el Consultivo, que cita la Ley del Suelo de Galicia, que circunscribe la prohibición al período que va de la aprobación inicial a la definitiva.

En la propuesta de Política Territorial, además, "no se explica suficientemente para qué se acomete esta modificación, después de que transcurrieran treinta años desde la aprobación" de las normas subsidiarias, máxime cuando está en tramite un plan "en el que se podría recoger la alteración de que se trata".






* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 13/10/2008
Foto: Marín (Pontevedra), puerto - wikipedia.org

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¿Por qué no bajan los pisos? Gobernantes y banqueros se alían para evitar un desplome

CARLOS SÁNCHEZ* : Primero, los datos. Resulta que en EEUU los precios de la vivienda –según el índice Case-Shiller- han caído un 17% en los últimos doce meses (julio sobre julio). Este índice recoge información estadística sobre la evolución de los precios en 20 grandes ciudades de EEUU, y pasa por ser el más fiable sobre lo que sucede en el mercado inmobiliario estadounidense. Como toda estadística, puede ser criticable, pero hoy por hoy es la más representativa.

En el Reino Unido las cosas no son muy distintas. El índice Nationwide -uno de los más utilizados- refleja un descenso anual (septiembre sobre septiembre) equivalente al 12,4%, lo que da idea de la intensidad del ajuste inmobiliario. Teniendo en cuenta el efecto de la inflación, esto significa que en términos reales los precios de las casas han caído entre un 15% y un 21% en ambos países. Se trata de una media, por lo que en algunas zonas el recorte ha sido, incluso, mayor.

Como se sabe, EEUU y Reino Unido han vivido en los últimos años una burbuja inmobiliaria similar a la española, pero he aquí la paradoja. Los precios de la vivienda en España se resisten a bajar, y ello pese a la espectacular caída de la demanda, provocada tanto por la subida los tipos de interés como por las dificultades para obtener un préstamo. Vayamos de nuevo a los datos. Según el Índice de Precios de Vivienda -que publica Estadística- los precios de los pisos han descendido un 0,3% en el último año (segundo trimestre sobre segundo trimestre), como se ve muy por debajo de lo que ha ocurrido en los dos países anglosajones anteriormente citados.

El precio no sólo ha caído de manera irrelevante teniendo en cuenta las circunstancias del mercado, sino que lo ha hecho de manera dispar. Mientras que el importe medio de la vivienda de segunda mano ha retrocedido un 4,9%, los pisos nuevos han desafiado a las leyes más elementales de la economía. No sólo no han bajado, sino que han subido un 5,3% (por encima incluso de la inflación), lo cual no deja de sorprender en un contexto de destrucción de empleo y de restricción del crédito. Aunque pueden existir razones metodológicas que expliquen en parte lo sucedido (los precios de la vivienda en el momento de la escritura corresponden a lo pactado entre comprador y vendedor hace ahora 18 o 24 meses), lo cierto es que sorprende la escasa elasticidad del precio de la vivienda a las circunstancias de mercado. En cualquier caso, mucho menor que en otros países. No se trata de un fenómeno nuevo. Históricamente, como dice un conocido urbanista, el precio de la vivienda ha bajado en España menos que en el resto de los países desarrollados, “probablemente debido a que siempre se ha visto la vivienda en propiedad como una especie de hucha familiar hacia la que se han destinado todos los ahorros”.

Inmuebles inmunes

Se trata, sin embargo, de un fenómeno verdaderamente peculiar que no deja de sorprender a muchos analistas extranjeros: en España los precios de los inmuebles son prácticamente inmunes a la caída de la demanda, al contrario que en el Reino Unido o EEUU. ¿Tenemos en ciernes algún Premio Nobel de Economía? No parece que vayan por ahí los tiros.

Se equivoca quien busque una respuesta económica a lo que ocurre en el mercado de la vivienda. Los precios de las casas no bajan, precisamente, por que no hay mercado. Ahí está la paradoja. Las causas parecen tener más que ver con la existencia de una especie de pacto de sangre (o de silencio, según se mire) entre la clase política, la autoridad monetaria y el mundo del ladrillo y de la banca para que no baje el precio de los activos inmobiliarios más allá de lo que se considera razonable. Lo cual es especialmente preocupante teniendo en cuenta que el Banco de España ha estimado que la vivienda está sobrevalorada en más de un 20% respecto a su valor de equilibrio.

Con esta estrategia, se pretende evitar una situación parecida a la que ocurrió en Japón a principios de los 90, cuando el desplome del inmobiliario se llevó por delante establecimientos financieros que en su balance contaban con hipotecas que valían menos que las propias casas a precio de mercado, lo que les obligó a depreciar el valor de sus activos para dar una imagen fiel de su patrimonio. Es como si en lugar de dar una hipoteca sobre el 80% de valor de tasación de un inmueble se hubiera concedido sobre el 120% o el 130% (como, por cierto, ha ocurrido en EEUU con las hipotecas subprime). Imagínense la situación. La garantía hipotecaria (el valor del piso) es inferior a lo que se refleja en libros, lo que desde luego crea un problema tanto para el banco como al propietario, que está pagando intereses por algo que vale menos de lo que recibió prestado.

Ni que decir tiene que los paganos de esta situación son los ciudadanos que quieran adquirir una vivienda, incapaces de comprender por qué los pisos no bajan de forma relevante cuando la economía está al borde de la recesión.

Y aquí entra la perversión del sistema actual: bancos y cajas de ahorros prefieren engordar su patrimonio inmobiliario (convertirse en la primera inmobiliaria del país) antes que sacar las casas al mercado al mejor postor, lo que exigiría un recorte de precios. Un dato puede ilustrar la naturaleza del problema. Los créditos dudosos vinculados al sector inmobiliario (con garantía hipotecaria) equivalían en el segundo trimestre del año a 9.022 millones de euros, es decir el triple que hace apenas un año (2.282 millones de euros).

Sanear el balance

La lógica económica diría que cualquier entidad que se queda con un piso debe tener prisa por venderlo para sanear su balance (sobre todo en estos tiempos que corren), pero la realidad es muy distinta. La oferta de viviendas apenas ha crecido por esta vía. Y eso que la demanda sigue ahí. Por mucha crisis que haya, cada año se crean en España, según la EPA, unos 420.000 hogares, que podrían tener acceso a viviendas más baratas con una línea de financiación pública a precios de mercado. Se evitaría de esta manera que los españoles sin vivienda tengan que subvencionar a quienes sí tienen oportunidad de comprársela. Con ello, se alimentaría el ciclo inversor y, por lo tanto, el empleo.

No se trata de un asunto menor. Los 9.000 millones de euros que tienen lo bancos en mora equivalen al valor de unas 60.000 viviendas que deberían salir al mercado para abaratar precios. No se ha hecho, precisamente, para evitar una depreciación de sus activos. Las pujas que se han hecho hasta ahora son simbólicas.

En coherencia con esta estrategia, la banca ha asumido que es mejor negociar con las inmobiliarias (incluso en algún caso entrando en su capital) antes que instar a unas suspensión de pagos, algo que iría contra su balance. Evidentemente, no en todos los casos.

Martínsa-Fadesa cayó, y lo mismo le ha sucedido a otras muchas inmobiliarias pequeñas, pero como regla general la banca ha apostado por ejecutar los créditos impagados, con lo que evita que la sociedad en dificultades se vea obligada a acudir a un concurso de acreedores. Una suspensión de pagos obligaría a la empresa afectada a desprenderse de parte de sus activos para pagar sus deudas, pero esto no ocurre simplemente por una razón: la banca acreedora prefiere quedarse con esos activos antes que depreciarlos. Algunos economistas consideran que estamos ante una especie de morosidad encubierta que no aparece en las estadísticas oficiales. Tampoco se trata de un asunto menor. Las inmobiliarias deben a los bancos 313.176 millones de euros, de los que 6.203 millones están ya en mora (seis veces más que hace un año). Y si de pronto el valor de esos activos (con garantía hipotecaria) cae un 20 o un 30%, el daño para su patrimonio es evidente. No hay auditor que autorice tasar esos activos muy por encima del valor de mercado.

Según los expertos, otro factor puede estar influyendo en la resistencia de los precios a bajar en línea con lo que sería razonable en un contexto macroeconómico como el actual. La mayoría de los gobiernos autonómicos ha alcanzado acuerdos con los promotores inmobiliarios con el fin de reconvertir la vivienda libre en otra a precio concertado, lo que significa que el valor de las promociones tiene un suelo que no se puede sobrepasar. Una medida que impide que el mercado funcione, en este caso con el objetivo de favorecer a quienes quieran comprar una vivienda. En una palabra, no puede haber demanda cuando la oferta potencial no se adecua a la realidad económica por intereses de parte.





* El Confidencial - 10.10.2008

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Marbella: El nuevo PGOU legaliza las naves de La Cañada y autoriza hoteles en suelo previsto para equipamiento

SUR* : Las modificaciones al Plan aprobado inicialmente por el pleno dan luz verde a la construcción de más de 200 viviendas en Plaza de Toros. El edificio de Radio Nacional pierde el uso cultural que se había previsto. El Plan General de Ordenación Urbana que el Ayuntamiento de Marbella aprobará en pleno el próximo 22 de octubre guarda importantes diferencias con el que obtuvo la aprobación inicial en julio del año pasado, apenas un mes después de la llegada de Ángeles Muñoz a la alcaldía.

En aquella ocasión, el nuevo gobierno municipal dio su visto bueno al documento redactado bajo la dirección de la Junta de Andalucía sin apenas estudiarlo y con la intención de no prolongar la situación de inseguridad jurídica que suponía continuar con el Plan de 1986, pero el periodo de revisión de las alegaciones ha permitido avanzar en un documento más al gusto de los responsables municipales.

Durante estos meses, el área de Urbanismo ha mantenido un absoluto secretismo sobre el curso de las negociaciones para modificar el documento aprobado, en las que han participado algunos de los empresarios cuyos edificios se levantaron durante el gilismo al margen de la ordenación vigente.

Estos empresarios y los responsables municipales, en algunas ocasiones la propia alcaldesa, Ángeles Muñoz, se desplazaron en repetidas oportunidades a la ciudad de Jerez, donde el arquitecto redactor del Plan, Manuel González Fustegueras, tiene su estudio.

Reunión

En una de estas reuniones con la alcaldesa y González Fustegueras participó el propietario de la Cañada, Tomás Olivo, para analizar las compensaciones que el empresario debería entregar al Ayuntamiento, según explicaron a este periódico fuentes municipales, que sin embargo no han confirmado cuáles son las modificaciones introducidas en el Plan. Olivo es el propietario de suelo que mayores compensaciones deberá realizar.

Según información a la que ha tenido acceso este periódico, los cambios más importantes introducidos en este periodo van en la dirección de legalizar la situación de los inmuebles irregulares, en algunos casos a costa de que la ciudad pierda la posibilidad de contar con suelo para equipamiento en zonas estratégicas. A cambio, se ha blindado a los compradores de pisos para que no tengan que asumir compensaciones.

El caso de regularización posiblemente más importante es el de la tercera fase de La Cañada, en la zona donde se encuentran las naves paralizadas por un Juzgado de Málaga por haber sido construidas en suelo rústico. El Plan aprobado en julio bloqueaba la consolidación de esta zona comercial al calificarla como suelo para equipamiento público. La intención inicial era destinar esa área al nuevo recinto ferial. Sin embargo, las negociaciones llevadas a cabo en Jerez por el propietario del recinto, Tomás Olivo, han dado sus frutos.

El nuevo Plan cambia a uso comercial la calificación del suelo, lo que da luz verde a la ampliación de complejo. El Ayuntamiento se adelantó días atrás a este cambio previsto en el PGOU al autorizar en la zona la celebración de un evento comercial patrocinado por la multinacional Audi, que ha alquilado el recinto en más de 200.000 euros. Ahora se sabe que el uso comercial en ese sector no será provisional, sino permanente.

El nuevo Plan es un cúmulo de buenas noticias para Olivo, ya que se reduce a la mitad el sector reservado para el traslado del polígono industrial que pasa de un millón de metros a unos 480.000. Asimismo, la zona del alcornocal destinada en principio a reserva medioambiental también se reduce para dar paso al recinto ferial.

Las buenas noticias para el empresario no se acaban ahí. El emblemático edificio de Radio Nacional en la avenida Ricardo Soriano, que Olivo obtuvo en subasta pública en 2005 por 15 millones de euros, también ha cambiado su calificación. El Plan consideraba este inmueble como de equipamiento cultural, pero la calificación ha sido modificada y ahora será de uso hotelero. Olivo podrá levantar un hotel de seis plantas, y a cambio deberá ceder al Ayuntamiento 2.000 metros construidos, lo que equivale a media planta.

Edificio de Correos

Olivo no es el único empresario imputado en la 'operación Malaya' cuyos intereses se han visto favorecidos en la tramitación del Plan General llevada a cabo en los últimos meses. El antiguo edificio de Correos de la calle Adolfo Bazán, propiedad de una empresa relacionada con el también imputado Juan Hoffmann, también cambiará su destino. Este inmueble, paralizado por haber modificado el uso original y que recibió una sanción de cuatro millones de euros por parte de la gestora, figuraba como equipamiento público en el Plan original. Ahora podrá ser destinado a hotel.

Otra de las modificaciones introducidas en el Plan que favorecerá a los promotores afectará a la barriada de Plaza de Toros, donde la empresa Jotsa, propiedad de la familia García Obregón, podrá ejecutar su proyecto para construir más de 200 viviendas en un solar que originalmente estaba destinado a parques y jardines y equipamiento escolar. Este proyecto, defendido por el Ayuntamiento, ya ha levantado una agria protesta por parte de los vecinos de la zona.

San Pedro Alcántara

Otros dos edificios cargados de polémica también encontrarán amparo en el nuevo Plan General. Se trata de Jardines de la Costa, situado en San Pedro Alcántara, y Jardines del Príncipe.

El primero, de 61 viviendas, fue levantado con una licencia ilegal impugnada por la Junta de Andalucía. El nuevo documento urbanístico no preveía su legalización, por lo que en las negociaciones llevadas a cabo con el Ayuntamiento para permitir la concesión de licencias provisionales mediante el adelantamiento de la ejecución del Plan, la Consejería había puesto a este inmueble como ejemplo de lo que se debía demoler. Ahora, el Ayuntamiento lo legaliza.

La misma buena suerte correrá Jardines del Príncipe, un conjunto de 81 viviendas situado junto al Palacio de Ferias que se levantó en su día sobre suelo calificado para viviendas unifamiliares, zona verde y de viales.El nuevo Plan lo considerará legal a cambio de que se cedan los bajos al Ayuntamiento.





* SUR - HÉCTOR BARBOTTA - 12.10.2008
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es

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