ELPAÍS/Alicante* : Los extranjeros de La Marina Baixa siguen los pasos de los de La Marina Alta y se organizan para defenderse de lo que consideran abusos urbanísticos de la Administración local. El presidente de la asociación Veïns de L'Alfàs, Marco Perotti, anunció ayer que denunciarán al alcalde ante la justicia española y europea por su "afán depredador" del territorio...
... con la aprobación del PAI Pla de la Serra, que va a suponer la construcción de 2.000 viviendas en 800.000 metros cuadrados, en gran parte, parcelas de pequeños propietarios.
Hay unos 40 propietarios extranjeros a los que se les "ha invadido" su propiedad, según Perotti. "Es una indefensión total ante el afán urbanístico. Lo único que cambia de la LUV a la LRAU es el nombre, porque al final todo acaba en una reparcelación forzosa en la que quien no aporte dinero se queda sin su vivienda", criticó Perotti. El dirigente vecinal acusa al primer edil de negarles la información que afecta al planeamiento.
Veïns de L'Alfàs, con más de 100 socios, anunció la celebración el 18 de agosto de una conferencia europea sobre abusos urbanísticos.
* ELPAIS.com - S. CASTILLO - Benidorm - 13/08/2008
Foto: Alfaz del Pi (Alicante) - mma.es
El urbanismo salvaje obliga a los extranjeros a organizarse
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13.8.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Salvemos Mojácar recurrirá la indemnización de 100 millones por el hotel del Algarrobico
TELEPRENSA/Almería* : Cada uno de los 40 millones de españoles tendrá que poner tres euros de su bolsillo y cada familia una media de 10-12 euros por una ilegalidad cometida por la Administración andaluza y el Ayuntamiento de Carboneras. La asociación considera inaceptable que se negocie así con la promotora, que no tiene derecho a indemnización, según la Audiencia Nacional.
Salvemos Mojácar considera una aberración que se ofrezcan 100 millones de euros del bolsillo de todos los españoles a una promotora inmobiliaria que conocía perfectamente la ilegalidad de la construcción, por la ilegalidad más monumental cometida en el litoral por la administración andaluza y el Ayto. de Carboneras, cuando se deja en la calle sin indemnización a familias desamparadas y víctimas de estafas derribando sus casas.
Cada uno de los 40 millones de españoles tendrá que poner tres euros de su bolsillo, y cada familia una media de 10-12 euros, por una ilegalidad cometida por la administración andaluza y el Ayto. de Carboneras.
Según las recientes sentencias de la AN reafirmando el deslinde de 100 m de Costas la promotora no tiene derecho a indemnización y en todo caso cualquier indemnización debería ser pagada por los funcionarios corruptos del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía que dieron luz verde al hotel.
El precio de 100 millones de euros es en cualquier caso desorbitado y una muestra más del trato de favor exclusivo y aberrante que se da a las promotoras en España, frente al ninguneo y pisoteo sistemático de los ciudadanos indefensos.
La asociación exige que el hotel se eche abajo sin indemnización y que los costes de la demolición y la restauración del entorno sean pagados por los funcionarios responsables de su aprobación ilegal.
La asociación sospecha que se ha acelerado este acuerdo ante la sentencia de demolición sin indemnización que se esperaba en los próximos meses en el recurso interpuesto por la asociación en Almería, el mismo que dio lugar a la paralización. Se intenta con ello dar trato de favor y compensar, a costa de las arcas públicas, a una promotora que es el buque insignia de la barbarie urbanística y la destrucción de litoral en España.
La asociación anuncia que próximamente, de confirmarse la noticia delacuerdo alcanzado, interpondrá un recurso contra el mismo exigiendo sus suspensión cautelar.
* Teleprensa - 12 de Agosto del 2008
Foto: Algarrobico ILEGAL - A.Rodríguez (EFE)
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12.8.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Condenan al Ayuntamiento de Marbella a revisar una licencia de obras ilegal por no ajustarse al PGOU
EUROPAPRESS* : El Ayuntamiento del municipio malagueño de Marbella ha sido condenado por el Juzgado de lo Contencioso- administrativo nº5 de Málaga a iniciar el expediente de revisión de una licencia de obras ilegal, según informó hoy el grupo municipal socialista. En concreto, se trata de un permiso para construir 35 viviendas, garajes y trasteros en la zona de Río Real concedido por el ex alcalde Julián Muñoz a la mercantil Grupo Ray Inmobiliario S.L.
Esta sentencia, derivada de un recurso presentado por la Junta de Andalucía, obliga al Consistorio de Marbella a iniciar una revisión después de que el equipo de gobierno del PP "aprobara una propuesta para conceder licencias de obras en precario", señaló el concejal del PSOE Javier de Luis Ferreras.
La obra objeto de la revisión del permiso "no se ajusta al Plan General Ordenación Urbana (PGOU) vigente por un exceso de edificabilidad", explicó el edil en un comunicado.
Asimismo, indicó que, como en la mayoría de las licencias de obras ilegales, se ha elaborado un informe jurídico por parte de los abogados del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella en el que se propone al equipo de gobierno del PP la revisión del acto "por no ajustarse a la legalidad urbanística vigente".
Sin embargo, según afirmó, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, "ha hecho caso omiso a estos informes, rechazando, incluso, la moción que el PSOE presentó en septiembre de 2007 para que, en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se procediera a la revisión de todas las licencias ilegales concedidas en los gobiernos gilistas, favoreciendo con esta medida los intereses tanto de los compradores de buena fe como de los afectados por las viviendas ilegales".
Para los socialistas, con esta sentencia, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 "viene a dar la razón a lo propuesto en su día por el PSOE" y también a lo exigido por la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, que en el último acuerdo con la Alcaldía incluyó la revisión previa de las licencias ilegales como un paso obligatorio.
Además, el acuerdo de adelantar en precario parte de lo previsto en la revisión del PGOU, en lo relativo a licencias de primera ocupación y apertura, "no puede olvidar que también forma parte de la aprobación inicial del Plan General la revisión de licencias de obras ilegales, algo que la alcaldesa pretende ignorar", criticó el PSOE.
* Europa Press - 12 Ago 2008
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Denuncian "el deterioro" de la costa vasca por la "la construcción urbanística e industrial"
EUROPAPRESS/Bilbao* : Ecologistas en Acción denunció hoy "el deterioro" de la costa vasca debido a la "la construcción urbanística e industrial" y recordó que "se avecinan nuevos proyectos y riesgos para la conservación de nuestra costa", según declaró hoy su portavoz Carlos Alonso.
Los miembros del colectivo ecologista llegaron ayer a Bilbao a bordo del velero 'Diosa Maat', que está navegando por el Cantábrico con el objetivo de "realizar un análisis de la situación de los ecosistemas costeros y marinos de la zona".
En una rueda de prensa celebrada hoy en Bilbao, los ecologistas indicaron que "las zonas más afectadas por el desarrollo urbanístico" son el entorno del estuario del Barbadún y la playa de La Arena, el tramo costero de Getxo a Plentzia, Bakio, la reserva de la Biosfera de Urdaibai, el Estuario del Oka, Orio y el entorno de la ciudad de San Sebastián.
Por otro lado, 'Ecologistas en Acción' también denunció "las afecciones y contaminación" por la industria y otras instalaciones, entre las que destacaron la Refinería de Petronor, en Muskiz, que "sigue adelante con el proyecto de construcción de una planta altamente contaminante de transformación de subproductos petroleros en coque de petróleo".
Asimismo, uno de los miembros de la tripulación del 'Diosa Maat' y de 'Ecologistas en Acción', Jorge Sáez, recordó que la "costa Atlántica y Cantábrica es la más amenazada de España" debido al "urbanismo desmesurado y los vertidos que cada vez son mayores".
Sáez insistió en la "escasez" de depuradoras en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, a lo que calificó como "impresentable e ilegal". "En la ría de Bilbao sigue habiendo vertidos de aguas fecales, lo que es una irresponsabilidad por parte de las administraciones pesqueras", declaró.
Además, indicó que "no se debe consumir pescado a diario porque la concentración de metales es grande debido al desarrollo industrial", y afirmó que "los peces que más metales pesados acumulan son los grandes depredadores y peces más pequeños, como la anchoa y el boquerón". De este modo, 'Ecologistas en Acción' pidió "una ordenación de los recursos costeros y naturales" y recalcó que "el desarrollo económico una vez más se enfrenta a un sector primario".
"PEQUEÑOS PRESTIGES"
Alonso, por otra parte, declaró que existen "fenómenos de contaminación como pequeños Prestiges cotidianos por el descontrol en el vaciado de los residuos de las embarcaciones" y señaló que hay una "sobreexplotación de las especies pesqueras", entre las cuales "la anchoa es la más amenazada, pero no la única".
Tras la rueda de prensa, los miembros de la confederación realizaron una salida de navegación en dirección a la Playa de La Arena (Muskiz), para colocar una Bandera Negra y denunciar, de este modo, "los impactos ambientales de la refinería de Petronor y el proyecto de ampliarla con la construcción de una Planta de Coque de petróleo".
* Europa Press - BILBAO, 11 Ago 2008
Foto: Bakio (Vizcaya) - El Correo
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Tema: NOTICIAS País Vasco
La Ley del Paisaje de Cantabria
ALFONSO GARCÍA GIRÓN* : La primera comunidad autónoma en elevar a rango de ley la protección del paisaje fue la Comunidad Valenciana y posteriormente la Ley de Protección del Paisaje de Cataluña nos ofreció un texto exquisito, profesional y respetuoso hasta el nivel de facsímil del Convenio Europeo del Paisaje.
En Cantabria ya se hablaba por entonces de la protección del paisaje, aunque ese concepto que todos entendemos y nadie sabe a ciencia cierta cuál es el alcance de su significado, en materia de regulación política claro está, comenzó a estrenarse en los foros oficiales, justo antes de las elecciones autonómicas en un congreso celebrado en el Palacio de Exposiciones de Santander.
Posteriormente, el Estado Español ratificó recientemente el Convenio Europeo del Paisaje en un alarde de compromiso que esperamos ver cumplido en un plazo menos informal que la propia ratificación del convenio, que cuanto menos ha resultado un 'pelín' relajada.
Para no aburrir mucho con datos, la cuestión es que Galicia ya ha iniciado los debates en su parlamento, aceptando la tramitación de su Ley del Paisaje, y otras comunidades están ya afilando el lápiz al respecto, tomando como pilar del conocimiento el citado Convenio Europeo del Paisaje, entre ellas Cantabria, según noticias ofrecidas por este diario.
Todas estas iniciativas son reacciones tardías al Convenio Europeo del Paisaje y a su reciente ratificación, y tomando como modelo a la adelantada ley catalana, es lógico pensar que ahora todas las comunidades van a apoyarse en este texto comunitario de la Comisión en la redacción de su normativa.
Lo paradójico viene después, cuando algunos llegamos a la conclusión de que nuestro país no puede comenzar con la simple aplicación del convenio, sobre el que se están asentando todas las normativas regionales, debido a que el estado de degradación paisajístico es tal, que es necesaria una fase previa de restauración para posteriormente abordar la creación de más puestos de funcionarios, en observatorios regionales y autocomplacientes, doctos, versados y con un discurso propio de cualquier Estado europeo, de los que llevan ejecutando normas claras en materia de paisaje durante mas de un lustro y forman parte de la idiosincrasia social.
Seamos realistas: en nuestro país y en Cantabria con más motivo por lo que argumentaré después, no podemos aplicar una normativa de intenciones, de observación, de catalogación y de cartografía. El desastre urbanístico es tan importante y generalizado, que lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar una norma paisajística tan amplia y de profundo calado como es el Convenio Europeo, es intentar remediar el pésimo estado de las cuencas visuales, en las que no se ha hecho nada específico en materia de paisaje nunca. Es decir, elaborar una norma ejecutiva y clara que borre visualmente de nuestras autopistas y accesos a los núcleos urbanos, en un plazo de cinco años, los desastres de una práctica urbanística, que ha sido competencia exclusiva de nuestros arquitectos, que han tenido el absoluto privilegio de regularse a sí mismos como colectivo, ante el 'no sabe no contesta' de las administraciones competentes y su permisividad. Naturalmente hay excepciones notables, pero pocas en esta materia. Prevalece por desgracia la obra de autor, frente al respeto a lo preexistente, que es lo que crea paisaje urbano, identidad y cultura colectiva.
En Europa hay países como Suiza, Alemania o Francia que han hecho gala discretamente de sus leyes del paisaje, ejecutivas y claras por supuesto, y que han condicionado hasta las particiones de los cristales de las ventanas en determinados entornos urbanos. Francia dispone de una ley dedicada al paisaje desde 1993, donde el paisaje aparece integrado en todas las normativas del patrimonio histórico y natural. En el caso alemán, se trata de una norma federal que une la gestión del paisaje con la conservación de la naturaleza, lo cual es un concepto que a mí me parece muy acertado e inteligente y un ejemplo a seguir en Cantabria, dadas sus condiciones naturales y el bajo nivel de intervención humana en el medio
Desde la declaración del Parque Nacional de Yellowstone, hasta la construcción de Central Park en Nueva York, derribando previamente manzanas de edificios, hay una filosofía perfectamente cohesionada que vincula la sensibilidad y el respeto a la naturaleza como ecosistema, a la intervención más atrevida del paisajismo urbano. La cuestión es aceptar el verdadero concepto global del paisajismo como comprensión del medio, o aceptar las tesis del paisajismo como especialidad de la arquitectura y del urbanismo, que en mi opinión es algo parecido a querer ser ornitólogo estudiando en una pajarería.
En cuanto a la famosa Ley del Paisaje de Cantabria, como norma legal no debería, en mi no se si modesta opinión por lo clara, detenerse en formular intenciones que supusieran un quebradero de cabeza al jurídico ante el recurso del promotor agraviado, por poner solo un ejemplo.
Esta ley debería ser clara y previa a la adopción normativa del Convenio Europeo del Paisaje: se puede hacer o no se puede hacer tal cosa y estos son los límites. De esta manera podrán evitarse de partida los 'cantos del cuco,' motivados por un claro vació legal en materia de paisaje, o con normas de imposible aplicación por lo subjetivas que resultan, para posteriormente pasar al desarrollo de la norma europea, que tendrá una afección tan importante que ahora es imposible abordar en este país, aunque nos pese.
En cualquier caso regular bien es fácil. Tenemos otros ejemplos como los que nos dan los países mencionados. Poner coto al desmán urbanístico es fácil también en estos momentos, porque ningún constructor se va a preocupar de las limitaciones estéticas. Muy por el contrario puede ver una salida a la crisis en el urbanismo paisajista de calidad en Cantabria.
Cantabria está agotando por evolución el modelo cultural de la vaca, que dentro de poco tendrá que ser subvencionada por Turismo y tiene que pasar al modelo cultural de la calidad total como objetivo. Calidad en su entorno, en su paisaje como síntesis de su cultura y en la manera de planificar sus oportunidades de futuro. El paisaje puede dar nuevas oportunidades a esta región, como al resto de España, la cuestión no es sólo no perderlas, sino también valorarlas como un activo que a futuro supondrá el mayor atractivo de esta región. Pueden estar seguros.
Cuando leemos que aún no se sabe si hacer una ley específica para Cantabria o incluir determinadas normas sectoriales en la planificación urbanística, la pregunta que se nos ocurre es ¿que más da?, si al fin y al cabo cualquier regulación deberá estar plenamente coordinada a nivel autonómico al menos, para que no parezca una chapuza territorial que vuelva loco al ciudadano. Lo importante no es el aspecto formal de la norma, sino la cohesión, la oportunidad y el alcance de la misma. Crear una ley como la catalana para observar o catalogar, es iniciar una andadura larga, cara y poco concreta, que en nuestro país no es realista ni efectiva. Primero hay que crear conciencia colectiva de paisaje como patrimonio a través de la regulación básica y después intentar aplicar el Convenio Europeo que, no olvidemos nunca, no se ha hecho aquí, donde el paisajismo ni tan siquiera es una carrera universitaria oficialmente reconocida todavía.
Por tanto, Ley del Paisaje sí, pero ejecutiva y concreta.
* Alfonso García Girón es licenciado superior en paisajismo por la Universidad Camilo José Cela.
* El Diario Montañés - Opinión - 09.08.2008
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Protestan en Ribadeo contra la ubicación de una nave en el puerto y otras obras que "dañan la ría"
EUROPAPRESS/Lugo* : Alrededor de medio millar de personas -según la organización- se concentraron hoy en la localidad lucense de Ribadeo para rechazar la construcción de una terminal de carga en el puerto, así como el desarrollo de otras actuaciones que "van a dañar el sistema de corrientes y provocar muchos problemas ambientales en la ría".
En declaraciones a Europa Press, el coordinador de organización de Adega, Martiño Fiz, calificó como "muy buena" la asistencia a la concentración, que recorrió el centro de Ribadeo. Además, avanzó que intentarán constituir una coordinadora de asociaciones para evitar estas obras "que perjudican a la ría".
A respecto de estas actuaciones, Fiz se refirió a la ampliación del astillero de As Figueiras, la construcción de una nave en Castropol (Asturias) y el polígono de Barres; todas ellas "a punto" de ser aprobadas o iniciadas. Por lo tanto, reclamó a la Administración que diseñe un plan de ordenación de los recursos naturales de Ribadeo y su ría que "establezca lo que se puede hacer y lo que no".
"La Consellería de Medio Ambiente se desentiende, se pliega a los intereses económicos", criticó, y explicó que está "en contra" de las actuaciones en Castropol y Vegadeo, "pero no de las de Ribadeo"; al contrario que la administración asturiana. "Ven la paja en el ojo ajeno, pero no asumen sus propias decisiones mal tomadas", lamentó.
ACTUACIONES EN LA RÍA
La nave que centró hoy las protestas de los ecologistas y vecinos es una planta que se anclará con pivotes a la ría y producirá un "fuerte impacto paisajístico y ambiental". El paisajístico se debe a que tendrá una altura "impresionante, como un edificio de seis o siete pisos" en el puerto de una localidad "que vive del turismo".
Por su parte, la ambiental se centra en que los pivotes que la sustentarán se anclarán en el fondo de la ría. Según indicó el ecologista, esta ubicación puede producir modificaciones en las corrientes, al igual que "varias obras" que ya se produjeron y que fueron "comiendo terreno" a la ría y "favoreciendo" la aparición de bancos de arena "que limitan la entrada de agua del mar".
Otras de las "amenazas" que indicó Fiz son el astillero de pequeñas embarcaciones de plástico reforzado de Castropol que, según aseguró, "no tiene por qué estar en la costa". "Que lo pongan en un polígono", insistió, al tiempo que justificó este cambio de ubicación en que desde la actual "no podrán meter los barcos porque no hay suficiente calado".
Además, apuntó que hay una junquera a escasos 100 metros de donde se pretende ubicar esta planta que cuenta con una "importante" colonia de pájaros, de la que se pierde "una pérdida de especies" si aumenta el tráfico de embarcaciones en la zona. Asimismo, Fiz lamentó que este proyecto "no cuente con un estudio de impacto ambiental" puesto que "no se considera que afecte a la ría".
"Nosotros alegamos que sí afecta ante el Gobierno asturiano y recibimos de parte del alcalde la negativa de envío de información", subrayó, pero el homólogo del Valedor do Pobo en Asturias "sí admitió nuestra queja a trámite", incidió. "Estamos pendientes de eso", advirtió Fiz.
* Europa Press - SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ago 2008
Foto: La pancarta que encabezó ayer la manifestación por Ribadeo/ X. F. RAMALLAL, lavozdegalicia.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Detenidos cinco ex altos cargos del Gobierno balear implicados en una supuesta trama de corrupción
ELPAÍS* : Cinco ex altos cargos del Gobierno balear y la esposa de uno de ellos han sido arrestados esta mañana por su presunta implicación en delitos en la gestión de fondos durante el Gobierno de Jaume Matas (PP). Anticorrupción investiga a los detenidos por su presunta implicación en delitos de malversación continuada de caudales públicos, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsificación documental, informa Manu Menéndez.
Las identidades de cinco de los arrestados son las siguientes: Damián Amengual, ex gerente del Consorcio de Turismo Joven; Juan Francisco Gosálbez, ex jefe de Servicios y Mantenimiento del Consorcio; María Auxiliadora Pérez, esposa de este último; Jaime Cerdá, Contable del Consorcio Turismo Joven; y el empresario de la construcción Marcos Pérez Martínez. Anticorrupción los investiga por su presunta implicación en delitos de malversación continuada de caudales públicos, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsificación documental. Según fuentes cercanas a la investigación, los detenidos se han mostrado dispuestos a colaborar durante la primera rueda de declaraciones de esta mañana, en las que se podría haber confirmado al menos un delito de cohecho y el pago de comisiones que en algunos casos superarían el 30%.
Tanto Amengual como Gosálbez son investigados por la adjudicación irregular de contratos de alquiler, en beneficio propio y de los titulares de los locales arrendados. A través de Grupo Fanodi, una sociedad pantalla en la que Gosálbez figura como titular junto a su esposa, el matrimonio se habría autoalquilado una oficina por valor de 54.000 euros anuales. La pareja, además, habría falsificado la fecha del contrato de alquiler para obtener un préstamo bancario de 638.000 euros. Una de las cláusulas del arrendamiento especificaba que si éste se resolvía antes de seis años, Turismo Joven quedaba obligado a pagar todas las mensualidades pendientes hasta completar ese período de tiempo. Presuntamente, la trama encabezada por los dirigentes del consorcio también habría adjudicado a un constructor -también arrestado- la reforma integral del mismo local, por valor de más de 180.000 euros, informa Manu Menéndez.
Por otro lado, se analiza también la presunta malversación de 18.957 euros por parte de Gosálbez y su esposa, María Auxiliadora Pérez. El matrimonio habría desviado el dinero, procedente de la Red española de Albergues Juveniles (REAJ), a través de una sociedad pantalla, que facturó la prestación -nunca realizada- de un servicio de intercambio de jóvenes en el albergue juvenil de Alcudia (Mallorca), en mayo y junio de 2007.
Al rosario de presuntos delitos hay que añadir un registro desproporcionado de gastos personales en viajes, hoteles, gasolina y tintorerías.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 11/08/2008
Foto: Palma_de_Mallorca, vista - Lothar Velling (wikipedia.org)
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Tema: NOTICIAS Baleares
El 71% de los alcaldes acusados de corrupción mantuvo el poder
PÚBLICO* : Los españoles son permisivos con la corrupción. No les gusta, pero la toleran. La afirmación vale como constatación aproximada. Como primer punto de debate. Sin embargo, tiene su sustento empírico. Sus cifras. Éstas: de los 133 ayuntamientos en los que antes de las elecciones municipales de 2007 saltaron sospechas de corrupción contra el alcalde o ediles significados, en 94 de ellos (el 70,7%) los regidores mantuvieron el bastón de mando, y sólo en 39 (el 29,3%) lo perdieron.
Los datos quedan avalados por la firma del profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez, incluidos en el Informe sobre la democracia en España en 2008, de la Fundación Alternativas. Los indicadores fueron presentados el martes pasado en los cursos de verano de la Complutense por Manuel Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional España.
Todavía hay números para el aliento: sólo 40 de los 133 alcaldes negros (30%) mantuvieron o ganaron en 2007 más apoyo sobre el censo que en 2003, unos 5,2 puntos de media. En los 93 casos restantes, el respaldo ciudadano se contrajo en torno a un 7,4%.
¿Por qué? La gran pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Qué factores influyen? Jiménez aventuró en su estudio cuatro hipótesis de trabajo y ninguna arrojó resultados concluyentes. Primero, relacionó el tamaño del municipio con los resultados de los comicios, previendo que en los pueblos pequeños la red clientelar está mejor engrasada y la penalización a los sospechosos pudiera ser menor. Falso. “Nada prueba esa ligazón”, sostiene el profesor.
La imputación no influye
Aún sorprende más que no influya la naturaleza de la acusación. En el 70,7% de los casos en los que se sustanció una imputación judicial, los regidores retuvieron el poder. Eso es tan sólo una décima más que en los procedimientos en los que el juez de instrucción no cerró una acusación formal.
Si se compara la suerte electoral de los 82 imputados por corrupción, se observa premio de los ciudadanos: el 70,6% de los inculpados y el 60% de los condenados revalidaron la alcaldía. Llama más la atención que el 100% de los regidores detenidos –los de Alhaurín el Grande y Mogán, ambos del PP– conservó el poder y además aumentó su apoyo.
Jiménez únicamente apreció pequeñas diferencias en el último supuesto. Hay más castigo popular si está en marcha una investigación judicial o policial (un 36% perdió la alcaldía). Se rebaja si la denuncia fue archivada o si la acusación procedió de la oposición o de grupos ecologistas (el 24% se despidió del poder).
A los partidos tampoco les sale rentable actuar contra los corruptos. Una vez purgados, pierden respaldo. “El caso paradigmático es Catral [Alicante]”, recuerda Jiménez a Público. “El PSOE echó a su regidor, José Manuel Rodríguez Leal, y en 2007 cayó un 34,7%. Se quedó con un concejal, y Leal, que montó una lista aparte, logró cinco escaños. El PP conquistó la mayoría absoluta”.
En cambio, desafección
La escasa penalización pública de los españoles contrasta abruptamente con su percepción de la corrupción. La encuesta del CIS Los ciudadanos y el Estado, de enero de 2007, ofrecía datos demoledores contra los políticos: un 51,9% creía que bastantes o casi todos ellos estaban implicados en negocios turbios. Pero hay algo que no casa, pues el 89,3% reconoció entonces que nunca había recibido insinuaciones de soborno. Un 3,1% declaraba que había sentido tal presión “a veces”.
Los españoles tampoco citan la corrupción desde hace años como uno de los principales problemas del país. Del 35,5% que la mencionaban en febrero de 1995 se ha pasado al 0,8% de julio de 2008.
Los expertos, ejecutivos y empresarios nacionales e internacionales no son tan duros en la evaluación de España. El último panel de Transparencia Internacional, de 2007, sobre una muestra de 179 países, la ubica en el puesto 25º, detrás de Nueva Zelanda (1º), Reino Unido (12º), Alemania (16º), Japón (17º), Francia (19º) o Barbados (23º), y delante de Portugal (28º) e Italia (41º).
El peso de los estereotipos
Hay un salto de percepciones. “Es lógico. Los expertos tienen más datos, y los ciudadanos funcionan con estereotipos”, sostiene Villoria. “En todos los países desarrollados se palpa una desafección hacia el poder. En los españoles influye la socialización recibida desde pequeños: tras décadas de dictadura, se nos inculcó que la política es sucia, opaca”.
El ligero retroceso de España (del puesto 22-23º de 2004 a 2006 al 25º del año pasado) se explica, para Villoria, por la explosión de casos recogidos por los medios. “Paradójicamente, este Gobierno, el que más ha hecho para limpiar la corrupción, es el que se lleva las culpas, y es que al Estado le cae todo”. La peor réplica, añade, es “politizar los datos”. “No podemos cargar el sambenito de corrupto a PP o PSOE, como venden algunos medios de modo sectario. Existe una mejor respuesta: denunciar”.
"Si se percibe riqueza, no hay castigo"
Fernando Jiménez, politólogo. Universidad de Murcia
¿Por qué los ciudadanos perdonan a sus corruptos?
No todos los casos son iguales, pero es verdad que somos más indulgentes con nuestros representantes si creemos que a cambio traen beneficio a la ciudad: empleo, riqueza... Pasa en todos los países. ¿Por qué los marbellíes votaban a [Jesús] Gil?
¿Y no es peligroso? ¿No es carta blanca al corrupto?
Sí. Es el poder de la mayoría, al que hay que poner límites. Obviamente, el control judicial, y también la disciplina en los partidos, que conservan códigos éticos de risa.
¿PP y PSOE están a la par?
El Gobierno ha impulsado más ahora la limpieza, como en los 90 hizo el PP. Pero los partidos se benefician de la corrupción, porque su combate les trae problemas. La gente no premia que echen a los sospechosos, sólo les castiga si no producen resultados. O si ven en la oposición una alternativa, que no siempre ocurre. Además, cuando purgas al líder municipal, tardas en rehacerte. Los partidos son débiles a nivel local.
¿El sistema incentiva en España a los corruptos?
Sí, mucho. Los controles a los ayuntamientos no funcionan como en otros países. Es cierto que sufren estrangulamiento financiero, pero hay que tasar sus competencias.
¿Cómo atajar el problema?
Falta voluntad política, no sólo las normas efectistas del Gobierno. Hay que quitar las trampas de la Ley de Financiación de Partidos e inculcar la cultura de protección de lo público en los ciudadanos.
* Público - JUANMA ROMERO - San Lorenzo de El Escorial - 10/08/2008
Foto: Corrupción política, datos 2007 (F.A.- T.I.) - publico.es
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
La Sierra de Churriana, nuevo frente de confrontación urbanística en la ciudad
MÁLAGAHOY* : El PGOU que se aprueba el jueves calificará una zona como hotelera y regularizará unas cien casas ilegales, mientras que el Plan de Ordenación del Territorio traza ese suelo como verde de protección. El proyecto previsto por el Ayuntamiento de Málaga para la Sierra de Churriana se presenta como el nuevo foco de conflicto urbanístico entre el equipo de gobierno y la oposición.
Como ha ocurrido con el llamado salto de las rondas, el proyecto de Arraijanal o la construcción en Campanillas, la invasión de zona protegida planteada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la sierra de este distrito ha sido duramente cuestionada tanto por el PSOE como por IU y salta a la palestra en la semana de aprobación provisional del nuevo ordenamiento de la ciudad.
El Plan de Ordenación del Territorio (POT), en fase de redacción, contempla toda la zona de la Sierra de Churriana como no urbanizable y con especial protección, mientras que el Ayuntamiento prevé la construcción de partes del monte.
Aunque el objetivo del PGOU que se aprueba el jueves de forma provisional en el Pleno es el de regularizar el centenar de viviendas ilegales levantadas en la zona desde hace más de 50 años.
El concejal socialista Sergio Brenes explica que el documento municipal prevé construir 345 nuevas casas en una parte de la sierra que estaba calificada como no urbanizable y que contaba con una elevada protección en aspectos como el paisajístico, el medioambiental o el hidrológico.
En otro sector de la sierra, el PGOU plantea un hotel en suelo no urbanizable, a cambio de 3.000 metros cuadrados de monte. "No tiene sentido porque ese monte ya estaba con un suelo protegido", explica Brenes. La propia Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía mostró reservas cuando se planteó el proyecto, en la declaración de impacto ambiental.
El PSOE acepta la legalización de las viviendas existentes, pero no entiende que se cargue una zona donde estaba prohibido construir con 345 casas más y un hotel. "Se van a crear expectativas a un proyecto que va a tener difícil desarrollo", aseguraba Brenes.
También mostró su disconformidad ante el avance del desarrollo en una sierra protegida el concejal de IU, Sergio Moreno Brenes. "Se introduce mucho suelo urbanizable en una zona muy protegida; son cambios de demasiado calado", decía. Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Rafael Fuentes, insistió en que se trata de "un suelo que el POT deja como protegido y que no tiene ningún sentido edificarlo a cambio de monte protegido".
El documento municipal defiende que se trata de dar para recibir: "La calificación de alguna zona como edificable hotelera para su conversión en monte público redundará en su mejor conservación (...), con ello se obtienen 700.000 metros cuadrados de monte público, con una mínima edificabilidad en la zona baja para uso hotelero".
El concejal del distrito, José Hazañas, defiende los planes del equipo de gobierno: "Se va a conseguir un gran cordón verde".
El plan también introduce un parque entre La Cónsula y el Retiro. Este jardín podría ampliarse, según reza el documento, con los espacios libres que cederán los sectores contiguos y con la iniciativa hotelera, que crearía un establecimiento adscrito al jardín.
* Málaga Hoy - Rebeca Tobelem - 11.08.2008
Foto: Un vecino se acerca a una de las casas ilegales de una realenga de Churriana, en foto de archivo - malagahoy.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El perfil positivo de la crisis: a menos construcción, menos corrupción
EFE* : La crisis en el sector de la construcción y el estancamiento de su actividad permitirán que España mejore posiciones en el ránking internacional sobre transparencia, pues habrá "menos oportunidades de enriquecimiento y especulación".
Así lo aseguró en El Escorial el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano Álvarez, durante la conferencia dedicada a la corrupción internacional que ha pronunciado en los cursos de verano de la Universidad Complutense.
Lizcano explicó que la corrupción ha aumentado en España en los últimos años por culpa de los delitos urbanísticos, a pesar de lo cual este país está en una buena posición: con 6,7 puntos sobre diez se sitúa en el puesto vigésimo quinto de una lista de 180, en la que, cuanto mayor es la corrupción, menor es la puntuación.
El presidente de IT España destacó en cualquier caso que ha aumentado el control judicial, especialmente tras la operación "Malaya" contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Marbella, y recordó que unos cuatrocientos ayuntamientos del país están siendo investigados por supuestos delitos de corrupción.
En su opinión, para acabar con estos delitos, la Administración pública tiene que velar por el cumplimiento de la legislación y adaptarla a la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que España ha ratificado.
Asimismo consideró que la medida más importante es "la educación de los ciudadanos para inculcarles la solidaridad y la responsabilidad", aunque admitió que este objetivo a largo plazo es una "quimera".
Lizcano recordó los datos recientemente publicados sobre la transparencia en los municipios españoles, que encabeza Bilbao, mientras que a la cola de esta lista de cien ayuntamientos se encuentra el de Orihuela (Alicante).
Para Lizcano, la transparencia no tiene correlación con la corrupción, aunque es "el mejor antídoto" contra ésta.
* El Mundo - EFE - 07/08/2008
Foto: casa-euro - eleconomista.es
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Más de 2.800 pueblos abandonados en España, la mayoría en Galicia y Asturias
EFE* : Más de 2.800 pueblos españoles están completamente deshabitados, según datos contenidos en el Nomenclátor de 2007 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran que dos tercios de esas poblaciones deshabitadas pertenecen a las comunidades de Galicia y Asturias.
En Galicia hay 1.261 entidades deshabitadas, más de un 44% de las 2.815 que existen en el conjunto de España, y la provincia gallega en la que se pueden encontrar más poblaciones de este tipo es Lugo, con 524. Por provincias, Asturias es la que más 'pueblos fantasmas' tiene, con 637 sobre un total de 6.939 poblaciones, lo que supone algo más de un nueve por ciento.
El más alto
No obstante, Madrid es la autonomía con un porcentaje más alto de entidades de población abandonadas, ya que un 22% de los núcleos madrileños está deshabitado, es decir, 186 de los 815 que existen en la Comunidad, mientras que Salamanca se acerca al 20%, con más de 180 'pueblos fantasmas' de los 929 totales.
Además de Ceuta y Melilla, donde sólo existen seis núcleos poblacionales en total -dos de los cuales son las islas Alhucemas y las islas Chafarinas, habitadas permanentemente por sendos contingentes militares, pero no por población civil-, tres provincias españolas no cuentan con ningún pueblo en situación de abandono: Granada, Málaga y Zamora.
* 20 Minutos - EFE - 09.08.2008
Foto: Pueblos abandonados en España - 20minutos.es
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Vigo: Cientos de amenazados de derribo confían en el indulto del Plan Xeral
LAVOZDEGALICIA* : Cientos de afectados por sentencias de derribo de edificios ilegales en Vigo confían en salir del limbo jurídico en el que se encuentran y legalizar su situación a través del nuevo Plan Xeral, tal y como pretende el Ayuntamiento. La Voz ha testado la opinión de propietarios que viven bajo la amenaza de la piqueta, tras la última sentencia que insta a la demolición del edificio conocido popularmente como Piricoto.
Un vecino de la urbanización situada en la Colina de Castrelos dice rotundo: «Estamos hartos» de la polémica sobre los tribunales. Esto es lo menos ilegal que hay en Vigo. No han tirado los pisos ni los van a tirar. El Ayuntamiento no tiene dinero para pagar los 40 millones que costarían las indemnizaciones».
Otro vecino acota al problema a la tercera torre, la que aparece en los objetivos indiscretos que recogen el pazo de Castrelos.
Solo a unos cientos de metros, Alberto Méndez sale sonriente de su vivienda en A Pastora, junto enfrente de la Colina de Castrelos, sobre la que también pesan varios fallos judiciales. «Compramos sobre plano y no nos dieron licencia de primera ocupación», asegura.
Confía en el efecto legalizador del nuevo Plan Xeral. Lo mismo que le ocurre a José Carrera, que disfruta de su apartamento en Samil. Lo compró hace cuatro años «y tres meses después me enteré por la prensa que no tenía licencia», explica el vecino de los llamados apartoteles.
El documento urbanístico del Concello que entrará en vigor a finales de este mes es esperado como agua de mayo, como una especie de indulto para todos los afectados.
* La Voz de Galicia - Luis Carlos Llera - 10.08.2008
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
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El Puerto: Plantean agilizar los permisos de luz y agua a las viviendas ilegales
DIARIODECÁDIZ* : Equipo de Gobierno y entidades que representan a los diseminados ilegales mantienen sus amplias diferencias en torno a la concesión de permisos de suministros (luz y agua) a viviendas al margen del planeamiento.
El Área de Urbanismo insiste en una serie de condiciones que deben cumplir las edificaciones para que obtengan la autorización mientras que los diseminados reclaman que éstas no sean tan exigentes para que pueda beneficiarse a un mayor número.
El equipo de Gobierno ha presentado dos propuestas de protocolo donde se regula las condiciones en las que se podrán acceder a estos suministros que no difieren en lo básico: los requisitos que deberán tener las viviendas. Éstas se basan en un informe del asesor jurídico del Área de Urbanismo, Pedro García Retortillo, que realiza un análisis de toda la normativa que regula las edificiaciones al margen de la ley.
Resumiendo, el informe establece que el Ayuntamiento, para no incurrir en problemas legales, podrá conceder el suministro a viviendas cuya infracción urbanística haya prescrito (establecido en cuatro años), que no estén construidas en suelo protegido y ni haya que hacer obras de urbanización para el enganche. A estos condicionantes, el equipio de Gobierno le añadió una que no gusta especialmente en los colectivos vecinales. Ésta es que la unidad familiar deberá acreditar que ésta es su única vivienda mediante la acreditación por parte de un trabajador social. Asimismo en el protocolo se advierte de que todos los permisos deben tener "carácter excepcional" y "ponderarse de forma extremadamente cautelosa".
Durante estos días, se producirán nuevos encuentros tanto con Fevema como Coave, las dos entidades que representan a la casi totalidad de los diseminados ilegales del término municipal, para tratar de consensuar un documetno.
El protocolo presentado hace unas semanas difiere del propuesto hace unos meses en que pretende agilizar las solicitudes, según explicó la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra. Se plantea que todas las solicitudes se gestionen a través de las dos asociaciones de diseminados. Incluso se les propone que elaboren un estudio sobre las viviendas que podrán verse beneficiadas.
Asimismo se facilitaría la tramitación y la documentación que deben presentar los propietarios que lo soliciten. Así por ejemplo, para certificar la antigüedad de una vivienda bastará con presentar fotografías aéreas que se podrán consultar en el Área de Urbanismo. Y para certificar que no es necesario realizar obras de urbanización bastará con un escrito y fotografías que presente las federaciones de asociaciones. Por último, un trabajador social estará a disposición de los diseminados en la oficina técnica de emas que gestiona la empresa municipal Serecop.
No obstante, este documento está pendiente de cerrarse en próximas semanas antes de ser respaldado finalmente por el Pleno Municipal para su entrada en vigor. Asimismo está previsto que en los próximos días representantes de estas entidades mantengan un encuentro con Territorio y ciudad, la empresa que está elaborando el nuevo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana).
* Diario de Cádiz - E. M. Cañas / El Puerto - 10.08.2008
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz). viviendas ilegales carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com
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Montserrat: Economía ve ilegal el contrato para dar agua a un PAI de 1.200 viviendas que avaló Urbanismo
LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Economía considera "contrario al ordenamiento jurídico", porque "infringe manifiestamente la ley", el contrato entre el Ayuntamiento de Montserrat y la empresa Aquagest Levante SA para abastecer de agua a esta población y garantizar el suministro a un proyecto urbanístico de 1.200 viviendas con campo de golf.
En un demoledor informe, elaborado por la Junta de Superior de Contratación Administrativa de la Conselleria de Economía a petición del propio ayuntamiento, se considera que "el contrato de abastecimiento de agua potable" con Aquagest, modificado el 18 de agosto de 2007 y el acuerdo plenario de febrero de 2007 que lo impulsó, "son contrarias al ordenamiento jurídico al alterar elementos esenciales del contrato licitado y adjudicado; habiéndose por tanto vulnerado los principios de publicidad y libre concurrencia rectores de la contratación pública".
Se da la circunstancia que el PAI (programa de actuación integrada) Vertix XXI que pretende nutrirse de este nuevo contrato ya ha obtenido vía libre de la Comisión Territorial de Urbanismo aunque con varios condicionantes: "la efectiva disponibilidad legal" de los recursos hídricos suficientes, el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental y del informe acústico. El PAI, que se tramita desde antes que entrara en vigor la Ley Urbanística Valenciana (LUV), prevé la reclasificación de 1 millón de metros cuadrados de suelo de tres términos municipales (Montserrat, Torrent y Picassent) para construir 1.200 viviendas y un campo de golf.
Los antecedentes de este rocambolesco contrato se remontan a 1997. El Ayuntamiento de Montserrat contrató ese año, mediante concurso, la concesión del servicio de agua potable de la población a la mercantil Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de Aguas SA. Diez años después, "por razones de interés público basadas en nuevas necesidades se plantea una modificación del contrato" con Aquagest "en el ámbito territorial y temporal, modificando el régimen económico-financiero de la concesión y las tarifas, con el objetivo de alcanzar una tarifa única y una única empresa concesionaria en todo el ámbito territorial del término municipal".
No obstante, esta nueva situación suscitaba dudas sobre si se debía acudir a un nuevo contrato por lo que el Ayuntamiento de Montserrat decidió consultar a la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Conselleria de Economía. Al consistorio le interesaba, sobre todo, "las condiciones que se han de cumplir para no tener que realizar una nueva licitación, teniendo en cuenta que se dispone de acuerdo con la empresa concesionaria".
El primer comentario del informe de la Conselleria de Economía no tiene desperdicio. "La cuestión planteada por el Ayuntamiento de Montserrat no es baladí, pues viene siendo lamentablemente común, que por vía de modificación de contrato en aras al interés general y nuevas necesidades, se produzcan alteraciones sustanciales de lo inicialmente licitado y adjudicado, transgrediendo así los principios de publicidad y concurrencia informadores de la contratación pública". Entre las infracciones más flagrantes de la ley, se encuentra la duración del contrato entre el ayuntamiento y Aquagest. "El contrato se suscribe inicialmente por 4 años, con prórrogas iguales hasta los 75 años, máximo permitido por esta legislación aplicable en la fecha, y que la modificación pretendida establece que la duración del contrato será de 40 años desde la firma de la misma".
Se infringe manifiestamente la ley
Pero la Junta es taxativa. "El contrato inicialmente aprobado infringe manifiestamente la ley, puesto que rompe con el principio general de que las prórrogas no pueden superar el plazo inicial de ejecución", señala el informe de Economía. De esta manera, si el contrato inicial era de 4 años, la prórroga sólo podía establecerse por cuatro años más. Sin embargo, "el pliego de condiciones económico administrativas y técnicas establece prórrogas sucesivas de cuatro años hasta llegar a los 75 ".
Mireia Mollà, diputada de Compromís, ha dirigido una pregunta al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, para verificar si al dar vía libre al PAI la Comisión de Urbanismo "ha tenido en cuenta el informe" de Economía.
* Levante-EMV - L. BALLESTER BENEYTO - 10 de agosto de 2008
Foto: Montserrat (Valencia) - lasprovincias.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
De la reconversión industrial a la revolución urbanística
LNE/Oviedo* : «Con la industria que tenía San Claudio y el hambre que quitó... Ahora, lo que dan de comer son los pisos. Aquí ya no conoces a nadie». Es la radiografía que realiza de San Claudio Serafina Díaz, de 78 años, vecina de nacimiento de esta localidad ovetense. No le falta razón: si la evolución de San Claudio estuvo marcada a lo largo del siglo pasado por la industria, con la Fábrica de Loza como mayor exponente, el presente y el futuro de la localidad pasan por el urbanismo.
La localidad, con 2.500 vecinos censados -se calcula que en realidad residen casi 5.000- tendrá en cinco o seis años 16.000 habitantes, seis veces más que ahora, repartidos en 4.500 pisos, que atraviesan distintas fases de tramitación.
Hace una década que San Claudio, a cinco kilómetros del casco urbano de Oviedo, empezó a recibir nuevos pobladores, atraídos por el encanto natural de la localidad y por la cercanía con la ciudad. A diferencia de lo que ahora se avecina, las construcciones de los últimos años se centraron en la vivienda unifamiliar, exceptuando el centro del pueblo, donde sí se construyeron pisos, o a la entrada del núcleo, que alberga varias urbanizaciones de chalés adosados. Ahora, las excavadoras están a punto de tomar San Claudio.
La opinión de los vecinos sobre el «boom» urbanístico que se avecina está repartida entre los que ven en él una vía hacia el progreso y entre los que se fueron a vivir a San Claudio en busca de tranquilidad, que no creen que ésta pueda mantenerse. «Yo vine a vivir aquí porque hasta ahora era un pueblo y es lo que buscaba, tranquilidad», explica Marcelino Garrido, miembro de la Asociación de ecvinos «San Cloyo». Por el contrario, Carmen Soto, una joven vecina de 32 años, cree que «cuantos más seamos, más servicios tendremos, más fuerza tendremos para pedir las cosas y más cosas se harán». Sus opiniones son la cara y la cruz del futuro de San Claudio.
En lo que sí coinciden los vecinos es en que San Claudio no está preparado para asumir las toneladas de ladrillo que se le vienen encima. El alcalde pedáneo de la localidad, Santiago Menéndez, confía en que se tomen las medidas necesarias para dotar a la localidad de infraestructuras acordes a la población que tendrá, empezando por las comunicaciones. «Los ayuntamientos no pueden hacer autopistas. Si ahora ya tenemos problemas con el tráfico y con el acceso a Oviedo, cuando se hagan las nuevas urbanizaciones el problema será brutal. San Claudio y toda la zona oeste necesita un acceso a la autovía de Grado, la famosa Ronda Norte», resume. El Alcalde cree que otro de los problemas de la localidad está en el censo. «La gente sigue censada en sus municipios de origen y, a la hora de pedir cualquier servicio, lo miran por número de habitantes. En San Claudio viven 5.000 personas, pero sólo estamos censados la mitad».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos «San Cloyo», Andrés Lázaro, pone el dedo en la llaga del saneamiento. «Es el problema más importante de San Claudio. En la calle de La Estación, las aguas fecales suben por la ducha hasta los primeros», comenta. Su denuncia la certifica desde la ventana de una de las viviendas afectadas, en el número 19, el propietario: «Llevamos quince años así, desde que nos vinimos a vivir a San Claudio. Cuando llueve te pasas ocho horas achicando el agua».
Mientras culmina la tramitación urbanística para la construcción de las nuevas viviendas, lo único que puede verse, de momento, en la localidad son los cartelones anunciadores de las promociones que flanquean el camino desde fuente la Plata. Se espera que este año comience la construcción de las primeras promociones, aunque las llaves de los pisos, que ya se comercializan, no se entregarán hasta dentro de dos años.
Cuando los nuevos vecinos lleguen a San Claudio se encontrarán con una localidad pintoresca y solana que, fuera de las fronteras de Oviedo, es conocida por su Fábrica de Loza, una factoría centenaria -Senén María Ceñal la fundó en 1901- que no atraviesa su mejor momento. El año pasado la propiedad de Fábrica de Loza, el empresario Álvaro Ruiz de Alda, trazó un plan de viabilidad que culminó con el despido de un centenar de trabajadores, la mayoría de San Claudio. «Aunque no todos eran de San Claudio, la verdad es que se ha notado en la economía del pueblo», indica el alcalde pedáneo. También el año pasado la Consejería de Cultura del Principado inició un expediente para declarar la antigua locería bien de interés cultural. El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo pidió que se tomase esta medida para evitar el cierre de la industria. En principio, el ámbito de protección marcado por el BIC afectaba prácticamente a todo el pueblo, lo que hizo saltar la alarma entre los vecinos y también en el Ayuntamiento, que temía que se desmoronase todo el plan de vivienda. Finalmente, Cultura accedió a reducir el ámbito de protección al recinto fabril y una franja de unos metros alrededor del mismo.
La serie «Oviedo siglo XXI» analizará mañana, una por una, todas las urbanizaciones previstas en el plan de vivienda de San Claudio y su estado de tramitación.
* La Nueva España (LNE)- Marta PÉREZ - 10 de agosto de 2008
Foto: En algunas zonas, los residentes se quejan de falta de aceras. nacho orejas, lne.es
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Tema: NOTICIAS Asturias
Portugal resiste con dificultad a la presión de la desaceleración del sector inmobiliario
ELMUNDO/Reportaje* : El mercado inmobiliario portugués no atraviesa por su mejor momento. Aún así, no es comparable a la crisis que enfrenta el sector español. Los expertos dicen que no se puede hablar de burbuja inmobiliaria en Portugal en estos momentos ya que el gran boom de la construcción en suelo portugués se produjo en las décadas de los 80 y 90.
Aunque la tasa de construcción de los últimos diez años se sitúa por encima de la de otros países de la Unión Europea, Portugal parece estar siendo capaz de resistir a la crisis internacional, ya que aquí no se han registrado excesos como los que se han producido en España.
Aún así, esto no significa que las cosas estén equilibradas. En estos momentos hay en Portugal alrededor de medio millón de casas vacías, lo que pone de manifiesto el desajuste que existe entre la oferta y la demanda, provocada, como en el caso español, por el exceso de construcción de los últimos años. Esta circunstancia se acentúa en las dos principales ciudades, Lisboa y Oporto. En la capital portuguesa, centro y alrededores, existen aproximadamente 117 mil casas para ser vendidas, a un precio medio de 1.789 euros por metro cuadrado, un valor todavía asequible comparado con otras capitales europeas; aunque el centro de Lisboa, donde la oferta ronda las 23 mil viviendas, puede alcanzar precios más elevados, en torno a los 2.500 euros por metro cuadrado.
Este encarecimiento de las casas lisboetas en comparación con otras zonas de las afueras ha hecho con que en los últimos años la capital lusa se haya quedado prácticamente desierta. Hay zonas en pleno centro, como el Chiado o la Baixa, en las que ya casi no vive nadie, mucho menos los jóvenes, quienes se han refugiado en los alrededores, en la zona de Oeiras o al sur del río Tajo, donde los precios son mucho más atractivos. La desertización de la capital ha provocado a su vez un deterioro notable de las casas, un fenómeno que se repite en otros puntos del país. En total se calcula que el 57% de las casas de primera residencia de Portugal sufre una fuerte degradación. Otro 30% está vacío y en estado de ruina. El norte del país es el más afectado por la degradación y en total existen en Portugal 190 mil casas en mal estado.
Los principales responsables del sector inmobiliario son conscientes de esta realidad y están apostando cada vez más en la rehabilitación de las viviendas, ya que la construcción de nuevas casas ya no resulta tan rentable como era. Algunas promotoras españolas instaladas en Portugal desde hace algunos años han empezado a ver este segmento como un negocio de futuro. El propio ayuntamiento lisboeta está apostando en la rehabilitación de las zonas históricas y uno de sus objetivos es devolver a los jóvenes a la ciudad.
Pero no es una tarea sencilla porque normalmente las casas rehabilitadas en el centro de Lisboa siguen teniendo precios superiores a los que se practican en las afueras. Y en estos momentos, debido a la crisis financiera internacional y la subida de los tipos de interés, los bancos portugueses se han hecho más cautelosos a la hora de conceder préstamos hipotecarios. Así que el Plan Estratégico del gobierno consiste en apostar en el alquiler. Pero los portugueses, como les sucede a los españoles, tienden por tradición a la compra antes que a alquilar una vivienda. En la mayoría de los casos es comprensible porque con las condiciones dadas por los bancos hasta ahora compensaba más pagar una hipoteca que un alquiler, ya que los valores resultaban similares.
Pero cada vez es más difícil comprar una casa en Portugal, sobre todo, para aquellos cuyos rendimientos no son demasiado altos –hay que recordar que el sueldo mínimo luso es de 408 euros-. Es de lo que más se quejan los mediadores inmobiliarios, de que cada vez es más difícil vender casas de término medio (150 y 300 mil euros) que antes se vendían con mucha más facilidad. Normalmente, los vendedores ponen sus casas a la venta un 15% por encima del valor a las que las consiguen vender. Lo que mejor se está vendiendo son los apartamentos de una habitación, debido a los divorcios.
El lujo no entiende de crisis
Los jóvenes son los que más complicado lo tienen porque cada vez cuentan con menos garantías laborales, además de que la media de sueldos se sitúa en los 500 ó 600 euros. Con una declaración de la Renta baja, con trabajos precarios o sin contrato es muy difícil que un banco les conceda un préstamo, por lo que, para poderse hipotecar y emanciparse siguen necesitando la ayuda de sus padres como avales. Aún así, los bancos han empezado a alargar los plazos de los préstamos para que los jóvenes puedan permitirse pagar una letra mensual. Lo habitual ahora es que jóvenes de 30 años firmen hipotecas a 40 y 50 años, lo que, aplicados los intereses, acaba siendo una cantidad mucho más elevada que la solicitada.
A pesar de todo, los especialistas dicen que es un buen momento para comprar una casa en Portugal, siempre y cuando se disponga de capital y no se necesite una financiación demasiado elevada, ya que los precios se han estabilizado en comparación con los últimos cinco años o incluso han bajado ligeramente.
Un sector que no se ha visto nada afectado por esta crisis inmobiliaria es el segmento de residencias de lujo. Portugal puede ser un paraíso para aquellos turistas o inversores que quieran adquirir una segunda residencia. Una de las zonas más procuradas, además de Lisboa y Cascais, es el Algarve, la región más cara del país, con valores que pueden rondar los 6 mil euros por metro cuadrado. En el sur de Portugal, junto a Andalucía, han proliferado una multitud de complejos turísticos de cinco estrellas, con instalaciones de lujo del ‘resort’ en el que el Real Madrid realizó parte de su pre-temporada, en la localidad algarvía de Vale do Lobo.
En el Algarve, este tipo de segundas residencias dirigidas a la clase media alta son las que más rápido se venden, mientras que las viviendas más asequibles pueden llegar a estar cerca de un año a la venta sin ser vendidas o teniendo que bajar el precio. Aún así, los agentes inmobiliarios aseguran que los portugueses, a pesar de las dificultades, no han dejado de comprar.
* El Mundo - VIRGINIA LÓPEZ (Especial para elmundo.es) - 28/07/2008
Foto: Lisboa, barrio Alfama - elmundo.es
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Tema: NOTICIAS Portugal
El TSJ anula el proyecto de 2.640 casas en Parque Ansaldo pese a haberse iniciado la construcción
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) ha anulado la reurbanización del sector de L'Alqueria de Sant Joan -antiguo Parque Ansaldo- y los tres sectores colindantes, que suman 2.640 viviendas y cuyas obras han comenzado ya en parte, por la ilegalidad de la adjudicación de la redacción del proyecto técnico.
La sentencia, firmada el pasado 11 de julio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda del TSJCV, se basa en un fallo anterior del 23-1-2002, que anulaba la adjudicación de la redacción del proyecto del Plan de Reforma Interior (PRI) por considerarse arbitraria la misma, lo cual invalida toda la posterior tramitación.
Esta decisión judicial se ha producido a raíz de la denuncia de un particular, que consideraba ilegal la tramitación de la reurbanización de esta zona por la falta de notificaciones a los afectados, información y exposición pública del proyecto. Como consecuencia del proceso salió a la luz la citada sentencia de 2002, que condenó entonces al Consistorio a indemnizar a una de las personas que optaban al mismo por la parcialidad de la mesa de contratación, que obvió la valoración del informe técnico.
Este concurso fue adjudicado por la comisión de gobierno del Ayuntamiento a Pérez Guerras Ingenieros y Arquitectos Asociados el 15-1-1997, y en 2002 el TSJ la anuló a instancias del recurrente, ya que "es de apreciar temeridad y mala fe en la administración demandada -el Ayuntamiento- que ante un asunto de tanta claridad debió allanarse a las pretensiones de la parte demandante -un particular- y proceder a valorar razonadamente el concurso". Según el fallo, el equipo de gobierno del PSOE obvió al mejor valorado en el concurso y "sin el menor rigor ni valoración" adjudicó la redacción del proyecto al que había quedado segundo, por lo que en 2002 el TSJ condenó al Ayuntamiento a indemnizar al recurrente con 9.859.000 pesetas y a pagar las costas, además de anular la adjudicación, aunque desestimó adjudicar el concurso al demandante.
Ahora, la sentencia del TSJ se basa en la anterior para anular la aprobación definitiva realizada el 15-6-2005 por parte de la Conselleria de Territorio del PRI y Homologación de los cuatro sectores de la zona de Parque Ansaldo, al considerar que el anterior fallo invalida toda la posterior tramitación.
En la sentencia, la Conselleria pide su desestimación mientras que el Ayuntamiento no quiso personarse en la causa, siendo también parte codemandada el Ivvsa. La Conselleria insiste en que la sentencia de 2002 se cumplió con el pago de la indemnización de daños y perjuicios, y que el plan se ha expuesto al público. El TSJ confirma que "no es cierto" que la sentencia de 2002 "delimitara el alcance de su fallo a la indemnización", pues señala que "una atenta lectura de la misma" conduce a la anulación de la adjudicación, señalando que no era posible la subsanación a posteriori de los defectos detectados en la adjudicación. También señala que cuando salió la sentencia en 2002 el proyecto estaba aún en trámites de subsanación de deficiencias, por lo que no se podía alegar que no se podía cumplir el fallo.
* Información - JOSE A. RICO - 09 de agosto de 2008
Foto: Obras de construcción de viviendas en el antiguo Parque Ansaldo, en una imagen captada ayer . JOSÉ NAVARRO, diarioinformacion.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El juez que encarceló a Gil critica que su urbanismo aún no esté condenado
MÁLAGAHOY* : Cuando la justicia se imparte tarde resulta menos justa para las víctimas o damnificados de los delitos cometidos. Por esta razón, el hecho de que aún queden pendientes en los tribunales centenares de causas urbanísticas de la era GIL, fue ayer criticado con dureza por el magistrado Santiago Torres, que saltó a la palestra mediática cuando en 1999 envió a prisión al ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, por el caso Camisetas, cuya instrucción se centró en el desvío de fondos del Ayuntamiento al Atlético de Madrid.
Torres, que clausuró el curso de verano La drogodependencia y el narcotráfico: presente y futuro de un grave problema social y jurídico que la Universidad de Málaga (UMA) ha impartido durante esta semana en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella, criticó que la administración de Justicia aún no haya resuelto todos los conflictos penales que surgieron a raíz de los convenios urbanísticos que permitieron la edificación de miles de construcciones ilegales. "Creo que ha habido un cierto fracaso de la administración de Justicia en la investigación y el enjuiciamiento de todos estos casos, ya que algunos se iniciaron hace más de 11 años y todavía no han sido resueltos", comentó el actual titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Estas circunstancias dan lugar, según Santiago Torres, a que los delincuentes piensen que es "rentable" cometer determinadas fechorías porque las condenas "a lo mejor no les llegan nunca o quizá muy tarde, cuando ya apenas les pueden alcanzar".
El conferenciante, que abandonó Marbella hace ocho años para continuar su carrera en los Juzgados de la Plaza Castilla de Madrid, explicó que durante todo este tiempo ha seguido "muy atentamente" lo acontecido en el municipio con la operación Malaya y la disolución del Consistorio. A ese respecto, señaló que "me hubiese gustado que todo eso se hubiese producido en mucho menos tiempo", porque considera que aquí también se "ralentizó" mucho el procedimiento judicial, al tiempo que reconoció que en Marbella "se quedó un trocito de mi corazón". Nada más lejos de la realidad. Sus esfuerzos titánicos por combatir judicialmente las tropelías del gilismo durante la época más dura de este fenómeno político, terminaron provocándole problemas cardiacos.
Para reconocerle toda esta labor en su lucha contra la corrupción, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), acudió ayer a la sede de los cursos de verano para compartir unos minutos con este magistrado al que no le tembló el pulso a la hora de mandar a prisión a Gil.
Por otra parte, Santiago Torres aprovechó ayer su estancia en Marbella para exigirle al Gobierno que destine "más medios económicos" a los órganos judiciales, debido a que España tan sólo consigna a Justicia el 1,1% de su Producto Interior Bruto (PIB), a pesar de que las Naciones Unidas recomiendan que se reserve entre el 2,2 y el 2,5% para asegurar "una justicia de calidad".
En otro orden de cosas, apuntó que el narcotráfico, al igual que el terrorismo, debe ser perseguido a nivel "global", por lo que consideró "fundamental" que todos los países regulen de la misma forma la investigación y persecución de estos delitos. Con este tipo de tratamiento policial, se evitaría que haya espacios de "impunidad" donde los delincuentes puedan "burlar" la acción de la justicia, apuntó Torres.
* Málaga Hoy - Adolfo Valenzuela / Marbella - 09.08.2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Los terrenos del pelotazo del ´caso Las Teresitas´ presentan doble inscripción notarial
LAPROVINCIA/Tenerife* : El informe elaborado por el equipo de abogados Machado por encargo de la Comunidad de Propietarios de Montaña Morera determina que estos solares "efectivamente" han sido objeto de una doble inscripción notarial, ya que por un lado aparecen como propiedad de sus dueños originales y por otro, de la empresa de Ignacio González Martín y Antonio Plasencia, denominada Inversiones Las Teresitas (ILT).
Ambos empresarios, junto al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y varios ex concejales y funcionarios de ese Ayuntamiento están imputados en el denominado caso Las Teresitas.
Se trata de una superficie de casi 13.000 metros cuadrados y que tal y como ha podido confirmar "plenamente" este equipo de abogados, coincide con toda exactitud con la parcela B-9 inscrita a nombre de ILT y con los solares que ocupan 24 fincas de la Comunidad de Propietarios, "de ahí resulta la existencia de una doble inscripción", se ratifica.
El título de propiedad de la empresa tiene fecha del 14 de diciembre de 2005 y corresponde a la adjudicación del proyecto de reparcelación. Además se da la circunstancia de que ILT pidió una hipoteca de dos millones sobre estos terrenos. Para complicar aún más la situación, una propietaria sí ha conseguido poner una parcela de 712 metros cuadrados a su nombre, aunque al parecer en ello podría haber ayudado ser familia de uno de los imputados del caso Las Teresitas.
Según la actual Ley Hipotecaria, la empresa ILT podría acogerse ya al principio de tercero de buena fe, o lo que es lo mismo, vender estos terrenos a otra empresa o particular que no tendría que dar cuenta a los propietarios originales. Una situación que ya ha sido planteada ante la Concejalía de Urbanismo por uno de los afectados sin tener hasta ahora ningún tipo de contestación.
Estas parcelas se excluyeron de la Junta en el año 1993, momento en el que volvieron a sus propietarios originales. "El origen del problema es que quien hizo el proyecto de reparcelación ignoró la existencia de la escritura de 1993", indica el informe de los abogados, quienes recuerdan que este mismo problema afecta a otros propietarios de Las Huertas. Por todo ello se recomienda a la Comunidad de Propietarios que tome las medidas legales oportunas.
ENTRAMADO. Por su parte, el concejal socialista Ramiro Cuende se mostró ayer muy pesimista sobre la posibilidad de que finalmente se pueda resolver todo el entramado jurídico de Las Teresitas. "Este asunto está mal desde raíz y no creo que al final pueda resolverse bien. Lo que empieza mal, acaba mal", dijo. Más contundente se mostró sobre la posibilidad de que Costas acabe pagando los 30.000 euros mensuales que cuesta mantener paradas las obras.
"Puedo asegurar que hasta el último duro tendrá que pagarlo el Ayuntamiento", indicó Cuende, quien repitió que todo lo referente a la rehabilitación de la playa "se ha llevado a cabo rematadamente mal y por lo tanto no puede acabar bien".
* La Provincia - NOÉ RAMÓN - SANTA CRUZ DE TENERIFE - 9.08.2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, playa Las Teresitas - laprovincia.es
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Polémica en Sant Vicent por el uso de los terrenos de la cementera
ELPAÍS/Alicante* : El uso residencial de los terrenos liberados tras el cierre de la fábrica de cementos de Sant Vicent del Raspeig enfrenta al Ayuntamiento, gobernado por el PP, y el colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano. Los conservacionistas cuestionan la iniciativa del Consistorio de construir en el enclave 500 casas porque el suelo está contaminado tras ocho décadas de actividad de la industria.
La recalificación del terreno de la cementera (unas 11 hectáreas), ubicada a escasos metros del casco urbano de la localidad, se incluye en la propuesta de convenio entre el Consistorio y la empresa Cemex para el cese de la actividad de la fábrica a partir del 1 de agosto de 2009. El documento se encuentra en fase de exposición al público.
En el apartado de la ordenación urbanística, el convenio recoge que el Ayuntamiento promoverá una modificación urbanística y cambios de usos en el entorno ocupado mayoritariamente por los terrenos propiedad de Cemex para acoger un parque comercial, otro de oficinas, una zona de ocio y un enclave residencial de 500 nuevas viviendas, de las cuales el 30% serán de protección oficial.
El primer colectivo que ha presentado alegaciones ha sido el grupo Ecologistas en Acción del País Valenciano. La entidad expone cuatro razonamientos básicos para rechazar la recalificación de suelo propuesta para el cierre de la factoría. Una de ellas alude directamente a la contaminación del suelo ocupado por la cementera. En este sentido, los ecologistas sostienen que "el convenio no justifica la posibilidad del cambio del uso de los terrenos ocupados por la factoría cementera, dado que existe la posibilidad de que esos suelos estuvieran contaminados y no fueran aptos para su uso residencial", precisa el texto de alegaciones de los ecologistas. "En varios apartados de la cláusula 5ª del convenio se menciona la posibilidad o certeza de que los suelos ocupados por la factoría de Cemex estén contaminados", añade. De ahí, que Ecologistas en Acción inste al Ayuntamiento a verificar si esos suelos contaminados pueden cambiar de usos "antes de firmar el convenio". Otro apartado de las alegaciones de los ecologistas destaca que el convenio no justifica el "interés general ni es coherente" con el modelo y estrategia territorial de Sant Vicent del Raspeig. "Además, el convenio no es neutro, pues solamente comporta obligaciones para el Ayuntamiento y ninguna por parte de Cemex España", recoge otra de las alegaciones.
Ecologistas en Acción plantea que en aras "de la deuda ecológica" que Cemex ha contraído con los vecinos de Sant Vicent "los terrenos ocupados por Cemex tengan un uso prioritario de zona verde, para compensar las emisiones históricas de gases efecto invernadero y contaminantes atmosféricos emitidos durante decenas de años".
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 09/08/2008
Foto: Sant Vicent del Raspeig (Alicante), ayuntamiento - accv.es
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