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ELPAÍS/A Coruña* : La Fiscalía especializada en urbanismo abrió diligencias informativas para averiguar si se incurrió en algún delito en el macroproyecto de urbanización que negoció el alcalde de Aranga, Manuel Brañas (PP), con el empresario del sector del juego José Collazo.
Hoy termina el plazo para presentar alegaciones al plan de ordenación urbanística de esta pequeña localidad coruñesa, que genera una fuerte oposición vecinal al descubrirse que incluye la previsión de urbanizar 300 hectáreas con la construcción de un gran polígono industrial y 744 viviendas en un municipio de 2.200 habitantes.
Ese proyecto fue pactado en secreto entre el alcalde y el empresario, quien compró más de 800.000 metros cuadrados de suelo rústico en Aranga con la promesa de que se recalificaría para poder llevar a cabo sus planes de urbanización. Brañas y Collazo establecieron por escrito en noviembre de 2006 esa "propuesta de convenio", que se dio a conocer hace apenas tres meses y ahora está a expensas del visto bueno de la Consellería de Política Territorial.
El fiscal Antonio Roma encargó un informe a la Guardia Civil para averiguar si esa propuesta se atiene a la legalidad vigente. Ayer, durante el pleno municipal, los concejales socialistas y nacionalistas volvieron a pedir sin éxito al alcalde cambios en ese macroproyecto de urbanizaciones para que no afecte a viviendas ya existentes. Pero Brañas aplazó cualquier modificación hasta que se estudien en detalle las alegaciones presentadas.
* ELPAIS.com - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 12/03/2008
Foto: Aranga (A Coruña), ayuntamiento - aranga.es
La Fiscalía investiga el plan urbanístico de Aranga
'Compromís per Aitana' recurre el plan urbanístico del Mas de Pau
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INFORMACIÓN/Alicante* : El colectivo ciudadano "Compromís pels Pobles de l'Aitana" ha presentado un recurso de reposición contra el plan urbanístico para construir 200 chalés en la zona del Mas de Pau en Penáguila. Esta agrupación, que reúne a representantes de diferentes poblaciones de El Comtat, considera que se han producido importantes anomalías administrativas en la tramitación de este programa de actuación integrada (PAI), cuya licitación fue aprobada en pleno por el PP y el PSOE de la citada localidad.
Este colectivo está dispuesto a llegar a los tribunales en el caso de que su recurso no sea atendido por la corporación municipal.
En la batería de irregularidades, "Compromís per Aitana" señala en primer lugar que la desafección del Plan General de los terrenos para el PAI no se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, tal y como obliga la legislación vigente. Asimismo, también denuncia anomalías en los criterios para puntuar en el concurso. Finalmente, indican que no se ha cumplido la obligación de publicar en la página web del Ayuntamiento -o en la de la Conselleria de Territorio- las bases para este procedimiento.
En este mismo orden de cosas, el colectivo ciudadano indica que la empresa constructora no cumplirá su compromiso de hacer en este paraje un centro de alto rendimiento deportivo. "Compromís per Aitana" recuerda que todavía no se ha obtenido la declaración de utilidad pública para esta obra y que será muy difícil utilizar aguas subterráneas del acuífero Barrancons-Carrasqueta, con las que aprovisionar este hipotético complejo. Hay que recordar que esta obra incluía un campo de golf, que finalmente se ha paralizado, por que no se han podido justificar adecuadamente las disponibildiades de agua.
Hay que recordar que el inicio de los trámites de este proyecto se aprobó en pleno con el voto negativo del partido independiente "Compromís per Penáguila". Desde esta formación política se calificaba de chapucera y deficiente la tramitación. Este partido acusaba a los grupos municipales del PSOE y del PP de dejarse manejar por los intereses de la empresa promotora. Recuerdan que el proyecto está impulsado por un grupo inversor inglés, dirigido por el ex entrenador del Barcelona Tery Venables.
Finalmente, desde esta formación independientes se señala que "hacemos un llamamiento a la sensatez al gobierno del PSOE y PP en Penáguila para que reconsideren este proyecto, que no aportará beneficio alguno a la población y que destrozará nuestro entorno y patrimonio".
Hay que recordar que este partido denuncia el uso del proyecto de centro deportivo como "gancho" para desarrollar una urbanización de 200 chalés en este paraje. Critican el apoyo prestado a este polémica obra por socialistas y populares.
* Información - J.LL. - 12 de marzo de 2008
Foto: Penaguila (Alicante) - cederaitana.com
La ONU dice que la crisis de la vivienda en España se resuelve con la protección oficial
PÚBLICO* : El relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Digna, Miloon Kothari, considera que la única forma de resolver la crisis de la vivienda en España es construir apartamentos sociales. "No existe un atajo en España que no pase por construir más vivienda de protección oficial, vivienda social que vaya directamente a las personas de menos ingresos", dijo hoy en una entrevista con Efe.
El relator especial presentará mañana ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su informe sobre España, país que visitó del 20 de noviembre al 1 de diciembre del 2006.
En el informe se pone de manifiesto que "el cupo de viviendas subsidiadas es escaso y no satisface las necesidades inmediatas y futuras de la población".
A principios de la década del 2000, sólo el 6,3 por ciento de todas las residencias eran subsidiadas, contra una media del 13,7 por ciento en la Unión Europea.
"A menos que sean capaces de liberar los dos o tres millones de viviendas que están vacías -y aún así sería un proceso lento- si el Gobierno realmente quiere enfrentar la crisis de la vivienda no hay más camino que construir vivienda social", agregó.
Según los datos con los que cuenta el relator, España posee el mayor número de casas vacías de la Unión Europea, con más de tres millones en el 2001, el 15 por ciento del número total.
Consultado sobre si el freno del mercado hipotecario puede mejorar la situación, Kothari volvió a abogar por la implicación gubernamental.
"Se necesita una iniciativa global del Gobierno central en colaboración con las Comunidades Autónomas, que cree un sistema que mantenga un stock regular de viviendas disponibles para los más vulnerables. No se puede dejar eso al mercado, el mercado puede colapsar, pero eso no va a ayudar a los más pobres".
Kothari considera que España enfrenta una crisis nacional de la vivienda y que la causa principal de ello es haber tratado el alojamiento como un bien de consumo.
"Hay varias razones para que exista esa crisis, creo que la primera y la más importante es que en las últimas décadas la vivienda ha sido tratada en las políticas públicas como un bien de consumo". dijo.
"La pregunta es, por qué el Gobierno no ha intervenido antes en el mercado para bajar la especulación, para controlar el poder de los promotores y de los bancos, para dejar claro que no estamos hablando de un producto sino de un derecho social que está reconocido en la Constitución", agregó.
El informe indica que España ha experimentado uno de los mayores incrementos en los precios de las viviendas de los años recientes, y que durante los últimos cinco años los precios han aumentado anualmente de media un diez por ciento.
"En Madrid y Barcelona los precios se incrementaron más del 100 por ciento entre 1997 y el 2007", agrega el informe.
Kothari lamenta que el aumento de los precios haya beneficiado a los especuladores, que en muchos casos han llegado a ganar el 846 por ciento en un año.
El relator de la ONU se mostró muy preocupado y "convencido de que la situación no es sostenible en el largo plazo, y mucha más gente tendrá problemas de pago en el futuro, algo que podrá afectar su derecho a una vivienda adecuada".
La corrupción es otro de los elementos a erradicar: en el 2006, 15 de los 24 quejas por abuso de desarrollo urbano que recibió la Unión Europea provinieron de España.
"Lo que se necesita y lo que pedimos en el informe es una implementación general de políticas públicas, dado que todavía se da un predominio al mercado para que opere, y la especulación aún está demasiado presente", aseveró el relator.
Por ello, volvió a reclamar "una política pública que se embarque a gran escala en lo que se necesita, que es un gran programa de construcción de viviendas sociales, de viviendas públicas para compara y para alquilar".
* Público - EFE - Ginebra - 11/03/2008
Foto: ONU, sede Nueva York - nacionesunidas.org
Se alquila
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CINCODÍAS* : De cada diez hogares españoles, sólo uno se alquila. Y nueve se compran. En la mayoría de los países europeos, el porcentaje de hogares en régimen de alquiler triplica la cifra española. Teniendo en cuenta que en la mayoría de las sociedades avanzadas el deseo de emancipación se manifiesta en los jóvenes entre los 23 y 28 años, ¿qué es lo que hace que los españoles estén esperando a tocar la treintena para irse de casa? ¿Sirven de algo las ayudas a la emancipación? ¿Está el alquiler comenzando a despegar?
Aunque aún sea pronto para lanzar una valoración sobre las últimas medidas puestas en marcha, parece que algo se mueve.
Según datos de la Sociedad Pública de Alquiler, el 80% de la población española entre 23 y 30 años desea emanciparse, pero dice no poder hacerlo debido al esfuerzo económico que requiere. Según un estudio de Deutsche Bank, uno de cada cuatro españoles de entre 26 y 45 años tiene la convicción de que nunca podrá comprarse una vivienda. Nunca. El dato no parece extraño al advertir que casi once millones de españoles son ‘mileuristas’ -el 58% de los asalariados cobran menos de 1.100 euros brutos al mes-. Y que muchos de ellos, claro está, son jóvenes. La subida de tipos -y la consiguiente subida de los pagos hipotecarios- iniciada hace ya tres años, así como las dificultades crecientes por parte de la banca para conceder un crédito hipotecario no ayudan a resolver un problema de acceso a la vivienda sobre el que últimamente se han intentado redoblar los esfuerzos políticos. La creación de la Sociedad Pública de Alquiler o la archiconocida Renta Básica a la Emancipación conforman buenos ejemplos del interés por atajar el problema.
Aunque en España hay más de tres millones de viviendas vacías, el Instituto Nacional de Estadística atestigua que sólo un 10% del total son hogares en oferta de alquiler. Un porcentaje que contrasta claramente con la oferta del 60% o del 50% de viviendas en alquiler que presentan Alemania u Holanda. Incentivar esta oferta es el objetivo de unas ayudas fiscales desplegadas por el Ejecutivo para convencer al propietario que prefiere vender. Éstos, e incluso los propios promotores de vivienda nueva, hace ya algún tiempo que empezaron a mostrar inquietud por el excesivo dilatamiento de los plazos de la compraventa pero, en un mercado que cambió rápidamente de manos, esta vez parece claro que es el comprador el que tiene la sartén por el mango. Una solución no desdeñable para muchos propietarios pasa, así, por alquilar. Detrás de ello, al fin y al cabo, se encuentra la certidumbre instalada entre la población de que los precios de la vivienda, que en diciembre de 2007 se revalorizaron ya sólo seis décimas por encima de la tasa de inflación, continuarán su senda bajista.
“Unas 100 o 150 viviendas al día entran en la Sociedad Pública de Alquiler para ser alquiladas con nosotros, lo que quiere decir que no solamente son propietarios los que lo hacen, sino que también encontramos aquí parque público de las administraciones, promotores que introducen esas viviendas porque no las venden y otros que se están empezando a dedicar de forma exclusiva a la vivienda en alquiler, lo cual es una señal magnífica para este mercado”, ha manifestado recientemente Alejandro Inurrieta, presidente de la Sociedad Pública de Alquiler.
Desde el Ministerio de Vivienda, que el pasado 20 de febrero comenzó a pagar la ayuda que conforma la Renta Básica a la Emancipación, también sacan pecho. Su responsable, Carme Chacón, asegura que las expectativas se han cumplido con creces y que, desde la entrada en vigor de la ayuda, más de 33.000 jóvenes han cursado la solicitud. El buen dato está en línea con la previsión para 2008: que 360.000 jóvenes se independicen. El único peligro es que los alquileres sigan subiendo.
El Plan de Apoyo a la Emancipación, en detalle
Ayudas para el inquilino
- 210 euros al mes para el pago del alquiler, 600 euros de préstamo para la fianza y aval de seis meses para jóvenes ocupados con ingresos y de entre 22 y 30 años. Se trata, eso sí, de una prestación a recibir durante un máximo de 4 años, por lo que durante 48 meses, asciende como máximo a los 10.080 euros.
- Deducción del 10,05%, equivalente a la que existe actualmente para la compra, para todos los inquilinos con ingresos máximos anuales de 24.000 euros netos, sin límite de edad.
Ayudas para el propietario
- 100% de exención para los ingresos derivados de contratos con jóvenes menores de 35 años, que se suma al 50% de exención para los demás casos.
- El ‘Alquiler seguro’ de la Sociedad Pública de Alquiler ofrece, además, al propietario la seguridad de percibir la renta fijada en el caso de impagos, defensa jurídica en supuestos de desahucio y una cobertura multirriesgo para hacer frente a posibles incidencias en la vivienda.
* Cinco Días - Carlos Bello / MADRID (07-03-2008)
Foto: Se alquila - A. Ruesga (El País)
Imputado por prevaricación el ex alcalde del PP en el municipio canario de Santa Brígida
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ELPAÍS* : El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Angel Parramón, ha dictado un auto en el que imputa por un presunto delito de prevaricación administrativa al ex alcalde del PP en Santa Brígida (19.000 habitantes), Carmelo Vega, y actual edil de Independientes por esta localidad, por conceder una licencia de obra mayor supuestamente ilegal amparada en una normativa anulada por la jurisdicción contencioso administrativa.
El juez imputa también por el mismo presunto delito a dos técnicos municipales (una arquitecta y una asesora jurídica) que llevaron a cabo sendos informes favorables y a los concejales del Ayuntamiento grancanario en el año 2000, María Teresa Vega y Luis Troya, en aquel entonces en Coalición Canaria (CC), como responsables de Cultura y Vías y Obras respectivamente, y Antonio Díaz, en aquella época edil de Hacienda del PP.
Estas tres últimas personas eran miembros de la comisión de gobierno del Consistorio en la que se aprobó otorgar dicha licencia para la construcción de un edificio de 14 viviendas, locales y garajes en el sector de los Palmerales-San Juanito o Potosi en la villa de Santa Brígida.
Por su parte, el juez acuerda también, en un auto del 27 de febrero, el sobreseimiento de las actuaciones respecto a otras personas que estaban imputadas por esta causa: Juan Armando Umpiérrez -actualmente concejal de Vías y Obras del PP-, y los ex concejales en la oposición en 2000, Manuel Galindo y Marcos Mendoza, ambos del partido La Gaviota Azul (LAGA), y el ex concejal del PSC-PSOE también en la oposición Antonio Cabrera, ya que no formaban parte de la comisión de gobierno que aprobó la licencia supuestamente ilegítima, a pesar de que votaron favorablemente a su concesión en el pleno de noviembre de ese año.
Igualmente, archiva la causa respecto al ex concejal de Asuntos Sociales aquel año Antonio Ojeda hasta que "el imputado recobre la salud", dado que ahora se encuentra enfermo. Contra el auto del juez cabe interponerse recurso de reforma en el plazo de tres días.
* ELPAIS.com - EP - Las Palmas de Gran Canaria - 11/03/2008
Foto: Santa_Brígida (Gran Canaria) - M.Perdomo, wikipedia.org
Los 300 (de Arona)
FRANCISCO POMARES* : Ahora sabemos que la querella que ha puesto a Arona irremediablemente patas arriba tiene que ver con que hay casi 300 expedientes municipales -la mayoría urbanísticos, pero también de contratación de obras y servicios y de personal- firmados personalmente por Berto González Reverón, el alcalde de Arona que barrió en las pasadas elecciones logrando la primera mayoría absoluta en el municipio en veinte años. Trece concejales de 24.
Dicen que se le votó para conseguir acabar con el latrocinio, porque en Arona se ha hecho creer a la gente -el propio Berto lo dijo en su campaña- que el mamoneo es fruto de la debilidad política, de tener que pactar todo con otros partidos. El alcalde Reverón logró serlo en 2003 pactando con Manolo Barrios, que lleva casi treinta años de alcalde o de concejal, hospedado en ese tiempo en todos los partidos.
La demanda contra Reverón y Barrios por prevaricación continuada, presentada por un concejal socialista, Francisco Santamaría, cayó en manos del juez Nelson Díaz Frías, decano de los juzgados de Arona, un tipo discreto, prudente y acostumbrado a llevar sus casos hasta sus últimas consecuencias. Casualmente aronero, conocedor de lo de allí. La fiscalía imputó a toda la Junta de Gobierno, los ocho magníficos de Arona, en marzo de 2007, por prevaricación continuada y delitos contra la ordenación del territorio. La mayoría de los medios de Tenerife dieron la noticia con sordina, pero en un tiempo récord el juez citó a los ocho imputados, que declararon la segunda semana de mayo, en plena campaña de las municipales. Casi inmediatamente, el juez comenzó a pedir la identificación y personación de empresarios y otros particulares citados en las declaraciones de los políticos. Roberto de Luis, su sobrino -un pariente maltratado que se acusó en sede judicial para implicar a su tío-, José Ramón Ansorena, el empresario vasco dueño de Proguito, SL, que pidió una licencia, grabó en audio la extorsión de que fue objeto, y se pasó cinco años contándoselo a todo el mundo en Arona, incluso al alcalde, sin que nadie le hiciera el mínimo caso.
El juez sí se lo hizo: el mismo día que declaró Ansorena la policía detuvo sobre la marcha al arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa, y a Arsenio Zamora, un empresario acusado de intermediar en la extorsión. El juez decreto ese día secreto del sumario.
Pero la vida sigue al margen del sumario: un constructor se quejaba a una periodista por montar un gigantesco lío que perjudica al negocio: "aquí siempre se ha hecho así, nunca se ha perjudicado a nadie...". ¿A nadie? Ya hay cuatro detenidos, y la mancha de aceite comienza a extenderse, nadie sabe hasta dónde llegará el pringue: en la querella aparecen aludidos, aparte los políticos y funcionarios municipales, 42 particulares y 88 empresas. Y Nelson Díaz Frías -según dicen- es un juez muy meticuloso.
fpomares@epi.es
* La Opinión de Tenerife - Opinión - 24 de febrero de 2008
Cabanes: Es ilegal ocupar la urbanización de Torre la Sal sin agua
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ELPAÍS/Castellón* : Los intentos del Ayuntamiento de Cabanes para que la urbanización de Torre La Sal se pueda ocupar en breve pueden ser infructuosos. El Consistorio, gobernado por el PP, retiró la concesión del agua a la adjudicataria, después de que ésta advirtiera del déficit hídrico, para otorgársela a una empresa del grupo que construye la urbanización, Marina d'Or, que aseguró disponer de recursos suficientes.
Sin embargo, la Consejería de Territorio ha remitido un informe en el que advierte al Ayuntamiento de que no podrá recibir la obra ni otorgar licencias de ocupación hasta que la construcción de la desaladora, que impulsa la sociedad pública Acuamed, no esté finalizada. Así, la Consejería de Territorio advierte de que recurrirá cualquier licencia en el caso de que se otorguen sin cumplir con este requisito. El informe se ha presentado como una nueva prueba en las diligencias abiertas por la fiscalía para investigar al alcalde de Cabanes, Artemio Siurana, por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la tramitación y aprobación de este programa de actuación urbanística.
En la declaración de impacto, Territorio ya señaló como condición la ejecución de las obras de la desaladora de forma previa al desarrollo del programa. Sin embargo, el Ayuntamiento concedió licencias, para alrededor de 600 apartamentos, sin que la infraestructura estuviera siquiera licitada.
Según el concejal de Esquerra Unida en Cabanes, Carles Mulet, el escrito es tajante, a la vez que lamenta que se hayan creado falsas expectativas cuando los apartamentos, ya construidos, no podrán habitarse hasta finales de 2009, fecha en la que está previsto que acaben las obras de la desaladora.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 11/03/2008
Foto: Cabanes (Castellón), torre la sal - mma.es
La fiscalía denuncia por cohecho al promotor y ex gerente de Urbanismo de Granada
GRANADADIGITAL* : La Fiscalía de Granada ha acordado presentar denuncia contra el promotor inmobiliario y presidente del CB Granada, José Julián Romero, el ex gerente de Urbanismo de Ayuntamiento de Granada Manuel Lorente y otro responsable municipal por su presunta participación en delitos de cohecho y prevaricación.
Según ha informado hoy el Ministerio Público, esta denuncia presentada ante el Juzgado Decano de Instrucción de Granada se produce en virtud de las diligencias de investigación penal seguidas en la Fiscalía por una denuncia que presentó Carlos Marsá, presidente del Granada 74 CF, por posible cohecho entre Manuel Lorente y José Julián Romero.
El fiscal ha presentado además la denuncia contra el jefe del Servicio de Gestión y Patrimonio del Ayuntamiento granadino, Emilio Martín Herrera, al considerar que de los resultados de la investigación se desprende la presunta participación de ellos en delitos de cohecho y prevaricación.
Marsá, según informó el pasado septiembre, aportó a su denuncia un informe exhaustivo y con fotos, que fue elaborado por una empresa catalana de detectives privados en el que supuestamente se probaba el trato de favor existente hacia José Julián Romero.
Este grupo de detectives siguió a Lorente y a Julián al pasado Mundial de baloncesto en Japón, donde, según apuntó en su día Marsá, "José Julián era el encargado de pagar todos los gastos de Lorente".
Por otra parte, Marsá también denunció al alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), y al edil de Deportes, Juan Casas, por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude fiscal y exacciones legales al haber subvencionado presuntamente al Granada CF de manera irregular en los últimos años.
Esta otra denuncia motivó que la Fiscalía llevara a cabo diligencias de investigación, entre las que se encontraban dar traslado de la denuncia y la documentación aportada al alcalde y al concejal de Deportes, para que pudieran hacer las alegaciones pertinentes y presentaran las pruebas documentales para su defensa.
En uno de sus decretos, al que tuvo acceso Efe, la Fiscalía del TSJA no descartaba que, en este caso, pudiera derivarse alguna responsabilidad penal, como posibles delitos de malversación de caudales públicos o de subvenciones ilegales, de la financiación a cargo del Ayuntamiento o a través de empresas municipales al Granada CF.
* Granada Digital - EFE - 11/03/2008
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
«Es inadmisible que se permitan campos de golf en lugares con restricciones»
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LAVOZ/Cádiz* : Ecologistas en Acción considera «inadmisible» que la población serrana que mayores problemas de suministro de agua tiene, Prado del Rey, sea el segundo municipio serrano que contará con un campo de golf, después de Arcos, según se ha aprobado en su nuevo PGOU, que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo.
El alcalde de la localidad, Fernando Pérez (PSOE), ha asegurado en multitud de ocasiones que «el campo de golf se regará con agua depurada», añadiendo que «no vamos a permitir una instalación en nuestra localidad que no cumpla este requisito».
Los ecologistas recuerdan que un campo de golf «necesita el agua de una población de 15.000 habitantes», por lo que «por mucho que se depure, no se podrá suministrar al mismo sólo esta agua depurada», ya que Prado del Rey no llega a los 7.000. Además, han añadido que el nuevo PGOU de Prado del Rey, a través de un informe de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, pretende «duplicar el consumo de agua de manantial que abastece al pueblo». En el año 2004, con una población de 6.406 habitantes, Prado del Rey necesitó 306.888 metros cúbicos pero en el nuevo PGOU, calculando una población futura de 6.670 personas se prevé un consumo de 669.501 metros cúbicos al año. Lo que supone «duplicar el consumo del municipio».
* La Voz Digital - 11.03.08
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org
El juez embarga al Ayuntamiento de Moncofa y bloquea todo el suelo municipal en Bobalar
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LEVANTE/Castelló* : El juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Castelló ha emitido un auto, fechado el 4 de marzo de 2008 y contra el cual no cabe recurso, en el que se embargan los aprovechamientos urbanísticos que pertenecen al Ayuntamiento de Moncofa y que son consecuencia de la aprobación definitiva de Programa de Actuación Integrada Sector Bobalar.
El embargo ha sido dictado por el magistrado del juzgado citado para ejecutar, de manera provisional, la sentencia del 3 de mayo de 2007 en la que se anulaba la reparcelación del PAI Belcaire Sur y el consistorio tenía que indemnizar a una vecina con 172.800 euros, una cantidad que el juez ha incrementado en 48.840 euros en concepto de costas, gastos e intereses, lo que ascendería a un total de 211.640 euros. El auto insta a que se proceda en forma al embargo de bienes del ejecutado en cuanto sean suficientes para cubrir las sumas antes mencionadas.
La afectada denunció en el año 2005 que el consistorio no tuviera en cuenta el verdadero valor de su vivienda a la hora de hacer la reparcelación en el sector Belcaire y procediera a su derribo. Según explica el abogado de la denunciante, Álvaro Sendra, la casa de su representada se construyó en suelo urbano antes del año 1989 "por lo que el bien pasa a incorporarse al patrimonio del titular, una situación que el ayuntamiento no tuvo en cuenta obviando 148 metros cuadrados". Ante esta situación, denunciaron lo hechos y pidieron el reconocimiento de dichos metros. "Cómo la devolución no se podía hacer porque estaba todo reparcelado el juzgado determina una indemnización que un perito estima en 162.800euros, resultado de multiplicar los 148 metros cuadrados de la vivienda por los 1.100 euros que vale el metro cuadrado según el informe pericial", añade Sendra.
El Ayuntamiento de Moncofa recurrió la sentencia, un recurso que el juzgado considera "no ajustado a derecho" ya que, según lo que dispone el artículo 84 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, "la interposición de un recurso de apelación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida". Por este motivo, el juez considera que "por lo dispuesto, procede despachar la ejecución provisional solicitada decretando directamente en la misma resolución el embargo de los bienes exigidos por la parte ejecutante". Cabe señalar que este periódico ha intentado ponerse en contacto con el alcalde, José Vicente Isach, pero no ha sido posible obtener una valoración del munícipe sobre el embargo y las posibles consecuencias que pueda tener.
El procedimiento
El abogado, Álvaro Sendra, detalla que, tras el embargo, un perito se tendrá que hacer una valoración de los bienes embargados, después se tendrán que sacar a subasta para que un licitador los adquiera y, con el dinero que se obtenga se tendrá que pagar la indemnización. El sobrante del dinero se devolvería al consistorio. No obstante, Sendra apunta que espera que no se llegue a ejecutar todo el proceso "ya que esperamos que el Ayuntamiento de Moncofa pague". Por último, el letrado de la denunciante ha querido matizar que se ha solicitado el embargo de los bienes en el Bobalar "porque los bienes municipales en el sector Belcaire Sur están vendidos".
* Levante-EMV - Nerea Soriano, Castelló - 11 de marzo de 2008
Foto: Moncofa (Castellón) - mma.es
CCOO exige una moratoria urbanística en la sierra de Guadarrama
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MADRIDIARIO* : El sindicato CCOO solicitó este lunes a la Comunidad que abra un debate social sobre el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la sierra de Guadarrama, y exigió una moratoria urbanística en la zona hasta su aprobación, tras aportar al defensor del Pueblo en una reunión "nuevos datos que muestran que la presión urbanística se está notando".
Varios miembros de CCOO se reunieron este lunes con el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para informarle sobre la situación actual de la sierra de Guadarrama, que -según denuncian- está sufriendo el acoso del urbanismo.
En San Lorenzo de El Escorial, Guadarrama o Bustarviejo "estamos viendo un paisaje de grúas trepando literalmente por las laderas de la sierra", afirmó José Luis Díaz, de la Secretaría de Política Territorial de CCOO. Díaz puso como ejemplo la construcción en la zona de un circuito de motocross y de un campo de tiro olímpico sin estudios ambientales previos.
Por este motivo, CCOO pide a la Comunidad una moratoria urbanística en la Sierra de Guadarrama hasta la aprobación del PORN, que se está retrasando sin que conozcan el motivo, según el sindicato. El secretario de Políticas Institucionales, Jaime Cedrún, afirmó que el documento lleva meses "guardado en un cajón de la mesa del Consejo de Gobierno".
Falta de información
Según CCOO, Múgica les ha comunicado en la reunión que varios de sus miembros han mantenido con él este lunes que la Consejería de Medio Ambiente no había contestado a dos de sus peticiones de información sobre el plan. Y recuerdan que a la tercera el defensor del Pueblo tendrá que informar al Parlamento sobre la falta de colaboración de la Comunidad.
Por otra parte, el sindicato pidió a la Comunidad que abra un proceso de debate enviando el PORN antes de su aprobación al Consejo Económico y Social de la Comunidad para que los agentes sociales puedan participar y aportar sus sugerencias.
Entre las propuestas del sindicato destacan el aumento de la protección medioambiental en el pie de monte, que actuará de zona de transición; y la creación de un plan económico que premie a los municipios afectados, pues "están temiendo que afecte a su desarrollo".
Respuesta de la Comunidad
Fuentes oficiales de la Consejería de Medio Ambiente explicaron a Madridiario que el retraso en la aprobación del PORN se debe a la modificación de la Ley de Parques Nacionales que hizo el Ministerio de Medio Ambiente el año pasado. Según señalan, en este momento están adaptando el plan a la nueva normativa legal. "Es el Ministerio el que pone pegas al PORN con fines electoralistas", aseguraron.
La Consejería desmintió que exista presión urbanística en la Sierra del Guadarrama, ya que actualmente tiene protección a través de diversas figuras, como el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Asimismo, defendió el futuro PORN, pues "va a proteger al máximo la zona del Guadarrama".
* Madridiario - 10-03-2008 - Carmen M. Gutiérrez
Foto: Guadarrama, sierra (Madrid) - madridiario.es
El alcalde 'popular' de Totana, investigado por corrupción, seguirá en su cargo
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ELMUNDO/Murcia* : El alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), ha anunciado públicamente que continuará trabajando en la alcaldía tras conocer los resultados de las pasadas elecciones generales, en los que su partido fue la fuerza más votada en el municipio, con 10.034 votos y el 65,06% del total, algo más de tres puntos por encima del resultado obtenido en las pasadas elecciones de 2004.
Después de permanecer en prisión incondicional por su presunta vinculación con el caso 'Tótem' que investiga presuntas irregularidades urbanísticas en el municipio, Martínez Andreo declaró hace un mes que "necesitaba tomarse un tiempo para reflexionar y tomar una decisión definitiva sobre su futuro en la alcaldía", y dijo que "para ello necesito mirar a los ojos al pueblo de Totana y conocer la opinión de las personas".
Según ha inforamdo el PP de Totana en un comunicado, la decisión del alcalde de continuar en el cargo "viene respaldada por la mayoría de los totaneros", que con más de 1.000 votos respecto a las generales del 2004 y con más de 1.500 votos con respecto a las últimas elecciones municipales, "ha apoyado el resultado de un partido en este referéndum en el que se habían convertido estas elecciones", declaró.
Martínez Andreo, al respecto, ha señalado su "total satisfacción y orgullo por la victoria electoral obtenida", y ha explicado que los totaneros "han creído en el proyecto político del PP en Totana, y en José Martínez Andreo", quien reconoció que este plebiscito era "un auténtico referéndum en Totana por los acontecimientos ocurridos en los últimos meses".
De esta forma, a pesar de estar suspendido de militancia en el PP en la actualidad, "participó activamente en todos los actos públicos de esta formación política en el municipio durante la campaña y ha acompañado a los candidatos al Congreso y al Senado pidiendo abiertamente el voto para este partido político", según el comunicado.
El Consistorio ha precisado que el índice de participación subió en estos comicios un 3,66% respecto a las elecciones generales del 2004, al pasar del 80,67% al 84,33%, y la abstención se fijó en el 15,67%, de forma que se redujo respecto al 19,33% de la convocatoria de hace cuatro años.
En este sentido, el PSOE fue la segunda fuerza política en estos comicios en Totana con 4.375 votos (28,37 por ciento) y un descenso de casi un punto, y la tercera fuerza política es IU con 566 votos y el 3,8% del total, seguido de UPyD, con 149 electores, y el 0,97% del total.
Por ello, tras comprobar los resultados, Martínez Andreo, ha delcarado que continuará en la alcaldía, y ha asegurado que le "quedan muchas fuerzas para seguir en política, y luchar para que la justicia y la verdad lleguen hasta el infinito con el único propósito de trabajar por y para los vecinos de Totana promoviendo el interés general".
Para el alcalde, estos resultados "demuestran que el PP de Totana tiene la mayor responsabilidad política de toda su historia, ya que hay 1.500 personas que nos han dado su confianza, a parte de las 9.000 que nos la dieron en mayo del año pasado".
Asimismo, ha abogado por "la tranquilidad, serenidad y moderación para trabajar por Totana", ya que, el PP, según dijo, "representa esta opción" y afirmó que esta formación "ha obtenido la mayor responsabilidad con el mayor respaldo electoral en la historia democrática de Totana".
* El Mundo - Europa Press - 10/03/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es
Yo soy de los que llorarían
CHANTAL MAILLARD* : Me gustaría poder felicitarnos. Me gustaría poder pensar que en Málaga somos de verdad "ciudadanos", es decir, personas que no sólo se sienten pertenecer a una ciudad, sino que también entienden que esa ciudad les pertenece al modo en que nos pertenecen los seres y las cosas que amamos, sintiéndonos responsables de ellos. Pero algo nos ha quedado, sin duda, en el Sur, del viejo servilismo, del espíritu sumiso y resignado de quienes entendían que ellos nada tenían que ver con quienes les sometían y gobernaban. El cacique, ahora, es el político, o así queremos que sea porque es más cómodo. Delegamos nuestra responsabilidad con el voto o el silencio.
El mundo lo hacen otros, y a la pregunta por aquello que queremos habitar no respondemos, no somos responsables. Culpamos al "Sistema", eso sí, una de esas grandes palabras bajo las que escondemos la desidia.
Pero resulta que el político, el polités: el ciudadano somos nosotros, y quienes nos gobiernan lo harían con más cuidado, con más tiento y esmero si se lo recordásemos alguna vez. Y ahora es buen momento, porque el proyecto de "reforma" de los Baños del Carmen está a nuestra disposición, en su período informativo, en la Demarcación de Costas (Pº de la Farola, 12). Es este el período en el que podemos hacer alegaciones, o sea, que podemos manifestarnos, que podemos aportar nuestras sugerencias, y también el período en el que podemos hacer alegaciones aportando sugerencias.
Yo soy de los que llorarían -y tiemblo al pensar que así será- si aquel lugar desapareciese o si, al abrirse por el este y el oeste, perdiese aquel encanto que le hace tan especial. Soy de los que llorarían como cuando algo muy preciado y muy tuyo se pierde. Mientras convalecía de una enfermedad que me dejó sin poder casi caminar, me acercaba con mis pasos endebles al bosque de eucaliptos, y el olor curativo de esos árboles me hacía pensar que era posible seguir viviendo. Allí descubrí que podía mover mi espalda más de lo que creía al intentar sacar la cabeza de un hermoso y enloquecido gato negro de una lata de conserva en la que se había encajado; el animal corría despavorido, chocaba contra los troncos de los árboles y contra todo; conseguí liberarlo con la ayuda de un amigo, y pensé que la vida seguía valiendo la pena. Soy de los muchos que, al sentarse entre aquellas columnas vetustas a la puesta de sol, han sentido que la paz era algo tangible. Es aquel uno de esos pocos lugares en los que la luz se corporeiza, en los que comprendemos, sin hablar, sin pensar, que no es correcta la disociación entre cuerpo y espíritu porque, a veces, los cuerpos se transparentan y el espíritu se encarna.
Y también soy de aquellos que al mirar la extensión de rocas pequeñas entre las que el mar juega y que es el refugio de cangrejos y otros animales secretos recuerdan cómo eran, hace mucho tiempo, las playas de nuestras costas, cuando aún las grandes estrellas de mar venían a morir en sus orillas. No quiero creer que queramos y consintamos que el único trocito de playa genuino que nos queda se convierta en otra piscina más, de esas a las que generosamente llamamos "calitas".
La solución proyectada pretende "recuperar un espacio que forma parte de la memoria colectiva". ¿Qué se entiende por "recuperar"? "Rescatar", "redimir", "reconquistar", "salvar", "liberar" son los sinónimos prescritos por el diccionario. No eran otros los empleados por colonizadores y conquistadores para legitimar sus salvajismos. ¿En nombre de qué han de redimirse los Baños del Carmen? ¿De qué -¡o de quiénes!- se supone hay que salvarlos? El "espacio público" que nos presentan es un parque con palmeras (¡más palmeras!), con kioscos y accesos pavimentados para el acceso de vehículos de abastecimiento, abierto de par en par, a la vista, esa visibilidad que fue uno de los grandes principios de los arquitectos que diseñaron las ciudades fascistas: todo abierto, sin trabas, sin obstáculos, para que el enemigo (el enemigo siempre somos nosotros) no pudiese ocultarse. Ordenar, higienizar: suprimir (¿cuántos eucaliptos serán "desarraigados" para hacerle sitio al jardín mediterráneo?) para controlar era la norma, a la que se suma ahora, acorde con la economía de mercado, la de diseñar conforme a los fines prácticos. El valor de lo recóndito, de lo natural, que tan bien se conocía antiguamente en Japón, el valor de lo que no es económicamente rentable pero que nos acoge no es apreciable en nuestra sociedad. Tampoco lo que envejece. Todo lo viejo ha de reemplazarse, aunque siga cumpliendo su función. Tal es el miedo que le tenemos a los síntomas de la desaparición, cualquiera que éstos sean. Los ancianos, confinados; todo lo viejo, lo agrietado, lo que naturalmente se inclina o pierde su tranquilizadora simetría, renovado.
La memoria que se pretende "recuperar", en realidad, se construirá. Porque ésa, la que quedará reducida a unos pocos vestigios bien limpios y bien situados, no es la memoria de todos, sino la que se ofrecerá a los que han de venir y no tendrán, de todo ello, recuerdo alguno. Al conservarla, la destruirán. Porque la memoria de verdad es algo vivo, algo que sigue viviendo con nosotros y, actualmente, la memoria del Balneario está viva porque quienes pisan ahora sus losas y aman y respetan cada una de sus columnas disímiles no pasan por allí sino que vienen allí y venir-a, o ir-a, a diferencia de pasar, es un movimiento del espíritu. Por un Paseo marítimo se pasa o se pasea, pero al Balneario se viene; su memoria, la seguimos haciendo entre todos.
Cuando pienso en el Balneario, hay una imagen que siempre acude a mi mente, la de una pieza de mármol blanco hexagonal, el brocal de un pozo, o tal vez una pila bautismal por el cordero pascual que, en alto relieve, orna uno de sus laterales. Dentro de ella, ha crecido un drago. Tan fuertes se hicieron sus raíces que han partido en dos la pieza de mármol sin por eso dejar de aguantar sus dos mitades. Raíces que a la vez quiebran y mantienen. Desde que la vi me pareció ésta una gran metáfora: la fuerza natural germinando y creciendo en el pozo de vida, pila bautismal o pozo, quebrando y sosteniendo, a un tiempo, lo que le ha dado vida y cobijo. Pero también es metáfora de la naturaleza que exige y recupera sus lugares asolados o conquistados por las ideologías y sus secuelas. ¿Cuál es la ideología que sustenta la necesidad de las plataformas veraniegas? Y cuando todos los lugares se parezcan, cuando todo nuestro entorno sea el resultado de la clonación de una postal exótica, ¿qué tendrá Málaga de especial? ¿Qué cantarán sus poetas?
Pero han de perdonarme: estoy hablando por todos, dando por hecho que a todos los malagueños les importa que los Baños del Carmen sigan conservando su espíritu. Es cierto, puede que muchos prefieran tener un chiringuito más, y si tiene columnas, por Dios que no estén rotas, y que esté todo limpio, solado y sin tierra, para que el niño no se ensucie. Ah, y que no se olviden del letrero que nos oriente o nos advierta que ésta es una "Playa natural"? Pero sabéis al igual que yo que no sólo las personas hacen los lugares, que también los lugares hacen a las personas, y que si ofrecemos lugares especiales, lugares de verdad, no parques temáticos, ni espacios de diseño refractarios donde nunca habitará el espíritu del mundo, ofreceremos también la posibilidad de que entre todos seamos personas de verdad y no un público anónimo afecto a escenarios de postal veraniega y al consumo de todo cuanto, porque deja insatisfecho, responde a la estrategia del Mercado.
* Chantal Maillard es doctora en Filosofía y Premio Nacional de Poesía
* La Opinión de Málaga - 02 de marzo de 2008
"España es el país de Europa con más viviendas vacías"
LAVANGUARDIA* : El arquitecto y relator especial sobre la Vivienda Adecuada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Miloon Kothari, a invitación del Gobierno español visitó a finales del 2006 España para estudiar los casos concretos de Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla y Zaragoza. Ya ha elaborado su informe sobre la situación de la vivienda en España y hoy 10 de marzo lo presenta de forma oficial durante la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
ENTREVISTA
-¿Qué recomendaciones haría a los Gobiernos para mejorar el acceso a la vivienda?
-Una de mis recomendaciones principales es que los Gobiernos en todo el mundo y, especialmente, en el caso de los Gobiernos europeos tienen que poner más énfasis para promover una vivienda accesible y alejarse de la visión de la vivienda como una mercancía. Debería verse como un derecho humano y social. Muchas personas están destinando el 70% o más de su salario a la vivienda y no pueden dedicar su dinero a otros aspectos como la salud o la educación. No me parece bien y los Gobiernos tendrían que tomar medidas para que esto no pase, sobre todo en el caso de los más desfavorecidos. Y una solución de calidad sería desde el punto de vista de los derechos humanos.
- ¿Y qué otras soluciones propone?
- Para los grupos más vulnerables no basta con planificar políticas de vivienda de un año para otro sino que se debería garantizar este derecho y especialmente en los países desarrollados, que no tienen la excusa de falta de recursos. Otra recomendación y en relación con los grupos más desfavorecidos sería la discriminación que sufren las mujeres en temas de vivienda. En los países desarrollados, las madres solteras, las mujeres víctimas de la violencia doméstica, discapacitadas y mayores viven una situación más compleja porque afrontan una discriminación más complicada.
-¿Considera que existe una relación entre la violencia doméstica que sufre la mujer y el acceso a la vivienda?
-Existe un vínculo directo entre la violencia doméstica y el acceso a la vivienda porque si las mujeres no tienen un lugar seguro o el derecho a acceder a una vivienda pueden sufrir situaciones en un ambiente de violencia doméstica sin poder irse a otro sitio y estar seguras. Es importante que exista una legislación a favor del derecho de la mujer a la hora de acceder a la vivienda cuando sufra violencia doméstica tal como existe en otros países como en la India o en Uruguay.
-¿En su misión a España qué diferencias ha encontrado en comparación con otros países europeos en materia de vivienda?
-Una de las cuestiones que más me sorprendió es el fenómeno de la existencia de muchas casas vacías pese a los problemas de acceso a una vivienda. España es con diferencia el país de Europa Occidental con más viviendas vacías. Otra cuestión es que la gente quiere comprar más que alquilar. En España a pesar de sus políticas a favor de un acceso a la vivienda los esfuerzos e iniciativas del Gobierno se han destinado a su compra con incentivos a constructores y esto ha distorsionado el mercado. Según mi experiencia en Australia y Canadá sí que existe un derecho social real de la vivienda pero en España las viviendas de protección oficial normalmente no están al alcance de las personas más necesitadas sino de las que deberían comprar o alquilar una vivienda en el mercado. También me ha sorprendido la intensa especulación urbanística y la fuerte corrupción que viene acompañada de ella.
-Antes de haber presentado oficialmente su informe se reunió recientemente con la Ministra de Vivienda, Carme Chacón. ¿Qué sensaciones ha tenido de este encuentro?
-La reunión ha sido útil y me alegro de poder haberla conocido ya que cuando estuve realizando mi misión había otra Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. Chacón me explicó las nuevas medidas y políticas que están adoptando en materia de vivienda y estoy encantado de comprobar que inicialmente el Gobierno español ha respondido positivamente al informe y lo ha visto como una crítica constructiva.
-Además del Gobierno central cuáles son las funciones que deben desempeñar las comunidades autónomas y los municipios en materia de vivienda.
-En España las comunidades autónomas y los municipios tienen un gran poder de decisión en cuestiones relacionadas con la vivienda. En cada región hay que prestar una determinada atención a los distintos problemas. Si bien es cierto que los países desarrollados suelen tener un sistema federal donde la vivienda es una responsabilidad local pero a menudo los recursos necesarios económicos no están y los municipios que quieren hacer algo frente a los problemas de vivienda no pueden. Por eso es necesaria una cooperación entre los gobiernos locales, autonómicos y estatales.
-Para elaborar su informe ha visitado distintas ciudades españoles pero Barcelona fue la primera. ¿Qué impresión se lleva?
-Barcelona es una ciudad en la que se han renovado y se han transformado socioeconómicamente los barrios más degradados y resulta que todos los barrios son caros y existe una situación en la que ni siquiera la gente de la clase media está al alcance de adquirir una vivienda propia. Imagínate la situación de otros grupos más desfavorecidos como pueden ser los inmigrantes, los sin techo o el colectivo gitano. Además, un 18% de los catalanes vive en una situación de riesgo de pobreza y esto en un porcentaje muy elevado para un país desarrollado.
* La Vanguardia - Barcelona - Jesús Sancho - 10/03/2008
Foto: Relator de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, 2006 - adn.es
El hogar aún no es un derecho, es un bien de consumo
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ELPAÍS* : La obsesión por ser propietarios de la vivienda y la especulación han hecho de España un caso alarmante para las capas más desfavorecidas de la población. La ONU, en un acontecimiento inusual, llamará hoy la atención al Gobierno y le urgirá a intervenir en el mercado.
Enrique Vives vive con sus padres. Veintiocho años, un trabajo de mileurista. La única solución sería buscar un piso compartido en su ciudad, Barcelona, y gastar casi la mitad del sueldo en alquiler. Las ayudas de hasta 210 euros promovidas por el Gobierno no serían, además, suficientes para garantizarle la calidad de vida de la que goza en casa de sus padres, asegura. "Prefiero esperar", admite. Su prima Eva, en cambio, acaba de recibir las llaves con las que espera abrir una puerta al futuro junto con su pareja. Las llaves de una vivienda de protección oficial en las afueras de Granada, por la que empezará a pagar una hipoteca de 90.000 euros, un 40% menos de lo que le habría deparado un piso del mercado libre.
Las historias de Enrique y Eva reflejan de forma indirecta dos caras de las políticas de la vivienda en España. Ayudas a veces insuficientes y otras eficaces. Escasas oportunidades para alquilar y demasiadas viviendas en construcción. Centenares de miles de casas vacías, pero también un sistema de Vivienda de Protección Oficial (VPO) mejor organizado que en otros países europeos. Buena voluntad por parte de muchas administraciones y especulación por parte de otros tantos promotores. Aspectos negativos y positivos que, según un estudio de Naciones Unidas, mezclan los peores y los mejores hábitos de todo un sector.
España, en materia urbanística, parece un caos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los precios en Madrid y Barcelona han aumentado por encima del 100% en los últimos 10 años? ¿Qué tendrá que hacer el futuro Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda? A estas preguntas intenta responder un informe de la ONU que se presentará hoy en Ginebra ante representantes del Ejecutivo en la asamblea del Consejo de Derechos Humanos. "A pesar de que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende... Todos los sectores de la sociedad, incluidos los promotores, los constructores, las agencias, los grupos de la sociedad civil deben participar en la realización de este derecho humano básico", cuenta el relator del estudio, Miloon Kothari.
¿Cómo? Según Naciones Unidas, el Gobierno no tiene más alternativas que "intervenir en el mercado de la vivienda y regularlo para garantizar un descenso de los precios de los inmuebles y del suelo". Y castigando con mayor determinación prácticas como la discriminación xenófoba y racial y la especulación. A finales de 2006, Kothari visitó España a invitación del Gobierno y tras haber recibido varias denuncias de algunas ONG; observó de primera mano la situación de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla o Zaragoza y se encontró con un panorama en muchos casos desolador. Casos de corrupción, mobbing inmobiliario, segregación residencial, especulación. Una de las causas del mal funcionamiento del sistema residiría en el éxito del modelo de vivienda en propiedad, que obliga a centenares de miles de familias "a gastar en hipotecas más del 40% de sus ingresos medios", explica el relator. Se trata de algo inédito en países como Francia, Reino Unido o Alemania, donde los jóvenes se emancipan de media cuatro años antes que en España. ¿Por qué?
Al margen de las razones económicas, según los expertos, se trata de una cuestión de hábitos sociales típicos del sur de Europa. Una de las características de nuestra sociedad son las fuertes relaciones de dependencia. Las ayudas familiares y los vínculos entre generaciones, más radicados que en otros países, determinarían así también nuestras prácticas residenciales: la compra de una vivienda, su localización y, sobre todo, la dilación de la edad de emancipación, que en algunos casos no se produce hasta los 35 años.
Si, por ejemplo, Enrique aprovechara las subvenciones públicas, podría en realidad emanciparse. No viviría holgadamente, tendría que hacer algunos esfuerzos, pero podría. Sin embargo, la falta de una cultura del alquiler suele retener a decenas de miles de jóvenes en casa de los padres hasta que pueden permitirse una vivienda en propiedad. Ya la ex ministra Trujillo reconoció a este respecto que "la insuficiente oferta de vivienda de alquiler y subvencionada constituye un grave problema": según los últimos datos, sólo el 6,3% de todas las residencias está en ese régimen, menos de la mitad de la media europea. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala, además, que sólo el 35,4% de las viviendas económicas en alquiler están realmente ocupadas por hogares "pobres".
Pero, ¿cómo ha podido prosperar la obsesión de los españoles por ser propietarios? El fenómeno se suele explicar con una infinidad de variables económicas, sociológicas e incluso psicológicas. Pero, al final, casi todas las respuestas se condensan en una frase mucho más sencilla: "Total, para pagar casi lo mismo por un alquiler, compro y el piso es mío". Lógica aplastante. Sin embargo, lo que aquí parece evidente, en Europa no lo es tanto. Mientras que sólo uno de cada 10 hogares españoles vive de alquiler, en la UE el porcentaje alcanza el 38%.
Llama la atención la unanimidad entre políticos y expertos a la hora de diagnosticar el problema -la escasez de oferta en el mercado- y las medicinas que podrían curar la enfermedad -aumentar el parque de vivienda social para inquilinos-. Si la respuesta es tan obvia, ¿por qué la proporción de alquiler se ha mantenido invariable en niveles raquíticos durante los últimos años? ¿Y por qué el parque público no representa ni un 1% del total, mientras que en Europa ronda el 18%?
"Todos los Gobiernos han dicho que querían impulsar el alquiler. Pero al mismo tiempo mantenían las ventajas fiscales a la compra. Ha habido una clara indefinición política", responde José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Este especialista cree que, ahora sí, el Ejecutivo ha entendido la necesidad de ponerse manos a la obra, con medidas como la ayuda de 210 euros para jóvenes o la deducción fiscal para rentas inferiores a 24.000 euros. "El riesgo ahora es que se subvencione demasiado un sector en el que la oferta es insuficiente. Esto, como sabe cualquier estudiante de primero de Económicas, sólo provocaría un aumento de los precios".
De todas formas, por ahora no habrá peligro en este frente, porque el sistema de vivienda en propiedad, público y privado, es todavía el rey del sector, lo que ha llevado a Naciones Unidas a dar la voz de alarma: "Aunque el precio de las VPO es más bajo que el precio de mercado, sigue siendo demasiado alto... Por tanto, el sistema parece beneficiar solamente a algunos grupos de la población que pueden permitirse una casa y deja de lado a los que no pueden comprar ni pagar hipotecas o alquileres", dice Miloon Kothari.
¿Por qué es tan negativo que el mercado de alquiler sea casi insignificante? Ante todo, porque la lógica aconseja diversificar el patrimonio. Y en España es habitual que los jóvenes se endeuden al 90% o el 100% para comprar un piso. "Es un absurdo desde el punto de vista financiero. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta", asegura García Montalvo.
El problema, en realidad, viene de lejos. De los años más negros de la posguerra, precisa el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver. La legislación franquista de los cuarenta congeló los alquileres. "Con las rentas estables y una inflación galopante, nadie en su sano juicio ponía un piso en el mercado", señala Oliver. Pero no sólo cuenta la ley, la sociología también tiene cosas que decir. El éxodo rural de los años del desarrollismo llenó las ciudades de personas procedentes del campo, que no concebían la idea de alquilar. Además, las tasas de inflación de entonces y las hipotecas a tipo fijo que concedían habitualmente los bancos aconsejaban a cualquier consumidor sensato optar por la compra.
En los ochenta y noventa se liberaliza el mercado del alquiler dando más derechos a los propietarios. Pero, como recuerda el informe del relator de la ONU, esta política tampoco ha dado el resultado esperado. Con la crisis de los ochenta, y las tasas de paro por las nubes, la creación de nuevos hogares se ralentiza, y también lo hace la salida al mercado de nuevos pisos. Y así se llega al auge inmobiliario de la última década. Los tipos de interés pasan en pocos años del 17% al 3% de 1999. Con una inflación controlada y tasas de empleo al alza, la decisión racional es endeudarse... para comprar.
El escaso desarrollo de los instrumentos financieros contribuye, además, a que las familias consideren que su piso no es sólo el sitio donde duermen, sino también un seguro de vida. Así, el rechazo al alquiler se perpetúa en la psique española hasta bien entrado el siglo XXI. La pregunta ahora es si España dejará de ser diferente, también en esto, en los próximos años.
Un sector de contradicciones
- Artículo 47 de la Constitución. "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".
- La ONU. "A pesar de que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende. En este contexto, debe recuperarse su función social y aplicarse el artículo 47".
* ELPAIS.com - FRANCESCO MANETTO / LUIS DONCEL 10/03/2008
Foto: La urbanización de Paco el Pocero en Seseña- ULY MARTÍN, elpais.com
El Consell retrasa 7 años el Patecas y frena la respuesta a las alegaciones desde 2005
LEVANTE/Castelló* : La Generalitat Valenciana retrasa desde hace siete años y siete meses el Plan de Acción Territorial de Castelló (Patecas) y bloquea desde 2005 la respuesta a las alegaciones que presentaron 21 municipios al objeto de coordinar los planes urbanísticos del área metropolitana y definir las necesidades en materia de infraestructuras.
Este bloqueo se mantiene vigente en una antesala electoral en la que emerge la publicidad de proyectos virtuales que aún duermen en los cajones de algún despacho y los ciudadanos asisten a un fuego cruzado de acusaciones y enfrentamientos entre municipios por los diseños de futuro del área metropolitana.
Las fotos mediáticas todavía no se han traducido en documentos concretos y llama la atención que el tanto el Consell como los ayuntamientos de signo popular han silenciado cualquier referencia al Patecas, un plan que fue concebido precisamente para marcar las líneas de ordenación territorial y agilizar la reivindicación de las infraestructuras.
La demora del plan implica que ni la Generalitat Valenciana ni los municipios están en condiciones de exponer en un documento unificado los proyectos y el diseño territorial que necesita Castelló.
Pese a ello, el Partido Popular no ha dudado en criticar desde los ayuntamientos que gobierna y desde la Generalitat los supuestos retrasos de las infraestructuras del Gobierno central, que en muchos casos se ha encontrado con una batalla difícil de resolver a la hora de encontrar trazados que cuenten con el consenso de todos los municipios, tales como el desdoblamiento de la N-340 o el enlace del bus guiado con Benicàssim.
El Gobierno de la Generalitat Valenciana presentó por primera vez el Plan de Acción Territorial de Castelló (Patecas) en el año 2000. En aquel momento, Luis Fernando Cartagena se encontraba al frente de la Conselleria de Obras Publicas.
La redacción del proyecto se adjudicó en el año 2001 y la aprobación del plan, que no su aplicación, se rubricó en 2002. Este documento pasó entonces por las manos del actual conseller de Infraestructuras, Rafael García Antón, que finalmente derivó el cometido hacia las competencias del entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco.
Los ayuntamientos recibieron el documento para presentar su opinión al respecto y completar un proceso de alegaciones que todavía hoy no ha recibido respuesta alguna.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 10 de marzo de 2008
Foto: Castellón, vista - google.es
¡Vota ladrillazo!
Viñetas: El Roto (El País) / J.Kalvellido
El paisaje, mucho más que una postal
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ELMUNDO* : Ocho folios van a cambiar el 'skyline' de España de ahora en adelante. Acaba de entrar en vigor el Convenio Europeo del Paisaje, un documento escueto pero explícito que obligará a las administraciones públicas a proteger, como si se tratara de espacios naturales emblemáticos, las áreas urbanas, tanto si son excepcionales como si entran en la categoría de lo cotidiano.
Un caso gráfico: las periferias de las ciudades ya no podrán ser el 'patito feo' del tejido metropolitano. Esta normativa, que tendrá carácter vinculante en las políticas que inciden en el territorio, propiciará que, por ejemplo, se contemple la plantación de árboles o la mejora de las vías de comunicación en estos entornos con carácter preceptivo.
"Se trata de un convenio marco que obliga a los estados a ir incorporando la sensibilidad por el paisaje, pero el problema es que no dice cómo", explica Joan Nogué, director del Observatorio del Paisaje de Cataluña (la primera comunidad que manifestó su sensibilidad por este asunto, en diciembre de 2000). "Además, en España la complejidad es mayor, ya que la mayoría de las competencias en urbanismo están transferidas a las comunidades".
De hecho, sólo el Gobierno catalán y el de la Comunidad Valenciana han legislado en este sentido antes de que España ratificara el convenio, que fue aprobado por el Consejo de Europa en 2000.
"Este documento solo no es suficiente, pero es un nuevo instrumento de nivel europeo que nos va a permitir tener un paisaje más ordenado, bien gestionado y que conserve los valores que dan personalidad a un territorio, lo cual no es incompatible con su transformación", considera Nogué.
Mayor sensibilidad
Y añade: "Lo que se ha hecho en el urbanismo de España en los últimos 20 años ha sido imperdonable. Se ha dilapidado la identidad de un país, algo que en otras culturas es inimaginable. La preocupación por el paisaje llega tarde, pero yo voy notando que hay mayor sensibilidad, a veces de forma superficial, como simples proyectos de jardinería, pero en ocasiones ya hay iniciativas importantes".
A falta de una definición concreta por parte del Convenio Europeo, la experiencia catalana puede servir de modelo para el desarrollo de fórmulas de aplicación de esta nueva filosofía de urbanismo por parte de las comunidades. Joan Ganyet, director general de Arquitectura y Paisaje en la Generalitat, desgrana algunas de las actividades destacadas que ha puesto en marcha su departamento en los últimos años: redacción de catálogos de paisaje, información de estudios de impacto urbanístico, acciones de sensibilización social...
"Sin duda, el camino en materia paisajística es muy largo y aún queda mucho por hacer", reflexiona Ganyet. "El paisaje se percibe como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; el objetivo final es definir unos objetivos de calidad paisajística". Que según el texto del Convenio es "la plasmación por parte de las administraciones públicas de las aspiraciones de la colectividad en lo que respecta a las características paisajísticas de su entorno".
La directora general de Paisaje de la Generalitat Valenciana, Arancha Muñoz, argumenta que la legislación "no debe ser percibida como un obstáculo al desarrollo, sino como una herramienta que posibilita crecer mejor y de forma más sostenible".
Convenio europeo del paisaje
Fue redactado y aprobado por los estados miembros del Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000, en Florencia.
España lo ratificó a finales del año pasado, aunque no ha entrado en vigor hasta el pasado 1 de marzo.
El documento consta de 18 artículos distribuidos en cuatro capítulos: disposiciones generales, medidas nacionales, cooperación europea y disposiciones finales.
Por paisaje se entiende "cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos".
Entre otras cuestiones, los estados que lo ratifiquen se comprometen a integrar el paisaje en sus políticas de ordenación territorial y urbanística, medioambientales, económicas, etc.
Su incumplimiento se podrá denunciar a través del Secretariado General del Consejo de Europa.
* El Mundo - MARTA BELVER - 7 de Marzo de 2008
Foto: Todos los grupos parlamentarios catalanes se adhirieron simbólicamente en diciembre de 2000 al Convenio Europeo del Paisaje. Cinco años después se promulgó una ley pionera en este sentido y se creó el Observatorio del Paisaje, un consorcio público formado por 30 instituciones, entre ellas, universidades, ONG y colegios profesionales (en la imagen, el municipio de Onyar en Gerona)/ El Mundo
Cientos de personas protestan contra la reforma del aeródromo
DIARIODECÓRDOBA* : La Asociación en Defensa del Medio Ambiente Urbano, Córdoba Saludable, congregó anoche delante del Ayuntamiento a cientos de personas --entre 300 y 400, según la Policía Local, y más de 1.500, según los organizadores-- que protestaron por la ampliación del aeropuerto.
Según el colectivo, al acto asistieron un gran número de parcelistas, tanto afectados directamente por las obras como no, e incluso de otras zonas de la ciudad.
No faltaron representantes de los colectivos que se verán más perjudicados, del PP y de Coalición Andalucista.
La protesta, que duró una hora, se desarrolló sin problemas y con aplausos que respaldaban las manifestaciones del presidente de la plataforma, Nicolás Moya, que aprovechó para criticar otros proyectos, como el parque logístico. De vez en cuando se oían frases contrarias al Gobierno municipal, especialmente a la alcaldesa, Rosa Aguilar, y al presidente de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Ocaña.
Nicolás Moya defendió un aeródromo en la campiña, a diez kilómetros de Córdoba, con una pista más grande, que no causaría perjuicios, "el suelo sería de cincuenta a cien veces más barato y no habría que realojar a 110 familias que tendrán que comenzar de nuevo sus vidas en otra casa o negocio". Además, según indicó, se construirá antes porque "los pleitos por las expropiaciones retrasarían el proyecto y habría que derribar lo que hay". Moya piensa que "lo que tratan de hacer es un aeropuerto nuevo bajo la apariencia de una ampliación".
En su opinión, la ubicación del aeropuerto actual solo ha dado problemas por las nieblas, al estar junto al río, y ahora "quieren resucitar a un muerto haciendo grandes inversiones en un lugar sin futuro", que, además, "quedaría como la segunda pista más corta de las capitales de España".
También aludió a que se ha optado por "ejecutar un proyecto de forma ilegal" al requerir "la revisión del plan director, plan especial y PGOU". Moya amenazó con seguir presentando denuncias en los juzgados.
* Diario de Córdoba - 07/03/2008 - I.L.
Foto: Asistentes a la concentración celebrada ante el Ayuntamiento /JUAN MANUEL VACAS, diariocordoba.com
La Plataforma en Defensa del Puerto denuncia 'a todos los que se metan por medio' a favor de los silos de cemento
TERRA/Alicante* : La Plataforma en Defensa del Puerto presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por un presunto delito contra la ordenación del territorio en relación a la construcción de 17 silos de cemento en la zona de ampliación del Puerto. La denuncia se dirige 'contra los promotores, constructores o técnicos directores de las instalaciones proyectadas, y contra aquellas autoridades o funcionarios públicos que, a sabiendas de su injusticia, hayan informado favorablemente de su instalación'.
Manuel Pomar, presidente y portavoz de la plataforma fue muy elocuente al respecto: 'La denuncia es contra todos los que se metan por medio de todo esto'.
Hasta ahora, el Ayuntamiento, por ejemplo, se ha limitado recibir las propuestas de tres de las cinco empresas interesadas y cuyos proyectos ya han recibido el visto bueno de la Autoridad Portuaria. Según el colectivo, se ha previsto instalar edificaciones que vulneran la normativa vigente en materia urbanística y medioambiental y 'atentan contra la salud de los ciudadanos'.
A juicio de los denunciantes, las cinco cementeras prevén construcciones 'no autorizadas' en un bien de dominio público 'por exceder de lo permitido -12 metros de altura- y no tener todos los informes y permisos necesarios', recoge el texto de la denuncia.
El documento presentado en la Fiscalía recoge datos de los proyectos que autorizador por el Puerto, aunque dos de ellos ya han modificado las alturas de los silos. El último que lo ha hecho ha sido Tecnifield, que preveía seis silos de 39,2 metros de altura cada uno, pero que ante el la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha presentado seis silos de 30 metros.
Los denunciantes destacan que el impacto medioambiental y paisajístico de la altura es 'muy grave' y resaltan que algunas de las empresas 'reconocen que la infraestructura produce un impacto visual severo', al tiempo que apuestan por silos más bajos y anchos.
El escrito presentado sostiene que los proyectos 'incumplen la normativa vigente' por constituir 'un intento' para convertir el sector de ampliación del puerto 'en una zona industrial sin las autorizaciones preceptivas'.
La plataforma denuncia también que no se ha realizado un estudio de impacto ambiental ni otros informes necesarios del conjunto de los proyectos y de cada uno de ellos por separado para valorar los efectos en el medio ambiente de las emisiones de polvo acumuladas, ruidos y demás influencias ambientales derivadas de la actividad industrial.
El colectivo ciudadano precisa que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 2003 de la Generalitat era para la zona de ampliación del Puerto y no cubre los citados proyectos por ser un uso del suelo no contemplado entonces.
El presidente del colectivo, Manuel Pomar, reclama la apertura de diligencias 'de investigación penal' para 'comprobar los hechos y sus presuntos responsables: Ayuntamiento, Conselleria de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente y Autoridad Portuaria de Alicante'. Pomar anunció 'tres denuncias más para atacar en todos los frentes'. Versarán sobre otras actividades que se desarrollan en el Puerto.
El alcalde, Luis Díaz Alperi, enmarca la denuncia dentro de la campaña electoral y pide que se investigue porque 'aquí nadie tiene que ocultar nada'. Mantiene que los silos proyectados 'no contaminan en absoluto, nada', al contrario que los depósitos de cemento que actualmente hay en el Puerto, que 'contaminan más'.
* Terra Actualidad - VMT - 08.03.08
Foto: Alicante, puerto - alicanteconfidencial.blogspot.com
