Benidorm anima a un promotor a seguir las obras de un PAI vetado por la CHJ

ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP, ha pedido a Construcciones Euromar, SL, que no paralice las obras de un PAI en la playa de Poniente, pese a que el programa urbanístico ha sido vetado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por obras ilegales en suelo de dominio público hidráulico.

El Consistorio considera que la orden de la CHJ no es vinculante, ya que ha sido remitida al urbanizador y no al Ayuntamiento, que es el responsable. El proyecto ocupa 200.000 metros cuadrados a 50 metros de la playa y prevé entre 1.500 y 2.000 casas.

Según el concejal de Urbanismo, José Ramón González, la CHJ prohíbe ahora encauzar el barranco de Rajadell -que atraviesa el sector- de forma subterránea y obliga a dejarlo abierto, lo que implica que en lugar de mantener 12 metros de anchura en la superficie deben dejarse 22. Esta notificación se produce cuando la obra ya está en marcha y cuatro edificios del sector están directamente afectados. Las construcciones ya tienen incluso licencia de obra. "Hasta ahora hemos encauzado los barrancos así en todas las obras y no ha habido ningún problema. Entiendo que ha habido un cambio de criterio después de las lluvias de octubre por parte de la CHJ, pero eso no implica que las cosas no se hagan bien y no podamos alcanzar un acuerdo. Y a quien hay que notificar es al Ayuntamiento", explicó. Un portavoz de la CHJ asegura que "la empresa sabe desde el principio que no podía hacerlo y a pesar de eso iniciaron las obras".La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHS) sostiene que es legal notificar a la empresa y no al Consistorio la orden de paralización de las obras de PAI. El organismo de cuenca advierte de la posible apertura de un expediente de infracción que culminaría con la restitución de la zona a la situación anterior si no se acata su orden.

El PAI vetado por la CHJ es la última zona que queda por urbanizar en la playa de Benidorm. El sector estaba delimitado en el Plan General de 1990 y las gestiones se han dilatado más de una década. No fue hasta septiembre de 2002 cuando se aprobó la alternativa técnica por parte del consistorio, y el 11 de febrero de 2005 cuando se publicó el edicto del proyecto de reparcelación. Las obras empezaron en primavera de 2007, tras obtener luz verde de todas las instancias la homologación de la zona calificada como no urbana en el PGOU.

El consistorio tuvo conocimiento de las dificultades cuando Construcciones Euromar S. L. presentó en noviembre de 2007, un escrito en el que comunicaba la imposibilidad de continuar ejecutando las obras aludiendo a "irregularidades en el terreno". El Ayuntamiento solicitó posteriormente a Euromar, sociedad del constructor Carlos Pastor, que no las detuviera, alegando que era al Consistorio a quien debían notificar las deficiencias. Al mismo tiempo, José Ramón González ha anunciado que el consistorio está "mediando" con la Confederación para desbloquear la situación. Un portavoz de Construcciones Euromar confirmó a EL PAÍS la información facilitada por el edil de Urbanismo, si bien no quiso ofrecer más datos a la espera de conocer el resultado de sus gestiones.
Demanda socialista

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el juzgado número 3 de Alicante contra el Ayuntamiento por la tramitación de otro PAI, en este caso el plan parcial Murtal 1, también en la zona de Poniente, que prevé 2.000 viviendas en 907.656 metros cuadrados. Los socialistas consideran ilegal la decisión del pleno de 2 de abril de 2007 para pagar en terrenos en lugar de en metálico los costes de urbanización correspondientes al 10% de aprovechamiento que corresponden al Consistorio.

El edil de Urbanismo mostró absoluta tranquilidad: "La documentación está avalada por informes técnicos".







* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 18/02/2008
Foto: Benidorm (Alicante) - J.Jordán (El Mundo)


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El ladrillo contra la sierra de Guadarrama

CARLOS BRAVO* : Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora". La reciente decisión de la Junta de Castilla y León de no proteger su vertiente de la sierra de Guadarrama como parque nacional hace buenos de nuevo los versos de Machado. Sólo la ignorancia de los importantes valores históricos, culturales y medioambientales de la sierra de Guadarrama puede llevar a tomar una decisión tan desacertada como ésa. ¿Sólo la ignorancia?...

Quizá la explicación esté más bien oculta detrás de los intereses creados de los grupos de presión del ladrillo, a los que la Junta de Castilla y León ha dado ya numerosas muestras de su benevolencia (en escándalos urbanísticos tan sonados como los de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués, la Ciudad del "Medio Ambiente" de Soria, Villanueva de Gómez, Segovia 21, San Glorio, La Covatilla, Parque de Ocio del río Arlanzón, etcétera).

Estamos hablando de una decisión sin precedentes, anunciada recientemente por la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, del Partido Popular, que en sí misma supone no sólo un tremendo engaño a la ciudadanía, sino además un insulto tanto a las Cortes de Castilla y León y la Asamblea de Madrid, como al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, ambos parlamentos aprobaron por unanimidad, en 2001 y 2002, sendas resoluciones instando a sus gobiernos autonómicos a iniciar los pasos legales precisos para la declaración de la sierra de Guadarrama como parque nacional. En cumplimiento de esas resoluciones, ambos gobiernos emitieron, unos pocos meses más tarde, las órdenes de inicio de elaboración de los respectivos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de cada una de las vertientes. Después, en estos últimos cinco años, hemos podido escuchar muchas declaraciones públicas de sus responsables prometiendo una y otra vez el parque nacional, aunque en realidad ha habido pocos avances concretos.


La Comunidad de Madrid, tras importantes vacilaciones después de las elecciones autonómicas de 2003, elaboró su PORN. Éste, con sus virtudes (proponía un parque nacional de 34.450 hectáreas, entre otras figuras de protección) y sus defectos, se presentó a la opinión pública, con gran despliegue mediático, en febrero de 2006, y fue aprobado por mayoría, no sin críticas, a finales de ese año en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, aún no ha sido ratificado por el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre.

La desidia interesada de la Junta de Castilla y León con respecto al parque nacional se empezó ya a palpar después de esas mismas elecciones autonómicas, cuando María Jesús Ruiz fue nombrada consejera de Medio Ambiente. Desde entonces, Castilla y León ha estado bloqueando de facto el proceso para la declaración del parque nacional. En estos últimos años, entre mentiras, promesas incumplidas y propuestas absurdas, ha ido poco a poco deslizándose de forma sibilina hacia situarse en el "no" rotundo al parque nacional que finalmente ha anunciado María Jesús Ruiz.

Así, en mayo de 2006, algunos meses antes de haberse finalizado el PORN castellano-leonés, la Junta afirmó que la superficie que propondría para el futuro parque nacional sería tan sólo de unas 11.000 hectáreas, que se limitarían a las cumbres de las montañas y excluiría las valiosas masas forestales de Valsaín, El Espinar, Navafría y Peguerinos. El último paso ha sido ya excluirlo del todo, con pretextos absurdos (una presunta falta de compromiso de financiación por parte del Gobierno central) y mucha demagogia (la falacia de que ya no se podría llevar a cabo ningún uso tradicional). Todo ello para solaz de los especuladores urbanísticos.

La protección de la sierra de Guadarrama bajo la forma de parque nacional constituye una reivindicación que en pocos años llegará a su centenario. Esa reivindicación empieza a gestarse en la segunda década del siglo XX y viene a culminar el singular proceso de descubrimiento y fascinación por el Guadarrama que experimentaron los círculos más ilustrados y comprometidos de la sociedad desde la segunda mitad del siglo XIX. Es el mundo científico el primero en explorar la sierra, con ocasión de los trabajos que se inician en 1849 por parte de la Comisión del Mapa Geológico de España. Se forjan en el entorno agreste del Guadarrama de aquellos años personalidades científicas y humanistas de la importancia del geólogo Casiano del Prado o los entomólogos Ignacio Bolívar y Mariano de la Paz Graells, descubridor éste de la legendaria mariposa isabelina o Graellsia isabelae.

Gran importancia tendría igualmente el descubrimiento de los paisajes de Guadarrama por Francisco Giner de los Ríos y los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, quienes convertirían a estas montañas, a las excursiones por ellas, a la contemplación y comprensión de su paisaje, en fuente de inspiración y campo de vivencia para sus métodos pedagógicos, para su sentido de la higiene y la salud, así como de sus planteamientos, morales, patrióticos y estéticos. Los montañeros, a través del excursionismo, también constituirán uno de los elementos protagonistas conformadores del "guadarramismo". Entre ellos, la Sociedad Española de Alpinismo Peñalara (cuya alma máter fue Constancio Bernardo de Quirós), constituida en 1913. Junto a la Sociedad Peñalara, el diario liberal El Sol se convertirá a lo largo de los años veinte y treinta del pasado siglo en abanderado de la reivindicación del Parque Nacional del Guadarrama, como figura de protección necesaria para la preservación de estas montañas.

Después de la Guerra Civil, con los principales mentores del Guadarrama en el exilio, su protección como parque nacional quedó a la espera de que resurgieran aquellas corrientes ilustradas, científicas y naturalistas, que supieran y quisieran identificarse y comprometerse con la identidad cultural y natural del mundo rural y serrano del Guadarrama. Han tenido que pasar, lamentablemente, muchos años desde entonces para que surgiese, en 2001, una nueva oportunidad para la sierra de Guadarrama, para que ésta pudiese gozar del reconocimiento que se merece y fuera finalmente declarada parque nacional.

A pesar de las numerosas agresiones que ha sufrido en las décadas pasadas, la sierra de Guadarrama sigue albergando valores paisajísticos, medioambientales y humanos, de índole cultural e histórica, muy importantes. Es el paraje de alta montaña mediterránea continental que mayor diversidad biológica tiene, tanto de flora como de fauna. Cuenta con extraordinarios bosques, de coníferas y caducifolios. Pinares, sabinares, robledales, acebales..., entre otros hábitats considerados prioritarios por la Unión Europea. En esta sierra se han catalogado cerca de 1.500 especies de plantas, 300 de vertebrados, más de 400 de insectos..., entre ellas, muchas amenazadas. Su avifauna es sobresaliente: casi 200 especies, destacando el águila imperial ibérica, la cigüeña negra (ambas en peligro de extinción), el buitre negro y el águila real. No es sólo eso: los habitantes de ciudades como Madrid y Segovia se benefician de esta sierra, ya que aquí tienen su origen las aguas que usan y el oxígeno del que todos dependemos.

Toda esta riqueza natural, histórica y cultural, se ve hoy día profundamente amenazada: el modelo de desarrollo impuesto por Madrid y trasladado a las ciudades limítrofes como Segovia y Ávila es incompatible con la conservación de la sierra de Guadarrama. Los desarrollos urbanísticos, que incluso trepan literalmente sobre las laderas de la sierra, están produciendo heridas irrecuperables. Y muchas decenas de miles de nuevas viviendas ya están proyectadas en la sierra de Guadarrama, en gran medida en espacios de valor natural irrepetible.

La única manera, y la más eficaz, de acabar con ese tumor que corrompe la sierra es dotarla del máximo grado de protección posible. Para ello, es clave su declaración como parque nacional. En 2001 surgió esa segunda oportunidad para la sierra de Guadarrama. Ahora, el Gobierno de Castilla y León pretende dar carpetazo y arrojar todo el esfuerzo realizado por la borda. Si no rectifica a tiempo, será el principal responsable de este fracaso histórico.




* Firman este artículo Carlos Bravo, presidente de la Asociación Centaurea; Pedro Heras, presidente de la Sociedad Castellarnau, y Carlos Tomás Rodríguez, secretario de Medio Ambiente de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Ávila, todos ellos, miembros de Allende Sierra.





* ELPAIS.com - Opinión - 18/02/2008



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Un informe europeo sobre el derecho a la vivienda constata la "situación de crisis" en España

EUROPAPRESS* : Un informe elaborado a partir de la Misión Oficial en el Estado español del Relator Especial de Naciones Unidas, Miloon Khoothari, revela la "situación de crisis" que atraviesa España a la hora de garantizar el derecho a la vivienda de sus ciudadanos. El documento analiza los principales problemas de España para garantizar este derecho y plantea una serie de recomendaciones concretas dirigidas a adecuar las políticas habitacionales.

El informe describe las principales obligaciones del poder público sobre el derecho a la vivienda y presenta algunos de los colectivos más damnificados con "esta situación de crisis", según afirmó el vicepresidente del Observatori Derechos económicos, Sociales y Culturales (DESC), Gerardo Pisarello, en la presentación del análisis.

El estudio también recoge los límites y potencialidades de las respuestas institucionales dadas a esta problemática y algunas reacciones y propuestas de organizaciones y movimientos sociales.

Pisarello destacó que los acuerdos jurídicos que España ha asumido respecto al derecho a la vivienda "muestran el claro desencuentro entre los compromisos adquiridos y el panorama habitacional realmente existente dentro del conjunto del territorio español".

El vicepresidente del Observatori DESC señaló que "la falta de vivienda social asequible y la ausencia de controles adecuados sobre el mercado de propiedad privada" producen fenómenos muy generalizados como "la especulación urbanística la corrupción y el caso del acoso inmobiliario".

En el texto también aparecen los colectivos que más se han visto afectados por esta vulneración del derecho a la vivienda donde figuran los 'sin techo', personas mayores, jóvenes y la población gitana, entre las más afectadas.

A raíz de las conclusiones del informe se elaboran varias recomendaciones que se centran en que el Estado español centre sus esfuerzos en desarrollar una política de vivienda asequible donde se priorice a los colectivos más afectados y se controle a los principales fenómenos de vulneración.

Por otro lado, el Relator Especial de Naciones Unidas, Miloon Khoothari, destacó "la necesidad de cambiar el panorama a nivel autonómico y estatal" de la vivienda en España y comentó que actualmente "el Estado español está tomando los pasos adecuados" para reconducir esta situación.

Khoothari afirmó que existen una serie de características únicas en España respecto a Europa como "la importancia de la propiedad privada, el abandono de la vivienda o la fuerte especulación", que constituyen un difícil panorama.

El Relator de Naciones Unidas indicó que el próximo 10 de marzo, Ginebra acogerá el Consejo sobre Derechos Humanos, en el que se expondrá este informe, y donde se abrirá la posibilidad de diálogo con el Gobierno español para establecer diferentes medidas de actuación en materia de vivienda.







* Europa Press - BARCELONA, 18 Feb. 2008
Foto: Vivienda Digna


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El 'caso Hidalgo' destapa el cobro de comisiones urbanísticas en Estepona

ELPAÍS/Málaga* : "Sé que ha habido que soltar un contrazo de dinero para que den la licencia de urbanización (...) Cuando estamos pidiendo presupuesto y nos estamos comprometiendo es porque vamos a tener el permiso de forma inmediata", aseguraban en conversación telefónica a Jan Nadir, uno de los imputados por blanqueo de capitales en el caso Hidalgo en marzo de 2007.
"Se va a tener en el mes de marzo, porque para esto nos ha costado el otro día soltar un montón de dinero a una gente del Ayuntamiento", añadía el intermediario del negocio.

La conversación, incluida en un informe policial dentro del sumario del caso, destapa una serie de negociaciones y presuntos pagos con personas que podrían ser funcionarios públicos o relacionados con el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Estos movimientos buscaban conseguir que se pudiera edificar en unos terrenos que Nadir -dedicado a la explotación de gasolineras y detenido en Bélgica por un fraude de IVA cometido en este sector- estaba interesado en comprar.

Según los investigadores, el empresario firmó a través de Petroazul SL, una de sus empresas, un acuerdo con las sociedades Donkasa SL y Parque Rosales SL por el que adquiría unos terrenos en el municipio de Estepona, con la condición de que se pudiera edificar en ellos. "Esta operación sería del todo imposible sin la connivencia de una persona que se encuentra dentro del área de Urbanismo de Estepona, en este caso Arturo Cebrián", recoge el escrito del grupo de blanqueo de capitales.

Cebrián es uno de los cinco arquitectos que trabajan en el área de Urbanismo. Está contratado como empleado municipal desde 2004 y mantiene la sociedad Arce Arquitectura SL, dedicada a proyectos de arquitectura y urbanismo. Según las fuentes consultadas, su principal cometido es informar de expedientes de licencias y planeamiento.

Las pesquisas policiales han determinado que el arquitecto formaba parte de las sociedades vendedoras de los terrenos y que mantenía relación con los administradores. "Es claro y notorio el deseo de Arturo de que la operación llegue a buen puerto y la implicación personal que mantiene, con reuniones, entrega de documentación y sus planteamientos futuros", añaden los investigadores.

Entre una de las conversaciones telefónicas intervenidas, grabada el 5 de marzo del año pasado, se observa cómo Nadir y Cebrián hablan del proyecto y evalúan los avances.

-Nadir (N). ¿Vamos a tener este mes la terminación de la urbanización.

-Cebrián (C). Sí, si seguramente sí.

-N. Entonces es para saber cómo va el tema.

-C. Pues a mí me gustaría tener una reunión contigo. (...) También para que podamos hacer un poco de planes para el futuro, para los proyectos.

-N. Sí, sí, eso podemos hacerlo pero, eso independientemente del proyecto, la urbanización no tiene nada que ver con esto.

-C. No, no tiene nada que ver, pero la urbanización va, es perfecto, ya está con la información pública y seguramente se tendrá el permiso en este mes.

-N. Sí, eh

-C. Sí, si, y después tenemos que hacer la reparcelación pero habría que empezar a pensar en los proyectos

-N. Sí, sí.

-C.Porque ya rápidamente se puede empezar a pedir licencia de obras.

El 19 de marzo vuelven a hablar y conciertan una cita para el día siguiente. Nadir se muestra preocupado por saber si ya disponen del permiso de terminación, que le dijo tendría para el día 20, y Cebrián le contesta que "está en plazo".Al día siguiente, los investigadores montan un dispositivo de vigilancia y siguen a Jan Nadir hasta un restaurante marbellí. A la cita, acudieron además otras tres personas. "Después de dos horas, se observa salir a Nadir junto a Arturo, todos ellos portando carpetas, y con actitud satisfecha", recogen los agentes en su informe.


'Pinchazos' telefónicos

Intermediario: "Sé que ya ha habido que soltar otro contrazo de dinero para que den la licencia de urbanización" (...) "Vamos a tener el permiso de forma inmediata".

Jan Nadir (imputado en el caso Hidalgo): "Claro. En el mes de marzo, sí".

Intermediario: "En el mes de marzo [vamos a tener la licencia de urbanización] porque para eso nos ha costado el otro día soltar un montón de dinero a gente del Ayuntamiento".






* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZC - Marbella - 18/02/2008
Foto: Estepona - J.R. (El País)


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Madrid, a la cola de Europa en la lucha contra la polución

ELPAÍS* : Madrid no es Roma. Durante el mes de enero, al menos cinco estaciones de la red que mide la contaminación en Madrid registraron, durante tres días seguidos, valores superiores al límite diario (50 microgramos por metro cúbico) que marca la legislación europea. Recoletos y Luca de Tena pasaron de 80 y el paseo de Extremadura, de 70.

Madrid no es Roma, porque, de serlo, el viernes 1 de febrero los vehículos más contaminantes (matriculados antes de 2001) no hubieran podido circular. Si dos estaciones superan a la vez el límite tres días seguidos, se impone el blocco totale para "salvaguardar la salud de los ciudadanos". A los que lo hacen les cae una multa de 71 euros.

Madrid tampoco es París. En la capital francesa, las autoridades locales están obligadas a avisar a la población si se superan los 200 mg/m3 de dióxido de nitrógeno en tres estaciones a la vez. Algo que pasó aquí los días 19, 20, 21 y 22 de enero. Al día siguiente, el Ayuntamiento sí que lanzó un aviso que desaconsejaba hacer deporte. Pero lo atribuía al aumento de las partículas en suspensión provocadas por masas de aire africano. En Madrid, el procedimiento sólo obliga a alertar a la población cuando se superan los 300 mg/m3 en toda la red, una cifra que se obtiene al hacer la media de estaciones tan dispares como Recoletos y Casa de Campo.

Madrid no es ni Londres, ni Milán ni Berlín. Tres ciudades que han aplicado restricciones al tráfico de manera permanente, ya sea disuadiendo a los conductores al imponer un peaje o prohibiendo el paso a los vehículos más contaminantes.

Madrid aprobó en febrero de 2006 su Estrategia Local de Calidad del Aire, que incluye, entre otras actuaciones, prohibir el acceso al centro a los coches más contaminantes (los fabricados antes de 1993). Esa restricción debía estar en marcha en 2008, pero, de momento, nada se sabe de la marcha del plan. Las ciudades que han implantado sistemas parecidos, como Estocolmo, han necesitado meses de pruebas. "Estamos en plazo", reiteran fuentes del Ayuntamiento, a la vez que rehúsan ofrecer más información.

¿Por qué Madrid todavía no tiene planes similares?¿Está mejor o peor que estas ciudades? "Peor", contesta Fernando Prieto, doctor en Ecología y coordinador del informe Calidad del aire en las ciudades (2007), encargado por el Ministerio de Medio Ambiente. Para este experto, lo más urgente es alertar a la población cuando se superen los niveles para reducir su exposición y sacar de las ciudades los coches más contaminantes. Madrid registró una media de 60 mg/m3 de dióxido de nitrógeno el año pasado, cuando el máximo que marca la UE es 46.Miguel Ángel Alcolea, geógrafo del Instituto Complutense de Ciencias Ambientales, enumera tres maneras de reducir la contaminación: fomentar el transporte público, peatonalizar e imponer un impuesto como el de Londres. ¿Y para los episodios de contaminación alarmante? "Restricción del tráfico; no hay otra" Y concluye: "Lo idóneo sería avisar a la población cuando se superen los niveles máximos".

Madrid debería fijarse en Alemania e Italia, que restringen el acceso a los coches más contaminantes o les hacen pagar, opina Pedro Sauret, director técnico del RACC. El peaje urbano de Londres y la restricción de la velocidad de acceso a Barcelona serían buenas medidas, según Paco Segura, de Ecologistas en Acción. En todo caso, asegura, lo ideal sería coordinar un plan con la Comunidad de Madrid. "La contaminación no es un problema exclusivo de la ciudad, sino metropolitano. Cada día llegan 800.000 coches de fuera". Éstas son medidas aplicadas en otras ciudades europeas:

- Roma. Durante 12 jueves del invierno, sólo circulan por la Fascia Verde (que engloba casi toda la ciudad) los vehículos con matrícula par o impar, según el día. Además, hay prohibición total de circular tres domingos (26 de enero, 17 de febrero y 2 de marzo).

- Milán. Acaba de poner en marcha el Ecopass, un sistema de limitación de acceso al centro para los vehículos más contaminantes. Los más limpios están exentos de pago. El resto desembolsan entre 2 y 10 euros al día. Las sanciones por impago van de los 70 a los 275 euros.

- París. Los valores de dióxido de nitrógeno siempre son superiores a los que recomienda la UE, según admite el propio Ayuntamiento. París tiene un plan de actuación por el que está obligado a informar a la población en caso de que se superen los niveles máximos de cuatro contaminantes: dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre y partículas PM 10. Ha instalado paneles informativos en las calles y lanza alertas.

- Berlín. El tráfico es responsable de un 40% de la polución por partículas y de un 80% de la de dióxido de nitrógeno, según el Ayuntamiento de Berlín. El 1 de enero entró en vigor la llamada "zona ambiental", un área de 88 kilómetros cuadrados con un millón de residentes. De momento, sólo los coches Euro 1 (anteriores a 1995 y los más contaminantes) tienen prohibido circular por ella (suponen el 7% de los 1,2 millones de vehículos de Berlín), pero en 2010 ya sólo podrán entrar los vehículos Euro 4 o superiores (a partir de 2001).

- Londres. El peaje urbano empezó a funcionar en 2003 y el año pasado se extendió hacia el oeste. La llamada "tasa de congestión" es una tarifa diaria de ocho libras (11 euros) en días laborables. No hay puestos de peaje ni barreras, sino que unas cámaras leen la matrícula. Los residentes en la zona tienen un descuento del 90%. El año pasado, el peaje urbano recaudó más de 164 millones de euros, que se emplean en mejorar el transporte público. Londres cobrará a partir de octubre 25 libras (33 euros) a los coches más contaminantes. A los más limpios, nada. El peaje urbano ha reducido el tráfico un 21%.

- Barcelona. El principio "a menos velocidad, menos contaminación" está detrás de la decisión de la Generalitat de limitar a 80 kilómetros por hora la velocidad de entrada a Barcelona. La norma afecta a 17 municipios. Según cálculos del Gobierno catalán, a esta velocidad las emisiones de óxidos de nitrógeno se reducen una media del 17% respecto a circular a 100 kilómetros por hora. El bicing es la otra gran apuesta de Barcelona: un servicio público de 3.000 bicicletas de uso compartido distribuidas por toda la ciudad. Más de 100.000 abonados pagan 24 euros al año.






* ELPAIS.com - ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 18/02/2008
Foto: Atascos y contaminación en Madrid - Uly Martín (El País)


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Santiago: Más de 5.000 personas participan en una "mani, festa, acción" contra la "destrucción" del territorio

ELCORREOGALLEGO* : Denunciaron la "venta" de Galicia por parte de los políticos a distintas empresas multinacionales. Los más de 60 colectivos que integran la red 'Galicia non se vende' lograron hoy la participación de miles de personas --que la organización elevó a 10.000 y la Policía redujo a 6.000-- en una "no manifestación, sino suma de una 'mani, festa (fiesta en gallego), acción" que recorrió hoy diferentes calles del casco antiguo de Santiago de Compostela.

Asistentes y convocantes hicieron uso de la retranca gallega para mostrar su rechazo a un "cuestión muy seria como es la destrucción del territorio gallego", dirigiendo, principalmente, sus críticas a los planes del Gobierno gallego en materia de acuicultura, minería y gestión de residuos.

"Nos vemos obligados de nuevo a movilizarnos porque no nos queda otro remedio", admitió cuando se convocó esta acción Mónica García, integrante de 'Burla Negra', colectivo que forma parte de esta red y que fue un activo muy crítico con gestión del Prestige cuando gobernaba el PPdeG, "pero bien poco tardó este gobierno --PSdeG y BNG-- en defraudarnos", lamentó.

Para arremeter contra las medidas del bipartito los participantes recurrieron a camisetas con originales lemas como 'o rodaballo metédeo no carallo'; a pancartas a las que instaban a 'Touriño, menos gas y mas vino', por Reganosa; y disfraces a recursos naturales que, a su juicio, están en peligro, como percebes o árboles. Todo ello, amenizado con cánticos y música de diferentes instrumentos.

Incluso, en el lugar de la salida de la manifestación (la Alameda de Santiago) se instaló un puesto de venta de chalets de 'Galicia d'Or, cidade de vacacións', en alusión al complejo vacacional mediterráneo para denunciar, de este modo, la especulación en la costa gallega.

El secretario executivo de la Asociación para a Defensa de Galicia (Adega), Fins Eirexas, indicó que la movilización de hoy pretende llamar la atención sobre los problemas de ordenación territorial "o, más bien, sobre la falta de ordenación", matizó.

Sobre las "amenazas" al territorio gallego, apuntó al Plan Acuícola como la "principal", "por su inmediatez" y porque afecta a "muchos ayuntamientos del litoral" donde se instalarán "monstruos de cemento de muchos metros cuadrados" y a "muchas personas" que sufrirán "expropiaciones".

Componentes de la manifestación

La Alameda compostelana aunó a partir de las 12.00 horas a más de 60 colectivos que abogan por la defensa del territorio gallego en las diferentes ámbitos y municipios de Galicia, entre los que se encontraban Adega, Greenpeace, Amigos da Terra, el Sindicato Labrego Galego e incluso la plataforma ciudadana 'Cultura si, Mausoleo non'.

Todos ellos coincidían, tal y como explicó el coordinador do Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol, Manuel Rodríguez, en que se pretendía una "llamada de atención" a los poderes públicos. En su caso concreto, para que "no se conceda" la autorización a Reganosa ante el convencimiento de que supone "un peligro" para muchas personas la entrada de buques gaseros en la coruñesa Ría de Ferrol.

Otro colectivo participante era 'Temos dereito a saber', cuyo portavoz, José Casas, recordó que esta asociación se erige en contra de la instalación en la comarca del Ribeiro (Ourense) del "parque de basura más grande de Galicia". Casas consideró que la zona "no merece eso" porque "no está en absoluto degradada". "Por eso venimos, a luchar contra las desgracias medioambientales", argumentó.

Con todo, el Plan Acuícola concentró gran parte de las críticas. Así, la manifestación contó con la participación de colectivos que rechazaban la piscifactoría de Quilmas, que proclamaban que el citado plan es "un maltrato a la Ría"; la de Xandriña, quienes portaban peces de cartón en la cabeza y portaban tapas de cacerolas que hacían sonar al ritmo de las protestas; y Seiruga, entre otros. Estos últimos completaban sus reclamaciones con unos bidones metálicos que golpeaban haciéndolos sonar como tambores.

Otros colectivos también presentes en la manifestación reclamaban la paralización del campeonato de caza de zorro, la construcción del AVE por "su impacto ambiental y energético", la construcción de distintas autovías y el cierre de empresas como Ence o Reganosa.

"Venta" de Galicia a las multinacionales

Finalmente, ante una abarrotada Praza da Quintana, nueve representantes de distintas asociaciones leyeron un manifiesto que culminó la actriz gallega Mabel Rivero, de la asociación 'Galicia verde'. En ese documento se aunaban todas las reivindicaciones de los distintos grupos que hoy acudieron a la capital gallega procedentes de distintas partes de Galicia.

Así, denunciaron la "especulación" en el litoral, que "destruye el paisaje" y "daña irreversiblemente los recursos" pesqueros y marisqueros; el Plan Acuícola, Eólico y de Minería; el abandono del medio rural y de los montes frente a los incendios; las centrales térmicas; y la "degradación de los ríos" con vertidos.

También, criticaron el proyecto del Parque de Residuos de O Ribeiro; las empresas "peligrosas", como Ence y Reganosa; el "misérrimo" modelo de transporte público, que deriva en la perpetuación del vehículo privado y su emisión de gases; la construcción de autovías, que supone un "fuerte impacto" en el territorio; el "ridículo" mapa ferroviario de Galicia; y el AVE, "destructor" del territorio.

La lectura de este manifiesto se completó con la interpretación de dos canciones de distintos grupos gallegos presentes y con el Himno gallego tocado por un grupo de gaiteiros. No obstante, antes se escenificó también la "venta" de Galicia por parte de los políticos a distintas empresas multinacionales.

Tras esta irónica puesta en escena, la multitud congregada en la compostelana Praza da Quintana respondió con un unánime cántico de 'Goberne quen goberne, Galicia non se vende'.

Incidentes ajenos

Durante la manifestación no hubo que lamentar ningún incidente, puesto que se desarrolló en un ambiente festivo en el que predominaban los disfraces y los cánticos.

Sin embargo, al finalizar la concentración, un joven independentista subió por el balcón de la 'Casa da Parra' y arrancó la bandera de España del mástil entre los abucheos y reprobaciones de los participantes en la manifestación.







* El Correo Gallego - E.P. SANTIAGO - 17.02.2008
Foto: Miles de pesonas recorrieron las calles compostelanas bajo el lema 'Galiza non se vende'/ Antoni Hernández, elcorreogallego.es


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Fuerteventura: A 86 infracciones urbanísticas por mes durante el año 2007

CANARIAS7* : En sólo un año, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural abrió 2.525 expedientes, lo que sitúa a la Isla en el quinto puesto en el ranking de Canarias, por debajo de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote. Construcciones ilegales, infracciones a la Ley de Costas, vertidos de residuos peligrosos y extracciones sin permiso.

Son los cuatro principales males que aquejan al territorio majorero a la vista de los expedientes abiertos por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural durante 2007, que se cifraron en 2.525, lo que sitúa a la Isla en el quinto puesto de toda Canarias.

La estadística de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno autónomo, establece en 1.034 los expedientes abiertos por infracciones urbanísticas durante 2007. Una cifra superior a la de Lanzarote (848), a pesar de que en el montante total la isla vecina se encuentra por encima de Fuerteventura en cuanto a expedientes abiertos.

En el vertido de residuos peligrosos y abandono de coches también destaca Fuerteventura con 741 expedientes. Le siguen los 357 expedientes por infracciones urbanísticas no constructivas.

Ley de costas

Aunque Fuerteventura se sitúa en quinta posición con respecto a toda Canarias en número de expedientes iniciados por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en cambio en el número de infracciones a la Ley de Costas ocupa el segundo, después de Tenerife (271). En la Maxorata, se incoaron 252 expedientes relacionados con Costas por construcciones ilegales. Por debajo de la Isla se sitúa Lanzarote (177), Gran Canaria (174), La Palma (100) y muy en la distancia La Gomera (27) y el Hierro (21).

Las denuncias por extracciones de áridos e impacto paisajístico ascienden a 81 en Fuerteventura, más que en Lanzarote (23) y que en La Palma (57), que en la lista general se encuentran por encima de la Maxorata en cuanto a expedientes abiertos durante 2007 por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Los vertidos al mar se sitúan en 60, por encima de La Palma, pero por debajo de Tenerife (317), Gran Canaria (177) y Lanzarote (71).

Durante 2007, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, acordó incoar un total de 27.052 expedientes: 8.198 en Gran Canaria, 7.556 en Tenerife, 3.422 en La Palma, 2.994 en Lanzarote, 2.525 en Fuerteventura, 1.379 en La Gomera y 978 en El Hierro. Por expedientes, el mayor porcentaje es el de las infracciones urbanísticas (11.397), el vertido de residuos peligrosos (9.156), las infracciones no constructivas (4.163), infracciones a la Ley de Costas del Estado (1.022), vertidos al mar (703) e impactos ambientales (456), entre otros.






* Canarias 7 - Catalina García - Puerto del Rosario - 17 febrero 2008
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) - bbc.co.uk


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Una familia pone en jaque la ley urbanística valenciana ante la UE

LEVANTE/Alicante* : El presidente de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en su condición de europarlamentario socialista, Herbest Bösch, solicitó el 10 de enero explicaciones a España sobre la conformidad con el derecho comunitario de proyectos urbanísticos vinculados a la percepción de fondos europeos.

Bösch asegura que la Comunidad Valenciana no aplica la nueva ley nacional del suelo porque la recurrió para regirse por la Ley Urbanística Valenciana "con nefastas consecuencias para los afectados".
Además pide información específica sobre el punto en el que se encuentra el procedimiento iniciado contra España por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por las irregularidades detectadas en los métodos de licitación de proyectos urbanísticos y la constatación de casos de corrupción de autoridades locales.
Esta solicitud está vinculada a muchos ejemplos concretos, pero en especial al caso de una familia austriaca en Orihuela Costa que lleva ocho años intentando eludir la acción de los urbanizadores. Los Wesenauer tienen su domicilio en Castillo de Don Juan, la finca Langostina. Compraron el terreno con una casa solariega de 3.450 m2 hace 12 años. La administración local autorizó agregar esa finca al cercano suelo del PAU 25-La Cuerda. Beneficiado, entre otros, con colectores de aguas residuales financiados con 2, 5 millones de fondos europeos.
El 3 y 4 de junio de 2001 un incendio arrasó parte de la pinada que iba a ocupar el plan a partir de 2003. A cambio de sumarlos al proyecto, esta familia -con dos niñas en edad escolar- ve reducida su propiedad a 1.786 m2 y debe aportar 43.869 euros para gastos de urbanización. El planeamiento les ubica un bloque de adosados modelo "Tulipán". Algo que no han pedido ni quieren, a pesar del supuesto beneficio económico.
El 23 de octubre de 2007 pasado los afectados denunciaron ante la Guardia Civil que "asaltaron su propiedad" sin permiso y "marcaron el terreno con estacas" correspondiente a los chalés que les endosan. La titular del Juzgado Número 6 de Orihuela acaba de archivar el caso y la familia ha remitido ese fallo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La embajada de Austria explicó en noviembre de 2007 por carta al Ayuntamiento que los "derechos legales como propietarios de todos los ciudadanos de los países de la UE deberían ser respetados". Pedía a la alcaldesa de Orihuela que tomara "medidas para conseguir un procedimiento transparente y ofrecer el amparo necesario". En su respuesta del pasado 17 de diciembre la primera edil Mónica Lorente ventila el asunto con antecedentes en el que se argumenta la legalidad del plan -según la legislación valenciana-, y dice que la familia Wesenauer pretende "eludir los deberes de cesión obligatoria y los gastos de urbanización" que le corresponden.
La urbanización está promovida por la empresa de un hermano de uno de los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela (San José) mientras que la urbanización del suelo es de otra mercantil local (Marcos), investigada por la fiscalía Anticorrupción en relación al uso de coches a nombre de sus empresas por parte de cargos públicos oriolanos.







* Levante-EMV - D. Pamies, Orihuela - 17 de febrero de 2008
Foto: Orihuela (Alicante), playa Aguamarina-Campoamor - mma.es

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Cuando la isla se sale

LAPROVINCIA/Las Palmas* : El Gobierno central acumula más de 200 expedientes listos para resolver, y prepara otros mil casos en la provincia de Las Palmas que terminarán con los inmuebles ilegales construidos a seis metros del mar. Quedan dos semanas para que llegue Semana Santa. Mientras la población en general se afana en ultimar los preparativos para pasar las vacaciones en un apartamento del Sur de la Isla, o a darse un viaje por algún destino próximo, Pepito Mortero anda en otras faenas.
Acaba de adquirir unos sacos de cemento, una partida de bloques, unas viguetas y un surtido material de fontanería, que se va llevando poco a poco en el portabultos de su coche.

En el primer día de vacaciones para el resto de la población, el señor Mortero, conocedor de que tanto en estas fechas como en el puente de la Constitución la guardia está baja, tira para la costa de Tufia, en Telde, que a efectos ilustrativos no es más que un ejemplo de una práctica que se extiende por los cientos de kilómetros de litoral del Archipiélago.

Allí se dirige hasta el final de la línea construida, a sólo unos pocos metros de la pleamar, si no en la misma pleamar propiamente dicha, y comienza a depositar los materiales después de haber hecho un raso en 'su' solar con la ayuda de una raspadera. Sólo le faltaría plantar la bandera. Ni papeles, ni proyecto, ni licencia. Ni siquiera, propiedad. Pero tampoco gastos.

Una vez levantada la primera planta, y tras haber hecho amistades con un vecindario que nada le reprocha porque en esa hilera todos han construido sus viviendas con el mismo procedimiento, entra en contacto con otra persona que también ha elegido Tufia para su solaz y recreo, pero que en vista de que el espacio en esa franja en concreto está agotado, por culpa de un risco que hace inviable poner unos cimientos sin tener que montar un gran trajín de maquinaria pesada, decide llegar a un peculiar acuerdo con el flamante 'dueño' de la nueva casa. A cambio de una cantidad de dinero que le permite abonar el gasto de los materiales de la primera planta, el segundo se puede instalar en la azotea que además debe construir el inquilino'. Mejor imposible y con vistas al mar.

A este tipo de 'arquitectos' es al que la Demarcación de Costas de Las Palmas tiene en el objetivo de sus por ahora más de 200 expedientes, y que en el periodo de unos meses llegarán a más de mil. Las imágenes de hace unas semanas del derribo de una vivienda en el Norte de Gran Canaria, el lugar donde más infracciones sufre la isla, serán más que habituales, según explica Carlos Cárdenes, jefe de la Demarcación.

Pero, en cualquier caso el perfil de un Pepito Mortero tampoco se ajusta totalmente a la generalidad. El propio José Torres Stinga, presidente de Coalición Canaria, que ha sido objeto de una denuncia de un particular por considerar que su vivienda invade dominio público de Costas, una denuncia avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2005, ha recurrido al Consejo Consultivo de Canarias, gestionado por el partido que preside, para dar por bueno el proyecto.
El caso de Torres Stinga viene a colación ya que se da la paradójica circunstancia de que él mismo fue el encargado de presentar este jueves en Santa Cruz de Tenerife la propuesta electoral de Coalición Canaria de que sea el propio Gobierno autónomo el que asuma las competencias de Costas.

Precisamente es este el segundo frente con el que se encuentra la Demarcación. Por un lado intentando regular y ordenar por el momento sólo los seis metros que separan mar de tierra, y por el otro ayuntamientos, cabildos, sobre todo el de Fuerteventura, y Gobierno de Canarias defendiendo, según qué casos, la libre ocupación de unos terrenos que pertenecen a todos.

Otro ejemplo de esto último ocurrió hace unos pocos días en el Norte de Gran Canaria, cuando un arquitecto municipal remite a Costas un escrito en el que le exige que construya una protección para evitar que caigan piedras a un grupo de casas totalmente ilegales que se encuentran encima del marisco.

O en Fuerteventura, donde la playa de Jacomar se encuentra bloqueada por unos chamizos de piedra hasta el punto que el agua de mar aflora en la trasera de esas construcciones.

El Cabildo majorero, para evitar el desalojo del vecindario, que alega que forman parte de un tradicional núcleo de pescadores, ha iniciado un proceso para clasificar el lugar como Bien de Interés Etnográfico.

Una 'etnografía' que no repara, entre otras cosas, en la insalubridad y la contaminación que provocan unos núcleos urbanos que dan con sus bajantes directamente al mar, como ocurre en el barrio de El Roque, en Moya, un pintoresco pago sobre una lengua de lava por el que cuelgan tantos tubos con aguas fecales como viviendas existen, y que se remata con un restaurante que ofrece lapas, de las que es recomendable preguntar por su origen porque son la mejor esponja para las bacterias del Atlántico.

En este sentido existen tres casos diferenciados. El de un gran pago asentado desde hace más de medio siglo, y que en cualquier caso sería sometido a una reordenación de su urbanismo; el del 'espontáneo' como Pepito Mortero, que al no tener propiedad de ningún tipo, ni escrituras, será desalojado en las próximas intervenciones; y el de las viviendas, hoteles y urbanizaciones que de una manera u otra sí tienen la propiedad de los terrenos donde se han levantado.

En esta última situación y mediante la disposición primera de la Ley de Costas se ofrecen o bien concesiones de 30 más 30 años, se indemniza a sus propietarios o se reubican lo más cerca del mismo lugar para impedir el desarraigo de sus habitantes.

Pero eso no quita para observar desde el helicóptero postales de verdadero surrealismo, como las de Corralejo, cuyo Ayuntamiento sea probablemente el mascarón de proa del dislate costero. Es tanta la urbanización de su litoral que, como se puede apreciar en la imagen de la izquierda, arriba, gran parte de la playa ha quedado dentro de lo que fue en su día un pueblo de pescadores, y que ahora incluye una serie de rotondas a las que llega el agua cuando la marea se pone fea.







* La Provincia - UAN JOSÉ JIMÉNEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 17 de febrero de 2008
Foto: Demarcación de Costas - laprovincia.es


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Caos urbanístico bajo la Calderona

LEVANTE/Valencia* : Podrían declarar a José Agustín Agustí, alcalde socialista de Olocau hasta el pasado año, patrón político de los imposibles. Imposible puede ser, por ejemplo, la convivencia pacífica entre PP y EU. Pues para muchos vecinos de este pequeño pueblo del Camp de Túria de apenas 1.200 habitantes situado al pie de la Calderona, Agustí y su política urbanística hicieron posible la unión entre estos dos grupos que ahora gobiernan el municipio con aparente armonía.

También parecía imposible que, después de veinte años de mandato incontestable, Agustí perdiese unas elecciones en Olocau. Pues en las elecciones del 27-M, aunque volvió a tener la mayoría de votos, no fue de forma absoluta. El resultado: la única edil de EU, Marisa Bou, decidió darle la alcaldía a la candidata del PP, Ascensión Arnal. No en vano, durante las negociaciones para formar el gobierno municipal, Bou y los suyos habían condicionado su apoyo al PSPV a que el primer edil no fuese Agustí. El veterano líder socialista no consintió y así se quedó sin la vara de mando. ¿A qué respondía esta inquina de EU hacia Agustí? Para contestar quizá primero habría que observar los detalles de los resultados del 27-M. En estos comicios, el PSPV perdió sólo seis votos respecto a las elecciones anteriores, y el PP únicamente obtuvo tres papeletas más que en 2003. EU se presentaba por primera vez en Olocau y obtenía, de buenas a primeras, 98 votos. Lo justo para conseguir un acta de concejal. Coincide esta irrupción de EU con el descontento de un sector de la izquierda local por la política que está llevando el alcalde socialista en materia urbanística, "cada vez menos de izquierdas" según la propia Bou y con el proyecto de una macrourbanización de 12.000 viviendas en el horizonte.
Asociación "antipai"
Este descontento queda reflejado con mayor o menor virulencia en varios foros de internet llenos de acusaciones contra el primer edil y se materializa en la formación de una asociación antipai en la que figuran como miembros las dos mujeres que liderarán meses después el pacto antinatura (como lo definió Agustí) entre el PP y EU.
Tras el 27-M vuelve a aparecer el "antiagustinismo urbanístico" para inspirar la primera gran decisión del nuevo gobierno PP-EU: montar un equipo con especialistas jurídicos y técnicos para escudriñar la herencia del ladrillo del anterior gobierno socialista. Con cada caja de expediente urbanístico que se revisa surgen las sorpresas y las dudas sobre la transparencia de la gestión del ex alcalde socialista.
El primer caso que denuncia públicamente, y a través de Levante-EMV, la alcaldesa Ascensión Arnal es el de la construcción de ocho chalés de lujo en un sector urbanizable y sobre unos terrenos que habían pertenecido a la mujer de Agustí. "Segregó los terrenos de su mujer y ese mismo día dio la licencia de obras", relató esta semana la primer edil. Pero no era ese el único problema: las ocho casas se concluyeron cuando la urbanización de los terrenos ni siquiera había comenzado. Y así sigue a día de hoy, con las casas vacías, sus dueños sin licencia de ocupación y con un vigilante privado patrullando entre los montones de tierra y agujeros.
Estas ocho casas se encuentran a apenas doscientos metros de las cien que han adquirido el protagonismo de la semana. Se trata de la urbanización Royal Estate, obra y gracia de la empresa Vanguard Investment y del promotor gallego José Manuel Pombo. El problema de este centenar de viviendas sale a la luz cuando un grupo de propietarios denuncia que hace semanas que no saben nada del empresario que les vendió los chalés y que, además, el ayuntamiento no les concede la licencia de ocupación porque la urbanización no está terminada. La publicación de la denuncia hace que otros propietarios se acerquen hasta Olocau preocupados por la noticia y todos juntos se dirigen al consistorio para exigir medidas. El gobierno municipal, casi desbordado por los acontecimientos, muestra su apoyo a los afectados y, de paso, vuelve a señalar al ahora líder de la oposición como parte responsable de su problema.
Según la alcaldesa y Marisa Bou en su papel de concejal de urbanismo, Agustí concedió las licencias de ocupación de los únicos diez chalés habitados de "Royal Estate" a pesar de que la electricidad de sus casas proviene de dos generadores, mientras que la depuradora de aguas, al igual que los generadores, funciona a ratos. También subraya la alcaldesa que la aprobación de este sector se hizo por decreto y de manera irregular, ya que antes de conceder la urbanización a Vanguard Investment la promotora ya estaba construyendo en ellos y había vendido varias decenas de chalés.
En los juzgados
Pero eso no es todo. El juzgado de Llíria investiga la denuncia de dos hermanos con propiedades en el sector quienes aseguraban que la empresa había ocupado ilegalmente sus terrenos. En declaraciones a Levante-EMV, uno de estos dos hermanos asegura que Agustí también tenía suelo en la zona y que se dirigió a ellos para intentar comprarles su parte. Dos días después de estas declaraciones, el ya ex alcalde niega esto último pero sí reconoce que allá por el año 2003 o 2004 vendió sus tierras a la urbanizadora.
Para el actual gobierno, tanto el caso de las ocho viviendas como el de las cien son dos buenos ejemplos de las consecuencias de la política urbanística que ha llevado a cabo el PSPV en Olocau durante veinte años. Pero no son los únicos y fuentes municipales mostraron su temor de que conforme vayan abriendo cajas de expedientes, las sorpresas aumenten. Parece que el tamaño del caos está aún por definir.






* Levante-EMV - Voro Contreras, Olocau - 17 de febrero de 2008
Foto: Olocau (Valencia) - olocau.es


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Más de 2.000 personas de “Málaga No Se Vende” se manifiestan en Málaga

DIARIOLATORRE* : Decenas de colectivos ciudadanos, ajenos a los partidos políticos, se echaron a las calles de Málaga desde las 11 horas del sábado, poniéndole un toque de color a una mañana gris. Agrupados bajo un lema común, “La provincia de Málaga No Se Vende, gobierne quien gobierne”, que al mismo tiempo es el nombre de la coordinación que los aglutina y organiza, algo más de 2.000 personas denuncian los perniciosos efectos de un sistema político - económico que no sólo no da soluciones, sino que genera graves problemas ambientales, económicos, laborales, sociales y políticos.

Las decenas de colectivos y asociaciones, así como los ciudadanos/as particulares coordinados en “Málaga No Se Vende”, disfrazados de especuladores y políticos corruptos, escenificando el entierro de nuestro territorio, danzando al son de la batucada o haciendo auténticas preformances, armados de pancartas, carteles, folletos y silbatos han desfilado cual colorido y ruidoso pasacalles por las céntricas arterias de Málaga, atrayendo a propios y extraños, para hacerles llegar un nuevo y fresco mensaje: La ciudadanía puede y debe salir a la calle. La corrupción tiene que dejar de ser referente. La vivienda es un derecho. A la precariedad no hay derecho. El medio ambiente no es un negocio. El agua ni se compra ni se vende, circula…

Los colectivos afirman estar coordinándose tanto en la capital como en la provincia: ciudadan@s y colectivos afectados, para denunciar la especulación con el territorio, la corrupción y la precariedad. Somos l@s hipotecad@s de por vida, l@s estafad@s por inmobiliarias y bancos, l@s que no tenemos acceso a una vivienda digna.

Somos l@s que sólo tenemos acceso a trabajos precarios, con jornadas interminables y sueldos irrisorios. Somos l@s que tras años de desarrollismo salvaje nos hemos quedado sin ríos ni acuíferos, sin zonas naturales y culturales, l@s que estamos quedándonos sin (agri)cultura, identidad y sin espacios públicos (carriles-bici, parques, centros sociales...). Somos l@s que sufrimos la destrucción y la contaminación por las canteras, centrales térmicas, el AVE, las autopistas, a los que pretenden quitarnos el tren, las últimas playas, etc., somos l@s que estamos hart@s de tanto golf y urbanizaciones, “progreso” y beneficio para unos poc@s; hart@s de tanta impunidad y “solidaridad” con empresas inmobiliarias y constructoras, bancos, politic@s corrupt@s y mafias. Somos como tú.

Tras algo más de una hora de recorrido por las céntricas calles y plazas de Málaga, “Málaga No Se Vende” ha tomado la Plaza de la Constitución y tras algunas actuaciones artísticas como una danza para reivindicar la protección del Llano de Matagallar situado sobre el acuífero de Coín, las decenas de colectivos han expuesto de forma breve y concisa el conflicto o conflictos de su territorio más cercano. De este modo, se han denunciado públicamente desde las canteras ilegales que devoran las sierras de Alhaurín de la Torre, hasta el túnel del AVE que desangra el acuífero del Valle de Abdalajís, pasando por las urbanizaciones sobre el acuífero en Alhaurín el Grande, o la imposibilidad de cultivar de los agricultores por el elevado precio del territorio, las centrales térmicas de Campanillas o el Guadalhorce, los tubos de Río Grande, el entubamiento del Guadalmedina, el aislamiento de la Palma – Palmilla, los campos de golf y las urbanizaciones en numerosos puntos de nuestra geografía, las presas y trasvases, y un largo etcétera.

Además de movilizarse, organizarse y denunciar los efectos perniciosos del sistema, esta Coordinación deja abierta la puerta a la esperanza, que no es otra que organizarse y buscar soluciones que nos beneficien a todos, alejados de intereses partidistas y egoístas, mirando hacia un futuro en que todos tengamos los mismos derechos en un mundo verdaderamente sostenible, tanto a nivel productivo, como social, laboral o político.






* DiarioLaTorre - Lina Arlandis - 17/02/2008
Foto: diariolatorre.es


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Centenares de personas se manifiestan contra el PGOU de Totana

LAOPINIÓN/Murcia* : Centenares de personas se manifestaron hoy en Totana, bajo el lema "Esto No es Plan. No a la Corrupción", para mostrar su rechazo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio que proyecta el consistorio. Convocados por la plataforma ciudadana "No a Este Plan Urbanístico" de Totana y la coordinadora "La Región de Murcia No Se Vende", los manifestantes, que partieron a las 13 horas del parque municipal Marcos Ortiz, coreaban varias consignas, entre ellas, "gobierne quien gobierne, Totana no se vende", "No crispamos, nos manifestamos" o "si el pueblo no lucha, no se escucha".

Los participantes en la protesta, sobre cuyo número no proporcionaron datos concretos ni la organización ni la Policía Local, recorrieron las principales calles del caso urbano del municipio para finalizar en la Plaza de la Constitución, donde un portavoz de las organizaciones convocantes y vecino de Totana, Ginés Rosa, leyó un manifiesto.

Fuentes de las organizaciones convocantes señalaron que con esta protesta quieren mostrar "su rechazo ante el empecinamiento del equipo de gobierno totanero de llevar a Murcia el PGOU para su aprobación definitiva, pese a que actualmente algunos convenios urbanísticos están siendo investigados por la justicia".

Añadieron que se trata de "un acto no partidista, de iniciativa ciudadana", y quiere ser "un ejemplo de convivencia cívica y democrática, de apoyo a la actuación de la Justicia, y un alegato en defensa del patrimonio ético, natural y cultural".

Asimismo comentaron que "una gran parte de la población murciana esta harta y siente la necesidad de condenar públicamente el comportamiento incorrecto de un buen número de sus gobernantes, por aprovecharse de sus cargos públicos en beneficio propio y por insistir en un modelo de desarrollo insostenible, basado en el urbanismo salvaje".

Por su parte, el PP de Totana, que gobierna en ese municipio, señala en un comunicado de prensa que la manifestación, "apenas secundada por un total de 300 personas", ha sido otra "pantomima política más" de este colectivo ciudadano.

Se pregunta "por qué no ha elegido para su convocatoria el municipio de Los Alcázares, también investigado por la Justicia; o Jumilla y La Unión, donde existen convenios suscritos para construir miles de viviendas y urbanizaciones con resorts".

Asimismo, indica que esta plataforma en Totana, "como ya hiciera en la última campaña electoral, se vuelve a convertir en un claro y evidente órgano de instrumentalización política al servicio de PSOE e IU".

Acusa a PSOE e IU en Totana de "entender sólo los mecanismos de participación ciudadana y el ejercicio de la democracia cuando las iniciativas vecinales y sociales son acordes a sus objetivos políticos e intereses electorales, despreciando de forma ruin aquellas otras que no les son favorables, aunque sean igual de legítimas y más multitudinarias".

En el citado comunicado, el PP de Totana apunta que el programa electoral en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio "fue en su día abierto, concreto y conciso, y pudieron conocerlo todos los ciudadanos", y afirma que ha mantenido "el mismo posicionamiento al respecto desde el primer día, y los vecinos ya se manifestaron al respecto".






* La Opinión de Murcia - EFE - 16 de febrero de 2008
Foto: manifestación en Totana - laopiniondemurcia.es


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Los mejores (y peores) espacios urbanos

JUAN FREIRE* : ¿Cómo diseñar y crear un buen espacio público? Parece que no existe una receta basada en la planificación ni el laissez-faire conduce, necesariamente, a buenos resultados. Pero si la teoría tiene una utilidad limitada, ¿por qué no acudir al método inductivo? En lugar de construir una gran teoría de los espacios públicos, identifiquemos los casos positivos y negativos y las causas de su éxito o su fracaso. Hasta ahora este método de "ingeniería inversa" estaría reservado a los expertos (los mismos que no han logrado establecer "la gran teoría"). Pero ahora, la web 2.0 pone en mano de los ciudadanos interesados herramientas para contribuir a esta tarea.

De este modo, no es descabellado que los ciudadanos identifiquen espacios públicos que valoran positiva o negativamente, los cataloguen y discutan y construyan un catálogo de principios y factores que determinan el éxito o fracaso. Este tipo de herramientas pueden ser de enorme utilidad para los políticos, gestores y diseñadores, muchos de los que defienden la "participación ciudadana", aunque por el momento permanecen sólo en el plano de las posibilidades no realizadas.

Algo así han pensado diferentes bloggers ocupados con las ciudades y la arquitectura que han lanzado dos proyectos paralelos. Se han convertido en proyectos globales pero podrían ser el germen de un proceso que se aplique en las más diversas geografías urbanas. Andrew Hudson-Smith propuso en noviembre de 2007 en su blog Digital Urban desarrollar un libro colaborativo acerca de los World's Worst Urban Places and Spaces. Proponía un libro crowdsourced y auto-publicado que se organizaría alrededor del grupo de Flickrdel mismo nombre. A principios de febrero contaba con (¿sólo?) 75 fotografías y 48 usuarios, acompañadas de descripciones de los espacios y de las razones para su inclusión. Este blog ha servido de diario de los espacios propuestos.

Los casos van desde los edificios "singulares" a interiores de edificios o, más generalmente, paisajes urbanos en los que la combinación de abandono, mal diseño y peor construcción produce resultados deplorables. Tomando algunos ejemplos, nos encontramos con este edificio para la ventilación de un tunel en el norte de Liverpool o con este paisaje en Blackburn, Lancashire, en el noroeste de Inglaterra.

Como respuesta a este proyecto, en Diciembre arrancaba otro proyecto dedicado a aplicar la misma metodología para documentar los mejores espacios urbanos. Sus iniciadores fueron Dan Hill, como anunció en Cityofsound,y Russell Davis. Proponían que la propia definición de lo que es un buen espacio o lugar público fuese construida también por los participantes. En lugar de pensar en un libro como objetivo final, algo que en todo caso no han descartado, proponían utilizar los materiales para crear una serie de panfletos en los que involucrarían a algunos diseñadores. Así crearon el grupo en FlickrWorld's Best Urban Spaces & Places que, a principios de febrero, contaba con 292 fotos realizadas por más de 100 participantes. Las imágenes seleccionadas son, como en el caso de los peores espacios, de lo más diverso (y discutible) incluyendo desde graffitis a rascacielos, pasando por casos más habituales como los de estos ejemplos.

Hace unos días Dan Hill anunciaba (Best Urban Places and Spaces: Update; este post incluye un navegador para ver todas las imágenes) que el el plazo de presentación de fotografías finalizó en Enero. Parece que los resultados han sido positivos por lo que los iniciadores del proyecto se encuentran ahora realizando la selección para la edición de un libro.

Estos dos proyectos son interesantes por si mismos pero sobre todo como modelo alternativo de debate y construcción de conocimiento alrededor de los espacios públicos en los que los usuarios pueden participar activamente. La calidad de las propuestas dependerá en gran medida de la capacidad de convicción de los "promotores" que, a su vez, se convierten en comisarios encargados de filtrar y organizar los contenidos y el conocimiento generado. Por supuesto este proceso curatorial no estará libre de polémicas, pero el modelo permite una gran flexibilidad en la definición de los papeles de los expertos y los usuarios. Todo lo contrario a lo que sucede habitualmente cuando se debate sobre espacios públicos o se planifica una ciudad.



* Juan Freire, científico, emprendedor, profesor universitario, blogger y explorador de la interacción entre el mundo urbano, las redes sociales y los espacios digitales. Más en http://nomada.blogs.com/.



* ADN - Opinión - Ciudades Enredadas - 14 de Febrero de 2008


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La Fiscalía acusa al alcalde de Tolox de 23 delitos urbanísticos

LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga ha acusado al alcalde de Tolox, Juan Vera, de un total de 23 delitos contra la ordenación del territorio. Estos casos se refieren a las licencias de obra que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable. Vera (Convergencia Andaluza) se enfrenta a una pena de dos años de cárcel en catorce casos, y de un año en nueve, además de inhabilitación en el cargo público de hasta diez años, según confirmaron fuentes judiciales.

En estas piezas urbanísticas también están acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico del Ayuntamiento, que supuestamente habría asesorado al regidor para autorizar las actuaciones, pese a no ajustarse a la legalidad urbanística.
También en algunos casos está acusada la secretaria municipal, que habría informado favorablemente de las licencias de obra.
En los escritos de acusación se acusa a alcalde de otorgar los permisos "con infracción manifiesta de la normativa urbanística aplicable con carácter preceptivo, ante la ausencia de un PGOU en la localidad".
Precisamente el regidor se ha escudado en la ausencia de un plan urbanístico para justificar los permisos de obra. La Ley Urbanística de Andaluza establece que en los municipios sin PGOU se considerarán suelo urbano aquellas parcelas con los servicios básicos para acoger una futura promoción residencial. Según Vera, los terrenos donde se proyectan las viviendas cuentan con esos requisitos, como canalizaciones de agua y de saneamiento y suministro eléctrico.
En cambio, la Fiscalía entiende que se trata de suelos rústicos y que la dotación de servicios ha sido posterior a la autorización de los permisos para urbanizar.
Las obras de las viviendas fueron paralizadas por un juzgado de Coín. Sólo dos de las 23 promociones están terminadas. No obstante, el Ministerio Público solicita a la Junta que tramite el procedimiento de restauración del orden jurídico perturbado, incluyendo el derribo. La responsabilidad civil también recoge el pago de indemnizaciones a terceros, como propietarios de buena fe.
Los casos contra el alcalde se abrieron a raíz de dos denuncias que interpuso la Fiscalía de Medio Ambiente en 2006.

2.000 viviendas que triplican la población

El municipio de Tolox, ubicado en la Sierra de las Nieves, apenas alcanza los 2.400 habitantes. Así, las 23 promociones para construir más de 2.000 viviendas supondría triplicar la población de una localidad pequeña. Por esta razón, la Junta de Andalucía vio inviables los proyectos, pues consideró que se levantaban en zonas verdes, e impugnó las licencias de obra, que fueron aprobadas por el alcalde con los informes favorables del arquitecto municipal.
Pero la posición de la administración ha cambiado en varias ocasiones. A mediados de 2007 emitió un informe que abría la posibilidad de que parte de los inmuebles se legalizara, al localizarse en suelos con características de ser urbanos. Meses después, otro dictamen volvía a insistir en la ilegalidad de las actuaciones, lo que dio a la Fiscalía vía libre para acusar al alcalde.





* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 16 de febrero de 2008
Foto: Tolox. Las obras de las 2.000 viviendas se han paralizado /laopiniondemalaga.es


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Prisión para un aparejador municipal de Arona por cohecho y prevaricación

CANARIASAHORA* : Un arquitecto técnico ha ingresado en prisión sin fianza, mientras que otro la puede eludir si paga una fianza de 80.000 euros, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arona (Tenerife) les imputase el viernes por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Así lo informó este sábado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, después de que los arquitectos técnicos Roberto de Luis y Zenón Rodríguez, que fueron detenidos el jueves por su posible implicación en una presunta corrupción urbanística en Arona, declarasen el viernes ante el juez Nelson Díaz Frías.

Roberto de Luis Jiménez está imputado por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, y, según se indica en un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Zenón Rodríguez Neris, que está imputado por cohecho y tráfico de influencias, ha ingresado en prisión provisional comunicada eludible bajo fianza de 80.000 euros.

Los imputados comenzaron a prestar declaración a las 11-00 horas del viernes, y terminaron a las 23.30 horas.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias recuerda que el caso está bajo secreto de sumario.

Roberto de Luis trabaja desde hace más de 20 años en la oficina técnica del Ayuntamiento de Arona, mientras que a Zenón Rodríguez no se le conoce vinculación directa con el consistorio.

La Guardia Civil registró el jueves varias oficinas en la capital tinerfeña para incautarse de diversa documentación.

En relación con este caso, el juez mantiene detenidos al arquitecto municipal de Arona Eliseo de La Rosa, que ya ha sido cesado de su cargo, y al empresario Arsenio Zamora.

A Zamora y de la Rosa se les acusa de cohecho, prevaricación, extorsión y se investigan supuestos cobros de comisiones a cambio de licencias urbanísticas a raíz de la declaración de un testigo.

Esta causa judicial se inició a principios de 2007 a raíz de una denuncia del Ministerio Fiscal contra el actual alcalde de Arona, José Alberto González, de Coalición Canaria, y siete ediles de la Junta de Gobierno del mandato 2003-2007.

Los miembros de dicha Junta permanecen imputados por presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio por la sistemática concesión de licencias urbanísticas que vulneraban la Ley, así como por la adjudicación de obras y de servicios a dedo.

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Tenerife presentó en 2006 una denuncia contra Roberto de Luis por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios contra él y su sobrino J.A.M, quien igualmente ha declarado como testigo en el caso que instruye Nelson Díaz Frías.






* Canarias Ahora - EFE - 16/02/2008
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com


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Almería vuelve al punto de mira de las ilegalidades urbanísticas de la mano del Gran Plaza de Roquetas

TELEPRENSA* : La dirección de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía ha requerido del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el ejercicio de competencias de disciplina urbanística sobre el Centro Comercial Gran Plaza por haber construido una superficie de 180.016 metros cuadrados cuando legalmente sólo podía hacerlo sobre 93.980.

La Junta advierte que se trata de una infración grave, pero de grave a muy grave tipifica el acuerdo por el que se informa favorablemente el proyecto de ejecución, el referente a la licencia de obras y las de primera ejecución, advirtiendo que además de resultar contrarios a derecho “por habilitar para construir mayor aprovechamiento del realmente permitido por el planeamiento vigente en el momento de dictar dichos actos, deviene en nulos-a su vez- por anulación a su vez de la disposición general que les daba cobertura”.

La investigación sobre el presunto fraude urbanístico cometido en Gran Plaza, iniciada a raíz de la denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias de Roquetas, obliga al Ayuntamiento de la localidad a actuar de oficio y sin posible escapatoria sobre las infracciones cuya comisión permitió y sobre los acuerdos que se aprobaron en comisiones o plenos y que tengan que ver con la construcción del centro comercial.

El escrito dirigido al Ayuntamiento a cuyo frente está Gabriel Amat, presidente del PP en Almería, tiene fecha del 14 de diciembre, pero no fue registrado en su destino hasta el dos de enero. A partir de esa fecha cuenta con un plazo de tres meses para regularizar la situación y comunicar las medidas correctoras a la inspección urbanística de la Junta. De no se así, sería el propio organismo de Ordenación del Territorio quien podría actuar de forma directa, tal y como sucedió en Marbella.

La situación se presenta en estos momentos extremadamente complicada para el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ya que un ente superior en materia urbanística le señala como responsable de la ocupación de dominio público previsto como viario, espacios libres y equipamientos públicos, de permitir una edificación que multiplica la que realmente podría haber ejecutado y, además, anula las licencias y acuerdos por haber sido aprobadas al margen de la ley.

Esta situación no tiene nada que ver con el pleito entre Junta de Andalucía y Gran Plaza que casi provoca su cierre hace un año, ya que en aquella ocasión el litigio se centraba en la ilegalidad de la licencia como gran superficie comercial, cuando ahora se habla de la ilegalidad de la construcción en si.

El Ayuntamiento, bajo clara sospecha en estos momentos, tiene además pendiente de aprobación su Plan General de Ordenación Urbana, que podría verse retrasado por la aparición de estas supuestas ilegalidades detectadas desde la inspección urbanística, ya que según el requerimiento de medida de restauración de legalidad y revisión de oficio ni son legales los acuerdos que permitieron la edificación del parque comercial ni el inmueble en si. También se cruza en el tortuoso camino roquetero el deslinde del que depende la conservación de las viejas Salinas como espacio libre protegido por el dominio público marítimo terrestre, mientras que la intención del consistorio es aprobar una urbanización de miles de viviendas en esa área.



Manos limpias apunta hacia intereses especulativos

ROQUETAS DE MAR.- El colectivo de “Manos Limpias en el Urbanismo de Roquetas” denunció en los medios de comunicación que en la construcción del Centro Comercial construido por Tomás Olivo en Roquetas de Mar se habían producido numerosas irregularidades ya que se había construido mas de cuatro veces lo permitido (el P:G:O:U permitía 41.216 m2 y se habían realizado realmente 180.010 m2) . Tomás Olivo se habría podido ahorrar en ésta operación urbanística , en perjuicio de las arcas Municipales , mas de 59 millones de Euros gracias a la vista gorda de los responsables Municipales, pero además del dinero no ingresado para la realización del centro Comercial tendría que haber comprado para su construcción alrededor de 300.000 metros cuadrados de terreno mas que los que realmente adquirió, terreno donde en la actualidad si se llegan a cumplir las normas urbanísticas existirían 300.000 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres y además no satisfechos con ésta situación el Ayuntamiento le reconoce 10.300 unidades de aprovechamiento urbanístico al considerarse que ha construido de menos en la realización del centro Comercial y por éste motivo se le compensa para que pueda construirlos en otros sectores, operación valorada en mas de 9 millones de Euros.
Con el dinero dejado de percibir se podrían haber realizado infinidad de infraestructuras tan necesarias en nuestro Municipio: Adiós para siempre al problema de las aguas residuales, realización de pistas deportivas en todos los barrios, construcción de viviendas para jóvenes, asfaltado de caminos rurales así como gran cantidad de Parques y jardines beneficiosas para todos los vecinos y un largo etcétera pero no ha sido así aquí se beneficiaron unos pocos en perjuicio de todo nuestro pueblo.

Pues bien a nuestra denuncia el Sr. Alcalde de Roquetas y Presidente del PP en Almería nos contestó que no teníamos ni idea intentando descalificarnos personalmente.

Posteriormente nuestro colectivo denunció el echo ante la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, llegando el asunto hasta el Sr. Director General de Inspección de Ordenación del Territorio, quien una vez estudiado el caso remite un escrito al Ayuntamiento de Roquetas (que adjuntamos) donde manifiesta justo lo que nosotros denunciamos es decir que en la Construcción del Centro Comercial “ se han contravenido las condiciones de la licencia obtenida por la materialización y patrimonialización de un aprovechamiento urbanístico superior al que tiene derecho su propietario . De tal forma que la obra así ejecutada tiene la consideración de infracción Urbanística Grave”, por lo que todos los acuerdos realizados en el Ayuntamiento de Roquetas además de resultar contrarios a derecho deberían ser declarados Nulos y especifica además que se ha ocupado el dominio público previsto en el Planeamiento vigente como viarios espacios libres y equipamientos públicos.

Una vez los responsables del Ayuntamiento de Roquetas realizan actos que perjudican a todos los vecinos para beneficiar intereses especulativos en nuestro pueblo, Hasta cuando ésta situación.





+ Teleprensa - 16 de Febrero de 2008
Foto: Roquetas de Mar (Almería) - teleprensa.net


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Asturias: Los arquitectos se 'suben' a las torres

LAVOZ* : Las torres de Poniente, proyectadas por Jerónimo Junquera para liberar la barrera ferroviaria de Gijón, son necesarias y resuelven un problema urbanístico de la ciudad; el proyecto de Patxi Mangado para el barrio de San Lázaro de Oviedo está en armonía con la zona, y las 22 plantas del edificio no son excesivas en relación con las casas adyacentes; por el contrario, la propuesta de Santiago Calatrava de construir tres torres de 133 metros en la parcela de El Vasco es inadecuada para la zona y no se ajusta al entorno, tan próximo al casco histórico.

Esta es la opinión de varios arquitectos consultados por LA VOZ DE ASTURIAS para conocer su valoración profesional sobre las edificaciones en altura que se están haciendo en el Principado.

Alfonso Toribio, arquitecto y presidente de Tribuna Ciudadana, considera que "en Gijón no se ha caído en la trampa de arquitecto de fuera, que sale en las revistas del corazón, sino que se ha elegido a Junquera, que es español y tiene un magnífico equipo. Además, su propuesta es muy buena para la ciudad". Respecto al proyecto de Patxi Mangado, Toribio asegura que "tiene una virtud evidente: cumple el plan de ordenación urbana de Oviedo. Representa una estética tranquila, que ni deslumbra ni molesta".

Al arquitecto, en cambio, las torres de Calatrava le parecen "absolutamente indefendibles. Están fuera de escala. Cada vez que entro en Oviedo desde la autopista pienso: Qué suerte tenemos de que la silueta de la ciudad sea la Catedral. Si el proyecto sigue adelante, éso lo vamos a perder". Otra objección que Alfonso Toribio pone al proyecto de Santiago Calatrava es que "entra en la ciudad como un elefante en una cacharrería, sin acomodarse al entorno, como sería lo correcto". Finalmente, el urbanista considera que "Calatrava no es el arquitecto adecuado para trabajar dentro de una ciudad".

Su colega Víctor García Oviedo considera que las torres de Junquera "ayudan a solventar un problema real que tiene Gijón. Además, estarán edificadas sobre suelo público, de tal manera que la obra se autofinanciará".

Respecto a los proyectos de torres en Oviedo, el arquitecto hace una consideración: "Es necesario --asegura-- tener en cuenta que Oviedo no es sólo un municipio, sino también la capital de Asturias. Por lo tanto, el Ayuntamiento y el Principado deberían ponerse de acuerdo en el modelo de capital que se quiere para Asturias". Analizado el problema desde esta perspectiva, García Oviedo opina que "es posible que las torres de Mangado encajen, pero el proyecto de Calatrava clama al cielo, es una frivolidad absoluta de un arquitecto que cree que la ciudad está para construir sus monigotes. Ni encajan en el lugar, ni responden a un proyecto beneficioso para la ciudad".

Para el arquitecto Arturo Gutiérrez de Terán, "las torres de Gijón se plantean para financiar una operación pública, lo que me parece defendible, y están en una parte de la ciudad en la que pueden resultar coherentes. Por el contrario, los proyectos de Oviedo se plantean con menos claridad y para abordar planteamientos privados, sin olvidar que uno de ellos está en zona monumental".

Por su parte, el urbanista Marcos Espina subraya que "las torres de Junquera, en Gijón, liberan mucho espacio que recupera la ciudad". Para Marcos Espina, "el convocar un concurso de ideas era conveniente, teniendo en cuenta que la entrada de Gijón va a sufrir una transformación notable". En cuanto al proyecto de Mangado, Espina asegura que "no se pueden calificar como torres. Son edificios altos que liberan espacio en una zona, como es el barrio ovetense de San Lázaro, que necesita una reordenación general". El arquitecto destaca que "la obra de Patxi Mangado puede ayudar a resolver los problemas urbanísticos del barrio".

Distinta opinión le merecen a Marcos Espina las torres de El Vasco. Para el urbanista, las torres son "inoportunas por dos razones: en primer lugar, construir tres torres de 130 metros a tan poca distancia del casco medieval que forman la Catedral y las murallas alfonsinas; y, en segundo lugar, el proyecto rompe la silueta de la ciudad y distorsiona la relación visual entre la catedral y la iglesia de San Julián".

Por su parte, el arquitecto gijonés Jovino Martínez Sierra considera que las torres de Poniente "responden a un proyecto de calidad y liberan mucho espacio público. En cualquier caso, el trabajo de Jerónimo Junquera sera positivo sólo si la calidad arquitectonica final es buena y responde al planteamiento urbanístico adecuado".

Para Martínez Sierra, la idea de Mangado para San Lázaro "parte de un buen posicionamiento, al hacer un edificio en altura". Respecto a las torres de Calatrava en El Vasco, el urbanista comenta que "el lugar es mucho más conflictivo y no me parece un buen posicionamiento". Aún más lacónico es cuando se le pregunta por el autor del proyecto, afirmando que "No me interesa la arquitectura de Calatrava".







* La Voz de Asturias - 16/02/2008 - BERNARDO SOLIS
Foto: Proyecto de Junquera para Poniente, en Gijón / JOSE VALLINA, lavozdeasturias.es


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"España es el país de la UE con más casas vacías"

ADN* : "Pese a que la Constitución [española] reconoce la vivienda como un derecho básico, en realidad actualmente está considerada como una simple mercancía que se compra y se vende". El relator de la ONU en asuntos de Vivienda, Miloon Kothari, ha llegado a esta conclusión después de su visita de 10 días por España a finales de 2006, según se refleja en el primer borrador del informe que este miércoles presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Más del 60% de las denuncias por abusos urbanísticos que llegaron a la UE en el primer trimestre de 2006 procedían de España.

Pese a admitir los "progresos" de las políticas y legislaciones de las administraciones central y autonómicas -dedica especiales elogios a la política de vivienda de protección vasca y a la nueva legislación catalana pero critica la política de Mallorca-, el relator presenta España como el país donde más viviendas vacías hay en toda la Unión Europea (un 15% del total) y donde, paradójicamente, los precios de la vivienda suben también al mayor ritmo.

El borrador, de 35 páginas, dedica capítulos completos a la "especulación", la "corrupción" y el "mobbing". Sin pelos en la lengua, el relator desgrana una situación que la inmensa mayoría de los españoles ya conoce o sufre, pero que adquiere mayor relevancia al ser denunciada desde un organismo dependiente de la ONU.

Los precios Madrid y Barcelona se han más que doblado en los últimos diez años; eventos como los Juegos Olímpicos, el turismo y las segundas residencias han alimentado la especulación y el excesivo incremento de los precios; entre 1998 y 2005 el precio del suelo aumentó un 500% y en menos de un año hay quien ha obtenido un 846% de beneficios especulando con terrenos en proceso de recalificación; en cuatro años Mallorca ha modificado 227 planes urbanísticos; 15 de las 24 denuncias por abusos urbanísticos llegadas a la UE en el primer trimestre de 2006 venían de España...

El relator pide mayor "intervención estatal"

Éstos son algunos de los ejemplos puestos por el relator en el borrador de su informe para demostrar como el problema de la vivienda amenaza ya a las "clases medias" -con especial afectación sobre jóvenes, mujeres, immigrantes o ancianos- y por los cuales reclama una "intervención estatal sobre el mercado".

El borrador destaca que una de las causas del problema de la vivienda es que tradicionalmente el mercado e impuestos españoles han favorecido la compra por encima del alquiler y considera "insuficiente" la creación de la Sociedad Pública de Alquiler para darle la vuelta a esta situación.

En el lado positivo, el relator aplaude los progresos que supone la creación de un Ministerio de la Vivienda en 2004, el Plan Vivienda 2005-2008, en Cataluña la creación de la Ley del Derecho a la Vivienda que penaliza a los propietarios con viviendas vacías y también la política de vivienda protegida (VPO) del País Vasco, donde una de cada tres viviendas iniciadas en 2005 era de protección frente a una de cada trece para el conjunto de España.






* ADN - J. Albarrán Bugié - 15/02/2008
Foto: El relator de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, durante su visita a España a finales de 2006 / adn.es


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El medio centenar de campos de golf en proyecto suma más de 30.000 viviendas

ELPAÍS/Andalucía* : El decreto sobre campos de golf aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno aclara el panorama normativo y el procedimiento a seguir para la implantación de estas instalaciones en Andalucía, pero no garantiza que desaparezca la controversia sobre cuántos más son justificables y cuántos se van a autorizar.

Actualmente existen entre 50 y 60 proyectos de implantación de nuevos campos de golf en la comunidad autónoma, todos ellos con urbanizaciones vinculadas que sumarían del orden de no menos de 30.000 viviendas, según resulta de consultas realizadas a las distintas organizaciones empresariales.

En estos momentos hay ya en construcción una docena de campos de golf con urbanizaciones que estaban contempladas en los planes urbanísticos vigentes con unas 12.000 casas.

Este medio centenar de nuevos proyectos se encuentra en distinto grado de madurez y en todo caso a partir de la entrada en vigor del decreto deben empezar su tramitación desde cero como campos de interés turístico.

El decreto contempla tal categoría para aquellos campos que por su excelencia medioambiental y deportiva y su capacidad de atracción turística y siempre que cumplan determinados requisitos al respecto, puedan tener desarrollos urbanísticos vinculados. La declaración de un proyecto de interés turístico corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta y la Consejería de Obras Públicas se reserva la potestad de fijar el número de viviendas permitidas en cada caso.

Hace dos años, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) tenía constancia de 150 proyectos de campos de golf, cifra que incluía desde meras declaraciones de intenciones hasta proyectos cerrados. Según la CEA y la Asociación de Empresarios de Turismo Residencial, Promotur, se mantienen en pie entre 50 y 60 proyectos, todos ellos con la aspiracíón de ser declarados de interés turístico. Para los empresarios, la construcción de un campo de golf sólo es rentable si va aparejada de desarrollos residenciales. Ambas organizaciones estiman una media de unas 600 viviendas por cada uno de estos proyectos, con lo que cabe hablar de una horquilla de entre 30.000 y 40.000 viviendas.

Baltasar Fernández Ávila, representante de la CEA en la Mesa del Turismo, advierte de que la recesión en el sector inmobiliario podría hacer desistir a algunos.

Los empresarios temen por los plazos. Según Fernández Ávila, dadas las exigencias de la norma, en el mejor de los casos un proyecto que pudiera cumplir los requisitos y presentar su solicitud ya en el segundo semestre de este año no podría empezar a ejecutarse hasta al menos dentro de dos años.

Pero además, el decreto obliga a que los campos de interés turístico estén recogidos en los planes subregionales de ordenación urbanística y hay muchas comarcas andaluzas de interés para los promotores de golf donde no hay previsto plan territorial. En ese caso habría que hacerlo, y la experiencia dice que algunos de los ya aprobados han tardado hasta siete años en elaborarse.





* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 15/02/2008
Foto: Golf_y_urbanización - ecologistasenaccion.org


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